Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02991-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-02991-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-02991-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2020-02991-01 (1630-2023)
Demandante: Roberto Antonio Borja Licona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2020-02991-01 (1630-2023)
Demandante: Roberto Antonio Borja Licona
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución – improcedencia de las excepciones propuestas
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del 9
de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual declaró imprósperas las excepciones propuestas por la entidad
ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El señor Roberto Antonio Borja Licona formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de la sentencia proferida el 16 de junio de 2017
(aclarada mediante providencia del 31 de julio de 2017) por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo radicado 05001233300020130149100. Esta decisión quedó en
firme debido a que las partes no presentaron recurso de apelación.
3. En dicha providencia, se declaró la nulidad del acto acusado y se ordenó a la
entidad demandada reconocer y pagar al señor Borja Licona una pensión de
invalidez desde el 5 de marzo de 2010 y por el tiempo que la incapacidad
1
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subsista, liquidación que se ordenó realizar con base en el numeral 3.5 del
artículo 3 de la Ley 923 de 2004.
4. El ejecutante indicó que, a pesar de presentar los requerimientos de rigor
(cuenta de cobro para el pago el 10 de noviembre de 2017) la entidad no cumplió
debidamente la orden judicial, pues el Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 1982 de 27 de abril de 2018, por medio de la cual reconoció la
pensión de invalidez a partir del 1 de mayo de 2018, pero no canceló las mesadas
causadas desde el 5 de marzo de 2010 hasta el 30 de abril de 2018.
5. En consecuencia, solicitó que se librara mandamiento de pago para que se
cancelaran las mesadas pensionales causadas desde el 5 de marzo de 2010 al
30 de abril de 2018, por valor de $70.546.809; por concepto de intereses
moratorios generados desde el 27 de abril de 2018 (fecha en que se expidió la
resolución 1982) hasta que se paguen todas las sumas adeudadas; y por las
costas y gastos que se generen durante el trámite del proceso.
1.2. Mandamiento de pago
6. El Tribunal mediante auto del 19 de octubre de 2020, libró mandamiento de
pago contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a fin de que
se diera cumplimiento a la condena impuesta en la sentencia del 16 de junio de
2017 (aclarada por providencia del 31 de julio de 2017). En concreto, se ordenó
el pago de las mesadas causadas a favor del ejecutante entre el 5 de marzo de
2010 y el 30 de abril de 2018, así como de los intereses moratorios generados
desde el 27 de abril de 2018, conforme con lo solicitado en la demanda.
7.Para adoptar esa decisión, el Tribunal explicó que en el expediente no obraba
constancia de que la entidad hubiese dado cumplimiento a la obligación impuesta
en la sentencia que dio origen al título ejecutivo. En efecto, aunque se expidió la
Resolución 1982 del 27 de abril de 2018, cuyo artículo 2, parágrafo 2, ordena el
pago de una pensión mensual de invalidez a favor del demandante, aún se
adeudaban las mesadas causadas entre el 5 de marzo de 2010 y el 30 de abril
de 2018.
8. En ese sentido, el mandamiento de pago era procedente, pues en el
expediente yacía el título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia
judicial, que era clara, expresa y exigible.
1.3. Contestación de la demanda
9.La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó escrito de
defensa2 con las siguientes excepciones:
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DEMANDA 1 de diciembre de 2020
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10. Inexistencia del título ejecutivo complejo – falta de integración de los
documentos que deben hacer parte del mismo: Afirmó que el ejecutante
promovió el proceso ejecutivo sin que los documentos aportados cumplieran los
requisitos establecidos en los artículos 104, numeral 6, 297 y 298 del CPACA. En
particular, cuestionó que se hubieran presentado copias simples de la sentencia,
en lugar de la primera copia auténtica y debidamente ejecutoriada, razón por la
cual solicitó denegar el mandamiento de pago.
11. Falta de integración del litisconsorcio necesario y asignación de turno de
pago: Señaló que el pago de las sentencias y conciliaciones de la entidad
depende del presupuesto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. En tal sentido, consideró el demandante radicó cuenta de cobro ante la
entidad y el turno asignado de pago fue el 538 – S – 2017.
