Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2013-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Liquidación del contrato de obra pública
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 88001-23-33-000-2013-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 88001-23-33-000-2013-00008-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de julio de 2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AUSENCIA DE PRUEBA / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
En consecuencia, la Sala considera que no se acreditó la existencia de mayores cantidades de obra que pudieran ser reconocidas a la contratista en esta decisión. […] En relación con la pretensión segunda del demandante, en que solicitó se tuvieran en cuenta “los verdaderos costos de los insumos y materiales para la obra”, la Sala advierte que los contratos a precios unitarios llevan ínsita la obligación de ejecutar los componentes a los precios acordados por las partes, lo que deberá considerar si se incluyeron cláusulas de reajustes o revisión de precios o si no se hizo. Por ello, en ausencia de una cláusula de reajuste o revisión, como en el caso concreto, el contratista tiene, en principio, la obligación de ejecutar a los precios unitarios pactados en el contrato. Puede verse como una excepción a la obligación de ejecutar a los precios convenidos la configuración de una ruptura del equilibrio económico del contrato, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de la teoría de la imprevisión, en cuyo caso el juez podrá, por la ocurrencia de hechos imprevistos, adoptar medidas para el restablecimiento de dicho equilibrio. En el caso no se demostró que la variación en los precios tuviera como causa un evento que satisficiera los elementos para dar aplicación a la teoría de la imprevisión, u otra causa de ruptura del equilibrio económico. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en la cual se denegó esta pretensión.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA
Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas, constancias o salvedades en la liquidación del contrato. Adicionalmente, también en una estable línea decisional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha exigido que las constancias, salvedades u objeciones sean claras y concretas. Estos requerimientos resultan lógicos en el contexto referido, ya que tienen como propósito poner en conocimiento de la contraparte las inconformidades que se tienen con el negocio jurídico suscrito. En otras palabras, solamente si se informa clara y concretamente sobre las inconformidades con el contenido del acta de liquidación, se honrarán los postulados del principio de buena fe y no se vendrá contra los actos propios con una posterior demanda, en la medida en que se habrán aclarado los aspectos que no están cobijados por el acuerdo de voluntades. […] [C]ontrario a lo decidido por el Tribunal, para la Sala las pretensiones relacionadas con el mayor valor de precios unitarios y costos administrativos, mayor cantidad de obra ejecutada no incluida en el balance económico, y el consecuente desequilibrio económico pueden ser estudiadas. Igualmente sucede con las pretensiones de AIU porcentual e intereses de mora relacionadas con aquellas pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las formalidades que deben tener las constancias o salvedades en la liquidación de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 24809, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 1 de julio de 2015, rad. 37613, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de agosto de 1995, rad. 8884, C. P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 11689, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 14854, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AUSENCIA DE PRUEBA
En el marco de un contrato de obra a precios unitarios, el concepto de mayores cantidades de obra se refiere a la ejecución de un ítem pactado en el contrato, pero cuyas cantidades exceden lo previsto en el acuerdo inicial. Por su parte, las obras adicionales son aquellas que no han sido estipuladas en el contrato, esto es ítems adicionales no previstos. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en exigir una modificación contractual para que se condene a una entidad contratante a pagar a un contratista obras adicionales. Ello es así, puesto que solamente con la modificación del contrato se entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutar obras adicionales y la entidad la correlativa obligación de pagarlas. En materia de mayores cantidades de obra, esta Corporación ha exigido para que proceda su reconocimiento una orden o autorización para su ejecución y su recepción a satisfacción por parte de la entidad. […] La Sala comparte que no es necesaria la celebración de modificaciones contractuales en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios. Lo anterior, pues este tipo de contratos es a precio determinable y la cláusula de valor es meramente indicativa. Sin embargo, esto no se opone a lo señalado anteriormente, pues una cosa es la necesidad de una modificación y otra que se requiera una autorización. Exigencia esta ultima que, además, se puede evidenciar en los conceptos referidos por el apelante y que no resulta contradictoria con el precio determinable que caracteriza a estos contratos. […] A la luz de lo dicho, se confirmará la Sentencia de primera instancia, pues no se aportó evidencia de que la entidad demandada hubiera autorizado, ordenado, o siquiera tuviera conocimiento de las supuestas mayores cantidades de obra ejecutadas por la contratista.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de mayores cantidades de obra y obras adicionales en un contrato de obra a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, rad. 10151, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 29 de agosto de 2007 rad. 15469, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 29 de abril de 1999, rad. 14855, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stellla Correa Palacio; sentencia de 29 de febrero de 2012, rad. 16371, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 13 de noviembre de 2013, rad. 23829, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 14 de septiembre de 2016, rad. 50907, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la celebración de modificaciones contractuales en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de septiembre de 2008, rad. 1920, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; concepto de 18 de junio de 2002, rad. 1439, C. P. Susana Montes de Echeverri.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero encargado Alexander Jojoa Bolaños
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 88001-23-33-000-2013-00008-01(52045)
Actor: SONIA ISABEL ECHEVERRÍA FONSECA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – desequilibrio económico – mayores cantidades de obra – salvedades acta de liquidación
Síntesis: una contratista solicitó, entre otras pretensiones, que se reconocieran y pagaran mayores cantidades de obra, los precios reales de las obras ejecutadas, así como obras adicionales necesarias para la ejecución de un contrato de obra a precios unitarios
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 2 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada. 1.3. Sentencia recurrida. 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
Sonia Isabel Echeverría Fonseca presentó demanda y la subsanó, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Armada Nacional–Base Naval ARC San Andrés, con las pretensiones que se trascriben a continuación:
“1. Que se reconozca y pague el valor por concepto de mayores cantidades de obra
”2. Que se reconozca y pague la diferencia entre los precios de conformidad con las obras ejecutadas y el valor final de la obra, teniendo en cuenta los verdaderos costos de los insumos y materiales para la obra
3. Que se reconozca y pague el valor de las obras nuevas adicionales necesarias para la ejecución del contrato que fueron ejecutadas y no pagadas por la Entidad Contratante
4. Que se reconozca y pague el valor de la utilidad dejada de percibir por la contratista en la ejecución del contrato
5. Que se reconozca y pague el valor por intereses debido a la mora de la entidad en el reconocimiento y pago de las obras adicionales, mayores cantidades de obra y diferencia de precios que afectó en forma negativa al contratista
6. Que el valor de las sumas reconocidas en sentencia sea indexado a valor presente
En el aparte de los fundamentos de derecho, la contratista señaló que “la diferencia de precio que aquí se reclama asciende a la suma de (…) (662.142.312,20)”.
La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes hechos:
1) El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, Base ARC San Andrés y la contratista suscribieron el contrato de obra 55-ARC-BN4-2008 el 9 de mayo de 2008, por valor de $894.485.616, cuyo objeto era “ejecutar la construcción de dos (2) módulos de cuatro (4) viviendas para suboficiales casados en el barrio San Luis en predios de la Base Naval ARC «San Andrés» en San Andrés Islas”.
2) Las partes suscribieron adiciones – el 13 de junio y 30 de septiembre de 2008 –, prórrogas al contrato – el 30 de octubre y 28 de noviembre de 2008, y el 20 de febrero, 6 de mayo, 30 de junio, 30 de agosto, 15 de septiembre y 25 de noviembre de 2009–, modificaciones al contrato– el 23 de enero de 2009– y una cesión de derechos económicos.
