Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-05166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05166-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
Demandante(s): Yoo Nalinsson Álvarez Escudero, Wilson Arley Álvarez
Escudero y Willer Esneyder Álvarez Escudero en calidad de
sucesores procesales de la señora Ana Eroelia Escudero de
Álvarez1
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes cónyuge. Decreto
3041 de 1966. Principio de favorabilidad.
Decisión: Confirma sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda2
2. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar
la nulidad de los Oficios S-2015-346824ARPRE – GROIN- 1.10 del 26 de noviembre
de 2015, S-2016-057496/ARPRE-GROIN-1.10 del 1 de marzo de 2016 y S-2016-
277815/ARGEN-GRICO – 1.10 del 16 de agosto de 2016 y, a título de
restablecimiento del derecho se ordene el reconocimiento y pago de una pensión
vitalicia de sobrevivientes causada por el deceso de su esposo AG ® José Dolores
Álvarez Moncada, lo anterior con fundamento en los artículos 5, 20 y 21 del Decreto
3041 de 1966 modificado y subrogado por el artículo 1 del Decreto 232 de 1984
concordante con la Ley 90 de 1946, prestación efectiva a partir del 9 de noviembre
de 1988.
3. Asimismo, reconocer y pagar el valor retroactivo de las mesadas pensionales
adeudadas a partir del 9 de noviembre de 1988, incluyendo las mesadas adicionales
y el reajuste del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, además que las sumas
reconocidas sean reajustadas con fundamento en el IPC certificado por el DANE; a
título de sanción reconocer los intereses moratorios previstos en el artículo 88 de la
Ley 1238 de 2009, a partir del 1 de febrero de 2016 o en forma subsidiaria indexar
el total de las sumas adeudadas por concepto de mesadas pensionales, desde el
momento de su causación y hasta su pago efectivo con fundamento en el IPC.
4. De otra parte, se adelanten los trámites necesarios para la afiliación de la
1 Fueron aceptados como sucesores procesales de la demandante en audiencia de pruebas celebrada el 20 de
septiembre de 2019 - Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 -
ED_CUADERNO1_32AUDIENCIAPRUEBASP-ACTA(.pdf)
2 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf) NroActua 9
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
demandante al sistema de salud de la Policía Nacional, así como a la Caja
Promotora de Vivienda Militar y pagar a partir del 21 de julio de 2005 el valor
adeudado por concepto de aportes mensuales para poder acceder a la solución de
vivienda con el consecuente pago de los intereses moratorios causados.
Finalmente, se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.
5. De manera subsidiaria, solicitó se reconocieran las mismas pretensiones
con fundamento en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 concordante con los
artículos 6, 25 a 30 del Decreto 758 de 1990, a partir del 1 de abril de 1994 o en su
lugar se ordene reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes de conformidad con los artículos 37 y 49 de la Ley 100 de 1993, esto
desde el 1 de abril de 1994, así mismo que las sumas reconocidas sean indexadas
y a título de sanción el valor de los intereses moratorios previstos en el artículo 88
de la Ley 1328 de 2009, desde el 10 de febrero de 2016.
Hechos que fundamentan la demanda
6. La señora Ana Eroelia Escudero Álvarez nació el 20 de abril de 1954 y contrajo
matrimonio con el señor José Dolores Álvarez Moncada el 17 de agosto de 1974.
En virtud de dicho vínculo nacieron sus tres hijos: Yoo Nalinsson, Wilson Arley y
Willer Esneyder Álvarez Escudero.
7.El señor Álvarez Moncada laboró en la Policía Nacional por espacio de 10 años,
1 mes y 11 días y el último grado que ocupó fue el de agente. El 9 de noviembre
de 1988, falleció en la ciudad de Medellín a causa de muerte violenta. El 20 de
octubre de 2015, la demandante solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento y
pago de una pensión de sobrevivientes, petición que fue resuelta en forma negativa
en los actos demandados.
Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
8. Citó como normas vulneradas los artículos 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; preámbulo y artículos 1, 2, 9, 12 y 17 del
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; preámbulo y artículos 1,
2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 29, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93,
94, 209 y 366 de la Constitución Política; artículos 1, 6, 33, 51, 54, 55, 69 y 82 de la
Ley 90 de 1946; 1, 6, 43 y 63 del Decreto Ley 433 de 1971; 5, 20 y 21 del Decreto
3041 de 1966 modificado y subrogado por el Decreto 232 de 1984; 6, 25 a 30 del
Decreto 758 de 1990; 1, 11, 13, 37, 48, 49, 141, 143, 272 y 288 de la Ley 100 de
1993; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la Ley 717 de 2001; 88 de la Ley
1328 de 2009 y 9 de la Ley 973 de 2005.
9. Señaló que la entidad demandada desconoce los derechos fundamentales que
la amparan, en especial a devengar una pensión mínima de sobrevivientes que le
garantice salud y el mínimo vital. Además, hizo mención a la aplicación de la norma
más favorable en materia pensional, que para el presente asunto corresponde al
Decreto 3041 de 1966 vigente para la época de deceso del causante, disposición
según la cual cuando la muerte sea de origen no profesional, los beneficiarios del
fallecido tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes cuando el asegurado
acredite 150 semanas de cotización dentro de los seis años anteriores a la muerte
o 300 semanas en cualquier tiempo, requisitos que el señor Álvarez Moncada
acredita en forma suficiente.
10. Si bien el artículo 6 de la Ley 90 de 1946 excluyó, en principio, de los seguros
sociales obligatorios a los afiliados a otras entidades previsionales como es el caso
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
del personal activo de las Fuerzas Militares y de Policía, lo cierto es que la norma
creó un seguro social obligatorio con el fin de cubrir los riesgos por enfermedad,
invalidez, vejez y muerte, entendiéndose como finalidades y propósitos de utilidad
pública; además el Decreto 1650 de 1977, unificó la aplicación del régimen de los
seguros sociales obligatorios en el reconocimiento de prestaciones al contribuir a la
protección de la población urbana y rural amparándolos contra las contingencias
que menoscaban la salud y la capacidad económica.
11. De otra parte, se refirió a los principios de retrospectividad y progresividad y con
fundamento en ellos solicitó aplicar al caso la Ley 100 de 1993, para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que con posterioridad al
deceso del causante se profirió el régimen general de seguridad social en
pensiones, disposición que le resulta más favorable a sus intereses.
12. Finalmente se refirió al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes; a los intereses moratorios sobre el importe de la pensión
por inobservancia a los plazos para el reconocimiento y a la afiliación y descuento
de aportes a CAPROVIMPO.
Contestación de la demanda3
13. Enterada de la existencia del presente asunto la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, contestó en tiempo la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas. Señaló que el señor Álvarez Moncada se retiró del servicio
activo por solicitud propia el 22 de julio de 1982 y su fallecimiento se produjo el 9 de
noviembre de 1988, fecha para la cual no tenía ningún vínculo laboral con la Policía
Nacional, por ello, no causó derecho pensional a cargo de la institución. Respecto
a la indemnización sustitutiva de la pensión, indicó que la entidad pertenece a un
régimen prestacional y pensional de naturaleza especial, de manera que no es
posible el reconocimiento de figuras propias del régimen de prima media.
14. De otra parte, señaló que el personal que laboró para la Policía Nacional y fue
retirado del servicio por cualquier causa sin cumplir con los requisitos exigidos en la
ley para el reconocimiento de la asignación de retiro, previa vinculación al régimen
general, puede solicitar el reconocimiento y pago de bono pensional.
Sentencia de primera instancia4
15. En sentencia proferida el 6 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida; luego de efectuar el recuento normativo pertinente, así
como la valoración probatoria, concluyó que la Ley 100 de 1993, no resulta aplicable
de manera retrospectiva al presente asunto, pues el causante falleció el 9 de
noviembre de 1988, fecha para la cual no había sido expedida dicha norma;
además, que solo resulta aplicable el régimen general del Decreto 3041 de 1966 si
se acredita que el afiliado estuvo afiliado al Seguro Social y cotizó a algún fondo de
dicho sistema; y finalmente, que el Decreto 2063 de 1984 no contempla disposición
que cubra la situación del causante, en vista de que el retiro se produjo por solicitud
propia, sin completar el tiempo requerido para acceder a alguna de las prestaciones
reguladas en los artículos 120 y siguientes del mencionado estatuto.
