Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01815-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01815-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-01815-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Temas: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes - Decreto 2063 de
1984 - Decreto 3041 de 1966 - Ley 100 de 1993 - Equidad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 13 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Gretty Arenas Robledo, por conducto
de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Oficios: i) S-2015-347208/ARPRE-GROIN-1.10 del 26 de noviembre de
2015, que le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada en
1 Folios 3 a 23.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
en calidad de cónyuge del fallecido agente de la Policía Nacional, Jorge Antonio
Novoa Guevara; y ii) S-2016-140272/ARPRE-GROIN-1.10 del 20 de mayo de 2016,
que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión. Los
mencionados actos fueron proferidos por la Secretaría General de la Policía
Nacional.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
a lo siguiente: i) reconocer la pensión de sobrevivientes, efectiva a partir del 18 de
agosto de 1987, en cuantía del 75% del ingreso percibido por el causante durante
el último año de servicio, actualizado con base en el IPC;2 ii) pagar los intereses
moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) cumplir la sentencia
que ponga fin al proceso en los términos de los artículos 187 a 195 del CPACA; iv)
sufragar los intereses moratorios a que haya lugar, según los artículos 192 y 195
del CPACA: y v) reconocer las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:
i) El señor Jorge Antonio Novoa Guevara estuvo vinculado como agente de la
Policía Nacional, entre el 29 de agosto de 1980 y el 19 de agosto de 1987, pues en
esa última fecha ocurrió su fallecimiento.
ii) El referido exservidor y la demandante conformaron una unión marital de hecho
desde el 17 de enero de 1979 y contrajeron matrimonio el 30 de julio de 1983;
además, convivieron hasta el momento de la muerte del señor Novoa Guevara y
procrearon 3 hijos.
2 Índice de Precios al Consumidor.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
iii) La señora Gretty Arenas Robledo es una persona inválida, ya que tiene una
pérdida de la capacidad laboral del 35.17% y requiere de la pensión de
sobrevivientes ahora pretendida para poder vivir dignamente.
iv) El 27 de octubre de 2015, la demandante peticionó el reconocimiento de la
referida prestación, pero fue negada a través de los oficios demandados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13, 42, 48 y 53 de la Constitución Política; y
el Decreto 3041 de 1966.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso lo
siguiente:
i) La entidad demandada negó la pensión de sobrevivientes a la accionante, en
razón a que el Decreto 2063 de 1984 exige para su reconocimiento que el causante
hubiera prestado sus servicios durante 15 años o más; sin embargo, el señor Jorge
Antonio Novoa Guevara no alcanzó a completar dicho tiempo.
ii) Los miembros de la fuerza pública gozan de un régimen especial de pensiones;
sin embargo, en lo que respecta a la pensión de sobrevivientes debe acudirse a los
mandatos generales del Decreto 3041 de 1966 por ser más favorables para la
actora, ya que solamente exige 150 semanas de cotización durante los 6 años
anteriores al fallecimiento o 300 semanas en cualquier tiempo, requisitos que fueron
acreditados por el mencionado agente.
iii) Acudir a la normativa general permite materializar los derechos a la seguridad
social, igualdad, mínimo vital y condición más beneficiosa para el trabajador.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
La apoderada de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda y esgrimió las siguientes razones de defensa:3
i) El señor Jorge Antonio Novoa Guevara prestó sus servicios a la Policía Nacional
durante 5 años, 9 meses y 20 días y murió el 19 de agosto de 1987 en simple
actividad, por ende, las prestaciones sociales a que tienen derecho sus beneficiarios
se rigen por el Decreto 2063 de 1984.
ii) La referida norma prevé que la pensión de sobrevivientes para los familiares de
los miembros de la fuerza pública que fallecen en simple actividad solamente puede
reconocerse cuando el causante acreditó por lo menos 15 años de servicio, requisito
que no se cumple en este asunto y, por lo tanto, no es posible acceder a dicha
prestación.
iii) No es viable reconocer la pensión de sobrevivientes al amparo de la Ley 100 de
1993, por cuanto no se encontraba vigente para la fecha de fallecimiento del
mencionado agente. Además, dicha disposición excluye de su ámbito de aplicación
a los miembros de la Policía Nacional.
iv) Se proponen las siguientes excepciones: 1) presunción legal de los actos
administrativos; y 2) innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de agosto
de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4
i) La accionante no tiene derecho a que se le aplique el Decreto 3041 de 1966, pues
este no se dirige a los miembros de la Fuerza Pública, sino a los afiliados al Instituto
3 Folios 93 a 105.
4 Folios 254 a 262.
4
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
de los Seguros Sociales, pero el señor Jorge Antonio Novoa Guevara no efectuó
aportes a ese fondo.
ii) La pensión de sobrevivientes reclamada se rige por el Decreto 2063 de 1984,
cuyo carácter es especial y debe atenderse en integridad, por ende, solamente
puede decretarse la pensión de sobrevivientes cuando el exservidor laboró en la
Policía Nacional por un lapso mínimo de 15 años, presupuesto que no se cumple
en el sub lite.
iii) La señora Gretty Arenas Robledo invocó varios antecedentes jurisprudenciales,
pero estos no guardan similitud fáctica con el presente asunto, ya que en esos casos
se reconoció la pensión de sobrevivientes con base en el Decreto 2063 de 1984,
porque los causantes habían fallecido con un tiempo de servicio de más de 14 años
y el Consejo de Estado5 atendió a criterios de justicia y equidad para considerar
que, como se había demostrado más del 98% del requisito, era procedente decretar
la prestación.
iv) En contraste, el señor Novoa Guevara solamente estuvo vinculado a la Policía
Nacional durante aproximadamente 5 años, es decir, que no le faltaban pocos
meses para alcanzar los 15 años de servicios. De modo que su situación no es
equiparable a los antecedentes jurisprudenciales citados en la demanda.
v) El agente del Ministerio Público y la parte demandada en sus escritos
mencionaron la Ley 100 de 1993, pero no es posible ahondar en el análisis de esta
disposición porque el debate no ha girado en torno a la aplicación de esa norma.
