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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02247-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02247-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Ángela María Gómez Loaiza en contra del municipio de Medellín. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2019-02247-01 (0358-2022) Demandante: Ángela María Gómez Loaiza TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02247-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02247-01 (0358-2022)
Demandante: Ángela María Gómez Loaiza
Demandado: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Vinculado1: Nación – Ministerio de Educación
Tema: Nivelación salarial de docente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La sala de subsección resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 4 de agosto de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular el oficio 201830345312 del 21 de noviembre de 20182,
que negó el reconocimiento de la igualdad salarial reclamada por la accionante.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales existente frente a los educadores
«municipales y/o catorcenales» adscritos al municipio demandado, quienes han
recibido pagos superiores a pesar de que han prestado el mismo servicio, en similar
horario laboral y pertenecen al mismo escalafón docente.

4. Finalmente, reclamó el cumplimiento de la sentencia en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y la condena en costas de la entidad demandada.

5. Hechos. La señora Ángela María Gómez Loaiza fue nombrada como docente
de carácter municipal en Medellín (Antioquia).

6. Por Resolución 6000 de 9 de diciembre de 1995 se autorizó al departamento de
Antioquia para administrar el sector educativo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3.° de la Ley 60 de 1993. Esta situación se concretó el 10 de abril de
1996.

1 Mediante auto del 9 de diciembre de 2020 se dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Educación,

en calidad de litisconsorte necesario.
2 Folios 29 a 38 del expediente físico.

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Demandante: Ángela María Gómez Loaiza

7. Posteriormente, el otrora municipio de Medellín cumplió con los requisitos
previstos en el artículo 20 de la Ley 715 de 2001 que le permitieron manejar el
aludido sector. Por esta razón, con la Resolución 2823 de 9 de diciembre de 2002
el Ministerio de Educación Nacional formalizó la entrega a ese ente territorial de
dichas competencias.

8. Por tanto, el alcalde de Medellín expidió el Decreto 058 de 2003, en el que
ordenó la incorporación a la planta de cargos del siguiente personal: i) 8.194
educadores; ii) 534 directivos docentes; iii) 24 directores de núcleo educativo y; iv)
469 empleados administrativos, para un total de 8.752 empleos docentes.

9. Esa misma disposición determinó la incorporación de 1573 educadores, 70
directivos docentes y 21 empleados administrativos que venían siendo financiados
con recursos propios, para un total de 1643 empleos docentes.

10. Por medio del Decreto 013 del 6 de enero de 2004, el otrora municipio de
Medellín adoptó la planta global de docentes, directivos docentes y administrativos
cancelados con los recursos del Sistema General de Participaciones. Por tanto, a
partir de esa fecha, todos los educadores deberían recibir los mismos salarios y
prestaciones sociales de acuerdo con el grado que ostentaran en el respectivo
escalafón, pues cumplían con las mismas labores en similar horario de trabajo y,
además, eran remunerados con recursos del aludido sistema.

11. Sin embargo, los 1.643 educadores que venían siendo pagados con recursos
propios del entonces municipio de Medellín, recibieron salarios y prestaciones
sociales superiores a los percibidos por la demandante.

12. Motivado por esa diferencia, el 26 de septiembre de 2018 solicitó al ente
territorial un trato igualitario en esa materia. Ante ello, se emitió el oficio cuestionado,
que negó esa reclamación, al considerar que existían diferencias en el tipo de
vinculación y, por ende, en el régimen salarial y prestacional de los docentes
territoriales municipales y los educadores territoriales departamentales, nacionales
y nacionalizados adscritos a la planta de cargos.

13. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones: el preámbulo y los artículos 2.°, 4.°, 25, 53 y 93 de la Constitución
Política y; el literal a) del artículo 7.° del protocolo adicional de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Al desarrollar el concepto de violación expuso
lo siguiente:

14. De acuerdo con la sentencia de unificación con radicado 2013-04683-01,
proferida por el Consejo de Estado, debe existir un trato igualitario entre el personal
docente, con independencia del tipo de vinculación, máxime cuando todos
pertenecen a la planta de cargos del entonces municipio de Medellín.

15. El ente demandado no podía desconocer que tanto los educadores
remunerados con recursos propios como aquellos cuyo salario se sufragaba con

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dineros del antiguo situado fiscal cumplían las mismas funciones. Pasar por alto esa
circunstancia implica una diferencia injustificada entre ese grupo de trabajadores y,
por demás, trasgrede el principio de «a trabajo igual, salario igual».

