RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-02621-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02621-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02621-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por Javier de Jesús Crespo Muriel contra 60En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 39 Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024) Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2010-005031 del 24 de septiembre de 2010, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Javier de Jesús Crespo Muriel y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Javier de Jesús Crespo Muriel las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, por el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, las cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo de instructor. Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tome el ingreso base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por prestación de servicios, esto es entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo de instructor. Sexto. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hará la actualización sobre las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02621-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Javier de Jesús Crespo Muriel presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 2-2010-005031 del 24 de septiembre

1 En lo que sigue Sena.
2 La demanda fue interpuesta el 11 de octubre de 2010 como un proceso ordinario laboral, no
obstante, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Oral, en auto del 21 de noviembre
de 2017, declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Labora
de Descongestión el 30 de abril de 2014 y ordenó su remisión a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. Mediante acta individual de reparto del 10 de octubre de 2019 ingresó al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

de 2010, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral
encubierta entre el 25 de enero de 1996 y el 21 de diciembre de 2008, y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado y sin solución de continuidad; ii) los salarios correspondientes
al cargo de instructor, durante toda la relación laboral; iii) el pago de todas las
acreencias laborales debidas causadas tales como primas, bonificaciones y
demás; iv) la indexación de las sumas de dinero reconocidas; y v) el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Javier de Jesús Crespo Muriel prestó sus servicios al Sena mediante contratos
de prestación de servicio entre el 30 de octubre de 2004 y el 15 de diciembre de
2015, con el objeto de impartir formación en el área de redes de gas, plomería,
topografía y afines.

3.2. Desarrolló sus labores de manera personal y bajo subordinación, comoquiera
que se le impuso un horario laboral, así como los reglamentos de trabajo y las
directrices emanadas de la institución. Asimismo, recibió una contraprestación por
la prestación del servicio.

3.3. Las actividades desempeñadas eran dirigidas por la institución a través de oficios
emitidos por los coordinadores académicos, los asesores y los supervisores. Los
programas eran diseñados por el Sena y se dictaban según los horarios
preestablecidos. Los cursos se programaban desde mediados de enero hasta la
tercera semana de diciembre, lo que incluía capacitaciones para los instructores de
carácter obligatorio.

3.4. El 17 de septiembre de 2010 solicitó al Sena el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo,
la petición fue negada a través del oficio demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron el artículo 53 de la Constitución Política; y las leyes 4
de 1992, 244 de 1995 y 1071 de 2006.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

3
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :

5.1. Aunque fue contratado formalmente bajo un contrato de servicios, en la práctica
ejerció labores con las características propias de un trabajador subordinado
(horarios, reglamentos, dependencia), por lo que existió un contrato de trabajo, con
todas las obligaciones que eso implicaba para el empleador.

5.2. En la Sentencia C-154 de 1997, la Corte Constitucional señaló los criterios para
diferenciar el contrato de prestación de servicios y el de trabajo: i) el objeto
contractual: en el de prestación de servicios implica una obligación de hacer,
fundamentada en la experiencia y formación profesional del contratista, para la
realización temporal de actividades específicas relacionadas con el funcionamiento
de la entidad contratante; ii) autonomía e independencia: el contratista mantiene
independencia técnica y científica, goza de discrecionalidad en la ejecución del
objeto contractual dentro del plazo acordado, a diferencia de la subordinación
inherente al contrato de trabajo; y iii) temporalidad: la vigencia del contrato de
prestación de servicios es limitada y destinada exclusivamente para la ejecución del
objeto contractual. Su uso en entidades públicas es excepcional y regulado por la
Constitución.

5.3. Ante la falta de claridad en la existencia de subordinación o autonomía, la
valoración de los elementos probatorios resultaba indispensable para determinar la
naturaleza de la relación contractual, especialmente para evitar la simulación de
contratos de prestación de servicios con los que se pretendieron encubrir una
relación laboral.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo
siguiente4:

6.1. La vinculación de Javier de Jesús Crespo Muriel con el Sena se dio a través de
contratos de prestación de servicios profesionales celebrados conforme con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993. En esas circunstancias, se sometió a unas
condiciones para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada y, por lo tanto,
no era procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales solicitadas en
tanto no ostentó la calidad de servidor público o trabajador oficial. Incluso, en las
estipulaciones contractuales se precisó que tal contratación no generaba

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 01ExpedienteDigital201902621, páginas 207 a 213
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 01ExpedienteDigital201902621, páginas 270 a 275.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

subordinación ni dependencia, elemento esencial de una relación laboral
encubierta.

6.2. No se le adeudaba valor alguno pues, a la terminación de cada contrato se le
pagaban las sumas de dinero a las cuales se había comprometido la entidad con la
suscripción de los contratos, sin que Javier de Jesús Crespo Muriel hubiese
efectuado alguna reclamación al respecto.

6.3. De conformidad con la naturaleza de la vinculación del demandante, la relación
contractual finalizaba al cumplirse el plazo pactado sin que se le hubiese
desvinculado de forma unilateral de la institución. En esa medida, no obra acto
administrativo u oficio en el que se manifieste tal voluntad.

6.4. Hubosolución de continuidad de la relación laboral, en tanto, entre los
instrumentos jurídicos suscritos se presentaron espacios temporales de mínimo 35
días.

6.5. En caso de condenarse a la institución, deberá tenerse en cuenta que, al finalizar
cada contrato, el demandante no presentó la reclamación administrativa
correspondiente, haciéndolo únicamente una vez terminado el último. Situación que
configuró la prescripción de los derechos reclamados, conforme con lo establecido
en el artículo 151 del Código Procesal Laboral.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de causa para pedir; ii) cobro de lo no
debido; iii) buena fe; iv) inexistencia de una sola relación laboral; y v) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en sentencia
proferida el 9 de octubre de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas al demandante. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos5:

8.1. Se acreditaron los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración, en tanto que, en los diferentes contratos suscritos entre las partes,
se pactó que la prestación de los servicios debía efectuarse directamente por el
demandante, sin intervención de terceras personas para el cumplimiento de las
obligaciones, y que, a cambio de sus servicios, recibió el pago de honorarios.

