Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00034-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00034-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00034-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional
Temas: Principios de favorabilidad y de retrospectividad de la ley para
determinar procedencia de pensión de sobrevivientes respecto
del personal civil del Ministerio de Defensa. Procede su examen
respecto de normas vigentes a la fecha del deceso del causante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA, la señora Marleny Pinzón de Mejía formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se
efectúen las siguientes declaraciones:
i) La nulidad de la Resolución No. 3773 del 26 de julio de 2019, notificada mediante
aviso del 20 de agosto de la citada anualidad, por medio de la cual se negó el
reconocimiento y pago de «suma alguna por concepto de pensión de sobrevivientes,
con ocasión del deceso del Adjunto Primero del Ejército Nacional, MEJÍA
MONTERO HERMES OVIDIO…. a favor de la Señora MARLENY PINZÓN DE
MEJÍA… en calidad de cónyuge sobreviviente del fallecido…»
A título de restablecimiento del derecho solicita:
i) Se condene a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar a la actora la
pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su cónyuge, el señor Hermes
Ovidio Mejía Montero, deceso ocurrido en accidente de origen profesional.
ii) Se apliquen los artículos 27 y siguientes del Decreto 3170 de 1964, concordante
con la Ley 90 de 1946 y el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966 (vigente para la
época de los hechos), con efectos fiscales a partir del 6 de agosto de 1982, en
cuantía equivalente al 45% de los salarios y haberes devengados durante las
últimas cien semanas de servicio, con inclusión y ajuste especial del artículo 143 de
la Ley 100 de 1993.
Como pretensión subsidiaria solicita que:
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
i) Conforme a la aplicación retrospectiva del artículo 121, literal c) del Decreto 1214
de 1990, con efectos fiscales a partir del 8 de junio de 1990, se reconozca la
mencionada pensión de sobrevivientes en cuantía equivalente al 50% de la totalidad
de las partidas salariales devengadas, entre estas, las señaladas taxativamente en
el artículo 102 ibidem, a saber: sueldo básico, prima de servicio, prima de
alimentación, prima de actividad, prima familiar, auxilio de transporte, prima de
vacaciones y prima de navidad.
ii) En caso del reconocimiento del derecho, conforme al artículo 121 del Decreto
1214 de 1990, se reajuste la pensión de sobrevivientes, con observación de los
siguientes criterios:
-Ajuste de la base salarial de liquidación, a partir de la nivelación salarial anual del
sueldo básico del personal civil, comparativo entre el porcentaje del IPC y el
porcentaje aplicado por la entidad, acogiendo el más favorable.
-Incorporación de la bonificación por compensación (Decretos 2072 de 1997 y 58
de 1998) al sueldo básico mensual.
-Incremento de la prima de actividad en un 50 %, computándose a partir del 1° de
julio de 2007.
iii) En subsidio de las dos pretensiones anteriores, conforme al artículo 288 de la
Ley 100 de 1993, que propicia la aplicación retrospectiva del sistema general de
riesgos profesionales, contenido en el Decreto 1295 de 1994, o en la Ley 776 de
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2002 (artículos 11 y 12), por muerte de origen profesional, con efectos fiscales a
partir de la vigencia de cada de una de estas normativas.
iv) Para la determinación de los salarios y del ingreso base de liquidación, se
compute la totalidad de los salarios devengados, entre estos, el salario básico, las
primas legales, navidad, vacaciones, servicio, actividad, alimentación, entre otras,
el subsidio familiar, las bonificaciones, entre otras, acorde con el Convenio No. 95
de la OIT, aprobado por la Ley 54 de 1962.
v) Se condene a la entidad demandada: a) a reconocer y pagar a la actora, el monto
por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales causadas con la inclusión
de las adicionales de junio y diciembre; b) a reajustar, anualmente la mesada
pensional, conforme al IPC, certificado por el DANE, o subsidiariamente, conforme
al incremento porcentual del salario mínimo legal y c) a reconocer, liquidar y pagar
a la actora sobre las mesadas personales adeudadas, a título de sanción, el valor
de los intereses moratorios previstos en los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y
88 de la Ley 1328 de 2009 efectivos a partir del 14 de agosto de 2019 (día siguiente
al vencimiento del término legal previsto para haberse efectuado el reconocimiento
según el artículo 1º de la Ley 717 de 2001) o en subsidio se condene a:
• Indexar el total de las sumas adeudadas desde el momento de la causación de
cada una de las mesadas pensionales y hasta la fecha en que se produzca el pago
efectivo, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor que certifique el
DANE.
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
• Efectuar la afiliación de la demandante, al subsistema de salud, de las Fuerzas
Militares para la prestación de los servicios médicos, asistenciales; así como la
afiliación a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía –CAPROVIMPO-.
• Pagar a la accionante los valores adeudados por concepto de aportes mensuales
(por afiliación forzosa) no efectuados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía –CAPROVIMPO- para acceder a solución de vivienda con el consecuente
pago de los intereses moratorios causados (artículo 88 de la Ley 1328 de 2009) o
en subsidio con el reconocimiento de la corrección monetaria o indexación.
vi) Se condene a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia, de
conformidad con lo previsto en los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento
Administrativo de lo Contencioso Administrativo –CPACA- y a pagar las costas del
proceso, incluyendo las agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
i) El señor Hermes Ovidio Mejía Montero contrajo matrimonio con la señora Marleny
Pinzón Escudero el 9 de octubre de 1976, en la ciudad de Popayán (Cauca).
ii) El vínculo matrimonial permaneció vigente hasta el día 6 de agosto de 1982
cuando ocurrió el deceso del señor Mejía Montero, a causa de un atentado terrorista
que afectó el bus que conducía y en el cual se transportaban varios suboficiales de
la «Escuela Inocencio Chinca» en hechos ocurridos en la ciudad de Popayán.
