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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00474-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00474-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, que pretendía la nulidad del acto de elección de los concejales de Guayatá. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2023-00474-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de diciembre de 2024

Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00474-01
Demandante: MIGUEL ÁNGEL PIÑEROS PIÑEROS
Demandados: CONCEJALES DE GUAYATÁ (BOYACÁ) – PERIODO 2024-2027

Tema: Mecanismos legales para modificar la votación en los escrutinios.
Causal de nulidad por falsedad en documentos electorales.
Inaplicación de actos administrativos por violar la Constitución
Política o la ley (CPACA ART. 148).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia de 12 de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Miguel Ángel Piñeros Piñeros, por intermedio de apoderado judicial1, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, tendiente a obtener la nulidad del acto de elección de los concejales
del municipio de Guayatá (Boyacá), para el período 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 CON del 30 de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal.

1.1. Hechos

El demandante relató que en las pasadas elecciones del 29 de octubre de 2023 fue el
candidato número 6 en la lista con voto preferente del Partido Conservador al Concejo
de Guayatá (Boyacá).

1
El abogado Edgar Ignacio Sainea Escobar.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

Narró que el 30 de octubre de 2023, durante el escrutinio municipal, presentó una
petición ante la comisión escrutadora para la «revisión» de los votos obtenidos en dos
mesas. Expuso que su solicitud fue «aceptada» mediante auto de trámite 1 de ese día,
que frente a la mesa 1, puesto Cabecera Municipal, zona 00 señaló que «el candidato
6, tiene 8 votos, pero que no fueron debidamente registrados en el Formato E-14».

Precisó que, en lugar de hacer las modificaciones en dicho formato, la comisión
escrutadora municipal resolvió enviar un oficio a la departamental y esta, a través del
auto 007 del 2 de noviembre de 2023, dispuso declarar su falta de competencia para
acceder a lo pedido por el demandante.

Finalmente, informó que no había obtenido respuesta a la reclamación que presentó
sobre el tema ante el Consejo Nacional Electoral.

1.2. Concepto de la violación

La parte actora acusó el acto demandado de falsa motivación, con fundamento en el
artículo 137 del CPACA. Explicó que «se omitió hacer las correcciones frente al acto
de elección, lo que afecta la seguridad jurídica»2.

Destacó que la comisión escrutadora municipal evidenció a partir del «cuenta votos»,
ocho votos que no le fueron computados en la mesa 1, puesto cabecera municipal,
zona 00, lo cual «hubiese cambiado sustancialmente el resultado electoral».

Por la misma razón, adujo que la elección impugnada contiene datos contrarios a la
verdad y le atribuyó la causal del artículo 275, numeral 3 del mismo código.

A su turno, aseguró que no se atendió «en términos concretos y materiales» su
reclamación.

Argumentó que la situación descrita vulneró el derecho fundamental a la participación
y afectó la transparencia del proceso. Agregó que el sufragio y los resultados «se
deben reflejar en los actos de conteo y de elección». En tal sentido, invocó como
infringidos los artículos 2º, 40 y 258 de la Constitución Política.

2. Contestación de la demanda

Dentro del plazo otorgado en el auto admisorio de 16 de enero de 2024, intervinieron
los siguientes sujetos procesales:

2
Extraído del escrito de subsanación de la demanda.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

2.1. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

El apoderado de la entidad advirtió que no era posible manifestarse sobre las
pretensiones, en razón a que no profirió el acto de elección. Al respecto, explicó que
esta es función de las comisiones escrutadoras, de las cuales los registradores
cumplen el rol de secretarios. En consecuencia, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del proceso.

Con todo, hizo algunas precisiones sobre los hechos relatados por el demandante y lo
informado en las actas de escrutinio. En tal sentido, precisó los nueve candidatos
elegidos al Concejo de Guayatá, identificó las reclamaciones presentadas por el
demandante y justificó la falta de competencia de la comisión escrutadora general con
fundamento en el principio de preclusividad de los escrutinios.

2.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)

La apoderada del CNE formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó que se le desvincule del proceso, sobre la convicción de que los
hechos difieren de las competencias constitucionales y legales de la entidad, al tiempo
que no se le atribuyen actuaciones ni omisiones.

Por otra parte, explicó que «al momento de recibir la reclamación la Comisión
Departamental de Boyacá, las elecciones del concejo municipal de Guayata (sic), ya
habían sido declaradas el 30 de octubre de 2023».

