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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02704-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02704-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 14 de agosto de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el Hospital Antonio Roldán Betancur en contra de la Nación – Ministerio del Trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio la excepción de probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de los recursos obligatorios en la actuación administrativa como requisito de procedibilidad. TERCERO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02704-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02704-01 (2643-2025).
Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo.
Tema: Multa por negativa a iniciar las conversaciones de arreglo directo.
El agotamiento de los recursos obligatorios en sede
administrativa como requisito de procedibilidad.
Decisión: Revocar la sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad, la Sala resolverá el recurso de apelación presentado por la
entidad demandante contra la sentencia de fecha 14 de agosto de 2025, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones nro.
2371 del 27 de septiembre de 2018; 3210 del 12 de diciembre del mismo año; y
0466 del 26 de febrero de 2019, por medio de las cuales se resolvió una
investigación administrativa, se rechazó el recurso de apelación y se desató un
recurso de queja, respectivamente.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió el «no cobro de la multa impuesta»
y la actualización de la condena.

4. Hechos. El 9 de diciembre de 2016, el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia y de los Entes
Descentralizados (SINTRAOFAN), presentó ante el Ministerio del Trabajo una queja
formal por la negativa del Hospital Antonio Roldán Betancur a iniciar las
conversaciones dentro del proceso de negociación ante la presentación del pliego
de peticiones.

5. Producto de esa querella, la entidad demandada dio inicio al procedimiento
administrativo sancionatorio.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02704-01 (2643-2025)
Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur

6. Luego de surtirse las etapas correspondientes, el Ministerio del Trabajo emitió la
Resolución nro. 2371 del 27 de septiembre de 2018, por medio del cual impuso una
multa a la ESE consistente en «cinco veces el salario mínimo por cada día de mora».

7. Contra este acto administrativo se interpusieron los recursos de reposición y
apelación; sin embargo, estos fueron rechazados por la no cancelación del valor de
la sanción.

8. Finalmente, se presentó el recurso de queja contra la anterior decisión, pero el
mismo fue desatado desfavorablemente en la Resolución nro. 0466 del 26 de
febrero de 2019.

9. Fundamentos de derecho. Se señaló como vulnerado el artículo 433 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST). Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado
de la entidad demandante expuso que los actos enjuiciados fueron expedidos de
manera irregular, mediante falsa motivación y con infracción de las normas en que
debían de fundarse, como pasa a explicarse.

10. En primer lugar, afirmó que la entidad demandada vulneró el principio de
congruencia, toda vez que la negativa a negociar el pliego de condiciones no está
contenida en el inciso primero del artículo 433 del CST, sino en el segundo.
Entonces, mal hizo el Ministerio del Trabajo en sancionar con base en una conducta
que no se imputó.

11. En segundo lugar, advirtió que no existían los elementos materiales probatorios
para sancionar a la entidad, dado que la gerente del hospital puso de presente que
la organización sindical no había entregado el pliego de peticiones y que siempre
estuvo dispuesta a recibir a los miembros del sindicato, pero estos nunca acudieron.

12. Sobre el último punto resaltó que: i) no le correspondía a la entidad requerir u
oficiar a los miembros de la asociación sindical para que se presentaran a iniciar la
etapa del arreglo directo, y que ii) en la sanción el ministerio atribuye al
representante legal de la ESE la carga de demostrar que no actuaba de mala fe,
obligándolo a probar que siempre estuvo dispuesto a recibir a los miembros de la
asociación sindical.

13. En tercer lugar, adujo que el interrogatorio del señor Hernán Alberto Echeverri
—presidente de SINTRAOFAN— no daba cuenta de la recepción del pliego de
peticiones en la entidad, ya que el Oficio a que hace referencia el sindicalizado no
está dirigido al hospital y en él se afirma que se hará entrega a la ESE, mas no que
se facilitó.

14. En cuarto y último lugar, sostuvo que es abiertamente inconstitucional que la
procedencia del recurso de apelación esté atada al pago de la multa.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02704-01 (2643-2025)
Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur

15. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad legal, la Nación -
Ministerio del Trabajo ejerció su derecho de defensa y contradicción en los
siguientes términos:

16. La negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido de manera
internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por medio del
pliego de peticiones un sindicato puede solicitar mejores beneficios para los
trabajadores sindicalizados; sin embargo, cuando la empresa se niega a negociar
con la organización sindical viola de forma grave sus prerrogativas.

