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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03448-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-03448-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, del 23 de junio de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Cuarta de Oralidad, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone, denegar las pretensiones del medio de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la señora Miriam Arango Salinas contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con la parte motiva que antecede. Segundo. Abstenerse de la condena en costas de segunda instancia. 38 Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021) Demandante: Miriam Arango Salinas Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-03448-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Temas: Pensión de Sobrevivientes. Aplicación de las normas vigentes
para la fecha del deceso del causante. Pensión de
sobrevivientes. Principios de retrospectividad, favorabilidad y
progresividad. El Decreto 3041 de 1966 y la Ley 100 de 1993 no
prevalecen sobre el Decreto 2062 de 1984

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada contra la sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2021 dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Cuarta de Oralidad, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, CPACA la señora Miriam Arango Salinas en calidad de
cónyuge del señor CS Orlando Joaquín Blanco Palacio formuló demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad
de los siguientes actos administrativos expedidos por la Secretaría General de la
Policía Nacional – jefe del grupo de orientación e información y jefe grupo de
pensionados, respectivamente: a) Oficios N° S-2014-013891-ARPRE-GRUPE-1.10
del 26 de agosto de 2014 y b) N° S-2019- 049241/ ARPRE-GRUPE-1.10 del 13 de
septiembre de 2019 por medio de los cuales se negó a la demandante el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las decisiones anteriores, a
título de restablecimiento del derecho solicitó: i) se ordene reconocerle a la
demandante la pensión de sobrevivientes a partir del 20 de agosto de 1988 con
todas las partidas computables como son la primas de actividad y de antigüedad, el
subsidio familiar y los respectivos reajustes anuales; ii) que la suma correspondiente
sea actualizada con los aumentos legales y los intereses moratorios; iii) se dé
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y iv)
se condene en costas a la demandada.1

1 En el acápite de la demanda «XV competencia y cuantía» se indicó: «a) Por perjuicios morales: A

favor de la señora: MIRIAM ARANGO SALINAS, por los perjuicios morales y psicológicos que le
fueran inferidos, como consecuencia de la negación del derecho que le asiste del
RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL a cargo de la entidad demandada, estimados
en la cantidad de (100) salarios mínimos legales mensuales, para un total de OCHENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($82.811.600,00) ML, considerando
los efectos y secuelas imponiendo condiciones en extremo gravosas, contrarias tanto a la eficacia
del derecho fundamental, al mínimo vital, servicios de salud, así como a la protección especial de la
que son acreedoras las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad». (sic) Foliatura
digital 41 a 42

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

i) El señor CS Orlando Joaquín Blanco Palacio, ingresó al servicio de la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, como agente – alumno el día 2 de febrero
de 1981 y su deceso ocurrió por la acción de un arma de fuego el día el 20 de agosto
de 1988 cuando se desempeñaba en la Metropolitana del Valle de Aburrá.

ii) El ex servidor público y la demandante convivieron en calidad de cónyuges,
conforme se acredita con el registro civil de matrimonio serial No. 280492 del 19 de
septiembre de 1983 de la Notaría 11 del Círculo Notarial del Medellín; ese vínculo
perduró hasta el fallecimiento del causante.

iii) La señora Miriam Arango Salinas presentó ante la Policía Nacional derecho
de petición mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge del causante señor CS Orlando Joaquín Blanco
Palacio, la cual fue denegada mediante Oficio No. S-2014-013891-ARPRE-GRUPE-
1.10 del 26 de agosto de 2014, al considerar que: «[…] el policial debía haber
laborado más de quince (15) años cuando su muerte era calificada en SIMPLE
ACTIVIDAD, para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes,
requisito que no se cumple en el caso que nos ocupa, toda vez que el señor
ORLANDO JOAQUÍN BLANCO PALACIO, prestó sus servicios a la Institución por
un lapso de 07 años, 07 meses y 26 días […]».

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

iv) Nuevamente la señora Miriam Arango Salinas el 25 de junio de 2019 presentó
ante la Policía Nacional, Grupo de Prestaciones Económicas derecho de petición
mediante el cual solicitó se le reconozca y pague pensión de sobreviviente en
calidad de cónyuge del causante señor Orlando Joaquín Blanco Palacio de
conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2062 de 1984 y 3041 de 1966, el cual
fue resuelto de manera negativa por el jefe de grupo orientación de información de
la Policía Nacional a través del Oficio S-2019- 049241/ ARPRE-GRUPE-1.10 del 13
de septiembre de 2019 en el que se indicó: «[…] De manera atenta y respetuosa
me permito informar, que verificado el expediente prestacional del causante, se
observó que mediante Comunicación Oficial No. S-2014-13891/ARPRE-GROIN-
1.10 de fecha 26 de agosto de 2014, se dio respuesta de fondo a través del cual
requirió la pensión de sobrevivientes como esposa del extinto policial, razón por la
cual nos acogemos en su integridad a la respuesta mencionada de conformidad con
el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015[…]» (sic).2

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito de demanda se invocaron como violados los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 13,
29, 42, 48 y 53 de la Constitución Política; los artículos 46, 47, 48 y 288 de la Ley
100 de 1993; los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; el Decreto 4433 de 2004;
la Ley 1437 de 2011 y los pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la
aplicación del principio de favorabilidad y progresividad.

2 En el numeral 14 del acápite de los hechos de la demanda se indica que se relacionan las normas

que han introducido mejoras legales a los cotizantes del sistema de pensiones, lo cual resulta
necesario a fin de determinar cuál es la más favorable e igualitaria en aras de establecer el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y, en ese sentido, en el
numeral 14.4 se cita el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 en consonancia con el Acuerdo
224 de ese año «Artículo 5, literal b, Artículo 20», normas cuyo contenido transcribe seguidamente
la parte demandante en ese escrito.

