Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00003-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00003-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00003-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.
TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR,
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL
PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE
LEGAL Y ECONÓMICO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DISPUESTO PARA
PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 8 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
1
En adelante Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.,
actuando a través de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio pro damnato, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN CUARTA
DEL CONSEJO DE ESTADO2, con ocasión de la providencia
proferida el 8 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 05001-23-33-000-2020-00093-01.
I.2.- Hechos
Refirió que en el año 2000 presentó ante la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, -en adelante DIAN-, solicitud para acogerse
al régimen de estabilidad tributaria para los años 2001 a 2010,
2
En adelante la Sección Cuarta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
petición que fue denegada por esa entidad.
Adujo que adelantó un primer proceso ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, dentro del medio de control de
controversias contractuales, el cual fue conocido por la Sección
Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado que, en sentencia de
29 de agosto de 2013, anuló el acto administrativo por medio del
cual la DIAN le negó la solicitud de existencia del régimen de
estabilidad tributaria, pero no le concedió ninguna de las
pretensiones de restablecimiento o indemnización de perjuicios.
Sostuvo que, por lo anterior, solicitó ante la DIAN la devolución y/o
compensación de las sumas de dinero pagadas, por concepto de pago
de lo no debido del gravamen de los movimientos financieros del año
2002, petición denegada mediante la Resolución núm. 80 de 16 de
octubre de 2018 y confirmada en auto administrativo núm. 001768
de 2019, al considerarla extemporánea.
Relató que, como consecuencia de ello, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarará la nulidad de
los anteriores pronunciamientos y se ordenara la devolución de
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$523.594.073 por el pago de lo no debido, proceso al cual le fue
asignado el número único de radicación 2020-00093-00.
Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en sentencia de 24 de marzo de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda al estimar que el
término de prescripción de cinco años transcurría desde la ejecutoria
de la sentencia del 29 de agosto de 2013, por lo que estaba dentro
del plazo para solicitarla.
Manifestó que la DIAN interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, el cual fue desatado por la SECCIÓN CUARTA que,
en sentencia de 8 de septiembre de 2022, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, denegó las pretensiones al considerar que la
solicitud de devolución por el pago de lo no debido no se presentó
dentro de término previsto para el efecto, pues este debía
contabilizarse desde la fecha en la que se realizó el pago.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial por
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medio del cual se ha dispuesto que la solicitud de devolución y/o
compensación por el pago en exceso o de lo no debido, se debe
computar a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoció en
favor suyo, el derecho a estar bajo el amparo del régimen de
estabilidad tributaria.
En primera medida, destacó que el Consejo de Estado3 ha reconocido
la configuración del silencio administrativo positivo en casos en los
cuales la administración ha omitido pronunciarse en el plazo indicado
por la ley, o modificó de manera unilateral las condiciones planteadas
por el contribuyente, presentando un modelo de contrato por fuera
de los términos propuestos.
Arguyó que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de 4 de febrero de 2016 precisó que “[…]
independientemente de que la sentencia que declara la existencia del
régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en
concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un
componente económico: el pago mutuo de las obligaciones pecuniarias. Y
el cumplimiento de esas obligaciones se materializa cuando se ejecuta la
3
Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 4C, sentencia de 7 de abril de 2008, C.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2004-00406-01.
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sentencia, en las mismas condiciones de que se ejecuta la sentencia
condenatoria […]”.
En ese orden de ideas, recalcó que en sentencia de 28 de marzo de
20194 la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó el tema de la
compensación frente a la solicitud por el pago de lo no debido, ante
lo cual concluyó que es a partir del momento de ejecutoria de la
sentencia cuando se pueden exigir las obligaciones derivadas de
dicho régimen.
Sostuvo que mediante sentencia de 30 de marzo de 2016 5, el Alto
Tribunal de lo Contencioso Administrativo refirió, respecto de la
liquidación de los intereses por devolución de los impuestos pagados,
la importancia de la ejecutoria de la sentencia constitutiva del
derecho a la estabilidad tributaria.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo
de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 05001-23-31-000-2012-
00228-01.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de marzo
de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000-23-27-000-2009-
00273-01.
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Advirtió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 6 ha hecho
referencia al derecho a la devolución de los dineros pagados por
concepto de tributos respecto de actos administrativos que
posteriormente fuero declarados nulos.
Así las cosas, puso de presente que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado7 ha dispuesto que la prescripción del derecho a reclamar el
pago de lo no debido empieza a contar a partir del pago realizado sin
causa legítima y, por tanto, es desde esa fecha que empieza a correr
el término para ejercer el derecho a la devolución de este.
