Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02076-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02076-01 (3237-2025)
Demandante: María Cecilia González Reyes
Demandadas: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Vinculada: Amparito Urbina Rincón
Tema: Marco normativo aplicable a los miembros de la Policía Nacional
en materia prestacional. Posibilidad de aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993. Principio de favorabilidad en materia
pensional. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Cecilia González Reyes instauró demanda contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. S-2015-133417/ARPRE-GROIN-1.10
del 12 de mayo de 2015, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del agente Luis Arnulfo
Guevara Beltrán.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a reconocer y
pagar las acreencias prestacionales de los últimos 4 años, por concepto de pensión
de sobrevivientes; y que se tramite su afiliación a la EPS, así como la de Roger
Smith Guevara González, con la debida prestación de todos los servicios médicos
que requieran.
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HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que fue compañera permanente del agente Luis Arnulfo Guevara Beltrán desde
diciembre de 1983 y hasta el 26 de marzo de 1993, fecha en la que este falleció.
6. Que fruto de su relación sentimental procrearon a Grease Johana y Roger Smith
Guevara González.
7. Que mediante Resolución Nro. S2012-310228 del 16 de noviembre de 2012, la
Policía Nacional le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
al considerar que el causante no cumplió con los requisitos mínimos de cotización
para acceder al reconocimiento pensional.
8. Que, ante esa negativa, el 26 de febrero de 2015 radicó una nueva petición, la
cual se atendió, de forma desfavorable, a través del Oficio Nro. S-2015-
133417/ARPRE-GROIN-1.10 del 12 de mayo de 2015.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 42, 44, 47, 48 y
53 de la Constitución Política; los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 11 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; los artículos 16
y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 46, 47 y 288 de la Ley 100 de
1993; y el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010.
10. En el concepto de violación manifestó que el acto demandado desconoció el
precedente judicial, porque no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado ha dado
aplicación retrospectiva al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, a efectos de reconocer
la pensión de sobrevivientes, en virtud del principio de favorabilidad. Que la negativa
a reconocerle la prestación solicitada es violatoria de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la igualdad, a la pensión justa y a la seguridad social.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda se admitió en auto del 31 de mayo de 20161.
12. La entidad demandada se opuso a las pretensiones e indicó que actuó en
acatamiento de la Constitución y de la ley en la negativa del reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes, porque la demandante no tiene el derecho
pretendido.
13. Propuso como excepciones las de no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios, no haberse presentado prueba de la calidad de
compañera permanente, acto administrativo acorde con la Constitución y la ley,
1 Véase a folios 75-76.
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inexistencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho pretendido
y prescripción extintiva2.
14. Por auto del 30 de mayo de 2017 se ordenó la vinculación de la señora Amparito
Urbina Rincón, en calidad de cónyuge supérstite del causante, como litisconsorte
necesaria3. A través de curador ad litem, contestó la demanda e indicó que se
oponía a las pretensiones, porque la demandante no acreditó la ilegalidad del acto
administrativo demandado, así como los requisitos establecidos para acceder a lo
pretendido4.
15. El 12 de octubre de 2023 se celebró la audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
y se decretaron las pruebas5. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del veintidós (22) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones. Indicó que se probó
que el agente Guevara Beltrán prestó sus servicios a la Policía Nacional durante 9
años, 6 meses y 6 días, tiempo que resultaba insuficiente para proceder al
reconocimiento de la prestación en los términos de la norma especial aplicable a
ese personal, esto es, el Decreto 1213 de 1990; y que tampoco superaría el análisis
normativo de las normas generales existentes al momento del fallecimiento, tales
como la Ley 33 de 1985.
17. Que si bien la demandante invocó la aplicación de la Ley 100 de 1993 de
manera retrospectiva, lo cierto era que la jurisprudencia del Consejo de Estado dejó
claro que la norma aplicable en materia de pensión de sobrevivientes es la vigente
al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, razón por la negó las
pretensiones de la demanda y se relevó del estudio de la calidad de compañera
permanente de la actora porque, sustancialmente, aquello no afectaba la decisión
tomada al analizar la norma aplicable6.