8.2. No obstante, ante la ausencia de elementos que evidenciaran una subordinación

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 67Sentencia.pdf

4

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

del demandante frente al Sena más allá de las instrucciones necesarias para cumplir
los contratos, se concluyó que la relación se limitó a la gestión de programas de
formación conforme con las necesidades institucionales.

8.3. No se demostró que prestara sus servicios en calidad de subordinado o que sus
funciones fueran permanentes, ni que cumpliera con horarios definidos por la
entidad, sino con la programación de horas variables que dependían de las
necesidades de cada periodo. Tampoco se probó que estuviera sujeto a medidas
disciplinarias propias de un contrato laboral, ni que sus funciones fueran idénticas a
las de los empleados de planta o que participara en actividades comunes a estos.

8.4. En consecuencia, la relación fue de coordinación y bajo la autonomía propia de
un contrato de prestación de servicios, sin que se hubiese configurado una relación
laboral encubierta, pese a la prestación personal y remuneración recibida.

8.5. Procedía la condena en costas en contra de la parte demandante, en atención a
que se trataba de un proceso declarativo de carácter laboral con pretensiones de
contenido pecuniario.

1.4. El recurso de apelación

9. Javier de Jesús Crespo Muriel interpuso recurso de apelación en el cual manifestó
lo siguiente6:

9.1. La sentencia de primera instancia indicó que «(…) de los contratos de prestación
de servicios, no se advierte que el señor Javier de Jesús Crespo Muriel hubiese prestado
sus servicios a la institución demandada en forma subordinada o dependencia, o que las
funciones desarrolladas fueran de carácter permanente, pues si bien los testigos declararon
ante el juez laboral que estas labores fuesen ejecutadas en igualdad de condiciones a los
servidores de planta de la misma entidad, también señalaron que había diferencias, como
quiera que los de planta habían superado un concurso y que la entidad debía contratar más
instructores, de acuerdo con las necesidades, cantidad de estudiantes, áreas requeridas o
convenios especiales, por lo que no es posible, asimilar el cargo de instructor contratista
con el de planta» (sic).

9.2. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no existía subordinación ni
permanencia en las funciones, comoquiera que, aunque ejecutaba labores similares
a las de los instructores de planta, estos últimos habían sido vinculados mediante
concurso, mientras que él no formaba parte de la planta. Sin embargo, dicha
conclusión resulta insuficiente para negar la relación laboral, pues lo relevante no

6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 69ApelaciónDemandante.pdf

5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

era el modo de vinculación, sino la naturaleza de la labor desempeñada.

9.3. Ejerció funciones propias de un instructor, con iguales obligaciones y cargas, en
cumplimiento de la misión institucional del Sena, que requería de personal
capacitado y supeditado a una programación académica específica y aprobada por
la entidad, la cual no era arbitraria ni autónoma, sino que respondía a directrices
institucionales, lo que evidenció subordinación.

9.4. Se omitió analizar la continuidad y extensión temporal de los contratos, con lo
cual se hubiese advertido que la labor no fue transitoria. Además, que la
contratación se efectuó ante la necesidad de contar con más personal para cumplir
con las funciones a cargo de la institución como una exigencia permanente y no
como una contingencia. En ese sentido, «[s]i había las mismas necesidades, debía
haber los mismos recursos, como el personal docente, por ejemplo, y si había las mismas
obligaciones de los docentes debería haber habido los mismos derechos de éstos» (sic).

9.5. El a quo determinó que existió entre las partes contratantes una relación de
coordinación y no de subordinación, pero no definió el significado de ambos
términos ni estableció sus diferencias para así encontrar que aquella se enmarcó
en la primera de estas.

9.6. En la sentencia se hizo alusión a que no se probó que « el actor estuviera
cumpliendo con un horario laboral en acatamiento de tiempos definidos por la entidad, sino
con una programación de horas que era muy variable, dependiendo de las necesidades de
cada periodo, tampoco debía usar distintivos de la institución o solicitar permisos por escrito,
siendo estos elementos característicos para inferir la existencia del contrato realidad. 37.
Como tampoco se acreditó que el demandante recibiera llamados de atención ante la
inasistencia de brindar los cursos de formación, siquiera que este fuera sujeto disciplinable
por parte del Sena por ese hecho, o cualquiera otra situación en la prestación del servicio»,
aspectos que resultaban de poco interés para demostrar la subordinación laboral.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas se corrió
traslado para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 8.

7 Según consta en el auto del 30 de julio de 2024, visible a índice 4 de Samai.
8 Según consta en el acta del 13 de noviembre de 2024, visible a índice 8 de Samai.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. Se circunscribe a establecer ¿si entre Javier de Jesús Crespo Muriel y el Sena
se configuró una relación laboral, especialmente, si se acreditó una continua
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador o si fue una
relación de coordinación entre las partes contratantes? y si, en consecuencia,
¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

7

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará
una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación
social.

16. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».

10 Aprobada el 11 de abril de 1919.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló
el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12
y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias
y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa

11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

9

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato
de prestación de servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». [se resalta].

23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una
relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
referida sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

10

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales
de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que
se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

11

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que
demostrar que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones
contenidas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad
encubría una relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos
de la relación laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación
continuada y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo
prestado, para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

30. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 1957 16 y según el Decreto
164 del 6 de agosto de 195717 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

31. Posteriormente, la Ley 119 de 199418 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función
que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los
objetivos específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese

16 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
17 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
18 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

12

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

32. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

33. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199819, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las
siguientes funciones20:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.

