RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00211-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00211-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00211-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Ana Francisca López Dávila contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora Ana Francisca López Dávila. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00211-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Niega reconocimiento.
Condena en costas en segunda instancia.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda por cuanto, la actora acreditó el mayor
periodo servido como docente de carácter nacional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 29 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolivar.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones 1653 del 31 de enero de
2000, 013969 del 29 de junio de 2000 y 5448 del 19 de noviembre de 2001,
mediante las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de dicha prestación periódica en cuantía equivalente al 75% del promedio de la
remuneración mensual causada en el año previo a la adquisición del estatus
pensional, aplicando los reajustes de ley. Asimismo, que las mesadas que se
causen sean actualizadas conforme al IPC, el pago de intereses comerciales y
moratorios, y el cumplimiento de la sentencia conforme a los artículos 192 y
concordantes del CPACA.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que fue
nombrada docente mediante actos administrativos expedidos desde 1972 y 1974

1 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 04Demanda.pdf

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

lo que demuestra que se encontraba vinculada al servicio educativo antes del 31
de diciembre de 1980, sumado a que laboró por más de 20 años y cumplió 50
años de edad el 10 de octubre de 1997, consolidando en esa fecha su estatus
pensional. Igualmente, adujo que ejerció sus labores docentes con honradez,
idoneidad y buena conducta.

4. Sostuvo que los actos administrativos demandados desconocieron las
normas que regulan la pensión gracia, al negarla con base en la sentencia de
unificación S‑699 de 1997 del Consejo de Estado, que excluye los tiempos
laborados en colegios nacionales. Consideró que dicha aplicación fue indebida y
generó un trato desigual, por lo cual la decisión de la entidad vulneró el debido
proceso y los derechos fundamentales de la demandante.

5. Afirmó que cumple los requisitos previstos en las leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y que los tiempos de servicio prestados a la
Nación deben ser tenidos en cuenta conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Contestación de la demanda2

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda al sostener que la demandante no cumple con el requisito de haber
laborado 20 años como docente departamental, municipal, distrital y/o
nacionalizado.

7. Señaló que aunque la demandante acreditó algunos periodos de servicio
docente, la mayoría correspondían a una vinculación de carácter nacional,
circunstancia que impide su cómputo para la pensión gracia por tratarse de una
prestación reservada a docentes territoriales o nacionalizados; por lo tanto,
estimó que no se acreditaran los 20 años de servicio exigidos por la ley.

8. Precisó que la normativa aplicable, especialmente la Ley 114 de 1913 y la
Ley 91 de 1989, exige no solo el cumplimiento del tiempo de servicio en calidad
territorial o nacionalizada, sino también que dichos requisitos estén consolidados
conforme a las condiciones legales vigentes, lo cual no ocurre en el caso
concreto, de modo que, los actos administrativos que negaron la prestación se
encuentran ajustados a derecho.

Sentencia apelada3

9. El Tribunal Administrativo del Bolívar profirió sentencia el 29 de noviembre
de 2024, a través del cual negó las pretensiones de la demanda.

10. Precisó que, conforme a la normativa aplicable y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la pensión gracia está destinada exclusivamente a docentes
territoriales o nacionalizados, razón por la cual la naturaleza de la vinculación
debe determinarse a partir del acto de nombramiento.

2 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 15CONTESTACION ANA FRANCISCA.pdf
3 Ibidem, archivo 64Sentencia.pdf

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

11. Así, con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, concluyó
que la demandante no cumplió con el requisito de haber laborado como docente
territorial y/o nacionalizado durante 20 años, ya que solo acreditó una vinculación
territorial entre 1972 y 1974, mientras que el resto de su trayectoria correspondió
a una vinculación de carácter nacional, cuyos tiempos no podían computarse
para el reconocimiento de la prestación.

Recurso de apelación4

12. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda argumentando que dicha decisión incurrió en una interpretación y
aplicación indebida del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que reconoce la pensión
gracia a docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, condición que afirma cumplir; además, sostuvo que el
Tribunal desconoció el tenor expreso de la norma y dio prevalencia a
interpretaciones jurisprudenciales restrictivas, en contravía del artículo 230 de la
Constitución y de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-820
de 2006 sobre el carácter vinculante de la ley.

