Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01372-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01372-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01372-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
Demandante: Félix Eduardo Duarte Serrano
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial. REVOCA parcialmente, MODIFICA y CONFIRMA
sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Félix Eduardo Duarte Serrano, interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 4299 del 21 de octubre de 2014 y del
acto administrativo ficto producto del silencio por parte de la entidad frente al
recurso de apelación en contra de aquella, por medio de los cuales se niega el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que resulten
de la reliquidación de las prestaciones laborales y el pago de la prima especial
sin carácter salarial, equivalente al 30 % de la remuneración básica, que hasta
el momento no se le ha reconocido como adición al salario.
3. A título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad a reconocer,
reliquidar y pagar a favor del demandante, desde el 1.º de enero de 1993 y en
adelante, todas las prestaciones salariales y laborales, con base en el 100 % de
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la asignación básica, incluyendo con carácter salarial, el 30 % del sueldo que se
le ha descontado a título de prima especial de servicios. Además, que se
reconozcan las sumas del saldo insoluto dejado de cancelar por salario y
prestaciones sociales.
4. Igualmente, que se incluya dentro de la reliquidación de las prestaciones
sociales el 30 % de la prima especial como adicional al ingreso mensual, desde
1993 hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha de su retiro del servicio.
5. Que se reconozca y pague la prima especial de servicio como un adicional al
salario, teniendo en cuenta que la misma no ha sido cancelada hasta este
momento; esto desde el 1.º de enero de 1993 y en adelante.
6. Que se actualicen las sumas reconocidas, se condene al pago de intereses y se
dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del
CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que el demandante prestó sus servicios a la Rama Judicial, en calidad de juez
de la República desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2014
y el 21 de octubre de 2014, solicitó a la demandada reconocer y pagar la prima
especial de servicios, y reliquidar las prestaciones sociales durante el período
laborado en el cargo de juez. Petición que se negó a través de los actos
demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53. 93, 150 numeral 19,
literal e), 209 y 215 inciso 9 de la Constitución Política; 2, 14, 16 de la Ley 4.ª de
1992; 102 del Decreto 1848 de 1969; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996;
decreto 194 de 2014 y sus similares desde el 2008 en adelante; sentencias del
29 de abril de 2014 y 2 de abril de 2009, proferidas por esta Corporación.
9. Que los actos administrativos demandados fueron expedidos por fuera del marco
constitucional, legal y jurisprudencial que sobre la materia ha desarrollado esta
corporación, pues al excluirse la prima especial del 30 % prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 del cálculo de sus prestaciones sociales, se le negó un
derecho adquirido como servidor judicial. Que la entidad, adoptó una
interpretación restrictiva en perjuicio del trabajador, pues no tuvo en cuenta que
la prima especial hace parte del salario para efectos de liquidar prestaciones
sociales, con lo cual desbordó sus competencias legales.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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10. La demanda se admitió el 11 de abril de 2019. La entidad1, se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
legalidad, porque fueron expedidos con sujeción al marco normativo vigente y a
los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional que regulan el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.
11. Que la prima especial de servicios no constituye un ingreso adicional al salario,
sino a una redistribución interna del mismo, de conformidad con lo previsto en
los Decretos 383 y 384 de 2013, por lo que no puede considerarse como un
componente salarial autónomo que deba incluirse para efectos de la liquidación
de prestaciones sociales.
12. Que, en este contexto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene
competencia para reconocer beneficios no autorizados expresamente por la
normativa vigente, en virtud del principio de legalidad del gasto público, por lo
que de accederse a lo solicitado se incurriría en una extralimitación funcional.
13. Que las sumas causadas con anterioridad al 17 de enero de 2014 se encuentran
prescritas.
14. Propuso como excepciones, las de inexistencia del demandado, ineptitud de la
demanda, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva, la
demandada no corresponde a todos los litisconsortes necesarios y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)2, accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso, que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 no tiene carácter salarial a efectos de liquidar prestaciones sociales,
en cambio sí con el fin de servir como base para las cotizaciones al sistema de
seguridad social integral en materia de pensiones.
16. Que contrario a lo dispuesto en los diferentes decretos expedidos por el
Gobierno nacional, dicho emolumento debe ser entendido como un componente
adicional al salario como ha sido ampliamente explicado por la jurisprudencia de
esta Corporación, por medio de la cual se han venido anulando varios artículos
de estos decretos, en donde se tuvo a la prima especial como parte del salario.