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Se desconoce el principio de igualdad por cuanto existe un trato
discriminatorio al exigir que el causante debió completar un término de quince años
de prestación de servicios para que sus beneficiarios pudieran acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de acuerdo con el Decreto 2062 de
1984, mientras que a la luz de la Ley 100 de 1993 solamente se requieren 26
semanas de servicio, en cualquier época, con antelación al deceso y, por ende,
esta última disposición debe ser aplicada al caso concreto en atención al principio
de favorabilidad.

ii) Los regímenes especiales tienen por finalidad establecer condiciones
benéficas para un grupo determinado de trabajadores y, por ese motivo, en caso de
que estos arrojen condiciones menos favorables que las previstas en la normativa
general, se aplicará esta última, así como se consigna en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ahondan también en el principio
de progresividad.3.

iii) A la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes para lo cual deberá darse aplicación retrospectiva a los artículos 46,
47 y 48 de la Ley 100 de 1993, en razón a que sus previsiones son posibles y
razonablemente aplicables al caso concreto, en armonía con los principios de
favorabilidad e igualdad con relación a la norma especial.4

3 Consejo de Estado Sección Segunda Subsección “B” sentencia del 07 de junio de 2007 consejero

ponente Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado
4 Visto en samai, expediente digital, 01 PDF demanda escaneada. Foliatura digital 1 a 48

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso las
excepciones de presunción de legalidad, cobro de lo no debido, inexistencia de
vicios de nulidad y prescripción.

Igualmente, señaló en defensa de la legalidad de los actos acusados, los siguientes
aspectos:

i) No le asiste el derecho reclamado a la accionante, puesto que los actos
acusados fueron expedidos conforme a la normatividad especial aplicable para el
momento del fallecimiento del CS de la Policía Nacional.

ii) Para la fecha de fallecimiento del CS de Policía Orlando Joaquín Blanco
Palacio que ocurrió el 20 de agosto de 1988 no cumplía con los requisitos del
artículo 165 del Decreto 2062 de 1984 y, por ello, la demandante no puede
pretender el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

iii) La norma general contenida en la Ley 100 de 1993, no es aplicable para
definir el derecho pensional deprecado por cuanto el artículo 279 excluye de su
ámbito a los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional y, además, por
cuanto no estaba vigente para la fecha del deceso del causante.

iv) Además, si bien es cierto la norma especial contempla una exigencia de
tiempo mayor al previsto en la Ley 100 de 1993 para acceder al derecho pensional,
no es dable afirmar la existencia de un trato discriminatorio, dado que las normas
que rigen a los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional contemplan

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

prestaciones diferentes a las del régimen general, es decir, establecen ventajas
tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes y sus familias no previstas
en la norma que se pretende sea aplicada. 5

1.3. La sentencia apelada

En sentencia del 23 de junio de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquía, Sala Cuarta de Oralidad, accedió a las pretensiones de la demanda
interpuesta por la señora Miriam Arango Salinas, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

i) Del material probatorio obrante en el plenario se pudo establecer que el
causante CS Orlando Joaquín Blanco Palacio, prestó sus servicios a la Policía
Nacional por alrededor de 398 semanas, esto es, por un lapso superior a las 300
semanas de cotización en cualquier época, que supera el requisito para acceder a
la pensión de sobreviviente a la luz del artículo 20 del Acuerdo 224 de 1996
contentivo del reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte, expedido
por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

ii) En virtud del principio de favorabilidad, es necesario hacer prevalecer esta
norma sobre el Decreto 2062 de 1984 y, por ende, se concluye que la señora Miriam
Arango Salinas, en su condición de cónyuge supérstite del del CS Orlando Joaquín
Blanco Palacio, tiene derecho a percibir la pensión de sobrevivientes; además, por
cuanto logró demostrar que contrajo matrimonio con el causante el 30 de abril de
1983 registrado el 19 de septiembre del ese año y que en esa condición recibió en
el año de 1990 la indemnización por muerte y las cesantías.

5Visto en samai, expediente digital, 114 PDF contestación de la demanda. Foliatura Digital 1 a 10

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

iii) Declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó pagar a favor de la
demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme a lo
dispuesto en el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo 224 de ese año,
modificado por el Decreto 232 de 1984, en aplicación del principio de favorabilidad.
6

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, las partes formularon
recursos de apelación en los siguientes términos:

1.4.1. De la demandante

Solicita el reconocimiento de los perjuicios morales con fundamento en los
siguientes argumentos:

i) El daño irrogado es antijurídico porque la demandante no tenía que soportar
los perjuicios generados en virtud de la actuación ilícita de la administración que se
generó bajo el título de imputación por riesgo excepcional toda vez que era deber
de la demandada atender de forma oportuna el reconocimiento de la sustitución
pensional dado que esta prestación envuelve la protección de los derechos
fundamentales.

ii) Además, por cuanto el salario devengado por el causante era el único ingreso
familiar y su interrupción ocasionó efectos traducidos en la imposibilidad de acceder
a los elementos materiales dignos de subsistencia e impuso condiciones en extremo

6 Visto en samai, expediente digital, 14 PDF contestación de la demanda. Foliatura digital 1 a 25

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

gravosas contrarias tanto a la eficacia del derecho al mínimo vital, así como a los
servicios de salud, vale decir, se produjo una situación de vulnerabilidad.7

1.4.2. De la demandada:

La parte demandada por su parte esboza los siguientes motivos de apelación:

i) El señor Orlando Joaquín Blanco Palacio, ingresó a la Policía Nacional en el
año de 1981 y murió el 20 de agosto de 1988, es decir, computó un tiempo de
servicios de 7 años, 7 meses y 26 días. A la fecha del deceso estaba vigente el
Decreto 2062 de 1984, motivo por el cual no resulta aplicable la Ley 100 de 1993
para pretender el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes debido a que para
ese momento no había sido expedida.

ii) Tampoco resulta aplicable el Decreto 3041 de 1966, porque esta
normatividad contiene prestaciones diversas que impiden establecer si son más
benéficas que las que corresponden a un suboficial de la Policía Nacional en simple
actividad. 8

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

7 Visto en samai, expediente digital, 34 PDF parte demandante. Foliatura digital 2 a 3
8 Visto en samai, expediente digital, 31 PDF apelación polNalFoliatura Digital 1 a 25

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA,9 el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. En el sub-lite,
se aprecia que el recurso de apelación fue presentado por ambas partes, luego en
atención al contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada podrá decidir sin
limitaciones.

