Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-03229-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-03229-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-03229-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de marzo de 2022
Radicado: 05001-23-33-000-2019-03229-01 (25481)
Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-03229-01 (25481)
Demandante FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ
Demandado MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Temas Impuesto de industria y comercio. Año gravable 2013.
Servicios notariales. Liquidación de aforo. Base gravable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 9 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que decidió:
«PRIMERO. SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución 63144 del 21 de junio de 2018,
expedida por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del municipio de
Medellín, y de su acto confirmatorio, la Resolución 201950061270 del 4 de julio de 2019,
emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al municipio de Medellín,
modificar la liquidación de aforo del impuesto de industria y comercio correspondiente al
periodo gravable 2013, a cargo del señor Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez, en el
sentido de excluir de la base gravable los ingresos percibidos por concepto de actos notariales
y de registro.
TERCERO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. Se condena en costas a la entidad demandada, de conformidad con los parámetros
definidos en la parte motiva de la presente decisión.»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Fabio Alberto Ortega Márquez ejerció la actividad de Notario Quince de Medellín
durante el año 2013.
El Municipio de Medellín profirió el Emplazamiento para Declarar Nro. 180721 del
23 de agosto de 2017, acto que otorgó a Fabio Alberto Ortega Márquez el plazo de
un mes para presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el
año gravable 2013, so pena de imponer sanción por no declarar y determinar el
tributo mediante una liquidación oficial de aforo.
El demandante dio respuesta al emplazamiento para declarar el 10 de octubre de
2017. La entidad territorial negó los argumentos del contribuyente e impuso sanción
por no declarar de $53’930.000, mediante la Resolución Nro. 56705 del 3 de enero
de 2018.
1 Página 25 del PDF 16 del índice 2 de SAMAI.
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Además, el ente territorial determinó el impuesto de industria y comercio a cargo de
Fabio Alberto Ortega Márquez por el año gravable 2013 en $89’883.000, mediante
la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 del 21 de junio de 2018.
El contribuyente presentó recurso de reconsideración contra cada acto
administrativo, mediante la presentación de dos escritos.
El Municipio de Medellín confirmó la liquidación oficial de aforo mediante la
Resolución Nro. 201950061270 del 4 de julio de 2019.
En el expediente no obra un acto que decida el recurso de reconsideración contra
la sanción por no declarar, pero si que el actor solicitó la declaración del silencio
administrativo positivo en su favor. Esta petición fue resuelta mediante la Resolución
Nro. 201950101449 del 22 de octubre del mismo año que se abstuvo de
pronunciarse sobre la ocurrencia del silencio administrativo positivo, pero disminuyó
la sanción a $1’080.000.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Fabio Alberto Ortega Márquez
formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que declare que son nulos y sin efectos los siguientes actos administrativos:
1.1. La Resolución 63144 del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsecretaría de
Ingresos del Municipio de Medellín, mediante la cual se Resuelve Practicar
Liquidación Oficial de Aforo a cargo del contribuyente FABIO ALBERTO DE JESÚS
ORTEGA MÁRQUEZ, por el periodo gravable 2013, en cuantía de $89.883.000.
1.2. La Resolución No. 201950061270 de 04 de julio de 2019, notificada por edicto
desfijado el día 13 de agosto del mismo año, expedida por el Secretario de
Hacienda Municipal, mediante la cual se resuelve Confirmar la Resolución anterior.
2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento
del Derecho, si hubiere lugar a ello, se ordene modificar la Liquidación Oficial de Aforo,
tomando como base gravable los ingresos que NO constituyen Actos Notariales.
3. Que en el evento que se ordene la modificación a la Liquidación de Aforo se aplique la
norma que le sea más favorable al contribuyente, en virtud del principio de irretroactividad
de la ley
4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada»2.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 338 de la
Constitución; el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de
Registro de Instrumentos Públicos); los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los artículos 28,
65, 67, 136 y 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013; y los artículos 25 y 32 del
Acuerdo Municipal 064 de 2012.
Los cargos de nulidad se resumen así:
2 Páginas 2 a 3 del PDF 2 del índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
1. Infracción de las normas superiores: violación del artículo 32 del
Acuerdo Municipal 064 de 2012 por la indebida determinación de la base
gravable.
El Municipio de Medellín profirió la liquidación oficial de aforo tomando como base
gravable los ingresos brutos de las declaraciones de IVA presentadas para los
periodos gravables del año 2013, para un valor total de $7.860’495.000.
Por lo anterior desconoció lo previsto por el artículo 32 del Acuerdo Municipal 064
de 2012 para establecer la base gravable del impuesto de industria y comercio. En
efecto, esta norma establece que este elemento del tributo se determina tomando
los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el periodo gravable y
restando las deducciones y las no sujeciones relativas a ese impuesto. Esto significa
que no se previó la posibilidad de tomar como base gravable los ingresos brutos
registrados en las declaraciones del IVA. Así pues, la operación realizada por la
administración de la entidad territorial es una extensión normativa que usurpa
funciones del concejo municipal, lo que desconoce el artículo 338 de la Constitución.
En realidad, el Municipio de Medellín debió iniciar una investigación fiscal previa que
le permitiera establecer los ingresos que no tuvieron origen en actos notariales del
contribuyente para conformar la base gravable del impuesto de industria y comercio
por el año 2013.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que el IVA es un impuesto del orden nacional,
creado por el Congreso de la República y regulado por los artículos 420 y siguientes
del Estatuto Tributario. Ahora, respecto de este tributo, los notarios (como lo es el
demandante) son simples agentes retenedores, pues el propietario del recaudo es
el Estado. En consecuencia, el dinero que corresponde al IVA no es un ingreso de
la notaría y, por lo tanto, no pueden adicionarse para conformar la base gravable
del impuesto de industria y comercio.
2. Infracción de las normas superiores: violación del parágrafo 2° del
artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 por la adición a la base gravable de
ingresos derivados de actos notariales.
El parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 estableció que los actos
notariales y de registro no pueden ser gravados con impuestos del orden municipal,
con excepción del impuesto de registro de la Ley 223 de 1995. Con base en esta
norma, todos los actos expedidos por los notarios en ejercicio de sus funciones no
están sujetos al impuesto de industria y comercio. Esto lo reconoció el Municipio de
Medellín en la Resolución Nro. 8062 del 13 de mayo de 20153 y en la Liquidación
Oficial de Aforo Nro. 63144 de 2018.
