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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02367-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02367-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda impetrada por Blanca Amparo Corre Mejía contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. 29 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 22 Número interno: 6722-2023 Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía Demandada: Ugpp SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de Resolución RDP 014179 de 8 de mayo y del Auto ADP 005914 de 9 de septiembre de 2019, por medio de los cuales la entidad pensional negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin tener en cuenta todo el tiempo laborado por José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) en el Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia y la Cámara de Representantes. TERCERO: Como consecuencia de tal nulidad, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP a reconocer y pagar a favor de Blanca Amparo Correa Mejía el reajuste de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.), con la inclusión de los tiempos laborados en el Departamento del Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia y la Cámara de Representantes, esto es, del 4 de noviembre de 1971 al 4 de diciembre de 1972, 5 de diciembre de 1972 al 19 de julio de 1974, del 1 de octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1978 y del 20 de julio de 1978 al 19 de julio de 1982, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP para que reclame ante el Departamento de Antioquia y la Asamblea Departamental de Antioquia por la cuota que le corresponda como consecuencia de la decisión aquí adoptada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-02367-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001-23-33-000-2020-02367-01 (6722-2023)
Demandante : Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Indemnización sustitutiva de pensión de vejez
Decisión : Sentencia de segunda instancia (Ley 2080 de 2021)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia de 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

Blanca Amparo Correa Mejía, por intermedio de apoderada judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo
siguiente:
Nulidad parcial de la Resolución RDP 014179 de 8 de mayo de 2019
expedida por la Ugpp, por medio de la cual reconoció una indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin tener en cuenta todo el
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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

tiempo laborado por José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) en La
Cámara de Representantes.

Auto ADP 005914 de 9 de septiembre de 2019 emitido por la entidad de
previsión social demandada, mediante la cual declaró improcedente el
recurso de apelación presentado.

A título de restablecimiento del derecho pidió que (i) se declare que
Blanca Amparo Correa Mejía tiene derecho al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con la inclusión de
todo el tiempo laborado por causante en la Cámara de Representantes; (ii)
se condene a la Ugpp a reconocer y pagar los intereses de mora o la
indexación; (iii) se condene a la accionada a reconocer y pagar los intereses
comerciales a partir del mes siguientes a la notificación de la sentencia; (iv)
la accionada de cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo
establecido en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y (v) se condene a
la accionada al pago procesales y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones en síntesis son los
siguientes:

Indicó que, Blanca Amparo Correa Mejía contrajo matrimonio con José Mario
Montoya Hernández (q.e.p.d.) el 12 de julio de 1969.

Precisó que, José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) falleció el 8 de
diciembre de 1992.

Señaló que, el causante laboró en la Camara de Representantes en los
siguientes periodos: entre “el 1 de septiembre de 1964 al 30 de septiembre
de 1964, entre el 26 de agosto de 1965 al 25 de noviembre de 1965, entre el
20 de julio de 1966 al 30 de junio de 1968, entre el 3 de septiembre de 1968
al 15 de diciembre de 1968, entre el 26 de agosto de 1969 al 19 de julio de
1970, entre el 1 de septiembre de 1970 al 31 de octubre de 1971, entre el 5

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

de diciembre de 1972 al 19 de julio de 1974 y entre el 20 de julio de 1978 al
19 de julio de 1982”.

Destacó que, el 28 de diciembre de 2018, la señora Correa Mejía solicitó a la
Ugpp el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión
de sobrevivientes.

Refirió que, por Resolución RDP 009951 de 26 de marzo de 2019, la entidad
de previsión social negó tal pedimento al considerar que: “una vez verificado
el expediente administrativo del causante se evidencia que el certificado de
información laboral de fecha 29 de octubre de 2018, presenta
inconsistencias pues solo refleja tiempos de cotización hasta el día 31 de
octubre de 1971, y a partir de esa fecha no se especifica la caja o fondo
donde se realizaron los aportes para pensión”. Y también “se requirió aportar
registro civil de nacimiento y copia de la cedula de ciudadanía de la señora
María del Pilar Montoya Correa, al igual que certificados de estudio (hija de
la solicitante y del causante)”

Manifestó que, el 26 de abril de 2019, presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el acto administrativo anterior.

