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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-03288-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-03288-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- INAPLICAR el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, expedido por el Alcalde del municipio Medellín, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. 3.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-03288-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de octubre de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO DE JESÚS ORTEGA MÁRQUEZ
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Temas: ICA 2015. Servicios notariales. Liquidación de aforo. Base
gravable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas1.

ANTECEDENTES

Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez ejerció la actividad de Notario Quince de
Medellín durante el año 2015.

El 31 de agosto de 2016, el municipio de Medellín profirió emplazamiento para declarar
00001801202, que otorgó a Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez el plazo de un
mes para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año
gravable 2015, so pena de imponer sanción por no declarar y determinar el tributo
mediante liquidación oficial de aforo. El 5 de octubre de 2016 fue respondido el
emplazamiento3.

Mediante Resolución 64541 del 23 de agosto de 2018, proferida por la Subsecretaría
de Ingresos de la alcaldía de Medellín, se practicó liquidación de aforo, que determinó
el impuesto a pagar en $104.815.0004.

Contra el anterior acto se presentó recurso de reconsideración, que fue decidido
mediante Resolución 201950056663 del 13 de junio de 2019, proferida por la
Secretaría de Hacienda del citado municipio, en el sentido de confirmar la resolución
recurrida5.
1
Índice 2 Samai
2
Fl. 20 c.p.
3
Fl. 22 c.p.
4
Fl. 23 a 25 c.p.
5
Fl. 31 a 37 c.p.

1
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

DEMANDA

El demandante, a través de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones6:

«1. Que se declare que son nulos y sin efectos los siguientes actos administrativos:

1.1. La Resolución 64541 del 23 de agosto de 2018, proferida por la Subsecretaría de
Ingresos del Municipio de Medellín, mediante la cual se resuelve practicar liquidación
de aforo a cargo del contribuyente Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez, por el
periodo gravable 2015, en cuantía de $104.815.000.
1.2. La Resolución No. 201950056663 del 13 de junio de 2019, notificada de manera
personal a la suscrita apoderada el día 21 de agosto de 2019, expedida por el
Secretario de Hacienda Municipal, mediante la cual se resuelve confirmar la resolución
anterior.

2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, si hubiere lugar a ello, se ordene modificar la Liquidación Oficial de Aforo,
tomando como base gravable los ingresos que NO constituyen actos notariales.

3. Que en el evento que se ordene la modificación a la Liquidación de Aforo se aplique la
norma que le sea más favorable al contribuyente, en virtud del principio de irretroactividad
de la Ley.

4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.»

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

• Artículos 29 y 338 de la Constitución Política
• Artículo 15, parágrafo 2, de la Ley 1579 de 2012
• Artículos 137 y 138 del CPACA
• Artículos 28, 65, 67 y 136 del Decreto Municipal 1018 de 2013
• Acuerdo Municipal 064 de 2012

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos demandados no están motivados por no explicar los fundamentos del aforo
y, el procedimiento adelantado debía basarse en el Decreto 1018 de 2013 y no en el
Decreto 350 de 2018, norma posterior a los hechos, con lo cual se vulneró el debido
proceso y el derecho de defensa. La administración no notificó la resolución sanción
por no declarar, ni permitió interponer recurso de reconsideración contra la misma,
actuaciones previas indispensables para expedir la liquidación de aforo, conforme con
el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013.

Los actos acusados se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse
-artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012- y están falsamente motivados al liquidar
oficialmente el ICA con base en los ingresos brutos reportados en la declaración de
renta 2015. La actuación acusada es ilegal y vulnera el artículo 338 de la CP porque
según la norma territorial se deben tomar solo los ingresos relativos a ICA. No es
procedente tomar todos los ingresos declarados en renta, pues la base gravable se
debe calcular con los ingresos correspondientes a actos no notariales realizados
durante el año 2015, para lo cual la administración debía iniciar investigación fiscal y
no lo hizo.
6
Fls. 1 y 2 c.p.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Se vulneró el artículo 15, parágrafo 2, de la Ley 1579 de 2012, que prohíbe gravar con
impuestos territoriales los actos notariales y de registro. No se realizó el hecho
generador del tributo, pues los actos notariales no están incluidos en las actividades
industriales, comerciales, de servicios y financieros establecidas en el Acuerdo
Municipal 064 de 2012. Según la Resolución 8062 del 13 de mayo de 2015, expedida
por la Subsecretaría de Ingresos de Medellín, los actos notariales no están sujetos a
ICA.