Igualmente, sostuvo que en este caso no está demostrada la incidencia de la
irregularidad en el acto acusado, de conformidad con el artículo 287 del CPACA y la
jurisprudencia3, porque «revisado (sic) los 8 votos que alude en la demanda que
presuntamente se dejaron de contabilizar, y si se realizara una nueva distribución,
dicha organización política, no obtiene una curul adicional ni se presenta una
variación con respecto de los candidatos que resultaron electos tanto al interior
de su propia lista y ni en las otras listas» (negrillas del original).

3. Actuaciones relevantes de la primera instancia

Mediante auto de 13 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la
suspensión provisional del acto acusado.

Por auto de 29 de febrero de 2024, el magistrado ponente resolvió tener por no
contestada la demanda por parte de los concejales elegidos, quienes no intervinieron
en el proceso. En la misma providencia, dio aplicación a la figura de sentencia

3
Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2018-00081-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

anticipada, conforme lo establecido en el artículo 182A, numeral 1, literal d) del
CPACA; en consecuencia, fijó el litigio en el sentido de «establecer si hay lugar a
declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio
y formulario E-26 mediante el cual se declaró la elección como Concejales del
municipio de Guayatá para el periodo constitucional 2024-2027 a los siguientes
ciudadanos (...)».

Adicionalmente, incorporó las pruebas aportadas por las autoridades de la
Organización Electoral, negó la declaración de parte solicitada por el demandante y
ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, a través
de sentencia proferida el 12 de agosto de 2024. Para sustentar la decisión, precisó
que la demanda no planteaba un debate de falsa motivación, sino de falsedad de los
documentos electorales, es decir, la causal del numeral 3, artículo 275 del CPACA,
porque la comisión escrutadora municipal no modificó los resultados, pese a aceptar
un error en el cómputo.

Con esa claridad, analizó el acta general de escrutinios, donde observó que la solicitud
de recuento de votos del señor Miguel Ángel Piñeros Piñeros fue presentada ante la
comisión escrutadora municipal cuando el escrutinio de la mesa 1 ya había sido
realizado. Por su parte, del auto 1 del 30 de octubre de 2023, destacó que los ocho
votos que reclama el demandante fueron verificados con base en «el cuentavotos» y
que esta modificación no quedó registrada en los documentos electorales,
especialmente en el formulario E-24 CON, en el que figura sin votos para esa mesa.

A partir de lo examinado, consideró que la comisión escrutadora municipal tramitó la
aludida solicitud pese a su extemporaneidad, en consideración al principio de
preclusividad de los escrutinios, además de que no se sustentó en alguna de las
causales de recuento que prevé el artículo 164 del Código Electoral.

Así mismo, destacó que dicha comisión, en realidad, no realizó un recuento de votos,
de conformidad con la citada norma, pues ni siquiera abrió la bolsa con las tarjetas
electorales.

En su lugar, advirtió que la comisión se basó exclusivamente en el «cuentavotos», que
«no es un documento electoral propiamente dicho, sino un borrador de apoyo que sirve
para que los jurados de mesa puedan realizar las operaciones aritméticas necesarias
para consolidar la votación, el cual no cuenta con ningún elemento o mecanismo que
asegure la veracidad o autenticidad de su contenido (los jurados ni siquiera deben
firmarlo)». Por ello, le desconoció cualquier valor probatorio, para efectos de validar o
desvirtuar el resultado de la votación.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
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En consecuencia, acudió al «control por vía de excepción» previsto en el artículo 148
del CPACA, e inaplicó por ilegalidad el auto 1 del 30 de octubre de 2023, pues
«consolidó un trámite contrario al artículo 164 del Código Electoral». Agregó que
reconocerle efectos jurídicos «significaría agravar la trascendencia de la irregularidad
al punto de eventualmente repercutir en la integración del concejo municipal».

Concluyó que «[a]l no merecer valor aquel acto y sin prueba de que los verdaderos
resultados de la mesa fueran adulterados, no puede afirmarse que los documentos
electorales contengan datos falsos o apócrifos», sobre todo porque «no está
acreditado que los resultados que aparecen en su formulario E-14 tengan anomalías
o imprecisiones respecto de la votación que obtuvo en ella el demandante».

Por otra parte, el fallo declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Al respecto, señaló que la vinculación de estas entidades se
debe a lo dispuesto en el artículo 277, numeral 2 del CPACA frente a las autoridades
que expiden el acto o intervienen en su expedición.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión reseñada, el demandante interpuso recurso de apelación
que inició señalando que el tribunal generó «una controversia que desborda la litis
entrabada» y excedió «la independencia en la decisión valorativa», cuando apreció
como extemporánea «la petición de revisión» y supuso que no hubo recuento, de
conformidad con el artículo 164 del Código Electoral.