16. En ese contexto y en atención a que el señor José Dolores Álvarez Moncada
(q.e.p.d.) trabajó para la Policía Nacional por 10 años, 1 mes y 11 días, hasta el 22
de julio de 1983, sin que esté acreditado que con posterioridad a esa fecha hubiera
3 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - ED_CUADERNO1_15CONTESTACIONDEMAND(.pdf)
NroActua 9
4 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - ED_CUADERNO1_35FALLO(.pdf) NroActua 9
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
tenido otra vinculación formal o se hubiera afiliado a algún fondo de pensiones del
Seguro Social, no es jurídicamente viable la aplicación del Decreto 3041 de 1966,
ya que el causante no se encuentra dentro de su ámbito de aplicación, a pesar de
que contenga una regulación más favorable para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
Recurso de apelación5
17. A través de apoderado, la parte demandante solicitó revocar la sentencia y en
su lugar acceder a las pretensiones de la demanda; así, cuestionó que la decisión
desconoce principios fundamentales universales referentes a la seguridad social,
cimentados en normativa de derecho laboral internacional, aprobada por el Estado
colombiano que integra el bloque de constitucionalidad y por tanto de obligatoria
observancia y aplicación por los operadores judiciales.
18. Para la fecha de defunción del señor Álvarez Moncada, 9 de noviembre de 1988,
el derecho a la seguridad social se constituía como un derecho convencional para
los ciudadanos pese a la no vigencia de la Constitución Política de 1991, que lo
consagró como derecho fundamental. La demandante amparada en el artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los
reglamentos de los seguros sociales obligatorios, tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, pues no existe exclusión de ningún sector de la población
trabajadora.
19. Para el 9 de noviembre de 1988, regía en todo el territorio nacional el sistema
de seguros sociales obligatorios introducidos por la Ley 90 de 1946, que tenía como
finalidad proteger al trabajador ante los riesgos por “enfermedades no profesionales
y maternidad, invalidez por accidente o enfermedad de origen común, vejez,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la muerte”; si bien dicha ley
excluyó en principio de su aplicación, entre otros, a los miembros de la Fuerza
Pública, el numeral 5 del artículo 6 de la norma introdujo una condición a la exclusión
que consistía en otorgar mayores beneficios a los afiliados.
20. El Decreto Ley 433 de 1971, mantuvo intacta la condición de mayor prestación
y mayores ventajas para excluir al trabajador del seguro social obligatorio, así el
trabajador y sus beneficiarios estaban excluidos del seguro social obligatorio,
cuando en la entidad o caja de previsión a la que estuvieren afiliados, se
concedieran mayores beneficios prestacionales, así de ser mejores los beneficios
de los reglamentos de seguros sociales obligatorios, estos los amparan.
21. Concluyó que no resulta aplicable el Decreto 2063 de 1984, sino el Decreto
3041 de 1966, que contempla mayores beneficios que la norma especial prevista
para el personal de la Policía Nacional. Además, el causante cumple a cabalidad
los requisitos exigidos en la norma general pues acredita 520,15 semanas de
cotización.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
22. Mediante auto del 21 de enero de 2022, se admitió el recurso de apelación6. En
el término concedido no se presentaron intervenciones.
23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
5 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - ED_CUADERNO1_37RECURSOAPELACIONP(.pdf)
NroActua 9
6 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 3
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
Del problema jurídico
25. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la señora Ana Eroelia
Escudero de Álvarez en calidad de cónyuge del señor AG ® José Dolores Álvarez
Moncada (q.e.p.d.) tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes con fundamento en el Decreto 3041 de 1966, por el cual se aprueba
el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
Sobre la pensión de sobrevivientes para el personal de agentes de la
Policía Nacional en vigencia del Decreto 2063 de 1984
26. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran amparados por un
régimen especial en materia de seguridad social a voces de lo ordenado en el
artículo 218 Constitucional9, así las cosas, resulta pertinente analizar los
requisitos y prestaciones establecidas en materia de pensión de sobrevivientes
atendiendo a la fecha en que se causó el deceso del agente ® José Dolores
Álvarez Moncada, esto es, el 9 de noviembre de 1988.