19 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
20 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

34. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201421. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional22 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
22 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

14

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

35. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica,
debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en
la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la
citada Ley 11923. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena
está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 1992 24. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 25, que sobre
su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

23 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
24 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

36. De esta manera el Consejo de Estado26 ha reconocido que la función prestada
por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral,
profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo,
tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de
docencia.

37. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que
los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar sobre la
existencia de dicha relación a efectos de declararla27. En específico, sobre la

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las
actividades ejecutadas»28 pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de
las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción
directa frente a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto
cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis
del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»29 a fin de establecer la
configuración o no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

39. Se aportaron los siguientes documentos:

39.1. Javier de Jesús Crespo Muriel celebró los siguientes contratos de prestación de
servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos jurídicos
aportados, tales como certificados, actas de inicio y terminación y los contratos de
prestación de servicios30:

Contrato Objeto Desde Hasta Interrupción
en días
hábiles
243 del 30 de prestar sus servicios como 30 de agosto 16 de -
agosto de 1999 Docente en la especialidad de 199931 diciembre de
de Instalaciones Técnicas, 199932
Redes de Gas y en los
términos y condiciones
previamente acordados con
el respectivo jefe del
Centro, Grupo de Atención
o Dependencia donde
ejecutará el contrato.
0008 del 28 de prestar sus servicios como 31 de enero 15 de 31
enero de 2000 Docente en la especialidad de 200033 diciembre de
de Básico del Instalador de 200034
Redes de Gas y en los
términos y condiciones

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30 Folio 260
31 Fecha del contrato
32 Calculo según los 108 días de plazo por el que se pactó el contrato
33 Fecha de suscripción del contrato
34 Acta de terminación del contrato

17

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

previamente acordados con
el respectivo jefe del
Centro, Grupo de Atención
o Dependencia donde
ejecutará el contrato.
171 del 19 de prestar sus servicios como 22 de febrero 15 de 45
febrero de 2001 Docente en la especialidad de 2001 diciembre de
de Gas, Básico del 2001
Instalador de Redes de Gas
y en los términos y
condiciones previamente
acordados con el respectivo
jefe del Centro, Grupo de
Atención o Dependencia
donde ejecutará el contrato.
1536 del 26 de prestar sus servicios como 27 de 15 de marzo 7
diciembre de contratista en el Centro diciembre de de 2002
2001 Nacional de la Construcción 200135
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
416 del 1° de prestar sus servicios como 1 de abril de 30 de julio de 7
abril de 2002 contratista en el Centro 2002 2002
Nacional de la Construcción
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
784 del 18 de prestar sus servicios como 31 de julio de 30 de -
julio de 2002 contratista en el Centro 2002 octubre de
Nacional de la Construcción 2002
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
1069 del 29 de prestar sus servicios como 31 de 13 de -
octubre de contratista en el Centro octubre de diciembre de
2002 Nacional de la Construcción 2002 2002
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
1439 del 3 de prestar sus servicios como 22 de enero 1° de abril de 24
diciembre de contratista en el Centro de 2003 2003
2002 Nacional de la Construcción
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
222 del 25 de prestar sus servicios. como 2 de abril de 5 de mayo -
marzo de 2003 contratista en el Centro 2003 de 2003
Nacional de la Construcción
como docente en la

35 El 28 de diciembre de 2001 se suspendió el contrato por el término de 23 días y reinició el 21 de

enero de 2002

18

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
352 del 21 de prestar sus servicios como 23 de mayo 27 de junio 13
mayo de 2003 docente en el área de de 2003 de 2003
Instalaciones de Redes de
Gas en el Centro Nacional
de la Construcción del
SENA REGIONAL
ANTIOQUIA.
470 del 9 de prestar sus servicios como 14 de julio de 30 de 9
julio de 2003 docente en el área de 2003 octubre de
Instalaciones de Redes de 2003
Gas en el Centro Nacional
de la Construcción del
SENA REGIONAL
ANTIOQUIA
993 del 31 de prestar sus. servicios como 5 de 19 de febrero 2
octubre de docente en el área de noviembre de de 200436
2003 Instalaciones de Redes de 2003
Gas en el Centro Nacional
de la Construcción del
SENA REGIONAL
ANTIOQUIA.
0012 del 25 de prestar sus servicios como 1° de marzo 20 de 6
febrero de 2004 contratista en El Centro de 2004 diciembre de
Nacional de la Construcción 2004
como docente en la
Especialidad de
Instalaciones de Redes de
Gas.
2059 del 30 de prestar sus servicios como 12 de enero 23 de abril 15
diciembre de Instructor de Instalación de de 2005 de 200537
2004 Redes de Gas en el Centro
de la Construcción del
SENA Regional Antioquia
0019 del 27 de prestar sus servicios como 28 de abril de 26 de julio de 3
abril de 2005 Instructor de Mantenimiento 2005 200538
y Reparación de artefactos
a gas en el Centro de la
Construcción del SENA
Regional Antioquía.
0103 del 14 de prestar sus servicios como 26 de julio de 26 de -
julio de 2005 Instructor de Mantenimiento 2005 octubre de
y Reparación de Artefactos 200539
a Gas en el Centro
Nacional de la Construcción
del SENA Regional
Antioquia.

36 El 19 de diciembre de 2003 se suspendió el contrato por el término de 31 días y se reinició el 19

de enero de 2004.
37 En tanto, no obra acta de terminación del contrato se tomará la fecha del acta de liquidación de la

orden de prestación de servicio.
38 Fecha del acta de liquidación de la orden de prestación de servicio.
39 Fecha del acta de liquidación de la orden de prestación de servicio.