Por lo anterior, precisó que en el caso concreto, el derecho reclamado
se configuró en el momento en que la Sección Tercera del Consejo
de Estado en sentencia de 29 de agosto de 2013 decretó la nulidad
del acto administrativo acusado, por lo que fue a partir de la
ejecutoria de esa decisión judicial que adquirió el derecho a
pertenecer al régimen especial tributario, de tal forma que solo hasta
ese momento nació la posibilidad de reclamarlo y la prescripción debe
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 1o. de octubre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación
66001-23-33-003-2012-00007-01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo
de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000-23-27-000-2012-
00273-01.
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Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
empezar a contabilizarse desde allí.
Aseguró que aun cuando la Sección Cuarta mediante las sentencias
de 10 de marzo de 2016 y 5 de julio de 2018 determinó que la
prescripción del derecho a reclamar el pago de lo no debido
empezaba a contabilizarse a partir del pago realizado sin justa causa,
tales casos no guardan identidad fáctica con el asunto de la
referencia, pues en esa oportunidad se analizó la devolución del
impuesto sobre primas de seguro previsional y rentas vitalicias de
una declaración de renta, mientras que el presente caso trata del
reintegro del pago realizado por la estampilla derivado de una
ordenanza departamental.
Finalmente, comentó que se desconoció el principio pro damnato,
pues ante la duda frente al plazo para ejercer el medio de control, la
autoridad judicial accionada debió acoger la interpretación mas
favorable a sus intereses.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
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“[…] se declare que la sentencia proferida por la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO del 8 de septiembre de
2022, radicación 05001-23-33-000-2020-00093-01
(25606), vulneró el (sic) derecho fundamental al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.; como
consecuencia de ello anule dicho fallo y dicte la sentencia que
debe reemplazarlo […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA advirtió que la sustentación de la
acción de tutela revela que lo pretendido por la actora es la revisión
del criterio que fundamentó la tesis del cómputo de la prescripción
de las solicitudes de devolución, pues no alude a aspectos que
acrediten la vulneración de un derecho fundamental ni la existencia
de un perjuicio irremediable, así como tampoco al cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad como la relevancia
constitucional.
En efecto, destacó que lo pretendido por la actora es modificar por
vía de acción de tutela la posición mayoritaria de la Sala, lo que hace
improcedente la solicitud de amparo.
I.6. Intervinientes
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I.6.1.- La DIAN alegó que la solicitud de amparo resulta
improcedente, comoquiera que la parte actora no sustentó en debida
forma la procedencia de este mecanismo constitucional, además,
carece de relevancia constitucional, en la medida en que lo
pretendido es revivir un debate de los argumentos propuestos dentro
del proceso ordinario.
En todo caso, aseguró que no se incurrió en el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente alegado, toda vez que la decisión
acusada estuvo ajustada a derecho.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 8 de febrero de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA
de esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que la
posición asumida en la providencia cuestionada resulta válida y
razonable, pues ante la falta de postura unificada por parte del
Consejo de Estado que constituya precedente obligatorio, la
autoridad judicial de instancia goza de un margen de discrecionalidad
más amplio para adoptar el criterio que considere idóneo, sin que ello
implique el desconocimiento de garantías constitucionales.
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En efecto, explicó que las sentencias presuntamente desconocidas no
constituyen precedente judicial obligatorio, por lo que no resultaba
cierto afirmar que se incurrió en desconocimiento del precedente.
Sumado a lo anterior, afirmó que independientemente de la
consideración de la actora frente a que existía una duda en el
cómputo del plazo, en el proceso ordinario se analizó tal situación y
la autoridad judicial accionada expuso las razones por las cuales la
solicitud de devolución de ciertas sumas de dinero fue extemporánea,
sin que corresponda al juez constitucional refutar esa posición, ya
que esto implicaría invadir la autonomía e interpretación del juez de
la causa, máxime cuando se trata de una decisión adoptada por el
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo y no se
evidencia que se haya incurrido en un yerro ostensible y arbitrario.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia
señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, la autoridad
judicial accionada sí desconoció los precedentes judiciales de la Sala
Plena del Consejo de Estado, siendo esta una de las causales que
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hacen procedente el amparo dentro de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Insistió en que dos de los precedentes expuestos fueron proferidos
por la Sala Plena del Consejo de Estado, lo que significa que sí
resultan ser precedentes verticales vinculantes, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional8, pues en ellos se hizo referencia a
la devolución de los dineros pagados por concepto de tributos
respecto de actos administrativos que posteriormente fueron
declarados nulos, temática que guarda plena identidad con la que
aquí se discute.