En concordancia, el artículo 25 del Acuerdo Municipal 064 de 2012 dispone que el
hecho generador del impuesto de industria y comercio es la realización de
actividades comerciales, industriales, de servicios y financieras en el territorio del
municipio de Medellín. De esta forma, se observa que el concejo municipal no
incluyó los actos notariales y de registro en el hecho generador y, por lo tanto, los
ingresos originados en ellos no hacen parte de la base gravable.
3 El actor no suministra otro dato que permita identificar este acto administrativo, ni su contenido, ni su relación
con el asunto bajo examen.
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Pese a lo anterior, la entidad territorial demandada concluyó que Fabio Alberto
Ortega Márquez es responsable del impuesto de industria y comercio por el año
gravable 2013 tomando como base gravable los ingresos brutos liquidados en la
declaración del IVA, sin excluir los ingresos originados en actos notariales.
3. Falsa motivación porque la base gravable del impuesto de industria y
comercio fue sustentada en una norma inexistente.
Con base en lo expuesto en los dos cargos de nulidad anteriores, también se
concluye que existió una falsa motivación de los actos acusados porque, se reitera,
no procede la conformación de la base gravable del impuesto de industria y
comercio tomando los ingresos brutos liquidados en la declaración del IVA.
4. Falta de motivación por la indebida exposición de los fundamentos del
Municipio de Medellín.
Los actos acusados señalan que fueron proferidos con base en el Decreto Municipal
350 de 2018, que derogó el Decreto 1018 de 2013. Sin embargo, esto constituye un
error porque la actuación administrativa inició en vigencia del Decreto Municipal
1018 de 2013, y por lo tanto, debe terminar con él.
De otro lado, la lectura de la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 de 2018 permite
evidenciar que el Municipio de Medellín no realiza ningún debate probatorio
respecto de la determinación de la base gravable del impuesto de industria y
comercio. Esto supone una violación del artículo 119 del Decreto 350 de 2018 que,
si se admite su aplicación, establece que las liquidaciones oficiales de aforo deben
exponer de forma sumaria los fundamentos de la decisión. Así las cosas, la
inadecuada motivación del acto administrativo acusado supone una violación del
derecho al debido proceso del contribuyente, previsto en el artículo 29 de la
Constitución.
5. Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para proferir la
liquidación oficial de aforo.
El artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013, aplicable al caso bajo examen,
establece que la liquidación oficial de aforo solo procede luego de agotado el
recurso de reconsideración contra el acto que impuso la sanción por no declarar.
En el caso bajo examen, el Municipio de Medellín impuso sanción por no declarar
por valor de $53’930.000 a Fabio Alberto Ortega Márquez, mediante la Resolución
Nro. 56705 del 3 de enero de 2018. Luego, esta sanción fue reducida a $1’080.000,
mediante la Resolución Nro. 201950101449, notificada el 23 de noviembre de 2019.
El segundo acto administrativo enunciado señaló que no procedían recursos en su
contra. Pero, al tratarse de una sanción, en realidad procedía el recurso de
reconsideración dentro de los dos meses siguientes a su notificación y, solo de no
interponerse el recurso, la decisión quedaría en firme en ese mismo plazo. Esto
significa que, en este caso, la sanción por no declarar solo quedó en firme el 24 de
enero de 2020, pese a lo cual la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 fue proferida
el 21 de junio de 2018, lo que viola el derecho al debido proceso del contribuyente.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que la Resolución Nro. 201950101449, que
redujo la sanción por no declarar, tomó como base los ingresos gravados no
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declarados de $156’530.728, hecho que debió influir en la determinación del
impuesto objeto de la liquidación oficial de aforo, pero fue omitido por la entidad
territorial.
6. Indebida determinación de los ingresos brutos.
Fabio Alberto Ortega Márquez presentó 6 declaraciones del IVA por el año gravable
2013, pero en ninguna de ellas liquidó ingresos brutos de $7.860’495.000. En
realidad, las declaraciones presentaron los siguientes valores como ingresos brutos:
i) $528’392.000, ii) $1.244’291.000, iii) $1.439’200.000, iv) $1.347’013.000, v)
1.481’380.000 y vi) $1.820’219.000. De esta forma, la liquidación oficial de aforo
incurrió en un error grave que impone declarar su nulidad.
Oposición a la demanda
El Municipio de Medellín controvirtió las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos:
1. Actividades sujetas al impuesto de industria y comercio.
El artículo 36 de la Ley 14 de 1983 estableció que el hecho generador del impuesto
de industria y comercio es el desarrollo de actividades industriales, comerciales o
de servicios. Para estos efectos, definió las actividades de servicios como aquellas
dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una
de las actividades allí enunciadas o análoga a ellas.
Con base en esta norma, el Consejo de Estado concluyó que la lista de actividades
de esta definición es de carácter enunciativo, no taxativo4. En este mismo sentido,
la Corte Constitucional señaló que la expresión “análogas” es constitucional, pues las
entidades territoriales solo pueden gravar aquellas que sean similares o tengan
semejanza con las enunciadas por el legislador5.
Ahora, aunque el legislador acudió a un listado enunciativo para describir a las
actividades de servicios, esto no significa que los concejos municipales tengan la
obligación de describir cada actividad gravada. De esta forma, aunque no exista una
norma que expresamente consagre que están gravados los servicios notariales,
estos deben considerarse sujetos al impuesto de industria y comercio.
De otro lado, el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 prohibió gravar ciertas actividades
con el impuesto de industria y comercio y a ciertos sujetos. Sin embargo, en esta
prohibición no incluyó a las actividades realizadas por los notarios.
2. Los actos acusados fueron debidamente motivados.
La liquidación oficial de aforo objeto de controversia contiene una motivación
adecuada porque expuso los fundamentos de hecho y de derecho, precisó las
normas aplicables y analizó el emplazamiento para declarar y la respuesta del
contribuyente. De esta forma, fue cumplido el contenido exigido por los artículos 113
y 119 del Decreto Municipal 350 de 2018.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 6026. Sentencia del 1
de septiembre de 1995. CP: Consuelo Sarria Olcos
5 Corte Constitucional. Sentencia C-220 del 16 de noviembre de 1996. MP: Carlos Gaviria García.
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3. Los servicios notariales están gravados por el impuesto de industria y
comercio.