19

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

0173 del 29 de prestar sus servicios como 26 de 27 de enero -
septiembre de Instructor de Mantenimiento octubre de de 200640
2005 y Reparación de Artefactos 2005
a Gas en el Centro
Nacional de la Construcción
del SENA Regional
Antioquia.
0049 del 24 de EL CONTRATISTA se 1° de febrero 15 de agosto 2
enero de 2006 prestar sus servicios como de 2006 de 2006
Instructor de Mantenimiento
y Reparación de Artefactos
a Gas en el Centro de la
Construcción del SENA
Regional Antioquia.
096 del 29 de prestar sus servicios como 29 de agosto 10 de febrero 8
agosto de 2006 Instructor de Redes de Gas, de 2006 de 200741
Mantenimiento y
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro Nacional
de la Construcción del
SENA Regional Antioquia.
058 del 8 de prestar sus servicios como 12 de febrero 18 de julio de -
febrero de 2007 Instructor de Redes de Gas, de 2007 2007
Mantenimiento y
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro Nacional
de la Construcción del
SENA Regional Antioquia
134 del 4 de prestar sus servicios como 4 de junio de 2 de -
junio de 2007 Instructor de Redes de Gas, 2007 noviembre
Mantenimiento y de 2007
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro para el
Desarrollo del Hábitat y la
Construcción del SENA
Regional Antioquia.
222 del 8 de prestar sus servicios como 10 de 19 de -
octubre de Instructor de Redes de Gas, octubre de noviembre
2007 Mantenimiento y 2007 de 2007
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro para el
Desarrollo del Hábitat y la
Construcción del SENA
Regional Antioquia.
293 del 20 de prestar sus servicios como 20 de 20 de -
noviembre de Instructor de Redes de Gas, noviembre de diciembre de
2007 Mantenimiento y 2007 2007
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro para el
Desarrollo del Hábitat y la
Construcción del SENA
Regional Antioquia:

40 Fecha del acta de liquidación de la orden de prestación de servicio. Este contrato fue suspendido

el 30 de diciembre de 2005 y reinició el 17 de enero de 2006.
41 Comoquiera que hubo una adición de 140 horas que inició el 15 de noviembre de 2006.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

037 del 23 de prestar sus servicios como 23 de enero -42 20
enero de 2008 Instructor de Redes de Gas, de 2008
Mantenimiento y
Reparación de Artefactos a
Gas en el Centro para el
Desarrollo del Hábitat y la
Construcción del SÉNA
Regional Antioquia.
281 del 30 de prestar servicios como 1° de 16 de -
octubre de instructor del Centro para el noviembre de diciembre de
2008 Desarrollo del Hábitat y la 2008 200843
Construcción en la Regional
Antioquia.

39.2. El 17 de septiembre de 2010 Javier de Jesús Crespo Muriel solicitó al Sena el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella44. La anterior petición fue negada a través del Oficio 2-2010-
005031 del 24 de septiembre de 2010 con fundamento en que los contratos de
prestación de servicios se celebraron conforme con lo dispuesto en el artículo 32,
numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma que expresamente establece que «en ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el
término estrictamente indispensable»45.

2.3.2. Testimoniales

40. En la audiencia de pruebas46 se recibió la declaración de parte y los testimonios
de Santiago Rodríguez Hernández, Nicolás Alberto Zapata Vásquez, y Tiberio de
Jesús Carmona Orrego, de los cuales se extrae lo siguiente:

40.1. Javier de Jesús Crespo Muriel empezó a trabajar desde el 1 de febrero de
1996 hasta el 21 de diciembre del 2008, a través de contratos de prestación de
servicios, con interrupciones en los periodos vacacionales.

40.2. Al ingresar al Sena lo hizo para impartir formación profesional integral y en los
contratos no se aludía a que podía o no trabajar en otra entidad. Sin embargo, en
alguna ocasión cuando laboró en la zona de Río Negro como instructor le indicaron
que no era posible porque interrumpía los trabajos con la institución, por ello, no
prestó sus servicios para ninguna otra entidad. Además, las actividades con las que
debía cumplir no se lo permitían.

42
No obra prueba de la fecha de terminación del contrato.
43 En tanto el plazo del contrato fue de 1.5 meses
44 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 01ExpedienteDigital201902621, páginas 7 a 9.
45 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «4ED_EXPEDIENTE_EXPDIGrar(.rar) NroActua 2»,

documento 01ExpedienteDigital201902621, página 10.
46

21

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

40.3. Recibió los horarios de trabajo por parte de la institución, sin embargo, en
ocasiones tuvieron que ampliarlos ante la necesidad de los cursos.

40.4. No presentó reclamación al finalizar cada contrato, salvo por la que originó la
presente controversia y con ocasión a los 12 años que fue contratado por el Sena
para impartir formación.

40.5. «La diferencia de un contrato de prestación de servicios y el contrato laboral es que en
el de prestación de servicios usted es autónomo, la prestación es personal, a usted le dan
una retribución y nunca se puede hacer un contrato de prestación de servicios en una
institución pública cuando el contrato va a ser permanente, va a ser subordinado, va a ser
sujeto a unas normas, a unos controles de supervisores o de personal que desempeñan las
labores de supervisión personal. Entonces, eso sería un contrato de prestación de servicios
y el contrato normal que hace un servidor público sería aquel donde ha participado de una
convocatoria o algo así por el estilo, ¿cierto? Y en realidad la diferencia del contrato de
prestación de servicios que yo hice y la del servidor público prácticamente al final se volvió
una relación de trabajo porque se hacían las mismas labores en los mismos sitios, bajo los
mismos horarios, bajo las mismas partes a realizar la formación siempre subordinado, como
le digo, se recibió una plata pues por el pago de esto, entonces yo digo que el contrato que
yo hice es también un contrato laboral aquí prácticamente no hubo suspensión de labores
porque las labores se hacían hasta entrar, digamos, a vacaciones o a fiestas
conmemorativas, de resto todo fue impartiendo formación en el Sena» (sic).

40.6. Nunca le iniciaron un proceso disciplinario, ni llamados de atención.

40.7. Cumplía con un horario de trabajo desde las 7 am hasta el mediodía y de 2 a 6
pm, otras veces entre las 6 y las 9 pm, en iguales condiciones con los instructores
de planta como por ejemplo Edison Orrego o Edwin Vera.

