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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02040-01

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02040-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02040-01 Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02040-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02040-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL
ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI
ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 2 de junio de 2023, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente el amparo solicitado.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02040-01
Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ, actuando en

nombre propio y en calidad de Notario Quince del Círculo de Medellín,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y al principio de seguridad jurídica, los cuales consideró

vulnerados por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2

al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 05001-23-33-000-2019-03288-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho ante el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3, con el fin de que se declarara

la nulidad de las resoluciones núms. 64541 de 23 de agosto de 2018

2
En adelante la Sección Cuarta.
3
En adelante el Tribunal.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02040-01
Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

y 201950056663 de 13 de junio de 2019, expedidas por el

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por medio de las cuales,

respectivamente, se resolvió practicar la liquidación de Aforo por el

impuesto de industria y comercio del período gravable 2015, en

cuantía de $104.815.000 en su contra; y se resolvió el recurso de

reconsideración interpuesto contra esa decisión.

Indicó que de igual forma solicitó como restablecimiento del derecho

que se modificara la liquidación oficial de Aforo, tomando como base

gravable los ingresos que no constituyen actos notariales y que

también se le aplicara la norma que fuera más favorable a sus

intereses.

Adujo que el citado proceso fue identificado con el número de

radicación 05001-23-33-000-2019-03288-01 y, mediante sentencia

de 29 de abril de 2021, el TRIBUNAL negó las pretensiones de la

demanda en primera instancia.

Señaló que debido a lo anterior, interpuso recurso de apelación el

cual le correspondió a la SECCIÓN CUARTA que, en sentencia de 27

de octubre de 2022, decidió inaplicar el artículo 137 del Decreto

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Municipal núm. 1018 de 4 de junio de 20134, expedido por el alcalde

del Municipio de Medellín y confirmó la decisión del a quo.

Puso de presente que la SECCIÓN CUARTA para resolver el

problema jurídico planteado en el medio de control que dio origen a

la acción de tutela de la referencia, tuvo en cuenta la sentencia de

10 de marzo de 20225, al tener identidad de partes, fáctica y jurídica

con el asunto bajo estudio.

Finalmente, señaló que el salvamento de voto presentado en la

sentencia objeto de la solicitud de amparo, indica que debió

revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar

la nulidad de los actos demandados por los cuales se practicó en su

contra la liquidación de Aforo del impuesto de industria y comercio

para el año 2015, al estar en desacuerdo con la inaplicación del

artículo 137 del Decreto Municipal núm. 1018 de 2013.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

4
“Por medio del cual se modifica, actualiza y compila el régimen procedimental en materia tributaria
para el Municipio de Medellín”.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de
marzo de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-03229-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Arguello.

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Señaló que la providencia emitida por la SECCIÓN CUARTA incurrió

en los defectos material o sustantivo, fáctico y en una violación

directa a la Constitución, al no tener en cuenta los artículos 137

del Decreto Municipal núm. 1018 de 2013 y 15, parágrafo 2°, de la

Ley 1579 de 1o. de octubre de 20126, y, asimismo, por no valorar la

totalidad de las pruebas allegadas al proceso por considerar que se

trataban de nuevos hechos diferentes a los expuestos en la demanda

inicial.

Indicó frente al defecto material o sustantivo que, contrario a lo

señalado por la autoridad judicial accionada, la aplicación del artículo

137 del Decreto Municipal núm. 1018 de 2013, no hace más gravosa

el procedimiento tributario y no contraría lo dispuesto en los artículos

66 de la Ley 383 de 10 de julio de 19977 y 59 de 788 de 27 de

diciembre de 20028, toda vez que es más beneficioso y garantista

para el contribuyente, si previo a proferir la liquidación oficial de

Aforo por el Municipio, se agota el procedimiento de la sanción por

no declarar el impuesto de industria y comercio y se resuelve el

recurso de reconsideración.

6
“Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y
se dictan otras disposiciones”.
8
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se
dictan otras disposiciones”.

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6

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Advirtió que los artículos 643, 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario9

no contrarían la referida norma, comoquiera que establecen un

procedimiento claro para la expedición de la liquidación oficial de

Aforo, el cual se realiza una vez se profiere la sanción por no declarar

el impuesto de industria y comercio.