17. En cuanto al término de prescripción, señaló que este es de 3 años y se cuenta
a partir del hecho constitutivo de la presunta afectación, es decir, desde la
1 Ver archivo digital denominado «2_ENVIODEEXPEDIENTE_LINKEXPD_LINK_EXPEDIENTE_6800(.pdf)
NroActua 35», PDF «028ContstacionDemanda.PDF» visible a índice 35 del SAMAI del Tribunal.
2 Ver archivo digital denominado «18Sentenciadepr_00468001233300020170(.pdf) NroActua 62» visible a
índice 62 del SAMAI del Tribunal.
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vigencia de cada uno de los decretos que reglamentaron los salarios de los
servidores beneficiarios de la prima especial establecida en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992. Afirmó que, como la reclamación administrativa se presentó el
21 de octubre de 2014 y la demanda fue radicada el 7 de noviembre de 2017,
las sumas reclamadas con anterioridad al 7 de noviembre de 2014 se encuentran
prescritas.
18. En este contexto, al encontrar probada la disminución del salario del
demandante en un 30 % al título de prima especial de servicios, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la entidad a
reliquidar y pagar a favor del actor, las prestaciones sociales causadas desde el
7 de noviembre de 2014, en virtud de la prescripción, y en adelante hasta que
por razón del cargo tenga derecho, sobre el 100 % de su remuneración mensual,
teniendo en cuenta para el efecto el 30 % que en su momento se descontó por
el pago de tal prestación. Igualmente, al reconocimiento de la prima especial de
servicios como un incremento al salario y durante ese mismo período,
advirtiendo que la misma sólo constituye factor salarial para calcular la pensión
de jubilación.
19. De otro lado, el 13 de agosto de 2025 la parte demandante solicitó aclaración y
corrección de la sentencia de primera instancia, indicando que en el folio 22 de
la providencia se consignó de manera errónea su fecha de vinculación a la Rama
Judicial como juez, al señalarse como tal el 16 de enero de 1997, cuando en
realidad corresponde al 1.º de enero de 1976. Frente a ello, el Tribunal procedió
a corregir el fallo apelado para tener como fecha de vinculación del actor, el 1.º
de enero de 1976.
RECURSO DE APELACIÓN
20. La parte demandada3 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el Tribunal falló más allá de lo pedido y en forma incongruente, teniendo en
cuenta lo pretendido por el accionante.
21. Que en la reclamación administrativa el demandante solicitó el reconocimiento y
pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y que se tuviera
dicho emolumento como factor salarial para efectos de reliquidar sus
prestaciones sociales. Frente a esto, señaló que, de conformidad con la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, el demandante no tiene derecho a que
se le reconozca la prima especial de servicios como factor salarial y prestacional
para reliquidar las prestaciones sociales, pues esta solo constituye salario para
efectos de la pensión de jubilación.
22. Que el actor modificó en la demanda lo que había solicitado inicialmente en la
3 Ver archivo digital denominado «20_MemorialWeb_Recurso-APELACION201701372(.pdf) NroActua 65»
visible a índice 65 de SAMAI del Tribunal.
.
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petición por vía administrativa, pues además de pretender el reconocimiento y
pago de la prima especial como adicional al salario y que se tuviera como factor
salarial para reliquidar sus prestaciones sociales, adicionó la pretensión 3
relacionada con que se le reconozcan y paguen las diferencias por concepto de
reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el 100 % de la
asignación mensual, lo cual no fue solicitado en la petición en sede
administrativa. Por tanto, señaló que se configuró la ausencia de requisito de
procedibilidad sustancial frente a la pretensión tercera de la demanda.
23. Adicionalmente, afirmó que frente a esta misma solicitud se configuró la cosa
juzgada material, pues el demandante cuenta con sentencia ejecutoriada de
segunda instancia, del 4 de junio de 2015, identificada con radicado 680012331-
005-2005-03512-00-01, donde se le conceden las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento y pago de las diferencias causadas por concepto de
reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el 100 % del
salario.
24. En cuanto al resto de pretensiones, afirmó que es el Gobierno nacional el
competente para pronunciarse y alterar el régimen para los servidores públicos,
en este caso, los de la Rama Judicial, por lo que alegó la falta de legitimación en
la causa por pasiva.
25. Sostuvo que la actuación administrativa se surtió conforme a la normativa
vigente y que no había sido objeto de anulación o modificación alguna. Que solo
hasta la expedición del Decreto 272 de 2021 el Gobierno nacional dispuso una
variación en el monto asignado para el pago de la prima especial de servicios en
favor de los empleados de la Rama Judicial.
