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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03447-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03447-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 29 de julio de 2022 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó la acción presentada por el señor Fabio Alberto Ortega Márquez, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03447-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de octubre de 2022

Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2022-03447-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-03447-01
Demandante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y
fáctico – Confirma negativa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Fabio Alberto Ortega
Márquez contra la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó la petición de amparo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito presentado por ventanilla virtual1 el 28 de junio de 2022, el
señor Fabio Alberto Ortega Márquez, en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

2. Tales garantías las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia del 10 de
marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que revocó el
fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad el
9 de diciembre de 2019, mediante el cual declaró la nulidad parcial de la
Resolución N. º 63144 de 21 de junio de 2018 y ordenó al municipio de Medellín
modificar la liquidación de aforo del impuesto de industria y comercio
correspondiente al periodo gravable 2013, para en su lugar, negar las
pretensiones.

3. Lo anterior, sucedió al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, iniciado por el accionante contra el municipio de Medellín, proceso
que se identificó con radicado N. º 05001-23-33-000-2019-03229-00/01.

1
Solicitud radicada con Número 4115.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2022-03447-01

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) ordenando a la autoridad judicial accionada, que deje sin valor y efecto la
Sentencia de segunda instancia proferida el 10 de marzo del año 2022, Consejera
Ponente Myriam Stella Gutiérrez A, dentro del proceso con radicado
050012333000 2019-03229 01, y ORDENE a la SECCIÓN CUARTA, que profiera
una nueva providencia, SIN QUE EN ELLA SE INAPLIQUE el artículo 137 del
Decreto 1018 de 2013 del Municipio de Medellín, y que se avalúe y analicen la
TOTALIDAD de las pruebas recaudadas, y se CONFIRME la decisión de primera
instancia, accediendo a las pretensiones de nulidad TOTAL de los actos
administrativos acusados”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El señor Fabio Alberto Ortega Márquez ejerció como notario 15 de Medellín,
durante el 2013.

6. El municipio de Medellín profirió el emplazamiento para declarar N. º 180721 de
23 de agosto de 2017, en el que se le otorgó al accionante el plazo de un mes
para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio para el año
gravable 2013, so pena de imponer sanción por no declarar y determinar el tributo
mediante una liquidación oficial de aforo.

7. El actor dio respuesta al emplazamiento el 10 de octubre de 2017, sin embargo,
la autoridad no encontró fundados los argumentos del contribuyente y por medio
de la Resolución N. º 56705 de 3 de enero de 2018, impuso sanción por no
declarar en el periodo gravable 2013, por valor de $53.930.000.

8. Asimismo mediante liquidación oficial de aforo N. º 63144 de 21 de junio de
2018, el ente territorial determinó el impuesto de industria y comercio por el año
gravable 2013, en $89.883.000.

9. El contribuyente presentó recurso de reconsideración contra ambos actos
administrativos y mediante la Resolución N. º 201950061270 de 4 de julio de
2019, el municipio de Medellín confirmó la liquidación oficial de aforo.

10. Frente a la sanción por no declarar solicitó el silencio administrativo positivo, la
cual fue resuelta por medio de la Resolución N. º 201950101449 de 22 de octubre
de 2019, en la que no se resolvió sobre la petición, pero se disminuyó la sanción
de $53.930.000 a $1.080.000.

11. Con ocasión de lo anterior, el señor Ortega Márquez presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
solicitando la nulidad de las Resoluciones N. º 63144 de 21 de junio de 2018 y
201950061270 de 4 de julio de 2019, así como la modificación de la liquidación

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oficial de aforo, tomando como base gravable los ingresos que no constituían
actos notariales.

12. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, por medio de sentencia de 9 de diciembre de 2020, declaró la nulidad
parcial de la Resolución N. º 63144 de 21 de junio de 2018 y ordenó al municipio
de Medellín modificar la liquidación de aforo del impuesto de industria y comercio
correspondiente al periodo gravable 2013 “(…) en el sentido de excluir de la base
gravable los ingresos percibidos por concepto de actos notariales y de registro”.

13. Tanto el extremo activo como el pasivo interpusieron recurso de apelación, los
cuales fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Cuarta en providencia
del 10 de marzo de 2022, en la que se revocó la decisión del a quo, para en su
lugar, “inaplicar el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 en virtud de la
excepción de legalidad” y negar las pretensiones de la demanda.

14. Como parte del fundamento de fallo, el ad quem argumentó que:

“Lo anterior significa que la base gravable utilizada por la entidad demandada para
determinar el tributo corresponde con las disposiciones legales que rigen la
materia. Ahora, esta Sección señaló, en sentencia del 2 de octubre de 2019, que la
base del ICA y de la sanción por no declarar deben coincidir porque es un factor
común entre ambos conceptos, motivo por el que en ese caso se redujo la sanción
impuesta que había sido liquidada con una base superior a la determinación del
tributo. No obstante, esta regla jurisprudencial no es aplicable a este caso porque
no se discute la legalidad de la sanción, sino el monto del impuesto a cargo de
Fabio Alberto Ortega Márquez. Así las cosas, reducir el valor del impuesto que fue
determinado de forma ajustada a la ley (como ocurrió en este caso) solo porque la
autoridad demandada redujo la base de su sanción, desconocería el principio de
justicia, que impone a los contribuyentes colaborar con el funcionamiento del
Estado en lo que le corresponde por mandato legal.

Repárese, en que la información que el actor entregó a la administración territorial
para que se disminuyera la sanción por no declarar no fue allegada al expediente
judicial de la referencia. En todo caso, según consta en la misma Resolución Nro.
201950101449 de 2019, la información aportada no fue certificada por contador ni
se anexó ningún soporte que demuestre su veracidad. Es decir, en realidad el
documento que dio lugar a la disminución de la sanción únicamente consistió en
una afirmación realizada por el contribuyente, que no tiene ninguna prueba que la
respalde.

Además, el hecho que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar
estén contenidos en actos administrativos separados, implica que frente a cada
uno de ellos pueden presentarse cargos de nulidad diferentes y, «por lo tanto, su
juicio es independiente, y los efectos de la decisión que se adopte frente a uno, no
afectan (sic) necesariamente el análisis de legalidad que corresponde hacer de
cara al otro»

Debido a lo anterior, los actos administrativos acusados en este caso no
incurrieron en una causal de nulidad porque tomaran como ingreso gravable de
Fabio Alberto Ortega Márquez por el periodo 2013 los ingresos brutos declarados
para el IVA por el mismo año, menos las devoluciones en ventas”.

15. Dicha decisión fue notificada el 19 de marzo de 2022.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La parte actora sostuvo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió
en el defecto sustantivo por interpretación irrazonable al interior de la providencia
del 10 de marzo de 2022.

