Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2019-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00058-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado : 19001-23-33-000-2019-00058-01
Nº Interno : 1193-2023
Demandante : Doris Amanda León de Vergara
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Doris Amanda León de Vergara, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar (i) la nulidad de los oficios 2310 de 18 de mayo de 1993 y
26350/ARPRE-GRUPE-1.10 de 13 de junio de 2017, por los cuales la Policía
Nacional le negó la pensión de sobrevivientes, que reclama en condición de
beneficiaria del señor Jorge Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.); y (ii) se
inaplique, por excepción de inconstitucionalidad, la expresión «quince (15)»
de la letra c) del artículo 83 del Decreto 609 de 1977.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada (i) al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes prevista en
los Decretos 3041 de 1966 y 758 de 1990, debidamente ajustada e
1
Folios 24 a 37.
2
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
indexada; (ii) al pago de una indemnización con fundamento en las Leyes
244 de 1995 y 700 de 2001 y de 200 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (a manera de compensación) por no haber sufragado en tiempo la
prestación deprecada; y (iii) a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 187 a 189 del CPACA y (iv) en costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante y el señor Jorge Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.)
contrajeron matrimonio el 21 de diciembre de 1974, procrearon tres hijos y
convivieron hasta que él falleció en un accidente de tránsito el 3 de julio de
1982, cuando se desplazaba a su lugar de descanso luego de cumplir su
jornada laboral como agente de la Policía Nacional, institución para la que
prestó servicios por 13 años, 7 meses y 19 días.
El deceso de su finado esposo fue calificado, mediante informe
administrativo, como muerte en servicio, pero no por causa o en razón del
mismo, y efectuó aportes para pensión por más de 150 semanas, por lo que,
a ella, en condición de cónyuge supérstite, le asiste derecho a una pensión
de sobrevivientes.
Con fundamento en lo anterior, deprecó de la demandada la precitada
prestación, negada a través de los actos acusados, con fundamento en el
Decreto 609 de 1977, porque el expolicía no cumplió los 15 años de
servicios que exige esa normativa para dejar causado el derecho.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 13, 22, 25, 29, 34, 42,
48, 53, 58, 217 a 221, 229 y 336.
El Decreto 609 de 1977.
El Decreto 3041 de 1966.
El Decreto 758 de 1990.
La parte demandante expuso que la Corte Constitucional2 ha sido del criterio
que corresponde al operador judicial efectuar un test severo de legalidad y/o
2
Al respecto, citó las sentencias C-461 de 1995, C-613 de 1996, C-479 de 1998, C-197 de 1999, C-432 de 2004,
C-366 de 2008, C-121 de 2010 y T-110 de 2011.
3
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
constitucionalidad, con el que resulta evidente que los actos acusados
constituyen una inequidad manifiesta, pues al aplicar la regla contenida en la
letra c) del artículo 83 del Decreto 609 de 1977, según la cual se requieren
«quince (15)» o más años de servicio, para que un agente de la Policía
Nacional cause el derecho de que sus beneficiarios reciban una pensión de
sobrevivientes, se vulnera el derecho a la igualdad que fue protegido por el
artículo 13 de la Constitución Política de 1991 y, en ese sentido, lo pertinente
en el asunto sub judice es dar aplicación al régimen general en materia
pensional vigente para la época de los hechos, contenido en el Decreto 3041
de 1966, que preveía que se requerían 150 semanas de cotizaciones para
causar el derecho a la pensión de sobrevivientes, exigencia que fue
reiterada por el Decreto 758 de 1990.
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda3. Afirmó que los
miembros de la fuerza pública tienen un régimen pensional especial que para
la época del fallecimiento del causante estaba regulado en el Decreto 609 de
1977, normativa que no preveía la pensión de sobrevivientes cuando la muerte
del expolicía se dé en actos fuera del servicio o sin razón del mismo; y si bien,
posteriormente, los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004 establecieron
dicha prestación cuando el integrante de la Policía Nacional fallezca en simple
actividad, es necesario que el causante colme todos los requisitos establecidos
para ello.