3) Durante “la ejecución del contrato se presentaron mayores costos por precios unitarios, mayores cantidades de obra, gastos administrativos adicionales lo que generó un desequilibrio económico al contratista” “así mismo, fue necesaria la ejecución de obras nuevas o adicionales no previstas y que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato”. Las diferencias de precios, argumentó el demandante, tuvieron como causa “que el lugar donde se ejecutó la obra es de difícil acceso, situación que encarece el valor de la obra, cuya diferencia o fluctuaciones no fueron previstas desde el inicio del contrato, lo que hacía necesaria la revisión de precios durante la ejecución del contrato”.
4) Las partes liquidaron bilateralmente el contrato sin fecha “pero se presume fue posterior al 12 de noviembre de 2010, según carta a mano alzada suscrita por CC Denis Collazos”, porque fue esta la fecha en la cual “el capitán Collazos Bonilla dejó en manos de mi apoderada el acta para su correspondiente revisión y posterior firma”.
5) El acta de liquidación proyectada por la Armada contenía un aparte de constancias en el cual se indicaba que el contratista “[m]anifiesta que la Armada Nacional–Base Naval ARC San Andrés cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 55-ARC-BN4-2008, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo”. A ello, que hace parte del texto original e impreso, la contratista agregó con bolígrafo y manuscrito lo siguiente: “asimismo por mayor valor de precios unitarios y costos administrativos del contrato inicial vs. Real, mayor cantidad de obra ejecutada no incluida en el balance económico, se derivó un desequilibrio económico total, AIU porcentual dejado de percibir, intereses de mora, pérdidas de credibilidad, daño al buen nombre, desestabilidad personal, familiar y laboral y afectación a la experiencia adquirida del contratista”.
1.2. Posición de la parte demandada
La Nación–Ministerio de Defensa–Armada Nacional presentó contestación de la demanda, en la cual solicitó que se rechazaran las pretensiones con base en las razones que se presentan a continuación.
La demandada trajo a colación que habían existido dos adiciones al contrato, con lo cual se había evitado el supuesto desequilibrio económico alegado por la demandante. Destacó que durante la ejecución del contrato se había multado en tres ocasiones a la contratista por sus incumplimientos con el plazo de entrega. Igualmente, indicó que la demandante conocía las condiciones del contrato a ejecutar desde el procedimiento de selección, así como sus riesgos y no podía desconocer que había formulado su oferta con base en ellos.
Señaló que existía cláusula compromisoria y que el Tribunal no era competente. También sostuvo que había “inexistencia del derecho” por dos razones. De un lado porque las obligaciones contractuales debían pactarse en un nuevo acuerdo, y las obras ejecutadas por el contratista fueron de su propia iniciativa “sin que existiera injerencia alguna de la entidad”. De otra parte, porque la contratista no tenía derecho como consecuencia de que firmó el acta de liquidación y faltó al principio de buena fe con su demanda. Además, puso de presente que el demandante había escogido indebidamente la acción, ya que la solicitud del demandante era el reconocimiento de un enriquecimiento sin justa causa.
Adicionalmente, la demandada propuso las excepciones de “falta de todos los demandantes por legitimación por activa”, pues había existido una cesión parcial de derechos a una empresa; “indebida formulación de pretensión”, pues los reconocimientos solicitados se hicieron “sin señalar cuál e[ra] el valor pretendido”; a lo anterior se agregó que, debido a que los cálculos del contratista excedían el 50% del valor del contrato original, ello “desconoc[ía] la normatividad contractual ya que al superar el 50% se está hablando de otro contrato y no de una suma de dinero”
1.3. Sentencia de primera instancia
El 2 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió Sentencia en la cual negó las pretensiones de la demanda.