17. A juicio del actor, en el fallo cuestionado, se ordenó la inaplicación del artículo
137 del Decreto Municipal 1018 de 20132, tras encontrar que el procedimiento
consagrado en éste era mucho más gravoso que el previsto en el Estatuto
Tributario3, pues contrariaba los artículos 66 de la Ley 383 de 19974 y 59 de la Ley
788 de 20225, así como la sentencia C-232 de 1998.

18. Lo anterior, bajo el argumento de que la norma exigía expresamente al
municipio de Medellín imponer la sanción por no declarar y, en caso de que fuera
interpuesto el recurso de reconsideración, se decidiera antes de proferir la
liquidación oficial de aforo.

19. No obstante, el señor Ortega Márquez consideró que no existía contrariedad o
desconocimiento entre las señaladas normas, por el contario, tornaba el
procedimiento más beneficioso y garantista para el contribuyente, ya que previo a
la expedición de la liquidación oficial del aforo, el ente municipal debía imponer la
sanción por no declarar y resolver el recurso de reconsideración, si era del caso.

20. El actor señaló que de acuerdo con el criterio plasmado en sentencia de 28 de
noviembre de 20136, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el
carácter gravoso de una norma territorial tributaria debía ser considerado desde la
perspectiva de que esta hiciera más estricta la situación para el contribuyente,
consagrara una mayor sanción o se estableciera un procedimiento menos
garantista.

21. El accionante indicó que si bien, como lo manifestó la Sección Cuarta en su
providencia, el Estatuto Tributario permitía que la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar fueran proferidas en trámites administrativos de forma

2
ARTÍCULO 137. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON
MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. <Artículo derogado por el artículo 250 del Decreto 350 de 2018
de la Alcaldía de Medellín> Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Subsecretaría de Ingresos
procederá a proferir el acto administrativo imponiendo la sanción por no declarar prevista en el
artículo 195 del Acuerdo Municipal 64 de 2012 y agotado este procedimiento con su respectivo
recurso de reconsideración, procederá la liquidación oficial de aforo.
3
Artículos 643, 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario.
4
ARTICULO 66. ADMINISTRACION Y CONTROL. Los municipios y distritos, para efectos de las
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de
sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional.
5
ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Los departamentos y
municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su
imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento
administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las
sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y
simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de
estas respecto del monto de los impuestos.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, Sentencia 28.10.13, Rad. 18443.

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simultánea o acumulados y que en el Decreto Municipal se sometía la expedición
de la liquidación oficial de aforo previo al agotamiento del procedimiento para
imponer la sanción por no declarar; ello no era suficiente para concluir que se
contrariaba la Constitución o alguna otra normativa.

22. Por otro lado, el tutelante manifestó que la autoridad judicial accionada
desconoció el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1579 de 20127, tras señalar
que “[A]l tratarse de un mandato legal y frente, incluso, al reconocimiento del Municipio de
Medellín de este precepto, al proceder a excluir de la base gravable del año gravable
2013 lo correspondiente a los Actos Notariales, teniendo solo en cuenta los ingresos por
servicios notariales, tal como lo señala la Ley; llama la atención la postura de la SECCIÓN
CUARTA al desconocer la Base Gravable fijada en la Resolución 201950101449 del 22
de octubre de 2019, en valor de $156.530.728, argumentando que no se trata en este
asunto del análisis de la legalidad de la Resolución Sanción por No Declarar, cuando si
bien se tratan de actos separados, ambos actos (Resolución sanción y Liquidación Oficial
de Aforo), hacen parte de un solo procedimiento, el denominado “PROCESO DE
OMISOS”, regulado actualmente por los artículos 116 a 119 del Decreto 350 de 2018”.
(Sic a toda la cita)

23. Finalmente, la parte actora puso de presente que se configuró un defecto
fáctico en la providencia del 10 de marzo de 2022, al no valorarse las siguientes
pruebas que fueron parte de los documentos allegados con la respuesta al
requerimiento de información N. º 37203 de 14 de agosto de 2013:

• Rut.
• Consolidado de ingresos por servicios excluyendo los actos notariales del
año 2013.
• Certificación expedida por el ingeniero de sistema José Ángel Hurtado.
• Acta de posesión como notario 15 de Medellín.

24. Sobre estas pruebas aseguró que hicieron parte de la base gravable que
conllevó a que el municipio de Medellín modificara la Resolución N. º
20195010449 de 22 de octubre de 2019. Así insistió que “(…) en la providencia
objeto de esta solicitud de amparo constitucional, NO TUVO EN CUENTA LA TOTALIDAD
DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS válidamente en el proceso, y solo tuvo en cuenta una
información parcial y anterior al hecho narrado, al concluir con base en un requerimiento
anterior que: “…el demandante no controvierte las afirmaciones contenidas en los actos
administrativos acusados, por lo que aceptó que no aportó pruebas durante el trámite
administrativo para demostrar cuáles fueron los ingresos gravados con el impuesto de
industria y comercio en el Municipio de Medellín durante el año 2013”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. Mediante auto de 1º de julio de 2022, la magistrada ponente de la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, admitió la demanda de tutela y

7
ARTÍCULO 15. RADICACIÓN DE DOCUMENTO O TÍTULO VÍA ELECTRÓNICA EN LAS
NOTARÍAS, DESPACHOS JUDICIALES O ENTIDADES ESTATALES.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o
contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado
por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen.

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dispuso su notificación a los magistrados de la Sección Cuarta de la Corporación y
al accionante.

26. De igual forma se vinculó como tercero interesado al municipio de Medellín.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentó la siguiente intervención:

1.6.1. Municipio de Medellín

27. Mediante escrito allegado el 8 de julio de 2022, el tercero interesado indicó que
la providencia recurrida por el accionante no violentaba el derecho fundamental al
debido proceso.

28. Recordó que, una vez formulado el emplazamiento para declarar, cada
actuación debía seguir su curso de manera independiente, simultánea o de
manera acumulada, sin que pudiera considerarse que la actuación administrativa
prevista para imponer la sanción constituía una etapa previa e ineludible para
formular la liquidación de aforo. Así, en el caso, la entidad territorial profirió y
notificó el emplazamiento para declarar, por lo cual el accionante tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

29. Asimismo, consideró que el señor Ortega Márquez no desplegó ninguna
actividad probatoria en el trámite administrativo ni en el proceso judicial para
desvirtuar que los ingresos informados a la DIAN mediante las declaraciones del
IVA no estaban gravados con el impuesto de industria y comercio ante el
municipio de Medellín.

30. Adicionalmente, manifestó que “(…) se procedió verificar el estado de cuenta de
FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ (…) encontrando que por la vigencia 2013, tiene
facturados el impuesto, interés y sanción, conforme a la resolución Nº201950061270 de
04 de julio de 2019 y Nº201950101449 del 22 de octubre de 2019, que quedaron
confirmadas con el fallo, por un total de $134.495.845 (…)”.