40.8. Realizó unas 4000 horas de formación que la institución dictaba y exigía, puesto
que quien no cumplía con los cursos de actualización no era contratado.

40.9. Debía presentar informes cada 15 días sobre el tiempo trabajado y las labores
realizadas. Había un control por parte de los supervisores o asesores, quienes
verificaban que estuvieran desarrollando los programas de clase. En las ocasiones
en las que se impartía formación fuera de las instalaciones el trabajo era
supervisado o las entidades entregaban la información al Sena.

40.10. Al terminar una clase había un espacio para continuar con los otros cursos en
jornada de la tarde o de la noche y se disponía de una sala de profesores en donde
revisaba comunicados de la institución y preparaba la clase.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

40.11. Había autonomía como profesional para impartir la formación, pero los cursos
siempre se acomodaban a lo que el Sena requería para la formación y según sus
lineamientos, lo que era verificado en los informes y por los supervisores.

40.12. Le «hicieron varias evaluaciones, pero de las que yo tengo conocimiento es la que
me hicieron en el servicio de empleo en el último año o en los últimos años para concursar
en el mismo puesto que estaba, que se quería que se desempeñara. Ahí salí nombrado
como el instructor de red de gas y de mantenimiento de reparación de gasodomésticos»
(sic).

40.13. Santiago Rodríguez Hernández conoció al demandante cuando este se
desempeñó como instructor del Sena, en ese entonces Centro de Construcción,
quien laboró en la institución desde enero de 1996 hasta diciembre de 2008 a través
de contratos ininterrumpidos, no obstante, desconoce los motivos de la terminación
del vínculo.

40.14. Él era instructor o docente en el área de topografía en el mismo centro desde
el año 1995 y el demandante cumplía con la función de dar instrucción en los cursos
ofrecidos por la institución en el área de gas y plomería.

40.15. El horario de trabajo era de 7:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes y, de 8:00
am a 1:00 pm los sábados.

40.16. No recuerda el salario, aunque el pago era mensual en una cuenta.

40.17. Javier
de Jesús Crespo Muriel recibía órdenes de los coordinadores
académicos de las disciplinas de gas y plomería.

40.18. Había personal de planta que cumplía iguales funciones a las ejercidas por
aquel y en la misma área, entre ellos, Edwin Vera Pabón y Edison Orrego.

40.19. El demandante se encargaba de preparar las acciones de formación mediante
una programación entregada por la coordinación académica en la que se
establecían los horarios y los grupos a los cuales se les impartiría la formación.
También participó en el diseño de la programación como por ejemplo en la
preparación de las evaluaciones seguimiento a la formación, capacitaciones y
seguimiento a los estudiantes que fueran perdiendo los módulos de formación
según los planes de mejora.

40.20. El Sena realizaba periódicamente programas de formación en el área de
pedagogía para los instructores.

40.21. Se les daba la orden de apoyar la formación en localidades distintas a la del

23

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

centro de la construcción, por ejemplo: en ejecución de convenios con empresa
públicas, con el municipio de Medellín, y su Secretaría de la Cultura, obligación que,
por lo que tiene entendido, no estaba contenida en los contratos. Habitualmente la
formación se impartía en las instalaciones del Sena y, con los materiales y equipos
suministrados por la entidad.

40.22. En varias ocasiones antes de que se terminara un contrato se gestionaba el
siguiente debido a la alta demanda de estudiantes y a que el personal de
instructores era poco.

40.23. De lo que recuerda, quienes suscribieron los contratos como representantes
legales del Sena fueron Armando Gómez Cardona y Nora Judith Hernández, hubo
otra persona, pero no tiene presente el nombre.

40.24. Nicolás Alberto Zapata Vásquez conoció al demandante desde el año de
1996, es decir, hace más o menos hace 15 o 16 años, porque fue su compañero de
trabajo en el Sena.

40.25. El demandante fue contratado por orden de prestación de servicios y de ello
tiene conocimiento porque es instructor de planta y presidente de la organización
sindical SINDESENA. Aquella es la modalidad usaba por la institución para vincular
alrededor de 22.000 instructores.

40.26. No tiene conocimiento del número de contratos que suscribió Javier de Jesús
Crespo Muriel, pero sí que permanecía en el centro y realizó instrucción como por
12 años.

40.27. Las funciones ejercidas por el demandante eran como la de todos los
instructores, impartir formación profesional a los diferentes grupos, en su caso, en
el área de gas, presentar informes, asistir a las reuniones que programaba la
dirección. Asimismo, orientaba formación dentro de las instalaciones del Sena o
donde este lo requiriera, tenía un horario de trabajo, un jefe, debía presentar
informes y prestaba el servicio de manera personal.

40.28. Era común que la institución contratara personal para que desarrollaran las
acciones misionales como impartir formación y realizar asistencia técnica en las
empresas, debido a que el personal de planta era escaso como 3 quienes cumplían
iguales funciones a los contratos mediante prestación de servicios.

40.29. El horario de trabajo en el Sena es de 6:00 am a 10:00 pm y era usual que un
instructor, independientemente del tipo de vinculación, prestara sus servicios en
estos horarios ya que ello dependía de la programación que previamente entrega el

24

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

coordinador académico.

40.30. La institución programaba capacitaciones y actividades de obligatoria
asistencia y el demandante recibía órdenes tales como cumplir con la programación,
desplazarse a otro lugar de trabajo, por ejemplo, a otro municipio o a alguna
empresa, prestar asesoría, hacer proyectos para el centro.

40.31. Al interior de la entidad los llamados de atención son normales, se emiten
directrices, circulares o comunicaciones. No obstante, no tiene evidencia respecto
del demandante.

40.32. Existió una reglamentación interna que regula cuando los contratistas son
enviados a prestar servicio por fuera de las instalaciones del Sena. A ellos también
se les exige atender el reglamento de trabajo.