OPOSICIÓN

El Municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente7:

Los actos están debidamente motivados y siguieron el procedimiento establecido en
el ordenamiento jurídico vigente, con lo cual, el contribuyente tuvo oportunidad de
ejercer el derecho de defensa y demostrar la base gravable que consideraba ajustada
a derecho. La liquidación de aforo podía expedirse sin previa sanción por no declarar,
como lo ha precisado el Consejo de Estado.

La determinación de la base gravable está ajustada a la norma territorial, que permite
el sistema de ingresos presuntivos con los «cruces con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales». El demandante tenía la carga de desvirtuar los ingresos presuntos
determinados, pero se limitó a afirmar que no era sujeto pasivo del impuesto de
industria y comercio. Los actos notariales excluidos de tributos territoriales son
aquellos sometidos a registro, los demás servicios notariales se encuentran gravados
con ICA.

AUDIENCIA INICIAL

Mediante auto del 12 de enero de 2021, el a quo prescindió de la audiencia inicial y
corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con base en lo siguiente:

La norma aplicable era el Decreto 1018 de 2013, vigente al momento de la expedición
del emplazamiento para declarar, y los actos se encuentran debidamente motivados,
sin que se advierta la alegada falsa motivación, ni vulneración al debido proceso.
Acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el único acto previo necesario
para expedir la liquidación de aforo es el emplazamiento para declarar.

La base gravable fue determinada correctamente mediante el sistema de ingresos
presuntivos y correspondía al actor desvirtuarla, sin embargo, optó por afirmar que no
era sujeto pasivo, que no era posible determinar el ICA con los ingresos declarados en
renta y no aportó los medios de prueba -en sede administrativa y judicial- para desestimar
la base gravable fijada por la administración.

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Índice 2 Samai.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Según el Acuerdo Municipal 064 de 2012, los servicios notariales están gravados con
industria y comercio, con lo cual el demandante es sujeto pasivo y está obligado al
pago del impuesto. Según la Corte Constitucional, los actos notariales no se pueden
gravar con tributos, prohibición que no recae sobre los servicios notariales.

Sin condena en costas porque la demanda tenía fundamento legal.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación, por los siguientes motivos:

Reiteró los cuestionamientos sobre la i) norma territorial que debía aplicarse al caso
concreto; ii) infracción del artículo 137 del Decreto 1018 de 2013 al proferirse la
liquidación de aforo sin previa sanción por no declarar debidamente notificada; iii)
indebida determinación de la base gravable conforme con el artículo 32 del Acuerdo
064 de 2012; y iv) desgravación de los ingresos obtenidos como notario.

Agregó que los ingresos por servicios notariales -excluyendo los actos notariales- ascienden
a $218.429.436, y que si la administración deseaba realizar cruces de información con
la DIAN debía existir a nivel nacional un proceso de determinación del tributo, lo que
torna ilegal tomar como base la declaración de renta del año 2015. Adjuntó pruebas
documentales relativas a los ingresos por servicios notariales del año 2015 y copia de
la Resolución 7609 del 5 de mayo de 2015, donde se declara la no sujeción al impuesto
por los actos notariales a Fabio Alberto Ortega Márquez. Solicitó como prueba de
oficio, dictamen pericial del sistema de la Notaría Quince de Medellín o de la
contabilidad, para extraer la información de los ingresos que no constituyeron actos
notariales en el año en discusión8.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en el recurso de
apelación9. Añadió que se vulneró el espíritu de justicia tributaria. La parte
demandada guardó silencio. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde decidir sobre la legalidad de los actos administrativos de aforo que
determinaron el impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio Alberto Ortega
Márquez por el año gravable 2015.

En los términos del recurso de apelación se debe determinar i) la norma territorial
aplicable al caso; ii) si se requiere previa sanción por no declarar para expedir la
liquidación de aforo; iii) si la base gravable del impuesto discutido está determinada

88
Mediante auto del 25 de abril de 2022, se negaron las pruebas aportadas y solicitadas con el recurso de apelación. De oficio,
se decretó como prueba la incorporación al expediente de la Resolución que revocó la sanción por no declarar del impuesto de
industria y comercio del año 2015.
9
Índice 25 samai

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Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

correctamente; y iv) si los ingresos percibidos por los notarios se encuentran gravados
con el impuesto de industria y comercio.
Para resolver el problema jurídico, se reiterará, en lo pertinente, el criterio de la Sala
contenido en la sentencia del 10 de marzo de 2022, exp. 2548110, en la cual se resolvió
un litigio con identidad fáctica y jurídica, entre las mismas partes.

