Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00672-01
Parte demandante: DORIS LÓPEZ MARTÍNEZ
Parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Acción: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Ley 1437 DE 2011
Tema: Pensión de sobreviviente en vigencia del Decreto 2063 de 1984, imposibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 en forma retrospectiva; tampoco es procedente la aplicación de los supuestos normativos del Decreto 3041 de 1966
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda promovida por la demandante y la condenó en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La Demanda
1.1. Las Pretensiones
La señora Doris López Martínez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pretende la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:
-Resolución Nº 00810 del 26 de julio de 2007 “Por la cual se niega el reconocimiento de pensión por muerte a beneficiarios del AG. (F) FRANCO LEÓN GOMEZ YELA. Expediente Nº 6.218.100”, proferida por el Subdirector General de la Policía Nacional.
-Oficio Nº 18948 / ARPRE. ASJUR. -1.8.5.29 del 30 de agosto de 2010 que negó la solicitud de revocatoria directa interpuesta por la demandante contra la Resolución Nº 00810 del 28 de julio de 2007, proferida por el Jefe Área Prestaciones Sociales de la Secretaría General Policía Nacional.
-Oficio Nº S-2015-047039 / APRE-GROIN-1.10 del 19 de febrero de 2015 que reiteró la improcedencia sobre el reconocimiento de pensión de sobrevivientes, suscrito por el Jefe Grupo Orientación e Información de la Secretaría General de la Policía Nacional.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada efectúe el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la accionante, quien en vida era cónyuge del señor Franco León Gómez Yela desde el 26 de enero de 1985, en cuantía del 75% del ingreso percibido por el causante, durante su último año de servicios actualizado anualmente según el índice de precios al consumidor IPC; que se condene al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187 a 195 CPACA y, al pago de intereses comerciales y moratorios de los artículos 192 al 195 ídem.
1.2. Hechos
Fueron relatados por la apoderada judicial de la demandante, en los siguientes términos:
El señor Franco León Gómez Yela falleció el día 26 de enero de 1985 estando prestando sus servicios como Agente en la Policía Nacional institución a la cual se había vinculado desde el 2 de julio de 1973. El día 31 de julio de 1977 contrajo matrimonio con la señora Doris López Martínez que se encuentra registrado en la Notaría Única de Cerrito Valle.
Mediante Resolución Nº 6747 del 30 de octubre de 1985 le fueron reconocidas las cesantías y la indemnización sustitutiva por muerte, a los beneficiarios del señor Gómez Yela. El 9 de marzo de 2007 radicó solicitud de pensión por muerte causada por el fallecimiento de su cónyuge, petición que le fue negada mediante la Resolución Nº 00810 del 26 de julio de 2007, acto contra el cual radicó el 16 de abril de 2010 solicitud de revocatoria directa, que le fue negada mediante comunicación Nº 18948 ARPRE.ASJUR-1.8.5.29 del 30 de agosto de 2010 –acto acusado-.
Afirmó que el 10 de diciembre de 2010, presentó ante la Procuraduría 165 Judicial II de Cali, solicitud de conciliación de la pensión de sobrevivientes ante el Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional. El día 31 de enero de 2011 asistió a audiencia de conciliación ante la Procuraduría 165 Judicial II de Cali, la cual fue suspendida para el 21 de febrero siguiente, diligencia ésta en la que la apoderada de la entidad demandada, presentó propuesta conciliatoria sin determinar la cuantía ni la fecha de cancelación de la pensión de sobrevivientes.
El 8 de marzo de 2011 se llevó a cabo otra audiencia de conciliación ante la Procuraduría 165, en la que la demandada solicitó la suspensión de la diligencia dado que no se había reunido el Comité de Conciliación de la entidad, motivo por el que fue declarada fallida dicha diligencia.
El 21 de enero de 2015 radicó la apoderada de la demandante, solicitud ante el Ministerio de Defensa Policía Nacional nuevamente solicitando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la actora, petición que le fue negada nuevamente a través del oficio S-2015-047039 / ARPRE-GROIN 1.10 del 19 de febrero de 2015.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Fueron citadas como normas violadas por los actos administrativos demandados, los siguientes artículos de la Constitución Política: 13, 42, 48 y 53; así como los artículos 1º, 5º, 20, 21 y 22 del Decreto 3041 de 1966; los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
Afirmó la apoderada de la parte demandante, que los actos administrativos acusados al haberle negado la sustitución pensional con el argumento de que el causante no cumplía con los requisitos señalados en el Decreto 2063 de 1984, al no contar con 15 años de servicios en la institución a la fecha de su fallecimiento, vulneró el régimen general del Instituto del Seguro Social ISS regulado en el Decreto 3041 de 1966, aplicable a los trabajadores allí afiliados y demás disposiciones invocadas como vulneradas.
Indicó que resulta evidente el trato desigual que se le otorga a los trabajadores de empresas privadas cotizantes al ISS, a quienes se les exigía en los artículos 5º y 20 del Decreto Nº 3041 de 1966, tan solo 3 o 6 años de semanas de cotización con anterioridad al fallecimiento del causante, mientras que el Decreto 2063 de 1984 exige para los agentes de la Policía Nacional, que hubieran laborado 15 años de servicio, siendo que el señor agente Franco León Gómez Yela, laboró más de 11 años en la Policía Nacional.
Solicitó se tenga en cuenta en el presente caso, el precedente jurisprudencial consignado en la sentencia 1707 del 6 de marzo de 1993 proferida por esta Sección, -no indicó el Magistrado Ponente ni el número de radicación del proceso-, fallo en el que afirmó, se aplicó la Ley 100 de 1993 por ser norma general sobre la especial, en el caso de los agentes de la Policía Nacional que fallezcan estando en servicio activo pero que no han cumplido con el tiempo estipulado de servicios.
Igualmente citó otros precedentes jurisprudenciales tanto de esta corporación como de la Corte Constitucional, que pidió sean tenidos en cuenta para el presente caso, en los que se analizó el tema del principio de favorabilidad en materia laboral, al reconocer la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993..
Afirmó literalmente la vocera de la parte demandante, “si bien es cierto el fallecimiento del señor Franco León Gómez no fue en vigencia del Decreto 3041 de 1996, ni del Acuerdo 049 de 1990, ni de la Ley 100 de 1993, considero factible aplicar el mismo criterio, es decir, si la norma general es más favorable que la especial deberá aplicarse la general, en este caso la norma general para todos los colombianos trabajadores o independientes cotizantes al ISS es la Ley 100 de 1993; norma especial Decreto 2063 de 1984 para persona vinculada a la Policía Nacional”.