16. En segundo lugar, las omisiones de la administración desatendieron la
supremacía constitucional de los artículos 25 y 53, que consagran el trabajo como
un derecho y una obligación social que goza de la especial protección estatal.

17. Contestación de la demanda3. Dentro de la oportunidad de ley, el otrora
municipio de Medellín se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Con tales fines alegó:

18. La demandante fue nombrada por el gobernador de Antioquia como docente
mediante el Decreto 0361 del 28 de enero de 1994. Posteriormente fue incorporada
en la planta de personal del ente territorial. Esta entidad fue certificada como
prestadora del servicio público educativo en razón del artículo 20 de la Ley 715 de
2001, circunstancia que se materializó por medio de la Resolución 2823 de 2002.

19. En desarrollo de lo anterior, se profirió el Decreto 013 de 2004, por el cual se
incorporó y adoptó de manera definitiva la planta global de cargos docentes,
directivos docentes y administrativos del sector educativo, aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos del Sistema General de
Participaciones.

20. Luego de referenciar las Leyes 91 de 1989 y 43 de 1975, sostuvo que en una
misma entidad pueden concurrir docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
correspondiendo a la entidad nominadora el pago de los salarios y demás
emolumentos de estos últimos, con el fin de ser asumidos tanto por el presupuesto
nacional como con recursos propios.

21. En consecuencia, resulta entendible que por razones particulares y en atención
a las competencias que en materia salarial ejercen las autoridades municipales, los
docentes territoriales percibieran una remuneración distinta a la de los docentes
nacionales o nacionalizados, cuya remuneración es fijada por el Gobierno Nacional
y no por la respectiva entidad territorial que simplemente los administra.

22. En este asunto no se puede aplicar la sentencia de unificación citada por la
parte actora, en tanto esta concierne a controversias propias de la pensión gracias
y no a las diferencias salariales y prestacionales existentes entre los docentes
vinculados a la misma planta de cargos.

23. La demandante no logró probar que las funciones realizadas por ella eran
similares a las ejecutadas por los docentes territoriales frente a los que reclamaba
la igualdad salarial, pues no allegó el manual de funciones, los respectivos

3 Folios 106 a 120 del expediente físico.

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certificados de escalafón, ni ningún otro elemento que permitiera realizar el ejercicio
comparativo pertinente.

24. Con sustento en esas argumentaciones, formuló las excepciones de «ineptitud
de la demanda por falta de requisitos formales “caducidad del medio de control”»,
«reserva legal y falta de competencia para acceder a lo solicitado», «improcedencia
de nivelación salarial y prestacional», «ausencia de prueba de “trabajo igual salario
igual”», «inexistencia de la obligación», «compensación», «falta de legitimación en
la causa por pasiva» y «prescripción».

25. Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación4 también se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda. Al respecto, indicó lo siguiente:

26. La Ley 60 de 1993 estableció que el servicio público educativo sería prestado
en conjunto por los municipios y los departamentos, motivo por el cual el Ministerio
de Educación no está obligado a reconocer la igualdad salarial que reclama la
docente.

27. La Constitución Política en sus artículos 356 y 357, con relación a la distribución
de competencia entre la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios,
prevé la reglamentación legal que se efectúa tanto de los recursos como de las
competencias, lo anterior mediante el Sistema General de Participaciones.

28. Con tal fin, formuló las excepciones de «falta de legitimación en la causa por
pasiva», «inexistencia de la obligación» «falta de causa para demandar»,
«prescripción» y «genérica».

29. Sentencia de primera instancia. El 4 de agosto de 20215, el Tribunal
Administrativo de Antioquia emitió sentencia en la que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Con tales fines afirmó:

30. En el presente asunto la parte actora no censura que con su incorporación a la
planta de cargos docentes del hoy distrito de Medellín se hayan desmejorado sus
condiciones salariales, pues conservó el régimen salarial que traía de la Nación.

31. El artículo 356 de la Constitución Política dispuso que «no se podrá
descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales
suficientes para atenderlas». Esta circunstancia permite entender por qué en las
Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y concordantes, el legislador no determinó que las
entidades territoriales debían asumir mayores costos a los previstos en el entonces
Situado Fiscal (hoy: Sistema General de Participaciones).

