Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2020-01848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-01848-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Demandante: Blanca Inés Cortés de Díaz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Se encuentra probada la
excepción de cosa juzgada. Elementos de la figura y análisis de
la identidad de objeto y causa exclusivamente conforme a los
reparos de la apelación. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de cosa juzgada.
ANTECEDENTES
La señora Blanca Inés Cortés de Díaz instauró demanda1 en contra de la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 7692 del 25 de marzo de
2020, (ii) RDP 010333 del 27 de abril de 2020, y (iii) RDP 010784 del 30 de abril de
2020; por medio de las cuales le fue negado el reconocimiento de la pensión gracia
y se resolvieron desfavorablemente los recursos de reposición y apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial
mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 19 de enero de 2010, reajustada
y con la debida indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, junto con
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo
192 del CPACA y que asuma las costas a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 16 de mayo de 1955, e inicialmente se desempeñó al servicio del
departamento de Boyacá como docente oficial con vinculación desde el 8 de junio
de 1973 hasta el 27 de febrero de 1975. Que luego fue nombrada por esa misma
autoridad entre el 10 de octubre de 1991 y el 15 de enero de 2012.
Que, el 15 de enero de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
la cual le fue negada mediante la Resolución RDP 7692 del 25 de marzo de 2020,
confirmada con las Resoluciones RDP 010333 del 27 de abril de 2020 y RDP
010784 del 30 de abril de 2020, con las que se resolvieron los recursos de reposición
y apelación, indicando que los períodos de labor oficial habían sido como educadora
nacional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 1, 2,
4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928: 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del
Decreto Ley 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Que, de las pruebas documentales aportadas, se pudo establecer con certeza que
su tipo de vinculación durante la totalidad del tiempo de servicio prestado fue de
carácter nacionalizado, razón por la cual, como cumplió con el requisito de edad y
con los 20 años de servicio, observando una buena conducta en su labor, era
evidente que la entidad demandada estaba en la obligación, sin traba alguna, de
efectuar el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 2 de octubre de 2020 fue admitida la demanda.2 Se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, una vez revisado el expediente administrativo, se encuentra un
certificado de tiempos de servicios expedido por la Secretaría de Educación de
2 Ibid.
3 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Boyacá del 17 de diciembre de 2019, en el cual se expresa que los tiempos
laborados por la actora desde el 8 de junio de 1973 hasta el 27 de febrero de 1975,
y del 10 de octubre de 1991 al 15 de enero de 2012 son del orden nacional como
docente en básica secundaria, por lo que, debido a que la pensión gracia es una
prestación dirigida a los maestros del orden departamental, distrital, municipal o
nacionalizados, resulta necesario negar el reconocimiento de este derecho.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) cosa juzgada, (ii) inexistencia de
la obligación o cobro de lo no debido, (iii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, (iv) prescripción de mesadas, y (v) genérica.
El 27 de enero de 20234 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el litigio,
se indicó que no había ánimo conciliatorio y se decretaron las pruebas solicitadas,
las cuales fueron practicadas en la audiencia de pruebas celebrada el 5 de junio de
2023,5 donde finalmente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 11 de agosto de 2023
declaró probada la excepción de cosa juzgada, afirmando que entre el actual
proceso y el anterior con radicado 15001-33-31-002-2011-00092-00, existe
identidad de partes por tratarse de la misma demandante y entidad demandada, en
este último caso, asumida por la UGPP luego de la liquidación de Cajanal EICE.
Que, adicionalmente, los actos administrativos demandados a pesar de ser distintos
en ambos litigios, lo cierto es que contienen la misma decisión, de manera que el
objeto de las dos demandas de nulidad y restablecimiento no varían, por el contrario,
coinciden plenamente, pues están dirigidas exclusivamente a que se declare la
nulidad de la negativa al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante y a que se reconozca esta prestación a partir de la fecha de la
adquisición del estatus, así como el valor de las mesadas pensionales adiciones y
los ajustes de valor correspondientes.
Que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que debe
declararse la excepción de cosa juzgada cuando se demanda por segunda vez un
nuevo pronunciamiento de la administración sobre el reconocimiento de la pensión
gracia sin que haya variado el estatus jurídico del solicitante, como puede suceder
con aspectos relativos al incremento del tiempo de servicio computable para efectos
del reconocimiento de la prestación o el cumplimiento de la edad requerida
legalmente para el efecto.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Que, en el presente caso no se observa que haya variado el estatus jurídico de la
accionante, pues ambos procesos fundamentaron las solicitudes correspondientes
en que la señora Blanca Inés Cortés de Díaz prestó servicios como docente
territorial desde junio de 1973 hasta febrero de 1975 y desde octubre de 1991, en
contraposición a lo decidido por la administración, la cual consideró que la
vinculación fue nacional.
