Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-04015-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-04015-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2020-04015-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2020-04015-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandada: Municipio de Bello
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS - Conforme a esta modalidad
contractual, la sociedad demandante estaba obligada a ejecutar las obras requeridas
por la entidad para superar la urgencia manifiesta con base en los diseños que se
iban realizando por el consultor y en atención a los análisis de precios unitarios
acordados, de manera que, aunque se previó un presupuesto inicial, el valor final y
total del contrato correspondería al que resultara de multiplicar las cantidades de
obras efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
La controversia versa en torno al presunto incumplimiento del contrato por parte de la
entidad demandada, por el no pago de la totalidad de la obra ejecutada por el
contratista.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1.Corresponde a la decisión adoptada el 27 de abril de 2022, en la que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, resolvió la demanda1
presentada el 1 de diciembre de 20202 por Construcciones Escobar Ortega S.A.S. (el
contratista o sociedad demandante), en contra del Municipio de Bello – Antioquia (el
1 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 2 a 43.
2 SAMAI, primera instancia, índice 1.
1
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
municipio o entidad demandada), cuyos principales fundamentos y pretensiones se
describen a continuación.
Hechos
2.El municipio expidió la Resolución 201600000952 del 15 de marzo de 2016,
mediante la cual declaró la urgencia manifiesta en la institución educativa oficial
Tomás Cadavid, y ordenó la realización inmediata de las obras, estudios de patología,
geotécnicos, diseños e interventoría, conducentes a mitigar el riesgo que
representaba la institución.
3. Con ocasión de lo anterior, el municipio contrató de manera directa a
Construcciones y Concretos Ltda. para elaborar los estudios y diseños, a la sociedad
demandante para la ejecución de las obras, y a la Constructora K.P.B. S.A.S. como
firma interventora. Por tratarse de una urgencia manifiesta, los estudios y diseños se
fueron entregando paulatinamente a lo largo de la ejecución de la obra.
4. Las actividades a cargo de la sociedad demandante se acordaron bajo el contrato
de obra pública 406 del 21 de marzo de 2016, cuyo objeto consistió en realizar a
precios unitarios las obras conducentes a mitigar el riesgo que se presentaba en la
institución educativa; se determinó como plazo máximo de ejecución el 31 de agosto
de 2017, y se estipuló un valor estimado de $14.109.934.088.
5.El contrato fue suspendido en 3 ocasiones por 131 días calendario, y se suscribió
una prórroga de 84 días calendario, por lo que la fecha de terminación fue el 3 de abril
de 2018; adicionalmente, durante la ejecución del contrato se determinó la necesidad
de ejecutar mayores cantidades de obra y de apropiar los recursos correspondientes.
Las mayores cantidades de obra fueron aprobadas por la interventoría, ejecutadas en
su totalidad por el contratista y recibidas a satisfacción.
6. Por solicitud de la entidad demandada, el acta 4 por valor de $3.399’593.550, fue
dividida bajo las denominadas actas 4A y 4B; la primera por valor de $1.831’975.000,
y la segunda por la suma de $1.567’618.550. La entidad ordenó y pagó el valor del
acta 4A mediante la Resolución 201900010428 del 27 de diciembre de 2019.
7.El acta de recibo de obra fue suscrita el 25 de julio de 2018, en la cual consta el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad demandante, así como las
cantidades y el valor total ejecutado certificado por la interventoría de conformidad
con las actas de obra. Las actas aprobadas por la interventoría y presentadas por la
sociedad contratista para su pago a la entidad demandada, fueron las siguientes:
2
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
ACTAS DE OBRA VALOR ESTADO
1 $10.547’288.346 PAGADA
2 $3.419’103.163 PAGADA
3 $4.480’153.759 PAGADA
PAGO PARCIAL
4 $3.399’593.550
PENDIENTE $1.567’618.550
5 $3.083’131.305 PENDIENTE DE PAGO TOTAL
VALOR TOTAL $24.929’270.120
8.Conforme a lo anterior, el municipio adeuda a la sociedad demandante la suma de
$4.650’749.855 por la ejecución de las obras objeto del contrato, correspondientes al
saldo del acta 4 o acta 4B ($1.567’618.550) y la totalidad del acta 5 ($3.083’131.305).
9.Además, ante la falta de liquidación del contrato y la negativa del municipio de
proceder al pago de los valores adeudados, la sociedad actora se vio en la obligación
de contratar abogados para la prestación de servicios jurídicos, lo cual le produjo un
daño emergente que ascendió a $1.745’648.713.
Pretensiones
10. La sociedad demandante solicitó declarar que aunque cumplió con las
obligaciones contractuales a su cargo, el municipio incumplió el negocio jurídico
celebrado al no pagar la totalidad de las obras ejecutadas; consecuencialmente, pidió
liquidar judicialmente el contrato y condenar a la entidad demandada a pagar a su
favor, indexada y con intereses de mora, la suma de $4.610’739.856 correspondiente
al valor de las obras ejecutadas no pagadas junto con el pago del daño emergente
por concepto de gastos jurídicos, por valor de $1.745’6541.198.
Contestación de la demanda
11. El municipio se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos3:
(i)
La entidad cumplió con sus obligaciones bajo el negocio jurídico, toda vez que
pagó las obras ejecutadas y reconoció un monto adicional mediante Resolución
201900010428 del 27 de diciembre de 2019, sin que hubiese existido oposición por
parte de la sociedad actora para afirmar que quedaban saldos pendientes; agregó
3 Expediente digital, archivo “41ED_10CONTESTACIONDEMAND”.
3
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
que, si el demandante no estaba de acuerdo con el valor reconocido en ese acto
administrativo, debió recurrirlo o demandarlo ante la jurisdicción, pero no lo hizo.
(ii)
Desde la declaratoria de urgencia manifiesta fueron identificadas las obras a
ejecutar y las mismas quedaron detalladas en el contrato celebrado, por lo que el
contratista tenía pleno conocimiento del presupuesto, tanto así que estuvo de acuerdo
con el valor que se estableció en el contrato, sin que pueda pretender valores
adicionales. Además, el pago de las obras aducidas por el demandante es
improcedente, pues fueron ejecutadas después de vencido el plazo contractual, no
fueron aprobadas por la entidad y fueron reconocidas por la interventoría después de
haber finalizado sus funciones, toda vez que ya se había liquidado su contrato con la
entidad.