12. Genérica: Solicitó que, en virtud de los poderes oficiosos del juez, se
declararan las excepciones que encuentre probadas.
II. SENTENCIA APELADA
13. El Tribunal, en audiencia inicial celebrada el 9 de agosto de 2021, profirió
sentencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conforme a lo dispuesto en el
mandamiento de pago, declaró imprósperas las excepciones propuestas y
condenó a la entidad al pago de costas y agencias en derecho.
14. Para adoptar esa decisión, el a quo recordó que, dado que el título que se
pretende ejecutar es una sentencia judicial, resultan aplicables las disposiciones
del artículo 442 del Código General del Proceso, el cual establece que, cuando
la obligación ejecutiva proviene de una providencia judicial, únicamente pueden
proponerse como excepciones las de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción; no obstante, la parte ejecutada formuló
excepciones otras excepciones, denominadas: inexistencia de título complejo –
falta de integración documental, falta de integración del litisconsorcio necesario y
asignación de turno de pago. Por tanto, aunque se presentaron objeciones, estas
no corresponden a las excepciones taxativamente previstas para el caso de
sentencias judiciales, por lo que se consideraron improcedentes.
15. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia se estudiaron las
excepciones propuestas de la siguiente forma: Respecto a la excepción de
inexistencia de título complejo – falta de integración de los documentos que
deben hacer parte del mismo se indicó que no estaba llamada a prosperar, pues
a pesar de que la entidad afirmó que los documentos presentados no se
autenticaron en debida forma (con su nota de ejecutoria), lo cierto es que como
el proceso ejecutivo se inició a continuación del proceso ordinario que originó la
sentencia objeto de recaudo, no era exigible aportar nuevamente copia del título
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ejecutivo.
16. La excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario y asignación
de turno de pago fueron resueltas de forma conjunta, pues los argumentos fueron
los mismos. En tal sentido, el a quo citó sentencia de tutela proferida por el
Consejo de Estado3 que hizo alusión a que las órdenes de turno de pago de
condenas judiciales en las entidades del Estado pueden generar afectaciones en
los derechos fundamentales, al punto de hacer nugatoria la eficacia del proceso
ejecutivo. Por ello, concluyó que dichas excepciones no prosperaban y que se
cumplían los requisitos para continuar con la ejecución, precisando que no es
admisible que trámites administrativos entre dependencias obstaculicen o
retrasen el cumplimiento de una orden judicial.
17. En cuanto a los intereses moratorios, se agregó que, pese a que el artículo
192 del CPACA establece que se generan desde la ejecutoria de la sentencia, el
demandante solicitó su pago desde el 27 de abril de 2018, de manera que es
desde esa fecha en que se generaron intereses moratorios, tal y como se indicó
en el mandamiento de pago.
18. Finalmente, se estableció que, conforme al artículo 188 del CPACA, el cual
remite al Código General del Proceso en materia de costas, procedía la
imposición de estas a la parte vencida, en este caso la entidad ejecutada,
fijándose las agencias en derecho en un 3% del valor de la condena.
1.6. Recurso de apelación
19. La parte ejecutada4 interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria, reiterando los argumentos con
los que sustentó la excepción de mérito relativa a la falta de integración del
litisconsorcio necesario y la asignación del turno de pago.
20. En ese sentido, explicó que el pago de la sentencia judicial depende de la
disponibilidad presupuestal asignada a la entidad por el Ministerio de Hacienda.
Por tanto, el Ministerio de Defensa debe sujetarse a los parámetros establecidos
para tal fin en garantía de los principios de igualdad, debido proceso y demás
preceptos constitucionales.
21. Indicó que el derecho a turno se encuentra regulado en el artículo 15 de la Ley
962 de 2005. En virtud de esta normativa, el Grupo de Reconocimiento y
Obligaciones Judiciales de la entidad asigna los turnos de pago según la
disponibilidad presupuestal.
3
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta 47001333175120160001101. Sentencia
del 28 de abril de 2016
4
Folios 170 y siguientes del expediente.