Manifestó que el carácter gravoso de una norma territorial tributaria

debe ser inaplicada si es más estricta para el contribuyente, imponga

una sanción mayor o establezca un procedimiento menos garantista,

lo que, en su sentir, no ocurre con el artículo 137 del Decreto

Municipal núm. 1018 de 2013.

Adujo que la autoridad judicial accionada, de igual forma, desconoció

el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, al afirmar que

todos los ingresos percibidos por el contribuyente por la prestación

del servicio notarial están gravados con el impuesto de industria y

comercio, pues, en su sentir, los actos notariales no están sujetos a

dicho impuesto.

Sostuvo respecto del defecto fáctico que la autoridad accionada no

valoró las pruebas que se allegaron con el recurso de apelación, esto

9
Decreto núm. 624 de 30 de marzo de 1989, “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrativos por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

es, “[…] la relación consolidada de los ingresos por los servicios

excluyendo lo correspondiente a los actos notariales del año gravable

2015 de la Notaría Quince del Círculo de Medellín; la copia del

comprobante del sistema POS donde consta la relación de los

servicios que se entienden como actos no notariales; y el certificado

expedido por el técnico de sistemas que consta que esos datos fueron

obtenidos a través del sistema notarial […]”, lo que daba cuenta de

que los actos notariales se encontraban excluidos del impuesto de

industria y comercio.

Afirmó que no le asistió razón a la autoridad judicial accionada al no

pronunciarse sobre los cargos relacionados con “[…] los ingresos

obtenidos por servicios notariales y la necesidad de un proceso de

determinación del tributo por parte de la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales -DIAN- para efectuar los cruces de información

[…]”, planteados en el recurso de apelación, por considerar

erróneamente que se trataban de argumentos nuevos que no fueron

planteados en las oportunidades procesales pertinentes.

Insistió en que puso de presente en el citado recurso de apelación,

que para que la autoridad judicial accionada aplicara la presunción

prevista en el literal a) del artículo 182 del Decreto 1018 de 2013,

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

también contenida en el literal a) del artículo 173 del Decreto 350 de

2018, debió fundamentarse en las investigaciones de la DIAN que

tuviera en curso el contribuyente en el impuesto de renta por el año

gravable de 2015, conforme al intercambio de información

establecido en el artículo 32 del Decreto 1018 de 2018, razón por la

cual, a su juicio, debía ser objeto de pronunciamiento por la

SECCIÓN CUARTA, porque al no hacerlo se vulneraría el principio

de legalidad y seguridad jurídica.

Aseveró que ningún acto notarial ni de registro puede ser gravado

con impuestos, tasas o contribuciones municipales y/o

departamentales, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 15

de la Ley 1579 de 2012, por lo que la autoridad judicial accionada no

podría argumentar que debido a su pasividad de no demostrar los

actos notariales excluidos se le cause un enriquecimiento sin causa

al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, al exigírsele una carga pública

superior a la que debía contribuir.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

“[…] 5. PETICIÓN

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito a los señores Consejeros,
TUTELAR en favor del suscrito FABIO ALBERTO ORTEGA
MÁRQUEZ, los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ordenado a la
autoridad judicial accionada, que deje sin valor y efecto la
Sentencia de segunda instancia proferida el 27 de octubre del
año 2022, Consejera Ponente STELLA JEANETTE CARVAJAL
BASTO, dentro del proceso con radicado 050012333000 2019-
03288 01 (25653) y ORDENE a la SECCIÓN CUARTA, que
profiera una nueva providencia SIN QUE EN ELLA SE
INAPLIQUE el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013 del
Municipio de Medellín, y que evalúe y analicen la TOTALIDAD de
las pruebas recaudadas, además de los llamados “ASPECTOS
NOVEDOSOS” y con fundamento en ellos se REVOQUE la
decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones de
la demanda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA solicitó declarar improcedente el

amparo solicitado o, en su defecto, denegar las pretensiones de la

demanda, toda vez que no le vulneró derecho fundamental alguno al

actor, pues su actuación estuvo ajustada a derecho.