13. Alegó la vulneración de principios constitucionales como la favorabilidad
laboral, la igualdad y el debido proceso, señalando que la decisión excluyó
injustificadamente a los docentes nacionales del beneficio pensional, pese a que
la Ley 91 de 1989 prevé la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión
ordinaria aun cuando esta se encuentre a cargo total o parcial de la Nación.

14. Aseveró que acreditó la totalidad de los requisitos legales para acceder a
la prestación, de conformidad con lo previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y, especialmente, en la Ley 91 de 1989, y sostuvo que las
Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 extendieron el beneficio de la pensión gracia a
los docentes nacionales de normales y secundaria.

15. Cuestionó que el Tribunal hubiera acogido los criterios fijados en la
sentencia S-699 de 1997 del Consejo de Estado que restringe injustificadamente
el derecho de los docentes nacionales a la pensión gracia y desconoce el alcance
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, introduciendo limitaciones no previstas por
el legislador. Destacó que esa interpretación jurisprudencial fue objeto de varios
salvamentos de voto y afirmó que, para la época de expedición de la Ley 91 de
1989, únicamente existían las categorías de docentes nacionales y
nacionalizados.

16. Reiteró que no existe disposición normativa que limite el reconocimiento
de la pensión gracia exclusivamente a docentes territoriales ni que excluya los
tiempos laborados en instituciones nacionales, razón por la cual, cualquier
interpretación en ese sentido implica imponer restricciones no previstas por el
legislador.

4 Ibidem, archivo 66RecursoApelacionAllegadoSAMAI.pdf

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

17. Aportó como pruebas la certificación CETIL, documentos y antecedentes
legislativos dirigidos a cuestionar la interpretación adoptada en la sentencia S-
699 de 1997 y a sustentar el alcance del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 4 de diciembre de 20255 se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público
para lo de su cargo.

21. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

22. Por auto del 21 de abril de 20266, se negó el decreto de la prueba
documental consistente en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados
(CETIL) 202411890480059000890001 expedida por el departamento de Bolívar,
el análisis jurídico orientado a sustentar la supuesta inconstitucionalidad de la
sentencia S-699 de 1997 proferida por la Sala Plena de esta Corporación y copias
de las Gacetas del Congreso con la exposición de motivos de la Ley 91 de 1989,
habida cuenta de que no se ajustaban a ninguna de las causales previstas en el
artículo 212 del CPACA.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

24. Atendiendo los reparos planteados en el recurso de apelación, esta Sala
llevará a cabo un análisis probatorio sobre la naturaleza de las vinculaciones
docentes que se mencionan en la demanda y cuáles son las normas aplicables
para su calificación.

25. Asimismo, se establecerá, de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, así como con la jurisprudencia de esta
Corporación, si la vinculación que la demandante mantuvo como docente fue del
orden territorial, nacionalizado o nacional; además, si el tiempo servido es
computable para reunir el requisito de los 20 años de servicios que se exigen
para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

5 SAMAI, índice 4.
6 SAMAI, índice 13.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

Análisis del problema jurídico

20. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se
expondrán a continuación.

21. La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 precisó que, para
acreditar la calidad docente en materia de pensión gracia, el juez debe analizar
los actos de nombramiento, las actas de posesión o, en su defecto, las
certificaciones de historia laboral que permitan establecer inequívocamente la
naturaleza de la vinculación.

22. Con fundamento en ello, la Sala verificará si la demandante acredita
concurrentemente los requisitos legales para acceder a la prestación, esto es:
vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980, 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado, 50 años de edad,
buena conducta y no percibir otra pensión de carácter nacional.

23. En el presente asunto no está en discusión que la demandante satisface
el requisito de la edad, en la medida en que nació el 10 de octubre de 19477 y
cumplió 50 años el 10 de octubre de 1997. Tampoco se controvierte lo
relacionado con el requisito de haber laborado con consagración, buena
conducta y honradez habida cuenta de que en el recurso de apelación no se
planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente prueba alguna que
demuestre que la actora haya incurrido en algún hecho que lo configure; ni se
evidencia que perciba una doble compensación o erogación nacional
incompatible con la pensión gracia.

24. Aclarado lo anterior, la Sala se circunscribe al análisis del cumplimiento
del requisito de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980 y del tiempo de servicio para calcular los 20 años
que exige la ley.