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22. En consecuencia, señaló que, conforme a las pruebas obrantes en el
expediente, el ejecutante radicó la cuenta de cobro y, a la fecha del recurso,
contaba con derecho a turno. Agregó que, actualmente, se han pagado las
primeras 600 cuentas radicadas en el año 2015, de un total de 1.636 que se
encuentran en turno. Asimismo, reiteró que el pago está sujeto a la disponibilidad
presupuestal asignada por el Ministerio de Defensa. Por ello, al momento de
interponer el recurso, la entidad no contaba con la apropiación presupuestal para
asumir el pago de todas las decisiones judiciales pendientes.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, y 322 del CGP.
24. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
25. De la misma manera, es competente esta corporación para conocer el asunto,
pues si bien es cierto el 8 de noviembre de 2021, la Sección Tercera –
Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
había admitido6 el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra
la sentencia del 9 de agosto de 2021, por reunir los requisitos legales; no es
menos cierto que por auto del 27 de enero de 20237, dispuso remitir el proceso a
la Sección Segunda del Consejo de Estado, al considerar que «la Sección
Tercera no es la encargada de avanzar en la expedición del respectivo fallo,
comoquiera que se trata del cumplimiento de una providencia emitida dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral, que
gira en torno a la observancia de la condena judicial derivada del reconocimiento
de una pensión de invalidez a favor del acá ejecutante».
26. Asistiéndole razón en ello, pues, es esta Sección la llamada a resolver la litis
en virtud de la naturaleza de la obligación que se ejecuta, motivo por el cual, se
avocará su conocimiento.
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
Índice 04 aplicativo SAMAI segunda instancia.
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Índice 15 aplicativo SAMAI segunda instancia.
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2.2. Problema jurídico
27. Lecorresponde a la Sala resolver sí es procedente el estudio de las
excepciones de mérito propuestas por la entidad ejecutada Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional.
28. De resultar afirmativo ese interrogante, se determinará si prospera o no la
excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario y asignación de
turno de pago reiterada por la entidad ejecutante en el recurso de.
2.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
29. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»8.
30. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».9 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 10 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
31. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.11 La autenticidad se refiere a la plena
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
9
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
10
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
11
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
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identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió12.
32. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido13.
33. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 14,
antes 497 del CPC15.
34. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
14
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
15
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
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dispone el artículo 422 del CGP16, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
35. Por otro lado, en cuanto al trámite de las excepciones de mérito
presentadas dentro del proceso ejecutivo —cuando el título es una providencia
judicial, conciliación o transacción— el CGP dispone lo siguiente:
36. Luego de proferirse el mandamiento de pago, dentro de los 10 días siguientes
la parte ejecutada podrá: i) contestar la demanda y proponer una o varias
excepciones de mérito de las que de manera taxativa y excluyente permite el
artículo 442 numeral 2 del CGP; ii) contestar la demanda y proponer excepciones
de mérito que no se encuentran enlistadas en el numeral 2 del artículo 422, o; iii)
no contestar la demanda o hacerlo de manera extemporánea.
37. En el primer caso, si el ejecutado contesta la demanda y propone una o varias
excepciones de la contenidas en el numeral 2 del artículo 442, a saber, pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; o la de
nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la
de pérdida de la cosa debida, es menester que se dé el trámite contenido en el
artículo 443 del CGP, es decir, se realice la audiencia contenida en el artículo
392 o 372 y 373, dependiendo de si el proceso es de mínima o menor y mayor
cuantía, y luego se dicte sentencia, de la cual dependerá la continuación o no
del proceso en los términos de los numerales 3-6 del artículo 443.
38. En el segundo caso, si el ejecutado contesta la demanda, propone
excepciones de mérito, pero estas no son aquellas que enlista el numeral 2 del
artículo 422, el juez o magistrado ponente debe mediante auto rechazarlas de
plano. Decisión que, de acuerdo con lo consignado en el numeral 4 del artículo
321 del CGP17, será apelable.
39. En tercer lugar, si el ejecutado no contesta la demanda o propone excepciones
de forma extemporánea, el juez o magistrado ponente, mediante auto que no
16
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
17
Este artículo establece que es apelable el auto que rechace las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo de la
siguiente forma: «ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se
dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (...)
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito
en el proceso ejecutivo (…)».
