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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00056-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar: Segundo. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de los recursos en la actuación administrativa como requisito de procedibilidad, respecto de la Resolución 138-22 del 1.° de junio de 2022. Tercero. DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control, respecto de la Resolución 265-22 del 26 de septiembre de 2022. Cuarto. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. 9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 47001-23-33-000-2023-00056-01 (6767-2024) Quinto. Reconocer personería al abogado Fabián Camilo Oviedo Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía 10.781.825 y la tarjeta profesional 276.362 del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandada, según memorial visible a índice 8 del aplicativo SAMAI. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2023-00056-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00056-01 (6767-2024)
Demandante: Vives Castro & CIA S.C.A.
Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo

Temas: Agotamiento de los recursos en la actuación administrativa como
requisito de procedibilidad. Acto no susceptible de control
judicial. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La sociedad Vives Castro & CIA S.C.A. instauró demanda en contra de la
Nación, Ministerio del Trabajo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 138-22 del 1.° de junio y 265-
22 del 26 de septiembre de 2022, por medio de las cuales se impuso una multa y
se resolvió una solicitud de revocatoria directa, respectivamente. Como
restablecimiento del derecho, que se ordene la devolución del dinero y se condene
en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Radicación: 47001-23-33-000-2023-00056-01 (6767-2024)

3. Que el 15 de febrero de 2021, la entidad inició un procedimiento sancionatorio
en contra de la sociedad, por presuntamente incumplir el deber de recibir la
delegación de los trabajadores e iniciar la negociación colectiva con ocasión del
pliego de peticiones presentado de forma física y virtual el 13 y 23 de octubre de
2020.

4. Que el 17 de marzo de 2022, la organización sindical «Sintracol» desistió de
la querella que originó el procedimiento; sin embargo, a través de la Resolución 138-
22 del 1.° de junio de 2022, la autoridad declaró que incurrió en la conducta del
primer inciso del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) e impuso una
multa por mil cuatrocientos veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes
(1.420 SMMLV).

5. Que en los autos 391-22 del 19 de septiembre y 324 del 10 de noviembre de
2022 se rechazaron los recursos de reposición y en subsidio apelación, y de queja,
presentados por la empresa, por el no pago de la sanción. También, que a través
de la Resolución 265-22 del 26 de septiembre de 2022, la entidad resolvió
desfavorablemente las solicitudes de revocatoria directa presentadas por el
Sindicato y Vives Castro & CIA S.C.A.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

6. Considera que el acto administrativo fue falsamente motivado porque no
expuso las razones de «interés público» que fundaron la continuidad oficiosa del
procedimiento cuando el sindicato desistió de la querella, lo que evidencia que no
se le causó ningún perjuicio. Que, por el contrario, la multa supondría el cese de la
actividad económica y afectaría directamente a la empresa y sus trabajadores, es
decir, atenta contra dicho interés «público» entendido como una agregación de
intereses particulares.

7. Que su conducta no fue fraudulenta ni evadió sus obligaciones y prueba de
ello es que inició la negociación colectiva y culminó armoniosamente con la
suscripción de la convención colectiva de trabajo. Que la emergencia sanitaria del
Covid-19 supuso el cierre de las oficinas de la empresa por fuerza mayor y esto
afectó la gestión de la sociedad, pero que ha participado de otras negociaciones
con sindicatos de forma abierta y proactiva.

8. Que el acto desconoció las directrices emitidas en la Circular Interna 67 de
2022 del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección y Dirección de
Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, según la cual, el inicio de las
conversaciones era causal de archivo de la querella por carencia actual de objeto.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

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9. El 19 de abril de 2023 se admitió la demanda. La entidad manifestó que la
crisis sanitaria no era una excusa válida para no iniciar la etapa de arreglo directo
pues para entonces estaban habilitados múltiples medios virtuales. Que la Circular
Interna 67 de 2022 no desconoce la jerarquía normativa de la ley y es interpretada
de forma parcial por la demandante. Que se demostró el incumplimiento de las
normas, lo que objetivamente dio lugar a la sanción impuesta y confirmada. Propuso
las excepciones de caducidad, «inepta demanda por falta de requisito
procedimental, al no agotar el requisito de la conciliación respecto de la totalidad de
los actos administrativos» y «legalidad de los actos administrativos».