2.2 El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la partes demandante y demandada en el
recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si a la
señora Miriam Arango Salinas le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor CS Orlando
Joaquín Blanco Palacio, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1966 o en
el Decreto 3041 de 1966 en virtud del principio de favorabilidad y, en segundo lugar,
en el evento de que se reconozca el derecho pensional, si procede el
reconocimiento de los perjuicios morales a su favor y en contra de la entidad
demandada.

2.3. Marco Normativo

9 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

El recuento jurídico se efectuará a partir de la norma vigente para el momento de la
muerte del CS Orlando Joaquín Blanco Palacio, para continuar con las regulatorias
sobre el tema, hasta aquellas que la actora considera aplicables.

Sea lo primero precisar que, dentro de un sistema integral de protección del derecho
a la seguridad social, en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en
uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de amparar a los
beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la ocurrencia de su
deceso no implique, además, la pérdida de los recursos con los que su grupo
familiar se sostenía en condiciones dignas.

Dicho lo anterior, la norma del régimen especial, vigente para la época del
fallecimiento del causante, era el Decreto 2062 de 198410, por el cual se reorganiza
la carrera de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, que fue proferido por el
presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por
la Ley 19 de 1983 y, en cuyo artículo 165, contempló la pensión de sobrevivientes
por muerte en actos de simple actividad, como sigue a continuación:

[…] Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte
de un Oficial o Suboficial de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden
establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a) A que por el Tesoro Público se les pague una indemnización equivalente a dos (2) años de
los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 141
del presente estatuto;

b) Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante;

c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que
por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y

10 Norma vigente para la fecha de deceso del causante ocurrido el 20 de agosto de 1988.

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo
de servicio del causante. [negrilla no original de este último párrafo]

A su vez, el orden de beneficiarios lo estableció de la siguiente manera:

Artículo 175 .Orden de beneficiarios . Las prestaciones sociales por causa de
muerte de un Oficial o Suboficial de la Policía Nacional en servicio activo o en goce
de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:

a) La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia éstos últimos en las proporciones de ley;

b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales
entre los hijos;

c) A falta de hijos las prestaciones corresponden al cónyuge;

d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirán entre los
padres, así: […]

Ahora bien, la Sala debe establecer si procede o no la aplicación de la pensión de
sobreviviente contenida en la Ley 100 de 1993.

Para tal efecto, se dirá que en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política,
el legislador expidió la Ley 100 de 1993, por la cual organizó el sistema de Seguridad
Social integral, cuyo objeto, respecto del régimen de pensiones, fue garantizar a la
población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones allí
determinadas.

Así, en el artículo 46 contempló una pensión de sobrevivientes de la siguiente
manera:

[…] Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca.

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca la muerte. […]

A su turno, el artículo 49 previó el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes para los eventos en que, al momento del fallecimiento del
afiliado, este no había cumplido con el número necesario de semanas de cotización.

Los requisitos para obtener esta prestación fueron modificados por el artículo 12 de
la Ley 797 de 2003, que dispuso lo siguiente:

Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado
el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.

13

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya
tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la
Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del
monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

Parágrafo 2°. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1094 de 200311. (Negrillas fuera de texto)

En referencia con la normativa transcrita, la Sección Segunda12 ha precisado que
prevé dos supuestos de hecho claramente diferenciables:

El primero hace alusión a la prestación que se deriva de la muerte de quien ya está
pensionado sea por vejez o invalidez, la cual podría denominarse sustitución
pensional propiamente dicha, toda vez que no se genera una prestación nueva, sino
que se trata de la misma prestación que se pagaba al fallecido. Este supuesto está
contemplado en el ordinal 1 del artículo 46.

El segundo se refiere a la prestación que reciben los beneficiarios con ocasión del
deceso de quien no era beneficiario de una pensión, que corresponde propiamente
a la definición de pensión de sobrevivientes, y en la que se trata de una nueva
prestación, supuesto normativo que encaja en la previsión del ordinal 2 ejusdem.

11 El texto declarado inexequible regulaba que si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará

lo prescrito para accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad.
12 SUJ-016-CE-S2 de 2019.

14

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

Para ilustrar mejor la diferencia entre ambas figuras13, en la citada sentencia de
unificación la Sección efectuó el siguiente cuadro explicativo, a la luz del actual
sistema de seguridad social:

Fundamento Identidad en la
Tipología Definición Recursos
Normativo prestación

Se financia con los Es la misma
Prestación que se recursos previstos
Sustitución Ordinal 1.º del prestación que se
deriva de la muerte para el pago de la
Pensional artículo 46 de la de quien ya está pensión de vejez o pagaba al
Ley 100 de 1993 pensionado. invalidez, según el pensionado
caso, que estuviese fallecido. Se trata
recibiendo el del cambio de
causante al titular de la
momento de su prestación
fallecimiento

13 sustitución pensional y pensión de sobrevivientes

15

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

Es una nueva
Prestación que se Se trata del
Pensión de Ordinal 2.º del genera en razón de cubrimiento de un prestación de la
sobreviviente artículo 46 de la la muerte del riesgo. que no gozaba el
s Ley 100 de 1993 afiliado, previo el causante.
cumplimiento de Se financia con los
unos requisitos recursos de la
determinados por el cuenta individual de
legislador. ahorro pensional
generados por
cotizaciones
obligatorias, el bono
pensional si a ello
hubiere lugar, y con
la suma adicional
que sea necesaria
para completar el
capital que financie
el monto de la
pensión.

Por su parte, en
prima media se
financian con los
recursos del fondo
común, de
naturaleza pública,
en donde los
recursos se
distribuyen para
pagar las pensiones
de todos los
afiliados.

Así las cosas, con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas
especiales existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de
Seguridad Social la denominada pensión de sobrevivientes que establece, además
de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido,
el reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios, pese a no haber

16

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

logrado el estatus pensional al momento de la muerte, siempre y cuando hubiese
efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.