Argumentó que los actos de elección deben reflejar los actos de trámite que le
preceden, según la realidad electoral, contrario a lo que aconteció en este caso. Al
respecto, reiteró que no se le consignaron votos en los «formatos E-14 y E-26», a
pesar de lo dispuesto en el auto 1 del 30 de octubre de 2023.

Reprochó que se desconociera valor probatorio al «cuentavotos», «cuando es un
instrumento electoral de obligatorio trámite» y destacó que en su caso aparece en
ceros. De ahí dedujo que «lo único que permitió la verificación dela (sic) no anotación
de los 8 votos en favor de en (sic) mi representado era el reconeto (sic) que no se
descarta que existió».

Adicionalmente, manifestó no compartir que se pretenda establecer una perentoriedad
de una etapa electoral ni que se entienda que el escrutinio culmine mesa a mesa. Por
lo tanto, consideró que no podía aplicarse el artículo 148 del CPACA para desconocer
el auto que puso en evidencia el error, es decir, la omisión del cómputo de los ocho
votos, sobre la base de la presentación extemporánea de la petición.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
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Por último, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, solicitó que
se decretara la declaración de la parte demandante4.

6. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 27 de septiembre de 2024, el magistrado ponente admitió el recurso
de apelación, al constatar que fue presentado y sustentado oportunamente. En la
misma providencia se advirtió que «vencida la oportunidad probatoria en esta instancia
en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo», ingresara el expediente al despacho para proveer.

La solicitud probatoria formulada por la parte actora fue negada por el mismo
despacho, a través de auto de 9 de octubre de 2024. Los motivos informados en la
providencia obedecen a la falta de justificación para decretar la declaración de parte
en esta oportunidad y a que no fue recurrida la decisión de negarla en la primera
instancia.

6.1. Alegatos de conclusión

El apoderado del demandante reiteró los argumentos de la apelación e hizo énfasis en
que la sentencia recurrida fue más allá de la fijación de litigio y del debate planteado
por las partes.

6.2. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la sentencia
impugnada, debido a que, aunque considera que la petición de recuento del
demandante fue oportuna, los ocho votos cuyo reconocimiento solicita no pueden
constatarse en el documento «cuentavotos» ni tendrían incidencia en la elección.

En tal sentido, explicó que pasaría del cuarto al tercer lugar de la lista del Partido
Conservador, pero no reportaría una curul adicional a las dos que obtuvo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 12 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido

4
Solicitud reiterada en memorial radicado el 1º de octubre de 2024.

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en los artículos 1505 y 152, numeral 7, literal a) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 12 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones
de la demanda presentadas contra la elección de los concejales de Guayatá, para el
período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si el acto acusado contiene una falsedad, desde la
perspectiva de la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 del
CPACA, por no haber sido computados al demandante ocho votos que habría obtenido
en una mesa, de conformidad con el auto de trámite 1 del 30 de octubre de 2023,
proferido por la Comisión Escrutadora Municipal. Así mismo, es necesario determinar
si había lugar a inaplicar dicho auto en este caso, como lo hizo el tribunal, con
fundamento en el artículo 148 del CPACA.

Con el fin de resolver el litigio en esta instancia, la Sala se referirá de forma general a
(i) la excepción de ilegalidad de los actos administrativos; (ii) los mecanismos legales
para modificar la votación en los escrutinios y (iii) la causal de nulidad por falsedad en
los documentos electorales, para proseguir con el caso concreto.

3. La excepción de ilegalidad de los actos administrativos

La definición de controversias que ha sido encomendada a los jueces de la República
es una función pública que está sometida al imperio de la ley7. Esta premisa irradia los
procesos judiciales para asegurar, entre otros aspectos, que la decisión responda a
los planteamientos de las partes, dentro del marco jurídico pertinente al litigio.

Sin embargo, los artículos 4º superior y 148 del CPACA permiten inaplicar a un caso
concreto alguna norma o acto administrativo, por incompatibilidad con la Constitución
o la ley.

5
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150. Competencia
del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…).
6
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152. Competencia
de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en
primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso (...)
de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos (...).
7
Constitución Política, artículo 230.

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En esta facultad se ven reflejados los principios de independencia y autonomía que
guían la administración de justicia8, pues permite al juez trascender de un análisis
automático y meramente formal de las disposiciones que determinan la resolución del
asunto, hacia una visión integral del ordenamiento jurídico, de cara al asunto de su
competencia.

Tratándose de la inaplicación de actos administrativos, el artículo 148 del CPACA,
previamente citado, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando
vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.