31. En último lugar advirtió que la acción de tutela era un mecanismo subsidiario
que no estaba instituido para reemplazar procedimientos como el tributario y
menos, para suplir la falta de pruebas no allegadas en el procedimiento
administrativo, como fue señalado por la autoridad judicial accionada en segunda
instancia.

32. Pese a que la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue debidamente
notificada, guardó silencio8.

8
Índice 8 de SAMAI.

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1.7. Fallo impugnado

33. Mediante sentencia de 29 de julio de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, negó la solicitud de amparo.

34. Frente al defecto sustantivo la Sala consideró que la autoridad judicial
accionada realizó el estudio de las normas aplicables, el cual no resultó
irrazonable o caprichoso, pues se desarrolló en ejercicio de la autonomía funcional
concluyendo que conforme a lo previsto en el artículo 148 del CPACA, debía
inaplicarse el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013.

35. Lo anterior tuvo como fundamento que el hecho de que se previera que
primero debía agotarse el procedimiento para imponer la sanción por no declarar
para luego efectuar la liquidación oficial de aforo “no simplifica el procedimiento
previsto en el Estatuto Tributario”.

36. Asimismo, afirmó que la expedición de la liquidación oficial de aforo antes de
que quedara en firme la sanción por no declarar que se impuso al accionante no
transgredía su derecho al debido proceso “(…) en primer lugar, porque son
procedimientos autónomos y, en segundo lugar, porque la entidad territorial profirió y
notificó el emplazamiento para declarar y, en ese sentido, el contribuyente tuvo la
oportunidad de presentar su oposición a dicho emplazamiento”.

37. En lo que respecta al segundo punto alegado al interior del defecto sustantivo,
se indicó que si bien en la decisión cuestionada se aceptó que el parágrafo 2 del
artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 prohibía que los actos notariales y de registro
fueran gravados con impuestos, dicha disposición no era aplicable a los ingresos
por la prestación del servicio notarial, es decir todos los trámites que se
efectuaban al interior de esta, sí estaban gravados con el impuesto de industria y
comercio.

38. Sobre el defecto fáctico el a quo constitucional adujo que la totalidad de las
pruebas alegadas habían sido valoradas por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado “(…) al punto de que afirmó que en la Resolución Nro. 201950101449 de 2019 se
señaló “que Fabio Alberto Ortega Márquez suministró la información mediante respuesta
del 11 de septiembre de 2019 (luego de proferidos los actos administrativos acusados), en
la que consta que el ingreso gravable por el año 2013, excluyendo el ingreso derivado de
actos notariales, asciende a solo $156’530.728” (se destaca)”.

39. Recalcó lo expuesto en el fallo cuestionado relativo a que la información que el
actor entregó a la administración territorial para que se disminuyera la sanción por
no declarar no fue allegada al expediente judicial y, en todo caso, de acuerdo con
la Resolución N. º 201950101449 de 2019, la documentación no fue certificada por
contador ni se anexó ningún soporte que demostrara su veracidad.

40. Así las cosas, la Sala estimó que las conclusiones de la autoridad judicial
accionada eran producto de un análisis probatorio fundado en la sana crítica, con
una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador
judicial frente a la apreciación de las pruebas.

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41. Por lo tanto, no encontró configurado ninguno de los defectos alegados por la
parte actora.

1.8. Impugnación

42. La tutelante impugnó el fallo de tutela9 mediante escrito radicado el 10 de
agosto de 2022. En primera medida, argumentó que la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado realizó un análisis superficial de la
situación, sin desarrollar a profundidad los argumentos por los cuales no se había
inaplicado de forma arbitraria y subjetiva la norma contenida en el Decreto
Municipal.

43. En consecuencia, reiteró que el a quo no realizó un análisis sobre la indebida
utilización del control por vía de excepción consagrado en el artículo 148 del
CPACA, pues a su juicio, la Sección Cuarta acudió a dicha figura para desatender
una norma tributaria que era plenamente aplicable y beneficiaba sus intereses
como contribuyente.

44. Posteriormente, expuso el mismo texto presentado en el libelo introductorio y
solicitó que se revocara el fallo de primera instancia constitucional y, en su lugar,
se dejara sin valor y efecto la sentencia de 10 de marzo de 2022.

1.9. Trámite en segunda instancia

45. Encontrándose el expediente para proferir el fallo de segunda instancia, el
despacho ponente de esta decisión advirtió que el a quo, al momento de admitir la
solicitud presentada, omitió vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, autoridad que profirió el fallo de primera instancia en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

46. Así, al evidenciar que el proceso estaba viciado de una nulidad de carácter
saneable y, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, en
aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, el despacho
ordenó que se pusiera en conocimiento la presente acción a los referidos.

47. Sin embargo, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad fue notificado en debida forma, guardó silencio10.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

48. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor
Fabio Alberto Ortega Márquez contra la sentencia proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,

9
El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 5 de agosto de 2022.
10
Índice 9, 10 y 13 de SAMAI.

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modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

49. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 29 de julio de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

50. Por ello se deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento de superar tales requisitos, se determinará si ¿la
sentencia de 10 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta adolece de los defectos sustantivo y fáctico al inaplicar el
artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013, interpretar erróneamente
el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 y no valorar el
materia probatorio allegado con la respuesta al requerimiento de
información N. º 37203 de 14 de agosto de 2019?

51. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) generalidades de los
defectos alegados; iv) jurisprudencia relevante para resolver el caso y; v) caso
concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

52. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema12. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales13. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”

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53. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

54. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia16 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

55. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

56. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

57. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

58. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
sentencia de 10 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.

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Cuarta, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado N.º 05001-23-33-000-2019-03229-01.

59. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto la
autoridad judicial accionada revocó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad el 9 de diciembre de 2019, mediante el cual
declaró la nulidad parcial de la Resolución N. º 63144 de 21 de junio de 2018 y
ordenó al municipio de Medellín modificar la liquidación de aforo del impuesto de
industria y comercio correspondiente al periodo gravable 2013, para en su lugar,
negar las pretensiones.

60. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, llevaron a la autoridad judicial a
desconocer el alcance y aplicación de sus garantías constitucionales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, omitiendo el deber del juez
ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

61. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a
los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

62. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

63. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia de 10 de marzo de 2022 fue proferida al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado N. º 05001-
23-33-000-2019-03229-01.

2.3.2.3. Inmediatez

64. No se advierte reproche frente a este requisito, puesto que la providencia del
Consejo de Estado, Sección Cuarta fue proferida el 10 de marzo de 2022 y
notificada el 19 siguiente. Mientras que la solicitud de tutela fue presentada el 28
de junio de 2022, es decir menos de 6 meses, tiempo que esta Sala ha

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considerado razonable para uso de este mecanismo excepcional17, con ocasión de
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200518.