(iii)
La liquidación suscrita por el interventor y el contratista no es válida, porque no fue
firmada por el funcionario designado por el municipio, y el hecho de que se liquidara
bilateralmente el contrato de interventoría, no implica que la entidad aceptara
íntegramente las actuaciones de la sociedad interventora.
(iv)
El presunto daño emergente es exagerado e improcedente, ya que los honorarios
generados en favor del abogado contratado por el actor son de su exclusiva
responsabilidad.
Alegatos en primera instancia
12. Agotado el período probatorio4 y dentro del término de traslado para alegar de
conclusión, la parte actora5 reiteró los argumentos expuestos en la demanda,
afirmando que las pruebas dan cuenta de la ejecución a satisfacción de las obras
cobradas y que estas no fueron pagadas por la Entidad. El municipio6 reafirmó lo
expuesto en la contestación y solicitó no darle valor probatorio al dictamen pericial
practicado7. El Ministerio Público guardó silencio.
4 Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas por las partes, incluyendo los antecedentes
administrativos del contrato, la resolución que declaró la urgencia manifiesta, el manual de interventoría de la
entidad, el contrato y sus anexos, la garantía de cumplimiento, informes de interventoría, informes de supervisión,
correspondencia cruzada, bitácoras de obra, actas de suspensión, prórrogas, actas de obra con sus soportes,
actas de comité de obra, el acta de recibo final, la resolución de reconocimiento de valores por parte de la entidad
y el acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría. Adicionalmente, se decretó la elaboración de un
dictamen pericial por parte de un ingeniero civil para establecer el valor de las obras ejecutadas y pagadas y se
practicó el interrogatorio de parte de la sociedad demandante, así como los testimonios de los señores Julián
Fernando Castro Beltrán, Gustavo Horacio Quevedo González y Jorge Alcides Medina Bustamante. Expediente
digital, archivos “51ED_21ACTAAUDIENCIAINICI” y “65ED_36ACTAAUDPRUEBASTEST”.
5 Expediente digital, archivo “86ED_58ALEGATOSCONCLUSION”.
6 Expediente digital, archivo “84ED_56ALEGATOSCONCLUCION”.
7 Indicó que fue obtenido con violación del debido proceso, debido a que “no se permitió ejercer la contradicción
del dictamen pericial según lo decidido en Auto de sustanciación 928/201 del 27 de octubre de 2021 y lo
establecido en el artículo 229 del CPACA (y para ello basta con observar la audiencia de pruebas en la cual se
privó rotundamente al Municipio de Bello de ejercer la contradicción del dictamen, hasta el punto que se le
4
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
Los fundamentos de la sentencia impugnada
13. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió
parcialmente a las pretensiones, al considerar que el municipio incumplió el contrato
de obra pública al abstenerse de pagar la totalidad del valor consignado en las actas
de obra que fueron avaladas por la interventoría y presentadas a la contratante con
antelación a la liquidación del contrato de Interventoría. De acuerdo con lo anterior,
liquidó judicialmente el contrato estableciendo que el municipio adeuda al contratista
la suma de $4.650.749.855, ordenó la actualización de la referida suma y el pago de
intereses de mora, y negó el reconocimiento y pago del daño emergente por concepto
de honorarios de abogados. Como fundamento de lo anterior, indicó:
(i)El dictamen pericial elaborado por el ingeniero civil Ricardo Agustín Smith
Quintero, no cumplió las condiciones de ser claro, preciso, detallado y estar
debidamente fundamentado, por lo que sus conclusiones carecen de valor
probatorio8.
(ii)
De conformidad con las pruebas documentales y testimoniales practicadas, las
obras aprobadas, ejecutadas, convalidadas por la contratante y recibidas a
satisfacción con ocasión del contrato de obra ascendieron a la suma de
$24.929’270.123, incluyendo el valor de las actas 4 y 5, las cuales fueron aprobadas
desde el año 2018, esto es, antes de que se liquidara el contrato de interventoría en
diciembre de 2019.
(iii)
Por medio de la Resolución 201900010428 del 27 de diciembre de 2019, el
municipio ordenó pagar a favor de la sociedad demandante la suma de
$1.831’975.000 por concepto del acta de obra 4; como el valor de esa acta es de
$3.399’593.550, al imputarle el pago efectuado, quedó un saldo pendiente de
$1.567.618.550, sin que se hubiese afirmado ni probado el pago del acta 5.
manifestó que la oportunidad para ejercer la contradicción de este, era en los 15 días del traslado, lo cual se
encuentra en contravía de lo preceptuado en el artículo 229 del CPACA)”.
8 Explicó el Tribunal: “Nótese, que en relación con el acta de obra N° 5, el perito señaló que no se pudo llevar a
cabo el análisis de los valores que la conforman, ya que “el expediente no incluyó la información de esta factura”,
lo cual no resulta cierto, por cuanto entre folios 4935 a 5246 de la demanda (Doc. 3), se observa la referida acta
de obra, junto con las correspondientes memorias de cálculo de cantidades de obra. Ahora bien, frente al acta de
obra N° 4b, el perito se limitó a indicar que “realizó un recorrido por los soportes documentales de las actas 4B y
5 que centran la disputa entre las partes involucradas en este proceso”, y que “resulto que para el análisis realizado
fue probado el valor presentado en el Acta 4B”, sin embargo, no individualizó los documentos que le sirvieron de
fundamento a su conclusión. Tal como lo ha considerado el Consejo de Estado, es fundamental que en el dictamen
se exponga claramente cómo se llegó a las conclusiones que contiene (…) En ese orden de ideas, la Sala se
apartará de las conclusiones de la experticia, y con base en la prueba testimonial y documental obrante en el
expediente, procederá a establecer si las actas obras Nros. 4 parcial o 4b y 5, pueden o no ser tenidas en cuenta
para establecer el valor final del contrato de obra pública celebrado entre las partes de esta contienda”.
5
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
(iv) La sociedad demandante no tenía que recurrir la Resolución 201900010428 de
2019, como tampoco demandarla para efectos de tener derecho al reconocimiento de
las actas de obras que quedaban pendientes de pago, pues de conformidad con las
pruebas allegadas, es claro que el valor reconocido por medio de ese acto
administrativo constituía un pago parcial del acta de obra 4, que debía ser tenido en
cuenta al momento en que se realizara el cruce final de cuentas de la relación
negocial.