El Tribunal fundamentó su decisión, en síntesis, en que “las reclamaciones que se hicieron en el acta de liquidación no son claras, ni específicas, pues no se incluye una descripción detallada y pormenorizada que haga vislumbrar de qué obras se trata, ya por su ubicación, ya por sus medidas, ora por su valor, etc”. Además, destacó que era necesario que las mayores cantidades de obra “precedan de la anuencia de la administración, ya que de lo contrario se entenderá que son obras necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato que por tanto no deben obedecer al reconocimiento de valores y pagos adicionales a los pactados originalmente o en las adiciones que se hagan durante la vida del contrato”. También recordó que se habían celebrado dos adiciones de valor al contrato y sobre ello dijo “en el momento en que las condiciones así lo requería, como se expresa en las consideraciones previas de las mencionadas adiciones, se añadió el valor del contrato primigenio con el fin de darle continuidad al proyecto y en cuanto al tiempo, la entidad contratante tampoco fue ajena circunstancias especiales respecto del retraso de la obra por presentarse inconvenientes en el transporte de materiales a la isla, por lo cual fue ampliado con un total de 8 contratos adicionales en tiempo”.
Con ocasión de un dictamen pericial rendido por un ingeniero sobre las mayores cantidades de obra resolvió que “de acuerdo con el dictamen pericial, se debe concluir que se reporta lo concretamente existente, comparado con lo estipulado y con lo liquidado, sin que se obtengan obras extras realizadas”. Con base en lo anterior decidió que “[e]s claro entonces, (…) que en la ejecución del objeto contractual no se presentaron obras fuera de lo ya estipulado en el contrato y que la contratista (…) tuvo un posible desfase en los precios presentados en la propuesta económica, de lo que pudo devenir el supuesto desequilibrio para con ella, no imputable a la entidad”.
En relación con el incremento en los precios el Tribunal trascribió varios apartes del pliego de condiciones para concluir que “el contratista sabía exactamente donde se iba a realizar la obra, así como el precio y la disponibilidad de los materiales, para ello se hizo visita de obra y el acta de aclaratoria proyectos de vivienda”. En adición, recordó que la contratista manifestó que conocía las condiciones de ejecución y analizó las especificaciones técnicas, planos, y que su oferta cumplía con los ítems referenciados.
Finalmente, el Tribunal citó el testimonio del Capitán de Corbeta Dennis Collazos, en el cual puso de presente que la arquitecta nunca “manifestó algún desequilibrio o reconocimiento de obras adicionales”. Según el testigo nunca fue informado de obras adicionales que estuvieran por fuera del marco contractual, pues durante la ejecución siempre se hicieron balances de mayores y menores cantidades de obra con el único fin de mantener el balance económico del contrato.
1.4. Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con base en los siguientes motivos de inconformidad:
El perito encontró “diferencias reales en cantidades de obra y de precios unitarios”, por lo cual cuestionó que se hubieren despachado desfavorablemente.
Respecto de la liquidación del contrato resaltó que “se dejaron observaciones consignadas en el acta de liquidación, pero se observa con asombro que el despacho no las acoge porque el mismo determina que no son claras, a sabiendas que son suficientes”.
En lo relativo a las variaciones en los precios del contrato inicial, el apelante citó un concepto de esta Corporación en el cual se puso de presente que el valor final del contrato resultaba de “multiplicar los precios unitarios reajustados por la cantidad de obra efectivamente ejecutada”. Con relación a este punto adicionó que “existen variaciones en los precios iniciales del contrato inicial que comportan varios elementos, lo que nos lleva a pensar que lo dispuesto por el dictamen pericial y que ha sido citado en líneas anteriores, nos indica con claridad que existió una variación en los precios que en últimas comportaron un desequilibrio económico en el contrato y que como consecuencia de eso (…) provocó una quiebra de la aquí demandante”.
