Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03136-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03136-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03136-00
Accionante: MARÍA CECILIA GONZÁLEZ REYES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Negativa a reconocer pensión
de sobrevivientes / DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE - No se configuraron en este caso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se negará la tutela porque no se demostró la configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente. La decisión de la autoridad judicial
accionada no ignoró la norma ni el precedente jurisprudencial aplicables.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 23 de abril de 2026, la señora María Cecilia González Reyes, por conducto de
apoderado presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, seguridad social
y acceso a la administración de justicia1, los cuales considera vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de la sentencia
de segunda instancia proferida el 19 de febrero de 2026, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-02076-
01, que confirmó la decisión de negar las pretensiones dirigidas a obtener el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
Hechos relevantes
3. La señora María Cecilia González Reyes instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio No. S-2015-133417
ARPRE-GRUPE-1.10 del 12 de mayo de 2015, que negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes consagrada en la Ley 100 de
1993. El proceso se identificó con el radicado 25000-23-42-000-2016-02076-00/01.
1 También consideró vulnerados los principios de favorabilidad y de buena fe.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03136-00
Accionante: María Cecilia González Reyes
4. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las
pretensiones tras considerar que la norma aplicable en materia de pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior. La muerte del compañero de la demandante ocurrió el 26 de marzo de
1993, por lo que le era aplicable el Decreto 1213 de 1990 y no la Ley 100 de 1993,
pues esta entró en vigor en abril de 1994.
5. Inconforme con la decisión, la apeló para que en aplicación del principio de
favorabilidad se accediera a la pretensión de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
6. En sentencia del 19 de febrero de 2026, la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, confirmó la decisión de primera instancia. Determinó que el
derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento, razón
por la que la situación pensional reclamada no podía regirse por otra norma, más
aún cuando aquella que lo regía sí especificó el tiempo necesario que debía
acreditarse para adquirir el derecho reclamado.
Pretensiones
7. La parte accionante solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
resolvió el recurso de apelación y, en su lugar, se ordenara proferir nueva sentencia
en la que se protejan sus derechos fundamentales.
Fundamentos de la tutela
8. La demandante considera que el Consejo de Estado aplicó de manera incorrecta
las normas legales, pues no fueron interpretadas con un enfoque constitucional,
fundado en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Agregó que se
desconoció el precedente2 al no aplicar el principio de favorabilidad ni el precedente
jurisprudencial que permite, en casos similares, aplicar de forma retrospectiva la Ley
100 de 1993, que establece requisitos más flexibles para acceder a la pensión de
sobrevivientes. Todo ello lo enmarcó en los defectos sustantivo y desconocimiento
del precedente.
9. Por último, resaltó su situación de vulnerabilidad al ser adulta mayor, carecer de
ingresos y haber padecido cáncer.
Trámite impartido
10. Mediante auto del 23 de abril de 2026, se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, como autoridad accionada y, como tercero con interés, se vinculó al a la
Policía Nacional y al curador ad litem Óscar Humberto Quintero Palacios, quienes
intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
11. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
2 Se refirió a las sentencias T-525 de 2017 y T-017 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Intervenciones
12. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional3, sostuvo que la acción de tutela es
improcedente teniendo en cuenta que se trata de un mecanismo subsidiario, que no
reemplaza los procesos ordinarios ya agotados ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, además de no demostrarse la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique su procedencia como mecanismo transitorio.
13. Señaló que la decisión del Consejo de Estado que negó la pensión de
sobrevivientes fue adoptada con base en una interpretación correcta de la ley, sin
desconocer el precedente judicial, ni incurrir en arbitrariedad, pues el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa en el momento del fallecimiento del causante, lo
que ocurrió en 1993, por lo que debía aplicarse el Decreto 1213 de 1990 (régimen
especial de la Policía Nacional) y no la Ley 100 de 1993, la cual además excluye a
los miembros de la Fuerza Pública. En consecuencia, la negativa del reconocimiento
pensional se ajusta al régimen jurídico aplicable y no constituye un error judicial.
Solicitó negar las pretensiones de la tutela.
14. El curador ad litem del tercero interesado solicitó mantener incólume la
sentencia cuestionada, por considerar que se ajustó a la ley, estuvo debidamente
motivada y respetó el debido proceso.