Arguyó que, contrario a la conclusión allegada por el a quo, no puede
afirmarse válidamente que el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial no se configuró, pues las sentencias
proferidas por la Sala Plena del Alto Tribunal Constitución sí
constituyen precedente y resuelven exactamente los mismos
problemas jurídicos sometidos a consideración de la SECCIÓN
CUARTA, por lo que la omisión en su aplicación vulnera su derecho
fundamental al debido proceso.
8
SU 354 de 2017.
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Refutó que la autoridad judicial accionada le dio prevalencia al
precedente horizontal sobre el vertical, pues los pronunciamientos
emitidos por la Sala Plena del Consejo de Estado debieron ser
aplicados, pues en ellos se emitió una decisión de unificación sobre
el tema objeto de debate.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida en primera
instancia y, en su lugar, acceder al amparo solicitado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
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fuera del texto)
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
providencia de 8 de septiembre de 2022, proferida por la
SECCIÓN CUARTA, a través de la cual revocó la decisión del a quo
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda por considerar
que la solicitud de devolución del pago de lo no debido se presentó
de forma extemporánea, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2020-00093-01.
La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la
decisión acusada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial9 por medio del cual se ha dispuesto que la
9
Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 4C, sentencia de 7 de abril de 2008, C.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2004-00406-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de marzo
de 2019, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 05001-23-31-000-2012-
00228-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de marzo
de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000-23-27-000-2009-
00273-01.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 1o. de octubre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación
66001-23-33-003-2012-00007-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo
de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 25000-23-27-000-2012-
00273-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
solicitud de devolución y/o compensación por el pago en exceso o de
lo no debido, se debe computar a partir de la ejecutoria de la
sentencia que reconoció en favor suyo el derecho a estar bajo el
amparo del régimen de estabilidad tributaria, por lo que la autoridad
judicial accionada no debió denegar las pretensiones de la demanda,
en la medida en que no operó el fenómeno de la prescripción en el
asunto.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que las sentencias
presuntamente desconocidas no constituyen precedente judicial
obligatorio, pues no existe postura unificada por parte del Consejo
de Estado respecto al tema objeto de debate; además, la decisión
fue adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo y no se evidencia que se haya incurrido en un yerro
ostensible y arbitrario.
En la impugnación la actora manifestó que, contrario a lo advertido
por el a quo, la SECCIÓN CUARTA sí desconoció los precedentes
judiciales dispuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Admdinistrativo del Consejo de Estado, los cuales resultaban
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vinculantes para el asunto, pues en ellos se unificó la postura puesta
a consideración y se resolvieron exactamente los mismos problemas
jurídicos sometidos a debate en el caso concreto.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados al revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00093-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
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cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de
contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de
reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la
actora.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé al
artículo 2536 del Código Civil, en cuanto al momento desde el cual
se debe computar el término de los 5 años dispuestos para presentar
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la solicitud de devolución del pago de lo no debido y, en particular,
para que se determine el precedente aplicable al asunto.
Dichos aspectos carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida que su solución derivaría de la simple aplicación de la norma
y precedentes que, dicho de paso no resultan aplicables al asunto en
la medida que no contienen la tesis que la actora alega su favor, pues
discurrieron sobre asuntos diferentes al que aquí se cuestiona.
Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega la actora
en esta sede constitucional fueron atendidas por la SECCIÓN
CUARTA, con fundamento en la normativa y la jurisprudencia
dispuesta por esta Corporación, así:
“[…] En concreto, corresponde establecer, si la solicitud de
devolución por pago de lo no debido fue presentada en
tiempo, lo que requiere determinar cuándo inicia a correr el
término de prescripción de cinco años fijado en el artículo
2536 del CC, aplicable a las solicitudes de devolución y/o
compensación por pago de lo no debido por remisión del
artículo 11 del Decreto 2277 de 2012. Si la petición de la actora
resultare ser oportuna, se analizarán los demás reparos
sustentados por la apelante. Finalmente, se decidirá sobre la
procedencia de la condena en costas en ambas instancias.