Manifestó que la acción de tutela de la referencia carece del requisito

general de relevancia constitucional y no puede ser usada como una

instancia adicional al proceso ordinario, pues su finalidad es la de

proteger derechos fundamentales y no para discutir las diferencias

que se tengan frente a la decisión judicial aquí censurada.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02040-01
Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Indicó que en la sentencia objeto de la solicitud de amparo, reiteró

la providencia de 10 de marzo de 202210, la cual abordó un asunto

con identidad fáctica y jurídica promovido por la misma parte, frente

al impuesto de industria y comercio del período 2013, razón por la

cual, a su juicio, teniendo en cuenta los fundamentos legales y

jurisprudenciales, interpretó adecuadamente las normas sobre la

materia, valoró debidamente las pruebas y analizó todos los cargos

propuestos en el recurso de apelación.

Aclaró que contra la citada sentencia de 10 de marzo de 2022, el

actor presentó acción de tutela, identificada con el número único de

radicado 11001-03-15-000-2022-03447-01, la cual denegó el

amparo allí solicitado.

Sostuvo que todos los argumentos del recurso de apelación fueron

analizados de conformidad con la normativa aplicable, el precedente

reiterado de la Sección Segunda de la Corporación y las pruebas que

obran en el expediente, por lo que, en su sentir, lo que pretende el

actor es una revisión del asunto conforme a las argumentaciones que

propone y utilizar el amparo constitucional como una tercera

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de
marzo de 2022, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-03229-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Arguello.

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instancia, al revivir un debate jurídico que ya fue dirimido dentro del

proceso ordinario.

I.5.2.- El MUNICIPIO DE MEDELLÍN pese a haber sido notificado

en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de junio de 2023, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente el amparo solicitado.

Afirmó que en la presente acción de tutela no se cumple el requisito

general de relevancia constitucional, toda vez que lo que pretende el

actor es reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió

contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con el fin de que se declare

la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se

efectuó la liquidación de Aforo del período gravable 2015 y utilizar el

mecanismo constitucional como una tercera instancia del proceso

ordinario.

Sostuvo que la Corte Constitucional ha establecido que la acción de

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tutela no puede ser concebida como un juicio de corrección del fallo

cuestionado, ni debe utilizarse como una nueva instancia para la

discusión de los asuntos de índole probatorio o de interpretación del

derecho legislado.

Advirtió que la finalidad del actor con la acción de tutela de la

referencia es que se realice un nuevo análisis de los aspectos

definidos por el juez natural de la causa, comoquiera que insiste en

los argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación

interpuesto contra la sentencia de 29 de abril de 2021 proferida por

el TRIBUNAL, los cuales ya fueron analizados y definidos de manera

razonable por la SECCIÓN CUARTA mediante la sentencia de 27 de

octubre de 2022.

Frente al argumento del actor relativo a “[…] la falta de

pronunciamiento acerca de la necesidad de un proceso de

determinación del tributo por parte de la DIAN, para poder efectuar

los cruces de información […]”, sostuvo que aquel tiene a su

disposición el mecanismo idóneo para alegar la posible falta de

congruencia del fallo demandado, esto es, el recurso extraordinario

de revisión, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia que

puso fin al proceso, por lo que concluyó que tampoco debía

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pronunciarse sobre ese cargo, al no cumplirse el requisito general de

la subsidiariedad.

Finalmente, trajo a colación las sentencias de 29 de julio11 y 20 de

octubre de 202212, proferidas en la acción de tutela identificada con

el número único de radicación 11001-03-15-000-2022-03447-01,

mediante las cuales se denegó el amparo solicitado por el actor

contra la sentencia de 10 de marzo de 2022, en la que se resolvió un

litigio entre las mismas partes, proceso en el que se cuestionaba la

liquidación de Aforo por el impuesto de industria y comercio del

período gravable 2013.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la providencia de primera instancia, mediante

escrito en el que señaló que no le asiste razón al a quo, toda vez que

en el presente caso la relevancia constitucional se puede advertir

fácilmente de los argumentos expuestos en la acción de tutela,

comoquiera que la decisión de la autoridad judicial demandada

trasgredió sus derechos fundamentales al inaplicar una norma legal

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “A”-,
sentencia de 29 de julio de 2022, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-03447-01, C.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de
octubre de 2022, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-03447-01, C.P. Rocío Araújo
Oñate.