15. De otra parte, afirmó que no es aplicable la Ley 100 de 1993 por ser posterior a
los hechos, sino el Decreto 1213 de 1990, que estaba vigente al momento del
fallecimiento del agente, con lo que se descarta cualquier aplicación retroactiva.
Concluyó que la tutela es improcedente porque pretende reabrir un debate ya
resuelto y sustituir la interpretación del juez natural.
16. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos
13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema jurídico y metodología de la decisión
18. En primer lugar, la Sala debe establecer si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de subsidiariedad y
relevancia constitucional que han sido cuestionados por los intervinientes.
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19. En caso de encontrarlos superados, se examinará si la decisión censurada,
proferida por la autoridad judicial accionada, incurrió en los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente, por no aplicar retroactivamente la Ley 100 de 1993
para acceder a la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Análisis de la Sala
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
20. Legitimación en la causa. La señora María Cecilia González Reyes se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, porque es la titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-
000-2016-02076-00/01. Allí se adoptó la decisión cuestionada.
21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado es la autoridad que profirió la
sentencia de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.
22. Inmediatez. Se cumple con este requisito, porque la sentencia cuestionada de
segunda instancia data del 19 de febrero de 2026 y la tutela se instauró el 23 de abril
de 2026.
23. Tutela contra tutela. La Sala no encuentra reparo alguno frente a esta exigencia,
pues a través de la presente acción constitucional se cuestiona la decisión proferida
en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
el interior del proceso promovido por la actora en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
24. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
25. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el
caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y 257 de
la Ley 1437 de 2011.
26. Relevancia constitucional. Esta condición de procedencia precisada en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, tiene por finalidad (i) proteger la autonomía e independencia
judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones.
27. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales4.
4 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
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Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
28. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
30. Para la Subsección, la tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia
constitucional5, porque la discusión planteada involucra la protección al derecho
fundamental a la seguridad social de la señora María Cecilia González Reyes, que,
según se reseñó en el escrito de tutela, es una mujer de 65 años de edad, que al
parecer no tiene ingresos propios para sufragar sus necesidades básicas, quien
padece “artritis reumática deformativa”, enfermedad crónica que requiere tratamiento
permanente y a quien le fue negado el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, con ocasión de la providencia judicial objeto de reproche.
31. Entonces, la controversia propuesta es relevante desde una perspectiva
constitucional, en atención al derecho presuntamente desconocido y la especial
protección que le asiste a la accionante en razón a los factores de vulnerabilidad
mencionados.
32. Por las mismas razones, se descarta que el asunto se trate de un debate
meramente económico, o que se evidencie la intención de la parte actora de convertir
este escenario en una tercera instancia del proceso de origen.
33. Por lo anterior, la solicitud de amparo satisface los requisitos generales y, en
consecuencia, se realizará el análisis de fondo, a fin de verificar si se cumplen las
causales específicas de procedibilidad invocadas por la parte accionante.
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
5 En sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es
procedente cuando el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico
sobre el contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o
cuando se utiliza para reabrir un debate legal decidido al interior de un trámite ordinario. Recordó,
además, que «no toda incorrección en la aplicación de normas legales o en la valoración de los
hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de ser planteada mediante la acción
de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un debate iusfundamental
concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea indispensable
para precisar el alcance de la carta de derechos».
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Caso concreto
34. La censura puntual se edifica en un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente, por la presunta aplicación incorrecta de las normas legales y la falta de
aplicación del principio de favorabilidad y la Ley 100 de 1993 de forma retrospectiva,
pues establece requisitos más flexibles para acceder a la pensión de sobrevivientes.
35. Alega que se desconocieron las sentencias T-525 de 2017 y T-017 de 2022 de
la Corte Constitucional, lo que vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital,
al debido proceso, al de igualdad, al de la seguridad social y seguridad jurídica,
porque se desatiende los parámetros estipulados en la Ley.
36. Al resolver la apelación de la sentencia la Sección Segunda, Subsección A, de
esta corporación fundó su decisión en la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida
por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado6. Allí se determinó
que no era posible aplicar las disposiciones del régimen general de pensiones a
situaciones consolidadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993.
37. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados. Tampoco
pasó por alto el argumento relativo a si era procedente reconocer la pensión de
sobrevivientes con fundamento en una aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993. Por el contrario, desde que formuló el problema jurídico advirtió que, de no ser
viable el reconocimiento al amparo de la normativa vigente al momento del
fallecimiento (Decreto 1213 de 1990), examinaría si ello era posible «aplicando, por
favorabilidad, la Ley 100 de 1993».
38. Así, tras descartar la procedencia del reconocimiento prestacional pretendido por
la demandante, bajo lo estipulado en el régimen especial de los agentes de la Policía
Nacional7, razonablemente explicó que, aunque en un primer momento la Sección
Segunda del Consejo de Estado prohijaba la tesis de que podían aplicarse
retrospectivamente los regímenes generales, en virtud del principio de favorabilidad,
siempre que el régimen especial no incorporara garantías mínimas8, lo cierto es que
ese criterio había sido rectificado desde 2013, por aquel que establece que «en
materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes debe aplicarse la ley vigente
al momento en que se habría causado el derecho, es decir, la que rige a la fecha de
fallecimiento del causante».
39. Con la anterior precisión, al resolver el caso concreto, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que como el deceso del agente
Luis Arnulfo Guevara Beltrán había ocurrido el 26 de marzo de 1993, esto es, antes
6 Exp. 1605-09, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
7 Sostuvo que, cuando la muerte se producía en actos del servicio, el artículo 122 del Decreto 1213
de 1990 exigía una vinculación mínima de 12 años para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, y que, al momento del fallecimiento, el agente Luis Arnulfo Guevara Beltrán tenía
poco menos de 10 años al servicio de la Policía Nacional, por lo que no era procedente acceder a la
pretensión de la actora.
8 Citó las siguientes sentencias: (i) del 29 de abril de 2010, exp. 0548-09, M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, y (ii) del 1º de noviembre de 2012, exp. 0682-11, M.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila.
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de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), tal normativa
resultaba inaplicable al asunto.
40. De esta manera, y contrario a lo planteado por la demandante, se concluye que
la decisión de la autoridad judicial accionada no desconoció la norma aplicable ni el
precedente judicial en la materia, por el contrario, se fundó en el precedente sentado
por el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien, como máxima
autoridad de la jurisdicción y órgano de cierre en el marco de los conflictos jurídicos
laborales, prestacionales y de pensiones de los servidores, estableció la subregla
aplicable a las reclamaciones de pensiones de sobrevivientes, en relación con el
fallecimiento de agentes de la policía nacional con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
41. De hecho, esa postura ha sido reiterada recientemente también por la
Subsección B de la Sección Segunda, en sentencias del 2 de junio de 20229, 16 de
febrero de 202310 y 3 de septiembre de 202511. Y fue justamente en este último fallo,
al abordar la pretensión de que se aplicara lo resuelto por la Corte Constitucional en
la sentencia T-017 de 2022, tal como aquí reclama la actora, que la Sección Segunda
del Consejo de Estado recalcó que la propia Corte, en una posterior decisión de
unificación: SU-082 de 2022, «no aplicó las normas de la Ley 100 de 1993 bajo el
argumento que bajo la vigencia del Decreto 2728 de 1968 - norma aplicable al
momento del fallecimiento en los dos casos objeto de estudio, no se encontraba
prevista ninguna prestación, como la pensión de sobrevivientes, a favor de los
conscriptos ni de los soldados voluntarios que hubiesen perdido la vida en
cumplimiento de una “misión del servicio”».
42. Ante esa disparidad de criterios, deben prevalecer la autonomía y la
independencia del juez natural al momento de analizar los defectos atribuidos a una
providencia judicial. Con mayor razón si se trata de una sentencia proferida por un
órgano de cierre, en este caso, el Consejo de Estado.
43. Como consecuencia, la Sala negará la acción de tutela instaurada por la señora
María Cecilia González Reyes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora María Cecilia
González Reyes contra la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
9 Radicado 76001-23-33-000-2015-00672-01. Demandante: Doris López Martínez, Demandado:
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. M.P. César Palomino Cortés.
10 Radicado 13001-23-33-000-2016-00218-01 (1747 - 2022). Demandante: Dorina Ortega de
Zabaleta, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
11 Radicado 76001-23-33-000-2018-01288-01 (6029-2024). Demandante: María Aleyda Agudelo de
Londoño, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03136-00
Accionante: María Cecilia González Reyes
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
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