RECURSO DE APELACIÓN
18. La demandante interpuso expresó que si bien el señor Luis Arnulfo Guevara
Beltrán falleció con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, debía
recordarse que en materia laboral y en virtud del principio de favorabilidad, se
admite la aplicación retrospectiva de la ley.
19. Que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 dispone requisitos más flexibles para
obtener la pensión de sobrevivientes, esto es, 26 semanas, respecto a la exigencia
contenida en el artículo 122 del Decreto 1213 de 1990, donde se exigen 12 o más
años de servicio a la Policía Nacional.
2 Véase a folios 140-158.
3 Véase a folios 196-198.
4 Véase a folios 304-305.
5 Véase a folio 336.
6 Véase a folios 391-398.
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20. Que se probó que el causante prestó sus servicios a la Policía Nacional por el
término de 9 años, 6 meses y 6 días, por lo que, al hacer la conversión a semanas
cotizadas, podía concluirse que este cotizó un total de 488 semanas7.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 20 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría al Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público
podría conceptuar hasta antes de que el proceso ingresara para fallo8.
22. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
23. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la señora María Cecilia
González Reyes, en su calidad de compañera permanente, tiene derecho a que se
le reconozca la pensión de sobrevivientes, aun cuando el señor Luis Arnulfo
Guevara Beltrán no cumplió con el tiempo de servicio que exigía el Decreto 1213 de
1990, para que a sus beneficiarios pudiera reconocérseles tal prestación. De no
proceder el reconocimiento, deberá evaluarse si puede accederse al mismo,
aplicando, por favorabilidad, la Ley 100 de 1993.
Marco normativo aplicable a los miembros de la Policía Nacional en materia
prestacional
24. Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social,
la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes de este.
25. Este derecho es una protección directa a la familia, cualquiera que sea su origen
o fuente de conformación, por consiguiente, como el objeto de la pensión de
sobrevivencia es atender el riesgo derivado del deceso del trabajador, se estima
que la figura tampoco es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de
las fuerzas públicas, específicamente, a los de la Policía Nacional.
26. En efecto, el Decreto 1213 de 1990, «por el cual se reforma el Estatuto del
Personal de Agentes de la Policía Nacional», en el Título V, reguló las prestaciones
sociales de sus destinatarios ya fuere en actividad, por retiro, por incapacidad
sicofísica, por muerte en actividad, por muerte en retiro, por separación y en el caso
de desaparecidos y prisioneros.
7 Véase a folios 405-409.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.
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27. El Capítulo IV de ese título reguló las siguientes prestaciones cuando se
presentara la muerte en actividad de algún agente de la Policía Nacional:
i) Muerte simplemente en actividad ─artículo 121─: se determinó que
sus destinatarios tendrían derecho al pago de una compensación
equivalente a 2 años de los haberes correspondientes, tomando como
base las partidas señaladas en el artículo 100; al pago de las cesantías
por el tiempo de servicio del causante; y si el agente hubiere cumplido 15
o más años de servicio, al pago de una pensión mensual, la cual sería
liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.
ii) Muerte en actos del servicio ─artículo 122─: se determinó que sus
destinatarios tendrían derecho al pago, por una sola vez, de una
compensación equivalente a 3 años de los haberes correspondientes,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100; al pago
doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y si el agente
hubiere cumplido 12 o más años de servicio, al pago de una pensión
mensual, la cual sería liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.
iii) Muerte en actos especiales del servicio ─artículo 123─: se determinó
que el agente sería ascendido, en forma póstuma, al grado de cabo
segundo, cualquiera que fuera el tiempo de servicio; que sus destinatarios
tendrían derecho al pago, por una sola vez, de una compensación
equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo
100; al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante;
si el agente cumplió 12 o más años de servicio, al pago de una pensión
mensual, la cual sería liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente; y
en caso que el agente no hubiere cumplido 12 o más años de servicio,
sus beneficiarios, en el orden establecido y con excepción de los
hermanos, tendrían derecho al pago de una pensión mensual equivalente
al 50% de las partidas señaladas en el artículo 100.