Cuestión previa

Sobre los nuevos aspectos presentados por el apelante, referentes a la relación de
ingresos obtenidos por servicios notariales y la necesidad de un proceso de
determinación del tributo por parte de la DIAN para poder efectuar los cruces de
información, no se emitirá pronunciamiento dado que, como lo ha sostenido esta
Sección11 «[…] por virtud del artículo 282 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012),
la Sala tiene vedado emitir un pronunciamiento sobre el particular, toda vez que se trata de un cargo
novedoso que no fue planteado en las oportunidades procesales pertinentes (i.e. demanda,
adición y corrección de demanda)» y que «la competencia del juez de segunda instancia se restringe
a los aspectos formulados en la apelación; que a su vez, deben ser consonantes con lo planteado en la
demanda y su contestación12», en garantía del debido proceso y, los derechos de defensa
y contradicción de la contraparte.

En cuanto al fondo del asunto, el demandante cuestiona la norma territorial aplicada
por la administración en el proceso de aforo. En oposición, el municipio considera que
se utilizó el procedimiento acorde con el ordenamiento jurídico vigente.

Como lo precisó la Sección en la sentencia reiterada, el proceso de fiscalización «[…]
se rige por la norma vigente al momento de la presentación de la declaración o de que finaliza el
plazo para hacerlo, según sea el caso, pues en ese momento empieza a correr el término para proferir
la respectiva liquidación oficial e imponer las sanciones procedentes. Esto significa que, para este caso,
debe aplicarse el Decreto Municipal 1018 de 2013, norma que estaba vigente al momento en que finalizó
el plazo para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año fiscalizado (2013)
y al momento de la expedición del emplazamiento para declarar (23 de agosto de 2017)».

En el caso, el emplazamiento por la omisión en el deber de declarar ICA del año 2015
fue proferido el 31 de agosto de 2016, y, por tanto, la norma aplicable era el Decreto
Municipal 1018 de 2013. En efecto, al analizar el contenido material del referido
emplazamiento se evidencia que la administración requirió al demandante para que
«presente la declaración privada de industria y comercio por el periodo gravable 2015, toda vez que no
cumplió lo dispuesto en los artículos 65 y 67 del Decreto Municipal 1018 de 2013 […]»,
argumentación reiterada en el acto definitivo -Liquidación Oficial de Aforo- en el que se
precisó que «el contribuyente Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez, […] en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos 29, 65 y 67 del Decreto Municipal 1018 de 2013, debió
presentar la declaración de industria y comercio, por las actividades correspondientes al periodo
gravable 2015, dentro del término establecido en el artículo 67 de la norma antes citada y a la fecha no
ha dado cumplimiento13». Acto administrativo confirmado mediante Resolución
201950056663 del 13 de junio de 2019.

De lo anterior surge que tanto el emplazamiento para declarar como la liquidación de
aforo se basaron en la norma aplicable, esto es, el Decreto 1018 de 2013.

10
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. La discusión versó sobre el impuesto de industria y comercio del año gravable 2013.
11
Ver sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 23995, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Sentencia del 6 de mayo de 2021, exp. 23904, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Pág. 1 Liquidación Oficial de Aforo.

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En ese orden, pese a que el apelante cuestiona que la administración citó una norma
posterior -Decreto 350 de 2018- con vulneración del debido proceso, no se evidencia la
misma, pues la actuación se ciñó a la normativa vigente y, si bien en el acto de
determinación se mencionó el Decreto 350 de 2018, en específico el artículo 173, esta
norma por lo demás reproduce el artículo 182 del Decreto 1018 de 2013, en torno al
sistema de ingresos presuntivos con base en los cruces de información con la DIAN.

Así mismo, se destaca que el actor tuvo oportunidad de contestar el emplazamiento
para declarar e interponer recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo y
así cuestionar las actuaciones de la administración. De igual manera, se advierte que,
desde el acto preparatorio el municipio insistió en i) la omisión del actor en la
presentación de la declaración, ii) la procedencia del gravamen sobre servicios
notariales y, iii) la determinación la base gravable con fundamento en los ingresos
presuntivos, aspectos regulados tanto en el Decreto 1018 de 2013, como en el Decreto
350 de 2018. Así, se reitera que no se evidencia vulneración al debido proceso.