(v)El municipio incumplió el contrato de obra, pues pese a que el demandante cumplió
con las exigencias previstas en el contrato para efectos de que le fueran pagadas las
actas de obra 4 y 5, la entidad territorial demandada únicamente procedió con el pago
parcial de la primera, resultando procedente la liquidación judicial del negocio jurídico
reconociendo a la parte actora el pago de ese saldo y el valor total del acta 5.
(vi)No hay lugar a efectuar un reconocimiento de daño emergente por el pago de
honorarios de abogados, toda vez que no es posible establecer cuál fue el valor de la
elaboración y asistencia a la conciliación prejudicial en contra del municipio, ni cuál
fue el valor de la presentación de la demanda, y aun en caso contrario, en el
expediente tampoco obran pruebas dirigidas a acreditar el pago por parte de la
sociedad demandante del valor del contrato de prestación de servicios profesionales
allegado al expediente.
(vii) Condenó en costas al municipio demandado.
El recurso de apelación
14. La entidad demandada recurrió9 la sentencia de primera instancia aduciendo que
el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, a partir de lo cual, no tuvo en
cuenta que las obras cobradas por el contratista demandante no fueron conocidas por
el municipio, como tampoco fueron acreditadas ni gestionadas por el interventor
durante la vigencia de sus funciones, en tanto ello se hizo con posterioridad a la
liquidación del contrato de interventoría. Sustentó lo anterior en las siguientes
premisas que, afirmó, resultaron acreditadas en el proceso:
(i)El 27 de diciembre de 2019 se formalizó la liquidación del contrato de interventoría
y tanto el informe de actividades como el acta de obra asociadas al acta 4B, datan de
2020 y tienen asociada una factura del 15 de julio de ese año, por lo que no era
posible que el interventor conociera y aprobara actividades con posterioridad a la
liquidación de su contrato. Por su parte, el acta 5, también denominada acta para la
9 Expediente digital, archivo “92ED_64RECURSOAPELACIONDD”.
6
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
liquidación, no fue conocida por la entidad contratante, resultando improcedente su
cobro.
(ii)
En el informe y el visto bueno del 30 de diciembre de 2019, presentado por la
interventoría para el pago de mayores recursos, se indicó que el valor del contrato
ascendía a $20.275’520.267, sin que se afirmara la existencia de otras actas o
valores; esta suma corresponde a la que fue desembolsada en su totalidad por el
municipio con el reconocimiento y pago realizado mediante la Resolución
201900010428 del 27 de diciembre de 2019, por lo que carece de sustento afirmar
que el valor del contrato ascendió a $24.929’270.123.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala determinar si las actas de obra 4 y 5 no fueron conocidas y
aceptadas por la entidad demandada, ni acreditadas o gestionadas por el interventor
durante la vigencia de sus funciones, y si como consecuencia de ello, el municipio no
está obligado a su pago.
El contrato objeto de la controversia
16. El contrato de obra pública 406 de 201610 es un negocio jurídico regido por el
Estatuto General de la Contratación Pública y en los aspectos sustanciales no
reglados allí, por las disposiciones civiles y mercantiles11, por cuanto el municipio
contratante es uno de los entes públicos definidos en el artículo 2, literal a) del
numeral 1 de la Ley 80 de 199312, que no está sujeto a ningún régimen especial o
exceptuado en los términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
17. Conforme a las pruebas allegadas, se destacan las siguientes características del
contrato que motiva la controversia:
(i)Su objeto consistió en realizar las obras conducentes a mitigar el riesgo presentado
en la institución educativa Tomás Cadavid del municipio de Bello, con fundamento en
la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución 201600000952 del 15 de
10 Expediente digital, archivo “3ED_1254062017C112”.
11 Artículo 13 de la Ley 80 de 1993.
12 “Para los solos efectos de esta Ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los
departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios (…)”.
7
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
marzo de 2016”13. El municipio ordenó contratar directamente a Construcciones y
Concretos Ltda. para elaborar los diseños, a la Constructora KPB S.A.S. para efectuar
la interventoría técnica, legal, ambiental, administrativa y financiera, y a la sociedad
demandante para la ejecución de las obras.
(ii)Su ejecución se acordó por precios unitarios, con un valor estimado de
$14.109’934.08814; conforme a esta modalidad contractual acordada por las partes,
la sociedad demandante estaba obligada a ejecutar las obras necesarias para superar
la urgencia manifiesta determinada en la institución educativa, con base en los
diseños que se iban realizando simultáneamente por el consultor (Construcciones y
Concretos Ltda.) y en atención a los análisis de precios unitarios acordados con la
contratante, de manera que el valor total del contrato correspondería al que resultare
de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas15.
(iii) La
suscripción del contrato bajo esta modalidad resulta coincidente con los
antecedentes y entorno de su celebración, en tanto no era posible determinar ex ante
o a priori las reales cantidades de obra que debían ser ejecutadas para superar la
urgencia advertida en la institución educativa, pues para ello era necesaria la
realización de estudios patológicos, geotécnicos y de los diseños correspondientes16.
(iv)
El plazo pactado para la ejecución fue el comprendido entre el 16 de marzo de
2016 y el 31 de agosto de 2017. Este se suspendió en tres ocasiones y se prorrogó
en una, por lo que la fecha de terminación finalmente fue el 5 de abril de 2018 según
consta en el informe final de Interventoría17.
13 Conforme a su cláusula primera. Mediante la Resolución 201600000952 del 15 de marzo de 2016, el Alcalde
del municipio de Bello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, declaró
la urgencia manifiesta en la institución educativa Tomás Cadavid y ordenó la realización inmediata de las obras,
estudios de patología, geotécnicos, diseños e interventoría conducentes a mitigar los riesgos que para la
salubridad y seguridad representaba la institución. En el acto administrativo se plasmaron los siguientes hallazgos
en relación con la institución educativa: (i) es una edificación con más de 70 años de antigüedad, que no cumple
con el código colombiano de sismo resistencia NSR 10; (ii) las condiciones locativas están totalmente deterioradas
y amenazan desprendimiento de muros, revoques y acabados, además, hay hundimientos en pisos; (iii) las
instalaciones sanitarias están prácticamente destruidas; (iv) las condiciones de las escalas y rampas ofrecen
serios riesgos de accidente y no transitabilidad; (v) las condiciones ineficientes del sistema de evacuación de
aguas lluvias configuran alto riesgo por inundación; (vi) las condiciones de incapacidad hidráulica de las redes de
alcantarillado y el avanzado estado de deterioro de las unidades sanitarias (baños públicos), implican alto riesgo
para la salubridad de los estudiantes por empozamiento de aguas residuales, además, por el estado avanzado de
obstrucción de la red de alcantarillado, es inminente que se presente un colapso de la misma lo que generaría
una emergencia sanitaria. Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 46 a 54.