Como fue expuesto, las definiciones del artículo 36 de la Ley 14 de 1983 permiten
concluir que el servicio notarial es una actividad análoga a la de servicio y, por lo
tanto, está gravado con el impuesto de industria y comercio.
Debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado señaló que la prohibición de
gravar con impuestos territoriales los actos notariales y de registro no significa que
no están gravados los ingresos por los trámites que son realizados ante las notarías.
Así las cosas, los servicios notariales están gravados por el impuesto de industria y
comercio respecto de los demás servicios prestados por los notarios6.
Ahora, el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 excluye los actos
notariales de los impuestos territoriales. Esta norma, que fue declarada
constitucional por la Corte Constitucional, también precisó que los actos notariales
y de registro son diferentes a los ingresos percibidos por las notarías en virtud de
los trámites que los ciudadanos realizan ante ella, por lo que la exclusión no es
aplicable en este último escenario7.
4. Exposición del principio de irretroactividad de la ley.
Los artículos 338 y 363 de la Constitución establecen que las normas tributarias
rigen hacia el futuro. Ahora, la Corte Constitucional precisó que las normas
tributarias favorables aplican desde el periodo fiscal en que se expidan, mientras
que las gravosas operan a partir del periodo fiscal siguiente8. De esta forma, deben
analizarse las condiciones previstas por la norma tributaria para decidir los aspectos
sustanciales de la obligación fiscal.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
consideraciones:
1. El actor tiene la obligación de declarar y pagar el impuesto de industria y
comercio por el año gravable 2013 en el Municipio de Medellín.
El Acuerdo Municipal 064 de 2012 establece que todas las actividades de servicio
desarrolladas en el Municipio de Medellín están gravadas con el impuesto de
industria y comercio.
6 En este punto, la entidad territorial citó las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-31-000-2001-00422-02 (13911). Sentencia
del 5 de diciembre de 2003. CP: Ligia López Díaz.; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-2003-03037-01 (17324). Sentencia del 27 de
mayo de 2010. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-2007-00502-01 (18338). Sentencia del 21 de
agosto de 2012. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; iv) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-31-000-2012-00156-01 (20416). Sentencia del 9 de
octubre de 2014. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; y v) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 47001-23-31-000-2011-00133-01 (19960). Sentencia del 30 de
marzo de 2016. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-260 del 6 de mayo de 2015. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-185 del 10 de abril de 1997. MP: José Gregorio Hernández Galindo.
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La Ley 14 de 1983 establece un listado de actividades que se consideran de
servicio. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que esta lista no es taxativa,
sino enunciativa, pues la ley también señala que pueden ser gravadas actividades
análogas a ellas9. Con base en esto, el Consejo de Estado concluyó que los
servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio porque
es una actividad análoga al listado de actividades de servicio dispuesto por la ley10.
El parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 dispone que los actos
notariales y de registro no pueden ser gravados con impuestos territoriales. La Corte
Constitucional precisó que estos actos no sujetos son manifestaciones de la
voluntad que crean, extinguen o modifican una situación jurídica. Así, por ejemplo,
se consideran actos notariales no sujetos a impuestos territoriales la extensión de
escrituras públicas o las declaraciones extrajuicio. Con base en lo anterior, la Corte
concluyó que los actos notariales son distintos al servicio notarial, por lo que los
ingresos obtenidos por la prestación de dicho servicio sí están gravados11.
En conexidad con esta precisión, el Consejo de Estado también señaló que el
servicio notarial es diferente al acto notarial o de registro. Así las cosas, los ingresos
obtenidos por los trámites realizados por los ciudadanos no están exentos de
impuestos territoriales con base en el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de
201212.
En el caso bajo examen, las partes no discuten que el actor ejerció las funciones de
Notario Quince de Medellín durante el año 2013, por lo que está probado que tenía
la obligación de declarar y pagar el impuesto de industria y comercio por los ingresos
percibidos en ejercicio de esa actividad.
2. Es aplicable el Decreto Municipal 1018 de 2013.
El artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 dispone que solo procede la
expedición de la liquidación oficial de aforo cuando se agote el recurso de
reconsideración interpuesto contra la sanción por no declarar. En concordancia, el
artículo 138 ibidem señala que, agotado el procedimiento del artículo 137, el
Municipio de Medellín tendrá un plazo de 5 años para determinar la obligación
tributaria mediante la liquidación oficial de aforo, contados desde el vencimiento del
plazo para declarar.
El Decreto Municipal 1018 de 2013 fue derogado por el Decreto Municipal 350 a
partir de su publicación, el 13 de junio de 2018.
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código
General del Proceso, señala que las leyes procesales son aplicables desde el
momento en que empiezan a regir y prevalecen sobre las normas anteriores,
excepto cuando un término haya empezado a correr, entre otros eventos.
En este caso, el emplazamiento para declarar fue proferido el 23 de agosto de 2017,
la Resolución Nro. 56705 (que impuso la sanción por no declarar) fue proferida el 3
9 Corte Constitucional. Sentencia C-220 del 16 de noviembre de 1996. MP: Carlos Gaviria García.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-31-000-
2012-00197-01 (22593). Sentencia del 9 de mayo de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-260 del 6 de mayo de 2015. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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2012-00156-01 (20416). Sentencia del 9 de octubre de 2014. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia
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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
de enero de 2018 y el actor interpuso recurso de reconsideración en su contra el 8
de marzo del mismo año. Esto significa que estas actuaciones fueron surtidas en
vigencia del Decreto Municipal 1018 de 2013.
Por lo anterior, el plazo para determinar la obligación tributaria mediante liquidación
oficial de aforo empezó a contabilizarse con base en el Decreto Municipal 1018 de
2013, por lo que esta es la norma aplicable al caso bajo examen. Así las cosas,
aplica la restricción del artículo 137, en el sentido que la liquidación oficial de aforo
solo podía proferirse después de que se agotara el recurso de reconsideración
contra la resolución sanción.
