Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00643-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00643-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00643-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00643 01 (1007-2022)
Demandante: Juvel Galvis Henao
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Cosa juzgada. Condena en costas
Decisión: Se declara probada de oficio la excepción de cosa juzgada
frente lo decidido en el proceso 76001 33 33 011 2021 00052
00/01 por el Juzgado Once Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Se confirma la
sentencia apelada que niega pretensiones y se condena en
costas en segunda instancia al demandante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 031187 del 15 de octubre de
2014, RDP 39404 del 30 de diciembre de 2014 y RDP 004341 del 3 de febrero
de 2015, mediante las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocerle la referida prestación periódica, tomando como base
todos los factores salariales devengados durante su último año de servicios, tales
como las primas de navidad y de vacaciones docentes. Asimismo, solicitó que se
ordene el pago de los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988 y la
correspondiente indexación.
1 Folios 27 al 34.
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Demandante: Juvel Galvis Henao
3. Como sustento fáctico, indicó que nació el «29 de junio de 1955» 2 y
cumplió 50 años el «29 de junio de 2005». De igual manera, manifestó haber
prestado sus servicios como docente departamental entre el 22 de mayo de 1978
y el 5 de mayo de 1986, para un total de 7 años, 6 meses y 8 días, y a partir del
18 de enero de 1995 hasta la fecha de interposición de la demanda, completando
34 años, 9 meses y 28 días.
4. Expuso que el 2 de julio de 2014 solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, solicitud que fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que la vinculación que mantuvo
a partir del 14 de noviembre de 1995 fue de carácter nacional.
Contestación de la demanda3
5. La entidad se opuso a las pretensiones al considerar que los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho.
6. Señaló que, de acuerdo con el Certificado de Historia Laboral 0099 del 26
de enero de 2012 emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, los servicios prestados por el demandante correspondieron al orden
nacional, razón por la cual no cumple los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia reclamada.
7. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «ausencia de vicios en
los actos administrativos demandados», «inexistencia del derecho a la pensión
gracia», «cobro de lo no debido», «buena fe para efecto de costas» y
«prescripción».
Sentencia apelada4
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31
de octubre de 2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte actora.
9. Para tal efecto, consideró que, si bien el demandante acreditó los
requisitos de edad, buena conducta y una vinculación como docente
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, con una duración de 7 años,
6 meses y 8 días, no satisfizo la exigencia de haber laborado durante 20 años
como profesor territorial o nacionalizado. Ello, por cuanto la vinculación que
mantuvo a partir del 18 de enero de 1995 fue de carácter nacional, circunstancia
que resulta incompatible con el reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
2 Sobre ese punto, conviene precisar que, si bien en la demanda se plasmó que el actor nació el 29 de junio
de 1955, la cédula de ciudadanía obrante en el folio 26 acredita que nació el 26 de junio de 1955. Por lo
tanto, se tendrá que cumplió 50 años el 26 de junio de 2005.
3 Folios 111 al 119.
4 Folios 166 al 174.
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Demandante: Juvel Galvis Henao
Recurso de apelación5
10. La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia. Sostuvo que el tribunal a quo incurrió
en error al concluir que no cumplía el tiempo de servicios requerido para acceder
a la pensión gracia, al contabilizar únicamente 2.777 días —equivalentes a 7
años, 6 meses y 8 días— correspondientes a su vinculación como docente
nacionalizado, y descartar otros periodos laborados en la docencia oficial.
11. Al respecto, afirmó que tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en la medida en que fue nombrado como docente antes del 31 de
diciembre de 1981 mediante nombramiento de orden departamental,
circunstancia que, a su juicio, significa que su vinculación fue carácter de
nacionalizado conforme al certificado de tiempo de servicios expedido por la
autoridad competente. Añadió que también acreditó la edad mínima exigida y el
desempeño con honradez y buena conducta.
12. En ese orden de ideas, sostuvo que no resulta procedente negar su
derecho con fundamento en una vinculación posterior de carácter nacional,
cuando la vinculación inicial fue anterior al 31 de diciembre de 1981.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Mediante auto del 2 de junio de 20226 se admitió el recurso de apelación.