14 Obran en el expediente los informes y actas de obra, definidas a partir de las actividades y cantidades
ejecutadas, por los precios acordados para estas. Adicionalmente, la modalidad pactada por precios unitarios no
es discutida por las partes y fue definida por el Tribunal a quo sin que ello fuese objeto de reproche en el recurso
de alzada.
15 Al respecto pueden verse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de
septiembre de 2008, rad. 1920 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 9 de julio de 2021. C.P. Alberto Montaña Plata. Radicado N° 88001-23-33-000-2013-
00008-01 (52045).
16 Tal como se advierte expresamente en las consideraciones del contrato de obra objeto de controversia.
17 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 1324 a 1389.
8
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
(v) El Acta de Suspensión 1 del 25 de agosto de 2017, se fundamentó en “la necesidad
de definiciones de tipo técnico, presupuestal, Administrativas y de intervención
inmediata en procura del logro del Objeto del Contrato, el cual claramente es Realizar
las Obras Conducentes a Mitigar El Riesgo (…)”
(vi)
El municipio demandado se obligó a pagar al contratista el valor de las obras
efectivamente ejecutadas conforme a los precios unitarios acordados, mediante actas
o informes parciales de pago de acuerdo “con la certificación expedida por el
supervisor o interventor del contrato”18.
Las actas objeto de cobro y las pruebas recaudadas
18. Las partes no discuten que las actas 1, 2 y 3 fueron pagadas al contratista. En lo
referente a las obras de las actas 4 y 5 objeto de debate, está acreditado en el
expediente lo siguiente:
(i)En el informe mensual de interventoría 419 (julio de 2016) se indicó que, con
ocasión de la modalidad de contratación, no había un presupuesto de obra ajustado
a las necesidades del proyecto, en tanto seguían definiéndose actividades y
realizando estudios en cuanto a la opción o alternativa final a desarrollar.
(ii)
Los informes 520, 621 y 722 (agosto, septiembre y octubre de 2016) registran que
“pese a algunas cantidades de obra más o menos consolidadas”, seguía definiéndose
el presupuesto, razón por la que se relacionaron algunas cantidades aproximadas,
como “referente para poder presupuestar el valor de los diferentes trabajos de la
Urgencia”.
(iii)
En los informes mensuales 823 y 924 (noviembre y diciembre de 2016), la
interventoría explicó que en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas del
municipio continuaba revisando la propuesta económica presentada por el
Contratista, y que con el informe mensual 7, hizo entrega a la entidad de los
presupuestos revisados correspondientes a: (a) las obras iniciales de mitigación ya
culminadas, (b) las obras complementarias y para las aulas provisionales necesarias
para continuar con la prestación del servicio educativo; (c) la repotenciación de los
18
Cláusula tercera.
19 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 197.
20 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 233.
21 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 289.
22 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 353.
23 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 405.
24 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 435.
9
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
bloques 2 y 3 a dos pisos, y (d) la demolición del bloque 1.
(iv) Los informes mensuales 1025 y 1126 (enero y febrero de 2017) dan cuenta de un
avance físico en la obra, relacionando las actividades y cantidades ejecutadas e
indicando que el valor del contrato continuaba siendo indeterminado; en el informe
1227 (marzo de 2017) se actualizó la información referente a las cantidades
ejecutadas, las cuales ascendían a $10.547’238.346, por lo que se realizaría el trámite
para el pago del acta 128.
(v) En el informe 1429 (mayo de 2017) se consignó que las programaciones
entregadas por el consultor encargado de los diseños debían ser replanteadas,
teniendo en cuenta una nueva propuesta a nivel arquitectónico y estructural generada
por la afectación predial y vial existente en el lote de la institución educativa.
Adicionalmente, se requería definición por parte de la Secretaría de Educación para
la construcción de la nueva “aula cocina de la Institución Asopahines” y respecto de
las modificaciones del esquema urbano general, todo lo cual implicaba “sobrecostos
y atraso en la entrega de los Diseños definitivos”.
(vi)En su informe 1530 (junio de 2017), la interventoría advirtió que para la
construcción del “aula cocina de la institución Asopahines” se requería una adición de
recursos al ser insuficientes los destinados para la repotenciación de las
edificaciones, en la medida que esas obras no se encontraban en el presupuesto, “ya
que no se consideraron en la valoración inicial de la urgencia manifiesta con el que
se realizó el contrato de obra”. La adición se requería además para atender los otros
“requerimientos realizados por la administración municipal durante el proceso”,
particularmente: (a) las obras para soportar 4 pisos y no 2 como inicialmente se planteó
de acuerdo a la urgencia decretada, lo que representó mayores ítems y cantidades
principalmente en fundaciones y estructura metálica; (b) la construcción de 24 aulas
modulares y (c) el cumplimiento de las norma técnica NSR-10, todo lo cual, implicó
adecuar las instalaciones para cumplir con las condiciones de movilidad de la
población en condiciones de discapacidad, así como dotar la institución con un
número mayor de unidades sanitarias por alumno, entre otros.
(vii) En este punto, no es posible pasar por alto que las declaratorias de urgencia
25 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 461.
26 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 483.
27
Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 531.
28 El manual de interventoría especifica que correspondía al interventor suscribir conjuntamente con el contratista
las actas parciales de obra, “adjuntando los respectivos soportes. Una vez surtido este trámite, el interventor
remitirá por escrito las actas de recibo parcial a la dependencia responsable del contrato para el respectivo trámite
de pago, informando de este hecho al contratista para que presente la respectiva factura o cuenta de cobro”
29 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 685.
30 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 751.