17. Así, no es del arbitrio del ministerio establecer si sanciona o no a un empleador
por negarse o eludir iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término
señalado, sino que su intervención se refiere a situaciones netamente objetivas, en
el sentido de valorar la conducta desplegada, verificar que se encuentre regulada
en una norma establecida por el legislador y que la misma tenga una sanción.

18. En el caso de marras, el negarse o esquivar el inicio de las conversaciones de
arreglo directo dentro del término señalado se encuentra contemplado en el numeral
2.° del artículo 433 del CST.

19. Por ello, sostuvo que no era cierta la vulneración del principio de congruencia,
porque cuando la ESE tuvo conocimiento del pliego de peticiones presentado por la
organización sindical debió haber citado a los negociadores para dar trámite a la
etapa de arreglo directo.

20. Finalmente, propuso las excepciones de «legalidad y plena validez de los actos
administrativos demandados», «potestad sancionatoria del Ministerio del Trabajo»
y «cumplimiento de las funciones por parte del Ministerio del Trabajo».

21. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 14 de agosto de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda. Para arribar a esa decisión, tuvo en cuenta las siguientes
consideraciones:

22. Contrario a lo afirmado por la parte actora, el Ministerio del Trabajo sí tipificó
adecuadamente la conducta prevista en el numeral 2.º del artículo 433 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues al formular el cargo relacionado con la negativa de
iniciar la negociación colectiva únicamente transcribió el contenido del numeral
primero de esa disposición. Además, al precisar la consecuencia jurídica indicó
expresamente que la sanción aplicable era la prevista en el numeral segundo del
mismo artículo.

1 PDF «007 MEMORIAL CONTESTACIÓN DDA MIN TRABAJO» de la carpeta «000-2019-02704 – HÍBRIDO»

contenido en el expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción «Gestionar documentos» de la
plataforma SAMAI de primera instancia.
2 PDF «045 Sentencia_201902704», ib.

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Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur

23. Añadió que ambos numerales deben interpretarse de manera sistemática, pues
el primero consagra el deber de iniciar las conversaciones dentro de la etapa de
arreglo directo, mientras que el segundo establece la consecuencia sancionatoria
derivada de su incumplimiento. En ese sentido, una interpretación aislada de cada
disposición desnaturalizaría la finalidad de la norma, orientada a garantizar el inicio
oportuno de la negociación colectiva.

24. Asimismo, consideró que no se vulneró el principio de buena fe por el hecho de
que la autoridad administrativa exigiera a la entidad investigada acreditar las
gestiones adelantadas para convocar al sindicato e instalar la mesa de negociación.

25. De igual manera, sostuvo que el Ministerio del Trabajo valoró adecuadamente
el material probatorio recaudado durante el procedimiento administrativo
sancionatorio, en especial las declaraciones y testimonios rendidos, de los cuales
se desprendía la conducta omisiva atribuida al Hospital Antonio Roldán Betancur
respecto de su obligación de iniciar la negociación colectiva.

26. En efecto, el a quo destacó que el Oficio visible a folio 54, junto con las
declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento permitían concluir que el 9
de noviembre de 2016 el sindicato presentó el pliego de peticiones ante la
representante legal de la ESE, circunstancia que acreditaba el cumplimiento del
deber de radicarlo dentro del término legal.

27. Por su parte, la entidad investigada no aportó prueba alguna que demostrara
haber realizado gestiones para instalar la mesa de negociación, ni citaciones, ni
comunicaciones dirigidas a los representantes sindicales, lo que evidencia el
incumplimiento de la obligación de hacer prevista en el artículo 433 del Código
Sustantivo del Trabajo. La simple manifestación de disposición para recibir a los
miembros del sindicato, sin respaldo documental ni acciones concretas, no resultó
suficiente para desvirtuar el cargo formulado.

28. Por último, concluyó que el trámite impartido a los recursos interpuestos contra
el acto administrativo sancionatorio se ajustó al ordenamiento jurídico, toda vez que
la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-741 de 2013, declaró exequible la
exigencia de acreditar el pago previo de la multa como presupuesto para la
procedencia de los recursos administrativos.

29. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante la recurrió en apelación con fundamento en los siguientes
argumentos:

30. Dentro del expediente no obra prueba alguna que demuestre que la gerente de
la ESE, o cualquier otro funcionario autorizado para recibir el pliego de peticiones
presentado por la organización sindical, hubiera recibido efectivamente dicho
documento.