26. Indicó que para la entidad resulta presupuestalmente imposible cumplir con la
condena, pues el Gobierno nacional no ha asignado los recursos requeridos para
el pago a los beneficiarios de la reliquidación de prestaciones sociales y la prima
especial de servicios del 30 %, con anterioridad al 1.º de enero de 2021.
27. Que la parte demandante tuvo la oportunidad de demandar los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional y no lo hizo, por lo que no
es posible atacar su contenido por medio de una acción de contenido particular
par evadir la aplicabilidad plena de tales normas legales. En este contexto,
afirmó que el actor no demandó las normas que regulan su remuneración en
tiempo, configurándose con ello la caducidad respecto de las pretensiones de
inaplicabilidad de tales decretos.
28. Finalmente, conforme a un criterio objetivo valorativo, solicitó mantener la
decisión de no condenar en costas ni en primera ni en segunda instancia, pues
no se tiene certeza de su causación.
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29. El 28 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación. Ni las partes, ni
el Ministerio Público se pronunciaron.
30. Por medio de auto del 29 de abril de 2026 se requirió al Tribunal Administrativo
de Santander, Sala de Conjueces para que allegara el expediente contentivo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
68001-23-31-005-2005-03512-01, en el cual fungió como demandante el señor
Félix Eduardo Duarte Serrano, con el fin de identificar si en el presente asunto
hay lugar a declarar la cosa juzgada. Como respuesta a dicha solitud, el Tribunal
allegó el correspondiente expediente por medio de memorial del 16 de julio de
2026, frente al cual la parte demandada allegó pronunciamiento en el cual reiteró
lo expuesto en el recurso, señalando que debe declararse la cosa juzgada en el
presente asunto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. Deberá resolver la Subsección si en el presente asunto se configuró la cosa
juzgada respecto de las pretensiones del demandante; si con la reclamación
administrativa se solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias por
concepto de prestaciones sociales y laborales; si tiene derecho a la reliquidación
y pago de los salarios y prestaciones sociales con inclusión de la prima especial
de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y al pago de dicho
emolumento como adicional al salario; si operó la caducidad; si hay lugar a
declarar la imposibilidad presupuestal y si existe falta de legitimación en la causa
por pasiva4.
32.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
33. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
4 Si bien la falta de legitimación en la causa por pasiva fue un punto de apelación por parte de la demandada,
esta Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de dicha excepción, teniendo en cuenta que la misma fue
desestimada dentro de la sentencia de primera instancia.
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Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
34. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20145, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la
cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»
35. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 20196, 11 de julio de 20237, 5 de septiembre de 20238, 5 de
diciembre de 20239, 6 de agosto de 202410 y 18 de diciembre de 202411. En
particular se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación de las
prestaciones sociales.
36. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202412, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada
37. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado
con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su
procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el
proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con
la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.
38. Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el
cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.
39. Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la
inmutabilidad y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan
tránsito a dicho fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de
nuevas manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá
ser definitivo, con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas
causales específicas y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien,
ante la interposición del recurso extraordinario de revisión como lo consagra el
artículo 303 del CGP que expresamente regula esta figura de la siguiente forma:
«(...) Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión»
40. El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que,
entre otras, la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante
sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo
182A, el cual también dispuso que, en todo caso, tal medio de defensa podrá
resolverse en cualquier estado del proceso si se encuentra demostrada,
tanto así que puede ser decretada de oficio conforme al artículo 187 ibidem
en el que se señaló que la sentencia se pronunciará sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta probada.
41. Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de
Estado13 los ha precisado de la siguiente forma:
«(...) 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal,
para que se configure, el juez debe verificar necesariamente la
existencia de tres elementos, estos son: i) identidad de objeto, ii)
identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos
han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes
términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la
demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada.»
(…) 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la
prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que
previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo»
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
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Resolución del caso concreto
42. En virtud de los argumentos del apelante único que limitan el objeto de análisis
en segunda instancia, el enfoque inicial será el de determinar la configuración o
no de la excepción de cosa juzgada.