1.4. El recurso de apelación
La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en
5 El a quo citó las siguientes sentencias; i) del 3 de marzo de 2015, radicado 05001-23-33-000-2012-00772-01 (0328-2014);
ii) del 13 de julio de 2006, N.° Interno 5116-2005.
5
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
los siguientes argumentos:6
i) En la demanda no se invocó la Ley 100 de 1993, porque el Consejo de Estado y
la Corte Constitucional han explicado que la pensión de sobrevivientes se reconoce
con base en norma que vigente para la fecha del fallecimiento del causante.
ii) El a quo «bien pudo aplicar al caso en estudio lo reglado por la Ley 100 de 1993,
en aras de garantizar los derechos fundamentales de mi representada que como se
indicó es una persona en condición de discapacidad y con más de 60 años de
edad».
iii) Se encuentra demostrada la afectación al derecho a la igualdad, ya que el
Decreto 2063 de 1984 solo permite otorgar la pensión de sobrevivientes cuando el
miembro de la Policía Nacional laboró durante por lo menos 15 años. Por su parte,
el Decreto 3041 de 1966 permitió conceder dicha prestación cuando el causante
hubiera cotizado 150 semanas en los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 en
cualquier tiempo. A su turno, la Ley 100 de 1993 únicamente exigió 25 semanas y
esta disposición puede aplicarse cuando resulta más favorable en comparación con
los regímenes especiales.
iv) En aras de materializar los principios de favorabilidad, justicia y equidad, así
como el derecho a la seguridad social, debe reconocerse la pensión de
sobrevivientes con base en el Decreto 3041 de 1966 o en la Ley 100 de 1993, pues
el señor Jorge Antonio Novoa Guevara laboró durante más de 6 años y, por lo tanto,
cumple con la densidad de semanas exigida en dichas normas.
v) Subsidiariamente, debe acogerse el criterio de equidad fijado por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en casos análogos al presente,7 teniendo en cuenta
la finalidad que cumple la pensión de sobrevivientes, que la actora tiene 59 años de
6 Memorial visible en el expediente digital allegado a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
7 La apelante invocó las siguientes sentencias proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 3
de marzo de 2015, radicado 05001-23-33-000-2012-00772-01 (0328-2014); ii) del 24 de agosto de 2017, radicado: 41-001-
23-33-000-2013-00216-01 (0618-2015).
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
edad, ha perdido su capacidad laboral en el 35.17% y carece de los medios para
proveer por su congrua subsistencia, pues dependía económicamente de su
cónyuge.
vi) La vinculación laboral del agente Novoa Guevara equivale «al 45.9% del 100%
que representan los 15 años de servicios, adicional a ello, el causante no alcanzó a
cumplir los 15 años por decisión suya, sino por su deceso en servicio activo».
Tampoco se presentaría un desequilibrio financiero del sistema de pensiones, por
cuanto se acreditaron 354.28 semanas de cotización.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
La accionante y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se abstuvieron
de intervenir ante esta corporación.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional le reconozca la pensión de
sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento del agente Jorge Antonio
Novoa Guevara.
2.2. Marco normativo
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
El recuento jurídico se efectuará a partir de la norma vigente para el momento de la
muerte del señor Jorge Antonio Novoa Guevara, en armonía con las disposiciones
invocadas por la actora.
Sea lo primero precisar que, dentro de un sistema integral de protección del derecho
a la seguridad social, en pensión, la inclusión del riesgo por muerte se configura en
uno de sus pilares fundamentales, cuyo objeto no es otro que el de amparar a los
beneficiarios de un afiliado o pensionado, de tal forma que la ocurrencia de su
deceso no implique, además, la pérdida de los recursos con los que su grupo familiar
se sostenía en condiciones dignas.
Es así como el Decreto 3041 de 1966, por el cual se aprueba el reglamento general
del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, en su artículo 20 reguló
las prestaciones en caso de muerte, en los siguientes términos:
Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a
pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
a. Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones
de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5 para el
derecho a pensión de invalidez;
b. Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de
vejez según el presente reglamento.
El artículo 5 al que alude la anterior disposición es del siguiente tenor:
Artículo 5. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las
siguientes condiciones:
a. Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90
de 1948;
b. Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis
(6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben
corresponder a los últimos tres (3) años.
En este orden de ideas, conforme a los artículos 5 y 20 del Decreto 3041 de 1966,
la pensión de sobrevivientes se reconoce cuando el causante cotizó 150 semanas
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dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento, de las cuales 75 deben corresponder
a los últimos 3 años.
A su turno, la norma del régimen especial vigente para la época del fallecimiento del
señor Novoa Guevara, era el Decreto 2063 de 19848, por el cual se reorganiza la
carrera de Agentes de la Policía Nacional, que fue proferido por el presidente de la
República en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1983
y, en cuyo artículo 120, contempló la pensión de sobrevivientes por muerte en
simple actividad, como sigue:
Artículo 120. Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente
estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:
[…]
c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por el
Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta
en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la categoría y tiempo de
servicio del causante.