Como excepciones propuso las que denominó: presunción de legalidad,
legalidad del acto acusado, cobro de lo no debido y enriquecimiento sin justa
causa.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 4 de
agosto de 20224, negó las pretensiones de la demanda (con condena en
costas). Consideró que para la fecha de fallecimiento del señor Jorge Eliécer
Vergara Carvajal (q. e. p. d.) la norma que regulaba la pensión de
sobrevivientes para los agentes de la Policía Nacional era el Decreto 609 de
3
Folios 77 a 89.
4
Folios 250 a 262.
4
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
1977, que exigía que el policía hubiese cumplido por lo menos 15 años de
servicio para causar el derecho a pensión de sobrevivientes, cuando su
muerte se producía en simple actividad.
Por otro lado, explicó que no es dable aplicar al caso sub examine el Decreto
3041 de 1966, que aprobó el reglamento general del seguro de invalidez,
vejez y muerte de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales,
pues se trata de un régimen prestacional diferente que excluye a quienes se
rigen por uno especial.
4. El recurso de apelación.
La accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia5. Refutó
que aunque en su momento el Decreto 609 de 1977 fue legal, repercute en
situaciones que se deben estudiar con el racero de la Constitución Política
de 1991, respecto de la cual no es legal la exigencia de colmar un mínimo de
15 años de servicio para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes,
por lo que se debe dar aplicación a las previsiones del Decreto 3041 de
1966, que impone un máximo de 150 semanas de aportes a pensión.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 28 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes
para alegar6.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso 7, el juez
5
Folios 268 a 274.
6
Folio 249.
7
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
5
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones. Para el efecto se
analizará si a la demandante, en condición de beneficiaria del señor Jorge
Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.), le asiste razón jurídica o no para
reclamar de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes; o si, por el contrario,
como lo consideró el a quo, el finado no colmó los presupuestos previstos en
el régimen especial establecido en el Decreto 609 de 1977 y no le es
aplicable el Decreto 3041 de 1966.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial, 2.1.1 Pensión de
sobrevivientes de conformidad con el Decreto 609 de 1977; 2.1.2 Pensión de
sobrevivientes prevista en el Decreto 3041 de 1966; 2.2 Hechos probados; y
2.3 Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial
2.1.1 Pensión de sobrevivientes de conformidad con el Decreto 609
de 1977. Como bien lo ha dicho esta subsección8, la muerte constituye
una contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en
forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo
familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados
y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la pensión de
sobrevivientes con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones
mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
En ese contexto, lo primero que ha de advertirse es que el derecho
pensional por muerte se causa a partir de la fecha del fallecimiento, por
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
6
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
tanto, la normativa aplicable a la prestación por el deceso es la que se
encontraba en vigor para la fecha de la muerte del causante, que para el
caso bajo estudio fue el 3 de julio de 1982, y, dado que los miembros de las
fuerzas militares y de la Policía Nacional gozan de un régimen especial de
pensiones, la normativa que rige la materia es el Decreto 609 de 19779, «Por
el cual se reorganiza la Carrera de Agentes de la Policía Nacional», que, en
lo que interesa al caso bajo estudio, reguló lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes por muerte en simple actividad, así:
Artículo 83. Prestación por muerte simplemente en actividad. A
partir de la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un
Agente de la Policía Nacional en actividad por causas diferentes a
las enumeradas en los dos artículos anteriores, sus beneficiarios
en el orden establecido en este estatuto tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague por una sola vez
compensación equivalente a los dos (2) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante tomando como
base las partidas señaladas en el artículo 55 del presente
estatuto.
b) Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c) Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de
servicio, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión
mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro, de acuerdo con el grado y el tiempo de
servicio del causante.
Del precitado artículo se colige que cuando un agente de la Policía Nacional
fallecía en simple actividad, sus beneficiarios tenían derecho a que se les
pagara una compensación por muerte y las cesantías por el tiempo de
servicio; y solo si el expolicía había cumplido 15 o más años de servicio, a
una pensión de sobrevivientes, liquidada en la misma forma que la
asignación de retiro.