No obra prueba en el expediente del acto administrativo por medio del cual fue
resuelto el recurso de reconsideración contra la resolución sanción. Pese a lo
anterior, se constata la existencia de la solicitud de declarar la ocurrencia del silencio
administrativo positivo que fue resuelta el 22 de octubre de 2019, mediante la
Resolución Nro. 201950101449, agotando el procedimiento administrativo que
impuso la sanción por no declarar, mientras que la Liquidación Oficial de Aforo
63144 fue proferida el 21 de junio de 2018. Es decir, que la liquidación oficial de
aforo fue proferida de forma previa a que fuera agotado el recurso de
reconsideración contra la resolución sanción.
No obstante, los actos sancionatorios no son objeto de controversia en este
proceso, por lo que no se realizará ningún pronunciamiento sobre su legalidad.
3. Procede la exclusión de los ingresos derivados de actos notariales de la
base gravable del impuesto de industria y comercio.
La expedición de la liquidación oficial de aforo de forma previa al agotamiento del
recurso de reconsideración contra la resolución sanción, para este caso tiene una
incidencia en la legalidad de los actos administrativos acusados porque son
contradictorios.
En efecto, la Resolución Nro. 201950101449 de 2019 disminuyó la sanción
impuesta porque excluyó de la base gravable los ingresos derivados de actos
notariales, según lo prevé el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012.
Sin embargo, esta exclusión no fue aplicada en la liquidación oficial de aforo porque
fue proferida de forma previa y en contradicción con el artículo 137 del Decreto
Municipal 1018 de 2013.
Lo expuesto es suficiente para declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos acusados, sin que sea necesario analizar los demás cargos de
nulidad propuestos por el demandante.
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó modificar la
liquidación oficial de aforo para excluir de la base gravable los ingresos percibidos
por el actor por concepto de actos notariales y de registro.
4. Procede la condena en costas en primera instancia.
Se impone condena en costas al Municipio de Medellín porque prosperaron las
pretensiones de la demanda.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-03229-01 (25481)
Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Recursos de apelación
1. Apelación del demandante.
Fabio Alberto Ortega Márquez solicitó revocar la sentencia de primera instancia para
declarar la nulidad total de los actos administrativos acusados con base en los
siguientes argumentos:
La administración del Municipio de Medellín realizó una modificación de la norma
tributaria aplicable y excedió sus competencias porque determinó la base gravable
del impuesto de industria y comercio tomando los ingresos brutos de las
declaraciones del IVA correspondientes al año 2013. En efecto, esto desconoció
que el numeral 3° del artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012 ordena que la
base gravable del tributo se determina restando, de la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios, las deducciones y las no sujeciones al impuesto. Es
decir, que el Concejo Municipal de Medellín no autorizó tomar como base gravable
los ingresos brutos de las declaraciones del IVA.
De otro lado, la entidad territorial expidió la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144
el 21 de junio de 2018, antes de que quedara en firme el Recurso de
Reconsideración que procedía contra la Resolución Nro. 201950101449 de 2019.
Este vicio no solo es procedimental, sino también sustancial, lo que da lugar a
declarar la nulidad total de los actos acusados por desconocer el artículo 137 del
Decreto Municipal 1018 de 2013. Esta conclusión se refuerza en que el mismo
Tribunal reconoció que esta norma es aplicable al caso bajo examen.
2. Apelación de la demandada.
El Municipio de Medellín solicitó revocar la sentencia de primera instancia para
negar las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
El artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establecen
que los municipios deben aplicar los procedimientos previstos en el Estatuto
Tributario Nacional. Para el caso de la liquidación oficial de aforo, la regulación
aplicable son los artículos 715 a 717 de dicho Estatuto.
Con base en estas normas, el procedimiento de aforo tiene tres etapas: i) el
emplazamiento por no declarar, ii) la sanción por no declarar y iii) la liquidación
oficial de aforo. Ahora, el artículo 717 del Estatuto Tributario dispone que la
liquidación oficial de aforo solo procede cuando se agote el procedimiento para
imponer la sanción por no declarar, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento
del plazo para declarar. De esta forma, la sanción por no declarar y la liquidación
oficial de aforo son actos administrativos relacionados entre sí, pero independientes,
por lo que cada uno constituye un acto administrativo definitivo y susceptible del
recurso de reconsideración.
El Consejo de Estado inicialmente consideró que se violaba el derecho al debido
proceso del contribuyente cuando la administración imponía la sanción por no
declarar en la liquidación oficial de aforo. Sin embargo, modificó esta postura en la
sentencia del 26 de mayo de 201613, por lo que actualmente se considera que la
administración tributaria puede adelantar ambos procesos de forma acumulada o
13 El Municipio de Medellín no suministra más datos que permitan identificar la providencia.
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separada, e incluso de forma simultánea o sucesiva. Así las cosas, el plazo para
proferir la liquidación oficial de aforo es el previsto en el artículo 717 del Estatuto
Tributario, sin que sea requisito previo la imposición de la sanción por no declarar.
Ahora, es cierto que la administración inició proceso de fiscalización con el fin de
determinar los ingresos y establecer cuáles obedecen a «servicios notariales», es decir
las actividades que pueden ser consideradas gravadas con el impuesto de industria
y comercio pues no se consideran actos notariales o de registro. Pero también lo es
que el actor se negó a suministrar información para determinar la base gravable del
impuesto de industria y comercio durante el trámite administrativo, en especial al
dar respuesta al emplazamiento para declarar. Por este motivo, los actos
administrativos tomaron como base gravable los ingresos brutos de las
declaraciones del IVA presentadas respecto del año 2013, pues el artículo 173 del
Decreto Municipal 350 de 2018 permite tener como fuente de información de
ingresos presuntivos los cruces de información con la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).
En este orden, el demandante incumplió su carga probatoria porque no suministró
la información que tiene en su poder para determinar la base gravable del impuesto
de industria y comercio.
Los actos administrativos acusados fueron debidamente sustentados, pues
exponen los fundamentos de hecho y de derecho de la liquidación oficial de aforo.
No procede la condena en costas impuesta en primera instancia porque no fue
demostrada su causación, como lo indica el numeral 9° del artículo 392 del Código
de Procedimiento Civil.
Alegatos de conclusión
Fabio Alberto Ortega Márquez reiteró lo dicho en la demanda y en el recurso de
apelación.