Ahora bien, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, el legislador
expidió la Ley 100 de 1993, por la cual organizó el sistema de Seguridad Social
integral, cuyo objeto, respecto del régimen de pensiones, fue garantizar a la
población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones allí
determinadas.
Así, el artículo 46 ibidem, antes de la modificación efectuada por la Ley 797 de 2003,
reguló la pensión de sobrevivientes de la siguiente manera:
Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
8 Norma vigente para la fecha de deceso del causante, ocurrido el 19 de agosto de 1987. El régimen pensional de los
miembros de la Fuerza Pública en la actualidad se encuentra regulado por la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004;
sin embargo, la Sala se abstendrá de ahondar en sus lineamientos, por cuanto se expidieron con posterioridad al
fallecimiento del agente Jorge Antonio Novoa Guevara.
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en
que se produzca la muerte.
[…]
En referencia con la normativa transcrita, la Sección Segunda ha precisado que
prevé dos supuestos de hecho claramente diferenciables:9
El primero hace alusión a la prestación que se deriva de la muerte de quien ya está
pensionado sea por vejez o invalidez, la cual podría denominarse sustitución
pensional, toda vez que no se genera una prestación nueva, sino que se trata de la
misma que se pagaba al fallecido. Este supuesto está contemplado en el ordinal 1
del artículo 46.
El segundo se refiere a la prestación que reciben los beneficiarios con ocasión del
deceso de quien no era pensionado, que corresponde a la definición de pensión de
sobrevivientes, y en la que se trata de una nueva prestación de la cual no gozaba
el causante, supuesto normativo que encaja en la previsión del ordinal 2 ibidem.
Así las cosas, con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas
especiales existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de
Seguridad Social la denominada pensión de sobrevivientes que también prevé la
sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido.
Esta corporación, durante una época,10 permitió efectuar una aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para preferirla frente a los regímenes
9 SUJ-016-CE-S2 de 2019.
10 Puede consultarse la sentencia del 12 de mayo de 2011, radicado 05001-23-31-000-2004-05492-01 (2711-2008).
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especiales, como el establecido en el Decreto 2063 de 1984, por resultar más
favorable a los intereses del trabajador y sus beneficiarios.
Sin embargo, esta postura fue rectificada mediante sentencia del 25 de abril de
2013,11 al estimar que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al
momento en que ocurre el fallecimiento y que, por ello, son aplicables las normas
vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, de manera que al resolver un
caso con fundamento en una disposición expedida con posterioridad, se estaría
incurriendo en violación a la regla de la irretroactividad de la ley. El fundamento de
la Sección para modificar su criterio fue el siguiente:
La jurisprudencia de esta Corporación12 ha considerado que en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas
garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable
que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en
cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al
momento en que se habría causado el derecho. El derecho a la pensión de
sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en
el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que
hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las
que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando
se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho
reclamado. La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de
sobrevivientes solicitado por la accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994,
de conformidad con lo previsto en su artículo 151 […].
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del
señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su
fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se
pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que
se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y,
solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra,
el contenido de la ley debe precisar lo pertinente […].
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001233100020070161101 (1605-09).
12 “Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación
No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ
ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR
HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06)”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se
consolidaron en vigencia de la normatividad anterior13, la que exigía el requisito de
tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era
viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 201014 y noviembre 1º de 201215, en las que,
en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior. [Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, en materia de reconocimiento
de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe aplicar es la que esté vigente al
momento en que se habría consolidado el derecho, es decir, la que rige a la fecha
del fallecimiento del causante.16
Es pertinente aclarar que el Consejo de Estado no ha dejado de atender el principio
de favorabilidad para aplicar el régimen general cuando las disposiciones especiales
resultan lesivas a los derechos fundamentales de los asociados, sino que ha
explicado que ello solo es posible cuando la normativa general se encontraba
13 “Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
14 “Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en
la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de
que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.”
15 “Reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que
el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó
el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con
la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se
resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos
los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior,
resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se
haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen
anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1
de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
16 Esta postura se ha reiterado, entre otras, en las siguientes sentencias: i) del 23 de octubre de 2014, radicado 54001-23-
33-000-2013-00149-01 (0673-14); ii) del 9 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2011-01929-01(0625-14); iii) del
27 de abril de 2017, radicado 05001-23-33-000-2012-00573-01 (3734-13); iv) del 15 de junio de 2017, radicado 05001-23-
33-000-2013-00844-01 (4880-14); v) del 14 de septiembre de 2017, radicado 54001-23-31-000-2011-00496-01(1102-14);
vi) del 11 de abril de 2018, radicado 05001-23-33-000-2013-00895-01(3374-15); vii) del 18 de mayo 2018, radicado 70001-
23-31-000-2007-00224-01 (4061-15); viii) del 4 de julio de 2019, radicado 54001-23-31-000-2012-00284-01 (4531-2014);
ix) del 23 de enero de 2020, radicado 73001-23-33-000-2014-00376-01 (2738-16); y x) del 24 de agosto de 2023, radicado
05001-23-33-000-2016-01215-01 (0573-2022).
12
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
vigente para el momento en que ocurren los hechos sobre los cuales se edifican las
pretensiones.17
La anterior postura atiende al principio de la aplicación de la ley en el tiempo,18
conforme lo preceptúan las Leyes 4 de 191319 y 153 de 1887,20 lo cual se traduce
en la irretroactividad de la ley, esto es, que la norma nueva rige todos los hechos y
actos que se produzcan a partir de su vigencia y hacia futuro.
Por lo tanto, la fecha de entrada en vigencia de una ley define el límite temporal a
partir del cual esta produce efectos jurídicos y se vuelve obligatoria. De esta manera
se salvaguardan los principios de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y
respeto de los derechos adquiridos.