Iteró que, a través de la Resolución RDP 014179 de 8 de mayo de 2019, la
UGPP le reconoce la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes con la inclusión solo del tiempo laborado en la Camara de
Representantes del (1/09/1964 al 30/10/1971), esto es, 220 semanas
cotizadas, en cuantía de $13.942.654.

Advirtió que, los demás periodos laborados entre el (5/01/1972 a
19/07/1974) y (20/07/1978 a 19/07/1982), no fueron tenidos en cuenta por la
entidad pensional acusada por: “considerar que en el certificado de
información laboral no se indica la caja o fondo a la cual se efectuaron los
respectivos descuentos por aportes”.
Sostuvo que, la Resolución RDP 014179 de 8 de mayo de 2019 resolvió
solamente el recurso de reposición, y nada dijo frente al de apelación. Pese

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

a ello, en el artículo quinto dejó constancia de que la vía gubernativa estaba
agotada “omitiendo la UGPP resolver el recurso de apelación”.

Por lo que, el 26 de agosto de 2019 pidió a la UGPP pronunciarse respecto
del recurso de apelación o en subsidio “tomar{a] dicho escrito como una
nueva solicitud para efectos de que (…) estudiara (…) el derecho que le
asistía a mi representada (…) de que le fuera reconocida la totalidad del
tiempo certificado por la Camara de Representantes”, para lo cual aportó
certificación para bono pensional expedida por dicha entidad “cumpliendo
con las exigencias de la UGPP, es decir, con la indicación de que los aportes
se realizaron en CAJANAL”.

Concluyó que, la Ugpp por Auto ADP 005914 de 9 de septiembre de 2019,
declaró improcedente pronunciarse sobre el recurso de apelación sin
mencionar “nada mencionara frente al tiempo laborado en la CAMARA DE
REPRESENTANTES a pesar de haberse aportado la certificación
debidamente corregida”.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La Constitución política de Colombia, la Ley 100 de 1993, y los Decretos
1513 de 1998 y 1730 de 2001.

Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que, para la liquidación de
la indemnización sustitutiva se deben tener en cuenta todos los tiempos
laborados: “inclusive los anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
sobre los cuales podrá recobrar lo pertinente a los empleadores que expidan
el bono pensional”.

2. Contestación de la demanda.

La Ugpp contestó la demanda y se opuso a las súplicas de la demanda al
considerar que2:

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

Respecto de los tiempos de servicio que la demandante manifiesta no se
tuvieron en cuenta para efectuar la liquidación, debe teneres efectuarse las
siguientes observaciones que: “entre el 5 de diciembre de 1972 al 19 de julio
de 1974 y del 20 de julio de 1978 al 19 de julio de 1982 estos tiempos de
servicio no fueron tenidos en cuenta como quiera que el certificado
información laboral de fecha 21 de marzo del 2019 no indica la caja o fondo
a la cual se efectuaron los respectivos descuentos por aportes”. Así mismo,
respecto de los tiempos de servicio del “4 de noviembre de 1971 al 4 de
diciembre de 1972 prestados para el departamento de Antioquia según
certificación del cetil de 4 de julio de 2018 no se descontó para Seguridad
Social a ninguna caja o fondo”, y respecto de los tiempos laborados para la
Asamblea Departamental de Antioquia del “1 de octubre de 1976 al 30 de
septiembre de 1978 en el cargo de diputado toda vez que de conformidad
con el certificado de información laboral número 9001 267 de 12 de febrero
del 2019 en la casilla 31 se observa que no se descontó para Seguridad
Social”, y por tanto, no se realizaron cotizaciones al Sistema General de
Pensiones con posterioridad a su vigencia, no siendo viable reconocer la
prestación solicitada.

Propuso los medios exceptivos que denominó “inexistencia de la obligación”,
“inexistencia de ilegalidad de los actos demandados”, “presunción de
legalidad del acto acusado”, “prescripción” e “imposibilidad de condena en
costas”.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 23 de marzo de
2023, negó las pretensiones de la demanda3.