2.3.2.4. Subsidiariedad

65. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que se cuestiona en sede de tutela puso fin al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y frente a tal
providencia no procede recurso ordinario alguno.

66. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

67. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

2.4. Generalidades del defecto sustantivo

68. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “(…) la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

69. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible
o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

70. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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2.5. Generalidades del defecto fáctico

71. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201519 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

72. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
Omisión de decreto prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
y práctica de parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente

19
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.

requiere entonces que:
Valoración irracional
o arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

73. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

74. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

75. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.

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2.6. Jurisprudencia relevante para resolver el caso

76. A lo largo de los años, la jurisprudencia ha decantado el criterio sobre la
formulación de la liquidación oficial de aforo en el mismo acto de la imposición de la
sanción por no declarar, al constituirse una posible violación al debido proceso y, por
consiguiente, la nulidad del acto.

77. Para el 200720, la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideraba que se
transgredían los derechos de contradicción y defensa de los contribuyentes cuando
ambos procedimientos eran suscritos en un solo acto administrativo, pues cada uno
de ellos era independiente y contaba con el recurso de reconsideración. Dicho
criterio fue reiterado en el 201221.

78. Nuevamente, en el 201522, el órgano de cierre en materia tributaria reiteró el
criterio expuesto, al señalar que: “(…) el procedimiento de aforo comprende 3 etapas a
saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de
aforo, pero en el caso concreto la Administración Municipal en un solo acto realizó la
liquidación de aforo, impuso la sanción por no declarar y la sanción por responder en
forma extemporánea, cada una de las cuales, además de ser independientes, cuenta con
el recurso de reconsideración, por lo que la actuación de la demandada violó a la
sociedad actora sus derechos al debido proceso y a la defensa y así transgredió lo
dispuesto en los artículos 643, 715 y 717 del Estatuto Tributario”.

79. No obstante, en el 201623, la Sección cambió su postura de forma radical al
advertir que no era procedente la nulidad del acto administrativo en el que se
profieran conjuntamente la sanción por no declarar, así como la liquidación oficial
de aforo, ya que dicha formulación resultaba garante de los principios de
eficiencia, eficacia, celeridad y economía consagrados en el Estatuto Tributario.

80. En consecuencia, la referida autoridad judicial estimó que “[T]eniendo en cuenta
la disparidad de criterios, la Sala consideró necesario tomar una posición, por lo que, en lo
sucesivo, se entenderá que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar
pueden expedirse de forma independiente o en un mismo acto administrativo, sin
embargo, cuando la Administración impida al contribuyente tener acceso a la sanción
reducida prevista en el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario, procede el
reconocimiento de la sanción reducida por violación al debido proceso24”.

81. Por su parte, respecto al impuesto de industria y comercio, se tiene que es un
impuesto de carácter territorial regulado en un primer momento por la Ley 14 de
1983. En su artículo 36, consagró como actividades de servicio las siguientes:
“Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad
mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio
de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes,

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia, Sentencia 11.10.12, Rad. 18425.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. María Inés
Ortiz Barbosa, Sentencia 03.10.07, Rad. 15530.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, Sentencia 12.04.15, Rad. 16967.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, Sentencia 26.05.16, Rad. 19732.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves
García, Sentencia 01.08.19, Rad. 25000-23-37-000-2013-00367-01.

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moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales
como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de
inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y
televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería,
servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y
afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo
de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepios y los servicios de
consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho”.

82. Posteriormente en sentencia C-220 de 1996, la Corte Constitucional declaró
exequible la expresión “análogas”, es decir que se entendieron gravadas con el
impuesto todas las actividades industriales, comerciales y de servicio, pues la lista
citada anteriormente, constituía un carácter enunciativo más no taxativo.

83. Así, desde 199925, el Consejo de Estado, con fundamento en la sentencia C-
741 de 1998, señaló que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de
industria y comercio, como se cita a continuación:

“Al margen de lo anterior, y si bien no es materia de decisión en el presente
proceso la no sujeción al impuesto de industria y comercio de los servicios
notariales alegada por el accionante, la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio
según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el
impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente
de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho
impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente
excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal”.

2.7. Caso concreto

84. El señor Fabio Alberto Ortega Márquez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando el estudio
de legalidad de las resoluciones N. º 63144 de 21 de junio de 201826 y
201950061270 de 4 de julio de 201927, así como la modificación de la liquidación
oficial de aforo, tomando como base gravable los ingresos que no constituían
actos notariales.

85. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, por medio de sentencia de 9 de diciembre de 2020, declaró la nulidad
parcial de la Resolución N. º 63144 de 21 de junio de 2018 y ordenó al municipio
de Medellín modificar la liquidación de aforo del impuesto de industria y comercio
correspondiente al periodo gravable 2013, sin embargo, en segunda instancia, el
Consejo de Estado, Sección Cuarta en providencia de 10 de marzo de 2022,
revocó la decisión y en su lugar, inaplicó el artículo 137 del Decreto Municipal
1018 de 2013 y negó las pretensiones de la demanda.

86. Inconforme con la decisión, el actor instauró acción de tutela alegando que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. Como

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P Delio Gómez
Leyva, Sentencia 12.08.99, Rad. 9306.
26
Liquidación de aforo en la que se determinó el impuesto de industria y comercio para el año
gravable 2013.
27
Resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración y se confirmaron la
sanción por no declarar y la liquidación de aforo.

16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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primer punto, consideró que el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013,
no debió ser inaplicado en virtud de que no existía contrariedad con las normas del
Estatuto Tributario, por el contrario, dicho procedimiento resultaba más beneficioso
y garantista para el contribuyente.

87. Asimismo manifestó que si bien la normativa prevista en el Estatuto Tributario
permitía que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar fueran
proferidas en trámites administrativos de forma simultánea o acumulados, el hecho
de que el Decreto Municipal exigiera que la expedición de la liquidación oficial de
aforo se hiciese previo al agotamiento del procedimiento para imponer la sanción
por no declarar, ello no significaba una contrariedad con la Constitución Política,
las leyes 383 de 1997 y 788 de 2022, o cualquier otra normativa.

88. Por otra parte, adujo como desconocido el parágrafo 2º del artículo 15 de la
Ley 1579 de 2012, pues a su juicio, los actos notariales y de registros no podían
ser gravados con impuestos.

89. En lo que respecta al defecto fáctico, el señor Ortega Márquez consideró que
el tribunal accionado desconoció las pruebas allegadas al expediente ordinario en
virtud del requerimiento de información N. º 37203 del 14 de agosto de 2019 en
relación con el periodo gravable 2013, concretamente las siguientes: (i) el Rut, (ii)
un consolidado de ingresos por servicios excluyendo los actos notariales del año
2013, (iii) la certificación expedida por el ingeniero de sistemas José Ángel
Hurtado y (iv) el acta de posesión como notario 15 de Medellín.