Finalmente, la parte demandante se refirió al dictamen pericial rendido en el proceso por el ingeniero civil y puso de presente que en las conclusiones de este se señalaba que “la diferencia monetaria entre las obras ejecutadas (medidas) y las liquidadas, como se muestra (…) es de (283.321.944,51)”. Con base en ello concluyó que “sí se encontraron mayores cantidades de obra y por consiguiente sí se dio variación en los precios, lo que nos lleva a pensar que sí existió desequilibrio económico”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
Le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si las salvedades consignadas por el contratista en el acta de liquidación del contrato 55-ARC-BN4-2008 cumplen con los requerimientos de claridad y concreción, exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación, para que la reclamación judicial de los derechos del contratista no resulte contraria al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios (a). En segundo lugar, la Sala debe decidir si el contratista tiene derecho al “reconocimiento y pago” de indemnizaciones por concepto de: mayores cantidades de obra en ejecución del contrato 55-ARC-BN4-2008, en ausencia de una autorización por parte de la entidad (b) o como consecuencia de la diferencia entre los precios acordados en el contrato y los “verdaderos costos de los insumos y materiales”, aun cuando no existía una cláusula de reajuste o revisión de precios (c).
Las salvedades consignadas en el acta de liquidación son suficientemente claras y concretas
Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas, constancias o salvedades en la liquidación del contrato.
Adicionalmente, también en una estable línea decisional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha exigido que las constancias, salvedades u objeciones sean claras y concretas. Estos requerimientos resultan lógicos en el contexto referido, ya que tienen como propósito poner en conocimiento de la contraparte las inconformidades que se tienen con el negocio jurídico suscrito. En otras palabras, solamente si se informa clara y concretamente sobre las inconformidades con el contenido del acta de liquidación, se honrarán los postulados del principio de buena fe y no se vendrá contra los actos propios con una posterior demanda, en la medida en que se habrán aclarado los aspectos que no están cobijados por el acuerdo de voluntades.
Señalado lo anterior, se agrega que las salvedades consignadas por el contratista en el acta de liquidación deben ser evaluadas en cada caso para determinar si satisfacen los criterios de “claridad y concreción” – que no son un test abstracto aislado de los hechos, del texto del negocio jurídico y de la salvedad –. Lo reseñado debe realizarse, en particular, con el fin de establecer si se descargaron los deberes derivados de la buena fe contractual y no se está contrariando la doctrina de los actos propios. En el caso concreto, las salvedades consignadas en el acta de liquidación son lo suficientemente claras y concretas y le permitían a la entidad contratante conocer los motivos y el objeto de las diferencias del contratista con el contenido del acta de liquidación. La contratista agregó al acta de liquidación lo siguiente:
“asimismo por mayor valor de precios unitarios y costos administrativos del contrato inicial vs. Real, mayor cantidad de obra ejecutada no incluida en el balance económico, se derivó un desequilibrio económico total, AIU porcentual dejado de percibir, intereses de mora, pérdidas de credibilidad, daño al buen nombre, desestabilidad personal, familiar y laboral y afectación a la experiencia adquirida del contratista”.
Es cierto que las inconformidades que la contratista tenía con el acta de liquidación pudieron ser redactadas de manera más clara y específica sobre cada uno de los puntos. Sin embargo, además del texto literal de la salvedad, en este caso, la Sala valorará que el contenido del acta de liquidación no fue acordado por las partes, sino redactado por la entidad demandada, quien luego lo extendió a la demandante para su firma y no permitió la inclusión formal y detallada de salvedades. Motivo que llevó a la contratista a introducir las salvedades a mano y en un pequeño espacio como se aprecia en la siguiente imagen:
Por todo lo anterior, contrario a lo decidido por el Tribunal, para la Sala las pretensiones relacionadas con el mayor valor de precios unitarios y costos administrativos, mayor cantidad de obra ejecutada no incluida en el balance económico, y el consecuente desequilibrio económico pueden ser estudiadas. Igualmente sucede con las pretensiones de AIU porcentual e intereses de mora relacionadas con aquellas pretensiones.
No procede el pago de mayores cantidades de obra si no existe autorización de la entidad contratante
La Sala pone de presente que el demandante solamente presentó inconformidades con la sentencia de primera instancia por las “diferencias reales en cantidades de obra y de precios unitarios”. Luego, no fue objeto de apelación la denegación de pretensiones relacionadas con obras adicionales y, en consecuencia, la Sala tampoco se pronunciará sobre ello. En lo relativo a este último punto se advierte, además, que no se había consignado salvedad alguna sobre obras adicionales en el acta de liquidación, otra razón por la que no procede su estudio.