Precisó que, el grupo de beneficiarios del trabajador fallecido que no cumplió
con los requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para
acceder a la pensión de sobrevivientes, puede reclamar la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobreviviente, de acuerdo con lo señalado en el
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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
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artículo 49 ibídem, la cual corresponde a una indemnización equivalente a la
otorgada en el artículo 37 del mismo cuerpo normativo para el caso de la
pensión de vejez.

Destacó que, es posible que se reconozcan tiempos de servicio que se
cotizaron con anterioridad a la Ley 100 de 1993, siempre y cuando el
derecho se consolide con posterioridad a su vigencia, que para el caso de la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente corresponde al
fallecimiento del cotizante, por cuanto ello determina la norma aplicable.

Empero advirtió que, en el caso bajo estudio se encuentra acreditado que
José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) laboró en la Camara de
Representantes desde el 5 de diciembre de 1972 hasta el 20 de julio de
1974 y desde el 20 de julio de 1978 hasta el 19 de julio de 1982, periodos
por los cuales se realizaron aportes para seguridad social en CAJANAL y
que no fueron incluidos por la UGPP en la Resolución RDP 014179 de 8 de
mayo de 2019 para liquidar la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobreviviente a favor de Blanca Amparo Correa Mejía.

Refirió que, quedó demostrado que José Mario Montoya Hernández
(q.e.p.d.) falleció el 8 de diciembre de 1992, por lo que su situación se
consolidó en esa fecha, cuando no había empezado a regir la Ley 100 de
1993, por lo que, las normas allí contenidas no son aplicables a la situación
fáctica del causante y de su cónyuge.

Condenó en costas a la parte demandante.

4. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, la apoderada de la demandante, disiente de la
sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que4:

El Tribunal debió centrar el análisis en determinar la validez de reliquidar la

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Demandada: Ugpp

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con la totalidad del
tiempo laborado por el causante “que fue el fundamento principal para que la
UGPP negara el reconocimiento de estos tiempos”.

Aunado a que, al contestar la demanda la entidad pensional “en ningún
momento (…) se opuso al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
la pensión de sobrevivientes, por la consolidación del derecho con
anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993”.

Precisó que, dentro del proceso judicial en ningún momento “estuvo en
discusión (…) la causación del derecho al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, pues esta
situación se consolidó dentro del acto administrativo objeto de nulidad
parcial, por lo que debe entenderse que frente a este aspecto, el acto
administrativo guarda plena validez, se encuentra en firme y debidamente
ejecutoriada, es decir, se solicita la declaratoria de nulidad parcial y no total
del acto administrativo”.

Consideró que, el a quo de manera “errada desbord[ó] la órbita del objeto
litigioso, al dejar de analizar el problema realmente planteado dentro del
proceso judicial, para dar análisis a la causación del derecho como tal”.

5. Alegatos de conclusión.

Mediante auto de 22 de marzo de 20245, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las
partes para alegar; no obstante, el apoderado de la accionada allegó escrito
en el que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la accionante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.

En atención de ello, se analizará si los actos administrativos enjuiciados
deben ser declarados nulos, toda vez que reconocieron la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobreviviente a Blanca Amparo Corre Mejía sin
la inclusión de la totalidad del tiempo de servicio laborado por el causante.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (i) De la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; 2.3
Hechos probados; y 2.4 Caso concreto.

2.2.1. De la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

El artículo 48 constitucional garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la seguridad social, que comporta un servicio público de
carácter obligatorio que se presta con sujeción, entre otros principios, al de
universalidad, definido por el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, como la “(…)
garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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discriminación, en todas las etapas de la vida”. De igual manera, la Corte
Constitucional7 ha precisado que el derecho a la seguridad social es un
derecho constitucional fundamental, en razón a su estrecha relación con los
derechos a la vida, trabajo y salud.

En tal sentido, el artículo 46 superior prevé que el Estado garantizará a las
personas de la tercera edad los servicios de seguridad social integral; por su
parte, el 47 impone al Estado la obligación de adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos; y el 53, al establecer los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo, incluye la garantía
a la seguridad social.