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vigente, esto es, el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, por

considerar erróneamente que era más gravosa para sus intereses.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

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definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida

por la SECCIÓN CUARTA, dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 05001-23-33-000-2019-03288-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de seguridad jurídica, habida

cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los

defectos material o sustantivo, fáctico y violación directa a la

Constitución.

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Los disensos del actor radican en que la decisión cuestionada adolece

de un defecto material o sustantivo, al inaplicar el artículo 137

del Decreto Municipal núm. 1018 de 2013 y desconocer el parágrafo

2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, los cuales, a su juicio, no

hacían mas gravoso el proceso conforme al Estatuto Tributario y,

además, al pasar por alto que los actos notariales no están sujetos a

ningún impuesto, por lo que no debían ser tenidos en cuenta para la

liquidación de Aforo.

Asimismo, sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, al no valorar

la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente, por

considerarse erróneamente que se trataban de nuevos hechos

diferentes a los expuestos en la demanda inicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 2 de junio de 2023,

declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que la

acción de tutela carece de los requisitos generales de la relevancia

constitucional y la subsidiariedad, toda vez que lo pretendido a través

del presente mecanismo constitucional es reabrir el debate jurídico

que se surtió dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho objeto de estudio y, además, el actor

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cuenta con el recurso extraordinario de revisión para alegar la

presunta falta de congruencia.

Inconforme con lo anterior, el accionante impugnó la decisión

proferida en primera instancia y adujo que no le asiste razón al a

quo, toda vez que el asunto bajo estudio sí tiene relevancia

constitucional, pues la decisión de la SECCIÓN CUARTA trasgredió

sus derechos fundamentales al inaplicar el artículo 137 del Decreto

1018 de 2013, el cual es una norma legal vigente.

Precisado lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio al objeto de la

impugnación presentada por el actor, esto es, determinar si el

presente caso cumple con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

en especial, el requisito de la relevancia constitucional y, de ser así,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos invocados.

De la relevancia constitucional

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

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cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 13, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».14

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación15, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

13
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En

[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [22]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho

[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Caso concreto

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Ahora bien, revisado el expediente contentivo del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la

sentencia objeto de controversia, la Sala advierte que los

argumentos que sustentan la presente solicitud de amparo

constitucional fueron debidamente debatidos en aquel y estudiados

por la autoridad judicial accionada, por lo que es evidente que no se

cumple el requisito general de la relevancia constitucional, pues lo

que se pretende es promover una tercera instancia.

En efecto, revisado el expediente ordinario, la Sala observa que en

el escrito de apelación presentado contra la sentencia de primera

instancia proferida por el TRIBUNAL, el actor manifestó lo siguiente:

“[…] Como se expresó en los argumentos de la demanda, el
procedimiento de aforo se inició encontrándose vigente el decreto
municipal 1018 de 2013, con fundamento en el cual fue expedido el
emplazamiento para declarar, sin embargo, culminó
fundamentándose en las nuevas disposiciones consagradas en el
decreto 350 de 2018.

Acerca del principio constitucional de “irretroactividad de la ley”, el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 del
nuevo Código General del Proceso señala, cuando hay cambio de
legislación aplicable, cual es la que debe regir para culminar el
procedimiento iniciado bajo una ley anterior.

(…)

En relación con la vulneración de tal disposición, en la sentencia el
Tribunal reconoce que era el decreto 1018 de 2013 la norma que ha
debido aplicarse, defendiendo sin mayores argumentos la aplicación

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equivocada que se hizo de la nueva disposición.

Previamente dentro del análisis tendiente a establecer su con la
expedición de la liquidación de aforo se vulneró el derecho al debido
proceso del accionante, al desarrollar el tema su dicha liquidación “se
efectuó con base a una normatividad diferente a con la que se inició
el procedimiento tributario”, punto i), página 17, expone:

“(…) Debe decirse en primer lugar que, la parte actora arguyó
que a pesar de que la liquidación de aforo debió proferirse con
base al procedimiento consagrado en el Decreto 1018 de 2013,
dado que a luz de este se había iniciado el trámite
administrativo, se realizó conforme a las disposiciones del
Decreto 350 de 2017.