10. En audiencia inicial del 23 de abril de 2024 se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas, que se practicaron en audiencia del 30 de mayo de 2024, cuando también
se corrió traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. Mediante sentencia del 17 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó las pretensiones. Declaró no probadas las excepciones de
caducidad e inepta demanda por no agotar la conciliación y descendió al análisis
sustancial de la controversia. Concluyó: i) que el acto no fue falsamente motivado,
pues las normas del trabajo son de orden público y la entidad señaló que continuaría
oficiosamente con el procedimiento porque encontró probada su flagrante
vulneración; ii) que la multa no fue excesiva ni desproporcionada porque se ajustó
a la cuantificación que permite la ley y iii) que no podía vulnerar la Circular Interna
67 porque para la fecha de expedición del acto que puso fin a la actuación, aquella
no se encontraba vigente.

RECURSO DE APELACIÓN

12. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que no
existe certeza sobre la fecha de recibo del pliego de peticiones, ni de su
conocimiento. Que la norma exige el despliegue de una acción artificiosa o
engañosa tendiente a evitar el inicio de las conversaciones y que la empresa no
incurrió en ninguna conducta de este tipo.

13. Afirma que no se valoraron los testimonios adecuadamente. Primero, porque
el señor Santiago Vives Prieto, quien era el administrador y manifestó no haber
recibido ningún correo electrónico, no se tuvo como un testigo en la sentencia so
pretexto de no ser un tercero, pese a que no era representante, mandatario o
accionista y no podía tener una calidad distinta. Segundo, porque no se valoró el
testimonio de Luz Marina Llano, que indicó ser la encargada de recibir, registrar y
distribuir la documentación, explicó el funcionamiento de la empresa durante la
emergencia sanitaria y declaró que en ningún momento recibió en físico documento
alguno proveniente de Sintracol.

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14. Insistió en que el acto fue falsamente motivado, pues el cumplimiento de las
normas laborales no es, por sí solo, una razón de interés público que justificara la
continuidad del procedimiento sancionatorio aun cuando el sindicato desistió de la
querella, y a riesgo de que la imposición de la multa pusiera en riesgo la estabilidad
de la empresa y el empleo de todos los trabajadores. Afirmó que el desistimiento
sindical fue una prueba de que no se le causó ningún perjuicio a la organización de
trabajadores, del entendimiento entre las partes del conflicto, un reconocimiento del
esfuerzo y disposición para atender sus pedimentos, y de la comprensión de las
razones que dificultaron la recepción del pliego y el inicio de la negociación, de
origen en la emergencia sanitaria.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. El 22 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación y concedió el
término para presentar alegatos de conclusión.

16. La demandada solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia y
transcribió los argumentos allí consignados1.

17. La demandante y el ministerio público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

18. De acuerdo con el recurso, el problema que debería resolver la Subsección
sería el de determinar si la imposición de la multa a Vives Castro & CIA S.C.A. por
no iniciar oportunamente la negociación colectiva con Sintracol, cumplió con los
presupuestos normativos para imponerla; pero se observa que a la demanda no
debió dársele tramite por cuanto, de un lado, la parte actora no cumplió con el
requisito de haber interpuesto el recurso obligatorio contra el acto administrativo que
impuso la multa y, por otro, porque se interpuso contra un acto no susceptible de
control judicial, como es el que resuelve una solicitud de revocatoria directa.

Marco normativo y jurisprudencial

Del agotamiento de los recursos de la actuación administrativa

19. El último inciso del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el recurso
de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición,
pero que cuando proceda, es obligatoria su interposición para poder acudir a la
jurisdicción.

1 Índice 8, Samai.

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20. Por su parte, el numeral 2, del artículo 161 del CPACA reguló, como requisitos
previos para demandar, el «[…] haberse ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorios. […]». Bajo esa lógica, el agotamiento de la
actuación administrativa constituye un presupuesto procesal para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, puesto que la:

«[…] razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio
llamado de la decisión previa que permite antes de acudir al medio judicial, que
la administración revise sus propios actos y otorga a los administrados una
garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que
sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien
tiene la competencia para juzgarla»2.

21. Así las cosas, el único recurso obligatorio en el procedimiento administrativo
es el de apelación.

Del pago como presupuesto para recurrir

22. El artículo 433 del CST consagra una sanción de multa para el empleador que,
una vez recibido el pliego, no inicie las conversaciones de la etapa de arreglo directo
dentro del término consagrado por la norma. Pero, además, la norma exige que para
que procedan los recursos se debe pagar previamente la multa.