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
iii) Dentro del vínculo matrimonial fue procreada una hija de nombre Lizeth Paola
Mejía Pinzón, quien nació en la ciudad de Popayán el 2 de septiembre de 1979.
iv) De acuerdo con el certificado electrónico de tiempos laborados emitido el 1° de
febrero de 2019, por el coordinador del Archivo General del Ministerio de Defensa,
el señor Hermes Ovidio Mejía prestó sus servicios al Ejército Nacional, en condición
de personal civil, por un tiempo de 12 años, 5 meses y 6 días.
v) A consecuencia del deceso del señor Hermes Ovidio Mejía Montero fue retirado
del servicio mediante orden administrativa de personal No. 1-061 de 1982 con
novedad fiscal al 6 de agosto de dicho año.
vi) Mediante Resolución 1084 del 20 de abril de 1983, modificada parcialmente por
la Resolución 4278 del 6 de julio de 1984, emitida por el Ministerio de Defensa
Nacional, se ordenó reconocer y pagar a los beneficiarios del señor Mejía Montero,
las prestaciones sociales, entre estas, las doceavas partes de las primas de navidad
y de servicios, las cesantías definitivas y 48 meses de los últimos haberes
percibidos, como compensación por muerte ocurrida en el servicio por acción del
enemigo; sin embargo, nada se dispuso sobre el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito de demanda se invocaron como violados los artículos 1.1 y 26 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, y
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
artículos 1, 2, 9, 12 y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 22, 23, 25,
26, 29, 42, 43, 46, 47,48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93, 94, 209 y 366 de la Constitución
Política; el artículo 28 del Decreto 3170 de 1964; el artículo 21 del Decreto 3041 de
1966, el artículo 1º del Decreto 2496 de 1982; el artículo 121 del Decreto 1214 de
1990; los artículos 49, 50, 51 y 52 del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 11 y 12
de la Ley 776 de 2002.
La parte demandante expuso ampliamente el concepto de la violación de las normas
vulneradas, en síntesis, adujo los siguientes argumentos:
i) El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3170 del 21 de noviembre de 1964,
que establece el seguro social obligatorio por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, el cual permaneció vigente hasta el 31 de julio de 1996, cuando entró
a operar el Sistema General de Seguridad Social en riesgos profesionales para los
servidores públicos del orden nacional.
ii) Conforme al principio de favorabilidad, resulta procedente el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966 «[p]or
el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez,
vejez y muerte» por remisión del artículo 28 del Decreto 3170 de 1964 «[p]or el cual
se aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales» derogado por el artículo 2º del Decreto 2496
de 1982 «[p]or el cual se aprueba el Acuerdo número 10 de 1982, emanado del
Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios» y no la compensación por
muerte que se reconoció a la demandante con base en el artículo 104 del Decreto 610
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
de 1977 «[e]statuto de Personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional».
iii) Por consiguiente, no resulta aplicable el Decreto 610 de 1977, que estaba
vigente para la fecha del deceso del señor Mejía Montero y que materializó la
entidad demandada para efectuar el reconocimiento de la compensación por muerte
con fundamento en el artículo 104 ibidem.
iv) Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han mantenido la
tesis acerca de que en materia de regímenes pensionales y en lo específico en lo
relacionado con pensiones de sobrevivientes, debe aplicarse el régimen general de
preferencia sobre el especial cuando el primero resulte más beneficioso para los
derechos del trabajador o beneficiario.
v) Lo anterior, de conformidad con el principio de favorabilidad cuyo fundamento
radica en que en las relaciones laborales y de la seguridad social, se aplicará al
trabajador, sus beneficiarios o usuarios, la norma que más lo favorezca al realizar
el juicio comparativo con otra u otras que admitan diferentes interpretaciones, y ante
la duda se debe escoger la que ofrezca la solución más ventajosa para aquél en
virtud del principio pro homine.
vi) Con posterioridad a la muerte del señor Hermes Ovidio Mejía Montero, fue
expedido el Decreto 1214 del 8 de junio de 1990 «[p]or el cual se reforma el estatuto
del régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional», cuyo artículo 121, previó que a partir de su vigencia, a la muerte del
empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional en servicio
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
activo, en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus
beneficiarios, en el orden establecido en dicho estatuto, tendrán derecho a que se
les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro años de los
haberes correspondientes a la categoría del causante y al pago doble de la cesantía
por el tiempo servido por el causante.
vii) Igualmente, señaló la anterior disposición que, si el empleado público del
Ministerio Defensa no hubiera cumplido 15 años de servicio, sus beneficiarios, en el
orden establecido en la ley, tendrán derecho a que por el tesoro público se les pague
una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas computables para
prestaciones sociales.
viii) A su turno, el artículo 49 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 11 de la Ley
776 de 2002 «[p]or la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del sistema general de riesgos profesionales» señalan que, si se
produce la muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como
consecuencia de accidente de trabajo, las personas descritas en el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 tienen derecho a una pensión de sobrevivientes por riesgos
profesionales.
ix) Las disposiciones mencionadas en los numerales vi), vii) y viii) resultaban
aplicables en virtud del principio de retrospectividad de la ley, no obstante que no
estuvieran vigentes para el momento del deceso del causante en virtud de los
principios de progresividad y pro homine.
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
x) Respecto a los intereses moratorios sobre el importe de la pensión por
inobservancia de los plazos para su reconocimiento, se resalta que el artículo 29 de
la carta política establece que a todas las actuaciones administrativas se les debe
aplicar el debido proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el artículo 19 del Decreto
656 de 1994, el artículo 1° de la Ley 717 de 2001 y el artículo 88 de la Ley 1328 de
2009. Por consiguiente, las entidades demandadas se constituyeron en mora con
respecto al reconocimiento del derecho de la pensión de sobrevivientes de la
demandante a partir del 14 de agosto de 2019, dado que la solicitud fue presentada
ante la entidad demandada el 13 de junio de 2019, según radicado MDN UGG EXT
19-65199.
xi) Para los reajustes de pensiones causadas con anterioridad al 1° de enero de
1994, es preciso tener en cuenta lo ordenado por el artículo 143 de la Ley 100 de
1993 que consagra un incremento en el monto nominal de la pensión, el que deben
efectuar las entidades de previsión o pagadores de la pensión a los pensionados,
además de asumir estas entidades el 100 % del pago del aporte de la cotización al
sistema de salud. Lo anterior en desarrollo al artículo 53 de la Constitución Política
que eleva a rango constitucional el principio rector de reajuste periódico de las
pensiones.
xii) En cuanto a la afiliación y descuento de aportes a la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía –CAPROVIMPO-, se advierte que la entidad
demandada vulnera la expectativa de derecho que le asiste a la demandante de
adquirir un subsidio para la solución de vivienda; sin embargo, mientras no se
reconozca su estatus o condición de pensionada, tampoco tendría la condición de
afiliada forzosa, razón por la cual la entidad demandada tendrá que girar los aportes
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
retroactivos no efectuados por su omisión en el reconocimiento pensional, lo cual
corresponde desde el 21 de julio de 2005, fecha de la vigencia de la Ley 973 de
2005, que confiere el carácter de afiliado forzoso a los beneficiarios del personal
militar y policial en goce de pensión de sobrevivientes, de sustitución de pensión o
asignación de retiro.1
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones:
i) Legalidad normativa del acto impugnado.