28. El artículo 132 del Decreto 1213 de 1990 dispuso el orden de beneficiarios de
las prestaciones sociales por causa de muerte de un agente de la Policía Nacional,
así: i) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia estos últimos en las proporciones de ley; ii) si no hubiere cónyuge
sobreviviente, la prestación se dividiría por partes iguales entre los hijos; iii) a falta
de hijos, la prestación se dividiría 50% para el cónyuge y 50% para los padres, en
partes iguales; y iv) si no hubiere cónyuge, ni hijos, las prestaciones se dividirían
entre los padres, conforme con las reglas que allí se establecieron.
29. Se advierte, además, que el beneficio prestacional de sobrevivencia, en los
términos del artículo 132 del Decreto 1213 de 1990, solo exige para su otorgamiento
que se demuestre la calidad del parentesco con el causante de la pensión ─a
excepción del supuesto de los hermanos menores de edad, quienes debían
demostrar la dependencia económica─, para lo cual cobra relevancia probatoria la
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presentación del registro civil de matrimonio ─en el caso que el beneficiario fuese
el cónyuge─ o del registro civil de nacimiento ─en el caso que los beneficiarios
fuesen los hijos o los padres─.
30. Ahora, el artículo 48 de la Constitución Política estableció que los requisitos para
adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serían
establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. Los artículos 217 y
218 dispusieron un régimen de prestaciones sociales para los miembros de la fuerza
pública y, específicamente, para los integrantes de la Policía Nacional, el artículo
218 señaló que la ley «[…] determinará su régimen de carrera, prestacional y
disciplinario».
31. En la Ley 100 de 1993, se dispuso, dentro del régimen general de seguridad
social, la pensión de sobrevivientes, así como la sustitución de la pensión ya
percibida o consolidada por el trabajador fallecido y el reconocimiento de dicha
prestación para sus beneficiarios, pese a no haber logrado el estatus pensional al
momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese efectuado un mínimo de
cotizaciones establecido por el legislador.
32. Ahora bien, el artículo 279 de la misma norma preceptuó que ese régimen no
es aplicable, entre otros servidores, a los miembros de la Policía Nacional, porque
el mencionado artículo los excluyó de ese sistema; no obstante, teniendo en cuenta
lo estipulado en el artículo 288, los agentes de policía, en virtud del principio de
favorabilidad, pueden acogerse al régimen general.
33. Con base en lo anterior, se tiene que las personas que integran las fuerzas
públicas gozan de un régimen prestacional especial, porque las disposiciones que
gobiernan sus situaciones prestacionales no son las contenidas en el régimen
general de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993.
34. Es por ello por lo que esta Corporación adoptó una tesis según la cual la
existencia de regímenes especiales se justifica en tanto dispongan beneficios para
un grupo determinado de personas, por lo que podían aplicarse los regímenes
generales de forma retrospectiva, como el creado con la Ley 100 de 1993, en
aquellas situaciones en que resulte más favorable para el reconocimiento de
prestaciones.
35. En un primer momento, en sentencia del 29 de abril de 2010, se reconoció una
pensión de sobrevivientes en aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, pese a
que el fallecimiento había ocurrido en 1970. Así se indicó:
«[…] en materia laboral y por virtud del principio de favorabilidad se admite la
aplicación retrospectiva de la Ley, tal como lo ha sostenido esta Corporación en
diferentes oportunidades e incluso la Corte Constitucional, quien ha señalado
particularmente en materia pensional que la norma más favorable se aplique
retrospectivamente, por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas situaciones
o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una Ley,
no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como
derecho bajo la Ley antigua.
[…]
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De acuerdo con lo anterior, se tiene, que en materia laboral, una Ley nueva
puede válidamente regular unas situación de hecho ocurrida con anterioridad a
su vigencia, actualizándola y cobrando efectos sobre ella en función del
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y en
procura del derecho allí regulado, más cuando se trata de una situación que no
logró definirse al abrigo del ordenamiento anterior»9.
36. La anterior posición fue acogida en casos similares en los que se analizó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a beneficiarios de quienes habían
muerto antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y, en tal medida, se aplicó
retrospectivamente el régimen general, en virtud del principio de favorabilidad. Al
respecto, se plasmó:
«[…] Bajo el anterior marco interpretativo, se concluye que en tratándose de las
prestaciones sociales, y en casos excepcionales, por razones de justicia y
equidad se hace necesaria la aplicación retrospectiva de la ley. Esta posición
permite efectivizar derechos mínimos respecto del acceso a la seguridad social,
pues una interpretación diversa impide tener la oportunidad de beneficiarse de
las nuevas prerrogativas creadas por el legislador en orden a proteger a los
asociados en esta materia, la cual, por su naturaleza, es altamente sensible al
tejido social y materializa los postulados inherentes al Estado Social de
Derecho.