40.33. Los periodos en los que se le terminaba un contrato y se iniciaba uno nuevo al
demandante coincide habitualmente con el tiempo de vacaciones. Sin embargo, su
contratación fue permanente, pero con las interrupciones del periodo vacacional.

40.34. Tiberio de Jesús Carmona Orrego conoció al demandante porque fue su
compañero de trabajo desde el año 1996 hasta el año 2008 en el Centro de
Construcción, hoy Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.

40.35. Javier de Jesús Crespo Muriel estaba contratado por prestación de servicios,
pero trabajaba en iguales condiciones a las de él que estaba vinculado de planta.

40.36. El horario que se cumplía en la institución era de 6:00 am a 10:00 pm, según
la programación que iba desde la mañana hasta la noche en los grupos de
complementación.

40.37. Notiene conocimiento de cuánto era su pago, pero no le reconocían
prestaciones sociales.

40.38. Laboró para la institución desde el año 1996 hasta el año 2008, por lo que
asume que le debieron «renovar los contratos» durante ese periodo. No tiene
conocimiento sobre la suscripción de estos, pero le consta que trabajaba de forma
constante. En aquel tiempo, hubo una alta demanda de temas relacionados con el
gas, por lo que la institución requirió personal en esta área. Se crearon programas,
y él siempre estuvo impartiendo formación, a pesar de que había personal de planta
en este campo.

40.39. La prestación del servicio era personal, por lo que no era posible enviar un
reemplazo pues, a todos se les asignaba un programa de formación para cumplir

25

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

en un horario determinado, un aula, de conformidad con un listado de los aprendices
y con los materiales suministrados por el Sena. Se les indicaba a quién se le debía
presentar los informes y se designaba una persona que controlaba que se dictaran
la clase a la hora establecida.

40.40. El demandante recibía órdenes de los coordinadores, entre ellos, Jorge Toro
Navarrete y Julio Ernesto Escobar. Sin embargo, no tiene conocimiento si alguna
vez le llamaron la atención.

40.41. Dictó cursos, por ejemplo, a Empresas Públicas de Medellín según convenios
suscritos por el Sena. Incluso, tiene conocimiento de que en los contratos se
establecía una cláusula que disponía que el área de trabajo cubría todo el
departamento de Antioquia, pero no les reconocían viáticos.

40.42. No existía diferencia entre las obligaciones de los contratistas y la de los
empleados de planta puesto que todos tenían que cumplir con un horario, les
entregaban un programa de formación diseñado por el Sena, una planeación del
curso en un formato, debían hacer evaluaciones y seguimientos, presentaban
informes mensuales, certificaban los alumnos.

40.43. Los coordinadores académicos hacían llamados de atención, tanto a los
instructores contratistas como a los de planta, por ejemplo, cuando los citaban a
capacitaciones obligatorias y no asistían.

40.44. La misión del Sena es dar formación profesional integral, en el caso del centro,
en todas las áreas de construcción, entre ellas, la de redes de gas y plomería.

40.45. Según su conocimiento, la labor desempeñada por el demandante era
permanente, porque él descansaba en diciembre 21 a 24 y regresaba más o menos
el 15 de enero, incluso si aún no tenían contrato.

40.46. Pagaba la seguridad social por su cuenta y debía firmar el contrato según los
términos de la institución de lo contrario no lo contrataban.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Javier de Jesús Crespo Muriel
y el Sena.

26

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

42. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Javier de Jesús Crespo Muriel prestó sus servicios al Sena, vinculado por medio
de contratos que suscribió con la entidad, con el fin de desempeñarse como
instructor en el área de instalaciones de redes de gas y mantenimiento y reparación
de artefactos a gas.

43. Ahora, si bien, tanto en la reclamación administrativa como en el escrito de la
demanda el periodo reclamado fue del 25 de enero de 1996 al 21 de diciembre de
2008 y los testigos afirmaron que el demandante se desempeñó como instructor
desde el año 1996, lo cierto es que de acuerdo con los contratos aportados se probó
que prestó el servicio entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008,
extremos que serán los que se tengan en cuenta en el presente análisis.

44. Está claro que debió prestar sus servicios de forma personal y en atención a sus
calidades, estudios como tecnólogo en obras civiles y sus conocimiento en
instalaciones de gas pues, de los contratos y de las pruebas testimoniales recibidas
en el proceso se observa que fue contratado para prestar sus servicios personales
como instructor y que las obligaciones contractuales realizadas eran afines a sus
competencias, así como, en atención a su idoneidad, capacidad y experiencia
laboral según se determinó en las consideraciones por ejemplo del contrato 281 del
30 de octubre de 2008 que alude «el CONTRATISTA cuenta con la capacidad e
idoneidad pertinentes para ejecutar el objeto del contrato así como con la experiencia
directamente relacionada requerida».

45. Además, no existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta
labor tal y como se extrae de la cláusula incluida en todos los contratos en la que
se manifestó que, por tratarse de contratos celebrados en consideración a las
calidades personales del contratista, este no podría cederlos sin autorización previa
y expresa del contratante, lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido; de lo
que se sigue que era él y no otra persona quien debía ejecutar las obligaciones
pactadas.

2.4.1.2. Remuneración

46. Javier de Jesús Crespo Muriel percibió una remuneración por el trabajo realizado,
tal y como se evidencia de los contratos de prestación de servicios que suscribió
con el Sena, en los que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende
como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

27

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

47. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

48. Precisamente los testimonios dan cuenta que el empleador impuso las
condiciones de ejecución de la labor para que el trabajador desarrollara sus labores,
sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia, pues Javier de Jesús
Crespo Muriel, además de los señalado anteriormente, no podía delegar sus labores
de instructor en otra persona, las tareas que desarrollaba debían realizarse de forma
continua, salvo en el periodo vacacional, y debía asistir a reuniones y
capacitaciones, según las exigencias de la institución.