43. En principio debe precisarse que entre las mismas partes se han tramitado dos
demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
44. Inicialmente una bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 68001-23-31-005-2005-03512-01 presentada
por el señor Félix Eduardo Duarte Serrano a través de la cual, se demandó la
nulidad de las Resoluciones 000628 del 11 de abril de 2005 y 2455 del 17 de
junio de 2005, expedidas por la Rama Judicial, actos que negaron el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
45. A título de restablecimiento del derecho pidió que se «(…)reconozcan y paguen
[…] los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas,
cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, bonificaciones y demás
emolumentos que la entidad demandada le adeude desde el año de 1993 y los
años que se sigan causando durante el trámite del proceso, hasta cuando se
produzca el pago de las prestaciones económicas que ordene la sentencia,
mediante la cual se ponga fin al proceso, sumas que resultan de aplicar el 30 %
de prima especial como salario mediante los Decretos de aumento anual de
remuneración de los mencionados servidores públicos (…)»14.
46. Una segunda demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado
68001-23-33-000-2017-01372-00, mediante la cual el actor solicita la nulidad de
la Resolución 4299 del 21 de octubre de 2014 y del acto administrativo ficto
producto del silencio por parte de la entidad frente al recurso de apelación
interpuesto en contra de aquella, por medio de los cuales se niega el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que resulten
de la reliquidación de las prestaciones laborales y el pago de la prima especial
sin carácter salarial, equivalente al 30 % de la remuneración básica, que hasta
el momento no se le ha reconocido como adición al salario.
47. Como restablecimiento del derecho, solicitó se «(…) reliquide, reconozca y
pague al demandante desde el 1.º de enero de 1993 hasta la fecha de la
sentencia y las que se causen en adelante, todas las prestaciones salariales y
laborales […] teniendo como base para la liquidación, el 100 % de su
remuneración básica mensual legal […] incluyendo por tanto, con carácter
salarial el 30 % de su sueldo básico, que la administración judicial ha tomado de
este para denominarlo prima especial sin carácter salarial»; que se «[…] incluya
14 Ver archivo digital denominado «22RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL30472025RESP(.pdf) NroActua 17»,
págs. 28 a 39, visible a índice 17 de SAMAI.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
dentro de la liquidación de las prestaciones sociales enumeradas en el literal
anterior el 30 % de la prima especial adicional al ingreso mensual […] desde el
año 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha de mi retiro de la Rama
Judicial como juez (…)»; que se «(…) reconozca y pague, desde el 1.º de enero
de 1993 hasta la fecha de la sentencia y, que en adelante se siga cancelando,
la prima especial mensual, equivalente al 30 % de la remuneración básica […]
como agregado al salario»; y que se «(…) reconozcan las sumas del saldo
insoluto dejado de cancelar a Félix Eduardo Duarte Serrano por salario como
prestaciones sociales, por los errores puestos de presente con antelación
(…)15».
48. Pues bien, del análisis de los procesos descritos, destaca la Sala que: i) las
controversias judiciales se generaron entre las mismas partes, esto es, el señor
Félix Duarte y la Rama Judicial; ii) se comparte idéntico objeto, pues si bien
pueden existir diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en lo
que respecta a la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4.a de 1992, es en esencia la misma; y iii) se verifica una identidad de causa
entre los casos examinados, pues los supuestos de hecho que se alegaron y se
analizaron en el proceso inicial se relacionan directamente con los planteados
en esta contienda judicial, como lo es, el periodo reclamado por el actor, desde
1993.
49. Ello se afirma incluso al margen de que se hayan demandado actos
administrativos diferentes, pues es claro que las dos negativas de la
administración fueron provocadas a través de peticiones radicadas en
momentos distintos, dada la posibilidad de solicitar lo propio en cualquier tiempo
y en múltiples ocasiones al tratarse de una prestación periódica, pero que, en el
fondo, cuando es negada, siempre implicarán una sola manifestación de
voluntad16.
50. Por tanto, como en el primer proceso se resolvió condenar a la Rama Judicial a
«(…) reconocer y pagar a favor del demandante, Felix Eduardo Duarte Serrano,
la diferencia que resulte a su favor por concepto de reliquidación de las
prestaciones sociales [primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones, licencias y demás emolumentos] causadas desde el 20 de
febrero de 1997 y las que en adelante se hayan causado, incluyendo el monto
equivalente a lo devengado por la denominada prima especial de servicios»,
concluye la Sala, que frente a la pretensión de reliquidación de las prestaciones
sociales con inclusión de la prima especial de servicios, ha operado la cosa
juzgada, debiéndose limitar el estudio solamente a lo que no fue objeto de
15 Ver link que reposa en archivo digital denominado «3_ED_EXPEDIENTEDIGITAL2(.pdf) NroActua 38», PDF
«001Demanda.PDF», visible a índice 38 del SAMAI del Tribunal.