La Resolución No. 3773 del 26 de julio de 2019, encuentra su fundamento normativo
en el Decreto 610 de 1977, por el cual se modifica el Estatuto de Personal Civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, norma de carácter especial y
aplicable para la época de ocurrencia de los hechos y que consagra que en caso de
muerte en servicio de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía
Nacional sus beneficiarios tienen derecho a una compensación en dinero.
El acto acusado, mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, goza de total legalidad y validez, toda vez que se expidió con
fundamento en normas legales y en ningún momento obró un actuar arbitrario.
ii) Improcedencia del derecho reclamado
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No resulta procedente la aplicación retroactiva del Decreto 1414 de 1990 ni de la
Ley 100 de 1993 y, por tanto, no es viable el reconocimiento y pago de suma alguna
por concepto de pensión de sobrevivientes, toda vez que no se cumple con el
presupuesto legal de tiempo de servicio prestado al Ministerio de Defensa Nacional.
El personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, como
es el caso del señor Mejía Montero Hermes Ovidio, tiene un régimen prestacional
especial, previsto en el Decreto 610 de 1977, norma de carácter especial y aplicable
para la época de la ocurrencia de los hechos y, en consecuencia, su situación no
puede ser regulada por una ley ordinaria como la Ley 100 de 1993, ni por decretos
expedidos en uso de facultades extraordinarias concedidas por el congreso al
ejecutivo.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias (C-835 de 2002,
C-1032 de 2002, C-101 de 2003 y C-104 de 2003) sobre el particular, al aceptar que
el régimen pensional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es diferente
al general, precisamente porque no pueden equipararse los sujetos a quienes
aplican dichas disposiciones teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios
prestados.
iii) Carencia del derecho de los demandantes, inexistencia de la obligación
de la demandada
Es evidente que por la calidad de adjunto primero que ostentaba el señor Hermes
Ovidio Mejía Montero que, al momento de su muerte, se encontraba inmerso en un
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régimen prestacional especial, es decir, cobijado por el Decreto 610 de 1977, norma
de carácter especial y aplicable para la época de la ocurrencia de los hechos, en la
que no se contemplaba el reconocimiento ni el pago de pensión por muerte a favor
de los beneficiarios legales.
Aunado a lo anterior, mediante la Resolución No. 1084 del 20 de abril de 1983 se
reconoció y ordenó el pago de cesantías definitivas y compensación por muerte por
el deceso del adjunto primero del Ejército Nacional Hermes Ovidio Mejía Montero,
con lo que se evidencia que efectivamente la entidad cumplió con el deber de
indemnizar a quien tenía el derecho por la muerte del civil fallecido.
iv) La existencia de regímenes prestacionales diferentes no es contrario al
principio de igualdad
Las Fuerzas Militares obedecen a un régimen de carácter excepcional regulado
expresamente por la ley, por lo que la petición de la actora no resulta procedente,
dado que al momento de reconocer y pagar las prestaciones a que tienen derecho
sus beneficiarios, se deben tener en cuenta las normas especiales.
v) No es procedente la aplicación del principio de favorabilidad
Sobre la aplicación de la Ley 100 de 1993 a situaciones prestacionales o de
seguridad social en pensiones a miembros de las Fuerzas Armadas, es preciso
indicar que, en sentencia del 14 de agosto de 2003, expediente 2199-01, con
ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, se señaló que no era posible pues
es indiscutible que el artículo 179 de la citada ley excluye de sus mandatos a tales
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servidores.
vi) No se acreditó dependencia económica de la demandante, requisito
indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que para que proceda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debe acreditarse una dependencia
económica de quien reclama ser beneficiario del fallecido; por lo anterior en el
presente asunto, no es posible su reconocimiento, dado que la actora no demostró
dentro del proceso que se encontraba en dicha situación.
vii) Prescripción de las mesadas pensionales
De manera subsidiaria que, en caso de que se acceda a las pretensiones de la
demanda, se de aplicación a la prescripción de las mesadas, desde el momento en
que el derecho se hizo exigible.
viii) Innominada.
Se reconozcan de oficio los hechos que resulten probados y que contribuyen a una
excepción de fondo.2
1.3. Audiencia inicial
2 Folios 120 a 127
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
El 19 de febrero de 2021 el magistrado sustanciador se pronunció sobre la
excepción de prescripción y señaló que su estudio se diferiría para el momento de
la sentencia, decisión que se sustentó, así: «[…] el Tribunal considera que para ser
resuelta no requiere práctica de pruebas; sin embargo, como las pretensiones se
basan sobre un derecho que genera el reconocimiento de prestaciones periódicas,
ya que se solicita el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, se requiere
analizar en primer lugar la existencia del derecho y posteriormente si este se
encuentra afectado de prescripción, por lo tanto se diferirá para resolver en la
sentencia». 3
En audiencia inicial celebrada el 9 de marzo de 2021 el magistrado sustanciador fijó
el litigio y decretó pruebas.4
1.4. La sentencia apelada
En sentencia del 3 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo del Cauca negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Marleny Pinzón, de acuerdo
con las siguientes consideraciones:5
a) El causante falleció el 6 de agosto de 1982 y el reconocimiento pensional se
solicitó 37 años después, por lo que es necesario examinar la jurisprudencia del
Consejo de Estado respecto de la aplicación del régimen de seguridad social
general sobre el especial y la aplicación retroactiva de la ley.