[…]
Empero, una vez estudiado nuevamente el tema puesto a consideración de la
Sala, se observa que la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, deviene
en un criterio racional y proporcionado, toda vez que de ningún modo se le está
dando un efecto retroactivo a la norma, pues el beneficio prestacional se
reconoce a partir de su entrada en vigencia, teniendo en cuenta, además, la
figura de la prescripción de las mesadas causadas cuando haya lugar a su
aplicación; de igual modo se permite el acceso a un derecho prestacional que,
como ocurre con la pensión de sobrevivientes, le proporciona al pensionado un
medio de subsistencia en condiciones dignas»10.
37. No obstante, el anterior criterio fue rectificado en la sentencia de unificación de
la Sección Segunda de esta Corporación, en la que se dispuso:
«[…] La jurisprudencia de esta Corporación11 ha considerado que en
circunstancias especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface
las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta
más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es
necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que
esté vigente al momento en que se habría causado el derecho.
[…]
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones
que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran
consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo,
para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2010. Exp. 0548-09. C.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1° de noviembre de 2012. Exp. 0682-11.
C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
11 Ver, entre otras, las sentencias de octubre 7 de 2010, Consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA
QUINTERO, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente
GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril
16 de 2009, Consejero ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-
2004-00293-01(2300-06).
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no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en
su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994»12.
38. Es claro entonces que en materia de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes debe aplicarse la ley vigente al momento en que se habría causado
el derecho, es decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.
39. En el presente caso, el fallecimiento del señor Luis Arnulfo Guevara Beltrán
ocurrió el 26 de marzo de 1993, razón por la que el análisis normativo del caso
deberá hacerse bajo lo estipulado por el Decreto 1213 de 1990.
Resolución del caso concreto
40. Se encuentra debidamente acreditado que el señor Luis Arnulfo Guevara
Beltrán laboró al servicio de la Policía Nacional desde el 7 de noviembre de 1983 y
hasta la fecha en que falleció, es decir, por un término de 9 años, 6 meses y 6 días13.
41. El señor Guevara Beltrán falleció el 26 de marzo de 1993, tal y como se
evidencia en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 179487914. Para
esa fecha, era beneficiario del régimen especial contenido en el Decreto 1213 de
1990, cuyo artículo 122 preceptuaba:
«ARTICULO 122. Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del
presente Estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio
activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus
beneficiarios en el orden establecido en el presente Decreto, tendrán derecho a
las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación
equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como
base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el
Tesoro Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de
servicio del causante» (subrayas fuera de texto).
42. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el derecho a la pensión de
sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento, las normas que gobiernan la
pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento
del señor Luis Arnulfo Guevara Beltrán son las que estaban vigentes el 26 de marzo
de 1993, porque fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y, por tanto,
en esa misma época pudo consolidarse el presunto derecho reclamado.
43. En esa medida, como la Ley 100 de 1993 entró en vigor el 1° de abril de 1994,
de conformidad con lo previsto en su artículo 151, no puede aplicarse para resolver
la situación pensional aquí reclamada, por no haber estado vigente al momento del
fallecimiento del causante.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de abril de 2013. Exp. 1605-09. C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
13 Véase a folio 59.
14 Véase a folio 10.
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44. Por consiguiente, aun cuando el derecho a la seguridad social sea irrenunciable
e imprescriptible, lo cierto es que, en materia de pensión de sobrevivientes, el
derecho se causa una vez fallece el afiliado, razón por la que su situación pensional
no podía regirse por otra normativa, máxime cuando la norma que lo regía sí
especificó el tiempo necesario que debía acreditarse para adquirir la pensión de
sobreviviente en caso de muerte.
45. En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad del acto administrativo
demandado, se confirmará la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
De la condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se
negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02076-01 (3237-2025)
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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