2. Contestación de la demanda
La Nación Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda mediante escrito en el que se opuso a los hechos y las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la legislación vigente, razón suficiente para negar las súplicas de la demanda.
Indicó que el Agente Franco León Gómez Yela q.e.p.d. laboró en la Policía Nacional desde el 2 de julio de 1973 hasta el 26 de enero de 1985, siendo retirado del servicio por defunción cuyo deceso fue calificado como en servicio pero no por causa y razón del mismo, de acuerdo con el informe administrativo Nº 077, acumulando un tiempo total de servicio de 11 años 8 meses y 24 días, incluido el tiempo de agente alumno, razón por la cual en materia pensional estaba sometido a los presupuestos del Decreto 2063 de 1984, normatividad especial para los miembros de la Policía Nacional.
Reafirmó que mediante Resolución Nº 647 del 30 de octubre de 1985, fue reconocida indemnización por muerte y cesantías definitivas en favor de los beneficiarios del fallecido Agente, quien al momento de su deceso no cumplía los requisitos del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984 para que a sus beneficiarios les fuera reconocida la sustitución pensional.
Adujo el apoderado de la demandada que desafortunadamente el ex servidor público, no cumplió el requisito exigido en la norma citada relativo a 15 años de servicio en la Policía Nacional. Resaltó que no se pueden predicar los beneficios de la Ley 100 de 1993, a una situación que surgió con 9 años de anterioridad a la expedición de esta legislación.
Destacó que la Policía Nacional está sometida a un régimen pensional y prestacional especial de carácter constitucional, razón por la cual el artículo 279 superior señaló que el sistema integral de pensiones no puede ser objeto de aplicación a los miembros de la Fuerza Pública, legislación que no puede ser aplicada con efectos retroactivos.
El apoderado de la demandada manifestó que los presupuestos normativos de la Ley 100 de 1993, se aplican hacia el futuro que no son destinatarios los miembros de la institución y menos aún, cuando para la fecha del fallecimiento del causante no se encontraba vigente. Mencionó precedentes jurisprudenciales analizados en la sentencia C-941 de 2003 de la Corte Constitucional, en varios de esta jurisdicción expedidos por distintos tribunales administrativos del país y en el de esta Subsección, en los que se determinaron la ausencia de discriminación entre el régimen especial de la Policía Nacional y el régimen general de la Ley 100 de 1993.
3. Audiencia Inicial
El día 15 de junio de 2016 ante el Despacho del Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se adelantó diligencia de Audiencia Inicial del artículo 180 CPACA, a la que concurrieron los apoderados de las partes en conflicto y el Delegado del Ministerio Público, no compareció el representante de la Agencia Nacional de Defensa Judicial. En la fijación del litigio se señaló como problema jurídico determinar si la demandante tiene derecho a la pensión de sustitución con ocasión del fallecimiento de su cónyuge y, si tiene lugar la aplicación del régimen general consignado en la Ley 100 de 1993.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 13 de septiembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:
Para el día 26 de enero de 1985 fecha del fallecimiento del Agente Franco León Gómez Yela, se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984 que reorganizaba la carrera de agentes de la Policía Nacional y, regulaba lo concerniente a la pensión de sobrevivientes como muerte simplemente en actividad en los términos del artículo 120, que exigía como único requisito que el causante hubiera completado un tiempo mínimo de 15 años de servicio en la institución.
Respecto de la pretensión de la demandante en el sentido de que le fuera aplicable los supuestos normativos del régimen general consignado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que estableció como término que el aportante al sistema hubiera cotizado dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al acaecimiento de su muerte, el Tribunal de primera instancia no la reconoció, por cuanto el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 señaló que el sistema general de pensiones, comenzó a regir desde el 1º de abril de 1994.
En lo que tiene que ver con el tema de la retrospectividad de la ley, consideró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que esta Corporación ha sostenido en múltiples precedentes que en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la norma aplicable es la vigente para la fecha del fallecimiento del causante a partir de la cual surge el derecho, motivo por el que no opera la retrospectividad de la ley para situaciones fácticas que se han originado con anterioridad a su vigencia.
Indicó que en el presente caso, se tiene que al no poderse aplicar la retrospectividad de la Ley 100 de 1993, se deberá ceñir a la normatividad del régimen especial así las cosas, i) el derecho pensional a favor de la señora Doris López Martínez se consolidó el día 26 de enero de 1985; ii) para aquella época se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984; iii) el artículo 120 ídem disponía como requisito para el reconocimiento de una pensión mensual, que el causante en este caso –Agente de la Policía Nacional-, contara con un mínimo de 15 años de servicios en la institución; iv) el Agente fallecido Franco León Gómez Yela, permaneció al servicio de la Policía Nacional durante 11 años 8 meses y 24 días, motivo por el cual no cumplió el supuesto normativo que impide acceder al derecho reclamado.
Al considerar que los actos administrativos demandados mantienen su presunción de legalidad, al haberse proferido en virtud de los parámetros del Decreto 2063 de 1984 vigente para el momento del fallecimiento del causante, condenó en costas a la parte demandante de conformidad con el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, que se liquidarán de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
5. Recurso de apelación
La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 13 de septiembre de 2017, mediante el cual solicitó su revocatoria y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Advirtió que en el presente caso, no está en discusión que el causante no cumplía con el requisito del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984 para la fecha de su fallecimiento el 26 de enero de 1985, pero que en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la demandante y en aplicación del criterio auxiliar de equidad profesado por esta Corporación y en aplicación del principio de favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Política, debe proceder la revocatoria del fallo impugnado.
Apoyó la impugnante la anterior petición, con fundamento en los considerandos de un precedente de la Subsección A de esta Sección, fallo en el que se concedió el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes pedida en su oportunidad por la demandante, no obstante el causante no había laborado 15 años en la Policía Nacional, es decir, que no cumplía el requisito del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
La impugnante advirtió que, traslapadas las consideraciones efectuadas en el anterior precedente para el presente caso, el Agente Franco Gómez laboró en la Policía Nacional durante 11 años, 8 meses y 24 días que equivalen al 78.2% del 100% que representan los 15 años de servicio exigidos en el artículo 120 del Decreto 2063, adicional que debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de este supuesto legal no fue por decisión del causante, sino por su deceso en servicio activo.
