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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00093-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2020-00093-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606) Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A. Primero: negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo considerado en la sentencia de segunda instancia. Segundo: sin condena en costas en primera instancia 2. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2020-00093-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

8 de septiembre de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.
Demandada: DIAN

Temas: Devolución. Pago de lo no debido. Dies a quo. Contrato de estabilidad
tributaria. GMF. 2002.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 24 de marzo 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
anuló los actos demandados y, en restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada
devolver a la actora las sumas que verifique como pago de lo no debido, por concepto
del GMF sufragado en el 2002, y condenó en costas a la Administración (índice 2).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Resolución nro. 80, del 16 de octubre de 2018, la demandada rechazó por
extemporánea la solicitud de devolución por pago de lo debido que la actora presentó
respecto del GMF pagado durante todo el año de 2002. El acto fue confirmado por la
Resolución nro. 001768, del 12 de agosto de 2019 (índice 2).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):

Que, previo el trámite respectivo:

1. Se declare la nulidad de la Resolución Rechazo Definitivo nro. 80, del 16 de octubre de 2018.

2. Se declare la nulidad de la Resolución nro. 001768, del 12 de agosto de 2019, que resolvió el
recurso de reconsideración.

3. Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita que se restablezca el derecho de la
demandante y en consecuencia:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.

3.1. Se ordene la devolución de la suma de quinientos veintitrés millones quinientos noventa y cuatro
mil setenta y tres pesos ($523.594.073) correspondiente a pago de lo no debido, de conformidad con
la solicitud radicada el día 26 de septiembre de 2018 bajo el número DO 20022018 9676.

3.2. Se ordene la indexación de la suma solicitada en devolución en los términos del artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo.

3.3. Se ordene el reconocimiento de intereses de mora sobre la suma objeto de devolución en los
términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y/o el artículo 863 ET.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, solicito
condenar en costas a la entidad demandada en virtud de su actuación.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos: 95.9 de la
Constitución; y 240-1, 683 y 857 del ET (Estatuto Tributario), bajo el siguiente concepto de
violación (índice 2):

