Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02883-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-02883-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02883-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02883-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988 – compatibilidad entre la prestación y el salario
que devenga como docente oficial
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, compatible con el salario de
docente oficial
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 28 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora María Teresa Vanegas Hurtado interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo que se configuró el 4 de julio de 2019, por la omisión en atender la
petición presentada el 4 de abril de 2019.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al 22 de diciembre de 2012, fecha en la que adquirió el estatus
pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas
causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas y
ordenar e incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria
del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes, la demandante expuso que nació el 22 de
diciembre de 1957 y que se vinculó como docente en propiedad en el
departamento del Valle del Cauca en los periodos comprendidos entre el «1 de
febrero» y el 26 de abril de 1978, y entre el «12 de mayo de 1980» y el 15 de
enero de 1986.
1
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
4. Posteriormente, trabajó en el sector privado y efectuó aportes al Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones) entre 1977 y 2003, de manera discontinua.
5. Indicó que el 6 de febrero de 2004 se posesionó como docente en propiedad
en la Secretaría de Educación Municipal de Envigado, cargo que ejercía al
momento de la presentación de la demanda.
6. En el concepto de violación argumentó que la administración desconoció
las normas1 que sustentaban sus pretensiones, teniendo en cuenta que se
vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez es el previsto en la Ley 71 de 1988.
Contestación de la demanda
7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el acto administrativo demandado está amparado por la
presunción de legalidad.
8. Afirmó que el régimen pensional aplicable depende de la fecha de
vinculación al servicio docente oficial, de modo que solo procede el previsto en
la «Ley 33 de 1985» para quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003. En
ese marco normativo, precisó que el ingreso base de liquidación de la pensión
debe conformarse únicamente con los factores salariales enlistados en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubieran efectuado aportes.
9. Manifestó que no había lugar a la condena en costas por cuanto estas no
obedecen a un criterio objetivo, sino que es necesario desvirtuar la buena fe de
la entidad.
10. Finalmente, propuso como excepciones: la legalidad del acto acusado;
cobro de lo no debido; prescripción; compensación; «sostenibilidad financiera»;
buena fe; y la genérica.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la sentencia del 28 de
noviembre de 2024 declaró la nulidad del acto ficto originado por el silencio
administrativo frente a la solicitud presentada el 4 de abril de 2019, y en
consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la actora
la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
1
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de
1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2
del Decreto 3752 de 2003.
2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
12. En la providencia declaró probada la excepción de prescripción respecto
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de abril de 2016.
13. Como fundamento principal, sostuvo que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se define según la fecha de su vinculación al servicio
público educativo. En consecuencia, quienes ingresaron antes del 27 de junio de
2003 —fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003— se rigen por la
normativa anterior, mientras que quienes se vincularon con posterioridad se
someten al régimen de prima media con prestación definida previsto en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
14. Con base en el material probatorio, estableció que la actora se vinculó al
servicio público docente el 27 de febrero de 1978, es decir, antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen aplicable era el consagrado
en la Ley 71 de 1988, la cual permite acumular tiempos cotizados en los sectores
público y privado, de conformidad con la Ley 91 de 1989.
15. Al estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación por aportes, evidenció que la señora Vanegas Hurtado cumplió los 55
años el 22 de diciembre de 2012 y para esa fecha acumulaba más de 20 años
de servicios laborados en el sector privado y como docente oficial.
16. Igualmente, precisó que la actora era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1 de abril
de 1994 contaba con 36 años de edad.
17. En ese orden de ideas, determinó que la demandante tiene derecho a (i)
que se le pague la respectiva mesada a partir del 22 de diciembre de 2012,
equivalente al 75 % de los factores salariales enlistados en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985 y sobre los cuales se efectuaron aportes durante el año anterior a la
consolidación de su estatus pensional; y (ii) a percibir de manera simultánea la
pensión de jubilación y el salario que devenga como docente oficial.
18. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
19. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que el régimen pensional aplicable a la
señora Vanegas Hurtado no era el previsto en la Ley 71 de 1988, sino el de prima
media con prestación definida consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, dado que su vinculación legal y reglamentaria al servicio docente ocurrió
en el año 2004.
20. Igualmente, mencionó que la demandante no cumplía los requisitos para
ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues no acreditaba la edad ni el tiempo de servicios exigidos.
3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
21. Señaló que al no haberse declarado judicialmente la existencia de una
relación laboral en los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, ni haberse
demostrado la realización de aportes al sistema, no era posible acceder al
régimen pensional anterior.