16 Tesis reiterada de esta misma Subsección, por ejemplo, en sentencia del 27 de febrero de 2025 dictada en
el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018).
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
debate en aquel proceso, esto es, al pago del salario dejado de percibir y de la
prima especial que no fue devengada por el actor.
51. Bajo este entendido, se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada y
en su lugar, se declarará la cosa juzgada respecto de la pretensión de reliquidar
las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios, pues la
misma fue resuelta en precedencia dentro el proceso citado.
52. Ahora, en relación con lo afirmado por la entidad frente a que el demandante no
solicitó por vía administrativa el reconocimiento y pago de las diferencias por
concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con base en el
100 % del salario, configurándose con esto la ausencia de un requisito de
procedibilidad sustancial, precisa la Sala que en lo que respecta a las
prestaciones sociales no se realizará análisis alguno por cuanto se declaró la
cosa juzgada sobre dicha pretensión; y en cuanto al pago de la diferencia por
concepto de los salarios, contrario a lo afirmado por la entidad, se observa que
sí fue solicitado en la reclamación administrativa presentada por el demandante,
tal como se desprende las pruebas allegadas al proceso 17. Por lo anterior, dicho
argumento no tiene vocación de prosperidad.
53. Con todo, se encuentra acreditado que el demandante laboró para la Rama
Judicial, en calidad de juez de la República desde el 1.º de enero de 1976 hasta
el 31 de diciembre de 2014 y que su remuneración mensual fue percibida en un
monto inferior al que le corresponde, tal como se advierte en las constancias de
pagos18, puesto que la entidad restó la prima especial de servicios del 100 % del
salario, aplicando una interpretación errónea de los decretos expedidos por el
Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la remuneración se realizó sobre el
70 % de la asignación básica.
54. En estos términos, la Sala advierte que el demandante tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias salariales que resulten
de reconocer el 30% de la asignación básica que le fue disminuido a título de
prima especial de servicios, por haberse tenido dicho emolumento como parte
del salario, razón por la cual, se modificará el numeral tercero de la sentencia
apelada para precisar que se condenará a la demandada a pagar dichas
diferencias.
55. Por otra parte, la demandada alega que en el presente asunto ha operado la
caducidad, considerando que la actora ha debido demandar la nulidad de los
17 Ver archivo digital denominado «2_ENVIODEEXPEDIENTE_LINKEXPD_LINK_EXPEDIENTE_6800(.pdf)
NroActua 35» documento «002DerechoPeticion.PDF» visible a índice 35 de SAMAI del Tribunal.
18 Ver link que reposa en archivo digital denominado
«2_ENVIODEEXPEDIENTE_LINKEXPD_LINK_EXPEDIENTE_6800(.pdf) NroActua 35», PDF
«001Demanda.PDF», visible a índice 35 del SAMAI del Tribunal.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
decretos salariales anuales emitidos por el Gobierno nacional y al no hacerlo, se
mantiene incólume su presunción de legalidad y, por tanto, la de los actos
administrativos demandados. Al respecto, la Sala advierte que dicho argumento
no tiene vocación de prosperidad, pues si bien estamos frente a una prestación
unitaria, en virtud de la desvinculación del actor de la entidad el 31 de diciembre
de 2014, lo cierto es que en el presente asunto se demandaron dos actos
administrativos, siendo el segundo de ellos un acto ficto producto del silencio
administrativo por parte de la entidad frente al recurso de reposición y en
subsidio apelación, presentado en contra del acto administrativo que negó el
derecho. Por tanto y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1o. Literal
d) del artículo 164 del CPACA, no hay lugar a establecer la configuración de la
caducidad en este caso.
56. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del
9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias; por tanto, la Sala dispondrá estarse a lo resuelto en la
providencia del 9 de abril de 2024, en la que se precisó que el referido
emolumento constituye una adición al salario.
57. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste al
demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de
Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia emitida por el Consejo de Estado
Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado:
1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del (8) de agosto de dos
mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces, para en su lugar, DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada,
respecto de la pretensión de reliquidación y pago de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992.
Tercero. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del (8) de agosto de dos
mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces, en el sentido de:
«CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Nación Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar en favor
de Felix Eduardo Duarte Serrano, las diferencias salariales que resulten de
reconocer el 30 % del salario que le fue disminuido a título de prima especial de
servicios, desde el 7 de noviembre de 2014 – en virtud de la prescripción – y en
adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho.»
Cuarto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del (8) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces.
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14
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01372-02 (3047-2025)
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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