El Municipio de Medellín guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Aforo
Nro. 63144 del 21 de junio de 2018 y de la Resolución Nro. 201950061270 del 4 de
julio de 2019 proferidas por el Municipio de Medellín, que determinaron el Impuesto
de Industria y Comercio a cargo de Fabio Alberto Ortega Márquez por el año
gravable 2013, según los argumentos propuestos en los recursos de apelación.
1. Los procedimientos para proferir la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar son autónomos e independientes.
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1.1. Esta Sección, en sentencia del 1° de agosto de 201914, expuso las diferentes
posturas jurisprudenciales sobre la posibilidad de proferir la liquidación oficial
de aforo de forma separada o acumulada con la sanción por no declarar.
En dicha providencia, la Sección señaló que el artículo 66 de la Ley 383 de
1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establecen que los departamentos
y los municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional para la determinación de los tributos territoriales y para la
imposición de sanciones tributarias, entre otros aspectos. Además, el artículo
59 de la Ley 788 de 2002 permite que el monto de las sanciones y el término
de la aplicación de los procedimientos puedan disminuirse o simplificarse
según la naturaleza de los tributos que administran y teniendo en cuenta el
principio de proporcionalidad.
Esto significa que al procedimiento de aforo adelantado por las entidades
territoriales le son aplicables las mismas disposiciones de los artículos 715,
716 y 717 del Estatuto Tributario, salvo que la respectiva entidad territorial
establezca reglas especiales que simplifique dicho procedimiento.
Ahora, con base en las normas del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado inicialmente consideró que no procedía la expedición de la
liquidación oficial de aforo y la imposición de la sanción por no declarar en un
mismo acto administrativo, so pena de que fuera violado el derecho al debido
proceso del contribuyente15.
No obstante, la Sección modificó esta postura a partir de la sentencia del 26
de mayo de 201616 porque nada se opone a que la liquidación oficial de aforo
y la sanción por no declarar sean proferidas en trámites administrativos
separados, de forma simultánea o acumulados, pues esto atiende los
principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía, según lo permite el
artículo 637 del Estatuto Tributario17. En todo caso, la sentencia del 1° de
agosto de 2019 precisó lo siguiente:
«Teniendo en cuenta la disparidad de criterios, la Sala consideró necesario tomar una
posición, por lo que, en lo sucesivo, se entenderá que la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar pueden expedirse de forma independiente o en un mismo acto
administrativo, sin embargo, cuando la Administración impida al contribuyente tener
acceso a la sanción reducida prevista en el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto
Tributario, procede el reconocimiento de la sanción reducida por violación al debido
proceso»18.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2013-00367-01 (21977). Sentencia del 1° de agosto de 2019. CP: Milton Chaves García.
15 Las providencias citadas por la sentencia del 1° de agosto de 2019 sobre esta postura son las siguiente: i)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17001-23-31-000-
2002-01149-01 (15530). Sentencia del 3 de octubre de 2007. CP: María Inés Ortiz Barbosa; ii) Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-2009-00083-01
(18425). Sentencia del 11 de octubre de 2012. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; y iii) Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-2012-00486-01
(20979). Sentencia del 4 de febrero de 2016. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-
2011-00296-01 (19732). Sentencia del 26 de mayo de 2016. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
17 La postura actual fue reiterada recientemente en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-2015-00079-01 (23212). Sentencia
del 11 de junio de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
18 Sentencia del 1° de agosto de 2019. Op. Cit.
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De otro lado, en sentencia del 3 de julio de 2020, esta Sección también señaló
que debe ser inaplicada la norma procedimental del orden municipal que hace
más gravoso el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Nacional, pues
contraría el mandato del artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de
la Ley 788 de 2002, así como la Sentencia C-232 de 199819.
1.2. Fabio Alberto Ortega Márquez, en la apelación, sostuvo que la expedición de
la liquidación oficial de aforo antes de la firmeza de la sanción por no declarar
constituye un vicio sustancial, cuya consecuencia es la nulidad total de los
actos administrativos acusados por la violación del artículo 137 del Decreto
Municipal 1018 de 2013, norma que es aplicable a este caso, a pesar de haber
sido derogada por el Decreto Municipal 350 de 2018, porque estaba vigente al
momento de la expedición el emplazamiento para declarar, según lo reconoció
el Tribunal.
En contraposición, el Municipio de Medellín afirmó que la jurisprudencia
actualmente admite que la resolución sanción y la liquidación oficial de aforo
sean expedidas en procedimientos administrativos separados, sean
simultáneos o sucesivos, por lo que la determinación del tributo antes de la
firmeza de la sanción por no declarar no vulneró los derechos del
contribuyente.
Para decidir los cuestionamientos planteados, debe tenerse en cuenta que el
procedimiento de fiscalización se rige por la norma vigente al momento de la
presentación de la declaración o de que finaliza el plazo para hacerlo, según
sea el caso, pues en ese momento empieza a correr el término para proferir la
respectiva liquidación oficial e imponer las sanciones procedentes. Esto
significa que, para este caso, debe aplicarse el Decreto Municipal 1018 de
2013, norma que estaba vigente al momento en que finalizó el plazo para
presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año
fiscalizado (2013) y al momento de la expedición del emplazamiento para
declarar (23 de agosto de 2017).
Ahora, el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 137. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que
otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere
presentado la declaración respectiva, la Subsecretaría de Ingresos procederá a
proferir el acto administrativo imponiendo la sanción por no declarar prevista en el
artículo 195 del Acuerdo Municipal 64 de 2012 y agotado este procedimiento con su
respectivo recurso de reconsideración, procederá la liquidación oficial de aforo »20
(subraya la Sala).
Como se observa, esta norma expresamente exige al Municipio de Medellín
imponer la sanción por no declarar y, en caso de que sea interpuesto el recurso
de reconsideración en su contra, decidirlo, antes de proferir la liquidación
oficial de aforo. Sin embargo, esta norma debe ser inaplicada por la excepción
19 En este sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
76001-23-31-000-2008-00759-01 (24584). Sentencia del 3 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto.
20 Esta norma puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_1018_2013.htm.
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de ilegalidad en la medida que no simplifica el procedimiento previsto en el
Estatuto Tributario.
En efecto, como fue expuesto, la jurisprudencia de la Sección interpretó que
el Estatuto Tributario Nacional permite que la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar sean proferidas en trámites administrativos separados,
de forma simultánea o acumulados, puesto que de esta manera se
materializan los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía.