2.1.2 Pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto 3041 de 1966. En
lo pertinente a la normativa a la que se contrae la demanda, la Sala se
remite a lo preceptuado en el Decreto 3041 de 196610, que en relación con el
asunto objeto de examen, en su capítulo V, dispone:
9
Vigente hasta el 24 de agosto de 1984, cuando fue derogado por el Decreto 2063 de esa anualidad.
10
«Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».
7
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional,
habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes
casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere
reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones
que se exigen, según el artículo 5° para el derecho a pensión de
invalidez;
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de
pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.
Artículo 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será
igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con
derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de
invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le
habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los
aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento.
Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la
pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada
uno.
Conforme a lo anterior, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los
beneficiarios del asegurado que colme los requisitos dispuestos para la
pensión de invalidez, los cuales están definidos en el artículo 5 del mismo
Decreto:
Artículo 5o. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los
asegurados que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el
artículo 45 de la ley 90 de 1948;
b) Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de
cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez,
setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los
últimos tres (3) años.
Así las cosas, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el
Decreto 3041 de 1966 se causa para los beneficiarios en la medida en que se
demuestre que el causante cotizó 150 semanas dentro de los 6 años
anteriores a la fecha de su deceso, de las cuales 75 se deben acreditar en los
3 años anteriores al fallecimiento.
En lo referente al campo de aplicación de esta normativa, se advierte que
cobijaba, de manera forzosa u obligatoria, a (i) los trabajadores nacionales y
extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos
de carácter particular, (ii) los trabajadores que presten servicios a entidades o
empresas de derecho público semioficiales o descentralizadas cuando no
estén excluidos por disposición legal expresa, (iii) los trabajadores que
8
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
mediante, contrato de trabajo, presten servicios a entidades de derecho
público, en la construcción y conservación de las obras públicas y en las
empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos o
forestales, que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de los
cuales sean accionistas o copartícipes, (iv) trabajadores que presten servicios
a un sindicato para la ejecución de un contrato sindical, caso en el cual la
entidad profesional se entiende empleador de los trabajadores y (v) los
trabajadores independientes, los de servicio doméstico, domiciliarios y
agrícolas de empresas no mecanizadas, cuando se adopten los reglamentos
que determinen la forma de protección y las modalidades tanto de las
prestaciones, como de la financiación y administración de los seguros, que
correspondan a las condiciones laborales, económicas y sociales de las
citadas categorías de trabajadores (artículo 1°).
En lo atinente a la posibilidad de aplicar, con fundamento en el principio
de favorabilidad, las previsiones del Decreto 3041 de 1966 a los
servidores amparados por regímenes especiales, esta subsección ha
reiterado11:
Por tanto, en el asunto sub judice no resulta procedente la
aplicación del Decreto 3041 de 1966 en virtud del principio de
favorabilidad, habida cuenta de que este se examina siempre que
existan dos normas que rijan una misma situación jurídica, pero
una de ellas de carácter general y otra de naturaleza especial, en
relación con las cuales la primera es más beneficiosa para el
trabajador; no obstante, el caso de la demandante solo se
encuentra gobernado por la norma especial aplicable a los
agentes de la Policía Nacional, pues tal Decreto en forma
exclusiva regula las pensiones de algunos trabajadores oficiales y
del sector privado, por lo que es improcedente efectuar un análisis
de favorabilidad.
En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de
26 de mayo de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-05492-
01 (409-2015), al sostener:
Conforme a la norma citada, queda claro que se
excluyó de pertenecer al Seguro Obligatoria de
invalidez, vejez y muerte a aquellos trabajadores que
prestaran servicios a entidades o empresas de derecho
público, como es el caso que hoy nos ocupa; en efecto,
el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo No.
224 de 1966 del Consejo Directivo del Instituto de
Seguros Sociales, fue una disposición normativa que
11
Ver, entre otras: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, C. P.
Carmelo Perdomo Cuéter, sentencias de 16 de febrero de 2023, expediente 13001-23-33-000-2016-00218-01
(1747-2022); y de 29 de abril de 2021, expediente 19001-23-33-000-2017-00345 (719-2019).