Para la Sala, de acuerdo al principio de irretroactividad de las
normas tributarias consagrado en el artículo 363 de la
Constitución y al artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que
establece que la ley procedimental es de aplicación inmediata
salvo algunos casos como cuando los términos hubieren
comenzado a correr, la ley con la cual debía continuar el trámite
era efectivamente la vigente al momento de proferir el
emplazamiento para declarar.

Sin embargo, la Sala al realizar un análisis comparativo entre
el contenido material del estatuto aplicado y aquel con el cual
se inició el trámite administrativo, observa que el
procedimiento para expedir la liquidación de aforo es mínimo y
que, al no resultar desfavorable para el contribuyente, el cargo
de falsa motivación no esta llamado a prosperar (…)”.

En la sucinta argumentación que hace el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para despachar este cargo que debería conducir a la
nulidad de los actos demandados, desconoce incluso algo que
argumenta la accionada en la respuesta a la demanda y que se lee en
la página 5 de la Sentencia:

“Considera ajustada a derecho la liquidación de aforo, en la
medida en que la autoridad tributaria está facultada por el
literal a) del artículo 173 del Decreto 350 de 2018 para tener
como fuente de información en el sistema de ingresos
presuntivos mínimos, los “Cruces con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales”.

Ni mas ni menos, la propia accionada está confesando que se
fundamentó la decisión en la disposición nueva, esto es, el decreto
350 de 2018.

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Fundamentarse en la disposición que no resulta aplicable al caso
vulnera el principio de legalidad de las actuaciones administrativas y
por supuesto el debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política, lo que se reitera genera la Nulidad de los actos
administrativos.

De la misma manera es oportuno anotar que si resulta desfavorable
para el presente caso la aplicación del Decreto 350 de 2018, por
cuanto dentro de las causales de Nulidad del acto administrativo
objeto del presente medio de control se invoca la Infracción al artículo
137 del Decreto 1018 de 2013, conforme se tratará en el siguiente
punto […]”.

Frente al particular, en la sentencia cuestionada la SECCIÓN

CUARTA hizo énfasis en cuanto a las razones por las cuales se debía

inaplicar el artículo 137 del Decreto Municipal núm. 1018 de 2013 y,

de igual forma, explicó el por qué el TRIBUNAL no incurrió en una

indebida interpretación del parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley

1579 de 2012, para concluir que en el caso concreto se debía

confirmar la decisión apelada, por las siguientes razones:

“[…] En cuanto al fondo del asunto, el demandante cuestiona la
norma territorial aplicada por la administración en el proceso de
aforo. En oposición, el municipio considera que se Utilizó el
procedimiento acorde con el ordenamiento jurídico vigente.

Como lo precisó la Sección en la sentencia reiterada, el proceso
de fiscalización «[…] se rige por la norma vigente al momento
de la presentación de la declaración o de que finaliza el
plazo para hacerlo, según sea el caso, pues en ese momento
empieza a correr el término pata proferir la respectiva
liquidación oficial e imponer las sanciones procedentes. Esto
significa que, para este caso, debe aplicarse el Decreto Municipal
1018 de 2013, norma que estaba vigente al momento en que
finalizó el plazo para presentar la declaración del impuesto de
industria y comercio por el año fiscalizado (2013) y al momento
de la expedición del emplazamiento para declarar (23 de agosto
de 2017)».

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En el ceso, el emplazamiento por la omisión en el deber de
declarar ICA del año 2015 fue proferido el 31 de agosto de 2016,
y, por tanto, la norma aplicable era el Decreto Municipal 1018
de 2013. En efecto, al analizar el contenido material del referido
emplazamiento se evidencia que la administración requirió al
demandante para que «presente la declaración privada de
industria y comercio por el período gravable 2015, toda vez que
no cumplió lo dispuesto en los artículos 65 y 67 del Decreto
Municipal 1018 de 2013 […]», argumentación reiterada en el
acto definitivo -Liquidación Oficial de Aforo- en el que se precisó
que «el contribuyente Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez,
[…] en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
artículos 29, 65 y 67 del Decreto Municipal 1018 de 2013,
debió Presentar la declaración de industria y comercio, por las
actividades correspondientes al periodo gravable 2015, dentro
del término establecido en el artículo 67 de la norme antes citada
y a la fecha no ha dada cumplimiento[23]». Acto administrativo
confirmado mediante Resolución 201950056663 del 13 de junio
de 2019.