En consecuencia, los hechos, derechos y relaciones jurídicas consolidadas en
vigencia de la ley anterior, así como las consecuencias derivadas de aquella, se
respetan y mantienen bajo la nueva legislación.21
De igual manera, las situaciones jurídicas que no se alcanzaron a consolidar en
vigencia de la ley anterior se regirán por la nueva ley, puesto que los derechos no
consolidados conforme a la ley son meras expectativas, las cuales no gozan de
protección alguna en el entendido de que solo son probabilidades de tener algún día
un derecho.
2.3. Hechos probados
17 A modo de ejemplo, puede consultarse la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 en la que se fijó la siguiente
regla: «Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios
de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio
militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993 […]». Radicado
81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) - Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018.
18 Sentencia C-619 del 2001, proferida por la Corte Constitucional.
19 Código de Régimen Político y Municipal.
20 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.
21 Al respecto se puede consultar el concepto del 21 de agosto de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación, radicado: 11001-03-06-000-2013-00011-00.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
• El 30 de julio de 1983, contrajeron matrimonio los señores Jorge Antonio Novoa
Guevara y Gretty Arenas Robledo, conforme se indica en el respectivo registro.22
• El 19 de agosto de 1987, falleció el señor Novoa Guevara, según consta en el
registro de defunción.23
• El 3 de noviembre de 1987, por Hoja de Servicios 4264, la Secretaría General de
la Policía Nacional hizo constar que el señor Novoa Guevara se vinculó a dicha
institución de la siguiente forma:24
NOVEDAD DISPOSICIÓN FECHAS TIEMPO
NÚMERO Y AÑO DE. A. A. M. D.
AG. ALUMNO Res. 3183-80 17-MZ-80 28-AG-80 00 05 11
AGENTE Res. 7453-80 29-AG-80 …………
RETIRO Res. 5622-87 ………… 19-AG-87 06 11 20
ALTA TRES MESES Res. 5622-87 19-AG-87 19-NV-87 00 00 00
SUBTOTAL: 07 05 01
DEDUCCIÓN Res. 6101-83 25-NV-83 10-AG-84 00 08 15
DIF. AÑO LABORAL Dto. 2063-84 A. 156 00 01 04
TOTAL SERVICIOS 06 09 20
SON: SEIS (06) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.-
• El 12 de noviembre de 1987, el comandante del Departamento de Policía Valle
declaró que la muerte del agente Jorge Antonio Novoa Guevara «se produjo en
servicio, pero no por causa y razón del mismo».25
• El 27 de octubre de 2015, la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes por
el fallecimiento de su esposo Novoa Guevara.26
• El 26 de noviembre de 2015, por Oficio S-2015-347208/ARPRE-GROIN-1.10, la
Secretaría General de la Policía Nacional negó la referida solicitud, toda vez que el
causante acumuló un tiempo de servicio de 5 años, 9 meses y 20 días, esto es,
22 Folio 27.
23 Folio 26.
24 Folio 120.
25 Folios 156 a 157.
26 Folios 41 a 43.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
inferior a los 15 años que exige el Decreto 2063 de 1984 para reconocer la pensión
de sobrevivientes.27
• El 20 de mayo de 2016, mediante Oficio S-2016-140272/ARPRE-GROIN-1.10, la parte
demandada resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión
y reiteró la postura de la administración frente a la imposibilidad de otorgar la
pensión de sobrevivientes reclamada. También se indicó que no era viable acudir a
la Ley 100 de 1993 porque no estaba vigente para la fecha de la muerte del causante
y, en todo caso, la aplicación del régimen especial no vulnera los principios de
favorabilidad e igualdad.28
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los motivos de inconformidad de la demandante expuestos en el recurso de
apelación se contraen a señalar que la pensión de sobrevivientes derivada del
fallecimiento del agente Jorge Antonio Novoa Guevara puede ordenarse al amparo
de una cualquiera de las siguientes fuentes normativas y auxiliares de
interpretación: i) Decreto 3041 de 1966; ii) Ley 100 de 1993; y iii) Decreto 2063 de
1984, en atención al criterio de equidad que se ha aplicado jurisprudencialmente. A
continuación, se abordarán cada uno de estos argumentos.
2.4.1. Aplicabilidad del Decreto 3041 de 1966
El artículo 1 del Decreto 3041 de 1966 dispuso que la norma tendría el siguiente
ámbito de aplicación:
Artículo 1. Estarán sujetos al Seguro Social obligatorio contra los riesgos de invalidez
y muerte de origen no profesional y contra el riesgo de vejez;
a. Los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo
presten servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean
expresamente excluidos por la ley o por el presente reglamento;
27 Folios 44 a 45.
28 Folios 46 a 51.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
b. Los trabajadores que presten servicios a entidades empresas de derecho público
semioficiales o descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal
expresa;
c. Los trabajadores que mediante, contrato de trabajo presten servicios a entidades
de derecho público, en la construcción y conservación de las obras públicas y en las
empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos o forestales,
que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de los cuales sean
accionistas o copartícipes;
d. Los trabajadores que presten servicios a un sindicato para la ejecución de un
contrato sindical, caso en el cuál la entidad profesional se entiende patrono de los
trabajadores.
De acuerdo con la anterior transcripción, en este caso no resulta aplicable el Decreto
3041 de 1966, pues esta norma no comprende a los suboficiales de la Policía
Nacional como destinatarios de su cobertura (Seguro Social obligatorio), en razón
a que ostentan un régimen especial y, además, por cuanto es distinto el origen de
los dineros destinados a cubrir cada contingencia.