9
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
resultaba aplicable solamente para aquellas personas
que de manera exclusiva realizaran sus cotizaciones a
dicho instituto, y no, a la Caja Nacional de Previsión
Social como es el caso del señor Fredy Eduardo
Hernández Cifuentes (q.e.p.d.).
Quiere decir entonces que no se puede aplicar una
normatividad que resultaba ser especial para aquellos
que estuvieran afiliados al Instituto del Seguro Social, ni
siquiera en aplicación del principio de favorabilidad,
pues éste solo se puede tener en cuenta en los casos
en que la normatividad especial resulta ser más
desfavorable que el general12, situación que no se
presenta en el sub lite […].
En lo concerniente al Decreto 758 de 1990, que la
accionante, igualmente, invoca en su recurso, se
precisa que tampoco resulta aplicable en el sub lite,
pues, además de estar dirigido específicamente a los
trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus
servicios a empleadores particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje, funcionarios de seguridad
social del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a
ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo de
ese Instituto; y, de manera facultativa, a trabajadores
independientes, sacerdotes diocesanos y miembros de
comunidades religiosas y servidores de entidades
oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS
(artículo 1º), en todo caso entró en vigor con
posterioridad a la fecha del deceso del policial13
[subrayas de la Sala].
De conformidad con el anterior derrotero jurisprudencial, no es dable dar
aplicación al Decreto 3041 de 1966 por favorabilidad en el caso de los
servidores cuya situación pensional se rige por un régimen especial, pues
esa normativa no establece un régimen general de pensiones, sino que se
aplica a algunos trabajadores oficiales y del sector privado.
2.2. Hechos probados.
i) Según registros civiles de matrimonio, nacimiento y defunción14, la
demandante y el señor Jorge Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.)
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente:
Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 27 de marzo de 2008, Expediente No. 25002325000199905264
01 (2833-2004), Actor: Jhon James Trujillo.
“(…) en los que se evidencia la existencia de dos normas que reglamentan la misma pensión, se ha aplicado
aquella disposición cuyos parámetros garantizan la obtención del derecho en controversia, dando aplicación al
principio de favorabilidad, pues contraviene la lógica y la equidad que una persona cobijada por un régimen
especial, que en principio debería optimizar en mejor medida sus derechos, no se le conceda un beneficio al que sí
pueden acceder la generalidad de los ciudadanos (…)”.
13
31 de agosto de 1971.
14
Folios 8, 10, 11 y 14.
10
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
contrajeron nupcias por el rito católico el 21 de diciembre de 1974, unión en
la que procrearon 3 hijos; y el mencionado esposo falleció el 3 de julio de
1982.
ii) En informativo sobre accidente de tránsito de 4 de julio de 1982 15,
emanado de la estación de policía vial del departamento de Policía del
Cauca, se plasmó que el agente Jorge Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.)
falleció en accidente de tránsito el 3 de los mismos mes y año.
iii) Conforme a la constancia emanada por la secretaría general – grupo de
archivo general de la Policía Nacional el 25 de julio de 2003, el señor Jorge
Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.) estuvo vinculado a esa institución en
condición de agente (no menciona fechas de ingreso y retiro) y se le
adicionó tiempo doble conforme al Decreto 1386 de 1974, entre el 21 de
agosto de 1972 y el 1° de febrero de 1973, con lo que alcanzó un tiempo
total de servicios de 13 años, 7 meses y 19 días.
Actuación administrativa
i) La señora Doris Amanda León de Vergara formuló reclamación
administrativa ante la entidad demandada (sin fecha)16, para que le
reconociera pensión de sobrevivientes, en su condición de beneficiaria del
señor Jorge Eliécer Vergara Carvajal.
ii) Mediante oficios 2310 de 18 de mayo de 1993 y 26350/ARPRE-GRUPE-
1.10 de 13 de junio de 201717, la Policía Nacional negó la prestación
deprecada, porque el expolicía no colmó los presupuestos del Decreto 609
de 1977 para causar el derecho a pensión de sobrevivientes.
2.3. Caso concreto.
La señora Doris Amanda León de Vergara acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes, en su condición de beneficiaria del señor Jorge Eliécer
Vergara Carvajal (q. e. p. d.).