90. A juicio del tutelante, con fundamento en dichas pruebas el municipio de
Medellín modificó la base gravable del impuesto a declarar, en la Resolución N. º
201950101449 de 22 de octubre de 2019, así como la sanción por no declarar de
$53.930.000 a $1.080.000.

91. Puso de presente que en el texto de la Resolución N. º 201950101449 de 22
de octubre de 2019 se plasmó la respuesta al requerimiento de información N. º
37203 por el periodo gravable 2013, dejándose escaneada la certificación de
ingresos por servicios excluyendo actos notariales de 2013, donde se registró
como ingresos gravables la suma de $156.530.728, la cual fue tomada por el
municipio de Medellín.

92. Afirmó que la autoridad judicial accionada solo tuvo en cuenta una información
parcial y anterior a la respuesta del requerimiento mencionado, lo que la llevó a
concluir que “(…) el demandante no controvierte las afirmaciones contenidas en los
actos administrativos acusados, por lo que aceptó que no aportó pruebas durante el
trámite administrativo para demostrar cuáles fueron los ingresos gravados con el impuesto
de industria y comercio en el Municipio de Medellín durante el año 2013”.

93. En primera instancia constitucional, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, negó el amparo solicitado, tras concluir que no existió
interpretación irrazonable del artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 ni
del parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, así como que sí se
valoraron todas las pruebas alegadas allegadas al proceso ordinario.

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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2022-03447-01

94. El señor Ortega Márquez en su impugnación, advirtió que dicha decisión
resultó superficial, pues el juez constitucional no desarrolló a profundidad los
argumentos por los cuales consideraba que el artículo 137 del Decreto Municipal
1018 de 2013 no se inaplicó de forma arbitraria y subjetiva y, reiteró lo expuesto
en el libelo introductorio.

95. Con el fin abordar los defectos alegados por el tutelante, la Sala estudiará en
primer lugar, el defecto sustantivo, para posteriormente adentrarse en el fáctico.

2.7.1. Del defecto sustantivo alegado

96. El artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 consagra la consecuencia
de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento, indicando
que vencido el término otorgado en el emplazamiento sin que se hubiese
presentado la declaración respectiva, la autoridad encargada dictará decisión
administrativa en que se impondrá sanción, frente a la cual se tendrá recurso de
reconsideración y posteriormente, agotado dicho procedimiento, sí se procederá
con la liquidación de aforo.

97. Por su parte, el Estatuto Tributario determinó en los artículos 715, 716 y 717,
ese mismo procedimiento sobre el emplazamiento previo por no declarar y la
respectiva liquidación de aforo, así rezan:

“ARTICULO 715. EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes
incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando
obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos, previa
comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un
(1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su
omisión.

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción
por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

ARTICULO 716. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que
otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere
presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a
aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643.

ARTICULO 717. LIQUIDACIÓN DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en
los artículos 643, 715 y 716, la Administración podrá, dentro de los cinco (5) años
siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante
una liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, que no haya declarado”.

98. Como es de observarse, el Estatuto Tributario dejó claro el procedimiento que
debía seguirse para la expedición de la sanción por no declarar y la liquidación de
aforo, sin embargo, no impuso una carga a la administración en la que debía
agotar primero un trámite antes de iniciar otro.

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99. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, órgano de cierre en
materia tributaria, indicó en sentencia de 26 de mayo de 201628, la forma en que
debían interpretarse los artículos precedentes, en el sentido de que la sanción por
no declarar y la liquidación oficial de aforo podían ser proferidas en trámites
administrativos separados, pero de forma simultánea o acumulados en atención a
los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía, que rigen la norma.

100. De la misma manera, la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada expuso un recuento jurisprudencial sobre dicha situación, al advertir
que en sentencia de 1º de agosto de 201929, se plasmaron las diferentes posturas
jurisprudenciales sobre la posibilidad de proferir la liquidación oficial de aforo de
forma separada o acumulada con la sanción por no declarar, como se cita:

“En dicha providencia, la Sección señaló que el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y
el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establecen que los departamentos y los
municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario
Nacional para la determinación de los tributos territoriales y para la imposición de
sanciones tributarias, entre otros aspectos. Además, el artículo 59 de la Ley 788
de 2002 permite que el monto de las sanciones y el término de la aplicación de los
procedimientos puedan disminuirse o simplificarse según la naturaleza de los
tributos que administran y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Esto significa que al procedimiento de aforo adelantado por las entidades
territoriales le son aplicables las mismas disposiciones de los artículos 715, 716 y
717 del Estatuto Tributario, salvo que la respectiva entidad territorial establezca
reglas especiales que simplifique dicho procedimiento.

Ahora, con base en las normas del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado inicialmente consideró que no procedía la expedición de la
liquidación oficial de aforo y la imposición de la sanción por no declarar en un
mismo acto administrativo, so pena de que fuera violado el derecho al debido
proceso del contribuyente.

No obstante, la Sección modificó esta postura a partir de la sentencia del 26 de
mayo de 2016 porque nada se opone a que la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar sean proferidas en trámites administrativos separados, de
forma simultánea o acumulados, pues esto atiende los principios de eficiencia,
celeridad, eficacia y economía, según lo permite el artículo 637 del Estatuto
Tributario. En todo caso, la sentencia del 1° de agosto de 2019 precisó lo
siguiente:

«Teniendo en cuenta la disparidad de criterios, la Sala consideró necesario
tomar una posición, por lo que, en lo sucesivo, se entenderá que la
liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar pueden expedirse de
forma independiente o en un mismo acto administrativo, sin embargo,
cuando la Administración impida al contribuyente tener acceso a la sanción
reducida prevista en el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario,
procede el reconocimiento de la sanción reducida por violación al debido
proceso»”.

101. Como viene de referirse, la razón de la decisión tomada por la Sección
Cuarta consistió en inaplicar el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 en
tanto no simplificaba el procedimiento previsto por el Estatuto Tributario, por el

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, Sentencia 26.05.16, Rad. 25000-23-27-000- 2011-00296-01.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves
García, Sentencia 01.08.19, Rad. 25000-23-37-000- 2013-00367-01.

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contrario, le imponía una dilación que hacía menos eficaz el trámite, dado que se
debía primero imponer la sanción por no declarar y, en caso de que fuera
interpuesto el recurso de reconsideración, decidirse antes de proferir la liquidación
de aforo.

102. Si bien el actor adujo que la autoridad demandada determinó inaplicar el
mencionado artículo porque el contenido del Estatuto Tributario resultaba más
beneficioso, la Sala encuentra que ello no corresponde a la realidad, pues la razón
de la determinación sucedió en términos de proteger los principios de eficiencia,
economía, eficacia y celeridad que rigen el Decreto 624 de 1989.