En el marco de un contrato de obra a precios unitarios, el concepto de mayores cantidades de obra se refiere a la ejecución de un ítem pactado en el contrato, pero cuyas cantidades exceden lo previsto en el acuerdo inicial. Por su parte, las obras adicionales son aquellas que no han sido estipuladas en el contrato, esto es ítems adicionales no previstos.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en exigir una modificación contractual para que se condene a una entidad contratante a pagar a un contratista obras adicionales. Ello es así, puesto que solamente con la modificación del contrato se entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutar obras adicionales y la entidad la correlativa obligación de pagarlas.
En materia de mayores cantidades de obra, esta Corporación ha exigido para que proceda su reconocimiento una orden o autorización para su ejecución y su recepción a satisfacción por parte de la entidad. Por ello se ha afirmado que “ha sido criterio jurisprudencial consistente de la Corporación que para el reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias, las mismas deben haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante”.
El apelante trajo en cita conceptos de esta Corporación en los cuales se ha dicho expresamente que el precio de los contratos a precios unitarios se determina finalizado el contrato y es “el resultado de multiplicar los precios unitarios reajustados por la cantidad de obra efectivamente ejecutada”. Además, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado también ha sostenido que “es fácil concluir que es un error celebrar contratos adicionales a los contratos principales celebrados por alguno de los sistemas de precios determinables, para poder ejecutar obras cuyo costo de ejecución sobrepase el estimado inicialmente. En efecto, el error consiste en pensar que ese precio estimado inicialmente es el verdadero valor del contrato, pues, como se explicó, sólo es un estimativo pero el verdadero valor se determinará una vez concluya la obra. Por lo mismo, no se trata de que se esté adicionando el contrato; no. Sólo se está procediendo conforme a lo previsto, esto es, aplicando el procedimiento de precios unitarios a las cantidades de obra ejecutadas y, por consiguiente, si son más cantidades de obra a las previstas, pues el valor del contrato es mayor, pero así fue como se convino”.
La Sala comparte que no es necesaria la celebración de modificaciones contractuales en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios. Lo anterior, pues este tipo de contratos es a precio determinable y la cláusula de valor es meramente indicativa. Sin embargo, esto no se opone a lo señalado anteriormente, pues una cosa es la necesidad de una modificación y otra que se requiera una autorización. Exigencia esta ultima que, además, se puede evidenciar en los conceptos referidos por el apelante y que no resulta contradictoria con el precio determinable que caracteriza a estos contratos.
En efecto, la Sala de Consulta ha indicado con claridad que para la “realización de «mayor cantidad de obra» de la presupuestada (…) no se requiere ni cabe el "contrato adicional" basta la autorización del respectivo interventor o del funcionario que el mismo contrato haya previsto” y que “[r]eafirmando el criterio expresado en el concepto de julio 18 de 2002, radicación No. 1439, para la Sala (…)el aumento o la disminución de las cantidades de obra contratadas, no comporta una modificación al objeto del contrato sino, una consecuencia de las estipulaciones del mismo, lo cual ha de determinarse en cada caso, con la medición periódica de los avances de la obra; éstos, recogidos en actas o como se haya estipulado en el contrato, van a reflejar, con la misma periodicidad, un valor del contrato proveniente de su ejecución real; requiriéndose, dado el caso, el trámite del recurso presupuestal en cuanto exceda la apropiación inicial, además de las formalidades establecidas por las partes”.