Refirió que en la demanda además de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, se pidió también se tuviera en cuenta la aplicabilidad de los supuestos de los artículos 5º y los literales a) y b) del artículo 20 del Decreto 3041 de 1966 , cuyos requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (legislación vigente a la fecha del fallecimiento del causante), fueron cumplidos por el fallecido Agente de Policía dado que llevaba más de 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época.
La apelante apoderada de la accionante afirmó “en el sistema general de pensiones actualmente, conforme al art. 12 de la ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de sobrevivientes se exigen tan solo 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha del fallecimiento y cuando entró a regirá la Ley 100 de 1993 art. 46, sólo se exigía que el afiliado se encontrara cotizando al sistema y hubiere cotizado por los menos 26 semanas al momento de la muerte o que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte, en el presente caso se reitera el causante cuenta con el 78.2% del 100% de los 15 años que exige el Decreto 2063 de 1984, por lo que indudablemente habría lugar a la prestación que se reclama y no habría lugar un desequilibrio financiero del sistema de pensiones por parte de la entidad demandada”
Finalmente citó la impugnante, como fundamento de su petición de reconocimiento del principio de favorabilidad laboral para que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes a la demandante, una sentencia de tutela y una sentencia de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, mediante las cuales se otorgó este derecho con el fin de garantizar el mínimo vital y evitar que los familiares del causante queden inmersos en el desamparo y abandono económico, bajo criterios de justicia y equidad, toda vez que la demandante cuenta con 55 años de edad, se encuentra en estado de indefensión dado que padece de Lupus Eritematoso Sistémico y de Trombocitopenia y, no cuenta con ingresos que le permitan tener una vejez con dignidad y decoro.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. Por la parte demandada
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por conducto de apoderada judicial descorrió el término de alegatos de conclusión mediante escrito en el que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y solicitó que el fallo de primera instancia sea confirmado.
Lo anterior, al tener la certeza de que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, como quiera que fueron expedidos con total apego de las normas legales y constitucionales que regulan la aplicabilidad del régimen especial de los miembros de la Policía Nacional. Reiteró que se tiene claro que el señor Agente Franco León Gómez Yela, falleció el 26 de enero de 1985, que llevaba menos de doce años al servicio de la institución y que para dicha fecha lo cobijaba el régimen consignado en el Decreto 2063 de 1984.
Destacó que a los beneficiarios del causante no se les reconoció la pensión que ahora reclaman, porque obedeciera a un capricho de la demandada sino porque no cumplió el tiempo mínimo de 15 años de servicio estipulado en el artículo 120 del Decreto 2063 de 1984. Finalmente esgrimió que es inaplicable el supuesto normativo de la Ley 100 de 1993, como quiera que la fecha del fallecimiento del ex Agente ocurrió en el año 1985, con más de ocho años de anterioridad a que cobrara vigencia la citada legislación.
La parte demandante no agotó esta etapa procesal, según certificación secretarial del 17 de julio de 2018.
6. Concepto del Agente del Ministerio Público
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión dispuesto mediante auto de fecha 17 de abril de 2018, el Agente del Ministerio Público guardó silencio al no radicar concepto, tal y como lo certificó la certificación de la Secretaría de esta Sección.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la señora Doris López Martínez, corresponde a la Sala determinar si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida el 13 de septiembre de 2017, que negó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por la demandada.
Para el efecto, se establecerá si en el presente asunto, resulta procedente el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en favor de la señora Doris López Martínez, en su condición de cónyuge supérstite del señor Franco León Gómez Yela (q.e.p.d.), de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que el causante, en su condición de Agente de la Policía Nacional, gozaba de un régimen especial y para el momento del deceso, no se encontraba vigente la referida disposición normativa. Así mismo se determinará, si es procedente la aplicación del Decreto 3041 de 1966 como lo pidió la impugnante.
Con el fin de desatar el anterior problema jurídico propuesto, se abordarán los siguientes temas: 2.1. Actos administrativos demandados; 2.2. Cuestión procesal previa; 2.3. Régimen aplicable para la pensión de sobrevivientes de un miembro de la Policía Nacional, en la época del fallecimiento del causante; 2.4. Hechos probados; 2.5. Resolución del caso concreto y, 2.6. Sobre la condena en costas.
2.1. Actos administrativos demandados
2.1.1. Resolución N° 00810 del 26 de julio de 2007 “Por la cual se niega el reconocimiento de pensión por muerte a beneficiarios del AG. (F) FRANCO LEÓN GÓMEZ YELA. Expediente N° 6.218.400”, expedida por el Subdirector General de la Policía Nacional que en su parte resolutiva dispuso: negar el reconocimiento y pago de pensión por muerte a la señora Doris López Martínez en calidad de cónyuge del Ag. (F) Franco León Gómez Yela. En el artículo cuarto se advierte que contra esta resolución eran procedentes los recursos de reposición y apelación, sin embargo, no obra prueba que se hubieran interpuesto.
2.1.2. Oficio N° 18948 / ARPRE.ASJUR – 1.8.5.29 del 30 de agosto de 2010 suscrito por el Jefe Área Prestaciones Sociales, Secretaría General de la Policía Nacional, mediante el cual le negó a la señora Doris López Martínez la solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 00810 del 28 de julio de 2007 que le negó a la demandante el reconocimiento de la pensión por muerte del Agente (F) Franco León Gómez Yela.
2.1.3. Oficio N° S-2015- 047039 / ARPRE-GROIN -1.10 del 19 de febrero de 2015, expedido por el Jefe Grupo Orientación e Información, Secretaría General de la Policía Nacional, mediante el cual se le informó a la señora Doris López Martínez que ya le había sido contestada por la entidad en forma desfavorable, su solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
2.2. Cuestión procesal previa
A pesar de no haber sido un asunto propuesto por la entidad demandada, menos aún examinado por la primera instancia, la Sala observa que analizados cada uno de los actos administrativos objeto de nulidad, son independientes y autónomos entre sí, al punto que podría afirmarse que el único acto administrativo que definió la situación jurídica objeto de Litis, era el consignado en la Resolución N° 00810 de 6 de julio de 2007, acto contra el cual procedían los recursos de reposición y apelación –así lo dispuso el artículo cuarto- que en todo caso, no fueron agotados por la demandante.