Atendiendo a los términos en que fue prevista, esta corporación ha sujetado la
procedencia de la llamada «excepción de ilegalidad» a «situaciones en las que el juez
evidencie por manifestación de las partes u oficiosamente, que para solucionar el caso
puesto a su conocimiento requiere dejar de aplicar un acto que guarda relación directa
con el objeto del litigio, sin expulsarlo del ordenamiento normativo»9, lo cual «por regla
general, supone un juicio de valor en el que se confrontan dos normas de manera
directa, sin inferencias»10.

Desde esa perspectiva, «se entiende en la facultad descrita una forma excepcional de
control de legalidad que, por su misma naturaleza, toma como único presupuesto
sustancial la vulneración de la constitución o la ley, a partir del juicio jurídico valorativo
realizado por la autoridad judicial de cada asunto litigioso y propio del leal saber y
entender que acompaña la construcción de su razonamiento autónomo frente a las
particulares circunstancias de cada caso concreto»11.

Por lo tanto, la inaplicación de una norma o un acto administrativo en el proceso
contencioso administrativo y, en particular, el juicio especial electoral, tiene pleno
fundamento constitucional y legal y no puede calificarse de arbitraria por el solo hecho
de su ejercicio, siempre que atienda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad
para el caso concreto.

8
Constitución Política, artículo 228.
9
Sentencia del 31 de mayo de 2018, Exp. 21911, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Citada en:
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de noviembre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-
2018-00058-01(25040), MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Sentencias del 31 de mayo de 2018, Exp. 21911, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 29 de
abril de 2020, Exp. 23906, C. P. Julio Roberto Piza y del 25 de febrero de 2021, Exp. 24258, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto. Citadas en: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de noviembre
de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2018-00058-01(25040), MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, Rad. 08001-23-33-000-
2015-00565-01(25065), MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
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4. Mecanismos legales para modificar la votación en los escrutinios

Los escrutinios de votos para elegir a las autoridades públicas representan un
procedimiento de alta estima para la democracia y para los intereses políticos, que no
están exentos de ser afectados por malas prácticas o errores humanos.

Para combatir irregularidades que empañen la transparencia y legitimidad de los
resultados electorales, el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos de
contradicción en el procedimiento administrativo y un control judicial posterior.

En el primer ámbito, las solicitudes de recuento, reclamaciones y peticiones de
saneamiento de nulidades permiten despejar cualquier duda sobre la validez de los
votos, los cómputos y las actas, sin perder de vista los principios de celeridad y
preclusión de las etapas del escrutinio.

Estas tres vías de impugnación han sido esquematizadas por la sección12, de la
siguiente manera:

Medio de Causales Oportunidad y competencia Principio de
impugnación preclusión
Se deben interponer ante los
jurados de votación o las comisiones
escrutadoras de primer nivel
(zonales, auxiliares municipales o
Solicitudes de Artículo 164 distritales, según corresponda) Sí aplica
recuento del CE hasta antes de finalizar la audiencia
de escrutinio correspondiente,
según los artículos 164 y 182, inciso
final, del CE.
Se deben interponer en la misma
etapa del escrutinio en la cual se
Reclamaciones Artículos 122 presente la causal que le sirve de Sí aplica
y 192 del CE fundamento, ante la autoridad
electoral a cargo del desarrollo de la
respectiva audiencia, según el
artículo 167 y 193 del CE.
Se pueden presentar hasta antes de
la declaratoria de elección y frente a
Solicitudes de Artículo 275 cualquiera de las autoridades
saneamiento del CPACA escrutadoras en el ámbito de sus No aplica
respectivas competencias, según se
trate de una elección nacional o
territorial y, en todo caso, dentro de
los límites temporales señalados
previamente por la autoridad
electoral en el marco de los
escrutinios.

12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-
00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
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En primer lugar, el recuento ha sido definido por la Sala como «un mecanismo previsto
en la ley para verificar el verdadero resultado electoral, el cual consiste en contabilizar
nuevamente el número de votos (…) que se registraron en determinadas mesas de
votación»13, con el fin de lograr la debida correspondencia entre el dato de votos
válidos y el verdadero resultado electoral14.

De acuerdo con el artículo 164 del Código Electoral, solo puede haber un recuento por
mesa y procede por solicitudes sustentadas en (i) diferencias del 10% o más entre los
votos de las listas de un mismo partido entre corporaciones públicas, (ii) tachaduras o
enmendaduras en los nombres de los candidatos o los resultados de la votación o, iii)
de oficio, por dudas de la comisión sobre la exactitud de los cómputos de los jurados.