3 Folio 136 a 136 v
4
Folios143 a 144
5 Folios 171 a 200
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
b) En sentencia del 1° de marzo de 2018, la alta corporación analizó lo
relacionado con el objeto de la pensión de sobrevivientes y la norma a aplicar para
su reconocimiento; de conformidad con lo allí expuesto, se examinó la disposición
especial que regulaba la situación del causante en contraste con la general y se
determinó que debía aplicarse la vigente al momento del deceso del servidor.
c) No se acogió la aplicación retrospectiva del artículo 121 literal c), de los
Decretos 1214 de 1990 y 1295 de 1994 ni de la Ley 776 de 2002, solicitada en la
demanda, puesto que dentro de la vigencia de esta normativa no se consolidó el
presunto derecho pensional reclamado por la beneficiaria del servidor público.
d) Teniendo en cuenta que el señor Hermes Ovidio Mejía Montero estuvo
vinculado al Ministerio de Defensa Nacional en el cargo de conductor adjunto, al ser
un empleado público, la norma especial vigente aplicable era el Decreto 610 de
1977, que no contemplaba la pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios
del causante, sino una compensación en dinero por muerte y esto fue lo que se
reconoció a la señora Pinzón de Mejía y a otros herederos por parte del Ministerio
de Defensa Nacional a través de la Resolución No. 1084 del 20 de abril de 1983,
modificada parcialmente por la Resolución No. 4278 del 6 de julio de 1984.
e) Como el causante era un empleado público, la norma general que regulaba
la seguridad social para el momento de su deceso era el Decreto 3138 de 1968
«[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y
el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados, públicos y
trabajadores oficiales», cuyo artículo 35, señala que, en caso de muerte del
empleado público, sus beneficiarios tienen derecho a que la respectiva entidad de
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
previsión les pague una compensación equivalente a 12 meses del último sueldo
devengado por el causante; pero si la muerte ocurriera por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, la compensación será de 24 meses del último sueldo
devengado .
f) Se puede apreciar que esta disposición tampoco contempla en favor de los
beneficiarios del empleado público fallecido la pensión de sobrevivientes, y en
cuanto a la compensación por muerte resulta inferior a la otorgada por la norma
especial; por ende, no resulta de ninguna manera más favorable para la parte
actora.
g) No es procedente la aplicación del Decreto 3170 de 1964, por cuanto ese
reglamento no estaba dispuesto para empleados públicos a la fecha del deceso del
causante sino que se dirigió, con base en la norma de la cual se originó, esto es, la
Ley 90 de 1946 a los trabajadores del sector privado. En ese orden de ideas, los
empleados públicos contaban con un régimen especial, en el caso de la
demandante, previsto en el Decreto 610 de 1977 y, como disposición general, el
Decreto 3138 de 1968, que no prevén la prestación solicitada sino la indemnización
por muerte, tal como fue reconocida.
h) Por último, si en gracia de discusión se llegaré a considerar la posibilidad de
conceder el reconocimiento del derecho pensional solicitado, sería necesario
verificar la dependencia económica de la demandante con el fallecido, la cual no se
demostró, toda vez que la señora Pinzón de Mejía no solo percibió una
indemnización por la muerte de su esposo, sino que, posteriormente, según
testigos, laboró en la misma institución que ahora demanda hasta lograr percibir una
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
pensión de jubilación.6
1.5. El recurso de apelación
Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, la señora Marleny Pinzón,
por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación, por medio del
cual reiteró los argumentos de la demanda referentes a la aplicación de los
principios de favorabilidad y retrospectividad de la ley y, además, argumentó lo
siguiente:
a) No fue acertada la conclusión a la que arribó el a quo, pues desconoció los
principios fundamentales universales referentes a la seguridad social, cimentados
en el derecho laboral internacional y aprobados por el Estado colombiano los cuales
integran el bloque de constitucionalidad y, por ende, son de obligatoria observancia
y aplicación por parte de los operadores judiciales.
b) El 6 de agosto de 1982 regía en todo el territorio nacional el sistema de los
seguros sociales obligatorios por accidente de trabajo y enfermedad profesional
introducido por la Ley 90 de 1946 y organizado a partir de los acuerdos de los
seguros sociales obligatorios, homologados por los decretos del Gobierno Nacional,
entre estos, el Decreto 3170 de 1964, base de la pretensión principal del medio de
control.
c) El artículo 27 del Decreto 3170 de 1964 dispuso que cuando el accidente de
trabajo o la enfermedad profesional produzca la muerte del asegurado se causa el
6 Folios 171 a 200
18
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos y condiciones de los
artículos siguientes. El artículo 28 ibidem, estuvo vigente hasta el 26 de agosto de
1982 y fue derogado por el artículo 2º del Decreto 2496 de 1982. Esta última
disposición, que consagra el derecho pensional de la actora, dispuso que la
distribución de la pensión de sobrevivientes en caso de muerte por riesgos
profesionales sería la consagrada en el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966.
d) A su turno, esta última norma establece que: «[…] la pensión a favor del cónyuge
sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con
derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez,
que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del
fallecimiento excluidos los aumentos dispuestos en el artículo 16 del presente
reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la
pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno».
e) No se puede pretender, ni exigir como requisito para otorgar a la viuda la pensión
de sobreviviente demostrar la dependencia económica con posterioridad a la muerte
del causante, dado que después de ese suceso ya no se depende económicamente
de una persona, por lo que esa acreditación es un imposible jurídico.
f) No tiene ninguna incidencia la circunstancia de que la demandante haya trabajado
como empleada civil en el Ministerio de Defensa y, posteriormente, hubiera obtenido
su derecho a la pensión de jubilación, pues a la luz del literal c) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 son compatibles las pensiones de jubilación o vejez con las de
sobrevivientes.
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
g) Tampoco es exigible para la concesión del derecho la demostración del estado
de pobreza o necesidad como lo expresó el a quo, por resultar esta afirmación
improcedente a la luz del principio constitucional a la dignidad humana.
h) Con posterioridad a la muerte del señor Hermes Ovidio Mejía Montero con
motivo de la ocurrencia de actos terroristas, fue expedido el Decreto 1214 del 8 de
junio de 1990 «[p]or el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional del
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional» que en su artículo 121
previó la pensión de sobreviviente por muerte en combate.
i) En atención a los principios de retrospectividad y de progresividad de los
derechos sociales, es viable el reconocimiento de la pensión de sobreviviente de la
actora, causada por el deceso de su cónyuge en actos propios del servicio para lo
cual resulta pertinente acoger la normatividad expedida con posterioridad a su
muerte.7
1.6. El Ministerio Público
En segunda instancia el agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2.- Consideraciones
2.1. El problema jurídico
En el presente asunto se presentan los siguientes problemas jurídicos:
7 Folios 208 a 222
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
En primer lugar, si conforme al principio de favorabilidad, resulta procedente el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 21 del Decreto
3041 de 1966 «[p]or el cual se aprueba el reglamento general del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte» por remisión del artículo 28 del Decreto 3170
de 1964 «[p]or el cual se aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales» derogado por el artículo 2º
del Decreto 2496 de 1982 «[p]or el cual se aprueba el Acuerdo número 10 de 1982,
emanado del Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios» y no la
compensación por muerte que se reconoció a la demandante con base en el artículo
104 del Decreto 610 de 1977 «[e]statuto de Personal Civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional».