De lo anterior surge que tanto el emplazamiento para declarar
como la liquidación de aforo, se basaron en la norma aplicable,
esto es, el Decreto 1018 de 2013.

En ese orden, pese a que el apelante cuestiona que la
administración citó una norma posterior -Decreto 350 de 2018-
con vulneración del debido proceso, no se evidencia la misma,
pues la actuación se ciñó a la normativa vigente y, si bien en el
acto de determinación se mencionó el Decreto 350 de 2018, en
específico el artículo 173, esta norma por lo demás reproduce el
artículo 182 del Decreto 1018 de 2013, en torno al sistema de
ingresos presuntivos con base en los cruces de información con
la DIAN.

Así mismo, se destaca que el actor tuvo oportunidad de
contestar el emplazamiento para declarar e interponer recurso
de reconsideración contra la liquidación de aforo y así cuestionar
las actuaciones de la administración. De igual manera, se
advierte que, desde el acto preparatorio el municipio insistió en
i) la omisión del actor en la presentación de la declaración, ii) la
procedencia del gravamen sobre servidos notariales y, iii) la
determinación la base gravable con fundamento en los ingresos
presuntivos, aspectos regulados tanto en el Decreto 1018 de
2013, como en el Decreto 350 de 2018. Así, se reitera que no se
evidencia vulneración al debido proceso.

[23] Pág. 1 Liquidación Oficial de Aforo.

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Sobre la obligación de notificar la resolución sanción por no
declarar e interponer el recurso de reconsideración para la
procedencia de la liquidación de aforó, basada en el artículo 137
del Decreto Municipal 1018 de 2013[24], se reitera que, «[...]
nada se opone a que la liquidación oficial de aforo y la sanción
por no declarar sean proferidas en tramitas administrativos
separadas, de forma simultánea o acumulados, pues esto
atiende los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y
economía, según lo permite el artículo 637 del Estatuto
Tributario». Y que la norma municipal «debe ser inaplicada»
cuando hace más gravoso el procedimiento frente al previsto en
el Estatuto Tributarlo Nacional [25].

Así las cosas, como se expresó en la providencia que se reitera,
la jurisprudencia de la Sección ha interpretado que el Estatuto
Tributario Nacional permite que la liquidación oficial de aforo y
la sanción por no declarar sean proferidas en trámites
administrativos separados, de forma simultánea o acumulados,
puesto que de esta manera se materializan los principios de
eficiencia, celeridad, eficacia y economía. Y que estos mismos
principios se desconocen en los eventos en que se restrinja esta
posibilidad, al someter la expedición de la liquidación oficial de
aforo al previo agotamiento del procedimiento para imponer la
sanción por no declarar.

Concordante con lo anterior, no le asiste razón al apelante al
exigir el procedimiento previo de la sanción por no declarar para
la procedencia de la liquidación de aforo, con lo cual tampoco
incide la prueba allegada al proceso correspondiente a la
decisión de la administración de revocar la sanción por no
declarar el impuesto de industria y comercio del año gravable
2015 impuesta al demandante. De igual forma, conforme con el
precedente reiterado, la actuación desplegada por la
administración se ajustó a derecho, porque para la expedición
de la liquidación de aforo demandada, no se requería previa
sanción por no declarar.

En conclusión, como ocurrió en la sentencia reiterada, se
inaplicará por ilegal el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013,
conforme con lo dispuesto en el artículo 148 del CPACA.

En tomo a la determinación de la base gravable, el demandante

[24] ARTÍCULO 137. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin
que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Subsecretaría de Ingresos procederá a proferir
el acto administrativo imponiendo la sanción por no declarar prevista en el artículo 195 del Acuerdo
Municipal 64 de 2012 y agotado este procedimiento con su respectivo recurso de reconsideración,
procederá la liquidación oficial de aforo. Resaltado fuera del texto original.
[25] Sentencia del 3 d ejulio de 2020, exp. 24584, CP. Stella Jeanette Carvajal Basto.