El 29 de agosto de 20247 se ordenó correr traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión, así como poner el expediente a
disposición del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo
247 del CPACA.
14. El Ministerio Público conceptuó en el sentido de confirmar la sentencia
apelada al sostener que el actor, si bien demostró que se vinculó antes del 31 de
diciembre de 1980, no acreditó 20 años de servicios con nombramientos del
orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado, por lo que los tiempos
servidos bajo vinculación nacional no podían computarse para el reconocimiento
de la pensión gracia.
15. Por su parte, las partes demandante y demandada guardaron silencio
dentro del mencionado trámite.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
5 Folios 185 al 187.
6 Índice 5 de SAMAI.
7 Índice 21 ibidem.
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competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Cuestión previa
17. Antes de resolver los reparos formulados en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia,
proferida el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la Sala advierte que, en virtud de las facultades conferidas por el artículo
187 del CPACA, en el presente caso procede declarar, de oficio, la excepción de
cosa juzgada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso 76001 33 33 011 2021
00052 00/01, que confirmó la sentencia de primera instancia del 25 de abril de
2023 dictada por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali.
18. En este punto, conviene precisar que la Sala tuvo acceso a la información
correspondiente al proceso con radicado 76001‑33‑33‑011‑2021‑00052‑00/01 a
partir de una consulta efectuada con el nombre del demandante en el portal
institucional de la Rama Judicial denominado Consulta de Procesos Nacional
Unificada.
19. Dicho servicio de consulta pública fue desarrollado por el Consejo Superior
de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA21‑11815 del 26 de julio de 20218,
por el cual se impulsa el Sistema de Información para la sistematización de las
providencias de los Tribunales Administrativos del país. En este instrumento se
ordenó a la presidencia de dichas corporaciones judiciales, a través de la relatoría
o de quien haga sus veces, alimentar diariamente el sistema de información
jurisprudencial, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 83 de la Ley 2080 de 2021.
20. Esta norma de rango legal impuso al Consejo Superior de la Judicatura la
obligación de crear una herramienta digital que permita integrar y sistematizar las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos, para efectos de su
consulta pública.
21. En armonía con la información obtenida, la Sala acudió, con el referido
número de radicado, al sistema de consultas del Consejo de Estado denominado
SAMAI. A partir de dicho dato público fue posible acceder, de manera digital,
tanto a la sentencia de primera instancia como a la de segunda instancia
mencionadas en precedencia. Al respecto, debe señalarse que mediante el
Acuerdo PCSJA23‑12068 del 16 de mayo de 20239, el Consejo Superior de la
Judicatura dispuso el uso obligatorio del aplicativo SAMAI en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, como solución de transición tecnológica hacia la
consolidación de la arquitectura objetivo de referencia del sistema integrado de
gestión judicial.
8https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/3_ACUERDOS/ACUERDOS
%202021/Acuerdo%20PCSJA21-11815.pdf
9 https://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2023/ACUERDO%20PCSJA23-12068.pdf
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22. En este orden de ideas, tanto la Ley 2080 de 2021 como los acuerdos
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura establecieron una obligación
clara y expresa para quienes integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, consistente en cargar en los sistemas habilitados la información y
las providencias dictadas en los procesos judiciales a su cargo, con fines de
consulta pública.
23. En consecuencia, la Sala estima jurídicamente viable acudir a los sistemas
institucionales de consulta de información y documentación de los procesos
judiciales de esta jurisdicción. Ello pone de relieve la utilidad práctica de estas
herramientas tecnológicas, en tanto permiten a los funcionarios judiciales
conocer la existencia de procesos y providencias proferidas por otros despachos
o corporaciones, que eventualmente puedan dar lugar a decisiones
contradictorias o, incluso, conducir al desconocimiento del principio y de la
excepción de cosa juzgada ante el silencio de las partes sobre el particular.
Análisis del fenómeno jurídico de cosa juzgada
24. Pues bien, el fenómeno de cosa juzgada, de contenido sustancial,
corresponde a una excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta,
por cuanto en su calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio
en lo relacionado con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado
cuando su procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también
controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene
que ver con la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de
mérito frente a un conflicto previamente resuelto.
25. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.
26. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al
respecto, el artículo 303 del CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
[…]
27. A su turno, esta Sección10 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023), con ponencia del consejero
Carmelo Perdomo Cueter.
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el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para
que se configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres
elementos, estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii)
identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes
e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la
prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que
previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo. […]
28. En este asunto, la discusión central consiste en determinar si se configura
el fenómeno de la cosa juzgada entre el caso bajo examen y lo decidido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del expediente 76001 33 33
011 2021 00052 01. Para tal fin, resulta pertinente elaborar un cuadro
comparativo de ambos medios de control que permita establecer la existencia —
o no— de identidad en la causa, el objeto y las partes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 303 del CGP.
Radicado 76001 33 33 011 00052 00/01 76001 23 33 000 2015 00643 01
(Proceso anterior) (Proceso actual)
Partes Demandante: JUVEL GALVIS Demandante JUVEL GALVIS HENAO
HENAO Demandada: UGPP
Demandada: UGPP
La parte demandante solicitó la El demandante, en ejercicio del medio
nulidad de los actos administrativos de control de la referencia, solicitó la
contenidos en las Resoluciones declaratoria de nulidad de las
15872 del 16 de abril de 2008 y PAP Resoluciones RDP 031187 del 15 de
013517, del 13 de septiembre de octubre de 2014, RDP 39404 del 30 de
2010, mediante las cuales diciembre de 2014 y RDP 004341 del 3
Objeto CAJANAL le negó el reconocimiento de febrero de 2015, mediante las
(Pretensiones) y pago de la pensión gracia. cuales la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de la pensión
A título de restablecimiento del gracia.
derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y A título de restablecimiento del
pagar a favor del demandante una derecho, pidió que se condene a la
pensión gracia de jubilación, a partir entidad demandada a reconocerle la
del 18 de enero de 2008, en cuantía referida prestación periódica, tomando
mensual equivalente al 75 % del como base todos los factores salariales
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Demandante: Juvel Galvis Henao
promedio del ingreso base de devengados durante su último año de
liquidación, determinado con servicios, tales como las primas de
fundamento en los salarios y navidad y de vacaciones docentes.
factores salariales devengados Asimismo, solicitó que se ordene el
durante el año inmediatamente pago de los reajustes previstos en la
anterior al cumplimiento de los Ley 71 de 1988 y la correspondiente
requisitos legales. indexación.
Asimismo, solicitó la indexación de
los valores adeudados y la condena
en costas.
Como sustento de sus Como sustento fáctico, indicó que nació
pretensiones, indicó que nació el 26 el «29 de junio de 1955»11 y cumplió 50
de junio de 1955 y cumplió 50 años años el «29 de junio de 2005».
el 26 de junio de 2005.
De igual manera, manifestó haber
De igual manera, manifestó que prestado sus servicios como docente
prestó sus servicios como docente departamental entre el 22 de mayo de
desde el 22 de mayo de 1978 hasta 1978 y el 5 de mayo de 1986, para un
el 5 de mayo de 1986, para un total total de 7 años, 6 meses y 8 días.
Causa de 7 años, 8 meses y 17 días, al
(Hechos) servicio del Departamento de Luego, explicó que se reintegró
Caldas. nuevamente como docente a partir del
18 de enero de 1995, y laboró hasta la
Posteriormente, desde el 18 de fecha de interposición de la demanda.
enero de 1995 y hasta la fecha de
presentación de la demanda, laboró Por lo tanto, señaló que ha laborado al
durante 27 años y 7 meses al servicio docente durante 34 años, 9
servicio del Departamento del Valle meses y 28 días, adquiriendo el estatus
del Cauca. de pensionado el 26 de junio de 2005.
Señaló que acreditó un tiempo de Expuso que el 2 de julio de 2014 solicitó
servicios superior a 35 años, con lo a la entidad demandada el
cual cumple el requisito temporal reconocimiento de la pensión gracia,
exigido por la Ley 114 de 1913 para solicitud que fue negada mediante los
acceder a la pensión gracia. actos administrativos acusados bajo el
argumento de que la vinculación que
De igual modo, indicó que completó mantuvo a partir del 14 de noviembre
20 años de servicio en la docencia de 1995 fue de carácter nacional.
en el año 2008, desempeñando sus
funciones con honradez, idoneidad,
dedicación y buena conducta.