No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó a los miembros de la
Fuerza Pública de su aplicación, en los siguientes términos:

El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a
los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de
la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas. (Negrillas fuera del texto).
[…]

De manera que la regulación contenida en la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable
a los miembros de la Policía Nacional, entre otros servidores, por cuanto, de un
lado, expresamente su artículo 279 los excluyó del sistema general de Seguridad
Social y, de otro, porque el artículo 151 ejusdem preceptúa que «el sistema general
de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º de abril de 1994 (…)»,
por lo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser resueltas, en virtud de la
citada normativa, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.

Por su parte, la Ley 923 de 2004,14 precisa en el artículo 3 ibidem los requisitos
mínimos para el reconocimiento de la asignación de retiro, el derecho pensional de
sobreviviente y de invalidez, en los siguientes términos:

Artículo 3.° El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el
Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

14 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política»

17

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

[…]
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se
fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o
el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro
será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para
reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento
del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes
al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de
retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años
para las mujeres y 55 años para los hombres.

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del
servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al
reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad
con las normas del Sistema General de Pensiones.

[…]

3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las
circunstancias en que se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el
monto de la pensión en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas computables para la asignación de retiro en el evento de la muerte
en combate, en actos meritorios del servicio o en misión del servicio. En el caso de
muerte simplemente en actividad el monto de la pensión no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga quince
(15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%)
cuando el tiempo de servicio sea inferior.

Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito
para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a
partir de la fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de
alta en la respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública.

[…]

18

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución
de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en
cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.

En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez:
[…]

Posteriormente, se expidió el Decreto 4433 de 31 de diciembre 2004 «[]or medio del
cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública», el cual estableció en el artículo 1°. su campo de aplicación, en los
siguientes términos:

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a
los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de
formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los Soldados de las
Fuerzas Militares, en los términos que se señalan en el presente decreto.

Con respecto a la asignación de retiro de los miembros de cada una de las
instituciones que conforman la fuerza pública, entre las cuales se encuentra la
Policía Nacional, estableció las condiciones para su obtención, y específicamente
las estableció en el artículo 23 para los de esta institución, y reguló la pensión de
sobrevivientes en los artículos 27 y siguientes.

En este orden de ideas, resulta claro que los miembros de la fuerza pública tienen
un régimen prestacional especial, el cual se rige por disposiciones diferentes a las
del régimen general de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993,
precisamente por ser diferentes los sujetos sobre quienes recaen dichas
disposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios prestados; por
ende, no puede pretenderse aplicar una normativa general a un régimen
expresamente excepcionado por la Constitución y por la ley.

19

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

Jurisprudencialmente, el Consejo de Estado inicialmente admitía la posibilidad de
que a los beneficiarios de un régimen especial les fueran aplicables las
disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resultaran más
favorables a sus pretensiones.

Así, esta corporación, durante una época,15 fue del criterio según el cual la
existencia de los regímenes especiales se justificaba en la medida en que
contemplaban beneficios para un grupo determinado de personas, lo que conducía
a efectuar una aplicación retrospectiva de los regímenes generales, como el
establecido en la Ley 100 de 1993, por resultar más favorable en el reconocimiento
de las prestaciones.

El criterio anterior tuvo lugar porque, en su momento, la Sección Segunda consideró
que se debía dar aplicación al principio de favorabilidad «(…) cuando el régimen
especial vigente establece beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen
general aplicable al común de la población sin que exista causa válida para este
tratamiento diferencial, en razón a que la situación discriminatoria riñe con los
principios de igualdad y favorabilidad que erigen el Estado Social de Derecho».16

Sin embargo, esta postura fue rectificada en Sala Plena de la Sección Segunda de
25 de abril de 2013, en el proceso 76001233100020070161101 (1605-09),17 al
estimar que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento en que
ocurre el fallecimiento y que, por ello, son aplicables las normas vigentes para la

15 Por vía de ejemplo, en las siguientes sentencias: 2711-2008, consejera ponente Bertha Lucía Ramírez

de Páez; expediente 2300-2006, consejero ponente, Víctor Hernando Alvarado; expediente 1514-08
consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; expediente 2409-01, consejero ponente Alberto
Arango Mantilla; expediente 1707-02, consejera ponente Ana Margarita Olaya.
16 Sentencia del 13 de enero de 2013, consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez, expediente: 0966-2012,

actor: Sandra Adriana Jaramillo Hoyos .
17 Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.

20

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

época de ocurrencia de los hechos, de manera que al resolver un caso con
fundamento en una disposición expedida con posterioridad, se estaría incurriendo
en violación a la regla de la irretroactividad de la ley. El fundamento de la Sección
para modificar su criterio fue el siguiente:

La jurisprudencia de esta Corporación18 ha considerado que en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas
garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable
que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en
cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento
en que se habría causado el derecho. El derecho a la pensión de sobrevivientes se
causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado
las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir
con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes
el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso
y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100
de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la
accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto
en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El
Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de
abril de 1.994.»

Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón
por la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.

Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del
señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

18 “Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA

QUINTERO, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010,
consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-
2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO
ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06)”.

21

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que
se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y,
solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra,
el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la
Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a
partir del 1º de abril de 1994.

En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior19, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.

Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 201020 y noviembre 1º de 201221, en las que,
en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior.

Lo anterior, permite concluir que no se desvirtuó la legalidad del acto demandado,
razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, pero por las consideraciones antes expuestas.

19 “Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
20 “Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación
retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de
1970.”
21 “Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100

de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta
oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese
además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria
que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se
resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término
de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de
esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El
principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la
aplicación del régimen general”.

22

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

En este orden de ideas, la Sección precisó, a partir de la referida sentencia, que en
materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe aplicar
es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir,
la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.