La demandante adujo que durante el año 2002 pagó por concepto de GMF la suma de
$523.594.073, que pasó a ser un pago indebido con ocasión de la sentencia del 28 de
agosto de 2013 (exp. 27440, CP: Danilo Rojas Betancourth), emitida por la Sección
Tercera de esta corporación y ejecutoriada el 26 de septiembre del mismo año. Esto
obedecería a que ese fallo anuló el oficio de la demandada que negó la solicitud de
ampliación a diez años del término concedido en el proyecto de contrato de estabilidad
tributaria del artículo 240-1 del ET (incorporado por la Ley 223 de 1995), desvirtuando
que el proyecto de contrato solo concediera la estabilización de la normativa por un año.
Teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de esa providencia, aseguró que el dies a quo
de los cinco años para pedir la devolución de lo pagado de forma indebida corresponde
al momento en que la sentencia adquiere firmeza y es obligatoria para las partes (artículo
174 del CCA), de acuerdo con lo señalado en el concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del 23 de agosto de 2005 (exp. 1672, CP: Gustavo Aponte Santos), y no la
fecha de notificación de la providencia ni del momento del pago como lo concluyó la
demandada al momento de desestimar su petición de devolución.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2) y con ese fin reafirmó
que la solicitud de reintegro fue extemporánea, porque superó los cinco años desde que
efectuó el pago del tributo pedido en devolución. Añadió que el fallo que sustenta la
petición de devolución no ordenó ningún tipo de restablecimiento del derecho, pues la
actora omitió pretensiones de esa naturaleza, con lo cual, el procedimiento que debió
aplicar era el trámite incidental de liquidación de perjuicios que preveía el inciso 2.° del
artículo 172 del CAA.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó devolver a la actora,
previa compensación, la suma que se hubiera pagado indebidamente por GMF durante
el año 2002 (índice 2). Al efecto, consideró que la petición de reintegro por pago indebido
fue oportuna, toda vez que el plazo de cinco años transcurría desde la ejecutoria de la
sentencia del 29 de agosto de 2013, en tanto fue a partir de allí que se tornó obligatoria
la decisión judicial. Adicionalmente, precisó que, la parte considerativa de la providencia
de la Sección Tercera estableció que, por disposición del artículo 240-1 del ET, la actora
fue beneficiada del régimen de estabilidad tributaria después de que transcurrieron los
dos meses siguientes a la radicación de la respectiva solicitud sin que se suscribiera el
negocio jurídico, en tanto que surgió un silencio administrativo positivo (sentencia del 05
de febrero de 2009, exp. 15993, CP: Héctor J. Romero Díaz).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del a quo (índice 2), insistiendo en que el plazo de cinco
años para pedir en devolución sumas pagadas de forma indebida se debe contabilizar
desde el pago, de ahí que en el caso concreto ese término feneció en el año 2007, pues
así lo ha decidido la jurisprudencia de esta corporación que constituye precedente
aplicable al presente juicio (entre otras, en las sentencias del 10 de marzo de 2016, exps.
17973 y 18957, CP: Hugo Fernando Bastidas; del 25 de octubre de 2017, exp. 21118,
CP: Jorge Octavio Ramírez; y del 15 de agosto de 2018, exp. 21792, CP: Milton Chaves
García). Agregó que el a quo no estudió su argumento relativo a que la sentencia que
invoca la actora como sustento de su petición de devolución no contuvo una orden de la
que derivara la procedencia de lo pedido por la actora, porque no fijó un restablecimiento
del derecho, de modo que esta debía adelantar en ese otro proceso un incidente de
liquidación de perjuicios, pero que, en todo caso, ese pronunciamiento hizo tránsito a
cosa juzgada y en esta oportunidad no se le podría dar otro alcance como el de los
efectos del silencio administrativo positivo sobre los beneficios del régimen de estabilidad
tributaria. Finalmente, se opuso a la condena en costas porque estas no se probaron.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandante aseguró que el tribunal sí se pronunció sobre el incidente de estimación
de perjuicios que invocó su contraparte en el sentido de establecer que el fallo emitido
por la Sección Tercera no fue abstracto, sino que de su contenido se podía extraer la
consecuencia de la nulidad allí ordenada que no era otra distinta a la de atribuirle a su
favor los efectos jurídicos del régimen de estabilidad tributaria que solicitó ante la
autoridad. Seguidamente, reiteró su posición frente al dies a quo del plazo para pedir en
devolución lo pagado de forma indebida (índice 11). La demandada y el ministerio público
no intervinieron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
planteados por la demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primer
grado, que accedió a las pretensiones y condenó en costas. En concreto, corresponde
establecer, si la solicitud de devolución por pago de lo no debido fue presentada en
tiempo, lo que requiere determinar cuándo inicia a correr el término de prescripción de
cinco años fijado en el artículo 2536 del CC, aplicable a las solicitudes de devolución y/o
compensación por pago de lo no debido por remisión del artículo 11 del Decreto 2277 de
2012. Si la petición de la actora resultare ser oportuna, se analizarán los demás reparos
sustentados por la apelante. Finalmente, se decidirá sobre la procedencia de la condena
en costas en ambas instancias.

2- Sobre la primera cuestión, la recurrente plantea que el término para presentar la
solicitud de devolución y/o compensación por pago de lo no debido inició a partir del
momento en que su contraparte pagó el tributo pedido en devolución, que no desde la
ejecutoria de la sentencia que anuló el oficio que negó su petición de suscribir un contrato
de estabilidad tributaria con duración de diez años. Por su parte, la demandante sostiene
que fue desde la ejecutoria de ese fallo que surgió el derecho a solicitar la devolución de
los valores indebidamente pagados y que, por ende, es a partir de esa fecha que se debe
computar el término objeto de la contienda. A la luz de esas alegaciones, advierte la Sala
que las partes no debaten que el plazo para solicitar la devolución y/o compensación por
pago de lo no debido corresponde a cinco años, sino que debaten acerca del día en que
comienza su cómputo, razón por la cual la Sala se limitará a resolver ese aspecto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.