En efecto, la Fuerza Pública ha tenido su propio régimen de carrera, disciplinario y
prestacional. Este último se mantiene aún con la adopción de un régimen general
de Seguridad Social y prestaciones sociales, tal como lo dispone el artículo 1 del
Acto Legislativo 1 de 2005. Por tanto, desde antes de la Constitución Política y aun
en la actualidad, se ha mantenido un régimen especial y excepcional para los
miembros de la Fuerza Pública, lo que implica la afiliación a un seguro y a un fondo
especial al cual efectúan aportes y del que emergen los recursos para cubrir las
distintas contingencias.
De esta manera, el Decreto 2063 de 1984 estableció lo relativo a los aportes que
deben descontarse a los agentes de la Policía Nacional en los siguientes términos:
Artículo 36. Afiliación y cotización. Los Agentes de la Policía Nacional en servicio
activo contribuirán para el sostenimiento de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional con un treinta por ciento (30%) del primer sueldo básico como cuota de
afiliación y con una cuota mensual equivalente al ocho por ciento (8%) del respectivo
sueldo básico.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
Parágrafo. Los Agentes en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce
de pensión contribuirán a la misma Caja con una cuota mensual equivalente al cinco
por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión, respectivamente.
Artículo 37. Contribución con aumentos a la caja de sueldos de retiro de la
policía nacional. Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo y los que se
encuentren en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios, contribuirán con
destino a ésta, con el monto del aumento de sus haberes; asignaciones o pensiones
equivalentes a los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se cause dicho
aumento.
Artículo 38. Destino de los aportes. Los aportes de que tratan los artículos 36 y 37,
se destinarán para capitalización y obligaciones de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, de acuerdo con las determinaciones que tome su Junta Directiva.
Artículo 39. Contribución al Fondo Especial de Sanidad. Los Agentes o sus
beneficiarios, en goce de pensión pagadera por el Tesoro Público, contribuirán con el
cinco por ciento (5%) del valor de la pensión, con destino al Fondo Especial de
Sanidad.
Siendo así, se tiene que los agentes de la Policía Nacional no efectuaban ningún
aporte al Instituto de los Seguros Sociales, sino a la Caja de Sueldos de Retiro de
esa institución, la cual sería la encargada de reconocer y pagar las diferentes
asignaciones y pensiones, con base en los requisitos que la ley imponía.
Por su parte, las prestaciones a que se refiere el Decreto 3041 de 1966 se pagan
con el dinero aportado por los empleados y patronos al Instituto de los Seguros
Sociales, tal como lo disponen los artículos que a continuación se enuncian:
Artículo 38. El patrono está obligado a entregar al instituto, a través de la caja
seccional u oficina local que corresponda a su jurisdicción en el plazo y forma que
determine el reglamento de aportes y recaudos, la totalidad de las cotizaciones, que
sean de su cargo y las que deben ser satisfechas por el asegurado.
El patrono al efectuar el pago del salario de cada asegurado retendrá la cotización
que éste debe aportar para el seguro de invalidez, vejez y muerte, correspondiente
al periodo de trabajo cubierto por el salario, si el patrono no descontare el monto de
la cotización del asegurado en la oportunidad señalada en éste artículo, no podrá
efectuarlo después y las cotizaciones no descontadas al asegurado, serán también
de cargo del patrono.
Artículo 39. El pago de las cotizaciones para el seguro de invalidez, vejez y muerte
se hará conjunta y simultáneamente con el de las cotizaciones para los seguros de
enfermedad no profesional y maternidad, y accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
Artículo 40. Los ingresos del seguro de invalidez, vejez y muerte formarán un fondo
distinto e independiente de los ingresos de las otras ramas del seguro social
obligatorio.
Cuando no sea a título de inversiones recuperables, los fondos del seguro de
invalidez, vejez y muerte no podrán dedicarse a fines distintos al pago de las
prestaciones dispuestas en este reglamento, al costo de los gastos de
administración y a los servicios de rehabilitación conforme al artículo 42.
Los gastos que demande la inversión de las reservas serán imputados a las
utilidades de las mismas.
Ahora bien, los artículos 5 y 20 del Decreto 3041 de 1966 prevén condiciones más
beneficiosas que las estipuladas en el Decreto 2063 de 1984, para el caso del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, habida cuenta que exigían que el
asegurado tuviera acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los 6 años
anteriores a la muerte, de las cuales 75 deben corresponder a los últimos 3 años;
mientras que el citado Decreto 2063 de 1984 exigía contar con 15 o más años de
servicio activo para que los causahabientes del agente tuvieran derecho a la
pensión de sobrevivientes.
No obstante, el Decreto 3041 de 1966 se aplica exclusivamente a quienes cotizaran
o se encontraran afiliados al Instituto de Seguros Sociales, por ende, no se trata
propiamente de una norma general o un régimen general, al cual se pueda acudir
por favorabilidad o por otras razones.
En consecuencia, el Decreto 3041 de 1966 estableció una única y particular
diferencia para conceder la pensión de sobreviviente (artículo 20), consistente en
determinar si la muerte fue o no de origen profesional. Por su parte, el Decreto 2063
de 1984 al señalar los requisitos para acceder a la prestación en comento, distinguió
otras situaciones que únicamente se pueden predicar de los miembros de la Fuerza
Pública, tales como «muerte simplemente en actividad»,29 «muerte en actos del
29 Artículo 120.
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servicio»,30 «muerte en actos meritorios del servicio»31 y «muerte con 12 años de
servicio».32
De este modo, se evidencia que se trata de dos regímenes completamente distintos,
cada uno compuesto por disposiciones destinadas a cubrir contingencias diseñadas
exclusivamente para un grupo de beneficiarios y, a pesar de que ambas se
encontraban vigentes al momento en que falleció el señor Jorge Antonio Novoa
Guevara no es posible elegir su aplicación con base en el principio de favorabilidad,
en consideración a que una no regulaba la situación del agente.