103. Asimismo, la autoridad tutelada de forma muy clara expuso que la expedición
de la liquidación oficial de aforo antes de que quedase en firme la sanción por no
declarar, no violaba el derecho al debido proceso del contribuyente, en tanto, la
sanción reprende la omisión en un deber formal, mientras que la liquidación
determina la obligación tributaria incumplida. Así en la providencia se indicó que:

“(…) el procedimiento sancionatorio y el de fiscalización son autónomos, de tal
manera que nada impide que sean adelantados de forma conjunta o separada.
Incluso, luego de que se anunció el cambio jurisprudencial, la sentencia del 15 de
septiembre de 2016 señaló que la expedición de la liquidación oficial de aforo sin
la previa imposición de la sanción por no declarar no vulnera el derecho al debido
proceso de los contribuyentes, en los siguientes términos:

(…) Si el contribuyente no presenta la declaración, bien puede la administración
imponer la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Pero si la
administración tributaria decide no imponer la sanción por no declarar en acto
previo e independiente de la liquidación de aforo, eso no implica vulnerar ni el
debido proceso ni el derecho de defensa, como lo alegó la demandante.

En efecto, una vez formulado el emplazamiento para declarar, cada actuación
sigue su curso de manera independiente, simultánea o de manera acumulada, sin
que pueda considerarse que la actuación administrativa prevista para imponer la
sanción constituye una etapa previa e ineludible para adelantar la actuación
administrativa para formular la liquidación de aforo>>

El segundo motivo por el que no fue violado el derecho al debido proceso es que la
entidad territorial profirió y notificó el emplazamiento para declarar, hecho que está
probado en el expediente. En efecto, según lo indicó la misma sentencia del 15 de
septiembre de 2016 antes citada, cada actuación administrativa (liquidación oficial
de aforo y sanción por no declarar) requiere indispensablemente del
emplazamiento para declarar, para garantizar el derecho de defensa. En
consecuencia, en el asunto bajo examen, el demandante pudo ejercer su derecho
de defensa en la oposición al emplazamiento para declarar, por lo que la Sala no
encuentra que se le haya violado el derecho al debido proceso”.

104. Por lo tanto, para esta Sala sí es evidente lo señalado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en la providencia recurrida, sobre la contrariedad que
presentaba el artículo 137 del Decreto Municipal frente al Estatuto Tributario, pues
mientras el primero imponía la imperiosa necesidad de agotamiento de un trámite
para poder avanzar el siguiente, el segundo permitía ejecutar ambos de forma
concomitante, pues a pesar de que ambos procedimientos resultaran diferentes y
autónomos, era procedente su simultaneidad.

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105. Adicionalmente, lo más importante que se tuvo en cuenta al momento de
tomar tal determinación fue asegurarse que con el procedimiento del Estatuto
Tributario se estuviera garantizando el derecho al debido proceso del accionante,
pues como efectivamente se encontró, con el emplazamiento y la notificación, el
actor contó con la oportunidad para pronunciarse, y con ello, se garantizó el
derecho de contradicción y defensa.

106. Así las cosas, atendiendo al criterio pacífico señalado por el órgano de cierre
en materia tributaria sobre la interpretación de los mencionados artículos del
Estatuto Tributario, esta Sala de Decisión no encuentra que la decisión del juez
ordinario de segunda instancia fuera equivocada, por el contrario, atendió a la
correcta aplicación normativa, así como de análisis del caso en concreto.

107. Ahora, en lo referente al segundo alegato traído por la parte actora al interior
del defecto sustantivo, el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012
dispone que: “[N]ingún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos,
tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de
Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen”.

108. Si bien, la mencionada norma se refiere al acto notarial o de registro, no va
dirigida a ser aplicada a ingresos por prestación del servicio notarial, tal como lo
advirtió la Sección Cuarta del Consejo de Estado30, al indicar que:

“(…) una cosa es que no puedan gravarse con tributos locales los actos sujetos a
registro; por ejemplo, una escritura pública de compraventa de un inmueble, y otra,
muy distinta, el ejercicio del servicio notarial, que es gravado con el impuesto de
industria y comercio, en los términos de las normas tributarias y de la
jurisprudencia de esta Sección”.

109. En el mismo sentido, la autoridad demandada, por medio de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional31 sustentó la diferencia entre actos y servicios notariales
y el gravamen del impuesto de industria y comercio sobre esto; así:

“(…) el objeto de la prohibición es impedir que se graven con tributos de las
entidades territoriales los actos notariales y de registro. En un sentido gramatical la
palabra acto debe entenderse como acción, en un sentido jurídico, el acto es aquel
hecho voluntario que crea, modifica, o extingue derechos y obligaciones.

Bajo esta perspectiva, la prohibición no se refiere al servicio público notarial o de
registro, sino a aquellos actos jurídicos que se adelantan ante las autoridades que
prestan estos servicios, es decir, aquellas manifestaciones de voluntad con la
entidad suficiente de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas
determinadas, en materia de derechos y obligaciones. Un ejemplo claro de un acto
notarial seria aquel relacionado con la función fedante como la extensión de una
escritura pública de compraventa de bien inmueble, una declaración extrajudicial,
entre otros; y en el caso de acto de registro, el ejemplo estar a determinado por la
acción de registrar cualquiera de los documentos enunciados en el artículo 4 de la
Ley 1579 de 2012.

53. Hecha esta aclaración, la prohibición contenida en la norma demandada no
afecta la noción de actividad de servicio notarial ni de registro, razón por la cual, no

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, Sentencia 14.06.18, Rad. 08001-23-31-000- 2013-00182-01.
31
Corte Constitucional, Sentencia C-260 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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se extiende al impuesto de industria y comercio que grava el servicio notarial, y el
que debe ser transferido por los notarios en atención a la función que cumplen”.

110. Es de recordarse que todas las actividades industriales, comerciales y de
servicios están gravadas con el impuesto de industria y comercio, de acuerdo con
el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, sobre el cual se ha determinado que las
actividades de servicios previstas en este son enunciativas y no son taxativas y
por ello las análogas son las que guardan similitud con los enlistados.

111. El artículo 131 de la Constitución Política catalogó al servicio notarial como
un servicio público y de función pública, además de encontrarse como una
actividad análoga de las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, razón por
la cual se encuentra gravado con ICA.

112. Así las cosas, no se encuentra que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
incurriera en el defecto sustantivo por ninguno de los dos argumentos expuestos,
pues se encuentra que se aplicó la normativa de forma precisa. Teniendo en
cuenta lo anterior, el cargo será negado.

2.7.2. Del defecto fáctico alegado

113. Respecto al mencionado yerro, la Sala considera que el accionante cumplió
con la carga argumentativa requerida para analizar el cargo de defecto fáctico, ya
que identificó las pruebas que fueron presuntamente desconocidas por la Sección
Cuarta, así como la incidencia que las mismas tendrían en la decisión.