La anterior posición se ha mantenido aún hoy en día, entre muchas otras, en
sentencias como las siguientes: consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez,
del 23 de octubre de 2014, radicado 54001-23-33-000-2013-00149-01(0673-14);
consejero ponente César Palomino Cortés, de 14 de septiembre de 2017, radicado
54001-23-31-000-2011-00496-01(1102-14), 11 de abril de 2018, radicado 05001-
23-33-000-2013-00895-01(3374-15), 18 de mayo 2018, radicado 70001-23-31-000-
2007-00224-01(4061-15); consejero ponente William Hernández Gómez, del 27 de
abril de 2017, radicado 05001-23-33-000-2012-00573-01(3734-13); consejera
ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, del 15 de junio de dos mil diecisiete (2017),
expediente 05001-23-33-000-2013-00844-01(4880-14); consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter, del 4 de julio de 2019, expediente 54001-23-31-000-
2012-00284-01 (4531-2014); consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, del
9 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2011-01929-01(0625-14);
consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, de 23 de enero de 2020,
radicado 73001-23-33-000-2014-00376-01 (2738-16).

Temporalidad de la ley

Toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia. Esto significa que solo produce
efectos por un tiempo determinado. Atendiendo a los artículos 52 y 53 de la Ley 4
de 1913,22 la vigencia de la ley comienza con su promulgación o inserción en el

22 Código de Régimen Político y Municipal.

23

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

Diario Oficial y sus efectos vinculantes inician dos meses después de promulgada,
a menos que la propia ley «fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al
Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado».23

A su vez, la parte primera de la Ley 153 de 1887,24 prescribe las reglas generales
para resolver los conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo, entre las
cuales se contemplan:

i) El principio de prevalencia general de la ley posterior sobre la anterior,
ii) La regla de que las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley
nueva que las anule o cercene,
iii) El efecto general inmediato de las leyes,
iv) La subsistencia del estado civil adquirido conforme a la ley anterior, pero con
arreglo a la ley posterior en cuanto al ejercicio de derechos y obligaciones
inherentes a dicho estado,
v) La conservación de derechos reales constituidos bajo ley anterior, pero con
sujeción al imperio de la ley nueva en cuanto a su ejercicio, cargas y extinción,
vi) La validez de los contratos celebrados bajo ley anterior con sometimiento de
sus efectos a la ley nueva, y
vii) La preferencia de la ley preexistente favorable en materia penal, entre otros.

En relación con este punto, cabe advertir que la regla general es la irretroactividad
de la ley, principio según el cual la norma nueva rige todos los hechos y actos que
se produzcan a partir de su vigencia; es decir, rige hacia futuro, por lo que cuando
existen eventos en los que no se han generado situaciones consolidadas ni
derechos adquiridos, lo que corresponde es aplicar la nueva disposición normativa.

Por lo tanto, la fecha de entrada en vigencia de una ley define el límite temporal a
partir del cual esta produce efectos jurídicos y, por ende, se vuelve obligatoria; por

23 Numeral 1.º del artículo 53 de la Ley 4 de 1913.
24 «Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887».

24

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

lo que, además, involucra los principios de legalidad, debido proceso, seguridad
jurídica y respeto de los derechos adquiridos, entre otros.

A partir de este contexto, se tiene que, en principio, las normas que integran el
ordenamiento jurídico rigen con efecto general e inmediato para los actos, hechos
o situaciones jurídicas que tienen lugar con posterioridad a su entrada en vigencia.
No obstante, ante tránsitos normativos, los jueces se enfrentan a escenarios en los
que se abre paso la aplicación de las normas con distintos efectos en el tiempo,
tales como la retroactividad, ultractividad y retrospectividad.

Bajo esta óptica, se resalta entonces que la ley rige para el futuro y por tanto no tiene
efectos retroactivos, lo cual se acompasa con el principio de seguridad jurídica y el
respeto de los derechos adquiridos. En consecuencia, los hechos, derechos y
relaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la ley anterior, así como las
consecuencias derivadas de aquella, se respetan y mantienen bajo la nueva
legislación.25

De igual manera, las situaciones jurídicas que no se alcanzaron a consolidar en
vigencia de la ley anterior se regirán por la nueva ley, puesto que los derechos no
consolidados conforme a la ley son meras expectativas, las cuales no gozan de
protección alguna en el entendido de que solo son probabilidades de tener algún día
un derecho.

2.3. Hechos probados

25 Al respecto se puede consultar el concepto del 21 de agosto de 2014 de la Sala de Consulta y

Servicio Civil de esta Corporación, radicado: 11001-03-06-000-2013-00011-00.

25

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

2.3.1. El 30 de abril de 1983 se celebró matrimonio entre los señores Orlando
Joaquín Blanco Palacio y Miriam Arango Salina, según registro civil de matrimonio
No. 280492.26

2.3.2. El 22 de agosto de 1988 se produjo el deceso del señor Orlando Joaquín
Blanco según el registro civil indicativo serial No. 006277.27

2.3.3. El 26 de agosto de 2014 se da respuesta al derecho de petición presentado
por la señora Miriam Arango Salinas ante la Policía Nacional mediante el cual
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de
cónyuge del causante señor CS Orlando Joaquín Blanco Palacio, la cual fue
denegada mediante Oficio No. S-2014-013891-ARPRE-GRUPE-1.10 del 26 de
agosto de 2014, al considerar que:

«[…] el policial debía haber laborado más de quince (15) años cuando su muerte era
calificada en SIMPLE ACTIVIDAD, para que sus beneficiarios accedieran a la pensión
de sobrevivientes, requisito que no se cumple en el caso que nos ocupa, toda vez que
el señor ORLANDO JOAQUÍN BLANCO PALACIO, prestó sus servicios a la
Institución por un lapso de 07 años, 07 meses y 26 días […]».