Por tanto, la Resolución N° 00810 de 2007 al haber negado el reconocimiento y pago de la pensión por muerte del Agente fallecido Franco León Gómez Yela a su cónyuge la señora Doris López Martínez, se constituyó en el acto administrativo que contenía una decisión particular y concreta, al haber definido en forma radical la reclamación administrativa que le fue negada y que ahora pide en sede judicial, por tanto, este era el único acto administrativo que debió haber sido demandado dentro de la oportunidad procesal de los cuatro meses siguientes a su notificación.
A simple vista se observa, que el oficio N° 18948/ ARPRE.ASJUR-1.8.5.29 fue expedido por la demandada el 30 de agosto de 2010, es decir, tres años después de haberse proferido la Resolución N° 00810 el 28 de julio de 2007, acto mediante el cual le fue negada la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la citada resolución, mientras que el tercer acto demandado, esto es el oficio N° S-2015-047039 ARPRE-GROIN-1.10 fue expedido el 19 de febrero de 2015, luego de transcurridos más de cuatro años del Oficio N° 18948, de allí que en el oficio del año 2015 la entidad demandada lo que hizo fue reiterarle a la petente señora Doris López Martínez, acerca de la improcedencia del reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
Por tanto, según el acontecer fáctico reseñado son dos los aspectos a destacar: el primero, que el tercer acto demandado consignado en el oficio N° S-2015-047039 / ARPRE-GROIN del 19 de febrero de 2015, como tal no era un acto administrativo definitivo pasible de control judicial, por cuanto se limitó a reiterar la negativa de una decisión ya adoptada con muchos años de anterioridad por la demandada, en todo caso, fue a partir de la expedición de este acto que se computaron los cuatro meses para estimarse que el medio de control de legalidad interpuesto lo fue dentro de la oportunidad legal, como quiera que la demanda fue interpuesta el 15 de junio de 2015.
En segundo término, que la parte demandante ha sido persistente y reiterativa en reclamar el reconocimiento de un derecho como lo es la pensión de sustitución pensional, asunto que desde el año 2007 le fue definido por la entidad demandada, no obstante, a partir de junio de 2015 activó la presente reclamación judicial.
La anterior circunstancia al no haber sido dilucidada ante la primera instancia y, en vista de que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la parte accionante, la Sala lo pone de presente a modo ilustrativo, como quiera que en todo caso se entrará a resolver la alzada.
2.3. Régimen aplicable y evolución jurisprudencial que regulaba la pensión de sobrevivientes para un Agente de la Policía Nacional
Según lo consignó la Resolución N° 00810 del 26 de julio de 2007 acto administrativo demandado, para la fecha del fallecimiento del Agente Franco León Gómez Yela q.e.p.d. el 26 de enero de 1985, el régimen normativo aplicable de manera especial para el personal de la Policía Nacional, era el estipulado en el Decreto 2063 del 24 de agosto de 1984 “Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional”, que en el artículo 120 establecía el siguiente supuesto normativo:
“ARTÍCULO 120. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una indemnización equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98 del presente estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo del servicio del acusante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la categoría y tiempo de servicio del causante.” (subrayas fuera de texto)
De acuerdo con los apartes destacados de la norma transcrita, se observa que se exigió como único requisito para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de un Agente fallecido en simple actividad, que el uniformado hubiere cumplido quince (15) años o más de servicio en la entidad.
Por su parte, la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 46 establece que los beneficiarios del causante, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los siguientes casos:
“ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte;
(…).” (subrayas fuera de texto)
De acuerdo con el anterior precepto normativo, se exige como presupuesto para reconocer la pensión de sobreviviente en el régimen ordinario o general de pensiones, que el afiliado esté cotizando al sistema y que lo hubiere hecho por lo menos 26 semanas antes de su fallecimiento.
Respecto de la vigencia del sistema general de pensiones, el artículo 151 ídem, dispuso:
“ARTICULO. 151.- Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.
(…)”. (subrayas nuestras)
Según la anterior disposición normativa, el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 también conocida como Ley de Seguridad Social, comenzó a regirá a partir del 1° de abril de 1994.
Por su parte, el artículo 279 de la legislación analizada, excluyó expresamente a los miembros de la Fuerza Pública de la aplicación de las normas allí consignadas, al disponer:
“ARTICULO 279.- Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley (…).”
En lo que respecta al aporte jurisprudencial, esta Corporación decantó una tesis según la cual, la existencia de los regímenes especiales se justificaba, en la medida en que consagraban beneficios para un grupo determinado de personas, lo que conllevó a hacer una aplicación retrospectiva de los regímenes generales, entre ellos el de la Ley 100 de 1993, por resultar menos exigentes en términos de semanas de cotización, para el reconocimiento de las prestaciones sociales.
Es así como, mediante sentencia del 29 de abril de 2010, se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, aun cuando el fallecimiento había ocurrido en 1970. Esta posición había sido acogida para casos similares al presente, en los que se analizaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, a los beneficiarios de quienes habían fallecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aplicando de manera retrospectiva el régimen general, en virtud de los principios de favorabilidad e igualdad.
Sin embargo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de abril de 2013, rectificó la anterior postura, al estimar que el derecho a la pensión de sobrevivientes, se causa al momento en que ocurre el fallecimiento, por lo que son aplicables las normas vigentes para la época en que acontece tal hecho. En suma, se consideró que resolver un caso particular con fundamento en una disposición expedida con posterioridad a su acaecimiento, daría lugar a incurrir en violación a la regla de la irretroactividad de la ley en el tiempo.
En el citado fallo se efectuaron las siguientes consideraciones:
“La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en circunstancias especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho. El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y, por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994.”
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior.
Lo anterior, permite concluir que no se desvirtuó la legalidad del acto demandado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las consideraciones antes expuestas.” (subrayas y negritas fuera de texto)
Resulta evidente que esta Sección, rectificó su postura jurisprudencial al superar la aplicabilidad de los regímenes especiales, en vista de que se dejó sentada la postura según la cual, la pensión de sobrevivientes se causa al momento en que ocurre el fallecimiento, por lo que para la presente controversia, las normas que gobiernan la materia por el deceso del Agente Franco León Gómez Yela, eran las vigentes al 26 de enero de 1985, es decir, las consignadas en el Decreto 2063 de 1984, por lo que fue a partir del fallecimiento del Agente (F) cuando se consolidó el presunto derecho reclamado.
Esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar, que la ley sustancial posee la virtud de regir las situaciones que se presenten con posterioridad a su vigencia; y solo por excepción, rigen de manera retroactiva, para lo cual es necesario que dentro del cuerpo de la norma se realice la precisión al respecto, circunstancia que no se presenta para el caso de la Ley 100 de 1993, pues en consideración a lo normado en el artículo 151, empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994, sin que se haya realizado ninguna otra estipulación en ese sentido.
Acerca de la vigencia de las legislaciones a partir de su promulgación, resulta ilustrativo el siguiente precedente de la Corte Constitucional:
“Es al legislador a quien corresponde decidir el momento en el que la ley ha de empezar a regir, cuya potestad puede ejercer, expidiendo una ley especial en la que regule en forma genérica este asunto (siempre y cuando el mismo legislador no hubiera señalado en el texto de la ley respectiva la fecha de vigencia), o incluyendo en la misma un precepto donde expresamente señale la fecha en que ésta comienza a regir. De ahí que la potestad del legislador para establecer la fecha en que comienza la vigencia de la ley está limitada únicamente por los requerimientos del principio de publicidad, y de la otra, el deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación es un mandato imperativo para el Congreso y el Presidente de la República, cuando éste ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea. Bien puede ocurrir que una ley se promulgue y sólo produzca efectos algunos meses después, o que el legislador disponga la vigencia de la ley a partir de su sanción y su necesaria promulgación, en cuyo caso, una vez cumplida ésta, las normas respectivas comienzan a regir, es decir, tienen carácter de obligatorias.”
En vista de que por regla general las leyes tienen vigencia hacia el futuro, salvo que la misma contenga una excepcional vigencia, en el caso en estudio la legislación vigente para el fallecimiento del señor Agente Franco León Gómez Yela era la consignada en el Decreto 2063 de 1984, en vista de que la Ley 100 de 1993 ni siquiera había sido expedida, por lo que no es posible la aplicación del artículo 46 ídem, al caso sub judice como lo planteó la accionante.
2.4. Hechos probados
2.4.1. Copia del documento de identificación del señor Gomez Yela Franco León, en el que figura como fecha de nacimiento el 22 de mayo de 1953.
2.4.2. Registro Civil de Defunción expedido por la Notaría Novena del Círculo de Cali que acredita el fallecimiento del señor Gómez Yela Franco León, el día 29 de enero de 1985 en la ciudad de Cali Valle del Cauca, que dice “La muerte ocurrió en CARRETERA. LA CAUSA DE LA MUERTE FUE ESTALLIDO DE HÍGADO.i
2.4.3. Documento de identificación de la señora López Martínez Doris que acredita que nació el 25 de agosto de 1962.
2.4.4. Registro Civil de Matrimonio que acredita la unión marital llevada a cabo el 31 de diciembre de 1977 entre los señores Franco León Gómez y Doris López.
2.4.5. Copia del expediente prestacional del señor Gómez Yela Franco León, remitido por la Secretaría General de la Policía Nacional a la apoderada de la demandante, consta de 102 folios.
2.4.6. Documento de fecha marzo (sin día) 1985 expedido por la demandada denominado “CESE PARA PRESTACIONES SOCIALES”, en el que figura fecha de retiro: 26-01-85 POR DEFUNCIÓN (…) CORRESPONDIENTE A: AG GÓMEZ YELA FRANCO LEÓN.”
2.4.7. Informativo de carácter administrativo Nº 077 iniciado el 28 de enero y terminado el 1º de febrero de 1985, en el que figura el oficio Nº 00698 MINDI-C/744 del 6 de marzo de 1985, mediante el cual el Comandante (E) del Departamento de Policía Metropolitana de Cali informa al Jefe de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional en Bogotá, “el deceso ocurrió en servicio pero no por causa y razón del mismo”. En suma, la baja fue por defunción, estipulada como causal de retiro de la Policía Nacional.
2.4.8. Liquidación cesantías definitivas del Ag. GÓMEZ YELA FRANCO LEON, expediente Número 119885.
2.4.9. Resolución Nº 6747 del 30 de octubre de 1985 “Por la cual se reconoce Indemnización por muerte y Cesantía”, expedida por el Director General de la Policía Nacional, correspondiente al deceso del AG. GÓMEZ YELA FRANCO LEÓN el 26 de enero de 1985, por defunción con un total de servicio de 11 años, 08 meses y 24 días, acto expedido en favor de la esposa y en representación de sus tres hijos menores de edad.
2.5. Resolución del caso concreto
De acuerdo con el acontecer fáctico de la actuación procesal surtida, a la luz del material probatorio allegado al expediente de cara a la legislación y jurisprudencia analizada, la Sala de entrada anuncia la confirmación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Doris López Martínez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
La demandante interpuso el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual pretendió que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la Policía Nacional, que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, como cónyuge del Ag. Franco León Gómez Yela, quien falleció el día 26 de enero de 1985.
La Policía Nacional en la Resolución Nº 00810 del 26 de julio de 2007, negó el reconocimiento y pago de pensión por muerte a la señora Doris López Martínez como beneficiaria del Ag. (F) Franco León Gómez Yela, al esgrimir como fundamento de tal decisión, que la muerte del uniformado se produjo en el marco de los parámetros señalados en el artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, como quiera que el deceso fue calificado como muerte en servicio pero no por causa y razón del mismo y, que el uniformado fallecido había acumulado un total de tiempo de servicio activo de 11 años, 8 meses y 24 días, tal y como así lo acreditó el informe prestacional emitido por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, motivo por el cual no había alcanzado a cumplir el tiempo estipulado en la citada disposición legal para tal reconocimiento.
En términos generales la parte demandante alegó, que en el presente caso no era procedente la aplicación del marco normativo del Decreto 2063 de 1984 sino que, en procura de dar cumplimiento al principio de favorabilidad en materia laboral, la legislación que resultaba aplicable era la consignada en la Ley 100 de 1993, de la cual pidió su aplicación en forma retrospectiva y de otras legislaciones invocadas como vulneradas, refiriéndose al Decreto 3041 de 1966.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante el fallo impugnado, denegó la nulidad deprecada al considerar que razón le asistía a la entidad demandada al negar la pensión de sobreviviente, en vista de que en acatamiento de las líneas jurisprudenciales trazadas por esta Corporación, el derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente surge desde el momento en que ocurre el fallecimiento del causante lo que conlleva implícito la aplicación de la ley en el tiempo, en este caso, del Decreto 2063 de 1984; del mismo modo, negó la posibilidad de dar aplicación a la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva, en vista de que existía la norma especial para el caso en concreto.
Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la parte activa interpuso recurso de apelación en el que reafirmó el petitum de la demanda al cuestionar en síntesis lo siguiente: i) que se debe revocar el fallo de primera instancia, en aras de dar aplicación al artículo 53 Superior, en todo caso advirtió que era consciente que no se podía desconocer que el causante no cumplía con el requisito del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984; ii) pidió que en el sub judice la Sala mantenga el aporte jurisprudencial proferido por la Subsección A de esta Sección, fallo en el que se concedió el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes a pesar de que no se cumplía tampoco en dicho caso, con el requisito del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984; iii) mencionó que en la demanda, no se pidió solamente que se diera aplicación a la Ley 100 de 1993, sino también al artículo 5º y a los literales a) y b) del artículo 20 del Decreto 3041 de 1966.
Respecto del primer reproche, relativo a la revocatoria de la sentencia impugnada con el fin de dar cumplimiento al artículo 53 superior, en el sentido de que esta instancia judicial le debe reconocer a la demandante el derecho a la pensión de sobreviviente en aras de garantizarle el principio de favorabilidad laboral, la Sala no lo acoge por las siguientes razones:
Luego de revisado el material probatorio allegado al expediente, se encontró acreditado que el señor Franco León Gómez Yela (q.e.p.d.), falleció el día 26 de enero de 1985 a la edad de 32 años a causa de un accidente de tránsito, cuando se desempeñaba como Agente de la Policía Nacional, siendo retirado de la institución por defunción, a la que prestó sus servicios durante 11 años, 8 meses y 24 días.
En el informativo prestacional Nº 77 del 20 de febrero de 1985, que se adelantó con el fin de esclarecer los hechos acaecidos el 26 de enero de dicha anualidad en los que falleció el ex uniformado, en la parte resolutiva dispuso “Acoger el concepto emitido por el señor Oficial investigador, en el sentido de declarar que el DECESO DEL AG. GÓMEZ YELA FRANCO LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía Nº xxx, ocurrió en servicio pero no por causa y razón del mismo, ya (sic) el día y hora de los hechos se encontraba realizando actividades particulares. Hechos sucedidos el día 26 de enero de 1985, en la vía que del corregimiento Villagorgona conduce al municipio de Candelaria Valle”. (negritas nuestras)
Siendo así, este supuesto fáctico se encuadra en el presupuesto normativo del artículo 20 del Decreto 2063 de 1984, disposición que regula la situación particular del uniformado fallecido y que se encontraba vigente para ese momento.
Trayendo a colación el avance jurisprudencial de esta Sección al que ya se hizo referencia con antelación, en el sentido de que el reconocimiento para obtener la pensión de sobreviviente surge a partir del momento en que se hizo exigible este derecho, es decir, desde la fecha en que acaeció el fallecimiento del causante, no cabe duda que en el sub judice, estaba vigente el día 26 de enero de 1985 fecha en que falleció el Ag. Franco León Gómez Yela, el Decreto 2063 de 1984 que en el artículo 120 estableció:
“ARTÍCULO 120. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una indemnización equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98 del presente estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo del servicio del acusante.
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la categoría y tiempo de servicio del causante.”
Repárese que el literal c) del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, exigía 15 años o más de servicio como requisito para optar a la pensión mensual, con ocasión del fallecimiento de un Agente de la Policía Nacional que estuviera en actividad, pero no con ocasión del servicio, pues este supuesto fáctico se encontraba consignado en el artículo 121 ídem, que lo regulaba en forma autónoma.
Como quiera que según lo acreditó la Resolución Nº 6747 del 30 de octubre de 1985 “Por la cual se reconoce Indemnización por Muerte y Cesantía”, el señor Ag. Gómez Yela Franco León prestó sus servicios a la Policía Nacional durante 11 años, 8 meses y 24 días, resulta evidente que no cumplió el tiempo mínimo de servicio de 15 años, por lo que era improcedente el reconocimiento de la pensión, tal y como así lo consignaron los actos administrativos demandados.
De allí, que no erró la entidad demandada, al aplicar el régimen especial vigente para la fecha del deceso del señor Gómez Yela, consagrado en el artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, norma que disponía que para la muerte en simple actividad, los beneficiarios del Agente fallecido tendrían derecho a que el Tesoro Público les pague una indemnización equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98, al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante, y si hubiere cumplido 15 o más años de servicio, a que se le reconozca y pague una pensión mensual, liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la categoría y tiempo de servicio del causante.
Según el acopio probatorio recaudado, a los beneficiarios del causante ex uniformado de la Policía Nacional, le fueron pagados los emolumentos a que se refieren los literales a) y b) del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, relativos a la Indemnización y Cesantía, pero no la pensión del literal c), por no reunir el tiempo mínimo de 15 años de servicio en la institución.
De tal manera que, en el presente caso operó de manera objetiva un supuesto fáctico –incumplimiento del artículo 120 del Decreto 2063 de 1984-, que impide el reconocimiento del principio de favorabilidad laboral del artículo 53 constitucional, motivo por el cual no es susceptible pregonar aportes jurisprudenciales, cuando lo cierto es que el tema ya había sido rectificado por esta misma Sección mediante sentencia del 25 de abril de 2013, en la que en forma puntual se aclaró que la demandante en dicho proceso no tenía derecho a acceder a la pensión de los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados por la muerte de su cónyuge se consolidaron con su fallecimiento, estando en vigencia la normatividad anterior, esto es, el Decreto 2063 de 1984.
En cuanto al segundo argumento de discrepancia, relativo al desconocimiento del precedente jurisprudencial trazado por la Subsección A mediante fallo del 3 de marzo de 2015 radicación número 05001-23-33-000-2012-00772-01 M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, la apelante pidió que las motivaciones consignadas en dicho fallo sean aplicadas en el presente caso, adicional a que se debía tener presente que el incumplimiento del requisito legal no fue por voluntad del causante, sino por su deceso estando en servicio activo.