Contrario sensu, estos mismos principios son desconocidos en los eventos en
que se restrinja esta posibilidad, sometiendo la expedición de la liquidación
oficial de aforo al previo agotamiento del procedimiento para imponer la
sanción por no declarar.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que la expedición de la liquidación oficial
de aforo antes de que quede en firme la sanción por no declarar impuesta, en
el asunto bajo examen, no viola el derecho al debido proceso del demandante
por dos motivos. El primero, consiste en que, como lo destaca la línea
jurisprudencial decantada desde el 26 de mayo de 2016, el procedimiento
sancionatorio y el de fiscalización son autónomos, de tal manera que nada
impide que sean adelantados de forma conjunta o separada. Incluso, luego de
que se anunció el cambio jurisprudencial, la sentencia del 15 de septiembre
de 2016 señaló que la expedición de la liquidación oficial de aforo sin la previa
imposición de la sanción por no declarar no vulnera el derecho al debido
proceso de los contribuyentes, en los siguientes términos:
«(…) Si el contribuyente no presenta la declaración, bien puede la administración
imponer la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Pero si la administración
tributaria decide no imponer la sanción por no declarar en acto previo e independiente
de la liquidación de aforo, eso no implica vulnerar ni el debido proceso ni el derecho de
defensa, como lo alegó la demandante.
En efecto, una vez formulado el emplazamiento para declarar, cada actuación sigue su
curso de manera independiente, simultánea o de manera acumulada, sin que pueda
considerarse que la actuación administrativa prevista para imponer la sanción
constituye una etapa previa e ineludible para adelantar la actuación administrativa para
formular la liquidación de aforo»21 (subraya la Sala).
El segundo motivo por el que no fue violado el derecho al debido proceso es
que la entidad territorial profirió y notificó el emplazamiento para declarar,
hecho que está probado en el expediente. En efecto, según lo indicó la misma
sentencia del 15 de septiembre de 2016 antes citada, «cada actuación
administrativa (liquidación oficial de aforo y sanción por no declarar) requiere
indispensablemente del emplazamiento para declarar, para garantizar el derecho de defensa».
En consecuencia, en el asunto bajo examen, el demandante pudo ejercer su
derecho de defensa en la oposición al emplazamiento para declarar, por lo que
la Sala no encuentra que se le haya violado el derecho al debido proceso.
En este orden de ideas, se inaplicará el artículo 137 del Decreto Municipal
1018 de 2013 con base en la excepción de ilegalidad del artículo 148 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-31-000-
2007-00349-01 (20181). Sentencia del 15 de septiembre de 2016. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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1.3. No obstante, lo anterior no es suficiente para revocar la sentencia de primera
instancia porque, además, el Tribunal también consideró que el Municipio de
Medellín debió tener en cuenta la decisión tomada en la Resolución Nro.
201950101449 de 2019 por los siguientes motivos:
«(…) en la Resolución 201950101449 del 22 de octubre de 2019, en la cual, se itera,
se consideró que, “en relación con la base gravable real correspondiente al periodo
2013”, la Subsecretaría de Ingresos mediante informe con radicado mercurio
201920081099 del 24 de septiembre de 2019, “estableció el valor real de la sanción
impuesta al contribuyente FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ… con base en la
información enviada por el mismo contribuyente, en cuanto al gravamen por concepto
del impuesto de industria y comercio sobre los servicios notariales.”. En suma, para
determinar la nueva base gravable del ICA, se tuvieron en cuenta los ingresos por
servicios notariales, excluyendo, los actos notariales del año 2013.
Acorde con la postura jurisprudencial previamente abordada, se itera, los ingresos
percibidos por las Notarías por concepto de actos notariales sujetos a registro, se les
aplica la exclusión de gravámenes contenida en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley
1579 de 2012, por ende, no pueden ser tenidos en cuenta para determinar la base
gravable del impuesto de industria y comercio a cargo del actor.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sin necesidad de abordar los demás cargos de
violación sustentados en la demanda, en aplicación del principio de economía procesal,
se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda (…)»22 (subrayado propio).
Según lo transcrito, el Tribunal concluyó que los actos administrativos
acusados, que determinaron oficialmente el tributo, son parcialmente nulos
porque el mismo Municipio de Medellín reconoció, al resolver el recurso de
reconsideración contra la resolución sanción, que debía reducir la base de la
sanción (que coincide con la base gravable del impuesto de industria y
comercio) por la exclusión de los ingresos derivados de los actos notariales y
de registro.
Debido a lo anterior, la Sala procederá analizar los cargos propuestos en los
recursos de apelación presentados por ambas partes.
2. Determinación de la base gravable del impuesto de industria y comercio
en el caso bajo examen.
2.1. El actor, en su apelación, no discutió que tiene la obligación de declarar el
impuesto de industria y comercio en el Municipio de Medellín porque
desempeñó la actividad de notario por el año gravable 2013, tal como lo señaló
el Tribunal en la sentencia de primera instancia23.
En todo caso, se evidencia que esta Sección24 consideró que las actividades
notariales se subsumen en la definición de actividades de servicio del artículo
14 de la Ley 14 de 1983 porque: i) en la prestación del servicio no media una
relación laboral, ii) el servicio consiste en la ejecución de una obligación de
hacer mediante la función de dar fe pública, iii) existe una contraprestación por
22 Página 24 del PDF 16 del índice 2 de SAMAI.
23 Página 19 del PDF 16 del índice 2 de SAMAI.
24 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
17001-23-31-000-2012-00197-01 (22593). Sentencia del 9 de mayo de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-
31-000-2013-00182-01 (21108). Sentencia del 14 de junio de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y iii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-31-000-
2012-00378-01 (20754). Sentencia del 9 de abril de 2015. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
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la labor realizada y iv) es una actividad análoga a la lista enunciativa dispuesta
por el legislador.
Ahora, el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 dispone que
«Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones
municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley
223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen».
Respecto de esta norma, la Sentencia C-260 de 2015 concluyó lo siguiente:
«(…) el objeto de la prohibición es impedir que se graven con tributos de las entidades
territoriales los actos notariales y de registro. En un sentido gramatical la palabra acto
debe entenderse como acción, en un sentido jurídico, el acto es aquel hecho voluntario
que crea, modifica, o extingue derechos y obligaciones.