Ahora bien, debe recordarse que, ante la imposibilidad de algunas personas
de acceder a una pensión por no tener las suficientes cotizaciones o aportes
que exige la normativa para tal fin, pese a contar con la edad, el legislador
previó una prestación de compensación denominada indemnización
sustitutiva8.

Dicha prestación fue inicialmente concebida para los afiliados del entonces
Instituto de Seguros Sociales (ISS)9, a través del Decreto 3041 de 19 de
diciembre de 196610, que señalaba:

“Artículo 1o. Apruébase el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y
muerte, expedido por el consejo directivo del Instituto Colombiano de Seguros
Sociales mediante el acuerdo número 224 de 1966, que a la letra dice: […]

Artículo 24. Si al momento del fallecimiento, el asegurado no tuviera el número de
semanas de cotización o la densidad de cotizaciones requeridas para dejar
derecho a pensiones de sobrevivientes, se otorgará a sus herederos, una

7 Al respecto, consultar las sentencias C-134 y T-011 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, y T-116 y T-356
de 1993, M. P. Hernando Herrera Vergara.
8 Figura que, mutatis mutandis, en el régimen de ahorro individual con solidaridad corresponde a la devolución de
saldos. Artículo 66 de la Ley 100 de 1993: «Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan
cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una
pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta
de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a
continuar cotizando hasta alcanzar el derecho».
9 Es de anotar que antes de la entrada en vigor de la Carta Política de 1991 y la Ley 100 de 1993, no había un
sistema integrado de seguridad social, sino que existían diferentes regímenes administrados por diversas
entidades, que para el caso de los servidores públicos estaba a cargo de la liquidada Cajanal, cajas de los entes
territoriales e instituciones oficiales a cargo del manejo específico de otros sectores (ver sentencia T-719 de 2011
de la Corte Constitucional, M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
10 «Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
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indemnización igual a una vez el valor de la mensualidad de la pensión de
invalidez que le habría correspondido en esa fecha al causante, por cada
veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, sin que el mínimo pueda ser
inferior a doce (12) mensualidades.

Esta indemnización se distribuirá entre los deudos en la misma proporción en que
habría correspondido hacerlo con las pensiones de sobrevivientes.

Parágrafo. Esta indemnización solamente se aplicará a los trabajadores que
ingresen al instituto por primera vez con posterioridad a los primeros tres (3) años
de iniciación del seguro de invalidez, vejez y muerte”.

Y en el Decreto 758 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo número 049
de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios, señaló en su artículo 14:

“Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo
cumplido las edades mínimas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de
vejez, se retiraren definitivamente de las actividades sujetas al seguro social y no
hubieren acreditado el número mínimo de semanas de cotización requeridas
para que tal derecho se cause, percibirán en sustitución, por cada veinticinco
(25) semanas de cotización acreditadas, una indemnización equivalente a una
mensualidad de la pensión por invalidez permanente total que les hubiere
correspondido en el supuesto de haberse invalidado al cumplimiento de la
respectiva edad.
Para conceder esta indemnización se requiere, que no hayan transcurrido más
de diez (10) años entre el período a que corresponde la última cotización
acreditada y la fecha de cumplimiento de las edades para adquirir el derecho a la
pensión de vejez, y que el asegurado tenga acreditadas no menos de cien (100)
semanas de cotización.
Parágrafo. Las personas que en cualquier tiempo reciban la indemnización de
que trata este artículo, no podrán ser inscritas nuevamente en el seguro de
vejez, invalidez y muerte. Las semanas tenidas en cuenta para efectos de la
indemnización, no se computarán para la pensión de jubilación por aportes de
que trata la Ley 71 de 1988.
Como se observa, consistía en una prestación que no podía disfrutar el
trabajador en vida, sino los beneficiarios ante su deceso, una vez acreditaran
que no se colmaban los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.”

Luego, con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, se estableció la
denominada indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, así:

“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez
no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización
equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el
número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio
ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

En este orden de ideas, la indemnización sustitutiva se constituye como una
de las prestaciones del sistema general de seguridad social en pensiones a

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Demandada: Ugpp

la que pueden acceder quienes, pese a haber cumplido la edad de pensión,
no han completado el número de semanas cotizadas requeridas para ello.
En todo caso, exige del afiliado, quien se retira del sistema, manifestar su
imposibilidad de cotizar11.