En segundo lugar, si resulta viable la aplicación retrospectiva de las normas expedidas
con posterioridad a la muerte del adjunto primero Hermes Ovidio Mejía Montero, esto
es, el artículo 121 del Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el estatuto y
régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», el artículo
49 del Decreto 1295 de 1994 «[p]or la cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales» y el artículo 11 de la
Ley 776 de 2002 «[p]or la cual se dictan normas sobre la organización, administración
y prestaciones del Sistema Generales de Riesgos Profesionales.
En tercer lugar, de ser procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
se deberá establecer si acorde con la normatividad aplicable resulta necesario
acreditar la dependencia económica de la demandante al momento del fallecimiento
del adjunto primero Hermes Ovidio Mejía Montero
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2.2. Marco Normativo y conceptual
2.2.1. El derecho a la pensión de sobrevivientes en el régimen de riesgos
profesionales
El derecho a la pensión de sobrevivientes ha sido definido como una de las
expresiones del derecho a la seguridad social siendo una prestación que se genera
a favor de las personas que dependían económicamente de otra que fallece, y
corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social fundada en los
principios constitucionales de solidaridad, reciprocidad, y universalidad del servicio
público.
En ese sentido, con el objeto de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador estableció la denominada pensión de sobrevivientes como una prestación
dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado
al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias
de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, precisó:
[…]
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la
situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o
afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un
determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más
dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades. […] (Negritas de la Sala).
Es importante advertir que la pensión de sobrevivientes se le concede al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos mínimos
para obtener la pensión.8
Ahora bien, en lo referente a la norma aplicable para definir el derecho a la pensión
de sobrevivientes, el Consejo de Estado ha sido reiterativo en señalar que es
aquella que esté vigente en el momento en que se habría causado el derecho, es
decir, la que rige en la fecha del fallecimiento del causante.9
La anterior línea jurisprudencial se mantiene hoy en día, entre otras en las siguientes
sentencias: i) del 23 de octubre de 2014, radicado 54001-23-33-000-2013-00149-
01(0673-14);10 ii) del 14 de septiembre de 2017, radicado, 54001-23-31-000-2011-
00496-01(1102-14), 11 de abril de 2018, radicado 05001-23-33-000-2013-00895-
01(3374-15), 18 de mayo 2018, radicado 70001-23-31-000-2007-00224-01(4061-
15);11 iii) del 27 de abril de 2017, radicado 05001-23-33-000-2012-00573-01(3734-
13);12 iv) del 15 de junio de dos mil diecisiete (2017), radicado 05001-23-33-000-
8 Véase la sentencia de la Corte Constitucional T-564 de 2015.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de enero de 2021, radicado
70001 23 33 000 2015 00397 00 (0258-2019), consejero ponente: Rafal Francisco Suárez Vargas
10 Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez
11 Consejero ponente César Palomino Cortés
12 Consejero ponente William Hernández Gómez
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2013-00844-01(4880-14);13 v) del 4 de julio de 2019, radicado 54001-23-31-000-
2012-00284-01 (4531-2014);14 y, vi) del 9 de marzo de 2017, expediente 05001-23-
31-000-2011-01929-01(0625-14).15
Así pues, en materia de pensión de sobrevivientes, se ha partido de la premisa
general según la cual la norma aplicable es la vigente para la fecha del fallecimiento
del causante.
2.2.1.1. Decreto 3170 de 1964 «[p]or el cual se aprueba el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales» expedido por el presidente de la República con base en las facultades
conferidas en el artículo 9º de la Ley 90 de 1946.
Artículo 27. Cuando un accidente de trabajo o enfermedad profesional
produzca la muerte del asegurado, habrá derecho a lo siguiente:
Artículo 28. La pensión a favor de la vida será igual a un veinticinco por ciento (25%)
del salario de base computado en la misma forma dispuesta por el artículo 22 para el
cálculo de las pensiones de invalidez. Está pensión se elevará al treinta por ciento
(30%) del salario de bases y la viuda es inválida. El viudo inválido tendrá el mismo
derecho a la pensión que la viuda inválida, si hubiere dependido económicamente de
la asegurada
El derecho a la pensión comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado y
cesará con la muerte de la beneficiaria o cuando está contraiga nuevas nupcias o
reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia. Pero la viuda que contraiga
matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales un seguro global
equivalente a tres anualidades de la pensión reconocida.
13 Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez
14 Consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter,
15 Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández
24
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2.2.1.2. El artículo 2º del Decreto 2496 del 26 de agosto de 198216 «[p]or el cual
se aprueba el Acuerdo número 10 de 1982, emanado del Consejo Nacional de
los Seguros Sociales Obligatorios» derogó la anterior norma y previó en el artículo
1º ibidem «[l]a distribución personal para sobrevivientes en caso de muerte por
riesgos profesionales será lo que consagra el artículo 21 del Acuerdo número 224
de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966, para los casos de origen no
profesional». 17
2.2.1.3. El artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, «[p]or el cual se aprueba el
reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte»
estatuye la pensión de sobrevivientes, bajo el siguiente tenor:
La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento
(50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la
pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que habría
correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuestos en el
artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre,
la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.
2.2.1.4. Decreto 1295 de 199418
El artículo 39, numeral 11 de la Ley 100 de 1993 revistió al presidente de la República
de facultades extraordinarias para organizar la administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales
16
Derógase el artículo 28 del Acuerdo número 1.55 de 1963, aprobado por Decreto 3170 de 1964.
17 Comenzó a regir a partir de su expedición, esto es, el 26 de agosto de 1982
18«Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales»
25
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
Con fundamento en la norma anterior se expidió el Decreto 1295 de 1994 que en el
artículo 1º, define el Sistema General de Riesgos Profesionales como el conjunto de
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan.
El objetivo del Sistema General de Riesgos Profesionales en los términos del artículo
2º ibidem, es: «[e]stablecer las actividades de promoción y prevención tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora,
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que
puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como
los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de
seguridad».