En efecto en dicho precedente se consignó:
“Dentro del plenario está probado que el Sr. Luís Eduardo García Orrego al momento de su muerte -el 21 de diciembre de 1987- contaba con 14 años 4 meses 16 días al servicio de la Policía Nacional que, con los tres meses de alta que deben ser tenidos en cuenta para efectos de prestaciones sociales, se extendieron hasta el 21 de marzo de 1988, para un total de 14 años 7 meses 16 días, que equivalen al 98% del 100% que representan los quince (15) años de servicio.
Considerando que el juez debe estar inspirado al momento de realizar la interpretación normativa por principios de justicia material y no formal, y que conforme el criterio auxiliar de equidad, éste se encamina a evitar la arbitrariedad y la injusticia que se pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular, cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal, para la Sala es claro que si del 100% de la exigencia legal aplicable para este caso (15 años de servicio), el causante y cónyuge de la accionante alcanzó a cumplir el 98% (14 años 7 meses 16 días), no existe justificación real alguna que invalide el derecho a otorgarle el reconocimiento pensional bajo el régimen especial dispuesto en el aludido decreto, máxime que el ínfimo 2% restante, representado en escasos 4 meses 14 días, no lo alcanzó a cumplir por un simple capricho o decisión suya, sino por el acaecimiento de un hecho fortuito como es la muerte.
Aunado a lo anterior, como está acreditado que la demandante y cónyuge supérstite del causante en la actualidad cuenta con 77 años de edad, al haber nacido en 1948, es diáfano que la hace merecedora de una protección especial, conforme lo ha estimado nuestro Tribunal Constitucional en su profusa jurisprudencia, de ahí que dejarla en el vacío al negarle la pensión de sobrevivientes, a pesar de las particularidades reseñadas, sería exponerla a condiciones de indignidad por una lectura literal y árida de la norma, comprometiendo su derecho a la seguridad social y a su mínimo vital que, por supuesto, ofendería su derecho esencial a una vida digna.” (Subrayas fuera de texto)
La Sala no acoge el anterior reproche, por cuanto si bien es cierto en dicho precedente se efectuaron las consideraciones con fundamento en las cuales la apelante interpretó que el Agente Franco Gómez, al haber laborado en la Policía Nacional durante 11 años, 8 meses y 24 días, en términos de porcentaje y para ponerla a tonto con el precedente judicial invocado, equivale al 78.2% del 100% que representan los 15 años de servicio exigidos en el artículo 120 del Decreto 2063, igualmente lo es que las respetables motivaciones del fallo del año 2015, se dieron en el marco de una situación particular y concreta, pero que no pueden tenerse como criterio de interpretación por vía de analogía, máxime cuando el tema de la aplicación del régimen particular o especial frente al general de la Ley 100 de 1993, ya fue rectificado por esta Sección, tal y como ya se comentó ut supra.
En todo caso, se quiere dejar de presente que la Sala no pone en entre dicho los ponderados análisis efectuados en la sentencia del 3 de marzo de 2015, pero lo cierto es que, dada la diferencia en cuanto al tiempo que faltaba para cumplir los 15 años de servicio en la institución y las condiciones de avanzada edad de la demandante, no se pueden equiparar los supuestos de dicho precedente y pretender que operen de la misma manera en el sub lite.
Por tanto, se está ante dos posturas jurídicas que tienen respaldo legal, pero que en virtud de la rectificación jurisprudencial en el sentido de que el derecho a la pensión de sustitución pensional, debe consultar los requisitos exigidos en la legislación vigente a la ocurrencia del fallecimiento del Agente de la Policía Nacional, no es acogida la anterior inconformidad de la impugnación, por tratarse de un asunto ya superado a nivel jurisprudencial.
El último argumento de inconformidad esgrimido en la apelación, fue el relativo a que en la demanda no sólo se pidió la aplicación de la Ley 100 de 1993, sino también la de los artículos 5º y los literales a) y b) del artículo 20 del Decreto 3041 de 1966 -legislación que si estaba vigente a la fecha del fallecimiento del causante en el año 1985-.
Según la apelante, el fallecido Agente Franco Gómez llevaba más de 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez o 300 semanas en cualquier época, razón por la que, al haberse cumplido los anteriores requisitos legales, era procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en favor de la señora Doris López Martínez.
Una vez más la Sala no acoge la anterior inconformidad como quiera que, no obstante encontrarse vigente el Decreto 3041 de 1966 para la fecha de fallecimiento del señor Ag. Franco León Gómez Yela, no es posible aplicarlo al sub examine por cuanto la impugnante pierde de presente, que esta legislación no cobijaba al demandante, dada su condición de Agente de la Policía Nacional que lo ubicaba en un régimen particular y autónomo y no en el de la generalidad de los trabajadores públicos.
En efecto, el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 “Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”, expedido por el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio del Trabajo, estableció en las disposiciones normativas pregonadas por la apelante, lo siguiente:
“ARTICULO 5o. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:
a. Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90 de 1948;
b. Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años.
(…)
ARTICULO 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
a. Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5o para el derecho a pensión de invalidez;
b. Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.” (subrayas fuera de texto)
Las anteriores preceptivas normativas no pueden ser aplicadas para el caso en estudio, dada la expresa exclusión de las disposiciones de esta legislación frente a regímenes especiales, tal y como así lo consignó el mismo decreto al definir el campo de aplicación de esta legislación, al establecer lo siguiente:
“ARTICULO 1o. Estarán sujetos al Seguro Social obligatorio contra los riesgos de invalidez y muerte de origen no profesional y contra el riesgo de vejez;
a. Los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley o por el presente reglamento;
b. Los trabajadores que presten servicios a entidades empresas de derecho público semioficiales o descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal expresa;
c. Los trabajadores que mediante, contrato de trabajo presten servicios a entidades de derecho público, en la construcción y conservación de las obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos o forestales, que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de los cuales sean accionistas o copartícipes;
(…)” (Subrayas fuera de texto)
En vista de que el literal b) del artículo 1º del Decreto 3041 de 1966, contempló la existencia de regímenes especiales que excluyen de las disposiciones de esta legislación, a los trabajadores de entidades de derecho público como en este caso sucede con el causante quien falleció estando al servicio de la Policía Nacional que posee una regulación especial para efectos prestacionales, no es posible la aplicación de la legislación general de pensiones que consignaba el Decreto del año 1966 como lo pregona la impugnante.