La anterior disposición fue reglamentada por el artículo 3 del Decreto 1730
de 200112, que fijó la fórmula para liquidar la referida indemnización. Así
mismo, reiteró que «[h]abrá lugar al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las Administradoras
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando con
posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones […]», el «[…]
afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la
pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando» (artículo
1º).

Cabe precisar que, aunque dicha normativa señala que los requisitos de la
indemnización sustitutiva se deben consolidar con posterioridad a la entrada
en vigor del sistema general de seguridad social en pensiones (1 de abril de
1994 o 30 de junio de 1995, para las entidades territoriales), tanto esta
Corporación13 como la Corte Constitucional14 han sostenido que su
reconocimiento es dable así no hayan estado afiliados al sistema y el vínculo
laboral haya terminado antes de dicha fecha.

Y en lo que se refiere a la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes la Corte15 ha dicho:

En conclusión, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes es
una prestación contemplada en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, en favor
de los miembros del grupo familiar de un afiliado al SGP que al momento de su
muerte no hubiese reunido los requisitos necesarios para obtener la pensión de

11 Ver sentencias T-861 de 2014, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, y T-596 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, entre otras.
12
«Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización
sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».
13
Consejo de Estado, sentencias de (i) 14 de abril de 2005, expediente: 11001-03-25-000-2003-00112-01 (477-03),
C. P. Ana Margarita Olaya Forero; y (ii) 14 de agosto de 2008, sección segunda, expediente 7257-05, C. P. Alfonso
Vargas Rincón.
14
Entre otros, fallos T-529 de 2009, T-385 de 2012 y T-308 de 2013.
15 T-578 de 2016

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
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vejez. Su reconocimiento no se restringe a que su origen y perfeccionamiento
se haya dado con posterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Para
la Corte eso es así en atención a que (i) no hay disposiciones legales que lo
restrinja; (ii) la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001 reconocen los
períodos cotizados antes de la entrada en vigencia de la precitada Ley y; se
debe dar eficacia a la prohibición del enriquecimiento sin justa causa.

2.2. Hechos probados

De conformidad con partida de matrimonio Blanca Amparo Correa Mejía y
José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) se casaron por el rito católico el 12
de julio de 196916.

Cédula de ciudadanía de José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) que
indica que nació el 21 de mayo de 1926.17

Registro de defunción que evidencia que el señor Montoya Hernández
falleció el 8 de diciembre de 199218.

Certificado de información laboral 21 de marzo de 2019 expedido por la
Camara de Representantes19, que indica que José Mario Montoya
Hernández (q.e.p.d.) laboró en dicha entidad en los periodos que se
relacionan a continuación:

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

Certificado de información laboral 16 de mayo de 2019 expedido por el
Subsecretario General de la Camara de Representantes20, del que se extrae
que José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) del (5/12/1972 al 19/07/1974)
y (20/07/1978 al 19/07/1982) realizó aportes a Cajanal:

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

Certificado de información laboral emitido por la Asamblea Departamental de
Antioquia de 12 de febrero de 201921, del cual se destaca que del “1 de
octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1978 en la casilla 31 AL
EMPLEADO SE LE DESCONTÓ PARA SEGURIDAD SOCIAL? NO” (no se
realizaron aportes al Sistema General de Pensiones”.

Certificación (CETIL) de 4 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de
Hacienda (Oficina de Bonos Pensionales)22, de la que se evidencia que los
tiempos laborados por el causante en el Departamento de Antioquia (4 de
noviembre de 1971 al 4 de diciembre de 1972) no se realizaron descuentos
para Seguridad Social.