3 Folios 338 a 352 del expediente.

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Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur

31. Por tal motivo, es errado que el tribunal diera por demostrado que el Hospital
Antonio Roldán Betancur recibió el pliego de peticiones con fundamento en una
simple constancia de recibido y en declaraciones testimoniales que presentan
inconsistencias respecto de la fecha de entrega, la identidad del funcionario receptor
y las circunstancias en que supuestamente se produjo su radicación.

32. Dicha conclusión desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la
cual la obligación de instalar la mesa de negociación colectiva únicamente surge
cuando el empleador tiene conocimiento pleno, formal y oportuno del pliego de
peticiones. En consecuencia, mientras ese presupuesto fáctico no se acredite, no
nace la obligación correlativa de iniciar la etapa de arreglo directo ni resulta
procedente la imposición de la sanción prevista en el artículo 433 del Código
Sustantivo del Trabajo.

33. Expresó que el mencionado artículo impone al empleador el deber de recibir a
los delegados de la organización sindical. Sin embargo, en el expediente no obra
prueba alguna que demuestre que la ESE se hubiera negado o hubiera eludido el
inicio de las conversaciones. De haberse presentado tal situación, correspondía a
la organización sindical acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrió dicha negativa, carga probatoria que, a su juicio, no fue satisfecha durante
el trámite administrativo.

34. De otro lado, manifestó que la multa fue impuesta en el máximo legal permitido
—equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales diarios por doscientos veintiocho
(228) días—, sin que la autoridad administrativa motivara adecuadamente la
gravedad de la conducta, la existencia de perjuicios concretos o el grado de
culpabilidad atribuible al empleador.

35. Finalmente, sostuvo que el rechazo de los recursos de reposición y apelación,
con fundamento en la falta de pago previo de la multa, vulneró el derecho de acceso
a la administración de justicia y el derecho de defensa de la ESE. Señaló que,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la exigencia del pago previo
debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que no
se convierta en un obstáculo irrazonable para el ejercicio del derecho a la doble
instancia.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

36. La admisión del recurso. Mediante auto del 17 de abril de 20264 se admitió la
alzada. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el Agente del Ministerio
Público Delegado ante esta corporación, quien solicitó revocar la sentencia de
impugnada porque no se existe prueba que acredite la presentación del pliego de
peticiones ante el empleador, por lo que la sanción impuesta carece de sustento
respecto de la conducta típica.

4 Actuación visible en el índice 6 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: ESE Hospital Antonio Roldán Betancur

37. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

38. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de marras.

39. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por la
entidad recurrente, corresponde determinar si ¿se acreditó el presupuesto fáctico
que hacía exigible el deber de negociación colectiva entre el Hospital Antonio
Roldán Betancur y el sindicato SINTRAOFAN?

40. El caso concreto. Resolución del interrogante planteado: ¿se acreditó el
presupuesto fáctico que hacía exigible el deber de negociación colectiva del Hospital
Antonio Roldán Betancur con el sindicato SINTRAOFAN?

41. En principio, correspondería a la Sala resolver el anterior cuestionamiento, de
no ser porque se avizora el incumplimiento de un presupuesto procesal, como pasa
a explicarse.

42. Mediante la Resolución nro. 2371 del 27 de septiembre de 20187, el Ministerio
del Trabajo impuso una multa al Hospital Antonio Roldán Betancur por negarse a
iniciar la negociación colectiva con el sindicato SINTRAOFAN. En el artículo cuarto
de dicho acto se dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que frente a esta decisión proceden los
recursos de REPOSICIÓN y de APELACIÓN de conformidad con lo dispuesto en el
ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1437 DE 2011 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
ADVIRTIÉNDOSE que para interponer los recursos debe consignar el valor de la
multa a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA conforme a lo
previsto por el NUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 433 DEL CÓDIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.»

43. Contra esta decisión la entidad interpuso los recursos de reposición y apelación;
sin embargo, ambos fueron rechazados a través de la Resolución nro. 3210 del 12
de diciembre del mismo año8, debido a que no se certificó el pago de la penalidad
impuesta.

5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 Folios 304 a 319 del PDF «004-1 DEMANDA ESCANEADA», contenida en la carpeta
«039ED_000201902704HIBRIDO» del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción «Gestionar
documentos» de la plataforma SAMAI.
8 Folios 356 a 359, ibidem.

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44. Inconforme con la anterior determinación, la ESE radicó recurso de queja; el
cual fue resuelto desfavorablemente en la Resolución nro. 0466 del 26 de febrero
de 20199, al considerar que la exigencia de consignar previamente el valor de la
sanción se ajustaba a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-741
de 2013.