49. De los testimonios y la declaración de parte también se advierte que los horarios
de los cursos de formación y la programación eran asignados por el coordinador
académico; que cada programa de formación tenía unos contenidos
preestablecidos por la institución y diseños curriculares específicos para cada área
exigibles a todos los instructores independientemente del tipo de vinculación pues,
había personal de planta que ejecutaba iguales obligaciones; se le suministraban
los elementos o las herramientas para la ejecución de las obligaciones pactadas,
así como el aula de clases para tal fin.

50. Asimismo, la labor se desarrollaba en las instalaciones del Sena y, en caso de
requerirse, por fuera de estas por instrucción de la entidad. En lo que respecta, el
ejercicio del ius variandi también se advierte por ejemplo en una de las cláusulas de
los contratos que indica «GASTOS DE VIAJE: Cuando se requieran los servicios DEL
CONTRATISTA por fuera del área geográfica asignada para el objeto del Contrato, EL
SENA cancelará, adicionalmente, el valor de los gastos de alojamiento, alimentación y
transporte, incluyendo tiquetes aéreos; manteniendo así el equilibrio financiero del
Contrato», lo que denota la disposición del Sena para determinar el lugar de
ejecución del contrato.

51. Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver
que la actividad desplegada por Javier de Jesús Crespo Muriel se realizó de
conformidad con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su

28

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

propia dirección y gobierno.

52. Lo anterior, se corrobora luego de analizados los objetos contractuales en los
que se aprecia que debía «prestar sus servicios como Docente» «instructor». En efecto,
tal y como lo ha reconocido esta corporación, la función prestada por el Sena a
través de los instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral,
dentro de un sistema de educación no formal que no desconoce la calidad de labor
educativa.

53. Ahora, aunque para encontrar acreditado el elemento de la subordinación se han
exigido elementos de convicción pues, tal labor pese a hacer parte de las funciones
propias de la entidad no implica per se una relación de sujeción, esta Sala encuentra
que la valoración de los testimonios de Santiago Rodríguez Hernández, y
especialmente, de Nicolás Alberto Zapata Vásquez y Tiberio de Jesús Carmona
Orrego, quienes manifestaron ser empleados de planta, lo que no fue tachado por
la entidad, dieron cuenta de que el demandante cumplió con su labor en iguales
condiciones a las exigidas a ellos y en cuanto al tiempo, modo y lugar de la
prestación del servicio, encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de la
entidad, pues son las de un «docente / instructor».

54. Aunado a ello, es incuestionable el ánimo de la entidad demandada de emplear
de modo permanente y continuo los servicios el demandante como instructor, pues
la labor se desarrolló por espacio de 9 años. Así pues, los sucesivos contratos dan
cuenta de la vocación de permanencia en el servicio, sin que se denote
excepcionalidad y transitoriedad, contrario a ello ejecutó actividades misionales o
del giro ordinario de la entidad en cumplimiento de funciones del cargo de instructor
que hace parte de la planta de personal del Sena.

55. Con todo, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, en el entendido de que el demandante permitió el cumplimiento de la
misión encomendada al Sena, pues es claro que a través del objeto contratado
aportó al desarrollo de las funciones atribuidas a dicha institución.

56. Al respecto, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país»,
función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud con las
labores desempeñadas por el demandante, es decir, este ejecutó tareas que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, como instructor, pues la
función formadora es de carácter permanente.

29

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

57. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

58. Valga indicar que, para encontrar acreditada la relación laboral ha de valorarse
aspectos como la naturaleza del empleo, el objeto del contrato y las funciones a
desempeñar, carga que le corresponde probar a la parte demandante. En tal
sentido, pese a que en los contratos suscritos las obligaciones pactadas fueron
generales, tal y como se precisó, de la prueba testimonial se pudo concluir que se
ejecutaron bajo los lineamientos y directrices de la entidad, sin que le fuera posible
al demandante cumplirlas bajo su propia dirección.

59. Además, impartir formación como instructor corresponde a una obligación propia
y permanente de la entidad y a cargo de un empleo específico, y el objeto de las
supuestas obligaciones atienden a esa función. Luego, la contratación del
demandante no cubrió una necesidad temporal de la administración.

60. Asimismo, como indicios de la subordinación se pueden apreciar el lugar de
trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta y/o que la labor desarrollada se enmarca en el
objeto misional de la entidad, circunstancias estas de las que dieron cuenta los
testimonios y que fueron valoradas y se relacionan con el objeto contractual
convenido por las partes.

61. En el párrafo 35 de la sentencia de primera instancia se indicó que no se había
demostrado que el demandante trabajara bajo subordinación o dependencia para la
institución, ni que sus funciones fueran permanentes; en tanto que, aunque algunos
testigos habían señalado que las labores eran similares a las de los empleados de
planta, también habían precisado diferencias, como que los empleados de planta
pasaron un concurso de méritos y que la contratación de instructores dependía de
necesidades específicas, razón por la cual no se puede equiparar el cargo de
instructor contratado con el de empleado de planta.

62. Sobre el particular, la forma de vinculación no es determinante para descartar la
existencia de una relación laboral. De hecho, es la vinculación irregular la que se
desnaturaliza si se prueban los elementos esenciales de la relación laboral. Más
aún, la carencia de personal no justifica la ausencia de una adecuada planeación
por parte de la entidad demandada, ni legitima la contratación irregular para cubrir
labores que tienen un carácter permanente.

30

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

63. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»47.

64. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»48.

65. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices del coordinador
académico de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle
responsabilidades particulares en cuanto a los programas de formación de acuerdo
con las necesidades del servicio, los horarios y el lugar de trabajo, lo que demuestra
que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer
del trabajo del demandante y lo que denota la existencia de una indiscutible
subordinación.

66. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado el demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de 9 años.