27. En ese orden, la norma que resulta aplicable para analizar la situación
prestacional del causante corresponde al Decreto 2063 de 1984, por el cual se
reorganiza la carrera de agentes de la Policía Nacional, disposición que
consagró el reconocimiento de las siguientes prestaciones a favor de los
beneficiarios de un agente fallecido en servicio activo, así:
Muerte - Indemnización equivalente a dos años de los
simplemente haberes correspondientes.
en actividad10 - Pago de cesantías por el tiempo de servicio del
causante.
• Si el uniformado hubiere cumplido 15 años
o más de servicio a que el tesoro público les
pague una pensión mensual.
Muerte en - Indemnización equivalente a tres años de los
actos del haberes correspondientes.
servicio11 - Pago doble de las cesantías por el tiempo de
servicio del causante.
• Si el uniformado hubiere cumplido 12 años
o más de servicio a que el tesoro público les
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
9 La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
10 Artículo 120. Muerte simplemente en actividad
11 Artículo 121 Muerte en actos del servicio
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
pague una pensión mensual.
Muerte en - Indemnización equivalente a cuatro años de los
actos haberes correspondientes al grado de cabo
meritorios del segundo.
servicio12 - Pago doble de las cesantías por el tiempo de
servicio del causante.
• Si el uniformado hubiere cumplido 12 años
o más de servicio a que el tesoro público les
pague una pensión mensual.
28. Se concluye entonces que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
con fundamento en el Decreto 2063 de 1984, está condicionado a que el uniformado
fallezca en servicio activo, además las prestaciones asignadas a sus beneficiarios
dependen de la causa en que sea calificada la muerte, esto es, simple en actividad,
en actos del servicio o en actos meritorios del servicio, tal como se explicó en
precedencia. Además, la norma no contempla un supuesto de hecho en virtud del
cual sea procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando el
uniformado se encuentre retirado del servicio por solicitud propia.
29. En ese orden de ideas, y en atención a que el señor Álvarez Moncada se
retiró del servicio por solicitud propia y su fallecimiento ocurrió con posterioridad a
su desvinculación, no se acreditan, los presupuestos exigidos por el Decreto 2063
de 1984 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de sus
beneficiarios. En consecuencia, al considerar que dicha normativa no resulta
aplicable a su situación particular, la parte demandante pretende el reconocimiento
de la prestación con fundamento en el Decreto 3041 de 1996, invocando para ello
la aplicación del principio de favorabilidad.
De la pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto 3041 de 1966
30. En atención a los argumentos planteados en el recurso de apelación, la Sala
considera pertinente acudir al contenido del Decreto 3041 de 196613,
particularmente a las disposiciones que regulan el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones
de sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de
tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5° para el derecho a
pensión de invalidez;
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de
vejez según el presente reglamento.
Artículo 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por
ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la
pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría
correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuestos en el
artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la
cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.»
31. En consecuencia, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los beneficiarios
del asegurado que acredite los requisitos exigidos para la pensión de invalidez,
previstos en el artículo 5 de la disposición en cita, así: i) ser inválido permanente
conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90 de 1948; ii) tener acreditadas
12 Artículo 122 Muerte en actos meritorios del servicio
13 Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores
a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos
tres (3) años.
32. Conforme a lo expuesto, la pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto
3041 de 1966, se causa en la medida en que el afiliado demuestre que cotizó 150
semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha de su deceso, de las cuales
75 se deben acreditar en los 3 años anteriores al fallecimiento.
33. En cuanto a su ámbito de aplicación, la norma dispone que estarán sujetos al
Seguro Social Obligatorio contra los riesgos de invalidez y muerte de origen no
profesional y contra el riesgo de vejez los: «a. Los trabajadores nacionales y
extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos de
carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley o por el
presente reglamento; b. Los trabajadores que presten servicios a entidades
empresas de derecho público semioficiales o descentralizadas cuando no estén
excluidos por disposición legal expresa; c. Los trabajadores que mediante, contrato
de trabajo presten servicios a entidades de derecho público, en la construcción y
conservación de las obras públicas y en las empresas o institutos comerciales,
industriales, agrícolas, ganaderos o forestales, que aquellas entidades exploten
directa o indirectamente o de los cuales sean accionistas o copartícipes; d. Los
trabajadores que presten servicios a un sindicato para la ejecución de un contrato
sindical, caso en el cuál la entidad profesional se entiende patrono de los
trabajadores.»14
34. Se concluye así que el personal vinculado a las Fuerzas Militares y de Policía
entre quienes figuran los agentes, no se encuentran dentro de los destinatarios del
Decreto 3041 de 1966, por pertenecer a un régimen de naturaleza especial, en
virtud del cual realizan aportes a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
en los términos explicados en precedencia.