Por otra parte, se observa que la apoderada de la accionante afirmó “en el sistema general de pensiones actualmente, conforme al art. 12 de la ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de sobrevivientes se exigen tan solo 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha del fallecimiento”, argumento que no fue planteado en el libelo introductorio de la demanda, razón por la cual en la contestación de la demanda la Policía Nacional no tuvo la oportunidad de pronunciarse y, por ende, tampoco lo hizo el a quo, motivo que obliga a esta instancia a abstenerse de pronunciar pues de hacerlo pretermitiría la primera instancia y por ende, incurriría en violación al debido proceso.
Finalmente citó la impugnante, como fundamento de su petición de reconocimiento del principio de favorabilidad laboral para que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes a la demandante, una sentencia de tutela y una sentencia de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, mediante las cuales se otorgó este derecho con el fin de garantizar el mínimo vital y evitar que los familiares del causante queden inmersos en el desamparo y abandono económico, bajo criterios de justicia y equidad, debido a las enfermedades que padece la demandante y porque carece de otras fuentes de ingreso.
Al respecto se tiene que dada la fecha de expedición de los procedentes jurisprudenciales en el año 2011, resulta evidente que para dicha fecha no existía una tesis rectificada y unificada en torno al tema en discusión, por lo que no pueden servir de parámetro de comparación. En todo caso, la Sala lamenta la compleja situación de la demandante, pero se encuentra limitada frente al incumplimiento de las exigencias legales para el reconocimiento de la sustitución pensional.
En vista de que no es procedente acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, aplicando lo establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se estaría desconociendo el principio de irretroactividad de la ley establecido en la Ley 153 de 1887 y, porque en forma expresa el Decreto 3041 de 1966 no cobijaba la situación pensional del causante, la Sala confirmará la providencia de la primera instancia tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva del presente fallo.
2.5. Sobre la condena en costas
Por último, en lo que respecta a la condena en costas impuesta por el a quo a la parte demandante, estima la Sala pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandante.
Empero, se considera que conforme la prueba documental que obra en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado de la entidad demandada, haya generado otro tipo de gastos, esto es, que las agencias en derecho se causaron. Siendo así, la Sala procederá a revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a la parte demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMASE la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora Doris López Martínez, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
SEGUNDO. - REVÒCASE la condena en costas impuesta a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) En comisión de servicios
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 132-155 Cuaderno Principal 1
Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional
Sentencia del 14 de agosto de 2009 radicación número 08001-23-31-000-2005-03074-01 (2249-08) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y Sentencia de 2 de octubre de 2008 radicación número 25000-23-25-000-2002-06050-01 (0363-08) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
Sentencia C-461 de 1995, sentencia C-182 de 1997
Folios 177-189 C.P. 1
Sentencia del 18 de agosto de 2011 radicación número 190012331000200800258-01 M.P. Bertha Lucía Ramírez de Pérez
Folios 278-282 C.P. 1 CD obrante a folio 277
Folios 310-317 C.P. 1
Folios 324-331
Sentencia del 3 de marzo de 2015 radicación número 05001233300020120077201 M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Transcribió apartes de las sentencias T-584 de 2011 y C-539 de 2011
Folios 366-371 C.P. 1
Folio 372 C.P. 1
Folio 353 C.P. 1
De fecha 17 de julio de 2018 folio 372 C.P. 1
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Folios 109-110 C.P. 1
Folio 125 C.P. 1
Folio 126 C.P. 1
El Decreto 2063 de 1984 fue expresamente derogado por el artículo 179 del Decreto 97 de 1989 Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Agentes de la Policía Nacional, en todo caso mantuvo su vigencia entre el 24 de agosto de 1984 y el 11 de enero de 1989
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Eulalia Guerrero de Orjuela: “(…) Si bien alega la demandada la imposibilidad jurídica de aplicar retroactivamente el contenido de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 a un hecho sucedido con anterioridad a su expedición, como lo fue la muerte del Agente ocurrida el 6 de octubre de 1970, debe precisar la Sala que en materia laboral y por virtud del principio de favorabilidad se admite la aplicación retrospectiva de la Ley, tal como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades e incluso la Corte Constitucional, quien ha señalado particularmente en materia pensional que la norma más favorable se aplique retrospectivamente, por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una Ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho bajo la Ley antigua.(…)”.
Ver: Consejo de Estado. Sección Segunda. Magistrado Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11). Actor: María Bernarda Ramos Pedroza. Sentencia 1 de noviembre de 2012.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Magistrado Ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación No. 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09) Actora: María Emilsen Larrahondo Molina. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
“Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, Consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06)”.
“Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
“Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.”
“Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese, además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
Sentencia C-215 de 1999
Folio 2 C.P. 1
Folio 3 C.P. 1
Folio 4 C.P. 1
Folio 5 C.P. 1
Folios 6-108 C.P: 1
Folio 7 C.P. 1
Folios 17, 49, 51, 52 C.P. 1
folio 53 C.P. 1
Folio 55 C.P. 1
Sentencia del 3 de marzo de 2015 radicación número 05001233300020120077201 M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Folio 49 C.P. 1
Folio 57 C.P.1
ARTÍCULO 98. BASES DE LA LIQUIDACIÓN. A partir de la vigencia del presente decreto, a los Agentes de la Policía Nacional que se retiren o sean retirados del servicio activo se les liquidarán las prestaciones sociales, sobre las siguientes partidas, así:
Cesantía y demás prestaciones unitarias, sobre:
Sueldo básico
Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
Prima de antigüedad
Una doceava parte (1/12) de la prima de Navidad.
Subsidio Familiar.
Asignaciones de retiro y pensiones, sobre:
Sueldo básico
Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
Prima de antigüedad
Una doceava parte (1/12) de la prima de Navidad.
Subsidio Familiar, liquidado conforme lo dispuesto en el artículo 41 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicas señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en este estatuto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales, salvo lo dispuesto en el parágrafo 2o., del artículo 65 de este estatuto.
Mediante Resolución 6747 del 30 de octubre de 1985.
Radicación No. 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero
De acuerdo con la Sentencia C- 083 del 1° de marzo de 1985 M.P. Carlos Gaviria Díaz, se entiende por analogía la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma.
Transcribió apartes de las sentencias T-584 de 2011 y C-539 de 2011
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
Número interno: 0258-2018
Demandante: Doris López Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
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