4 La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital puede ser descargada en la opción de

«gestionar documentos» de la plataforma SAMAI. El PDF se denomina
«12ED_08CONTESTACIÓNDEMANDA»
5 Folios 244 a 278 del expediente digital.

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Demandante: Ángela María Gómez Loaiza

32. En otras palabras, aunque la descentralización del sector educativo obligaba a
los departamentos, distritos y municipios a recibir al personal docente proveniente
de la Nación, ninguna normativa estableció el deber de nivelar los salarios de estos
con los recibidos por los educadores que, de antaño, devengaban unas
asignaciones superiores, solventadas con recursos propios de la respectiva entidad
local. Desconocer esta situación implica pasar por alto la autonomía constitucional
con que cuentan estas instituciones para fijar las escalas salariales de sus empleos.

33. Por tanto, y contrario a lo argüido por la parte actora, la diferencia salarial
reclamada no tiene su génesis en la similitud de cargos y funciones ejecutadas por
los docentes, sino en el «desajuste institucional producto de los traslados
interterritoriales».

34. En consecuencia, la brecha salarial existente entre los docentes nacionales y
nacionalizados frente a los educadores territoriales deviene de las normas que le
impedían al otrora municipio de Medellín modificar el régimen salarial y prestacional
que cada uno traía de la autoridad remitente.

35. Finalmente, soportó la condena en costas de la parte actora, en el hecho de
resultar vencida en juicio.

36. Recurso de apelación6. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

37. Entre los docentes vinculados a la planta de cargos del otrora municipio de
Medellín existen diferencias salariales y prestacionales que motivan la aplicación de
la excepción de ilegalidad frente al acto demandado, como método de corrección
de la aludida desigualdad.

38. Todos esos maestros debieron recibir, desde los orígenes del proceso de
descentralización de la educación, el mismo trato salarial y prestacional pues, para
entonces, existía un solo estatuto docente -Decreto 2277 de 1979-. Por tanto, los
educadores que, como la actora, venían escalafonados de acuerdo con las reglas
de esa normativa, están experimentando una vulneración de su derecho a la
igualdad por la aplicación de normas de inferior categoría.

39. Cuando no era posible una integración horizontal, esto es, la trasferencia del
personal administrativo de la educación a cargos iguales o equivalentes de la planta
de empleos de la entidad territorial receptora, esta última tenía la obligación de
adelantar un proceso de homologación y nivelación salarial y prestacional, con el fin
de no desmejorar sus condiciones laborales.

40. El desconocimiento de estos postulados ha generado una vulneración del
principio superior de «a trabajo igual, salario igual», ampliamente reconocido por la
jurisprudencia nacional.

6 Folios 281 a 285 del expediente digital.

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Trámite correspondiente a la segunda instancia

41. La admisión del recurso. Mediante auto de 25 de abril de 20227 se admitió el
recurso de apelación.

42. Dentro de la oportunidad de ley no intervinieron las partes ni el agente del
ministerio público delegado ante esta corporación8.

43. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

44. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

45. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,11 la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la recurrente.
No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el
superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse
respecto de los razonamientos expuestos por la apoderada de la parte demandante.

46. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
recurrente, le corresponde a la Sala establecer si:

46.1 ¿La demandante tiene derecho a la nivelación salarial y prestacional
reclamada en la demanda frente a los docentes que otrora eran pagados con
recursos propios del entonces municipio de Medellín?

46.2 ¿Es procedente que, en torno a la presunta vulneración del principio de
igualdad de la parte actora, se deba aplicar la excepción de ilegalidad planteada en
la alzada?

7 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
8 En los índices 9 y 12 de la plataforma SAMAI reposan los escritos de alegatos de conclusión presentados por

los abogados de los entes accionados. Sin embargo, tales intervenciones se registraron por fuera de la
oportunidad prevista en el numeral 4.° del artículo 247 del C.P.A.C.A.
9
El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»

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El caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.

47. Primer interrogante: ¿La demandante tiene derecho a la nivelación salarial
y prestacional reclamada en la demanda frente a los docentes que otrora eran
pagados con recursos propios del entonces municipio de Medellín?

48. De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, advierte la
sala que mediante el Decreto 361 de 1994, el gobernador del departamento de
Antioquia nombró a la demandante como docente de la Institución Educativa Fe y
Alegría San José del municipio de Medellín, dentro del programa de cofinanciación
70% - 30% entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la respectiva
entidad municipal12.