35. Finalmente conviene señalar que, en un asunto de similares contornos al
analizado, se pronunció esta Subsección15 para orientar que no es procedente
aplicar el Decreto 3041 de 1966 a los servidores amparados por regímenes
especiales como ocurre con el personal de las Fuerzas Militares y de Policía
teniendo en cuenta que dicha norma solo resulta aplicable a los afiliados al Seguro
Social obligatorio, veamos:
«(…)
De acuerdo con el marco normativo expuesto, en este caso no resultan aplicables los
Decretos 3170 de 1964 y 3041 de 1966, pues estas normas no comprenden a los
suboficiales del Ejército Nacional como destinatarios de su cobertura (Seguro Social
obligatorio), por cuanto gozan de un régimen especial y, además, por cuanto es distinto
el origen de los dineros destinados a cubrir cada contingencia.
En efecto, la Fuerza Pública ha ostentado su propio régimen de carrera, disciplinario y
prestacional. Este último se mantiene aún con la adopción de un régimen general de
seguridad social y prestaciones sociales, tal como lo dispone el artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2005. Por lo tanto, desde antes de la Constitución Política y aun en la
actualidad, se ha mantenido un régimen especial y excepcional para los miembros de
la Fuerza Pública, lo que implica la afiliación a un seguro y a un fondo especial al cual
efectúan aportes y del que emergen los recursos para cubrir las distintas contingencias.
(…)
14 Artículo 1 del Decreto 3041 de 1966
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. M.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 21 de marzo
de 2024. Expediente 05001 23 33 000 2017 01526 01 (2793-2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
Ahora bien, los artículos 5 y 20 del Decreto 3041 de 1966 prevén condiciones más
beneficiosas que las estipuladas en el Decreto 89 de 1984, para el caso del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues exigían que el asegurado tuviera
acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la muerte, de
las cuales 75 deben corresponder a los últimos 3 años; mientras que el citado Decreto
89 de 1984 exigía contar con 12 o más años de servicio activo para que los
causahabientes del oficial o suboficial tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes.
No obstante, el Decreto 3041 de 1966 se aplica exclusivamente a quienes cotizaran o
se encontraran afiliados al Instituto de Seguros Sociales, por ende, no se trata
propiamente de una norma general o un régimen general, al cual se pueda acudir por
favorabilidad o por otras razones.
En consecuencia, el Decreto 3041 de 1966 estableció una única y particular diferencia
para conceder la pensión de sobrevivientes (artículo 20), consistente en determinar si
la muerte fue o no de origen profesional. Por su parte, el Decreto 89 de 1984 al señalar
los requisitos para acceder a la prestación en comento, distinguió otras situaciones que
únicamente se pueden predicar de los miembros de la Fuerza Pública, tales como
«muerte en combate», «muerte en misión del servicio», «muerte simplemente en
actividad», y «muerte con 12 años de servicio».
De este modo, se evidencia que se trata de dos regímenes completamente distintos,
cada uno compuesto por disposiciones destinadas a cubrir contingencias diseñadas
exclusivamente para un grupo de beneficiarios y, a pesar de que ambas se encontraban
vigentes en el momento en que falleció el señor Omar Hernán Ramírez Mahecha, no
es posible elegir su aplicación con base en el principio de favorabilidad, en
consideración a que una no regulaba la situación del suboficial.
En efecto, el Decreto 3041 de 1966 estaba destinado únicamente a los afiliados al
Seguro Social obligatorio, es decir, que no rige en este caso porque el fallecido
suboficial del Ejército Nacional no fue un trabajador que estuviera obligado a tal
afiliación, postura que ha sido acogida pacíficamente por el Consejo de Estado.16»
36. Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencia expuesto en
precedencia procede la Sala a resolver el caso concreto.
Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
37. Se encuentra acreditado en el plenario que la señora Ana Eroelia Escudero de
Álvarez contrajo matrimonio con el señor José Dolores Álvarez Moncada el 17 de
agosto de 197417, vínculo dentro del cual se procrearon tres hijos18. Asimismo, de
conformidad con la liquidación de servicios para efectos de cesantías y prestaciones
unitarias de oficiales, suboficiales y agentes expedida por la Oficina de Archivo
General de la Secretaría General de la Policía Nacional19, el finado causante prestó
sus servicios a la entidad por 10 años, 1 mes y 11 días20 y se retiró por solicitud
propia a partir del 22 de julio de 1982.
38. También está probado que el señor Álvarez Moncada falleció el 9 de noviembre
de 1988, como consecuencia de una laceración encefálica producida por arma de
fuego21, fecha para la cual ya se encontraba desvinculado de la institución policial.
16 En similar sentido, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 24 de agosto
de 2023, radicado 05001-23-33-000-2016-01215-01 (0573-2022); ii) del 16 de febrero de 2023, radicado 13001-
23-33-000-2016-00218-01 (1747-2022); iii) del 2 de junio de 2022, radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01
(0258-2018).
17 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - D_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf)
NroActua 9 – folios 3 – 4
18 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - D_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf)
NroActua 9 – folios 5 - 10
19 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - D_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf)
NroActua 9 – folios 14 - 15
20 Escuela de formación del 1 de febrero de 1973 al 1 de julio de 1973; Policía Nacional del 1 de julio de 1973
al 22 de julio de 1982, tiempo doble Decreto 1386 de 1974 del 1 de julio de 1973 al 29 de diciembre de 1973.
21 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 - D_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf)
NroActua 9 – folios 11 - 12
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
39. Bajo ese entendido y conforme al recuento normativo y jurisprudencial
efectuado en precedencia, concluye la Sala que el Decreto 3041 de 1966 no resulta
aplicable a los beneficiarios de regímenes especiales, como es el caso del señor
Álvarez Moncada, quien ostentó la calidad de agente de la Policía Nacional, pues
dicha normativa está dirigida exclusivamente a quienes se encuentran afiliados al
Seguro Social Obligatorio, tal como lo ha sostenido de manera pacífica la
jurisprudencia de esta Sección.22
40. Aunado a lo anterior, el Decreto 3041 de 1966 no contempla dentro de sus
destinatarios al personal de agentes de la Policía Nacional, habida cuenta de que
estos se encuentran amparados por un régimen prestacional de naturaleza especial
y afiliados a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. En virtud de dicho
régimen, deben efectuar un aporte equivalente al 30% del primer sueldo básico
como cuota de afiliación y con una cuota mensual equivalente al 8% del respectivo
sueldo básico.23 Tales aportes que tienen como finalidad contribuir a la
capitalización de la Caja de Retiro24, entidad encargada de reconocer y pagar las
diferentes asignaciones y pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la ley.
41.Situación distinta se presenta respecto de las prestaciones reguladas por el
Decreto 3041 de 1966, pues, de conformidad con sus artículos 38, 39 y 4025, estas
se financiaban con las cotizaciones efectuadas por los trabajadores y los
empleadores al Instituto de Seguros Sociales.
42. En este punto, conviene señalar que en el expediente no obra prueba alguna
de afiliación, cotización o vinculación del señor Álvarez Moncada (q.e.p.d.) al
Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a su retiro de la Policía Nacional.
Por consiguiente, se reitera que el causante no estuvo amparado por el Seguro
Social Obligatorio previsto en el Decreto 3041 de 1966.
43. De otra parte, en cuanto a la pretendida aplicación del Decreto 3041 de 1966
en virtud del principio de favorabilidad, si bien en materia pensional dicho principio
permite optar, entre dos o más disposiciones normativas vigentes que regulen una
misma situación fáctica, por aquella que resulte más favorable al trabajador, afiliado
o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, lo cierto es que su aplicación
presupone que el interesado se encuentre comprendido dentro del ámbito de
aplicación de las disposiciones objeto de comparación. Así lo precisó esta
22 Ver, entre otras: Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
sentencias del 24 de agosto de 2023, expediente 19001233300020200003401 (3165-2022), 28 de septiembre
de 2023, expediente 05001233300020200344801 (3882-2021) y 24 de agosto de 2023, expediente
05001233300020160121501 (0573-2022) y subsección B, C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia
del 30 de noviembre de 2023, expediente 19001-23-33-000-2019-00058-01 (1193-2023).