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admite recurso, ordenará el remate y avalúo de los bienes embargados y de los
que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución
para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento
ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado,
en la forma establecida en el artículo 440 del CGP.
2.4. Análisis de la Sala frente al problema jurídico
40. Atendiendo a lo motivado en el acápite anterior, es claro que el artículo 442
del CGP limitó los medios de defensa que puede impetrar el ejecutado cuando el
título en cuestión se trata de una providencia judicial —como es el presente
caso— a las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción.
41. Para determinar la procedencia de las excepciones de mérito es necesario que
el fallador revise no solo los aspectos formales —es decir, la enunciación de las
excepciones propuestas—, sino también los aspectos sustanciales, entre los que
se encuentran los argumentos que vertieron para sustentar las tesis opositiva del
ejecutado, con el fin de determinar si, en efecto, aun cuando se hubiera
enunciado de manera diferente, en esencia se propuso alguna de las
excepciones de mérito permitidas por el legislador cuando el título es una
providencia judicial18.
42. Al ahondar en el asunto de marras, se observa que la ejecutada al contestar
la demanda propuso como excepciones de mérito las de Inexistencia del título
ejecutivo complejo – falta de integración de los documentos que deben hacer
parte del mismo y falta de integración del litisconsorcio necesario (que el a quo
complementó con la asignación de turno de pago), las cuales de su lectura y
análisis aprecia la Sala que ni sustancial ni formalmente se encuentran dentro de
las excepciones de mérito que podía impetrar conforme la literalidad y límites
establecidos en el citado numeral 2 del artículo 442 del CGP.
43. El tribunal al resolver la sentencia de primera instancia declaró imprósperas
las excepciones de mérito propuestas por la entidad, argumentando que las
mismas eran improcedentes dado que no eran de aquellas que figuran como tales
en el artículo 442 del CGP. No obstante, y acto seguido, se pronunció de fondo
sobre las mismas, sentenciando que los argumentos que las sustentaban no
estaban llamados a prosperar por carecer de asideros jurídicos.
44. Se observa entonces que el pronunciamiento de fondo del a quo sobre las
excepciones de mérito motivó a la entidad ejecutada a la presentación del recurso
de apelación, pues en el escrito rebatió los argumentos planteados en la
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de
noviembre de 2022. Rad: 25000-23-36-000-2017-01343-01. 68441. C.P: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá,
D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-02991-01 (1630-2023)
Demandante: Roberto Antonio Borja Licona
sentencia recurrida que conllevaron a desvirtuar la excepción de falta de
integración del litisconsorcio necesario y asignación de turno de pago.
45. Dicho lo anterior, la Sala si bien comparte la decisión del tribunal de considerar
improcedentes las excepciones de mérito propuestas por la entidad —pues como
se dijo, ni formal ni materialmente son de aquellas que podía presentar de
acuerdo con la norma especial de la materia—, se aparta del juicio adicional de
la sentencia apelada relativa a resolver de fondo esas mismas excepciones.
46. Lo anterior, pues con el simple hecho de no presentarse contra el
mandamiento de pago las excepciones que la codificación procesal
expresamente permite para los casos en que se busca el cumplimiento de una
providencia judicial (excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción) lo apropiado es declarar la improcedencia
de las excepciones de mérito y seguir adelante con la ejecución.
47. Esto es así, ya que de permitir el estudio de excepciones de mérito no
contempladas en la legislación para estos asuntos, conllevaría a reabrir el debate
sustancial de un derecho y/o obligación que, por su naturaleza y el estado en que
se encuentra, ya fue decidido dentro del proceso ordinario; por lo tanto, lo que se
busca en el proceso ejecutivo es el efectivo cumplimiento de la obligación ya
definida.
48. En ese sentido, la Sala confirmará por las razones aquí anotadas la decisión
de primera instancia que declaró imprósperas las excepciones de mérito
planteadas por la entidad, dada su improcedencia.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
49. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
50. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no
se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
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Demandante: Roberto Antonio Borja Licona
FALLA
PRIMERO: AVOCAR conocimiento del presente proceso.
SEGUNDO: CONFIRMAR por las razones expresadas en esta providencia, la
sentencia del 9 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que ordenó seguir adelante con la ejecución.
TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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