49. Así mismo, del formato único para la expedición del certificado de historia
laboral que reposa a folios 128-129 del paginario, se extrae que la demandante fue
incorporada a la planta de cargos docentes del departamento de Antioquia mediante
el Decreto 3810 de 23 de diciembre de 1997 y, posteriormente, a través del Decreto
013 de 6 de enero de 2004, fue incluida en la planta de educadores del municipio
de Medellín. Este último movimiento fue el resultado del proceso de incorporación
señalado en la Ley 715 de 2001.

50. Fruto de ese procedimiento no es posible concluir, como lo anhela la parte
actora, que su inclusión en la última planta de cargos arriba reseñada la convertía
en destinataria del régimen salarial y prestacional de los docentes que, desde los
orígenes de sus relaciones laborales, fueron vinculados directamente por el
municipio de Medellín.

51. En efecto, tal como lo advirtió el a quo, la incorporación a la mencionada planta
se cumplió sin solución de continuidad, lo que implicó el respeto y conservación del
régimen salarial y prestacional de los educadores nacionales que le venía siendo
aplicado desde el inicio de su carrera profesional.

52. En consecuencia, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 198913
y el artículo 6.° de la Ley 60 de 199314, la entidad territorial estaba obligada a

12 Ver folio 127 del expediente.
13
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que
se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en
cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
14 Artículo 6. Administración del personal. Reglamentado parcialmente por el Decreto 196 de 1995.

Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas
de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales
[…]
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido
por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier
otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente
de la respectiva entidad territorial […].

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garantizar la continuidad de las condiciones salariales y prestacionales reconocidas
de antaño a la accionante.

53. Sin perjuicio del análisis previamente expuesto, aclara la sala que, aunque la
parte actora planteó la existencia de una diferencia salarial frente a un grupo de
docentes adscritos a la planta de cargos educativos del otrora municipio de Medellín
-fundada en la mayor remuneración recibida por quienes venían siendo pagados
con los recursos propios de ese ente territorial, no obran dentro del expediente las
pruebas que evidencien esa situación.

54. Es decir, ninguno de los elementos aportados da cuenta: i) de los maestros que,
según la demanda, tienen unas condiciones salariales y prestacionales superiores
a las recibidas por la actora y/o; ii) del por qué esos educadores tienen salarios
mayores a los señalados en el escalafón nacional docente reglado en el Decreto
2277 de 1979 y en los decretos de reajuste salarial anual emitidos por el Gobierno
Nacional.

55. En efecto, brillan por su ausencia los actos administrativos de nombramiento y
posesión, los certificados laborales y salariales -entre otros documentos- necesarios
para adelantar el ejercicio comparativo para determinar si tuvo lugar o no la alegada
desigualdad. Por lo expuesto, no prospera este cargo.

56. Segundo interrogante: ¿Es procedente que, en torno a la presunta
vulneración del principio de igualdad de la parte actora, se deba aplicar la excepción
de ilegalidad planteada en la alzada?

57. De la excepción de ilegalidad. La inaplicación de los actos administrativos se
encuentra consagrada en el artículo 148 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), de la siguiente
manera:

«Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la
Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.»

58. La finalidad de esta figura es que el operador judicial inaplique una decisión de
la administración, cuando advierta que contraría flagrantemente la Constitución
Política o la ley.

59. Al respecto, esta corporación, en sentencia de 5 de diciembre de 202415,
manifestó lo siguiente:

15 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 5 de diciembre de 2024

identificada con el radicado 15001-23-33-000-2023-00474-01.

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«Atendiendo a los términos en que fue prevista, esta corporación ha sujetado la
procedencia de la llamada “excepción de ilegalidad” a “situaciones en las que el juez
evidencie por manifestación de las partes u oficiosamente, que para solucionar el
caso puesto a su conocimiento requiere dejar de aplicar un acto que guarda relación
directa con el objeto del litigio, sin expulsarlo del ordenamiento normativo”9, lo cual
“por regla general, supone un juicio de valor en el que se confrontan dos normas de
manera directa, sin inferencias”10.