23 Decreto 2063 de 1984 artículo 36
24 Decreto 2063 de 1984 artículo 38
25 Artículo 38. El patrono está obligado a entregar al instituto, a través de la caja seccional u oficina local que
corresponda a su jurisdicción en el plazo y forma que determine el reglamento de aportes y recaudos, la totalidad
de las cotizaciones, que sean de su cargo y las que deben ser satisfechas por el asegurado. El patrono al
efectuar el pago del salario de cada asegurado retendrá la cotización que éste debe aportar para el seguro de
invalidez, vejez y muerte, correspondiente al periodo de trabajo cubierto por el salario, si el patrono no
descontare el monto de la cotización del asegurado en la oportunidad señalada en éste artículo, no podrá
efectuarlo después y las cotizaciones no descontadas al asegurado, serán también de cargo del patrono.
Artículo 39. El pago de las cotizaciones para el seguro de invalidez, vejez y muerte se hará conjunta y
simultáneamente con el de las cotizaciones para los seguros de enfermedad no profesional y maternidad, y
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Artículo 40. Los ingresos del seguro de invalidez, vejez y
muerte formarán un fondo distinto e independiente de los ingresos de las otras ramas del seguro social
obligatorio. Cuando no sea a título de inversiones recuperables, los fondos del seguro de invalidez, vejez y
muerte no podrán dedicarse a fines distintos al pago de las prestaciones dispuestas en este reglamento, al
costo de los gastos de administración y a los servicios de rehabilitación conforme al artículo 42. Los gastos que
demande la inversión de las reservas serán imputados a las utilidades de las mismas.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
Corporación en sentencia del 30 de noviembre de 202326, en los siguientes
términos:
«(…)
En lo atinente a la posibilidad de aplicar, con fundamento en el principio de favorabilidad,
las previsiones del Decreto 3041 de 1966 a los servidores amparados por regímenes
especiales, esta subsección ha reiterado27:
Por tanto, en el asunto sub judice no resulta procedente la aplicación del Decreto 3041 de
1966 en virtud del principio de favorabilidad, habida cuenta de que este se examina siempre
que existan dos normas que rijan una misma situación jurídica, pero una de ellas de carácter
general y otra de naturaleza especial, en relación con las cuales la primera es más
beneficiosa para el trabajador; no obstante, el caso de la demandante solo se encuentra
gobernado por la norma especial aplicable a los agentes de la Policía Nacional, pues tal
Decreto en forma exclusiva regula las pensiones de algunos trabajadores oficiales y del
sector privado, por lo que es improcedente efectuar un análisis de favorabilidad.
En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de 26 de mayo de 2016,
expediente 25000-23-42-000-2013-05492 01 (409-2015), al sostener:
Conforme a la norma citada, queda claro que se excluyó de pertenecer al Seguro Obligatorio
de invalidez, vejez y muerte a aquellos trabajadores que prestaran servicios a entidades o
empresas de derecho público, como es el caso que hoy nos ocupa; en efecto, el Decreto 3041
de 1966 que aprobó el Acuerdo No. 224 de 1966 del Consejo Directivo del Instituto de Seguros
Sociales, fue una disposición normativa que resultaba aplicable solamente para aquellas
personas que de manera exclusiva realizaran sus cotizaciones a dicho instituto, y no, a la Caja
Nacional de Previsión Social como es el caso del señor Fredy Eduardo Hernández Cifuentes
(q.e.p.d.).
Quiere decir entonces que no se puede aplicar una normatividad que resultaba ser especial
para aquellos que estuvieran afiliados al Instituto del Seguro Social, ni siquiera en aplicación
del principio de favorabilidad, pues éste solo se puede tener en cuenta en los casos en que la
normatividad especial resulta ser más desfavorable que el general 28, situación que no se
presenta en el sub lite […].
En lo concerniente al Decreto 758 de 1990, que la accionante, igualmente, invoca en su
recurso, se precisa que tampoco resulta aplicable en el sub lite, pues, además de estar dirigido
específicamente a los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a
empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, funcionarios de
seguridad social del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y pensionados por jubilación cuyas
pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo de ese Instituto; y, de
manera facultativa, a trabajadores independientes, sacerdotes diocesanos y miembros de
comunidades religiosas y servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio
de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS (artículo 1º), en todo caso
entró en vigor con posterioridad a la fecha del deceso del policial 29 [subrayas de la Sala].