En efecto, el Decreto 3041 de 1966 estaba destinado únicamente a los afiliados al
Seguro Social obligatorio, es decir, que no rige en este caso porque el fallecido
agente de la Policía Nacional no fue un trabajador que estuviera obligado a tal
afiliación, postura que ha sido acogida pacíficamente por el Consejo de Estado.33
2.4.2. Aplicabilidad Ley 100 de 1993
La demandante en el recurso de apelación expresó que la pensión de sobrevivientes
reclamada puede reconocerse al amparo de la Ley 100 de 1993. Esta Subsección
analizará dicha prestación conforme a la mencionada normativa, pues, aunque no
fue invocada en la demanda, sí fue estudiada en sede administrativa y la parte
accionada también se refirió a aquella al contestar la demanda.
Además, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de
unificación del 12 de abril de 2018, fijó como regla que «[e]n materia pensional, por
tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez
contencioso administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la
luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la
30 Artículo 121.
31 Artículo 122.
32 Artículo 124.
33 En similar sentido, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 24 de agosto de 2023,
radicado 05001-23-33-000-2016-01215-01 (0573-2022); ii) del 16 de febrero de 2023, radicado 13001-23-33-000-2016-
00218-01 (1747-2022); iii) del 2 de junio de 2022, radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01 (0258-2018).
19
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
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prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los
conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que
corresponda, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011». 34
Con fundamento en el anterior parámetro jurisprudencial, se analizará la
aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 al sub lite.
Para el efecto, es pertinente remitirse a las consideraciones antes desarrolladas en
relación con el principio de retrospectividad de la norma, de acuerdo con la postura
actual de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues en materia de
reconocimiento de pensión de sobrevivientes la ley que se debe aplicar es la que
esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir, la que rige
a la fecha del fallecimiento del causante.
Analizado el acervo probatorio, se observa que el señor Jorge Antonio Novoa
Guevara ingresó como alumno de la Policía Nacional y laboró como agente, todo
ello dentro del período comprendido entre el 17 de marzo de 1980 al 19 de agosto
de 1987, cuando se produjo su deceso, tiempo que suma 6 años, 9 meses y 2 días,
por lo que no satisface la exigencia de 15 años o más de servicios prevista en el
artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
En estas condiciones, se insiste que la normativa que disciplina el derecho
reclamado por la accionante era la que regía al 19 de agosto de 1987, esto es, el
artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, pues fue durante su vigencia cuando se
produjo el deceso del causante no así la Ley 100 de 1993, que comenzó a producir
efectos a partir del 1 de abril de 1994.
Cabe señalar que la vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica, entendida esta
como obligatoriedad, en tanto hace referencia «desde una perspectiva temporal o
cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma
34 Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
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de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor».35 Entonces, cuando se fija la
fecha de inicio de la vigencia de una ley, se define el momento a partir del cual
empieza a surtir efectos, los cuales se proyectaran mientras siga rigiendo.
Con relación a la vigencia de la ley, la Corte Constitucional en sentencia C-084 de
1996 expresó lo siguiente:
Ahora bien, si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio
que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del
específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del
momento a partir del cual dicha nomatividad (sic) empieza a surtir efectos, pues sólo
a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder
determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide.
Aclarado que es al mismo legislador a quien le corresponde decidir el momento en
el que la ley ha de surtir efectos, conviene agregar que dicha atribución puede
ejercerla a través de uno de los siguientes mecanismos: 1) Incluyendo en el mismo
cuerpo de la ley un artículo en el que señale expresamente la fecha a partir de la
cual ésta comienza a regir; o 2) Expidiendo una ley especial en la que regule en
forma genérica este asunto, la que tendría operancia únicamente en los casos en
que el mismo legislador no hubiera señalado en el texto de la ley respectiva la
fecha de vigencia.
[…]
La potestad con que cuenta el legislador para determinar la fecha de entrada en
vigencia de la ley, se encuentra limitada únicamente por los requerimientos del
principio de publicidad, al que se hizo alusión en párrafos anteriores, cuya finalidad
es evitar las denominadas leyes “privadas” o “secretas”, muy comunes en Colombia
en alguna época. El deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación,
es un mandato que obliga tanto al Congreso como al Presidente de la República,
cuando ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea.
De esta manera, se tiene como regla general, que la ley comienza a regir a partir de
su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia
constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha diversa, tal como
sucedió con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que estableció la vigencia del
Sistema General de Pensiones a partir del 1 de abril de 1994 para el nivel nacional,36
o del 30 de junio de 1995 para los servidores públicos del orden departamental,
35Sentencia C-783/03 de la Corte Constitucional
36 Con la salvedad de que el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones
y de cesantías con sujeción a las disposiciones contempladas en la referida ley, a partir de su vigencia
21
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
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municipal y distrital.37 En torno a este punto, el Consejo de Estado ha señalado lo
siguiente:38
El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del
fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que
gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del
fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre
de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto,
cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100 de 1993, que
consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante, entró
en vigencia el 1º de abril de 1994 […]
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón
por la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte
del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de
su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que
se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la
ley, derivado de la Ley 153 de 1887. [Resalta la Sala]
De este modo, las circunstancias jurídicas del derecho prestacional originado con el
deceso de un miembro de la Fuerza Pública, en favor de sus beneficiarios, están
sujetas a las normas que se encuentren vigentes al momento de la consolidación
del derecho, lo cual, tanto en los casos de pensión de sobrevivientes como en los
de la sustitución de la asignación de retiro, se generan a partir del fallecimiento del
causante. Esta postura no se ha modificado y constituye el criterio hermenéutico
acogido por la corporación en varios pronunciamientos.39
De esta manera, en el presente asunto no resulta viable atender los mandatos de la
Ley 100 de 1993 en virtud del principio de favorabilidad, porque este procede
siempre que existan dos normas que rijan una misma situación jurídica; no obstante,
para el momento del deceso del agente Jorge Antonio Novoa Guevara (19 de agosto
37 Parágrafo ibidem
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril del 2013, radicado 76001-23-31-000-2007-01611-01
(1605-09).