114. De la revisión de la sentencia enjuiciada, la Sala observa que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, luego de exponer las razones por las cuales
inaplicaría el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013, manifestó que
dicho argumento no era suficiente para revocar la sentencia de primera instancia
que había accedido parcialmente a las pretensiones, pues el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad había fundamentado su
decisión en lo establecido en la Resolución N. º 201950101449 de 2019.

115. Puso de presente que el juez de primera instancia accedió parcialmente a las
pretensiones, pues en dicho acto administrativo se evidenciaba que el municipio
de Medellín había reducido la base gravable del impuesto de industria y comercio,
debido a que se debían excluir los ingresos derivados de los actos notariales y de
registro.

116. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
realizó la siguiente valoración probatoria:

“Como fue expuesto, el Tribunal señaló que la entidad territorial debió reducir la
base gravable del impuesto de industria y comercio en la liquidación oficial de aforo
tal como lo hizo en la Resolución Nro. 201950101449 de 2019. Dicho acto
administrativo señaló que Fabio Alberto Ortega Márquez suministró la información
mediante respuesta del 11 de septiembre de 2019 (luego de proferidos los actos
administrativos acusados), en la que consta que el ingreso gravable por el año
2013, excluyendo el ingreso derivado de actos notariales, asciende a solo
$156’530.728.

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No obstante, como fue expuesto, la prohibición del parágrafo 2° del artículo 15 de la
Ley 1579 de 2012 solo es aplicable a los actos notariales, pero no para los ingresos
por la prestación del servicio notarial. Lo anterior significa que la base gravable
utilizada por la entidad demandada para determinar el tributo corresponde con las
disposiciones legales que rigen la materia.

Ahora, esta Sección señaló, en sentencia del 2 de octubre de 2019 que la base del
ICA y de la sanción por no declarar deben coincidir porque es un factor común entre
ambos conceptos, motivo por el que en ese caso se redujo la sanción impuesta que
había sido liquidada con una base superior a la determinación del tributo.

No obstante, esta regla jurisprudencial no es aplicable a este caso porque no se
discute la legalidad de la sanción, sino el monto del impuesto a cargo de Fabio
Alberto Ortega Márquez. Así́ las cosas, reducir el valor del impuesto que fue
determinado de forma ajustada a la ley (como ocurrió́ en este caso) solo porque la
autoridad demandada redujo la base de su sanción, desconocería el principio de
justicia, que impone a los contribuyentes colaborar con el funcionamiento del Estado
en lo que le corresponde por mandato legal.

Repárese, en que la información que el actor entregó a la administración territorial
para que se disminuyera la sanción por no declarar no fue allegada al expediente
judicial de la referencia. En todo caso, según consta en la misma Resolución Nro.
201950101449 de 2019, la información aportada no fue certificada por contador ni
se anexó ningún soporte que demuestre su veracidad. Es decir, en realidad el
documento que dio lugar a la disminución de la sanción únicamente consistió en una
afirmación realizada por el contribuyente, que no tiene ninguna prueba que la
respalde.

Además, el hecho que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar
estén contenidos en actos administrativos separados, implica que frente a cada uno
de ellos pueden presentarse cargos de nulidad diferentes y, «por lo tanto, su juicio
es independiente, y los efectos de la decisión que se adopte frente a uno, no afectan
(sic) necesariamente el análisis de legalidad que corresponde hacer de cara al otro.”

117. De la transcripción realizada, se observa que la autoridad judicial accionada
tuvo en cuenta tanto la Resolución N. º 201950101449 de 2019, como las
consideraciones en ella contenidas, que sirvieron de fundamento al municipio de
Medellín para reducir la base gravable del impuesto de industria y comercio.

118. No obstante lo anterior, advirtió que la información y pruebas allegadas al
expediente administrativo con el fin de reducir la sanción por no declarar, la cual,
por regla general, debe coincidir con la base gravable del impuesto a declarar, no
hicieron parte del expediente judicial, lo que evitó su valoración en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

119. Adicionalmente, se expuso que en la Resolución N. º 201950101449 de 2019
constaba que la información aportada carecía de sustento, por cuanto no había
sido certificada por un contador y tampoco se contaba con otros elementos de
prueba que la apoyaran. Lo anterior se verificó en la medida en que el dicho del
actor se sustentó únicamente en su propia afirmación.

120. Ante las falencias probatorias del accionante, la autoridad judicial acudió a la
normatividad aplicable, esto es, el artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de
2013, en virtud del cual, los ingresos gravados por impuestos territoriales en el
municipio de Medellín pueden constatarse, entre otros, por el cruce de información
con la DIAN, motivo por el cual advirtió que el ente territorial puede determinar la

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base gravable del impuesto de industria y comercio con base en las pruebas
obtenidas por los cruces de información con la DIAN.

121. Al respecto, indicó:

2.4. En el caso bajo examen, los documentos que obran en el expediente
demuestran lo siguiente:

La Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 al momento de determinar el valor del
tributo a cargo del contribuyente por el año gravable 2013, señaló́ :

«5. Que por lo tanto, la Administración Municipal practicará la liquidación oficial
de aforo, según lo establecido en los artículos 96, 118 y 119 del Decreto
Municipal 350 de 2018, tomando como base gravable por el periodo gravable
2013 los ingresos brutos declarados en IVA por $7.860.495.000, reconociendo
como descontable devoluciones en ventas por $44.574.000, quedando como
base gravable $7.815.921.000 aplicando la tarifa 10 por mil según código de
actividad 305, para un total del impuesto a cargo $89.883.000 incluido avisos y
tableros, según lo establecido en el artículo 173 del Decreto Municipal 350 de
2018».

La Resolución Nro. 201950061270 del 4 de julio de 2019 (que confirmó la
liquidación oficial) realiza un estudio más detallado del periodo probatorio previo a la
decisión del recurso de reconsideración. En él se puso de presente que dicho
recurso se fundamentó́ en que la entidad territorial incluyó en la base gravable del
impuesto de industria y comercio ingresos no gravados, por lo que, antes de decidir
el recurso, se decretó́ una inspección contable mediante el Auto Nro. 156 del 8 de
mayo de 2018.

En cumplimiento de lo anterior, fue proferido el Requerimiento de Información Nro.
70609 el 21 de mayo de 2019. Sin embargo, el contribuyente no suministró la
información solicitada, sino que dio respuesta al requerimiento señalando que no
procede la práctica de pruebas luego de recurrida la liquidación oficial de aforo.

Debido a lo anterior, mediante oficio del 15 de junio de 2019, la Subsecretaria de
Ingresos informó que no pudo practicar la inspección contable decretada. Sin
embargo, señaló́ que al verificar la base de datos suministrada por la DIAN se
evidencia que el actor presentó declaraciones del IVA por el año 2013 con un total
de ingresos brutos de $7.860’495.000 y devoluciones de ventas por valor de
$44’574.000.