De conformidad con el anterior derrotero jurisprudencial, no es dable dar aplicación al
Decreto 3041 de 1966 por favorabilidad en el caso de los servidores cuya situación
pensional se rige por un régimen especial, pues esa normativa no establece un régimen
general de pensiones, sino que se aplica a algunos trabajadores oficiales y del sector
privado.»
44. De acuerdo con lo anterior, si bien el principio de favorabilidad presupone la
concurrencia de dos o más disposiciones jurídicamente aplicables a un mismo
supuesto de hecho, en el presente caso no existe tal concurrencia. En efecto, como
el Decreto 3041 de 1966 nunca reguló la situación jurídica del causante, no se
configura un verdadero conflicto normativo que habilite la selección de la disposición
más favorable.
26 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del
30 de noviembre de 2023, expediente 19001233300020190005801 (1193-2023)
27 Ver, entre otras: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,
C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencias de 16 de febrero de 2023, expediente 13001-23-33-000-2016-
00218-01 (1747-2022); y de 29 de abril de 2021, expediente 19001-23-33-000-2017-00345 (719-2019).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera
Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 27 de marzo de 2008, Expediente No.
25002325000199905264 01 (2833-2004), Actor: Jhon James Trujillo.
“(…) en los que se evidencia la existencia de dos normas que reglamentan la misma pensión, se ha aplicado
aquella disposición cuyos parámetros garantizan la obtención del derecho en controversia, dando aplicación al
principio de favorabilidad, pues contraviene la lógica y la equidad que una persona cobijada por un régimen
especial, que en principio debería optimizar en mejor medida sus derechos, no se le conceda un beneficio al
que sí pueden acceder la generalidad de los ciudadanos (…)”.
29 31 de agosto de 1971.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
45. Tampoco resulta admisible la interpretación propuesta por el apoderado de la
parte demandante, según la cual el Decreto 3041 de 1966 sería aplicable a todos
los trabajadores siempre que sus disposiciones resultaran más favorables que las
previstas en el régimen especial, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5
del artículo 6 de la Ley 90 de 194630 y el artículo 2 del Decreto Ley 433 de 197131.
Se reitera que el personal de las Fuerzas Militares y de Policía se encuentra excluido
del ámbito de aplicación del Seguro Social Obligatorio, en atención a que está
amparado por un régimen salarial y prestacional de carácter especial. En
consecuencia, las disposiciones del régimen general solo resultan aplicables a
quienes se encuentren afiliados al Seguro Social Obligatorio, condición que no
ostentó el señor Álvarez Moncada
46. Además, aún si en gracia de discusión se admitiera que las normas citadas
condicionaron determinadas exclusiones a la existencia de beneficios equivalentes
o superiores, ello no significa que los miembros de la Fuerza Pública adquieran
automáticamente la condición de afiliados al Seguro Social Obligatorio, ni que
pudieran reclamar prestaciones financiadas con un sistema contributivo al cual
nunca estuvieron afiliados.
47. Finalmente, conviene advertir que la protección convencional del derecho a la
seguridad social32 no implica el reconocimiento de prestaciones por fuera de los
requisitos establecidos en el ordenamiento, ni autoriza la extensión de regímenes
especiales a personas no comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.
Conclusión
48. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
Condena en costas en segunda instancia
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
30 Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
Artículo 6. No quedan sometidos al régimen del seguro social obligatorio:
(…)
5. Los empleados y obreros que, por estar afiliados a otra institución de previsión social, gocen de mayores
beneficios que los reconocidos por esta ley, de conformidad con el artículo 78.
31 Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales
Artículo 2. Estarán sujetos al Seguro Social Obligatorio en los términos del presente Decreto, las siguientes
personas:
(…)
b) Los trabajadores que presten sus servicios a la Nación, Los Departamentos y los Municipios en la
construcción y conservación de obras públicas, y todos los trabajadores de los establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional,
departamental o municipal, que para efectos del Seguro Social Obligatorio estarán asimilados a trabajadores
particulares.
32 Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 05166 01 (4281-2021)
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la parte
demandante, pues, no prosperó el recurso de apelación interpuesto. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 6 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte
demandante, conforme a las consideraciones.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.