23. La Corte Constitucional declaró exequible esta condición en la Sentencia C-
741 del 2013. En la providencia se estudia si la exigencia vulnera la igualdad, el
debido proceso y, especialmente, el derecho a la defensa de los empleadores. A
partir de un juicio integrado de proporcionalidad, concluyó que:

«[…] la exigencia hecha al interesado en impugnar el acto administrativo que
impone la multa, en nada desconoce el núcleo esencial de su derecho al debido
proceso, pudiendo éste -el patrono- fácilmente evitar la imposición de la
sanción, si recibe a los trabajadores en el término consagrado. El objeto que
pretende resguardar la norma, explica y sustenta en forma fehaciente la
imposición de la carga adicional que para el ejercicio de los recursos de la vía
gubernativa debe soportar el empleador como consecuencia del incumplimiento
de sus deberes en relación con el derecho a la negociación colectiva,
consagrado constitucionalmente en el artículo 55» (énfasis fuera de texto)3.

24. La exigencia del pago como requisito para que procedan los recursos de la
actuación administrativa supone una garantía reforzada del derecho a la
negociación colectiva previsto en el artículo 55 de la Constitución Política de 1991,
que dispone: «Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado

2 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de junio de 2002. Rad. 25000-23-27-000-1999-0390-01

(12.382). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
3 Declarado exequible en: Corte Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los
conflictos colectivos de trabajo».

25. La facultad administrativa reconocida en favor de las autoridades del trabajo
es coherente con la relevancia constitucional de ambos derechos y el deber estatal
de resguardarlos, pues la garantía de asociación sindical es reconocida como un
derecho fundamental, mientras que el derecho a la negociación colectiva alcanza
dicho estándar cuando se verifica una vulneración que, a su vez, supone la violación
o amenaza del primero o del derecho al trabajo4.

26. Ahora, el no pago de la multa, no solo trae como consecuencia la imposibilidad
de interponer los recursos, sino que en el caso de que proceda el recurso de
apelación, al no poder interponerse este, tampoco se puede acudir a la jurisdicción,
pues la interposición de tal recurso es requisito obligatorio para el ejercicio de la
acción, tal como quedó dicho.

Control judicial de los actos de revocatoria directa

27. El artículo 93 del CPACA dispone que los actos administrativos deberán ser
revocados por las autoridades que los profirieron o por sus superiores jerárquicos
cuando se advierta su manifiesta oposición con la Constitución o la ley, no estén
conformes al interés público o causen un agravio injustificado a una persona. Esto
procede aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda.
Incluso, al interior del proceso, si no se ha dictado sentencia de segunda instancia
y el juez lo encuentra ajustado al ordenamiento, la entidad puede ofertar la
revocatoria de los actos demandados y, de aceptarse, se dará por terminado.

28. En cuanto a los efectos de la revocatoria directa, el artículo 96 establece: «Ni
la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán
los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo».

29. Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que: «[…] el
acto administrativo que decida una solicitud de revocación directa no es susceptible
de recurso alguno, y el que la niegue no constituye acto administrativo definitivo por
lo que dicha actuación no hace parte de la hoy llamada “actuación administrativa” y
por lo tanto no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto
administrativo, de tal manera que la resolución que decidió la solicitud de revocatoria
directa formulada por el demandante según lo establece el artículo 96 del
C.P.A.C.A. ni la solicitud de revocatoria de un acto administrativo ni su decisión

4 Corte Constitucional. Sentencia C-288 del 17 de julio de 2024. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

6
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reviven los términos para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo» (énfasis fuera de texto)5.

30. Precisamente, la ausencia de una situación nueva o distinta, que impide que
alcance el carácter de acto administrativo definitivo, ha sustentado la tesis de que
los actos que niegan la revocatoria directa de otro, no son susceptibles de control
judicial.

31. En armonía con este criterio, la Sección Cuarta de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en el sentido de que, por regla general, los actos administrativos que
decidan sobre la revocatoria directa de otros no son pasibles de control judicial,
principio que solo se exceptúa cuando se adviertan actos de revocación «[…] que
incluyan situaciones nuevas respecto del actos iniciales, siempre que lleven a
modificarlos total o parcialmente, caso en el cual serán susceptibles del control
judicial, pero únicamente respecto a la decisión novedosa y sin que pueda discutirse
la legalidad de los demás planteamientos del acto inicial objeto de la revocatoria»6.