En este orden de ideas, la Resolución Nro. 201950061270 señaló́ que «tenía el
contribuyente el deber formal de presentar a la Administración las pruebas
tendientes a desvirtuar la base gravable tomada para practicar la liquidación de
aforo (ingresos brutos declarados en IVA), pues es sobre este sujeto sobre quien
recae la carga de la prueba (...)».

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el demandante no controvierte las
afirmaciones contenidas en los actos administrativos acusados, por lo que aceptó
que no aportó pruebas durante el trámite administrativo para demostrar cuales
fueron los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio en el
Municipio de Medellin durante el año 2013.

Por lo expuesto, el Municipio de Medellin estaba facultado para determinar la base
gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio Alberto Ortega
Márquez por el año gravable 2013 con base en la información registrada en las
declaraciones del IVA presentadas por ese mismo periodo, según lo previsto en el
artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de 2013 y en el artículo 173 del Decreto
Municipal 350 de 2018

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La anterior conclusión se refuerza en que el contribuyente no desplegó ninguna
actividad probatoria en el trámite administrativo ni en el proceso judicial para
desvirtuar que los ingresos informados a la DIAN, mediante las declaraciones del
IVA, no están gravados con el impuesto de industria y comercio ante el Municipio de
Medellin.”

122. De lo anterior, la Sala advierte que, si bien la autoridad judicial no hizo
mención expresa al Rut del actor, al consolidado de ingresos por servicios
excluyendo los actos notariales del año 2013 o a la certificación expedida por el
ingeniero de sistemas José Ángel Hurtado, lo cierto es que dichos elementos
probatorios sí fueron tenidos en cuenta, pues la Sección Cuarta revisó la
Resolución N. º 201950101449 de 2019, acto administrativo expedido con
fundamento en aquellos, como lo indicó también el juez de tutela de primera
instancia.

123. Adicionalmente, esta Sección advierte que dichos elementos probatorios no
tienen la virtualidad de modificar la decisión adoptada en la sentencia objeto de
esta tutela, por cuanto no están dirigidos a demostrar que los ingresos informados
por la DIAN en las declaraciones de IVA no estaban gravados con el impuesto de
industria y comercio.

124. En otras palabras, la autoridad judicial fue clara al explicar que, en primer
lugar, los ingresos obtenidos por servicios notariales están gravados con el
impuesto de industria y comercio. En segundo lugar, el parágrafo 2º del artículo 15
de la Ley 1579 de 2012 establece, entre otras cosas, que los actos notariales y de
registro no pueden ser gravados con impuestos, norma que no incluye los
servicios notariales32.

125. En tercer lugar, indicó que, el señor Fabio Alberto Ortega Márquez no
cumplió con la carga de la prueba requerida para demostrar cuáles eran los
ingresos gravados, motivo por el cual la entidad debía tomar como base gravable
del tributo los ingresos brutos liquidados en las declaraciones de IVA ante la DIAN.

126. Ahora, esa falencia probatoria no se suplía, como lo pretende hacer ver el
tutelante, con las pruebas cuya valoración extraña, ni siquiera en lo que se refiere
al consolidado de ingresos por servicios, pues, como lo indicó la autoridad judicial
accionada, esa información carecía de una certificación por parte de un contador y
se sustentaba únicamente en el dicho del accionante.

127. La Sala evidencia que el señor Ortega Márquez tiene una inconformidad en
relación con los ingresos que deben ser gravados con el impuesto de industria y
comercio, pues considera que los provenientes de la prestación del servicio
notarial se encuentran exentos, sin embargo, en la sentencia objeto de esta tutela,

32
Al respecto explicó que en sentencia del 9 de mayo de 2019 radicado 2012-00197-01, la Sección
Cuarta adujo: En todo caso, se evidencia que esta Sección 14 consideró que las actividades
notariales se subsumen en la definición de actividades de servicio del artículo 14 de la Ley 14 de
1983 porque: i) en la prestación del servicio no media una relación laboral, ii) el servicio consiste en
la ejecución de una obligación de hacer mediante la función de dar fe pública, iii) existe una
contraprestación por la labor realizada y iv) es una actividad análoga a la lista enunciativa
dispuesta por el legislador.

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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2022-03447-01

se explicó razonablemente el alcance del parágrafo 2°33 del artículo 15 de la Ley
1579 de 201234 y la interpretación que la Sección Especializada le ha dado a los
servicios notariales cuyos ingresos si están gravados.

128. Ahora, como el tutelante no demostró que los ingresos que fueron gravados
por el municipio de Medellín no provenían de la prestación de los servicios
notariales, resulta razonable y conforme con las reglas de la sana crítica que, la
autoridad judicial demandada resolviera revocar la decisión que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, parar en su lugar, negarlas.

129. Finalmente, la Sala advierte que en el proceso ordinario nunca se negó la
calidad de notario que ostentaba el tutelante, por el contrario, fue siempre
reconocida, tan es así que, precisamente la discusión giró en torno a la base
gravable acreditada para la declaración del impuesto de industria y comercio por la
prestación de los servicios notariales.

130. En ese sentido, no le asiste razón a la parte actora al afirmar que la Sección
Cuarta omitió valorar el acta de posesión como notario 15 de Medellín, pues se
reitera nunca se discutió que el señor Fabio Alberto Ortega Márquez fuera notario.

131. Por los argumentos expuestos, la Sala comparte que igualmente negará el
defecto fáctico planteado.

2.8. Conclusión

132. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a
confirmar la decisión del a quo, en atención a que no se encontraron configurados
ninguno de los dos defectos alegados por el actor.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

33
ARTÍCULO 15. RADICACIÓN DE DOCUMENTO O TÍTULO VÍA ELECTRÓNICA EN LAS
NOTARÍAS, DESPACHOS JUDICIALES O ENTIDADES ESTATALES. Una vez otorgado un título
o documento de los relacionados en el artículo 4º, el Notario, la autoridad judicial, administrativa o
estatal competente, a petición de cualquiera de los interesados o de manera oficiosa, podrá
radicarlo en el sistema de información de registro o sistema adoptado para tal fin, remitiendo vía
electrónica a la oficina de registro la copia del documento o título digitalizado con firma digital, así
como los soportes documentales del cumplimiento del pago de los impuestos y derechos
establecidos en la ley y decretos reglamentarios.
PARÁGRAFO 1o. El pago de los impuestos y derechos de registro se podrá efectuar a través de
medios virtuales o electrónicos bajo condiciones de seguridad y confiabilidad, debidamente
integrados al proceso de registro. La Superintendencia de Notariado y Registro, reglamentará el
procedimiento y desarrollo tecnológico para la puesta en marcha de este servicio.
PARÁGRAFO 2o. Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o
contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado
por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen.
34
Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras
disposiciones

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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2022-03447-01

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 29 de julio de 2022 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó la acción presentada por el
señor Fabio Alberto Ortega Márquez, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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