15
Folio 16 a 22.
16
Folios 5 a 7.
17
Folios 2 y 3.
11
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que, por una parte, para la fecha de deceso del causante la
normativa que regía la pensión de sobrevivientes para los agentes de la
Policía Nacional era el Decreto 609 de 1977, que exigía por lo menos 15
años de servicio para causar el derecho, cuando su muerte se producía en
simple actividad; y, por otra, no es dable aplicar el Decreto 3041 de 1966,
que aprobó el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte de
los trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales, pues se trata de
un régimen prestacional diferente que excluye a quienes se rigen por uno
especial.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, puesto que, en su criterio, su situación particular se debe estudiar
conforme a la Constitución Política de 1991, respecto de la cual no es legal
la exigencia de un mínimo de 15 años de servicio para causar el derecho a
la pensión de sobrevivientes, por lo que se debe dar aplicación a las
previsiones del Decreto 3041 de 1966, que impone 150 semanas de aportes
a pensión.
Tal como quedó visto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el derecho pensional por muerte se causa a partir de la fecha
del fallecimiento, por tanto, la normativa aplicable a la prestación por el
deceso del señor Jorge Eliécer Vergara Carvajal (q. e. p. d.) es la que se
encontraba en vigor para la fecha de su deceso, que para el sub lite, por
tratarse el causante de un agente de la Policía Nacional que falleció el 3 de
julio de 1982, era el Decreto 609 de 1977, comoquiera que los integrantes de
la fuerza pública gozan de un régimen especial en pensiones.
En ese contexto, se tiene que la norma especial que rige el asunto sub
examine exige, como requisito para acceder a la prestación deprecada, que
el causante haya acreditado 15 años o más de servicios, cuando la muerte
se produce en simple actividad. No obstante, en el presente caso el
exagente de la Policía, a la fecha de su deceso, completó 13 años, 7 meses
y 19 días de servicios, por lo que sus beneficiarios únicamente tienen
derecho a una compensación por muerte y a las cesantías causadas, en los
términos del artículo 83 del referido Decreto 609 de 1977.
12
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Ahora bien, como la recurrente pide que se aplique la excepción de
inconstitucionalidad respecto de la exigencia de 15 años de servicio
contenida en la precitada norma, resulta pertinente puntualizar que se trata
de una facultad de los operadores jurídicos, que ni siquiera tiene que ser
alegada y el juzgador debe emplearla con efectos inter-partes cuando existe
una evidente contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto
y las normas constitucionales18. Sin embargo, en el caso sub judice no se
observa tal contradicción (máxime el carácter especial del régimen que
regía al finado) o circunstancia que amerite que a la situación particular de
la accionante se le dé un trato diferente al de aquellos beneficiarios de
exagentes de la Policía amparados por el Decreto 609 de 1977.
En consonancia con lo anterior, y ante la solicitud de dar aplicación al
Decreto 3041 de 1966, porque esa norma solo exige que el causante haya
efectuado aportes por 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la
fecha de su deceso, como se advirtió en precedencia, no es dable aplicar el
principio de favorabilidad, en cuanto este se examina siempre que existan
dos normas que rijan una misma situación jurídica, pero una de ellas de
carácter general y otra de naturaleza especial, en relación con las cuales la
primera es más beneficiosa para el trabajador; no obstante, el caso de la
demandante solo se encuentra gobernado por la norma especial aplicable a
los agentes de la Policía Nacional, pues tal Decreto en forma exclusiva
regula las pensiones de algunos trabajadores oficiales y del sector privado.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha
sido del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su
causación y que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no
basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida
en el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la
actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-132 del 13 de marzo de 2013.
13
Nº Interno: 1193-2023
Demandante: Doris Amanda León de Vergara
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
propia de sus intereses. Sin embargo, dado que el fallo apelado, en el
ordinal segundo de la parte decisoria la condenó en costas, se dispondrá su
revocatoria, conforme se ha precisado.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, excepto la condena en costas impuesta a la parte accionante, que
se revocará.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia,
excepto lo relacionado con la condena en costas, que se revoca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.