39 Ver las siguientes sentencias: i) del 12 de agosto de 2021, radicado 13001-23-33-000-2015-00485-01 (5207-2019); ii) del
2 de junio de 2022, radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01 (0258-2018); iii) del 24 de agosto de 2023, radicado 05001-
23-33-000-2016-01215-01 (0573-2022).
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
de 1987), solamente estaba vigente el Decreto 2063 de 1984, es decir, que no se
presenta conflicto entre dos disposiciones, pues en esa fecha solamente regía este
último estatuto.
Por lo tanto, a la demandante no le asiste el derecho pensional previsto en el artículo
46 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales, surgidas
con la muerte de su cónyuge, se consolidaron en vigencia de la normativa anterior,
cuyos requisitos no se colmaron por parte del causante, puesto que no había
prestado 15 o más años de servicios a la Policía Nacional al momento de su muerte,
para que aquella pudiera reclamar la pensión de sobrevivientes.
2.4.3. Equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
La apelante solicitó que se atienda el criterio de equidad fijado por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en casos análogos al presente, teniendo en cuenta la
finalidad que cumple la pensión de sobrevivientes, que la actora tiene 59 años de
edad, ha perdido su capacidad laboral en el 35.17%, carece de los medios para
proveer por su congrua subsistencia y que el tiempo laborado por el causante
equivale al 45.9% de los 15 años de servicios exigidos por el Decreto 2063 de 1984.
Agregó que el agente Jorge Antonio Novoa Guevara no siguió vinculado a la Policía
Nacional por causas ajenas a su voluntad
Uno de los antecedentes invocados por la interesada corresponde a la sentencia
del 3 de marzo de 2015,40 en la que se expresó lo siguiente:
Considerando que el juez debe estar inspirado al momento de realizar la
interpretación normativa por principios de justicia material y no formal, y que conforme
el criterio auxiliar de equidad, éste se encamina a evitar la arbitrariedad y la injusticia
que se pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular, cuyas
especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de
la norma legal, para la Sala es claro que si del 100% de la exigencia legal aplicable
para este caso (15 años de servicio), el causante y cónyuge de la accionante alcanzó
a cumplir el 98% (14 años 7 meses 16 días), no existe justificación real alguna que
invalide el derecho a otorgarle el reconocimiento pensional bajo el régimen especial
40 Radicado 05001-23-33-000-2012-00772-01 (0328-2014).
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
dispuesto en el aludido decreto, máxime que el ínfimo 2% restante, representado en
escasos 4 meses 14 días, no lo alcanzó a cumplir por un simple capricho o decisión
suya, sino por el acaecimiento de un hecho fortuito como es la muerte.41
Aunado a lo anterior, como está acreditado que la demandante y cónyuge supérstite
del causante en la actualidad cuenta con 77 años de edad, al haber nacido en 1948,
es diáfano que la hace merecedora de una protección especial, conforme lo ha
estimado nuestro Tribunal Constitucional en su profusa jurisprudencia, de ahí que
dejarla en el vacío al negarle la pensión de sobrevivientes, a pesar de las
particularidades reseñadas, sería exponerla a condiciones de indignidad por una
lectura literal y árida de la norma, comprometiendo su derecho a la seguridad social
y a su mínimo vital que, por supuesto, ofendería su derecho esencial a una vida digna.
[…]
Dadas las particularidades resaltadas, la Sala considera que es viable acceder en el
caso concreto a ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a
la Sra. María Dioselina Raigosa de García, en su condición de cónyuge supérstite del
causante, conforme lo establecía el literal c) del artículo 120 del Decreto Ley 2063 de
1984, que comporta por derecho propio su afiliación al sistema de seguridad social
en salud que rige para los miembros de la Policía Nacional.
Igualmente, en aplicación del criterio de equidad, esta Colegiatura estima que el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deberá efectuarse descontando, del
100% que arroje la liquidación de la mesada pensional, el 2% del faltante para el
cumplimiento de los quince (15) años de servicio exigidos en la norma.
[…]
El anterior lineamiento interpretativo fue reiterado por esta Subsección en la sentencia
del 24 de agosto de 2017,42 también citada por la apelante. En dicha oportunidad, el
causante de la prestación demostró 14 años, 8 meses y 11 días de servicio.
Ahora bien, los aludidos antecedentes no pueden ser aplicados en el presente asunto,
ya que en aquellos se analizó la situación de dos personas que acreditaron, la primera,
14 años, 7 meses y 16 días de servicio, y la segunda, 14 años, 8 meses y 11 días.