22. Puso de presente que existió solución de continuidad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 pero no estableció esto de
qué manera es relevante para efectos de la solución del caso concreto, e indicó
que la pensión reconocida resulta incompatible con el salario que percibe la
actora como docente oficial, en atención a la prohibición de recibir doble
asignación del tesoro público consagrada en el artículo 128 de la Constitución
Política.
23. Sostuvo que la mesada pensional debía liquidarse únicamente con los
factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran enlistados
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
24. Además, afirmó que el FOMAG carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que la responsabilidad derivada de la decisión corresponde a la
entidad territorial, al ser la encargada de elaborar y emitir el acto administrativo.
25. En ese sentido, solicitó de manera subsidiaria condenar a la «Secretaría
de Educación a girar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
los valores correspondientes a las diferencias reconocidas entre el Acto
Administrativo pagado y los valores reconocidos en la presunta sentencia (sic)».
26. Finalmente, objetó la condena2 en costas al considerar que esta no es de
carácter objetivo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. En auto del 13 de febrero de 20253, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
28. Las partes no presentaron alegatos de conclusión y el agente del
ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
2
Se advierte que, tal como se indicó en el recuento del fallo de primera instancia, no se condenó
en costas a la entidad.
3
Índice 5 del aplicativo SAMAI.
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
30. De conformidad con los reparos planteados en la apelación, corresponde
a la Sala determinar si la señora María Teresa Vanegas Hurtado tiene derecho a
pensionarse de acuerdo con el régimen especial de los docentes compatible con
el salario; adicionalmente, deberá establecerse si el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio carece de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto el acto acusado fue elaborado y expedido por la entidad
territorial; y finalmente, habrán de analizarse los reproches relativos a las costas
procesales.
Análisis del problema jurídico
31. La Sala confirmará la providencia apelada, al verificarse que la
demandante ingresó al servicio educativo antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 y al demostrarse que cumple los requisitos establecidos en la Ley
71 de 1988.
32. En este punto, se advierte que le asiste el derecho a percibir de manera
concurrente la pensión de jubilación y el salario devengado como docente oficial,
por las razones que a continuación se exponen:
33. Para comenzar, la Sala aclara que a pesar de que se reconoció la pensión
con fundamento en la Ley 71 de 1988 dado que acumuló tiempos de servicios
públicos y privados y que así se estableció en las pretensiones, habría podido
concederse la prestación incluso con la Ley 33 de 1985 pues también reunió los
requisitos para acceder a la prestación bajo este régimen, pero no hay lugar a
modificar la sentencia de primera instancia en este aspecto porque se debe
respetar el principio de congruencia y porque la liquidación no varía en el evento
que se realice con base en la última norma invocada
34. Ahora bien, se observa que la entidad demandada no precisó la incidencia
que tendría la existencia de solución de continuidad, de conformidad con el
artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, para efectos del reconocimiento de la
pensión. Por lo tanto, no se advierte un cargo concreto contra lo resuelto en
primera instancia que justifique su revocatoria.
35. En cuanto a los factores salariales que conforman la base de liquidación,
se pone de presente que el Tribunal ordenó liquidar la mesada pensional con los
conceptos señalados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Además, dispuso
exonerar a la parte demandada del pago de costas procesales.
36. En consecuencia, no existe motivo alguno que justifique que se modifique
la sentencia de primera instancia en estos aspectos.
5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
37. A continuación, la Sala relacionará los hechos probados con fundamento
en los documentos que obran en el expediente, que la llevan a las conclusiones
que se han enunciado:
i) La señora María Teresa Vanegas Hurtado nació el 22 de diciembre de
19574, y prestó sus servicios como docente en propiedad en el sector
público en los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Entidad empleadora Desde - Hasta Tiempo de servicios
Resolución 1505 Secretaría de 27/02/78 al 26/04/78 59 días
Educación
Departamental del
Valle del Cauca
Decreto 8326 Secretaría de 26/05/80 al 15/01/86 2.061 días
Educación
Departamental del
Valle del Cauca
Decreto 1597 Secretaría de 06/02/04 al 03/12/188 5.415 días
Educación Municipal
de Envigado
7.535 días,
equivalentes a 20
años, 7 meses y 25
días.
ii) La actora también registra 500,29 semanas de cotización en
Colpensiones9, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 8 de septiembre de 1977 y el 31 de diciembre de 2003, de
manera discontinua, equivalentes a 9 años, 7 meses y 7 días.