67. Asimismo, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
48 Ibidem.

31

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»49, tal y
como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

68. Es incuestionable entonces, el hecho de que la ejecución del objeto convenido
no se realizó de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación
de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató
de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por
los coordinadores académicos, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que
se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

69. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, afirmación que se desprende
de los testimonios y de los contratos de prestación de servicios.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

70. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

71. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

32

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

72. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

73. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].

74. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo

33

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

contractual»50.

75. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 17 de septiembre de 2010 y la demanda el 11 de octubre de igual anualidad,
se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 21 de diciembre de 2008 y que
entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa, tal y como se observa en el
cuadro visible en el párrafo 39.1.

76. Lo anterior por cuanto, si bien entre los contratos 243 del 30 de agosto de 1999
y 0008 del 28 de enero de 2000 hubo una interrupción de 31 días y entre este último
y el 171 del 19 de febrero de 2001 de 45 días, es decir, superiores a 30 días, estas
se encuentran justificadas en el periodo de vacaciones según el calendario
académico, pues se dieron entre diciembre y enero. En igual se sentido se ha
determinado en anteriores oportunidades por esta subsección51.

77. Ahora bien, aunque no obra prueba de la fecha de terminación del contrato 037
que inició el 23 de enero de 2008, lo cierto es que incluso teniendo en cuenta esta
fecha el demandante contaba hasta el 23 de enero de 2011 para presentar la
reclamación, lo que ocurrió con anterioridad, esto es el 17 de septiembre de 2010.

78. De tal manera, el demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones
laborales por los periodos ocurridos entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de
diciembre de 2008, salvo sus interrupciones.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

79. Con base en todo lo anterior, se establece que Javier de Jesús Crespo Muriel
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en el

50 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024,

radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, radicado 63001-23-33-000-2019-
00159-01 (2006-2021), entre otras.

34

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008 y
el criterio de la Sala es que la liquidación debe realizarse en consideración al salario
de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó.

80. Por su parte, el Sena deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Javier de Jesús Crespo Muriel, que corresponde a los salarios de
un empleado de planta que desarrollara funciones de instructor por todos los
periodos laborados, por su carácter de imprescriptibles52, para lo cual deberá cotizar
al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para estos efectos, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

81. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales53 frente al
cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas54.

82. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Javier de Jesús Crespo Muriel debía ser remunerada de
conformidad con lo devengado por un instructor de planta, en la medida en que
realizaba iguales funciones a las suyas.

52 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).
53 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
54 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

35

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

83. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 55 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

84. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones de carácter legal que devengara un instructor de la entidad
demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

85. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido.

86. Ahora, si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por
el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»56; esta Sala modificó su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas57.

87. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales58, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

88. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024,

radicados 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-
2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
58 Artículo 53 de la Constitución Política.

36

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»59.

89. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

90. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las diferencias
surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

91. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

92. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación a
la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo 93
de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

93. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió aquel por concepto de honorarios y lo
percibido por un instructor del Sena que cumplía las funciones en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.

94. En este punto, y a efectos de determinar el restablecimiento del derecho, es
necesario indicar que el Decreto 1424 de 1998 «[p]or el cual se establece el sistema

59 Sentencia T-102 de 1995.

37

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional de
Aprendizaje-Sena» señala una escala de asignación básica que comprende
diferentes grados del empleo de instructor [del 01 al 20], pero también establece
unos criterios objetivos que permiten ubicar al servidor en uno de los distintos
grados. Al efecto, el artículo 6 alude a unos factores a evaluar que comprende:
experiencia, desempeño, producción técnico-pedagógica, educación y capacitación
técnica y pedagógica. A continuación, la norma desarrolla cada uno de los criterios
y establece la forma de otorgar puntos por cada uno de los ítems; finalmente indica
la manera de determinar el grado de remuneración de acuerdo con los puntos
obtenidos en cada uno de los factores evaluables.

95. De manera tal que, el Sena cuenta con criterios objetivos para determinar el
grado de remuneración del instructor a partir del estudio de su hoja de vida, de forma
que no existe impedimento alguno para que el restablecimiento del derecho se
realice con base en los salarios de un empleado de planta.

96. Se aclara, que si bien hay unos periodos que se superponen a otros, lo cierto-es-
que únicamente habrá lugar a un solo reconocimiento por estos tiempos en lo que
tiene que ver con las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho el
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), a efectos de no
desconocer la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política en
cuanto a que «(n)adie podrá (...) recibir: más de una asignación que provenga del tesoro
público».

97. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta. Por tal razón, se
revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar acceder a las
pretensiones de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

2.4. Costas

98. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

38

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

99. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

100. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma60.

101. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

102. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y se revocará las
impuestas en primera instancia.

3. Conclusión

103. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que hubo una relación laboral
entre Javier de Jesús Crespo Muriel y el Sena en los periodos comprendidos entre
el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, salvo sus interrupciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda incoada por Javier de Jesús Crespo Muriel contra

60En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

39

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2010-005031 del 24 de septiembre de
2010, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Javier de Jesús Crespo
Muriel y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo comprendido
entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre de 2008, tiempo que se tendrá
en cuenta para efectos pensionales.

Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Javier
de Jesús Crespo Muriel las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de
los empleados públicos, por el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1999
y el 16 de diciembre de 2008, las cuales deberán liquidarse con base en la
asignación salarial del cargo de instructor.

Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tome el ingreso
base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por
prestación de servicios, esto es entre el 30 de agosto de 1999 y el 16 de diciembre
de 2008, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en la
asignación salarial del cargo de instructor.

Sexto. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hará la actualización sobre las
sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC)
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado,
a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Octavo. Revocar la condena en costas impuestas en primera instancia.

40

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02621-01 (3361-2024)
Demandante: Javier de Jesús Crespo Muriel

Noveno. No condenar en costas en esta instancia.

Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

41

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.