Frente a las reclamaciones, los artículos 122, 192 y 193 ibidem establecen, entre otras
causales, el error aritmético, el registro de más votos que votantes en la mesa y la
firma de menos jurados de los que exige la ley en las respectivas actas de escrutinio,
las cuales pueden ser presentadas ante las comisiones escrutadoras auxiliares,
municipales o distritales y generales o departamentales.

A su turno, la Sala ha hecho énfasis en la aplicación del principio de preclusión para el
trámite de las reclamaciones, de modo que su presentación por primera vez «se debe
hacer ante la autoridad que legalmente tenga las atribuciones y la competencia para
disponer los ajustes o correcciones a los que haya lugar ante la demostración de la
ocurrencia de la causal de que se trate, u ordenar el recuento de votos»15.

También se destaca que los artículos 187, literal b), 192 y 193 del aludido estatuto
electoral contemplan la apelación escrita contra los actos que resuelvan las
reclamaciones.

En cuanto a las solicitudes de saneamiento, corresponden a las causales de nulidad
previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, que son las
mismas que pueden alegarse en sede judicial. El propósito de proponerlas durante los
escrutinios es, justamente, sanearlas en esa fase y precaver el litigio.

5. Nulidad de la elección por falsedad en los documentos electorales

Uno de los eventos que puede llevar a la nulidad de una elección es la falsedad en las
actas, formularios y, en general, los documentos que diseña la Registraduría Nacional

13
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 2 de noviembre de 2001, Rad. 2698, MP. Darío
Quiñones Pinilla (negrillas del original).
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2014-
00117-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Ver, además, sentencia de 6 de junio de 2019,
Rad. 11001-03-28-000-2018-00060-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de junio de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-
00060-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

del Estado Civil para las actuaciones de los actores, tanto particulares, como
autoridades, que intervienen en las votaciones y los escrutinios.

En tal sentido, el numeral 3 del artículo 275 del CPACA dispone que los actos de
elección son nulos cuando «[l]os documentos electorales contengan datos contrarios
a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados
electorales».

Esta irregularidad puede provenir de un error de los responsables del escrutinio, como
también es posible que se deba a la actuación malintencionada de ellos mismos o de
personas externas, como lo ha explicado esta Sección:

«[E]ste vicio de nulidad se materializa en aquellos eventos en los cuales la información
contenida en los distintos formularios electorales no se corresponden (sic) con la
realidad de la votación y el consecuente procedimiento de escrutinio y, en ese orden,
distingue entre dos tipos de falsedades que la configuran: la ideológica y la material; la
primera, referida a diferencias en la información consignada en diferentes actas de
escrutinio que guardan una relación de conexidad entre sí, cuando las autoridades
electorales omiten dejar constancia de las razones que justifican tales inconsistencias;
y la segunda, referida a las alteraciones deliberadas en los resultados del escrutinio,
mediante la manipulación de los documentos electorales, con el ánimo de modificar los
resultados de la elección»16.

Así definida, esta irregularidad puede asumir diferentes formas como causal de
nulidad, que se traducen en alteraciones que, independiente de los motivos que las
originan y las circunstancias que las rodean, afectan la verdadera voluntad de los
electores.

Entre las situaciones más comunes se encuentran, por un lado, las diferencias entre
los votos consignados para determinada opción (partido, candidato) en el formulario
E-14 de los jurados de votación y el formulario E-24 de la comisión escrutadora y, por
otro, la existencia de un número superior de votos, con relación a los votantes
registrados en el formulario E-11.

De modo que, por lo general, las falsedades se advierten de un formulario a otro, por
la disparidad en los resultados que consignan para un candidato o lista. Por lo mismo,
tratándose de manipulaciones en un mismo formulario, es importante verificar si fue
ejercida la posibilidad de controvertir y sanear en cada nivel de escrutinio cualquier
anomalía o manipulación observable en las actas, desde la mesa hasta la comisión
escrutadora que declara la elección.

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-
00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre el mismo aspecto, ver: Sentencia de 22 de octubre de
2013, Rad. 11001-03-28-000-2014-00062-00, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de junio de
2001, Rad. 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477), MP. Darío Quiñones Pinilla.

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Finalmente, las irregularidades que se comprueben en el proceso deben tener
incidencia en el resultado para que puedan conducir a la nulidad del acto acusado, es
decir, tener la posibilidad, por descuento o aumento, de variar el orden de la votación
y los candidatos elegidos, de acuerdo con el sistema de distribución de cargos o
curules, según el caso.