10
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
manifiesta y las mayores cantidades de obra encuentran un límite en la superación
de la situación que dio lugar a la urgencia y el cumplimiento del fin del contrato suscrito
para el efecto. Respecto de la construcción del aula Asopahines, de las 24 aulas
modulares y el cumplimiento de la NTC NSR-10, la urgencia manifiesta se sustentó
en que el colegio era una edificación con más de 70 años de antigüedad con amenaza
de desprendimiento de muros, revoques y acabados, hundimientos en pisos y con
instalaciones sanitarias destruidas y riesgo de colapso de su sistema de
alcantarillado, lo que impedía prestar el servicio educativo en condiciones de
seguridad y sanidad. Como medidas para superar estas circunstancias y evitar la
suspensión del servicio, entre otros, (a) las obras debían cumplir con el código
colombiano de sismo resistencia NSR-10, norma que contiene los criterios y
requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones
que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas31; (b) las 24 aulas modulares eran
necesarias para no desescolarizar a los estudiantes mientras se hacían las
intervenciones en las instalaciones; y (c) debían reubicarse las locaciones de
Asopahines32, toda vez que en la socialización del proyecto se determinó que
“algunas instalaciones de ellos se verían afectadas con la repotenciación de la
estructura, entre estos espacios se encuentra la huerta y la cocina de repostería”.
(viii)
En el informe 1633 (julio de 2017) se dejó constancia de que el contrato de obra
presentaba un atraso del orden del 9.4%, y se explicó que éste se produjo “por causas
no imputables al contratista”, en tanto tenía origen en que “la entidad contratante no
ha dado respuesta a las manifestaciones de la interventoría y del contratista
solicitando adición de recursos para el contrato de obra”. Se reiteró lo expuesto en
los informes 14 y 15 respecto de las mayores cantidades necesarias para atender los
requerimientos del municipio, incluyendo la construcción del “aula cocina de la
institución Asopahines”. Por otra parte, se indicó que el presupuesto inicial resultaba
insuficiente para ejecutar la totalidad de las obras relacionadas con pisos y cubiertas,
cerrajería y carpintería metálica, red eléctrica, voz y datos, sistema de
apantallamiento y protección contra descargas de rayos, redes hidrosanitarias,
acabados y urbanismo. Se indicó que una proyección aproximada de costos totales
de la obra ascendía a $26.949’841.512, por lo que en consideración al valor inicial del
contrato ($14.109’934.088), era necesaria una adición de $12.839’907.524.
(ix)
El informe 1734 (agosto de 2017) da cuenta de que para ese momento se habían
legalizado las actas de obra 1 y 2, por las sumas $10.547’288.346 y $3’419.103.163,
respectivamente, lo que correspondía al 98% del valor inicial del contrato; se
31 Con el fin de reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio
del Estado y de los ciudadanos, de conformidad con la Ley 400 de 1997.
32 Asociación de Padres de Hijos con Necesidades Especiales.
33 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 809.
34 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 869.
11
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
especificó que “estas condiciones corresponden al contrato inicial, pues como bien se
sabe las cantidades de obra han variado y en esa medida es necesario cuantificar
todas las obras correspondientes que son necesarias para cumplir con el objeto de la
urgencia manifiesta”, reiterando la existencia de faltantes en pisos y cubiertas,
cerrajería y carpintería metálica, red eléctrica, voz y datos, sistema de
apantallamiento y protección contra descargas de rayos, redes hidrosanitarias,
acabados y urbanismo.
(x) En el informe mensual 1835 (diciembre de 2017) la interventoría indicó que “para la
entrega completa y funcional del proyecto” se requería una adición de
$13.400’073.086, con base en la proyección realizada por la interventoría en conjunto
con el contratista. Se expuso además que ante la inexistencia de recursos para la
consultoría, no se contaba con diseños definitivos para redes contra incendios,
sistema de alarmas, luces de emergencia y diseño de señalética, “por lo que la
valoración financiera total del proyecto, no puede ser exacta sino aproximada. Esta
proyección incluyó el cumplimiento de “los diferentes requerimientos que se realizan
por parte de la secretaría de educación y de la supervisión del proyecto en los
diferentes comités de obra”. Se registró que para ese momento estaba en trámite el
acta 3 y que el contratista llevaba un porcentaje de ejecución del 129% con respecto
al valor inicial del contrato, por lo que las mayores cantidades de obra correspondían
a $4.145’251.916.
(xi)El informe 1936 (enero de 2018) consignó que, conforme “a las definiciones
realizadas por el ente ordenador del gasto en conjunto con la supervisión del
proyecto”, la programación de obra fue ajustada de acuerdo con los distintos
requerimientos de la entidad contratante, resultando necesaria la adición
presupuestal explicada en los informes anteriores así como una ampliación del plazo.
Se indicó que el contratista llevaba ejecutadas mayores cantidades de obra por un
valor de $5.264’757.437.
(xii)
En el informe 2037 (febrero de 2018) se expuso que la obra ejecutada por el
contratista ascendía a $20.348.049.560, correspondiente al 144% del valor inicial del
contrato de obra, así como la incidencia en el cronograma de obra de la indefinición
de la entidad para entregar los espacios, el desalojo del taller de cocina de
Asopahines y el hallazgo de un muro de contención en la zona por donde se realizaría
la construcción del alcantarillado externo del colegio. Se explicó que respecto de “la
aprobación de más recursos para el proyecto, se ha debatido en varias reuniones con
diferentes funcionarios de la Entidad Contratante y se ha dejado claro que es posible
35 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 927.
36 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 1017.
37 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 1053.
12
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
dichas apropiaciones presupuestales desde el punto de vista financiero, jurídico y
presupuestal, teniendo en cuenta que a la fecha de este informe las obras ejecutadas
superan el valor inicial (…) es decir, el Municipio está enterado del desarrollo de las
mayores cantidades de obra que han sido necesarias para ir adelantando las
diferentes obras (…) En este sentido se le recomienda a la administración seguir
apropiando recursos para conjurar la Urgencia Manifiesta y no afectar el derecho a la
Educación en la Institución Educativa Tomás Cadavid”. Se registró que las mayores
cantidades de obra ejecutadas ascendían a $6.238’115.472.
(xiii)
El informe 2138 (marzo 2018) muestra que el valor de la obra ejecutada para ese
momento era de $21.780.618.380,59 (154% del valor inicial), por lo que la
interventoría reiteró la solicitud de adición de recursos exponiendo que el contratista
solo había recibido el pago de las actas 1 y 2, cuya suma correspondía a
$13.966’391.509, estando pendiente el pago del acta 3. Se anunció que estaba en
revisión el acta 4 y confirmó que las “actas de pago se están realizando según las
consideraciones dirigidas por parte de la contraloría donde exige que se elaboren
actas de cobro mensual”. Quedó también especificado que las mayores cantidades
de obra tenían un valor de $7.670.684.293.