2.3.4. El 13 de septiembre de 2019 en virtud del nuevo derecho de petición
presentado ante la Policía Nacional, Grupo de Prestaciones mediante el cual la
demandante solicitó se le reconozca y pague pensión de sobrevivientes en calidad
de cónyuge del causante señor Orlando Joaquín Blanco Palacio de conformidad
con lo dispuesto en los Decretos 2062 de 1984 y 3041 de 1966, se da respuesta de
manera negativa por el jefe de grupo orientación de información de la Policía
Nacional a través del Oficio S-2019- 049241/ ARPRE-GRUPE-1.10 con fundamento
en las siguiente razones:

26 Visto samai expediente digital índice 2 cuaderno 01 demanda escaneada folios 72 a 73.
27 Visto samai expediente digital índice 2 cuaderno 01 demanda escaneada folios 74 a 75.

26

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

«[…] De manera atenta y respetuosa me permito informar, que verificado el
expediente prestacional del causante, se observó que mediante Comunicación Oficial
No. S-2014-13891/ARPRE-GROIN-1.10 de fecha 26 de agosto de 2014, se dio
respuesta de fondo a través del cual requirió la pensión de sobrevivientes como
esposa del extinto policial, razón por la cual nos acogemos en su integridad a la
respuesta mencionada de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015[…]»
(sic).28

2.3.5 Hoja de servicios No. 395829 en la que se reseña el tiempo de servicios del
señor Orlando Joaquín Blanco Palacio en la Policía Nacional, desde el 1 de febrero
de 1981 al 20 de agosto de 1988, por un periodo total de 7 años, 7 meses y 26 días

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El recurso de apelación se presenta tanto por la parte demandante como por la
demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 23 de
junio de 2021 por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra los oficios: a) Oficios N° S-
2014-013891-ARPRE-GRUPE-1.10 del 26 de agosto de 2014 y b) N° S-2019-
049241/ ARPRE-GRUPE-1.10 del 13 de septiembre de 2019 por medio de los
cuales se negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor CS Orlando Joaquín Blanco Palacio

Los motivos de inconformidad de la parte demandante expuestos en el recurso de

28 En el numeral 14 del acápite de los hechos de la demanda se indica que se relacionan las normas

que han introducido mejoras legales a los cotizantes del sistema de pensiones, lo cual resulta
necesario a fin de determinar cuál es la más favorable e igualitaria en aras de establecer el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y, en ese sentido, en el
numeral 14.4 se cita el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 en consonancia con el Acuerdo
224 de ese año «Artículo 5, literal b, Artículo 20», normas cuyo contenido transcribe seguidamente
la parte demandante en ese escrito.
29 Visto samai expediente digital índice 2 cuaderno 01 demanda escaneada folios 76 a 77.

27

Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
Demandante: Miriam Arango Salinas

apelación se contraen a señalar que, procede el reconocimiento de los perjuicios
morales para compensar la demora que sufrió la señora Arango Salinas en el
reconocimiento pensional la cual le aparejó una situación extrema de vulnerabilidad
por cuanto se vio privada de acceder a las condiciones mínimas de subsistencia.

Por su parte, la parte demandada indica como motivos de inconformidad los
siguientes: a) el tiempo de servicio prestado por el causante no alcanza el requerido
en el artículo 165 del Decreto 2062 de 1984 para que la demandante se hiciera
hacerse acreedora a la pensión de sobrevivientes; b) no resulta viable la aplicación
de la Ley 100 de 1993 por cuanto no estaba vigente para la fecha del deceso del
causante; y c) tampoco resulta aplicable el Decreto 3041 de 1966, porque esta
normatividad contiene prestaciones diversas que impiden establecer si son más
benéficas que las que corresponden a un suboficial de la Policía Nacional en simple
actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir del marco legal y jurisprudencial
desarrollado en precedencia, es posible considerar lo siguiente:

En relación con el principio de retrospectividad de la norma, de acuerdo con la
postura actual de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en materia de
reconocimiento de pensión de sobrevivientes la ley que se debe aplicar es la que
esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir, la que rige
a la fecha del fallecimiento del causante.

Analizado el acervo probatorio, se observa que el CS Orlando Joaquín Blanco
Palacio laboró al servicio de la Policía Nacional desde el 1 de febrero de 1981 hasta
el 20 de agosto de 1988 cuando se produjo su deceso, esto es, por un periodo total

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de 7 años, 7 meses y 26 días, término que no satisface la exigencia de 15 años o
más de servicios prevista en el artículo 165 del Decreto 2062 de 1984.

En estas condiciones, se insiste que la normativa que rige el presunto derecho de
la accionante era la vigente al 20 de agosto de 1988, esto es, el artículo 165 del
Decreto 2062 de 1984, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso
del causante no así la Ley 100 de 1993, que comenzó a regir a partir del 1° de abril
de 1994.

A este respecto, cabe señalar que la vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica,
entendida esta como obligatoriedad, en tanto hace referencia «(…) desde una
perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios
por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor (…)30».
Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el
momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma
manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al
lapso durante el cual esta habrá de surtir efectos jurídicos.

Con relación a la vigencia de la ley, la Corte Constitucional en sentencia C-084 de
1996 ha reseñado lo siguiente:

[…]

Ahora bien, si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio
que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del
específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del
momento a partir del cual dicha nomatividad (sic) empieza a surtir efectos, pues sólo
a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder
determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide.

30Sentencia C-783/03 de la Corte Constitucional

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Aclarado que es al mismo legislador a quien le corresponde decidir el momento en
el que la ley ha de surtir efectos, conviene agregar que dicha atribución puede
ejercerla a través de uno de los siguientes mecanismos: 1) Incluyendo en el mismo
cuerpo de la ley un artículo en el que señale expresamente la fecha a partir de la
cual ésta comienza a regir; o 2) Expidiendo una ley especial en la que regule en
forma genérica este asunto, la que tendría operancia únicamente en los casos en
que el mismo legislador no hubiera señalado en el texto de la ley respectiva la
fecha de vigencia.

[…]

La potestad con que cuenta el legislador para determinar la fecha de entrada en
vigencia de la ley, se encuentra limitada únicamente por los requerimientos del
principio de publicidad, al que se hizo alusión en párrafos anteriores, cuya finalidad
es evitar las denominadas leyes “privadas” o “secretas”, muy comunes en Colombia
en alguna época. El deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación,
es un mandato que obliga tanto al Congreso como al Presidente de la República,
cuando ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea.