Finalmente, precisó que formuló
petición ante la entidad demandada
para el reconocimiento del referido
derecho; sin embargo, la UGPP
expidió resoluciones mediante las
cuales negó la prestación, al
considerar que el señor Juvel Galvis
Henao no cumplía con el requisito
temporal exigido para acceder a la
pensión gracia.
29. De lo expuesto se desprende que el demandante también acudió a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo presentando demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
el radicado 76001 33 33 011 2021 00052 00/01, pretendiendo el reconocimiento
11 Sobre ese punto, conviene precisar que, si bien en la demanda se plasmó que el actor nació el 29 de junio
de 1955, la cédula de ciudadanía obrante en el folio 26 acredita que nació el 26 de junio de 1955. Por lo
tanto, se tendrá que cumplió 50 años el 26 de junio de 2005.
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de la pensión gracia. En dicho proceso, tanto el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Cali como el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negaron las
pretensiones de la demanda, mediante las sentencias del 25 de abril de 2023 y
del 30 de septiembre de 2024.
30. El fundamento principal de ambas decisiones consistió en que, si bien se
encontraba acreditado que el actor contaba con más de 50 años de edad y se
había vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizado,
no se acreditaba el requisito de haber laborado en tal calidad durante 20 años,
puesto que la vinculación surgida a partir del Decreto 2711 del 26 de diciembre
de 1994 fue de carácter nacional, por lo que no era dable computar los tiempos
de servicios prestados a partir de ese momento para efectos de la pensión gracia.
31. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente litigio, aunque es
anterior a la resuelta en los fallos mencionados, la parte actora manifestó que
cumple los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, partiendo de la
base de que prestó sus servicios para el departamento del Valle del Cauca
durante más de 34 años de servicios, trayendo al análisis los mismos períodos
mencionados en el proceso conocido por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
32. Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada,
toda vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente existe
identidad de partes, objeto y causa.
33. En lo que respecta a la identidad de partes, es claro que en ambos
procesos judiciales figuran como demandante el señor Juvel Galvis Henao y
como demandada la UGPP.
34. Además, comparten idéntico objeto, pues si bien existen diferencias en
cuanto a la redacción de las pretensiones, en su esencia estas son iguales ya
que el derecho en tensión para cada litigio es el reconocimiento de la pensión
gracia de que trata la Ley 114 de 1913, al margen de que se hayan demandado
resoluciones diferentes12.
35. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que en ambos procesos
el debate gira en torno al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión
gracia, a saber: haber cumplido 50 años de edad, acreditar buena conducta,
haber estado vinculado como docente territorial o nacionalizado con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 y contar con al menos 20 años de servicio en dicha
condición.
36. En lo relativo al tiempo de servicios, como ya se dijo, en ambos procesos
se invocaron idénticos periodos laborados: entre el 22 de mayo de 1978 y el 5 de
mayo de 1986, para un total de 7 años, 6 meses y 8 días; y los ejercidos a partir
del 18 de enero de 1995 hasta la fecha de interposición de las respectivas
demandas.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado
63001 33 33 004 2019 00399 01 (0966-2022).
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Demandante: Juvel Galvis Henao
37. En conclusión, conforme a lo expuesto, en el presente asunto se configura
de manera evidente la cosa juzgada, al existir identidad de partes, objeto y causa
respecto del proceso con radicado 76001 33 33 011 2021 00052 00/01. En
consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, pero por
las razones expuestas en esta providencia.
Condena en costas
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia, por cuanto se confirma la decisión apelada debido a que se materializó
la excepción de cosa juzgada de manera total. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR probada de oficio en su totalidad la cosa juzgada con
relación a lo decidido en el proceso 76001 33 33 011 2021 00052 00/01.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero por las razones expuestas en
esta providencia.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00643 01 (1007-2022)
Demandante: Juvel Galvis Henao
TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Juvel Galvis
Henao. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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