(xiv)En el informe mensual 2239 (abril de 2018) la interventoría indicó que para dar
cumplimiento al objeto contractual presentaba a la entidad las siguientes actas de
obra: acta 3 por valor de $4.480’153.759; acta 4 por valor de $3.399’593.550; y acta
5 (acta para liquidación) por valor de $3.083’131.305; en consecuencia, “el valor total
de la obra incluyendo los ítems de Modulares ascendió a la suma de VEINTICUATRO
MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL
CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($24.929’270.123)”. Adicionalmente, se expuso que el
valor del contrato de interventoría ascendía a $2.084’173.859, en tanto este
correspondía al 8% del valor final de los contratos de consultoría y obra.
(xv) En el informe final de interventoría40 se expuso que el presupuesto del contrato se
ajustó “a las mayores y menores cantidades que resultaron para cumplir el objeto
contractual, a fin de conjurar la Urgencia manifiesta”, y que la totalidad de actas de
cobro aprobadas por la interventoría, en concordancia con los informes anteriores,
correspondían a las siguientes:
“4.1.4, ACTAS DE COBRO
A la fecha del presente informe se han cobrado dos (2) actas:
38 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 1155.
39 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 1257.
40 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 1323.
13
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
Acta No 1, por valor de: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS M/L ($10.547’288.346): con fecha 22 de marzo de 2017.
Acta No 2, por valor de: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/L ($3.419’103.163); con
fecha del 12 de diciembre de 2017.
Para un valor total de: TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L
($13.966’391.509), El porcentaje desembolsado a la fecha corresponde a un
NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97,30%) del valor inicial del contrato.
Para dar cumplimiento al objeto contractual se presentan las siguientes actas:
Acta No 3, por valor de: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS M/L ($4.480’153.759).
Acta No 4, por valor de: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS M/L ($3.399’593,550). Y
Acta No 5, (Acta para liquidación) por valor de TRES MIL OCHENTA Y TRES
CIENTO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
M/L ($3.083’131.305).
El valor total de la obra incluyendo los ítems de Modulares ascendió a la suma de
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($24.929’270,123)”.
Los anteriores valores y el total ejecutado se soportó en el listado completo de las
cantidades de obra verificadas y se resumió en el siguiente cuadro:
Así mismo, se reiteró que el valor de la interventoría se ajustó al 8% del valor de la
14
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
suma de los diseños y las obras, así:
(xvi)
El 4 de mayo de 2018 el contratista constructor radicó en la entidad el acta 4 por
valor de $3.399.593.550, junto con el informe de actividades y las memorias de
cálculo de las cantidades de obra41, tal como da cuenta el radicado de la entidad
2018302009442.
(xvii)
El 25 de julio de 2018, se suscribió por la interventoría y el contratista el acta de
recibo final del contrato43 donde se dejó constancia de que (a) las obras se realizaron
dentro del plazo estipulado para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría
y el municipio; (b) las obras se ejecutaron de acuerdo con las normas técnicas vigentes
y conforme a los planos y los diseños; (c) las obras se recibieron a entera satisfacción
por la interventoría y el municipio. Finalmente, se indicó que el “valor total del contrato
asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO
PESOS ($24.929'258.124) ML”, así:
(xviii)
La Contraloría Municipal de Bello auditó la urgencia manifiesta, cuyos resultados
se consignaron en el “INFORME DE AUDITORÍA AI N° 08 ESPECIAL CONTRATO
406 DE 2016”44 del 7 de febrero de 2019, el cual fue elaborado “con la información
suministrada por el Municipio de Bello”, en cumplimiento de lo establecido en la
41 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 4600 y ss.
42
Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 2849.
43 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 3319 y 3320. El manual de interventoría de la entidad
establecía: “El interventor procederá a elaborar el acta de recibo definitivo del contrato, en la que se dejará
constancia del estado definitivo en que las actividades se recibieron; otorgando la respectiva aprobación de los
estudios y diseños, si el contrato es de construcción o diseño. Mediante la suscripción de esta acta, el contratista
y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida”.
44 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 2932 a 2955.
15
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
resolución interna de rendición de cuentas de la Contraloría, sin que resultara algún
hallazgo fiscal. En este se indicó que “se auditó un contrato por valor de
$25.447.008.839, al realizarse la liquidación durante el proceso auditor y después del
pronunciamiento de la contraloría en este proceso, la liquidación final quedó en
$24.929.270.123, presentándose una diferencia de $517.738.716”. El informe fue
enviado al municipio mediante correo electrónico del 8 de febrero de 201945.
(xix)
El 11 de marzo de 2019 la sociedad contratista efectuó nuevamente radicación
del acta 4 junto con la correspondiente factura por valor de $3.399.593.550 de
acuerdo con “las correcciones recomendadas por la entidad contratante”, tal como
consta en el radicado de la entidad 2019101250346.
(xx) El 20 de marzo de 2019 el contratista entregó a la entidad el acta de obra 5 por
valor de $3.083.131.305 (radicado del municipio 2019101508847), acta que fue
elaborada en mayo de 2018, está firmada por el contratista y el interventor, y contiene
el informe de actividades y las memorias de las cantidades de obra48.
(xxi)
Posteriormente, el acta 4 fue divida en las denominadas actas 4A y 4B49. El acta
4A por valor de $1.831’975.000 fue radicada el 27 de diciembre de 2019 junto con la
factura, el informe de actividades y las memorias de obra50.
(xxii) Mediante Resolución 201900010428 del 27 de diciembre de 2019 51, la Alcaldesa
(E) del municipio de Bello reconoció y ordenó pagar al contratista la suma de
$1.831’975.000, por concepto de mayor cantidad de obra ejecutada según el acta 4,
valor que coincide con el del acta 4A.
(xxiii)
Ese mismo 27 de diciembre de 2019 fue suscrita el acta de liquidación bilateral
del contrato de Interventoría52 por el Secretario de Educación del municipio de Bello
y el contratista interventor, determinando que su valor ascendió a $2.084.173.858, lo
cual se ajusta a lo indicado en el informe final de interventoría teniendo en
consideración un valor final del contrato de obra por la suma de $24.929’270.123. En
el acta se hizo constar que en la carpeta del contrato de interventoría obraban la
totalidad de los informes del interventor y que respecto de “la solicitud de recursos a
la Secretaria de Hacienda, se relacionan las comunicaciones enviadas, en la medida
45 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 2956.