Bajo esta perspectiva, la prohibición no se refiere al servicio público notarial o de
registro, sino a aquellos actos jurídicos que se adelantan ante las autoridades que
prestan estos servicios, es decir, aquellas manifestaciones de voluntad con la entidad
suficiente de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas determinadas, en materia
de derechos y obligaciones. Un ejemplo claro de un acto notarial seria aquel relacionado
con la función fedante como la extensión de una escritura pública de compraventa de
bien inmueble, una declaración extrajudicial, entre otros; y en el caso de acto de registro,
el ejemplo estaría determinado por la acción de registrar cualquiera de los documentos
enunciados en el artículo 4 de la Ley 1579 de 2012.
53. Hecha esta aclaración, la prohibición contenida en la norma demandada no afecta
la noción de actividad de servicio notarial ni de registro, razón por la cual, no se extiende
al impuesto de industria y comercio que grava el servicio notarial, y el que debe ser
transferido por los notarios en atención a la función que cumplen.
(…)»25 (subraya la Sala).
En este mismo sentido, la Sección afirmó que los actos notariales y de registro
son distintos a los ingresos que las notarías perciben en virtud de todos los
trámites que los ciudadanos realizan ante ellas. Así las cosas, se precisó que:
«(…) una cosa es que no puedan gravarse con tributos locales los actos sujetos a
registro; por ejemplo, una escritura pública de compraventa de un inmueble, y otra, muy
distinta, el ejercicio del servicio notarial, que es gravado con el impuesto de industria y
comercio, en los términos de las normas tributarias y de la jurisprudencia de esta
Sección»26 (subraya la Sala).
Con base en lo expuesto, todos los ingresos percibidos por el contribuyente
por la prestación del servicio notarial están gravados con el impuesto de
industria y comercio.
2.2. El Municipio de Medellín, en la apelación, sostuvo que Fabio Alberto Ortega
Márquez no cumplió su carga de la prueba porque no acreditó cuáles son los
ingresos gravados. De esta forma, concluyó que procedía tomar como
ingresos gravables los ingresos brutos de las declaraciones del IVA por los
seis bimestres del mismo año.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-260 del 6 de mayo de 2015. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2013-00182-01 (21108). Sentencia del 14 de junio de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez. Además,
esta providencia reiteró la postura asumida en el siguiente fallo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-31-000-2012-00156-01 (20416). Sentencia del 9 de
octubre de 2014. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Por el contrario, el demandante afirmó en su recurso que el Municipio de
Medellín excedió sus competencias al tomar como la base gravable del tributo
los ingresos brutos liquidados en las declaraciones del IVA porque desconoció
el procedimiento para determinar este elemento del tributo, regulado por el
numeral 3° del artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012.
2.3. Como fue expuesto anteriormente, al caso bajo examen le es aplicable el
Decreto Municipal 1018 de 2013, que en el artículo 182 dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 182. SISTEMA DE INGRESOS PRESUNTIVOS MÍNIMOS EN
TRIBUTOS MUNICIPALES. Dentro del proceso de investigación tributaria, la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Municipal, podrá mediante
presunción, fijar la base gravable con fundamento en la cual se expedirá la
correspondiente liquidación oficial.
La presunción de que trata el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta una
o varias de las siguientes fuentes de información:
a) Cruces con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
(…)».
Como se observa, esta norma establece que los ingresos gravados por
impuestos territoriales en el Municipio de Medellín pueden constatarse, entre
otros, por el cruce de información con la DIAN. En todo caso, la entidad
territorial debe tener en cuenta que el artículo 743 del Estatuto Tributario y el
artículo 166 del Decreto Municipal 1018 de 2013 establecen que la idoneidad
de los medios de prueba depende de su conexión con el hecho que trata de
probarse y el grado de convencimiento que le sea atribuible con base en las
reglas de la sana crítica.
Ahora, el numeral 3° del artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012
invocado por el demandante en el recurso de apelación no reguló los medios
probatorios para determinar los ingresos gravables de los contribuyentes en el
Municipio de Medellín. En realidad, dicha norma solamente delimitó los
ingresos que serán tenidos en cuenta para determinar el valor del impuesto de
industria y comercio, así:
«ARTÍCULO 32: ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos del Impuesto de
Industria y Comercio son los siguientes:
(…)
3. BASE GRAVABLE: El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará con base en
el total de ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el año o periodo
gravable. Para determinarla se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios
y extraordinarios, las deducciones y no sujeciones relativas a Industria y
Comercio».
En este orden, el Municipio de Medellín puede determinar la base gravable del
impuesto de industria y comercio con base en las pruebas obtenidas por los
cruces de información con la DIAN, pero siempre debe valorar esta
información con base en las reglas de la sana crítica y contrastarla con las
demás pruebas practicadas en el procedimiento de fiscalización, sean de oficio
o a petición del contribuyente.
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Demandante: Fabio Alberto Ortega Márquez
2.4. En el caso bajo examen, los documentos que obran en el expediente
demuestran lo siguiente:
La Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 al momento de determinar el valor
del tributo a cargo del contribuyente por el año gravable 2013, señaló:
«5. Que por lo tanto, la Administración Municipal practicará la liquidación oficial de aforo,
según lo establecido en los artículos 96, 118 y 119 del Decreto Municipal 350 de 2018,
tomando como base gravable por el período gravable 2013 los ingresos brutos
declarados en IVA por $7.860.495.000, reconociendo como descontable devoluciones
en ventas por $44.574.000, quedando como base gravable $7.815.921.000 aplicando
la tarifa 10 por mil según código de actividad 305, para un total del impuesto a cargo
$89.883.000 incluido avisos y tableros, según lo establecido en el artículo 173 del
Decreto Municipal 350 de 2018»27.
La Resolución Nro. 201950061270 del 4 de julio de 2019 (que confirmó la
liquidación oficial) realiza un estudio más detallado del periodo probatorio
previo a la decisión del recurso de reconsideración. En él se puso de presente
que dicho recurso se fundamentó en que la entidad territorial incluyó en la base
gravable del impuesto de industria y comercio ingresos no gravados, por lo
que, antes de decidir el recurso, se decretó una inspección contable mediante
el Auto Nro. 156 del 8 de mayo de 2018.