6. Caso concreto

El demandante, en su condición de excandidato al Concejo de Guayatá (Boyacá) por
el Partido Conservador Colombiano, demandó el acto de elección de los concejales
por falsedad en los documentos electorales17, de conformidad con la causal de nulidad
del numeral 3 del artículo 275 del CPACA. En tal sentido, adujo que no le fueron
computados ocho votos que obtuvo en una mesa de votación18, reconocidos por la
Comisión Escrutadora Municipal en el auto de trámite 1 del 30 de octubre de 2023.

Mediante sentencia proferida el 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó la nulidad del acto acusado, como resultado de inaplicar el aludido auto,
con fundamento en la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 148 ibidem, por
encontrarlo contrario al procedimiento de recuento regulado en el artículo 164 del
Código Electoral. Además, porque no advirtió prueba de anomalías o imprecisiones en
los resultados del formulario E-14 de la mesa involucrada.

La parte actora apeló la anterior decisión porque considera que el tribunal desbordó el
litigio fijado, al inaplicar el mencionado auto y desconocerlo como prueba de la
irregularidad advertida. Sobre esa premisa, explicó que la comisión no tuvo en cuenta
el «cuentavotos» para dejar constancia de los ocho votos, lo que le lleva a interpretar
que hizo un recuento.

Así mismo, afirmó que presentó su petición cuando el escrutinio aún no había
culminado, razón por la cual consideró errado aplicar el artículo 148 del CPACA para
desconocer el auto de trámite que advirtió el error en su votación.

Así planteada la controversia en esta instancia, la Sala analizará las pruebas sobre lo
acontecido en el escrutinio de la mesa 1, puesto 00, zona 00 del municipio de Guayatá,
para determinar si la votación que reclama el demandante tiene un sustento legítimo:

a) El formulario E-14 de claveros de esa mesa no registra votos para el candidato
6 de dicha lista, que corresponde al señor Miguel Ángel Piñeros Piñeros19.

17
Se aclara que la sentencia delimitó el caso concreto a esta causal de nulidad.
18
Zona 00, puesto 00 (cabecera municipal), mesa 1.
19
Así se constata en el formulario E-6 CO de la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano al
Concejo de Guayatá, el señor Miguel Ángel Piñeros Piñeros fue ubicado en el renglón 6.

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Además, en la casilla correspondiente informa que no hubo recuento y no tiene
anotaciones en el espacio reservado para «constancias» de los jurados.

b) El formulario E-24 de la misma mesa consigna cero votos al candidato referido.

c) Mediante oficio fechado y recibido el 30 de octubre de 2023, a las 9:30 a.m., el
mencionado candidato, en nombre propio, presentó «solicitud de reconteo (sic)
de votos», «enfocado en las mesas 1 y 13, debido a estadísticas generales y
en las cuales no se representa ningún voto, y dentro de los cuales estoy en
tiempos y parámetros requeridos para poder hacer esta solicitud».

d) A través del «Auto de trámite Número 1» de 30 de octubre de 2023, la Comisión
Escrutadora Municipal de Guayatá resolvió «ACEPTAR» la petición del señor
Miguel Ángel Piñeros Piñeros frente a la mesa 1, puesto cabecera municipal,
zona 00, dirigida al «RECONTEO (sic) PORQUE SE ENTERO (sic) DEL MAL
MANEJO DE ESTADISTICA (sic) EN ESTA MESA».

Respecto de dicha «reclamación», advirtió que «no corresponde a las
establecidas de manera taxativa en el artículo 192 del Decreto Ley 2241 de
1986 (Código Electoral).

Sin embargo, señaló que «Revisado el cuentavotos, votos al consejo (sic) se
observa que el candidato 6 tiene 8 votos pero que no fueron debidamente
registrados en el formato e14» (se destaca).

Finalmente, indicó que contra el auto no procedían recursos.

e) Acta General de Escrutinio de la Comisión Escrutadora Municipal de Guayatá,
donde consta frente a la mesa 1, puesto 00 (cabecera municipal), zona 00, que
fue escrutada el 29 de octubre de 2023, a las 9:31 p.m.

Al respecto, se señala que el acta E-14 «está firmada por 6 jurados (…) no tiene
tachaduras, enmendaduras o borrones [ni] registra la realización u observación
de recuento de votos por parte de los jurados de votación».