46 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 2959 y 2960.
47
Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 2962.
48 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 4934 y ss.
49 El acta 4A tiene un valor de $1.831’975.000 y el acta 4B de $1.567’618.550, cuya sumatoria es $3.399.593.550,
valor que corresponde al total del acta 4.
50 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 5247 a 5646.
51 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 5650.
52 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 6152 a 6170.
16
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
que (…) existe una delegación expresa de la Alcaldesa encargada al Doctor
ALBERTO DE JESÚS ZULUAGA PÉREZ, mediante el Decreto 2017040001120, del
7 de marzo de 2017, para destinar, trasladar y disponer de los recursos que se
requieren para los contratos de Urgencia Manifiesta, información relacionada a
continuación: a. Memorando con radicado 2016-017474 donde se solicita a la
Secretaría de Hacienda la apropiación de recursos para cancelar las obras. b.
Memorando 2017-029801 del 27 de septiembre de 2017. c. Memorando 2017-035901
del 27 de diciembre de 2017”.
(xxiv)
El 15 de julio de 2020 el contratista radicó junto con el informe de actividades y
memorias de obra, el acta 4B por valor de $1.567’618.55053, suma que concuerda
con el saldo insoluto del acta 4 (cuyo total era de $3.399.593.550), al restar el valor
pagado con la Resolución 201900010428 ($1.831’975.000) y que a su vez
corresponde al del acta 4A.
19. De conformidad con el anterior recuento probatorio, las actas 4 y 5 fueron
elaboradas a inicios del año 2018 y dadas a conocer ante la entidad desde abril de
ese mismo año, tal como da cuenta el informe mensual de interventoría 22, sin
considerar que después fueron nuevamente radicadas ante la entidad por el
contratista; además, está acreditado que estas actas hicieron parte del informe final
de interventoría y del acta de recibo final de las obras, ambas anteriores también a la
liquidación del contrato de la sociedad interventora.
20. Aunque la entidad afirma en el recurso de apelación que el valor del contrato
ascendió a $20.275’520.267, lo que se observa es que la sumatoria de las actas 1, 2,
3, 4 y 5 arroja un total de $24.929’270.123, valor que fue reconocido como total de la
obra en los informes de interventoría, en la auditoría elaborada por el referido ente de
control, así como por la entidad pública demandada en el acta de liquidación bilateral
del contrato de interventoría, donde determinó el valor de ese negocio jurídico en la
suma de $2.084.173.858, que corresponde al 8% del total de la suma de los diseños
y las obras, tomando precisamente como valor de estas $24.929.270.123.
21.Las pruebas tampoco respaldan el cargo de apelación según el cual la entidad
desconocía las actas 4 y 5 por lo que no aprobó las obras que ellas relacionan y
documentan. Los informes de interventoría evidencian que, aunque el contrato previó
un valor estimado de $14.109’934.088, desde su inicio en marzo de 2016 y hasta al
menos junio de 201754, el presupuesto de las obras era completamente indeterminado
por cuanto estas iban definiéndose a partir de los requerimientos de la entidad
contratante y los productos a cargo del consultor encargado de los diseños; desde el
53 Expediente digital, archivo “03Demanda”, páginas 5674 a 6145.
54 Informes mensuales de interventoría 4 al 15.
17
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
mes de julio de 201755 la interventoría anunció que la proyección aproximada de
costos totales de la obra ascendía a $26.949’841.512, por lo que en consideración al
valor inicial del contrato, era necesaria una adición de $12.839’907.524.
22. Esta adición de recursos fue reiterada y ajustada en todos los informes mensuales
de interventoría subsiguientes, así como relacionadas e informadas las mayores
cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el contratista, dejando constancia
de que “el Municipio está enterado del desarrollo de las mayores cantidades de obra
que han sido necesarias para ir adelantando las diferentes obras” 56 y de que estas
tenían su causa en “las definiciones realizadas por el ente ordenador del gasto en
conjunto con la supervisión del proyecto”57 por obras que no fueron previstas al
suscribir el contrato, particularmente, la construcción de la nueva “aula cocina de la
Institución Asopahines”, la estructura para soportar 4 pisos en lugar de 2 y el
cumplimiento de las normas NTC NSR-10.
23. Como se observa, los informes mensuales de interventoría son consistentes al
demostrar que las mayores cantidades de obra ejecutadas por el contratista,
incluyendo las referidas en las actas 4 y 5, fueron plenamente registradas y
documentadas durante la ejecución del contrato y obedecieron a las definiciones de
los diseños y los requerimientos de la entidad contratante para cumplir el objeto
contractual y superar la urgencia manifiesta58, quedando también consignadas en el
informe final de interventoría y el acta de recibo final de las obras, por lo que no
surgieron de manera intempestiva ni fueron ajenas para la entidad con anterioridad a
la liquidación del contrato de interventoría, como se afirma para reprochar la decisión
del Tribunal de primera instancia.
24. El municipio no objetó, observó ni desconoció los informes mensuales de
interventoría durante la ejecución del contrato o en sede judicial, pero además, está
acreditado que aceptó y reconoció su contenido junto con el valor de las actas 4 y 5
que determinaban el valor total del contrato, no solo por cuanto fue el soporte que
consintió, asumió y utilizó de cara a la auditoría efectuada por el órgano de control
competente y posteriormente para liquidar el contrato de interventoría, sino también
por cuanto procedió a su pago parcial mediante la Resolución 201900010428 del 27
de diciembre de 201959. Adicionalmente, no hay prueba en el expediente
administrativo de que la entidad hubiese objetado o devuelto las facturas presentadas
55
Informe mensual 16.
56 Informe mensual 20 de febrero de 2018.
57 Informe mensual 19 de enero de 2018.
58 Informe final de interventoría.
59 Aunque la entidad afirma que la resolución tenía por objeto el pago de sobrecostos por mayor permanencia, el
acto administrativo es expreso y diáfano en indicar que corresponde a mayores cantidades de obra consignadas
en el acta 4.
18
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
por el contratista para el cobro de las actas 4 (como tampoco cuando posteriormente
fueron divididas en 4A y 4B) y 5 (también denominada para liquidación del contrato).