Sobre la obligación de notificar la resolución sanción por no declarar e interponer el
recurso de reconsideración para la procedencia de la liquidación de aforo, basada en
el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 201314, se reitera que, «[…] nada se opone
a que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar sean proferidas en trámites
administrativos separados, de forma simultánea o acumulados, pues esto atiende los principios de
eficiencia, celeridad, eficacia y economía, según lo permite el artículo 637 del Estatuto Tributario». Y
que la norma municipal «debe ser inaplicada» cuando hace más gravoso el procedimiento
frente al previsto en el Estatuto Tributario Nacional15.

Así las cosas, como se expresó en la providencia que se reitera, la jurisprudencia de
la Sección ha interpretado que el Estatuto Tributario Nacional permite que la
liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar sean proferidas en trámites
administrativos separados, de forma simultánea o acumulados, puesto que de esta
manera se materializan los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía. Y
que estos mismos principios se desconocen en los eventos en que se restrinja esta
posibilidad, al someter la expedición de la liquidación oficial de aforo al previo
agotamiento del procedimiento para imponer la sanción por no declarar.

Concordante con lo anterior, no le asiste razón al apelante al exigir el procedimiento
previo de la sanción por no declarar para la procedencia de la liquidación de aforo, con
lo cual tampoco incide la prueba allegada al proceso correspondiente a la decisión de
la administración de revocar la sanción por no declarar el impuesto de industria y
comercio del año gravable 2015 impuesta al demandante. De igual forma, conforme
con el precedente reiterado, la actuación desplegada por la administración se ajustó a
derecho, porque para la expedición de la liquidación de aforo demandada, no se
requería previa sanción por no declarar.

En conclusión, como ocurrió en la sentencia reiterada, se inaplicará por ilegal el artículo
137 del Decreto 1018 de 2013, conforme con lo dispuesto en el artículo 148 del
CPACA.

14
ARTÍCULO 137. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere
presentado la declaración respectiva, la Subsecretaría de Ingresos procederá a proferir el acto administrativo imponiendo la
sanción por no declarar prevista en el artículo 195 del Acuerdo Municipal 64 de 2012 y agotado este procedimiento con su
respectivo recurso de reconsideración, procederá la liquidación oficial de aforo. Resaltado fuera del texto original.
15
Sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 24584, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

En torno a la determinación de la base gravable, el demandante señala que no es
posible tomar los ingresos brutos de la declaración del impuesto de renta como base
gravable del impuesto de industria y comercio. En contraposición, el municipio
considera que conforme al sistema de ingresos presuntivos, es procedente el cruce de
información con la DIAN para determinar la base gravable del impuesto discutido.

Sobre este punto en particular, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en la
sentencia reiterada al señalar que «el Municipio de Medellín estaba facultado para determinar la
base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio Alberto Ortega Márquez por el año
gravable 2013 con base en la información registrada en las declaraciones del IVA [en este caso renta]
presentadas por ese mismo periodo, según lo previsto en el artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de
2013 y en el artículo 173 del Decreto Municipal 350 de 2018».

En este caso, como en el que se reitera, tanto en sede administrativa, como en la
demanda, el actor no desplegó actividad probatoria para desvirtuar que los ingresos
informados a la DIAN en la declaración de renta 2015 no están gravados con ICA en
el municipio de Medellín y, solo se limitó a cuestionar la calidad de sujeto pasivo y que
los ingresos de los notarios no pueden gravarse con el impuesto discutido.

De todo lo anterior surge que la base gravable se determinó de manera correcta, sin
que fuera desvirtuada por la parte demandante.

Por último, respecto de la posibilidad de gravar o no los ingresos obtenidos por los
notarios, la Sección, luego de estudiar el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1579 de
2012, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, concluyó
«que los actos notariales y de registro son distintos a los ingresos que las notarías perciben en virtud
de todos los trámites que los ciudadanos realizan ante ellas». Y que «una cosa es que no puedan
gravarse con tributos locales los actos sujetos a registro; por ejemplo, una escritura pública de
compraventa de un inmueble, y otra, muy distinta, el ejercicio del servicio notarial, que es gravado con
el impuesto de industria y comercio, en los términos de las normas tributarias y de la jurisprudencia de
esta Sección16». No prospera la apelación.

Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada,
previa inaplicación del artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, expedido por el Alcalde
del municipio Medellín.

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso17, no procede la condena en costas en esta instancia (gastos del proceso y
agencias en derecho), por cuanto en el expediente no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

16
Sentencia C-260 del 6 de mayo de 2015, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterada en la sentencia del 10 de marzo de 2022,
exp. 25481, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-03288-01 (25653)
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

FALLA

1.- INAPLICAR el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, expedido por el Alcalde del
municipio Medellín, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.

3.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salva voto

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