A la luz de lo dicho, se confirmará la Sentencia de primera instancia, pues no se aportó evidencia de que la entidad demandada hubiera autorizado, ordenado, o siquiera tuviera conocimiento de las supuestas mayores cantidades de obra ejecutadas por la contratista. Lo único que se pudo encontrar en el expediente relacionado con las cantidades de obra consta en un oficio de 15 de noviembre de 2009, en el cual la contratista señaló al supervisor del contrato “se remite balance revisado teniendo en cuenta la necesidad de su definición pronta para la Facturación del saldo final del contrato para lo que tal como de manera verbal me ha informado, la suma final a cancelar se encuentra supeditada a la disponibilidad presupuestal para dicho contrato sin la posibilidad de adicionar recursos, por lo que se solicita la información soporte de la que aún cuando la medición suya y mía para algunos ítems no coincide se esperaría como mínimo incluir la medición constatada en su balance y la totalidad de las obras ejecutadas”. Lo anterior, para la Sala, antes que advertir de la existencia de mayores cantidades autorizadas da cuenta de lo contrario; que el supervisor había expresamente indicado la imposibilidad de adicionar el precio por razones presupuestales, de donde se deriva que no podrían haberse ejecutado mayores cantidades.
En adición, el supervisor del contrato testificó que no tuvo conocimiento de estas, el Capitán de Corbeta Dennis Alexander Collazos Bolaños sostuvo: “no recuerdo haber sido informado por medio escrito o verbal de obras adicionales que estuvieran por fuera del marco contractual, porque en el contrato y durante la ejecución de la obra siempre hice un balance de mayores y menores cantidades de obra con el único fin de mantener el equilibrio económico y el balance del contrato”. Por ello, se confirma que, como se dijo en la providencia apelada: “la parte actora no demostró haber solicitado autorización para la ejecución de mayores cantidades de obra, ni aparece evidencia de que la entidad contratante haya emitido orden alguna para su realización”.
De otra parte, se debe agregar que en el proceso la parte demandante no logró demostrar la existencia de mayores cantidades de obra que pudieran ser reconocidas en esta sede. La única prueba que obra sobre el punto en el expediente es el dictamen pericial rendido por el Ingeniero Civil Diogenes Newball Robinson y la aclaración del dictamen. El apelante transcribió la primera de las conclusiones de la aclaración al tenor de la cual “la diferencia monetaria entre las obras ejecutadas (medidas) y las liquidadas, como se muestra (…) es de (283.321.944,51)” y con base en ello, argumentó que “sí se encontraron mayores cantidades de obra y por consiguiente sí se dio variación en los precios, lo que nos lleva a pensar que sí existió desequilibrio económico”. Sin embargo, una vez revisada la aclaración del dictamen la Sala encontró que esta suma no se refería a las mayores cantidades de obra, sino a la variación en los precios, asunto que se abordará más adelante, y obras adicionales, asunto que no podrá estudiarse pues no fue objeto de apelación ni de salvedades.
Adicionalmente, tal y como lo advirtió el Tribunal, el dictamen inicialmente concluyó que “las instalaciones corresponden a lo que se menciona en las listas de actividades ejecutadas, considerando que en toda ejecución se realizan cambios por lo general menores para poder ajustarse en parte a las expectativas del cliente, o a la disponibilidad en el mercado laboral”. Pese a ello, en la aclaración del dictamen, se dijo en la conclusión segunda relativa a las mayores cantidades de obra que “el resumen de estas mayores cantidades de obra está en la hoja Resumen al final y suman ($5.985.789,95) cinco millones novecientos ochenta y cinco mil, setecientos ochenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos”. Lo señalado, en primer lugar, resulta contradictorio con lo sostenido en el dictamen original. En segundo lugar, la Sala pone de presente que en la conclusión tercera de la aclaración al dictamen se dijo que había “imprevistos que deb[ían] ser absorbidos por el porcentaje previsto para este fin del 5%”. No obstante, no es claro si al rubro de imprevistos se podían imputar estas mayores cantidades de obra, o si a ese rubro solo podían cargarse las obras adicionales. En consecuencia, la Sala considera que no se acreditó la existencia de mayores cantidades de obra que pudieran ser reconocidas a la contratista en esta decisión.