Que cuando se presentó la demanda en 2011, la reclamante no se había retirado
del servicio, mientras que en la actuación de la referencia se alegó que continuó
laborando hasta el 15 de enero de 2012. Sin embargo, esta situación no modificó
su estatus jurídico, ya que lo relevante en este caso radica en la clase de su
vinculación, la cual ya fue definida con fuerza de cosa juzgada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá
en Descongestión, mediante las sentencias de 11 de diciembre de 2012 y 5 de junio
de 2014 respectivamente, dictadas en el proceso 2011-00092-00.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante interpuso recurso de apelación afirmando que, en la medida
en que está suficientemente probado que sus vinculaciones fueron del orden
nacionalizado, la negativa de la UGPP resulta ilegal al haberlas estimado como
nacionales, por lo que resultaba pertinente presentar una segunda solicitud, tal
como lo indicó el Consejo de Estado en sentencia del 10 de abril de 2003 (0544–
01), pues el objeto de esta nueva reclamación es llenar los vacíos que pudiera
ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Que, si bien es cierto cursó demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, en
contra de la actual autoridad accionada, también lo es que los actos administrativos
que se demandaron en esa oportunidad (Resoluciones PAP 016003 del 30 de
septiembre de 2010 y PAP 040347 del 25 de febrero de 2011), son diferentes a las
que actualmente son sujeto de control de legalidad (RDP 7692 del 25 de marzo de
2020, RDP 010333 del 27 de abril de 2020, RDP 010784 del 30 de abril de 2020).
Que, a pesar de que las pretensiones de la demanda en el presente proceso están
encaminadas en concordancia con varios de los hechos presentados en su
momento en la anterior actuación, su formulación en esta nueva oportunidad incluye
otros actos administrativos y situaciones de hecho divergentes como la novedad de
una nueva línea de interpretación desarrollada en la sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 que aclara la situación de la actora y
permite que no exista un error interpretativo de la norma y su ámbito de aplicación,
en aras de garantizar sus derechos fundamentales.
7 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Que, en tal sentido, la presente controversia judicial tiene un sustento jurisprudencial
y unas manifestaciones administrativas diferentes a las inicialmente presentadas, al
punto de que se trata de una demanda completamente disímil que impide declarar
probada la excepción de cosa juzgada por falta de identidad de objeto y de causa.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 10 de julio de 20248 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado, para lo cual
manifestó que en ambos procesos se evidenció que la identidad jurídica de las
partes era la misma; que en ambas actuaciones se solicitaba el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, pues, además, se constató que, en las dos controversias,
las pretensiones se encuentran siempre dirigidas a la negativa administrativa para
el reconocimiento del derecho en mención.
Que, en todo caso, en el actual litigio no existe un nuevo hecho ocurrido con
posterioridad a la sentencia proferida el 18 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá; más allá de los argumentos escasos del apoderado de la
parte actora, en señalar como “hecho nuevo” la existencia de jurisprudencia,
diferente a la inicialmente presentada, postura que como ya lo ha señalado el
Consejo de Estado, no tiene fuerza suficiente para desvirtuar los efectos jurídicos
de la cosa juzgada.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que resolverá la Subsección es determinar si conforme a los reparos
del recurso de apelación, existe diferencia de objeto y causa entre el presente litigio
y el proceso anterior promovido por la actual demandante, esto por tratarse de
distintos actos administrativos demandados y por haberse proferido una sentencia
de unificación posterior al fallo dictado en la primera actuación.
En caso afirmativo, de no configurarse la excepción de cosa juzgada, se verificará
si la actora cumplió con todos los requisitos para acceder al reconocimiento y pago
de la pensión gracia.
Marco normativo y jurisprudencial
8 Ver índice 6 de SAMAI.
9 Ver índice 10 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de 1928, 37 de
1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo jurisprudencial del
Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997, CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,
se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial
que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.
Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el cual
lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la inmutabilidad
y unicidad de las providencias, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de
nuevas manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá ser
definitivo, con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas causales
específicas y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien, ante la
interposición del recurso extraordinario de revisión como lo consagra el artículo 303
del CGP.10
10 «[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de
muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Por su parte, el inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró
que, entre otras, la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante
sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A,
el cual también dispuso que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse
en cualquier estado del proceso si se encuentra demostrado, tanto así que puede
ser decretado de oficio conforme al artículo 187 de la misma norma, en el que se
señaló que la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el juez advierta probada.
Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de Estado 11
los ha precisado de la siguiente forma:
«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]»
Resolución del caso concreto
Es sabido que cuando solo una de las partes apela la sentencia de primera
instancia, en atención al principio de congruencia previsto en el artículo 328 del
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
CGP,12 la competencia del superior se ve enmarcada exclusivamente en los reparos
y fundamentos de impugnación que haya presentado el recurrente.
En tal sentido, si la parte apelante no expone una inconformidad explícita o por lo
menos general y abstracta contra la totalidad del fallo y su argumentación, se deberá
entender que aquel únicamente busca revocar o modificar la decisión con base en
los planteamientos específicos que hayan sido materia expresa del recurso, pues
en lo demás sobre lo que haya guardado silencio se entenderá que se encuentra
conforme.
Por tanto, para guardar la coherencia del debate en segunda instancia, el análisis
en esta oportunidad deberá enfocarse en el único motivo de censura de la parte
actora, el cual se centra y limita en rebatir la declaración de la excepción de cosa
juzgada con base en dos planteamientos muy concretos: (i) que no existe identidad
de objeto entre los dos procesos analizados por tratarse de actos administrativos
distintos, y (ii) que no se configura identidad de causa por advertirse la expedición
de la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 con
posterioridad al fallo en el primer litigio en firme.
Ahora, con los supuestos de hecho y de derecho de la presente actuación, así como
de los expuestos y verificados en el proceso anterior promovido por la actual
reclamante bajo el radicado 15001-33-31-002-2011-00092-00 ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá,13 lo que la Subsección puede concluir en el litigio bajo
estudio es que sí se configuró la excepción de cosa juzgada conforme al examen
del juez de origen.
Lo anterior toda vez que, tal como lo reconoce la misma recurrente sin ningún tipo
de confrontación, para ambos procesos se observa con claridad que las
controversias judiciales se generaron entre las mismas partes, esto es, la señora
Blanca Inés Cortés de Díaz y la UGPP (como sucesora directa de la entonces
Cajanal EICE -En Liquidación-, en virtud del Decreto 2040 de 2011, quien había
sido inicialmente demandada en el litigio primigenio).
12 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia. […]» (Líneas de la Sala).
13 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Adicionalmente, al margen del argumento de la apelante, estos casos sí comparten
idéntico objeto, pues si bien pueden existir diferencias en cuanto a la redacción de
las pretensiones, en esencia estas son iguales, ya que el derecho en tensión es
exactamente el mismo, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata
la Ley 114 de 1913.
Ello se afirma incluso al margen de que se hayan demandado actos administrativos
diferentes como lo alega la actora, pues es claro que las dos negativas de la
administración fueron provocadas a través de peticiones radicadas en momentos
diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo propio en cualquier tiempo y en
múltiples ocasiones al tratarse de una prestación periódica, pero que, en el fondo,
cuando es negada, siempre implicarán una sola manifestación de voluntad.14
Precisamente, aun en el entendido de que en el proceso 2011-00092 la solicitud de
nulidad se había formulado contra las Resoluciones PAP 016003 de 30 de
septiembre de 2010 y PAP 040347 de 25 de febrero de 2011, proferidas por la
entonces Cajanal EICE, mientras que en esta causa judicial se pretende anular las
Resoluciones RDP 7692 del 25 de marzo de 2020, RDP 010333 del 27 de abril de
2020, y RDP 010784 del 30 de abril de 2020 emanadas de la UGPP, ello no implica
que no exista una igualdad en el objeto o finalidad de ambas controversias.
Al respecto debe tenerse en cuenta que, tal como fue analizado por el tribunal de
primera instancia, en la actuación anterior se buscaba retirar del ordenamiento unos
actos que le habían negado el reconocimiento pensional, aspecto que también es
discutido en el asunto bajo estudio con fundamento en idénticos presupuestos a los
de la decisión anterior, esto es, que para ambas autoridades en mención los tiempos
laborados por la accionante eran del orden nacional, lo que le impedía consolidar el
derecho reclamado.
Por tanto, al evidenciarse que en los dos procesos comparados las pretensiones
giraron en torno al reconocimiento de la pensión gracia, se concluye que la finalidad
de estas demandas comparadas siempre ha sido una sola, pues en ambos eventos
la prestación fue negada conforme a una motivación similar, incluso pese a que tal
decisión fue dictada por entidades existentes en momentos disímiles, lo que hace
que el objeto de cada medio de control necesariamente deba ser el mismo.