En contraste, en el sub lite, el señor Novoa Guevara solamente trabajó durante casi 7
años, por lo que su situación no puede equipararse a los aludidos litigios, pues al
41 Valga decir que en oportunidades anteriores, y bajo ciertas circunstancias que resultan parecidas al caso bajo estudio,
en aplicación de criterios equidad y justicia, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha ordenado reconocer prestaciones
pensionales cuando lo que faltaba para cumplir el requisito de ley ha sido menor y obedece a circunstancias ajenas al
querer del interesado, tal y como lo resolvió, v.gr., en sentencias de la Subsección A, del 26 de octubre de 2006, radicado
interno 4109-04, CP Dr. Jaime Moreno García, y del 10 de octubre de 2013, radicado interno 1776-12, CP Dr. Luís Rafael
Vergara Quintero, y la Subsección B, la sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicado interno 1067-09, CP Dr. Gerardo
Arenas Monsalve, por mencionar algunas.
42 Radicado 41001-23-33-000-2013-00216-01 (0618-2015).
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
uniformado le faltaba más de la mitad del tiempo para completar los 15 años de
servicio exigidos por el Decreto 2063 de 1984. En un asunto similar al presente, esta
corporación también negó la aplicación del citado antecedente jurisprudencial con
base en los siguientes argumentos:43
La Sala no acoge el anterior reproche, por cuanto si bien es cierto en dicho precedente
se efectuaron las consideraciones con fundamento en las cuales la apelante interpretó
que el Agente Franco Gómez, al haber laborado en la Policía Nacional durante 11 años,
8 meses y 24 días, en términos de porcentaje y para ponerla a tonto con el precedente
judicial invocado, equivale al 78.2% del 100% que representan los 15 años de servicio
exigidos en el artículo 120 del Decreto 2063, igualmente lo es que las respetables
motivaciones del fallo del año 2015, se dieron en el marco de una situación particular y
concreta, pero que no pueden tenerse como criterio de interpretación por vía de
analogía44, máxime cuando el tema de la aplicación del régimen particular o especial
frente al general de la Ley 100 de 1993, ya fue rectificado por esta Sección, tal y como
ya se comentó ut supra.
En todo caso, se quiere dejar de presente que la Sala no pone en entre dicho los
ponderados análisis efectuados en la sentencia del 3 de marzo de 2015, pero lo cierto
es que, dada la diferencia en cuanto al tiempo que faltaba para cumplir los 15 años de
servicio en la institución y las condiciones de avanzada edad de la demandante, no se
pueden equiparar los supuestos de dicho precedente y pretender que operen de la
misma manera en el sub lite.
Por tanto, se está ante dos posturas jurídicas que tienen respaldo legal, pero que en
virtud de la rectificación jurisprudencial en el sentido de que el derecho a la pensión de
sustitución pensional, debe consultar los requisitos exigidos en la legislación vigente a
la ocurrencia del fallecimiento del Agente de la Policía Nacional, no es acogida la anterior
inconformidad de la impugnación, por tratarse de un asunto ya superado a nivel
jurisprudencial.
[…]
Finalmente citó la impugnante, como fundamento de su petición de reconocimiento del
principio de favorabilidad laboral para que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes
a la demandante, una sentencia de tutela y una sentencia de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional […].
Al respecto se tiene que dada la fecha de expedición de los procedentes
jurisprudenciales en el año 2011, resulta evidente que para dicha fecha no existía una
tesis rectificada y unificada en torno al tema en discusión, por lo que no pueden servir
de parámetro de comparación. En todo caso, la Sala lamenta la compleja situación
de la demandante, pero se encuentra limitada frente al incumplimiento de las
exigencias legales para el reconocimiento de la sustitución pensional.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 76001-23-33-000-2015-
00672-01 (0258-2018).
44 De acuerdo con la Sentencia C- 083 del 1° de marzo de 1985 M.P. Carlos Gaviria Díaz, se entiende por analogía la
aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en
aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser
de la norma.
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
En este orden de ideas, en el presente caso no pueden atenderse a criterios de
equidad o a las particulares situaciones que alega la demandante para reconocer la
pensión de sobrevivientes reclamada, pues se generaría un desconocimiento
injustificado de la ley ante una situación que no puede compararse con las que ha
analizado esta Subsección en casos excepcionales y concretos, cuyos supuestos
fácticos distan ostensiblemente de los que ocupan ahora la atención de la Sala.
A su vez, sobre la dependencia económica que alega haber tenido la actora
respecto de su cónyuge,45 conviene recordar que esta se erige como un criterio
adicional que contribuye a determinar si el beneficiario tiene una necesidad genuina
de la pensión que estaba siendo provista por el causante.
Esta consideración tiene como objetivo garantizar que las personas que
verdaderamente dependían económicamente del causante puedan continuar
beneficiándose de la pensión tras su fallecimiento, siempre y cuando se haya
comprobado que este último cumplía con los requisitos establecidos para obtener
dicha pensión. En este caso, comoquiera que el agente Jorge Antonio Novoa
Guevara no satisfizo los mencionados requisitos, no hay lugar a estudiar este
aspecto.
Así las cosas, las pruebas aportadas al expediente permiten concluir que en el sub
lite no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes solicitada por la
accionante al amparo del Decreto 3041 de 1966 y la Ley 100 de 1993 o con
fundamento en la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial. En
consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
2.5. De la condena en costas
45 En torno a la dependencia económica pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 27 de
julio de 2006, radicado 47001-23-31-000- 2002-00089-01 (4752-2004); y ii) del 23 de enero de 2023, radicado 25000 23
42 000 2013 05479 01 (4283-2017).
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-01815-01 (0335-2022)
Demandante: Gretty Arenas Robledo
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,46 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Gretty Arenas Robledo
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 13 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por la señora Gretty Arenas Robledo contra la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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