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

Resolución RDP 014179 de 8 de mayo de 2019 expedida por la Ugpp23, por
medio de la cual reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes a Blanca Amparo Correa Mejía, sin la inclusión de todo el
tiempo laborado por José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) en la Cámara
de Representantes. Acto administrativo del cual se extrae lo siguiente:

“De igual manera respecto de los tiempos de servicio del 04 de
noviembre de 1971 al 04 de diciembre de 1972 prestados para el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA según certificación del Cetil No
201807890900286000690003 de fecha 04 de julio de 2018 no se
descontó para seguridad social a ninguna caja o fondo.
En igual sentido ocurre con los tiempos laborados para la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA del 01 de octubre
de 1976 al 30 de septiembre de1978 en el cargo de Diputado toda
vez que de conformidad con el certificado de información laboral No
9001-267 de fecha 12 de febrero de 2019 en la casilla 31 se
observa que no se descontó para seguridad social y por tanto no se
cotiz[ó] a ningún fondo.

Por escrito de 26 de agosto de 201924, la demandante solicitó a la UGPP
pronunciarse respecto del recurso de apelación o en subsidio “tomar{a] dicho
escrito como una nueva solicitud para efectos de que (…) estudiara (…) el
derecho que le asistía a mi representada (…) de que le fuera reconocida la
totalidad del tiempo certificado por la Camara de Representantes”, para lo

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

cual aportó certificación para bono pensional de dicha entidad “cumpliendo
con las exigencias de la UGPP, es decir, con la indicación de que los aportes
se realizaron en CAJANAL”.

Auto ADP 005914 de 9 de septiembre de 2019, emitido por la entidad de
previsión social demandada25, mediante la cual declaró improcedente el
recurso de apelación presentado.

2.3. Caso concreto.

El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que es posible
que se reconozcan tiempos de servicio que se cotizaron con anterioridad a la
Ley 100 de 1993, siempre y cuando el derecho se consolide con
posterioridad a su vigencia, que para el caso de la indemnización sustitutiva
de la pensión de sobreviviente corresponde al fallecimiento del cotizante, por
cuanto ello determina la norma aplicable. Luego, quedó demostrado que
José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) falleció el 8 de diciembre de 1992
(su situación se consolidó en esa fecha, cuando no había empezado a regir
la Ley 100 de 1993); y en atención de ello, las normas allí contenidas no son
aplicables a la situación fáctica del causante y de su cónyuge.

Decisión respecto de la cual la accionante disiente, toda vez que el Tribunal
debió centrar el análisis en determinar la validez de reliquidar la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con la totalidad del
tiempo laborado por el causante “que fue el fundamento principal para que la
UGPP negara el reconocimiento de estos tiempos”. Aunado a que, la Ugpp
“en ningún momento (…) se opuso al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por la consolidación del derecho
con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993”.

En este contexto, es necesario precisar que, conforme a los precedentes
normativos y jurisprudenciales, así como a las pruebas presentadas en el
proceso, esta Sala establece que el debate en este caso no gira en torno a si

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Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes se consolidó
antes o después de la expedición de la Ley 100 de 1993. Por el contrario, se
evaluará si es procedente reliquidar dicho derecho tomando en cuenta la
totalidad del tiempo laborado por el causante, tal como lo solicitó la
representante legal de la actora en el recurso de apelación.

En ese sentido, el criterio adoptado por el Tribunal de Instancia para negar el
reajuste de la indemnización sustitutiva no tiene asidero luego que las
normas reguladoras de dicha prestación nada dicen sobre si su
reconocimiento esta supeditado a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, y no podría serlo porque ineludiblemente a partir de su concreción
cualquier solicitud en ese camino tendría en cuenta cotizaciones o tiempos
de servicios relevantes para el reconocimiento pensional sin importar si
fueron antes o después de la Ley 100 de 1993.

Tanto es así, que la entidad accionada reconoció la indemnización en la
Resolución RDP 014179 del 8 de mayo de 2019; otra cosa es que no haya
tenido en cuenta todos los tiempos laborados y por diferentes razones, lo
cual es la discrepancia que la accionante trasladó a sede judicial.

De suerte que el estudio que debió abordar la entidad es si había lugar al
reajuste de la prestación y no si había lugar a su reconocimiento.

Por consiguiente, el análisis que se hará en sede de apelación es si hay
lugar a reajustar la indemnización sustitutiva reconocida en la Resolución
RDP 014179 del 8 de mayo de 2019.