En el artículo 3º se señala que el Sistema General de Riesgos Profesionales, con las
excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas
las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores,
contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos
sus órdenes, y del sector privado en general.
En el artículo 4º se indicó que eran características del Sistema:
[…]
a. Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado.
26
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales
tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo.
c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos
Profesionales.
d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos
los empleadores.
e. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de
Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable
de las prestaciones que se otorgan en este decreto.
f. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por
parte del empleador.
g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones previstas en el presente Decreto.
h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de
los empleadores.
i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se
establecen en este decreto.
j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para
los riesgos de ATEP, o cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad
social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de
continuidad, al Sistema General de Riesgos Profesionales que por este decreto se
organiza.
k. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación.
l. Los empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos
profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de
riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrá estas entidades
administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.
[…] [negrilla no original]
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Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2.2.1.5. Ley 776 de 200219
En el artículo 11 previó que si como consecuencia del accidente de trabajo o de la
enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado
por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las
personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 199320 y su reglamentarios.
Y el artículo 12 regula el monto de la pensión de sobrevinientes en el Sistema
General de Riesgos Profesionales, así:
El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso:
a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de
liquidación;
b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que
aquel estaba recibiendo como pensión.
Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el
literal c) del artículo 10 de la presente ley la pensión se liquidará y pagará
descontando el quince por ciento (15%) que se le reconocía al causante.
2.2.1.6. Ley 1562 de 201321
Con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo del artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo
19 «Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema
General de Riesgos Profesionales».
20 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
21 «Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional».
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2º de la Ley 1562 de 2012,22se expidió el Decreto 723 de 2013 en el cual se previó
que eran necesario reglamentar la afiliación obligatoria de las personas vinculadas
a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren
en actividades de alto riesgo, para el mejoramiento de las condiciones de salud y
trabajo.
2.2.2. Compensación por muerte del personal civil del Ministerio de Defensa y
de la Policía Nacional, artículo 104 del Decreto 610 de 1977
La norma citada es del siguiente tenor:
[…] En caso de muerte en servicio de un empleado público del Ministerio de Defensa
o de la Policía Nacional, sus beneficiarios, en el orden y proporción establecidos en
el Artículo anterior, tienen derecho a una compensación en dinero equivalente a
dieciocho (18) meses de sus haberes, tomando como base las partidas de que trata
el Artículo 85 de este Decreto.
Cuando la muerte ocurriere por accidente en misión del servicio, la compensación
será igual a veinticuatro (24) meses de los últimos haberes devengados por el
causante, previa investigación administrativa del caso.
Cuando la muerte ocurriere por hechos inherentes al combate por acción del enemigo,
en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público,
la compensación será igual o cuarenta y ocho (48) meses de los últimos haberes
devengados por el causante.
Además, se pagarán a los beneficiarios las prestaciones que el causante hubiere
consolidado en el servicio.
29
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2.2.3. Pensión de sobrevivientes por muerte del personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, artículo 121 del Decreto 1214 de 1990
La norma citada es del siguiente tenor:
A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un empleado público del
Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, en servicio activo, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden
establecido en este Estatuto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una compensación equivalente
a cuatro (4) años de los haberes correspondientes a la categoría del causante,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional no hubiere
cumplido quince (15) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en
este Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro
Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas computables para prestaciones sociales.
Esta pensión se incrementará en un cinco por ciento (5%) por cada año de servicio
que exceda de los quince (15) años, sin sobrepasar del setenta y cinco por ciento
(75%).
2.3. Hechos probados
2.3.1. El 8 de agosto de 1982, se expidió Acta de Defunción No. 698,23 emitida por
las Fuerzas Militares- Ejército Nacional, por la cual se demostró que el adjunto
primero Hermes Ovidio Mejía Montero falleció el 6 de agosto de 1982 a causa de
23 Folios 48 y 49
30
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
un atentado terrorista cuando conducía el bus del recorrido de suboficiales, es decir,
en ejercicio de misiones propias del servicio.
2.3.2. El 30 de noviembre de 1982,24 se emitió certificado por medio del cual se
acreditó que el adjunto primero Hermes Ovidio Mejía Montero laboró 12 años, 5
meses y 6 días en el Ejército Nacional, su retiro se dio por «DEFUNCIÓN», su última
unidad fue la Escuela de Suboficiales y al momento de su deceso se encontraba
casado con la señora Marleny Pinzón desde el 9 de octubre de 1976.
2.3.3. El 20 de abril de 1983, por Resolución No. 1084, modificada parcialmente por
la Resolución No. 4278 del 6 de julio de 198425, el Ministerio de Defensa Nacional
ordenó reconocer y pagar a Marleny Pinzón de Mejía (cónyuge), así como a los
menores Lizeth Paola Mejía Pinzón, Alejandro Mejía Vergara y William Ferney Mejía
Cerón hijos del señor Hermes Ovidio Mejía Montero, las prestaciones sociales, entre
estas, las doceavas partes de las primas de navidad y de servicios, la cesantías
definitiva y 48 meses de los últimos haberes percibidos, como compensación por
muerte ocurrida en el servicio.
2.3.4. El 13 de junio de 2019 la actora, por conducto de apoderado, solicitó ante el
Ministerio de Defensa-Grupo de Prestaciones Sociales26 el reconocimiento a su
favor de la pensión de sobreviviente causada por el deceso del señor Hermes Ovidio
Mejía Montero en accidente de origen profesional (muerte en atentado terrorista).
24 Folio 42.
25 Folios 78 a 80 y 81 a 83
26 Folios 86 a 89
31
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
2.3.5. El 26 de julio de 2019 la Secretaría General del Ministerio de Defensa
Nacional expidió la Resolución 3773 (acto acusado)27, por medio del cual declaró
que no había lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de
pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso del adjunto primero del Ejército
Nacional Hermes Ovidio Mejía Montero.
2.4 Análisis de la Sala. Caso concreto
Se aborda el examen del primer problema jurídico, el cual consiste en establecer si
conforme al principio de favorabilidad resulta procedente el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966 «[p]or
el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez,
vejez y muerte» por remisión del artículo 28 del Decreto 3170 de 1964 «[p]or el cual
se aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales» derogado por el artículo 2º del Decreto 2496
de 1982 «[p]or el cual se aprueba el Acuerdo número 10 de 1982, emanado del
Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios» y no la compensación por
muerte que se reconoció a la demandante con base en el artículo 104 del Decreto 610
de 1977 «[e]statuto de Personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional».