38. En cuanto al argumento según el cual el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) carece de legitimación en la causa por pasiva,
dado que la competencia para elaborar y expedir el acto acusado recaía en la
Secretaría de Educación Municipal de Envigado, conviene aclarar que la
excepción no fue planteada en la contestación de la demanda, sino introducida
de manera extemporánea en la apelación.
39. Sin perjuicio de lo anterior, aun si se efectuara un análisis material del
reproche planteado, se considera que carece de respaldo jurídico, toda vez que,
conforme al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, la financiación y pago
de las prestaciones sociales de los docentes afiliados corresponde al FOMAG.
40. Esta obligación fue reforzada por el artículo 57 de la Ley 1955 de 201910,
al disponer que las pensiones de los docentes beneficiarios de la Ley 91 de 1989
4
Folios 6 a 7, índice 37 del aplicativo SAMAI del Tribunal. Demanda.
5
Folios 15 a 16, ibidem.
6
Folios 17 a 18, ibidem.
7
Folios 22 a 24, ibidem.
8
Fecha de expedición del certificado laboral.
9
Folios 9 a 14, ibidem.
10
En relación con la vigencia de esta norma, ver el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023.
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
«serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio».
41. En esa medida, aunque la elaboración y expedición del acto acusado
correspondía a la Secretaría de Educación Municipal de Envigado, la obligación
económica derivada de su contenido recae en el FOMAG, por lo que carece de
sustento el argumento de falta de legitimación por pasiva propuesta por dicha
entidad.
42. Precisado lo anterior, se pone de presente que el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) establecen que el
régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el
previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 198811.
43. En el presente asunto, está acreditado que la señora María Teresa
Vanegas Hurtado ingresó al servicio público docente el 27 de febrero de 1978,
mediante nombramiento en propiedad en la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca, razón por la cual su régimen pensional no
está previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo adujo la entidad
accionada en el recurso de apelación, sino en la Ley 91 de 1989, que permite
analizar su situación jurídica conforme a la Ley 71 de 1988, y no es necesario
que estuviera vinculada para el momento de expedición de la Ley 812 de 2003.
44. Además, la actora se encuentra amparada por el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994 contaba con 36 años
de edad. Sin embargo, la primera instancia determinó que en el caso sub examine
la aplicación de la Ley 71 de 1988 no dependía de dicho régimen, sino del
previsto en la Ley 91 de 1989, cuyo presupuesto es la vinculación al servicio
educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003.
45. Al verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación por aportes, se advierte que la actora los reunió el 22 de diciembre de
2012, cuando alcanzó 55 años de edad, puesto que para esa fecha acumulaba
24 años, 3 meses y 20 días de servicios computables entre los sectores público
y privado.
46. La Sala precisa que los reparos relacionados con supuestos períodos
trabajados bajo contratos de prestación de servicios, sin que medie decisión
judicial que declare la existencia de vínculo laboral, así como los alegatos sobre
una eventual omisión en el pago de aportes durante dichos intervalos, no guardan
correspondencia con el marco fáctico del proceso ni con lo resuelto en la
sentencia de primera instancia.
11
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01
(1334-2022).
7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
47. En ese sentido, se pone de presente que las certificaciones laborales que
obran en el expediente acreditan una vinculación exclusivamente de naturaleza
legal y reglamentaria, y consta que los aportes se efectuaron al FOMAG.
48. En cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario que
percibe la demandante como docente oficial, la Sala observa que, al tratarse de
una prestación reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988, no resulta aplicable la
prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política.
49. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, que
exceptúa de dicha prohibición a las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [esa] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
así como en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, que establece expresamente
la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia y el disfrute de la pensión de
jubilación.
50. Así las cosas, los docentes que se vincularon al servicio educativo oficial
antes del 27 de junio de 2003, y cuyo régimen pensional no está regido por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden percibir simultáneamente la pensión
de jubilación y el salario derivado de su labor docente.
51. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.
52. En consecuencia, al tratarse de una servidora beneficiaria de la Ley 91 de
1989, y por remisión de esta, del régimen de la Ley 71 de 1988, su mesada
pensional es compatible con el salario que devenga como docente oficial, como
acertadamente lo reconoció el a quo para el caso de la accionante.
53. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la sentencia apelada.
Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025)
Demandante: María Teresa Vanegas Hurtado
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
56. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 366 del CGP.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.