Además, también se verifica una identidad de causa entre los casos examinados,
pues los supuestos de hecho que se alegaron y se examinaron en el inicial, se
relacionan directamente con los requisitos para acceder a la pensión gracia que
igualmente se pretenden estudiar en la presente contienda judicial, a saber: la edad,
el tiempo de servicio, la acreditación de una vinculación antes del 31 de diciembre
14 Tesis reiterada de esta misma Subsección, por ejemplo, en sentencia del 27 de febrero de 2025 dictada en
el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04350-01 (1174-2018).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
de 1980, que los vínculos sostenidos hayan sido del orden territorial o nacionalizado,
y que se acreditara un buen comportamiento en el ejercicio de su cargo.
Sin embargo, no es procedente en esta instancia analizar la correspondencia de
cada una de estas exigencias, toda vez que la parte apelante en su recurso
expresamente afirmó que, la única razón para no poder predicar una causa igual
entre los dos asuntos contrastados, es que con posterioridad al fallo ejecutoriado
dictado el 5 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso
2011-00092-00, el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022, la cual definió aspectos claves de
interpretación sobre la pensión gracia que no pudieron ser tenidos en cuenta en el
primer litigio, constituyendo un hecho nuevo y diferente para resolver el presente
proceso.
Aun así, lo cierto es que la existencia de un argumento o de un sustento jurídico
sobreviniente traído en una demanda posterior a la resuelta previamente con
sentencia en firme, no tiene la capacidad de desvirtuar la figura de la cosa juzgada
en lo relacionado con la identidad de causa, porque este postulado se refiere
únicamente a los planteamientos de hecho que fundamentan las pretensiones, no
frente a las normas violadas y el concepto de violación, así como tampoco respecto
del respaldo jurisprudencial que pudiera o no tener la tesis del demandante, dado
que para discutir tales puntos, eventualmente existirían otros mecanismos.15
De hecho, la mencionada providencia de unificación en su parte resolutiva, así como
la CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816 que también fue posterior a la decisión
en firme en comento, fueron claras en disponer que su observancia y aplicación solo
se daría de manera retrospectiva, no retroactiva, es decir, solo para los casos
pendientes de definición judicial que se encuentren en curso de un proceso, mas no
para aquellos que ya hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada como sucedió con el
primer litigio de la reclamante al haberse dictado una sentencia de fondo
debidamente ejecutoriada.
15 Esta tesis también fue ratificada por esta Subsección en sentencia del 2 de octubre de 2024, dictada en el
proceso con radicado: 63001-33-33-004-2019-00399-01 (0966-2022).
16 En la sentencia del 21 de junio de 2018 se indicó en el ordinal segundo lo siguiente: «[…] 2.º Adviértese a la
comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia, en relación con los temas objeto
de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA), para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los
efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva.
De igual manera, se precisa que los casos resueltos respecto de los cuales ha operado la cosa juzgada, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]».
En la sentencia del 11 de agosto de 2022 se señaló en el ordinal segundo: «[…] SEGUNDO. Advertir a la
comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la presente sentencia de unificación es vinculante
en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede
administrativa; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los
que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la
cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables. […]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
Como se observa, en procura de evitar la vulneración del principio de la seguridad
jurídica de las partes, lo cual es la finalidad de la cosa juzgada, resulta claro que la
Sala no podrá pronunciarse sobre el cumplimiento o no de los requisitos para
acceder a la pensión gracia, pues este debate ya fue dado en su debida oportunidad
y escenario.
Incluso, es de resaltar que la presentación de la demanda correspondiente al asunto
de la referencia tuvo lugar el 13 de julio de 2020,17 es decir, después de que hubiese
cobrado firmeza el fallo de segunda instancia proferido el 5 de junio de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en el primer proceso promovido por la actora, lo
que significa que cuando radicó la segunda demanda, la figura jurídica en mención
ya había cobrado plenos efectos de inmutabilidad respecto de lo resuelto
inicialmente.
En consecuencia, al tenerse demostrada esta excepción como se expuso
previamente y como lo manifestó el Ministerio Público en su concepto, la cual fue
decretada por el tribunal de origen, se confirmará la providencia recurrida.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dicha
declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Ahora, al verificarse que la pretensión propuesta en el presente asunto ya fue
resuelta en un proceso anterior, es decir, se encontró probada la excepción de cosa
juzgada como lo indicó el Tribunal, carece de sustento jurídico el recurso de
apelación propuesto. En consecuencia, se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual
declaró probada la excepción de cosa juzgada.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte apelante.
17 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01848-01 (0875-2024)
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al
poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 4 de SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.