En este documento, aunque se anota que en dicha mesa se presentaron
reclamaciones, la presentada por el señor Piñeros no figura entre las que fueron
objeto de recuento por la comisión escrutadora.

f) La Comisión Escrutadora Municipal de Guayatá dirigió el oficio de 30 de octubre
de 2023 a la Comisión Escrutadora Departamental, con la siguiente solicitud:

El día treinta (30) de octubre del año 2023 durante el transcurso del Escrutinio
Municipal del Municipio de Guayata – Boyacá, fue realizada una petición escrita

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por el candidato, MIGUEL ANGEL PIÑEROS PIÑEROS, identificado (…), por el
partido conservador colombiano en el renglón 6, toda vez que él candidato en
mención solicitó de manera escrita (adjunto) una revisión a los votos obtenidos
en la mesa 1 y la mesa 13; al realizar el reconteo de la mesa Nro. 1, se
evidenció que el candidato MIGUEL ANGEL PIÑEROS PIÑEROS, obtuvo 8
votos en la mesa numero 1, sin que fueran contabilizados por los jurados
de esta mesa, se procedió a darle contestación al candidato en mención
mediante Auto de tramite Nro. 1 (adjunto), en el que se le respondió que
evidentemente los jurados de votación omitieron registrar su resultado en el
formulario E-14; sin embargo por error mecánico e involuntario la persona
que realizó las veces de digitadora, omitió registrar en mesa 1 el cambio
evidenciado, siendo la suma correcta 93 VOTOS Y NO 85 VOTOS, y para el
candidato nro. 9 no son 12 votos, sino 8 votos, para un total de 62 votos para la
lista por el partido conservador colombiano en la mesa 1, así como se refleja en
el Auto de tramite número 1 (adjunto).

Se adjunto Acta General de Escrutinio.

Por tal motivo la comisión escrutadora municipal recurrimos ante ustedes con
el fin de solicitar se realicé la respectiva modificación (Negrillas adicionales
– SIC a toda la cita).

g) La Comisión Escrutadora General de Boyacá expidió el Auto 007 de 2 de
noviembre de 2023, «Por medio del cual se resuelven las solicitudes
presentadas por: (…) c) la Comisión Escrutadora Municipal de Guayatá», frente
a la cual dispuso «Declarar que esta Comisión NO es competente para
PRONUNCIARSE», con el siguiente razonamiento:

[D]e los documentos electorales revisados por esta comisión se establece que
la Comisión Escrutadora del Municipio de Guayatá declaró la elección del
Concejo Municipal en mención, cerró el proceso de escrutinio y declaró la
elección, luego es absolutamente claro que esta Comisión carece de
competencia para atender la solicitud (…)

h) El Formulario E-26 CON del 30 de octubre de 2023, por el cual fue declarada la
elección de los concejales de Guayatá (Boyacá), fue generado a las 6:21 p.m.

Atendiendo a las pruebas relacionadas, la Sala observa que la solicitud de recuento
presentada por el demandante ante la Comisión Escrutadora Municipal fue oportuna.
En efecto, consta su radicación el 30 de octubre de 2023, a las 9:30 a.m., lo que indica
que fue anterior a que se terminara el escrutinio de ese nivel y a que se declarara la
elección de los concejales, que ocurrió a las 6:21 p.m. de ese día.

Por lo tanto, como lo notó el Ministerio Público en la segunda instancia, no tuvo razón
el tribunal al considerarla como extemporánea por el hecho de haberse radicado
cuando la respectiva mesa ya había sido estudiada por la comisión, pues lo que se
exige al interesado es que, tratándose de saneamiento de nulidades, se proponga ante

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la autoridad competente «hasta antes de la declaratoria de elección»20 y, en el caso
de solicitudes de recuento, «hasta antes de finalizar la audiencia de escrutinio
correspondiente»21.

Siendo así, independiente de las posibilidades de éxito de la solicitud, esta resultaba
oportuna, pues el escrutinio municipal no había terminado ni la elección se había
declarado.

Precisado aquello, se advierte que el cargo de falsedad que plantea la parte actora
está basado en un documento que no sirvió de fundamento a la elección cuestionada.
En tal sentido, según se explicó previamente en esta providencia, cuando se trata de
diferencias entre formularios E-14 y E-24, el cargo exige que entre ellos se observe
una inconsistencia en la votación, que carezca de explicación en el detalle de las
actividades que relaciona el acta general de escrutinios.

En el caso concreto, tanto el formulario E-14 de la mesa en cuestión, como el E-24
que consolidó la votación de la zona a la que pertenecía, registran cero votos para el
señor Miguel Ángel Piñeros Piñeros. Adicionalmente, el acta general de escrutinios no
informa recuentos ni otra circunstancia válida de modificación de los resultados.

Así las cosas, en una elección de concejales de una circunscripción del tamaño de
Guayatá, en condiciones normales únicamente intervienen en los escrutinios los
jurados de votación y la comisión municipal, que la declara. En consecuencia, es en
sus actas de escrutinio donde debe encontrarse el sustento de la votación que define
a los elegidos y de los eventuales cambios legítimamente introducidos.