3- Sobre el particular, esta Sección tiene fijado un criterio de decisión judicial, que
constituye el precedente bajo el cual corresponde juzgar la situación. De acuerdo con los
análisis efectuados, entre otras, en las sentencias del 10 de marzo de 2016 (exp. 20043,
CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 15 de agosto de 2018 (exp. 21792, CP: Milton
Chaves García), del 05 de diciembre de 2018 (exp. 21348, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto), del 30 de octubre de 2019 (exp. 21910, CP: ibidem), y en particular la sentencia
del 04 de noviembre de 2021 (exp. 25607, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) –que
decidió un debate entre las mismas partes pero en relación con el pago indebido del
impuesto al patrimonio de la actora por el año 2006–, el plazo para presentar la solicitud
de devolución de las sumas pagadas de forma indebida es el consagrado en el artículo
2536 del Código Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 del Decreto 2277 de
2012 (compilado en el artículo 1.6.1.21.22 del DUR 1625 de 2016); por tanto se trata de
un plazo de cinco años contados a partir de la realización del pago, pues, según el criterio
fijado por la Sección, es a partir de ese momento en que se configura la obligación para
la Administración de reintegrar los recursos que pagó indebidamente el administrado.

4- Siendo que para la Sala el término de prescripción se contabiliza desde el momento
en que se realiza el pago efectivo –pues es entonces que aumenta el patrimonio del fisco
sin causa legítima, configurando el pago de lo no debido y la obligación de reintegrar los
recursos a quien efectuó el pago que no correspondía–, le asiste razón a la apelante al
plantear que el cómputo del término para presentar la solicitud objeto de controversia
transcurrió desde la fecha en que se pagó el impuesto, que no desde la ejecutoria de la
sentencia que otorgó el derecho al régimen de estabilidad tributaria.

5- Si bien en el plenario no existe prueba que acredite el momento preciso en que la
actora pagó el GMF del año 2002, ni bajo qué instrumento de pago, es lo cierto que los
extremos de la litis no discuten que este se haya efectuado en esa misma anualidad. Por
consiguiente, la solicitud de devolución del 26 de septiembre de 2018, por concepto del
monto pagado a título de ese tributo (índice 2), tenía un plazo de cinco años que feneció
en el año 2007, motivo por el cual procedía su rechazo, de conformidad con el ordinal 1.º
del artículo 857 del ET. Estando demostrada la extemporaneidad de la petición de
devolución, prospera el cargo de apelación de la demandada.

6- Consecuentemente con lo anterior, la Sala se releva de analizar los demás reproches
formulados por la apelante. Igualmente, basta con lo analizado para revocar la sentencia
apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin necesidad de que la
Sala se refiera a los demás cargos de nulidad invocados por la actora, porque su estudio
dependía de que la solicitud fuera oportuna, en tanto corresponden a otros motivos que
tuvo la demandada para rechazar la solicitud de reintegro.

7- Finalmente, la Sala revocará la condena en costas impuesta por el a quo, porque el
supuesto para su imposición fue el resultado de haber salido vencida en juicio la parte
demandada, pero en esta instancia es la vencedora. Adicionalmente, por no estar
probadas en el expediente, no habrá tal condena en segunda instancia (artículo 365.8 del
CGP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 05001-23-33-000-2020-00093-01 (25606)
Demandante: Compañía de Financiamiento Tuya S. A.

Primero: negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo considerado en la sentencia de
segunda instancia.

Segundo: sin condena en costas en primera instancia

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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