[…]

De lo hasta aquí expuesto, se derivan dos conclusiones: primero, que la
competencia para fijar la entrada en vigencia de la ley no ha sido asignada al
Gobierno y no puede colegirse de las funciones que se le atribuyen para objetar,
sancionar y promulgar la ley; y segundo, que la entrada en vigencia de las normas
se produce únicamente como resultado de una decisión tomada discrecionalmente
por quien tiene la competencia para hacerlas, esto es, el mismo legislador (…).

De esta manera, se tiene, como regla general, que la ley comienza a regir a partir
de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia
constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diversa, tal como
sucedió con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que estableció que la vigencia
del Sistema General de Pensiones a partir del 1° de abril de 1994 31, o del 30 de
junio de 1995, para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y
distrital.32

31 con la salvedad de que el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de

los fondos de pensiones y de cesantías con sujeción a las disposiciones contempladas en la referida
ley, a partir de su vigencia
32 Parágrafo ibidem

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Siendo así, es evidente para la Sala que a la accionante no le asiste el derecho
pensional a la luz de los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el
deceso del causante ocurrió en vigencia del Decreto 2062 de 1984 y, por ende, no
es dable aplicar el principio de favorabilidad dado que no se presenta conflicto entre
dos disposiciones, dado que emerge con claridad que para ese momento solamente
regía esta última disposición.

En este punto, esta corporación ha señalado lo siguiente:

El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del
fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que
gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del
fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre
de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto,
cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100 de 1993, que
consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante, entró
en vigencia el 1º de abril de 1994 […]

Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón
por la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.

Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte
del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de
su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que
se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.33 [Negrillas fuera del texto]

De este modo, las circunstancias jurídicas del derecho prestacional originado con el
deceso de un miembro de la Fuerza Pública, en favor de sus beneficiarios, están
sujetas a las normas que se encuentren vigentes al momento de la consolidación

33 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia del 25 de abril del 2013, radicado 76001 23 31

000 2007 01611 01 (1605-09).

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del derecho, lo cual, tanto en los casos de pensión de sobrevivientes como en los
de la sustitución de la asignación de retiro, se generan a partir del fallecimiento del
causante.

La anterior posición no ha variado, y constituye el criterio hermenéutico acogido por
esta Sala de Subsección en recientes pronunciamientos; por ejemplo, en sentencia
del 12 de agosto del 2021, proferida en el proceso con radicado
130012333000201500485, se determinó que «en cuanto a la normativa que prevé
la sustitución pensional, esta subsección en diferentes oportunidades ha
considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del
fallecimiento del causante».

De esta manera, en el caso en estudio no resulta viable la aplicación de la Ley 100
de 1993 en virtud del principio de favorabilidad, en atención de que este procede
siempre que existan dos normas que rijan una misma situación jurídica; no obstante,
el caso de la accionante, para el momento del deceso del causante CS Orlando
Joaquín Blanco Palacio (20 de agosto de 1988), solamente estaba vigente el
Decreto 2062 de 1984.

Ahora bien, sobre el principio de progresividad y de la no regresividad la Corte
Constitucional, concretamente en relación con el tema pensional, ha valorado que
para cada caso se debe examinar si se consigna el retroceso de normas que
atienden derechos adquiridos o de meras expectativas y, concluyó, con la
necesidad de acuñar una categoría intermedia de protección que denominó
«expectativa legítima».34

34 Corte Constitucional. Sentencia C-663 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda.

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Así, toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse prima
facie como inconstitucional. Sin embargo, se debe diferenciar si la modificación
trata de un derecho adquirido o consolidado o de una mera expectativa. En el primer
caso, cuando versa sobre un derecho adquirido, el principio de no regresividad se
aplica siempre teniendo en cuenta el artículo 58 de la Constitución Política; pero
cuando se fundamenta en meras expectativas, el juez constitucional tiene que
valorar si se ésta es legítima o no.

En el sub lite, no es posible dar aplicación al principio de progresividad y, por tanto,
a la Ley 100 de 1993, por cuanto el fallecido CS Orlando Joaquín Blanco Palacio
prestó servicios a la Policía Nacional por el lapso comprendido desde el 1 de febrero
de 1981 al 20 de agosto de 1988, es decir, por un periodo total de 7 años, 7 meses
y 26 días (hasta su fallecimiento que se produjo el 20 de agosto de 1988), lapso que
distaba del término de 15 años o más que exigía el artículo 165 del Decreto 2062
de 1984 para otorgar la pensión de sobrevivientes

De acuerdo con el anterior raciocinio, tampoco resulta aplicable al caso de la
accionante el Decreto 3041 de 1966, pues, el artículo 1° de esta norma no
comprende a los suboficiales de la Policía Nacional como destinatarios de su
cobertura (Seguro Social obligatorio), por cuanto ostentan un régimen especial y,
además, por cuanto es distinto el origen de los dineros destinados a cubrir cada
contingencia, como a continuación se expone:

Los artículos 217 y 218 de la Constitución Política establecieron que la Fuerza
Pública tendría su propio régimen de carrera, disciplinario y prestacional. Este último
se mantiene aún con la adopción de un régimen general de Seguridad Social y
prestaciones sociales, tal como lo dispone el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de
2005. Por tanto, es claro que, desde antes de la Constitución Política y aun en la

33

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actualidad, se ha mantenido un régimen especial y excepcional para los miembros
de la Fuerza Pública, lo que implica la afiliación a un seguro y a un fondo especial
al cual efectúan aportes y del que emergen los recursos para cubrir las distintas
contingencias.

De esta manera, el Decreto 2062 de 1984 «Por el cual se reorganiza la carrera de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional» estableció lo relativo a los aportes
que deben descontarse a los miembros de la referida institución en los siguientes
términos:

Artículo 77 . Afiliación y cotización . Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en
servicio activo, contribuirán para el sostenimiento de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, con un treinta por ciento (30%) del primer sueldo básico como cuota de afiliación y
con una cuota mensual equivalente al ocho por ciento (8%) del respectivo sueldo básico

Parágrafo. Los Oficiales y Suboficiales en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en
goce de pensión, contribuirán a la misma Caja con una cuota mensual equivalente al cinco
por ciento (5%) que la asignación de retiro o de la pensión respectivamente.