Con esa lógica, no es admisible que se adicionen al demandante los ocho votos
mencionados en el auto de trámite 1 del 30 de octubre de 2023, pues esta decisión no
puede considerarse como un acto previo a la elección acusada, en tanto no se reflejó
en el formulario E-24, que estuvo a cargo de la misma autoridad que lo emitió.

Tampoco queda claro por qué la comisión municipal declaró la elección y, en su lugar,
optó por requerir la corrección a la comisión departamental, sin informar razones
adicionales que justificaran su omisión.

En tales condiciones, la actuación descrita fue contraria al procedimiento de escrutinios
regulado en la ley. En primer lugar, desconoció lo dispuesto en el artículo 169 del
Código Electoral, conforme al cual los resultados «se harán constar en actas parciales,
que expresarán en letras y números los votos obtenidos por cada lista o candidato y

20
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de septiembre de 2024, Rad.
11001-03-28-000-2022-00109-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-
00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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las demás circunstancias determinadas en el modelo oficial», en concordancia con el
artículo 170 ibidem, que ordena extender un «acta general» que contenga «todos los
actos del escrutinio distrital o municipal».

De manera que la facultad que la ley atribuye a las comisiones escrutadoras para
modificar los resultados, de oficio o a petición de persona legitimada, debe ejercerse
con arreglo a las normas que la regulan, a fin de asegurar el debido proceso, la
celeridad y la transparencia, que contribuyen a legitimar los resultados declarados en
el acto de elección.

En segundo lugar, como lo advirtió acertadamente el tribunal, este procedimiento no
se ajustó a los términos del artículo 164 ibidem, toda vez que la Comisión Municipal
señaló en el auto de trámite 1 del 30 de octubre de 2023 que la fuente de los ocho
votos a favor del demandante era el «cuentavotos», de modo que no procedió a
«verificar» las tarjetas electorales de la mesa, como señala la norma.

Atendiendo a lo explicado en el proceso por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
dicho instrumento no es un documento electoral propiamente dicho y no contiene
resultados parciales ni definitivos del escrutinio de mesa, sino que sirve como apoyo a
los jurados de votación para las operaciones aritméticas y anotaciones de datos
provisionales, durante la manipulación y cómputo de las tarjetas electorales.

En cualquier caso, el «cuentavotos» no fue allegado al expediente, así que es
imposible verificar la afirmación del demandante, en cuanto a que allí no figuran
sufragios a su favor, como tampoco los ocho votos que menciona el referido auto.

Finalmente, sobre el reproche a la aplicación del artículo 148 del CPACA, la Sala
observa que los motivos que llevaron al tribunal a predicar la excepción de ilegalidad
del auto de trámite 1 del 30 de octubre de 2023 tienen que ver, precisamente, con la
actuación anormal que desplegó la Comisión Escrutadora Municipal de Guayatá al
resolver la petición del demandante, igualmente constatada en esta instancia.

Por lo tanto, aunque acudir a esa excepción no resultaba estrictamente necesario para
decidir el caso concreto, ante la realidad probatoria de los antecedentes del acto
acusado, se recuerda que la norma citada faculta al juez de lo contencioso
administrativo a no aplicar un acto administrativo cuandoquiera que lo encuentre
contrario al ordenamiento constitucional o legal y en ese sentido el fallo apelado estuvo
debidamente motivado.

Siendo así, es importante insistir en que, según se expuso previamente, las razones
que sustentan la falta de prosperidad de la causal de nulidad invocada obedecen a
que las actas de escrutinio que sirvieron de base al acto acusado no reportan los votos
que reclama el demandante.

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Demandante: Miguel Ángel Piñeros Piñeros
Demandados: Concejales de Guayatá (Boyacá)
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00474-01

Conforme con lo analizado, la Sala concluye que el estudio del tribunal se enmarcó en
la fijación del litigio y comparte su apreciación en cuanto a que los antecedentes de la
elección no contienen ninguna observación frente a la votación del señor Miguel Ángel
Piñeros Piñeros en la mesa 1, puesto 00, zona 00 del municipio de Guayatá, que
demuestre la falsedad del formulario E-24 que consolidó los datos de esa mesa, en
contraste con el respectivo formulario E-14.

Sobre tal convicción, se confirmará el fallo apelado, por no configurarse para este caso
la causal de nulidad del numeral 3 del artículo 275 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2024, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, que
pretendía la nulidad del acto de elección de los concejales de Guayatá.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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