25. La aceptación y recibo de las mayores cantidades de obra por parte del municipio,
evidenciada en las pruebas documentales, resulta a su vez consecuente con los
testimonios del funcionario municipal encargado de la ejecución del contrato y del
director de interventoría rendidos en el proceso. En este sentido:
(i)El señor Jorge Alcides Medina Bustamante se desempeñó como Secretario de
Educación del municipio desde julio de 2017, momento a partir del cual estuvo al
frente de la ejecución del contrato con fundamento en la Resolución 2017704000120
del 7 de marzo de 2017, mediante la cual la Alcaldesa encargada delegó en la
Secretaría de Educación las funciones relacionadas con los trámites contractuales y
post contractuales pendientes, los controles propios de la ejecución, verificación,
liquidación y demás actuaciones inherentes. En su testimonio, explicó que la totalidad
de las obras ejecutadas por el contratista fueron autorizadas y recibidas a satisfacción
por el municipio, que la Contraloría municipal en el proceso de auditoría dio concepto
favorable al proceso contractual y que “todas las actas fueron concertadas con la
Administración, con la Interventoría, con la Secretaría de Obras Públicas, y con la
Secretaria de Educación”.
(ii)
El señor Julián Fernando Castro Beltrán, quien fungió como Director de
Interventoría del contrato, afirmó que las obras requeridas para atender la urgencia
en la institución educativa se ejecutaron dentro del plazo contractual, que el valor que
el municipio pagó por concepto de mayores cantidades obras fue parcial y que
desconocía las razones por las cuales la entidad contratante no procedió con su pago
total según lo reportado y consignado en las actas de obra.
26. La entidad recurrente afirmó que las obras cobradas fueron posteriores al 27 de
diciembre de 2019, cuando se formalizó la liquidación del contrato de interventoría,
por cuanto el informe de actividades y el acta de obra 4B datan de 2020 y tienen
asociada una factura del 15 de julio de ese año. No obstante, esa acta fue resultado
de la división del acta 4, en las denominadas actas 4A y 4B, de las cuales, solo la
primera fue pagada por la entidad (mediante la Resolución 201900010428 de 2019),
por lo que el acta 4B corresponde al saldo insoluto del acta 4, y las actividades que
registra, fueron ejecutadas, aprobadas y radicadas en la entidad en el año 2018,
indistintamente de que posteriormente fueren objeto de un nuevo cobro por cuenta
de la división del acta 4 que, según da cuenta el derecho de petición del 20 de mayo
de 2020 enviado por el contratista, se hizo por solicitud de la contratante 60, sin que
60 Se indicó lo siguiente: “Al día de hoy la Entidad no ha cumplido las obligaciones derivadas del contrato en cuanto
a los pagos y liquidación del mismo, cuyos plazos están vencidos, encontrándose en mora de liquidar y pagar el
19
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
ello se hubiese negado, desdicho o discutido en la respuesta dada por la entidad 61;
por el contrario, la entidad informó que procedió con el pago del acta 4A allegando
los comprobantes de egreso.
27. Finalmente, respecto a que en el informe y el visto bueno del 30 de diciembre de
2019 presentado por la interventoría para el pago de mayores recursos se indicara
que el valor del contrato ascendía a $20.275’520.267, y no a $24.929’270.123, tal
circunstancia se debe a que ese visto bueno es un anexo del acta 4A y está
sustentado en un informe parcial de interventoría62 que relaciona las actas hasta el
valor de esta ($1.831’975.000), por lo que evidentemente no incluía el valor del acta
4B (o saldo del acta 4 original) y del acta 5, tal como se observa en la siguiente
relación contenida en ese informe parcial:
28. Los documentos indicados tenían por finalidad legalizar el pago del acta 4A, el
cual fue realizado por la entidad mediante la Resolución 201900010428 de 2019, sin
que a partir de ellos puedan desconocerse las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas por el contratista según consta en el informe final de interventoría y en el
acta de recibo final, reconocidas y reiteradas por la entidad de cara al proceso de
auditoría adelantado por la Contraloría municipal y al liquidar el contrato de
interventoría.
29.En consecuencia, las obras cobradas por el contratista constan en actas parciales
elaboradas y aprobadas por la interventoría durante el ejercicio de sus funciones, por
lo que cuentan “con la certificación expedida por el supervisor o interventor del
contrato” en los términos de la cláusula tercera del negocio jurídico celebrado para
que su pago resultara exigible, obras que además fueron solicitadas por la entidad
demandante como necesarias para superar la urgencia manifiesta y reconocidas
saldo a deber por la ejecución contractual, por un valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MIL ($6.482'714.856).
En aras de generar alguna solución parcial a los pagos adeudados, el día 27 de diciembre de 2019, la
administración ordenó de manera verbal por parte del Secretario de Educación, el señor JORGE ALCIDES
MEDINA, la supervisora del contrato, la señora MARÍA VICTORIA MESA y el Interventor del contrato, el
señor JULIÁN FERNANDO CASTRO BELTRÁN, en representación legal de la firma CONSTRUCTORA KPB
S.A.S., modificar el Acta de Obra No. 4 entregada el 11 de marzo de 2019, ajustándola a los recursos
disponibles, esto es, MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS Mil ($1.871'975.000), por lo cual se procedió a realizar los ajustes respectivos, dividiendo el
Acta de Obra No. "4A" y su remanente "4B" (énfasis añadido). Expediente digital, archivo “03Demanda”, página
5647.
61 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 5669.
62 Expediente digital, archivo “03Demanda”, página 5282.
20
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
como efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción.
30.Así las cosas, por cuanto los cargos de la apelación resultaron infundados, la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia.
Costas
31. En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202163, en armonía con el artículo 365
del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la entidad
demandada, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y
se confirmará la sentencia de primera instancia. Dicha condena no requiere la
apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de
quién resultó vencido.
32. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.
33. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por
el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura. De conformidad con su artículo segundo, para la fijación de las
agencias en derecho, se debe tener en cuenta “la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad,
que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan
desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5
de esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia
con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV.
34. En este caso existió gestión procesal del apoderado del demandante en esta
instancia y en tal virtud, las agencias en derecho se fijan en un (1) Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
63 Como el recurso se interpuso en mayo de 2022, le son aplicables las modificaciones introducidas por la Ley
2080 de 2021.
21
Radicación: 050012333000-2020-04015-01 (68549)
Demandante: Construcciones Escobar Ortega S.A.S.
Demandado: Municipio de Bello
Referencia: Controversia contractual
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2022 proferida por la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la entidad demandada y FIJAR como agencias
en derecho a favor del demandante, la suma de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente - SMLMV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a
quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.