Desde esa perspectiva, “se entiende en la facultad descrita una forma excepcional
de control de legalidad que, por su misma naturaleza, toma como único presupuesto
sustancial la vulneración de la constitución o la ley, a partir del juicio jurídico
valorativo realizado por la autoridad judicial de cada asunto litigioso y propio del leal
saber y entender que acompaña la construcción de su razonamiento autónomo
frente a las particulares circunstancias de cada caso concreto”11.»

60. En sentencia de fecha 10 de julio de 202416, esta subsección, al resolver un
caso de similares características al aquí planteado, sostuvo lo siguiente:

«Sobre el particular, es claro que el Decreto 013 del 6 de enero de 2004 por medio
del cual se adoptó de manera definitiva la planta de personal docente del municipio
de Medellín, lo único que hizo fue acatar directamente la norma que habilitó el
traspaso de los educadores, planteles y facultades administrativas del servicio
educativo del nivel nacional y nacionalizado, incorporando para el efecto a los
maestros entregados por el departamento de Antioquia, todo en estricta sujeción del
artículo 34 de la Ley 715 de 2001.

Por esta razón, es evidente que no tiene sustento ni vocación de prosperidad la
referida excepción, pues dicho acto administrativo no riñe con la ley que lo
fundamenta, sino que, por el contrario, la ejecuta. En tal sentido, aquella decisión se
ajusta a la legalidad, toda vez que la norma que la sustenta goza de presunción de
constitucionalidad como se expuso anteriormente, lo que conlleva su necesaria
aplicación por parte de la administración, tal como ocurrió en el presente caso.

Lo anterior se justifica con mayor razón cuando se aprecia que el fundamento de la
reclamante para invocar este mecanismo, no correspondió a un supuesto
desconocimiento del ordenamiento legal aplicable al caso de la incorporación de
personal, sino más bien al hecho de que el acto administrativo en mención vulneró
su derecho fundamental a la igualdad, esto al haber permitido que se mantuviera
una diferencia entre docentes incorporados y territoriales, sin haber realizado un
proceso de homologación y nivelación salarial entre ambos.»

61. Precisado lo anterior, considera la sala que no está llamada a prosperar la
excepción de ilegalidad propuesta, ya que, como se explicó al abordar el primer
problema jurídico, no se configuró la vulneración al derecho de igualdad entre los
docentes pertenecientes a la planta de personal del municipio de Medellín. En
efecto, conforme a la normativa aplicable, era claro que, al momento de la
incorporación de los docentes nacionales o nacionalizados, se debía respetar el
régimen salarial previamente adquirido que, para el caso de la demandante, era del
orden nacional, financiado con recursos provenientes del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.

62. A juicio de la sala, el Decreto 013 del 6 de enero de 2004, mediante el cual se

16Sentencia de 10 de julio de 2024, expediente No. 05001-23-33-000-2019-02555-01 (3092-2021),
demandante: Viudnis García Chaverra, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02247-01 (0358-2022)
Demandante: Ángela María Gómez Loaiza

adoptó de manera definitiva la planta de personal docente del municipio de Medellín,
se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 715 de 2001,
norma que habilitó el traspaso de educadores, planteles y competencias
administrativas del servicio educativo desde el nivel nacional y nacionalizado hacia
las entidades territoriales certificadas.

63. El mencionado decreto se limitó a formalizar la incorporación de los profesores
que, como en el caso de la actora, fueron entregados a la entidad territorial, en
estricto acatamiento del marco normativo aplicable.

64. Así las cosas, las diferencias causadas entre los docentes no implica una
vulneración del derecho a la igualdad, pues esta corporación es de la tesis que estas
divergencias pueden darse debido a la imposibilidad de la entidad territorial en
nivelar docentes nacionales con recursos propios.

65. Por lo que sigue, y en atención a que los argumentos vertidos en el recurso de
apelación no tuvieron la fuerza suficiente para minar la sentencia impugnada, la sala
la confirmará.

66. Condena en costas. En anteriores oportunidades esta sala de subsección
desplegaba un juicio objetivo - valorativo para determinar si era procedente
condenar en costas a la parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la
Ley 2080 de 2021, tal sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la
demanda -en nuestro caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue
presentada con «manifiesta carencia de fundamento legal».

67. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte demandante sustentó sus
posiciones en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas por la sala, no se
estiman irracionales y carentes de fundamento jurídico. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de agosto de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la demanda que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora
Ángela María Gómez Loaiza en contra del municipio de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02247-01 (0358-2022)
Demandante: Ángela María Gómez Loaiza

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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