2- Sobre la primera cuestión, la recurrente plantea que el término
para presentar la solicitud de devolución y/o compensación por
pago de lo no debido inició a partir del momento en que su
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contraparte pagó el tributo pedido en devolución, que no desde la
ejecutoria de la sentencia que anuló el oficio que negó su petición
de suscribir un contrato de estabilidad tributaria con duración de
diez años. Por su parte, la demandante sostiene que fue desde la
ejecutoria de ese fallo que surgió el derecho a solicitar la devolución
de los valores indebidamente pagados y que, por ende, es a partir
de esa fecha que se debe computar el término objeto de la
contienda. A la luz de esas alegaciones, advierte la Sala que las
partes no debaten que el plazo para solicitar la devolución y/o
compensación por pago de lo no debido corresponde a cinco años,
sino que debaten acerca del día en que comienza su cómputo,
razón por la cual la Sala se limitará a resolver ese aspecto.
3- Sobre el particular, esta Sección tiene fijado un criterio de
decisión judicial, que constituye el precedente bajo el cual
corresponde juzgar la situación. De acuerdo con los análisis
efectuados, entre otras, en las sentencias del 10 de marzo
de 2016 (exp. 20043, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez),
del 15 de agosto de 2018 (exp. 21792, CP: Milton Chaves
García), del 05 de diciembre de 2018 (exp. 21348, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), del 30 de octubre de 2019 (exp.
21910, CP: ibidem), y en particular la sentencia del 04 de
noviembre de 2021 (exp. 25607, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez) –que decidió un debate entre las mismas partes
pero en relación con el pago indebido del impuesto al
patrimonio de la actora por el año 2006–, el plazo para
presentar la solicitud de devolución de las sumas pagadas
de forma indebida es el consagrado en el artículo 2536 del
Código Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11
del Decreto 2277 de 2012 (compilado en el artículo
1.6.1.21.22 del DUR 1625 de 2016); por tanto se trata de un
plazo de cinco años contados a partir de la realización del
pago, pues, según el criterio fijado por la Sección, es a partir
de ese momento en que se configura la obligación para la
Administración de reintegrar los recursos que pagó
indebidamente el administrado.
4- Siendo que para la Sala el término de prescripción se
contabiliza desde el momento en que se realiza el pago
efectivo –pues es entonces que aumenta el patrimonio del fisco
sin causa legítima, configurando el pago de lo no debido y la
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obligación de reintegrar los recursos a quien efectuó el pago que
no correspondía–, le asiste razón a la apelante al plantear que el
cómputo del término para presentar la solicitud objeto de
controversia transcurrió desde la fecha en que se pagó el impuesto,
que no desde la ejecutoria de la sentencia que otorgó el derecho al
régimen de estabilidad tributaria.
5- Si bien en el plenario no existe prueba que acredite el momento
preciso en que la actora pagó el GMF del año 2002, ni bajo qué
instrumento de pago, es lo cierto que los extremos de la litis no
discuten que este se haya efectuado en esa misma anualidad. Por
consiguiente, la solicitud de devolución del 26 de septiembre de
2018, por concepto del monto pagado a título de ese tributo (índice
2), tenía un plazo de cinco años que feneció en el año 2007, motivo
por el cual procedía su rechazo, de conformidad con el ordinal 1.º
del artículo 857 del ET. Estando demostrada la extemporaneidad
de la petición de devolución, prospera el cargo de apelación de la
demandada.
6- Consecuentemente con lo anterior, la Sala se releva de
analizar los demás reproches formulados por la apelante.
Igualmente, basta con lo analizado para revocar la sentencia
apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
sin necesidad de que la Sala se refiera a los demás cargos de
nulidad invocados por la actora, porque su estudio dependía de
que la solicitud fuera oportuna, en tanto corresponden a otros
motivos que tuvo la demandada para rechazar la solicitud de
reintegro […]”(Destacado fuera de texto).
De la trascripción en cita la Sala advierte que, en efecto, la sentencia
cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las
pruebas, la jurisprudencia y normas aplicables al asunto, por lo que
el hecho de que la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta,
no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad
con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, la
SECCIÓN CUARTA denegó las pretensiones de la demanda.
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Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 20, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201721, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente
económico, en la medida que la inconformidad de la actora tiene
origen en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual pretendía la devolución y/o compensación por el pago en exceso
o de lo no debido ante la DIAN por concepto de los movimientos
financieros del año 2002, sin que se advierta que dicha situación
pueda llegar a comprometer su mínimo vital o cualquier otro derecho
fundamental.
21
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00003-01
Actora: Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
En relación con este aspecto, esta Sala22 ha indicado:
“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.
47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]”. (Destacado
fuera de texto)
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00
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sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y
de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión dictada por el a quo,
que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia
y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo por
carencia de relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia, para en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de abril de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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