Análisis del requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980

• Periodo desde el 13 de abril de 1972 hasta el 12 de julio de 1974 (2
años, 2 meses y 29 días)

25. En el expediente obra copia del Decreto 175 del 5 de abril de 1972, por el
cual el gobernador del departamento del Magdalena, en ejercicio de sus
facultades legales, nombró a la demandante como directora general de la
Escuela Rural de Niñas del corregimiento de Cabrera, en el municipio de Santa
Ana (Magdalena), cargo del que tomó posesión el 13 de abril de 1972. El acta de
posesión adjunta revela que asumió el empleo en esa fecha.

7 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 16 ANEXO DE LA CONTESTACIÓN, expediente
administrativo 22991719 UNIFICADO.pdf, copia de la cédula de ciudadanía fl. 12 y 04Demanda.pdf, fl. 54.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

26. Adicionalmente, fue allegado el certificado de información laboral expedido
por la Gobernación de Magdalena8 en el que se acredita que la actora laboró
como directora general al servicio de la Secretaría de Educación Departamental,
en el sector público departamental, durante el periodo comprendido entre el 13
de abril de 1972 y el 12 de julio de 1974.

27. Así, al revisar el acto administrativo de nombramiento contenido en el
Decreto 175 del 5 de abril de 1972, la Sala advierte que este fue suscrito por el
gobernador del departamento del Magdalena, sin que se evidencie la
intervención, aprobación o delegación por parte del Ministerio de Educación
Nacional ni de alguno de sus delegados, ni tampoco la existencia de soporte
presupuestal proveniente del Fondo Educativo Regional.

28. En ese orden de ideas, resulta claro que dicha designación posee una
naturaleza territorial-departamental, en tanto fue proferida en ejercicio de la
potestad nominadora propia del representante de la entidad territorial, sin la
concurrencia de los elementos característicos de los vínculos de orden nacional,
esto es, un nombramiento efectuado por el Gobierno Nacional.

29. Lo anterior se aviene con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
conforme al cual se consideran docentes territoriales aquellos vinculados
mediante nombramiento efectuado por una entidad territorial a partir del 1 de
enero de 1976, sin sujeción a los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975, lo que reafirma la calificación jurídica del vínculo analizado, por lo
que dicho período resulta acumulable para el cómputo de los 20 años de servicio
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

30. En este orden de ideas, la parte demandante acreditó el requisito de
haberse vinculado como docente de carácter departamental antes del 31 de
diciembre de 1980, puntualmente entre el 13 de abril de 1972 y el 12 de julio de
1974, es decir, por un periodo que abarca 2 años, 2 meses y 29 días computables
para el conteo de los 20 años de servicios en tal calidad.

Análisis del requisito de 20 años de servicios como docente de carácter
territorial o nacionalizado

• Periodo desde el 1 de septiembre de 1974 hasta el 30 de abril de
1990 (19 años, 7 meses y 29 días)

31. En el plenario obra copia de la Resolución 2720 del 25 de abril de 19749,
mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional nombró a la demandante
como profesora de enseñanza primaria (maestra consejera) en la Normal de
Señoritas de Mompox (Bolívar). El acta de posesión adjunta demuestra que fue
suscrita el 20 de mayo de 1974 y en esta se señala que asumió el empleo a partir
del 1 de abril de esa anualidad.

8 Ibidem, fl. 67.
9 SAMAI, índice 2, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 04Demanda.pdf, fls. 61 a 63.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

32. A su turno, se observa en el expediente copia incompleta del Decreto 297
de 199710, mediante el cual el gobernador del departamento de Bolívar dispuso
la incorporación de la actora como docente al servicio de la entidad territorial.
Según se desprende del contenido del acto, dicha incorporación se efectuó en el
marco del proceso de certificación en educación del departamento, así como de
la entrega de los establecimientos educativos por parte del Gobierno Nacional,
formalizada a través del acta correspondiente.

33. Adicionalmente, fue allegado el Formato Único para la expedición de
Certificado de Historia Laboral del 13 de febrero de 201711, en el cual se informa
que la demandante se desempeñó como docente en propiedad en el nivel básica
secundaria, en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 2720
del 25 de abril de 1974, prestando sus servicios a partir del 1 de abril de 1974 en
la Escuela Normal Superior de Mompox.