En cumplimiento de lo anterior, fue proferido el Requerimiento de Información
Nro. 70609 el 21 de mayo de 2019. Sin embargo, el contribuyente no
suministró la información solicitada, sino que dio respuesta al requerimiento
señalando que no procede la práctica de pruebas luego de recurrida la
liquidación oficial de aforo28.
Debido a lo anterior, mediante oficio del 15 de junio de 2019, la Subsecretaría
de Ingresos informó que no pudo practicar la inspección contable decretada.
Sin embargo, señaló que al verificar la base de datos suministrada por la DIAN
se evidencia que el actor presentó declaraciones del IVA por el año 2013 con
un total de ingresos brutos de $7.860’495.000 y devoluciones de ventas por
valor de $44’574.00029.
En este orden de ideas, la Resolución Nro. 201950061270 señaló que «tenía el
contribuyente el deber formal de presentar a la Administración las pruebas tendientes a
desvirtuar la base gravable tomada para practicar la liquidación de aforo (ingresos brutos
declarados en IVA), pues es sobre este sujeto sobre quien recae la carga de la prueba (…)» 30.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el demandante no controvierte las
afirmaciones contenidas en los actos administrativos acusados, por lo que
aceptó que no aportó pruebas durante el trámite administrativo para demostrar
cuáles fueron los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio
en el Municipio de Medellín durante el año 2013.
27 Página 56 del PDF 2 del índice 2 de SAMAI.
28 La respuesta al requerimiento especial fue transcrita en el acto acusado en las páginas 77 a 78 del PDF 2
del índice 2 de SAMAI.
29 Este oficio fue transcrito en el acto acusado en las páginas 76 a 80 del PDF 2 del índice 2 de SAMAI.
30 Página 75 del PDF 2 del índice 2 de SAMAI.
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Por lo expuesto, el Municipio de Medellín estaba facultado para determinar la
base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio Alberto
Ortega Márquez por el año gravable 2013 con base en la información
registrada en las declaraciones del IVA presentadas por ese mismo periodo,
según lo previsto en el artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de 2013 y en
el artículo 173 del Decreto Municipal 350 de 2018.
La anterior conclusión se refuerza en que el contribuyente no desplegó
ninguna actividad probatoria en el trámite administrativo ni en el proceso
judicial para desvirtuar que los ingresos informados a la DIAN, mediante las
declaraciones del IVA, no están gravados con el impuesto de industria y
comercio ante el Municipio de Medellín.
2.5. Como fue expuesto, el Tribunal señaló que la entidad territorial debió reducir
la base gravable del impuesto de industria y comercio en la liquidación oficial
de aforo tal como lo hizo en la Resolución Nro. 201950101449 de 2019.
Dicho acto administrativo señaló que Fabio Alberto Ortega Márquez suministró
la información mediante respuesta del 11 de septiembre de 2019 (luego de
proferidos los actos administrativos acusados), en la que consta que el ingreso
gravable por el año 2013, excluyendo el ingreso derivado de actos notariales,
asciende a solo $156’530.728.
No obstante, como fue expuesto, la prohibición del parágrafo 2° del artículo 15
de la Ley 1579 de 2012 solo es aplicable a los actos notariales, pero no para
los ingresos por la prestación del servicio notarial.
Lo anterior significa que la base gravable utilizada por la entidad demandada
para determinar el tributo corresponde con las disposiciones legales que rigen
la materia. Ahora, esta Sección señaló, en sentencia del 2 de octubre de
201931, que la base del ICA y de la sanción por no declarar deben coincidir
porque es un factor común entre ambos conceptos, motivo por el que en ese
caso se redujo la sanción impuesta que había sido liquidada con una base
superior a la determinación del tributo. No obstante, esta regla jurisprudencial
no es aplicable a este caso porque no se discute la legalidad de la sanción,
sino el monto del impuesto a cargo de Fabio Alberto Ortega Márquez. Así las
cosas, reducir el valor del impuesto que fue determinado de forma ajustada a
la ley (como ocurrió en este caso) solo porque la autoridad demandada redujo
la base de su sanción, desconocería el principio de justicia, que impone a los
contribuyentes colaborar con el funcionamiento del Estado en lo que le
corresponde por mandato legal.
Repárese, en que la información que el actor entregó a la administración
territorial para que se disminuyera la sanción por no declarar no fue allegada
al expediente judicial de la referencia. En todo caso, según consta en la misma
Resolución Nro. 201950101449 de 2019, la información aportada no fue
certificada por contador ni se anexó ningún soporte que demuestre su
veracidad. Es decir, en realidad el documento que dio lugar a la disminución
de la sanción únicamente consistió en una afirmación realizada por el
contribuyente, que no tiene ninguna prueba que la respalde.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2013-01537-01 (23324). Sentencia del 2 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Además, el hecho que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no declarar
estén contenidos en actos administrativos separados, implica que frente a
cada uno de ellos pueden presentarse cargos de nulidad diferentes y, «por lo
tanto, su juicio es independiente, y los efectos de la decisión que se adopte frente a uno, no
afectan (sic) necesariamente el análisis de legalidad que corresponde hacer de cara al otro»32.
Debido a lo anterior, los actos administrativos acusados en este caso no
incurrieron en una causal de nulidad porque tomaran como ingreso gravable
de Fabio Alberto Ortega Márquez por el periodo 2013 los ingresos brutos
declarados para el IVA por el mismo año, menos las devoluciones en ventas.
2.6. Con base en lo expuesto, no prospera el recurso de apelación presentado por
el actor. En cambio, lo expuesto hasta ahora es suficiente para declarar la
prosperidad del recurso interpuesto por el Municipio de Medellín, por lo que no
es necesario analizar los argumentos propuestos por la entidad territorial con
relación a la debida fundamentación de los actos acusados y la improcedencia
de la condena en costas en primera instancia, la que pierde fundamento.
3. No procede la condena en costas en ambas instancias.
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4. Conclusión.
La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará todas las pretensiones
de la demanda. Además, no habrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Inaplicar el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 en virtud de la
excepción de ilegalidad.
2. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 9 de diciembre de
2020.
3. Negar las pretensiones de la demanda.
4. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-31-000-
2011-00291-01 (20833). Sentencia del 30 de agosto de 2016. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo el voto
20
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