Dirección en la cual es necesario advertir que de la certificación CETIL de 4
de julio de 2018, los períodos laborados por el causante en el Departamento
de Antioquia, desde el 4 de noviembre de 1971 hasta el 4 de diciembre de
1972, no fueron considerados para el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, ya que durante ese tiempo no se realizaron descuentos para la
seguridad social en ninguna Caja o Fondo. La misma situación se presentó
con los períodos laborados en la Asamblea Departamental de Antioquia,

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

como diputado, del 1 de octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1978, toda
vez que de conformidad con el certificado de información laboral 9001 267
de 12 de febrero de 2019, en la “casilla 31” se observa que no se efectuaron
descuentos para seguridad social, es decir, no se realizaron cotizaciones al
Sistema General de Pensiones.

Sobre esta particular estima la Subsección que hay lugar a revocar la
decisión del Tribunal y ordenarle a la entidad demandada, que además de
incluir los tiempos laborados en el Departamento de Antioquia y la Asamblea
de Antioquia en la liquidación de la indemnización sustitutiva (4 de
noviembre de 1971 al 4 de diciembre de 1972 y del 1 de octubre de 1976 al
30 de septiembre de 1978), debe pedirles la cuota parte pensional
correspondiente.

Criterio que ha sido defendido por esta Corporación y la Corte
Constitucional, de la cual destacamos el siguiente pronunciamiento26:

“Por último, de acuerdo con el Decreto 1730 de 200127 y la reiterada
jurisprudencia de esta corporación28, la administradora de pensiones es la
obligada a reconocer la indemnización sustitutiva, bien sea con base en los
tiempos laborados ante una entidad pública y/o en aquellos cotizados ante el
ISS, sin perjuicio de que estos periodos hayan ocurrido con anterioridad a la
Ley 100 de 1993. Lo anterior, valga anotar, no obsta para que la administradora
de pensiones o Colpensiones repita contra los antiguos empleadores del
accionante, con el fin de obtener el valor de la porción de la indemnización que
le correspondía a cada uno.

Así, por ejemplo, en la sentencia T-556 de 2013, la Corte resolvió una solicitud
de tutela mediante la cual una persona de 80 años de edad pretendía el
reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones. El accionante
solicitaba que se tuvieran en cuenta los 8 años, 10 meses y 21 días laborados
para la Policía Nacional, así como algunos periodos trabajados para otros
empleadores. Sin embargo, debido a que los tiempos servidos a otros
empleadores no estaban debidamente comprobados, la Corte no accedió a la
prestación pretendida y, en su lugar, amparó el derecho de petición, para que
Colpensiones resolviera de fondo la solicitud. Adicionalmente, teniendo en
cuenta que había plena certeza sobre el tiempo de servicio prestado a la
Policía Nacional, advirtió que “[e]n caso de que el accionante no [cumpliera]
con los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, Colpensiones
debía proceder a adicionar el pago de la indemnización sustitutiva, teniendo en
cuenta para ello, todos los aportes hechos por el actor al sistema y que resulten
acreditados, por lo menos respecto de los que fueron hechos a la Policía
Nacional durante el tiempo que el actor laboró para dicha institución, los cuales

26
T-080 de 2022
27
“por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización
Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”
28
Sentencias T-148 de 2019, T-471 de 2017, T-122 de 2016, SU-769 de 2014, T-681 de 2013 y T-596 de 2013.

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

no fueron tenidos en cuenta al liquidarse la indemnización sustitutiva
inicialmente pagada, circunstancia que se probó en esta tutela” (subrayado
fuera de texto).

Verificado el precedente en comento e identificadas las normas y las reglas
jurisprudenciales aplicables, procede la Sala a dar respuesta al problema
jurídico planteado.”

En este sentido, pese a que no fue planteada esta situación con la demanda
ni en el recurso de apelación, a la luz de los principios mínimos de
fundamentales del derecho al trabajo contenidos en el art. 53 constitucional
se flexibiliza esta omisión.

De suerte que el acto administrativo demandado debe ser reajustado
tomando en cuenta los tiempos laborados por el esposo de la reclamante en
el Departamento de Antioquia y la Asamblea de Antioquia.

Autorizándose a la UGPP para que reclame ante ellas por la cuota que le
corresponda como consecuencia de la decisión aquí adoptada.