34. En el mismo documento se reporta como novedad administrativa la
contenida en el Decreto 297, aunque con inexactitud respecto del año al indicarse
1996. Asimismo, se registra el ascenso de la actora mediante Resolución 2363
del 31 de agosto de 2010, y su retiro forzoso del servicio el 11 de febrero de 2013,
dispuesto por medio del Decreto 770 del 27 de diciembre de 2012, acumulando
un total de 38 años, 10 meses y 11 días de servicio.

35. El Formato Único para la Expedición de Certificados de Salarios12 emitido
el 18 de febrero de 2017 por la Secretaría de Educación de Bolivar, acredita que
ocupó el cargo de docente básica secundaria y el tipo de vinculación es
nacional.

36. Con fundamento en la valoración conjunta de las pruebas documentales
obrantes en el expediente, la Sala concluye que el nombramiento efectuado por
el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 2720 de 25 de abril
de 1974 dio origen a una vinculación docente de carácter nacional.

37. Esta conclusión se fundamenta en la definición que establece el artículo
1 de la Ley 91 de 1989, según el cual el «[p]ersonal nacional. Son los docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», situación que,
adicionalmente, fue reconocida plenamente por la apelante quien no niega que
se trató de ese tipo de vinculación.

38. Ahora bien, las situaciones administrativas acreditadas en el expediente,
tales como la incorporación y los ascensos obtenidos durante la carrera docente,
no tuvieron la virtualidad de alterar la naturaleza del vínculo primigenio 13, razón

10 Ibidem, págs. 65-66.
11 Ibidem, fls. 68 y 69.
12 Ibidem, fls. 71.
13 Esta conclusión encuentra respaldo en la línea jurisprudencial sostenida por esta Subsección, según la

cual la incorporación posterior de un docente a plantas de personal administradas por entidades territoriales
no altera, por sí sola, la naturaleza jurídica del vínculo inicial cuando este tuvo origen en un nombramiento
efectuado por el Gobierno Nacional y no se acredita una ruptura de dicho vínculo. En tal sentido se

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

por la cual la demandante conservó su condición de docente nacional durante
todo el tiempo de servicios acreditado, equivalente a 38 años, 10 meses y 11 días
(desde el 1 de abril de 1974 hasta el 11 de febrero de 2013).

39. Por consiguiente, no hay lugar a computar dicho período para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia toda vez que los servicios fueron prestados
exclusivamente en calidad de docente nacional.

40. Al respecto, en sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 29 de
agosto de 199714, la Sala Plena de esta Corporación precisó que los docentes
nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia ya que la desigualdad
salarial que causó esta prestación se debió a que los docentes de primaria y
secundaria vinculados a instituciones educativas nacionales percibían mayores
ingresos que sus homólogos de colegios públicos adscritos a entidades
territoriales; sin que dicha interpretación sea contraria a la Constitución o la ley,
como lo afirma la apelante.

41. Así las cosas, aunque la demandante acreditó los requisitos de edad,
buena conducta y vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, no cumplió
con la exigencia de acreditar veinte (20) años de servicio docente oficial de
carácter territorial o nacionalizado.

42. Los anteriores razonamientos resultan suficientes para desestimar los
reparos formulados por la parte apelante, incluidos aquellos relacionados con la
supuesta aplicación indebida de la ley, la vulneración de la Constitución, el
principio de favorabilidad y la incompatibilidad de una doble erogación del tesoro
público, pues ninguno de ellos desvirtúa el hecho jurídicamente relevante de que
la actora ostentó la condición de docente nacional durante la mayor parte del
tiempo de servicios acreditado.

43. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

pronunciaron, entre otras, las sentencias de 23 de abril de 2025, radicado 63001-23-33-000-2020-00373-01
(2259-2022); 24 de julio de 2025, radicado 76001-23-33-000-2020-00953-01 (6509-2024); y 29 de abril de
2026, radicado 76001-23-33-000-2015-00643-01.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de

1997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia, por cuanto resultó vencida al no haber prosperado sus argumentos de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Ana
Francisca López Dávila contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la señora Ana
Francisca López Dávila.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2021-00211-01 (3337-2025)
Demandante: Ana Francisca López Dávila

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.