Resolución al caso concreto

32. La Sala observa que a la presente demanda nunca debió dársele trámite, como
se explica a continuación:

33. Se pretende la nulidad de la Resolución 138-22 del 1.° de junio de 2022, a
través de la cual, la Inspección de Trabajo de Ciénaga (Dirección Territorial del
Magdalena del Ministerio del Trabajo) declaró que la demandante incurrió en el
supuesto de hecho sancionable e impuso la multa correspondiente. En el artículo 4
del acto se estableció:

«ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que frente a esta decisión proceden los
recursos de REPOSICION y en subsidio APELACION, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011.
ADVIRTIENDO que, para interponer los recursos previamente, debe consignar
el valor de la multa, la cual, en aplicación del artículo 201 de la ley 1955 de 2019
y del Decreto 120 del 28 de enero de 2020. […]»7.

34. El 30 de junio de 2022, la sociedad presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación8, pero fue rechazado en Auto 391-22 del 19 de septiembre de
20229. La entidad sostuvo que en estos casos la interposición de recursos requiere
la consignación previa del valor de la sanción, pero la demandante no allegó prueba
de ello y, por lo tanto, solo restaba abstenerse de resolverlo.

5 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 2 de junio de 2016. Rad. 73001-23-33-000-

2015-00090-01(3903-15). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de Unificación del 5 de diciembre de 2024. Rad. 25000-23-37-

000-2020-00174-02 (27841). C.P. Wilson Ramos Girón.
7 Fl. 211 del archivo «07Contestación».
8 Fls. 234-240. Ibid.
9 Fls. 357-358. Ibid.

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35. El 30 de septiembre de 2022 presentó el recurso de queja y argumentó que el
efecto inmediato de cumplir con esta carga sería la liquidación y cese de actividades
y pagos, incluyendo la nómina10. Pero fue rechazado por la Resolución 324 del 10
de noviembre de 2022, por la misma razón11. El 18 de noviembre de 2022 el
Ministerio expidió «constancia de ejecutoria»12.

36. Según lo descrito, durante el procedimiento administrativo no se acreditó el
pago de la sanción impuesta y, siguiendo lo previsto en el artículo 433 del CST y la
jurisprudencia constitucional, no se tramitaron los recursos de reposición y en
subsidio apelación que eran procedentes. Es decir, no se agotó el recurso
obligatorio de apelación en la actuación administrativa, y no porque la
administración lo haya impedido, sino porque no se cumplieron los requisitos legales
para tal fin.

37. Lo anterior devela el incumplimiento de la exigencia consagrada en el numeral
2 del artículo 161 del CPACA, según el cual, es requisito previo para demandar el
ejercicio y la decisión de los recursos obligatorios. Esta circunstancia imposibilita
que el presente asunto pueda estudiarse de fondo, pues se trata de una exigencia
procesal de obligatorio cumplimiento para demandar un acto particular y concreto
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, además, es un requisito
insubsanable que hace imposible adoptar una decisión13.

38. Por otra parte, también se demandó la Resolución 265-22 del 26 de septiembre
de 2022, que negó las solicitudes de revocatoria directa presentadas por el sindicato
y la parte actora. Sin embargo, se reitera que los actos administrativos de esta
naturaleza no son susceptibles de control judicial, según lo considerado en los
fundamentos jurídicos de esta providencia.

39. En consecuencia, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo inciso del
artículo 187 del CPACA14, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declararán probadas de oficio las excepciones de «falta de agotamiento
de los recursos en la actuación administrativa como requisito de procedibilidad»
respecto de la Resolución 138-22 del 1.° de junio de 2022; y de «acto no susceptible
de control», en cuanto a la Resolución 265-22 del 26 de septiembre de 2022.

Condena en costas

10 Fls. 392-396. Ibid.
11 Fls. 411-416. Ibid.
12 Fls. 423-242. Ibid.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 5 de febrero de 2026. Rad. 19001-23-33-000-

2025-00042-01 (3501-2025). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14 «[…] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador

encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]»

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40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Magdalena. En su lugar:

Segundo. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de
los recursos en la actuación administrativa como requisito de procedibilidad,
respecto de la Resolución 138-22 del 1.° de junio de 2022.

Tercero. DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no susceptible de
control, respecto de la Resolución 265-22 del 26 de septiembre de 2022.

Cuarto. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2023-00056-01 (6767-2024)

Quinto. Reconocer personería al abogado Fabián Camilo Oviedo Mendoza,
identificada con la cédula de ciudadanía 10.781.825 y la tarjeta profesional 276.362
del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandada, según memorial visible
a índice 8 del aplicativo SAMAI.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

10
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