Los artículos 217 y 218 de la Constitución Política establecieron que la Fuerza
Pública tendría su propio régimen de carrera, disciplinario y prestacional. Este
último se mantiene aún con la adopción de un régimen general de Seguridad Social
27 Folios 92 a 95
32
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
y prestaciones sociales, tal como lo dispone el artículo 1º .° del Acto Legislativo 01
de 2005. Por tanto, es claro que, desde antes de la Constitución, y aun en la
actualidad, se ha mantenido un régimen especial y excepcional para los miembros
de la Fuerza Pública.
Las prestaciones a que se refiere el Decreto 3041 de 1966 se pagan con el dinero
aportado por los empleados y patronos al Instituto de los Seguros Sociales, tal como
lo disponen los artículos que a continuación se enuncian:
ARTICULO 38. El patrono está obligado a entregar al instituto, a través de la caja
seccional u oficina local que corresponda a su jurisdicción en el plazo y forma que
determine el reglamento de aportes y recaudos, la totalidad de las cotizaciones, que
sean de su cargo y las que deben ser satisfechas por el asegurado.
El patrono al efectuar el pago del salario de cada asegurado retendrá la cotización
que éste debe aportar para el seguro de invalidez, vejez y muerte, correspondiente
al periodo de trabajo cubierto por el salario, si el patrono no descontare el monto de
la cotización del asegurado en la oportunidad señalada en éste artículo, no podrá
efectuarlo después y las cotizaciones no descontadas al asegurado, serán también
de cargo del patrono.
ARTICULO 39. El pago de las cotizaciones para el seguro de invalidez, vejez y
muerte se hará conjunta y simultáneamente con el de las cotizaciones para los
seguros de enfermedad no profesional y maternidad, y accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
ARTICULO 40. Los ingresos del seguro de invalidez, vejez y muerte formarán un
fondo distinto e independiente de los ingresos de las otras ramas del seguro social
obligatorio.
Cuando no sea a título de inversiones recuperables, los fondos del seguro de
invalidez, vejez y muerte no podrán dedicarse a fines distintos al pago de las
prestaciones dispuestas en este reglamento, al costo de los gastos de
administración y a los servicios de rehabilitación conforme al artículo 42.
Los gastos que demande la inversión de las reservas serán imputados a las
utilidades de las mismas.
33
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
En suma, el Decreto 3041 de 1966 estaba destinado únicamente a los afiliados al
Seguro Social obligatorio, es decir, que no es aplicable al caso porque el causante
adjunto primero del Ejército Nacional no fue un trabajador que estuviera obligado a
tal afiliación, y por tal razón, el análisis fundado en el principio de favorabilidad
propuesto por la parte demandante no es pertinente.
Además, la Sala observa que tampoco resulta procedente el examen del asunto
bajo el principio de favorabilidad porque para el momento en que ocurrió el deceso
del adjunto primero del Ejército Nacional Hermes Ovidio Mejía Montero, esto es, el
6 de agosto de 1982 no estaba vigente el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966 sino
el artículo 28 del Decreto 3170 de 1964, conforme a la siguiente explicación:
El artículo 28 del Decreto 3170 de 1964, establece lo siguiente:
Artículo 28. La pensión a favor de la vida será igual a un veinticinco por ciento (25%)
del salario de base computado en la misma forma dispuesta por el artículo 22 para el
cálculo de las pensiones de invalidez. Está pensión se elevará al treinta por ciento
(30%) del salario de bases y la viuda es inválida. El viudo inválido tendrá el mismo
derecho a la pensión que la viuda inválida, si hubiere dependido económicamente de
la asegurada
El derecho a la pensión comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado y
cesará con la muerte de la beneficiaria o cuando está contraiga nuevas nupcias o
reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia. Pero la viuda que contraiga
matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales un seguro global
equivalente a tres anualidades de la pensión reconocida.
34
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
La citada norma fue derogada por el artículo 2º del Decreto 2496 del 26 de agosto de
198228 que previó en el artículo 1º: «[l]a distribución personal para sobrevivientes en
caso de muerte por riesgos profesionales será lo que consagra el artículo 21 del
Acuerdo número 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966, para los casos
de origen no profesional». 29
Por su parte, el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, estatuye la pensión de
sobrevivientes, bajo el siguiente tenor:
La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento
(50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la
pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que habría
correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuestos en el
artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre,
la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.
Es decir, la derogatoria del artículo 28 del Decreto 3170 de 1964 se produjo el 26
de agosto de 1982 y el deceso del adjunto primero Hermes Ovidio Mejía Montero
ocurrió el 6 de agosto de 1982, esto es, en vigencia de la anterior norma y no del
artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, que consagra el derecho a la pensión de
sobrevivientes en un 50%.30
Por ello, no es dable la pretensión de que prevalezca la última norma citada sobre
el artículo 104 del Decreto 610 de 1977 en tanto que el presupuesto para dar cabida
28
Derógase el artículo 28 del Acuerdo número 1.55 de 1963, aprobado por Decreto 3170 de 1964.
29 Comenzó a regir a partir de su expedición, esto es, el 26 de agosto de 1982
30 […] un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento
(20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que lo que
habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuestos en el artículo 16
del presente reglamento […]
35
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
al análisis de procedencia del principio de favorabilidad, en el asunto, partía de que
se encontrara vigente la disposición cuya aplicación se pretende, situación que no
se presenta en el caso analizado por cuanto el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966
no regía para el momento del deceso del causante.
En ese orden de ideas, se concluye que en el asunto no es dable aplicar el principio
de favorabilidad, en primer lugar, por cuanto el régimen del seguro social originado
en la Ley 90 de 1946 norma de la cual surgió el artículo 21 del Decreto 3041 de
1996 no es aplicable para definir el derecho pensional pretendido por cuanto el
causante no se encontraba afiliado y, en segundo lugar, porque dicha norma no
estaba vigente para el momento en que ocurrió el deceso, vale decir, no regía para
la fecha de la consumación o estructuración del derecho.