45. Sobre este aspecto, esta Subsección precisó recientemente10 que la falta de
pago de la multa no solo impide el trámite de los recursos administrativos de
reposición y apelación, sino que, tratándose de un presupuesto obligatorio, también
imposibilita el acceso a la jurisdicción contencioso administrativo. Al respecto,
señaló:

«Del pago como presupuesto para recurrir

22. El artículo 433 del CST consagra una sanción de multa para el empleador que,
una vez recibido el pliego, no inicie las conversaciones de la etapa de arreglo directo
dentro del término consagrado por la norma. Pero, además, la norma exige que para
que procedan los recursos se debe pagar previamente la multa.

23. La Corte Constitucional declaró exequible esta condición en la Sentencia C-741
del 2013. En la providencia se estudia si la exigencia vulnera la igualdad, el debido
proceso y, especialmente, el derecho a la defensa de los empleadores. A partir de
un juicio integrado de proporcionalidad, concluyó que:

«[…] la exigencia hecha al interesado en impugnar el acto administrativo que
impone la multa, en nada desconoce el núcleo esencial de su derecho al
debido proceso, pudiendo éste -el patrono- fácilmente evitar la imposición de
la sanción, si recibe a los trabajadores en el término consagrado. El objeto
que pretende resguardar la norma, explica y sustenta en forma fehaciente la
imposición de la carga adicional que para el ejercicio de los recursos de la
vía gubernativa debe soportar el empleador como consecuencia del
incumplimiento de sus deberes en relación con el derecho a la negociación
colectiva, consagrado constitucionalmente en el artículo 55» (Énfasis fuera
de texto)11.

24. La exigencia del pago como requisito para que procedan los recursos de la
actuación administrativa supone una garantía reforzada del derecho a la
negociación colectiva previsto en el artículo 55 de la Constitución Política de 1991,
que dispone: «Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado
promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los
conflictos colectivos de trabajo».

25. La facultad administrativa reconocida en favor de las autoridades del trabajo es
coherente con la relevancia constitucional de ambos derechos y el deber estatal de
resguardarlos, pues la garantía de asociación sindical es reconocida como un
derecho fundamental, mientras que el derecho a la negociación colectiva alcanza
dicho estándar cuando se verifica una vulneración que, a su vez, supone la violación
o amenaza del primero o del derecho al trabajo4.

9 Folios 661 a 669, ibidem.
10 Sentencia del 29 de abril de 2026, expediente nro. 47001-23-33-000-2023-00056-01 (6767-2024), C.P. Jorge

Iván Duque Gutiérrez.
11 Declarado exequible en: Corte Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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26. Ahora, el no pago de la multa, no solo trae como consecuencia la imposibilidad
de interponer los recursos, sino que en el caso de que proceda el recurso de
apelación, al no poder interponerse este, tampoco se puede acudir a la jurisdicción,
pues la interposición de tal recurso es requisito obligatorio para el ejercicio de la
acción, tal como quedó dicho».

46. Pues bien, en este asunto es evidente que la parte actora no agotó el requisito
de procedibilidad contenido en el numeral 2.° del artículo 161 del C.P.A.C.A., según
el cual «[c]uando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. […]».

47. Lo anterior, en razón a que entre las decisiones demandadas se encuentran las
Resoluciones nro. 3210 del 12 de diciembre del mismo año y 0466 del 26 de febrero
de 2019 que, en su orden, rechazaron el recurso de apelación presentado contra la
decisión sancionatoria y resolvieron negativamente la queja interpuesta.

48. Tales decisiones se fundamentaron en la falta de pago de la multa que le fue
impuesta a la entidad demandante en la Resolución nro. 2371 del 27 de septiembre
de 2018. Por tanto, el aludido incumplimiento impide que esta Subsección emita una
decisión de fondo y, por demás, habilita revocar la sentencia impugnada para, en
su lugar, declarar probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de los
recursos obligatorios en la actuación administrativa como requisito de
procedibilidad.

49. Condena en costas en esta instancia. La modificación del artículo 188 del
C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del C.G.P.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

52. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto no
se acogieron los argumentos del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas

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por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 14 de agosto de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el Hospital Antonio Roldán Betancur en contra de la Nación – Ministerio
del Trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio la excepción de probada de oficio la
excepción de falta de agotamiento de los recursos obligatorios en la actuación
administrativa como requisito de procedibilidad.

TERCERO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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