Artículo 78 .Contribución con aumentos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. Los Oficiales y Suboficiales, de la Policía Nacional En servicio activo y los que se
encuentren en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios, contribuirán con destino a
ésta, con el monto del aumento dé sus haberes, asignaciones o pensiones, equivalente a los
treinta (30) días siguientes a la fecha en que cause dicho aumento.

Artículo 79 .Destino de los aportes . Los aportes de que tratan los artículos 77 y 78, se
destinarán para capitalización y obligaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de da Policía
Nacional, de acuerdo con las determinaciones que tome su Junta Directiva.

Artículo 80 .Contribución al Fondo Especial de Sanidad. Los Oficiales, Suboficiales o sus
beneficiarios, en goce de pensión pagadera por el Tesoro Público, contribuirán con el cinco
por ciento (5%) del valor de la pensión, con destino al Fondo Especial de Sanidad. […]

34

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Siendo así, se tiene que los miembros de la Policía Nacional no efectuaban ningún
aporte al Instituto de los Seguros Sociales, sino a la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, la cual sería la encargada de reconocer y pagar las diferentes
asignaciones, con base en los requisitos que la ley imponía.

Por su parte, las prestaciones a que se refiere el Decreto 3041 de 1966 se pagan
con el dinero aportado por los empleados y patronos al Instituto de los Seguros
Sociales, tal como lo disponen los artículos que a continuación se enuncian:

ARTICULO 38. El patrono está obligado a entregar al instituto, a través de la caja
seccional u oficina local que corresponda a su jurisdicción en el plazo y forma que
determine el reglamento de aportes y recaudos, la totalidad de las cotizaciones, que
sean de su cargo y las que deben ser satisfechas por el asegurado.

El patrono al efectuar el pago del salario de cada asegurado retendrá la cotización
que éste debe aportar para el seguro de invalidez, vejez y muerte, correspondiente
al periodo de trabajo cubierto por el salario, si el patrono no descontare el monto de
la cotización del asegurado en la oportunidad señalada en éste artículo, no podrá
efectuarlo después y las cotizaciones no descontadas al asegurado, serán también
de cargo del patrono.

ARTICULO 39. El pago de las cotizaciones para el seguro de invalidez, vejez y
muerte se hará conjunta y simultáneamente con el de las cotizaciones para los
seguros de enfermedad no profesional y maternidad, y accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

ARTICULO 40. Los ingresos del seguro de invalidez, vejez y muerte formarán un
fondo distinto e independiente de los ingresos de las otras ramas del seguro social
obligatorio.

Cuando no sea a título de inversiones recuperables, los fondos del seguro de
invalidez, vejez y muerte no podrán dedicarse a fines distintos al pago de las
prestaciones dispuestas en este reglamento, al costo de los gastos de
administración y a los servicios de rehabilitación conforme al artículo 42.

Los gastos que demande la inversión de las reservas serán imputados a las
utilidades de las mismas.

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En consecuencia, debe señalarse que el Decreto 3041 de 1966 estableció una única
y particular diferencia para conceder la pensión de sobreviviente (artículo 20),
consistente en determinar si la muerte fue o no de origen profesional. Por su parte,
el Decreto 2062, de 1984 al señalar los requisitos para acceder a la prestación en
comento, distinguió otras situaciones que únicamente se pueden predicar de los
miembros de la Fuerza Pública, tales como «muerte en simple actividad» artículo
165, «muerte en actos del servicio» artículo 126, «muerte en actos meritorios del
servicio» artículo 167 y «muerte con 12 años de servicio» artículo 169.

De este modo, resulta claro que se trata de dos regímenes completamente distintos,
cada uno compuesto por disposiciones destinadas a cubrir contingencias diseñadas
exclusivamente para un grupo de beneficiarios y, a pesar de que ambas se
encontraban vigentes al momento en que falleció el señor Orlando Joaquín Blanco
Palacio no es posible elegir su aplicación con base en el principio de favorabilidad,
habida consideración de las diferencias sustanciales que emergen.

En efecto, el Decreto 3041 de 1966 estaba destinado únicamente a los afiliados al
Seguro Social obligatorio, es decir, que no es aplicable al caso porque el fallecido
suboficial de la Policía Nacional no fue un trabajador que estuviera obligado a tal
afiliación.

Así las cosas, comoquiera que las pruebas aportadas permiten inferir que en el sub
lite no es procedente dar aplicación a la Ley 100 de 1993 o al Decreto 3041 de
1966, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y, por
consiguiente, se impone revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda.

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2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil». Con base en él, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer la
condena en costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar una valoración
objetiva35 donde el juez, una vez comprobaba su causación, y sin atender a factores
subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes, podía ordenarlas.

No obstante, la postura antes mencionada tuvo que ser reevaluada a partir del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo 188 del
CPACA, ya que precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». En ese sentido, desde la entrada en
vigor de este precepto, para imponer la condena en costas a alguna de las partes,
el juez debe examinar su conducta en el proceso y la sustentación jurídica de sus
intervenciones.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal; también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas
de segunda instancia.

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicado: 05001 23 33 000 2020 03448 01 (3882-2021)
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3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en asuntos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que en este caso no es posible aplicar los
principios de retrospectividad, favorabilidad y progresividad para dar aplicación a la
Ley 100 de 1993 o el Decreto 3041 de 1966. Por tales razones, procede revocar la
sentencia apelada para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

No se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, del 23 de
junio de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Cuarta de
Oralidad, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En su
lugar, se dispone, denegar las pretensiones del medio de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesto por la señora Miriam Arango Salinas contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con la parte motiva que
antecede.

Segundo. Abstenerse de la condena en costas de segunda instancia.

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Demandante: Miriam Arango Salinas

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente36

MECG

36 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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