En consecuencia, la citada disposición no entra en conflicto con el artículo 104 del
Decreto 610 de 1977 31 con base en el cual se hizo el reconocimiento de la
compensación por muerte el cual se efectuó mediante la Resolución 1084 del 20 de
abril de 1983 modificada parcialmente por la Resolución No. 4278 del 6 de julio de
198432, en el equivalente a 48 meses de los últimos haberes percibidos.
31 Sobre el particular, es pertinente señalar que la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del
23 de septiembre de 2021, radicación: 08001-23-33-000-2017-01393-01(5256-2019), demandante:
Osvaldo de Jesús Salinas de la Cruz, demandada: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
consejero ponente: William Hernández Gomez, mencionó al respecto: «[…]En tales condiciones, el
principio de favorabilidad en materia laboral es aplicable en aquellos casos en que existan dos
normas o una con diferentes interpretaciones, para lo cual deberá aplicarse la más favorable,
siempre que las normas en cuestión tengan vigencia para el momento en que se consolidó el
derecho reclamado[…]».(negrilla original)
32 Folios 78 a 80 y 81 a 83
36
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
En segundo lugar, se examinará si resulta viable la aplicación retrospectiva de las
normas expedidas con posterioridad a la muerte del adjunto primero Hermes Ovidio
Mejía Montero, esto es, el artículo 121 del Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se
reforma el estatuto y régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional», el artículo 49 del Decreto 1295 de 199433 «[p]or la cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales»34 y el
artículo 11 de la Ley 776 de 200235 «[p]or la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales».
El argumento de la parte actora para efectuar esta solicitud radica en que surge la
necesidad, en virtud de los principios de progresividad y pro homine de aplicar de
forma retrospectiva las normas precedentes sobre el artículo 104 del Decreto 610
de 1977 con base en el cual se reconoció a la demandante la compensación por
muerte en virtud del fallecimiento del adjunto primero Hermes Ovidio Mejía Montero
La retrospectividad comporta la aplicación inmediata de la ley a situaciones jurídicas
en proceso de consolidación que venían reguladas en virtud de una norma anterior,
33 Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un
pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas
descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.
34 Declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-452 de 2022. Referencia:
expediente D-3819, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos […] 49 […] Decreto
Legislativo 1295 de 1994, demandante: Leonardo Cañón Ortegón, magistrado ponente: Jaime Araujo
Rentería, sentencia del 12 de junio de 2002.
35 MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como
consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del
afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.
37
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
en garantía de expectativas legítimas que no se habían perfeccionado 36 La Corte
Constitucional, en sentencia T-110 de 22 de febrero de 2011, determinó:
El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya
se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a
situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior,
pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la
nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional
como un límite a la retroactividad, asociando. su propósito a la satisfacción de los
principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la
superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del
valor justicia que consagra- el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad
con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.
De las sentencias estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las
normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma
jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas que se han
consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una
norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que
se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han finalizado al
momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida
situación jurídica [ ... ].
En virtud de dicho principio, el Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de
abril de 2010,37 reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación
retrospectiva de la ley, pese a que el fallecimiento había ocurrido en octubre de
1970, con fundamento en que, en materia laboral y por virtud del principio de
favorabilidad, «se admite la aplicación retrospectiva de la Ley […] por cuanto la Ley
nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han
36 Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 23 de septiembre de 2021, radicación: 08001-
23-33-000-2017-01393-01(5256-2019), demandante: Osvaldo de Jesús Salinas de la Cruz,
demandada: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, consejero ponente: William Hernández
Gomez.
37 Sección Segunda, radicado 25000 2325000200700832-01 (0548-09), consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
38
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Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
acaecido bajo la vigencia de una Ley, no tuvieron la virtud de obtener su
consolidación de manera definitiva como derecho bajo la Ley antigua […]».
Tal criterio fue ratificado en varias oportunidades por esta Corporación,38 hasta que,
en sentencia del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Segunda rectificó
su posición e indicó que si bien se venía adoptando una posición favorable para los
beneficiarios en cuanto al régimen pensional, es decir, que cuando el régimen
especial no cumpliera unas mínimas garantías y por el contrario el general sí lo
hiciera, en virtud del principio de favorabilidad debía preferirse la aplicación
retrospectiva de este último. Sin embargo, advirtió que la ley favorable que se debe
aplicar es la que esté vigente en el momento en que se habría causado el derecho,
es decir, en la fecha del fallecimiento del causante.39
38 Ver entre otras: i) Sección Segunda, sentencia del 1 de noviembre de 2012, radicado 13001-23-
31-000-2005-02358-01 (0682-11), consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. [Con salvamento
de voto del consejero Gerardo Arenas Monsalve: «Nótese además, desde el punto de vista práctico,
el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen
general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia.
Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos
pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación
anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el
fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan
reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la
sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en
entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general]»; ii)
Sección Segunda, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado 050012331000200801384 01 (0998-
2012), consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
39 En sentencia del 24 de febrero de 2022, la Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente:
William Hernández Gómez, radicado: 76001-23-33-000-2014-00173-01 (2908-2020), demandante:
Oscar Jesús Prado Penagos, demandada: La Nación, Ministerio de Defensa Policía Nacional, tema:
Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor del padre de un miembro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional muerto en actos de servicio. Régimen aplicable conforme al Decreto 4433 de 2004.
Demostración de dependencia económica, reiteró la pauta trazada en los dos párrafos precedentes
a este pie de página.
39
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
La Sala observa que el fallecimiento del adjunto primero Hermes Ovidio Mejía
Montero ocurrido el 6 de agosto de 1982 constituye una situación jurídica
consolidada ocurrida mucho antes de que entraran en vigencia las disposiciones
cuya aplicación se pretende —el artículo 121 del Decreto 1214 de 1990, el artículo
49 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 11 de la Ley 776 de 2002— y, por ello, no
es posible darles un efecto retrospectivo.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201640, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso, y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación y a la luz de la normatividad vigente.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero Ponente: William Hernández Gómez.
40
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma no
se observa que se manifieste una carencia de fundamentación legal, que dé lugar
a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos,
manifestaron razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no
encontrarse, acreditado tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que el acto acusado debe mantener la presunción de
legalidad, motivo por el cual es del caso confirmar la sentencia del 3 de marzo de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 3 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
41
Radicado: 05001 23 33 000 2020-00034-01 (3165-22)
Demandante: Marleny Pinzón de Mejía
instaurado por la señora Marleny Pinzón de Mejía en contra de la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente41
MECG
41 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
42
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