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señala que no es posible tomar los ingresos brutos de la
declaración del impuesto de renta como base gravable del
impuesto de industria y comercio. En contraposición, el
municipio considera que, conforme al sistema de ingresos
presuntivos, es procedente el cruce de información con la DIAN
para determinar la base gravable del impuesto discutido.

Sobre este punto en particular, la Sala tuvo oportunidad de
pronunciarse en la sentencia reiterada al señalar que «el
Municipio de Medellín estaba facultado para determinar la base
gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio
Alberto Ortega Márquez por el año gravable 2013 con base en la
información registrada en las declaraciones del IVA [en este caso
renta] presentadas por ese mismo periodo, según lo previsto en
el artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de 2013 y en el
artículo 173 del Decreto Municipal 350 de 2018».

En este caso, como en el que se reitera, tanto en sede
administrativa, como en la demanda, el actor no desplegó
actividad probatoria para desvirtuar que los ingresos Informados
a la DIAN en la declaración de renta 2015 no están gravados con
ICA en el municipio de Medellín y, solo se limitó a cuestionar la
calidad de sujeto pasivo y que los ingresos de los notados no
pueden preverse con el impuesto discutido.

De todo lo anterior surge que la base gravable se determinó de
manera correcta, sin que fuera desvirtuada por la parte
demandante.

Por último, respecto de la posibilidad de gravar o no los ingresos
obtenidos por los notarios, la Sección, luego de estudiar el
parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, concluyó «que los actos notariales y de registro son
distintos a los ingresos que las notarías perciben en virtud de
todos los trámites que los ciudadanos realizan ante ellas». Y que
«una cosa es que no puedan gravarse con tributos locales los
actos sujetos a registro; por ejemplo, una escritura pública de
compraventa de un inmueble, y otra muy distinta, el ejercicio
del servicio notarial, que es gravado con el impuesto de industria
y comercio, en los términos de las normas tributarias y de la
jurisprudencia de esta Sección [26].» No prospera la apelación.

Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la
sentencia apelada, previa inaplicación del artículo 137 del
Decreto 1018 de 2013, expedido por el alcalde del municipio

[26] Sentencia C-260 del 6 de mayo de 2015 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterada en la sentencia
de 10 de marzo de 2002, exp. 25481, CP. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.

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Medellín […]”. (Resaltado y subrayado fuera del texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala reitera que la acción de tutela

de la referencia es improcedente por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, porque a través de ésta el actor

lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este

mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso

ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la autoridad

accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que, a su juicio, de un adecuado análisis de los cargos planteados en

la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la debida

interpretación del artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, se podía

advertir que se debía agotar el procedimiento de la sanción por no

declarar el impuesto de industria y comercio del año gravable 2015,

previo a la liquidación de Aforo y, asimismo, que conforme al

parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, los actos

notariales no están sometidos a ningún impuesto por lo que no

debían ser tenidos en cuenta al momento de la liquidación de Aforo.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

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tutela haga un nuevo examen integral del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se corrija el

análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la

interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera

una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite

ordinario.

Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega la parte

actora en esta sede constitucional fueron atendidas por la SECCIÓN

CUARTA, toda vez que le indicó que el artículo 137 del Decreto 1018

de 2013 debía ser inaplicado por no simplificar el procedimiento

previsto en el Estatuto Tributario al establecer un procedimiento

previo para efectuar la liquidación oficial de Aforo, esto es, imponer

la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, junto

con la resolución del respectivo recurso de reconsideración, cuando

esos trámites administrativos pueden ser adelantados de forma

separada, simultánea o acumulada.

Asimismo, la autoridad judicial accionada frente el parágrafo 2° del

artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, señaló que el servicio notarial es

gravado con el impuesto de industria y comercio, diferente a los actos

de registro de los cuales reciben como ingresos las notarías en razón

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a los trámites realizados por los ciudadanos, razón por la cual la

prohibición que trae ese artículo de que no sean gravados con

impuestos solo es aplicable a los actos notariales y no pueden estar

sujetos a tributos locales, lo que no quiere decir, como lo afirmó el

actor, que estos no están sujetos a impuestos.

Cabe resaltar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 27, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en

27
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201728, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

28
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que no se cumplió el

requisito general de la relevancia constitucional, razón por la que

confirmará la decisión de primera instancia, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

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Actor: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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