En caso que la aquí reclamante haya iniciado el cobro de la indemnización al
Departamento de Antioquía y a la Duma departamental, dichas entidades
deberán informarle esta situación a la aquí demandada.

Igualmente, también hay lugar a tener en cuenta los períodos laborados por
José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) en la Cámara de Representantes,
específicamente del 4 de noviembre de 1971 al 4 de diciembre de 1972, 5 de
diciembre de 1972 al 19 de julio de 1974, del 1 de octubre de 1976 al 30 de
septiembre de 1978 y del 20 de julio de 1978 al 19 de julio de 1982. Esto se
fundamenta en la certificación expedida por dicha entidad y que fue
destacada en precedencia.

Las sumas que resulten a favor del demandante, deberán actualizarse de
acuerdo con la fórmula según la cual, el valor presente (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la

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Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió
hacerse el pago), así:

R = Rh Índice inicial
Índice final

Por consiguiente, esta Sala revoca la sentencia proferida por el Tribunal de
instancia al considerar que Blanca Amparo Correa Mejía tiene derecho a que
la Ugpp le reajuste la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de José Mario Montoya
Hernández (q.e.p.d.), con la inclusión de los tiempos laborados en el
Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia y
Cámara de Representantes; esto es, del 4 de noviembre de 1971 al 4 de
diciembre de 1972, 5 de diciembre de 1972 al 19 de julio de 1974, del 1 de
octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1978 y del 20 de julio de 1978 al 19
de julio de 1982.

Condena en costas

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.” (Resaltado
por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de

21

Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso29.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso
no se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala no condena en
costas a la vencida.

III. DECISIÓN

Vistas las consideraciones que anteceden y el acervo probatorio, la Sala
concluye que la decisión del a quo no fue acertada, pues quedó establecido
que la demandante tiene derecho a que la Ugpp le reajuste la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de
José Mario Montoya Hernández (q.e.p.d.) con la inclusión de los con la
inclusión de los tiempos laborados en el Departamento de Antioquia,
Asamblea Departamental de Antioquia y Cámara de Representantes; esto
es, del 4 de noviembre de 1971 al 4 de diciembre de 1972, 5 de diciembre
de 1972 al 19 de julio de 1974, del 1 de octubre de 1976 al 30 de septiembre
de 1978 y del 20 de julio de 1978 al 19 de julio de 1982; y en tal sentido, la
Sala a revoca la sentencia del Tribunal que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de marzo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda impetrada por Blanca Amparo Corre Mejía
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
29
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

22

Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de Resolución RDP 014179 de
8 de mayo y del Auto ADP 005914 de 9 de septiembre de 2019, por medio
de los cuales la entidad pensional negó el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin tener en
cuenta todo el tiempo laborado por José Mario Montoya Hernández
(q.e.p.d.) en el Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de
Antioquia y la Cámara de Representantes.

TERCERO: Como consecuencia de tal nulidad, a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP a reconocer y pagar a favor de Blanca
Amparo Correa Mejía el reajuste de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de José Mario
Montoya Hernández (q.e.p.d.), con la inclusión de los tiempos laborados en
el Departamento del Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia y la
Cámara de Representantes, esto es, del 4 de noviembre de 1971 al 4 de
diciembre de 1972, 5 de diciembre de 1972 al 19 de julio de 1974, del 1 de
octubre de 1976 al 30 de septiembre de 1978 y del 20 de julio de 1978 al 19
de julio de 1982, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP para que reclame ante el Departamento de Antioquia y la Asamblea
Departamental de Antioquia por la cuota que le corresponda como
consecuencia de la decisión aquí adoptada.

En caso que la aquí reclamante haya iniciado el cobro de la indemnización al
Departamento de Antioquía y a la Duma departamental, dichas entidades
deberán informarle esta situación a la aquí demandada.

23

Número interno: 6722-2023
Demandante: Blanca Amparo Correa Mejía
Demandada: Ugpp

CUARTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, realizar sobre los valores que resulten de la
presente condena, la actualización referida en la parte motiva de esta
sentencia.

QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO: En firme esta decisión, ENVIAR al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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