No procede la revisión judicial de precios, en contratos a precios unitarios, por su simple variación
En relación con la pretensión segunda del demandante, en que solicitó se tuvieran en cuenta “los verdaderos costos de los insumos y materiales para la obra”, la Sala advierte que los contratos a precios unitarios llevan ínsita la obligación de ejecutar los componentes a los precios acordados por las partes, lo que deberá considerar si se incluyeron cláusulas de reajustes o revisión de precios o si no se hizo. Por ello, en ausencia de una cláusula de reajuste o revisión, como en el caso concreto, el contratista tiene, en principio, la obligación de ejecutar a los precios unitarios pactados en el contrato.
Puede verse como una excepción a la obligación de ejecutar a los precios convenidos la configuración de una ruptura del equilibrio económico del contrato, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de la teoría de la imprevisión, en cuyo caso el juez podrá, por la ocurrencia de hechos imprevistos, adoptar medidas para el restablecimiento de dicho equilibrio. En el caso no se demostró que la variación en los precios tuviera como causa un evento que satisficiera los elementos para dar aplicación a la teoría de la imprevisión, u otra causa de ruptura del equilibrio económico. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en la cual se denegó esta pretensión.
2.2. Sobre la condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandante. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma de $5.000.000 por concepto de agencias en derecho, como quiera que el apoderado de la parte demandada intervino en esta instancia en la presentación de los alegatos de conclusión.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas la Sentencia de 2 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a Sonia Isabel Echeverría Fonseca , a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Base Naval ARC San Andrés. Por Secretaría, se ordena liquidar las costas, que incluirán la suma de $5.000.000 por concepto de agencias en derecho.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO ENCARGADO ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 88001-23-33-000-2013-00008-01(52045)
Actor: SONIA ISABEL ECHEVERRÍA FONSECA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (ACLARACIÓN DE VOTO)
ACLARACIÓN DE VOTO
Aunque compartí la decisión del caso, me permito aclarar mi voto respecto de dos afirmaciones de la sentencia, de las que respetuosamente discrepo:
(i) En el párrafo 27 de la sentencia se afirma “que las inconformidades que la contratista tenía con el acta de liquidación pudieron ser redactadas de manera más clara y específica sobre cada uno de los puntos”, para luego señalar que la Sala atiende a estas en razón del pequeño espacio dejado por la entidad en el documento, lo que impidió plantearlas con mayor precisión. Contrario a ello, estimo que, aunque en forma breve, el tenor literal de las salvedades planteadas permite identificar plenamente la inconformidad del contratista, la que coincide materialmente con lo reclamado en el proceso que se decidió. A mi juicio, el espacio disponible en el acta de liquidación no exonera al contratista de su deber de claridad y precisión en la salvedad, pues nada le impide utilizar el anverso de las páginas o adicionar nuevas, previa constancia de ello para que se incorporen al acta, de modo que esta solo abre las puertas de la jurisdicción cuando permite conocer, con precisión, el punto sobre el cual no hubo acuerdo, con independencia del mayor o menor espacio para incluirla.
(ii) En el párrafo 34 de la sentencia se señaló que en contratos a precios unitarios, la cláusula de valor es “meramente indicativa”. Al respecto estimo que el precio no puede fluctuar libremente al arbitrio de las partes, en tanto la ley impone restricciones a la posibilidad de adicionarlo, sin atención a la modalidad pactada en el contrato. A juicio del suscrito, el deber de planeación a cargo de las entidad estatales impone determinar, en forma previa, el alcance del objeto contractual, de modo que, de antemano, se conozca con alto grado de aproximación, el alcance de los trabajos. El máximo margen de desfase admisible está previsto en la ley como límite a la posibilidad de adicionar los contratos, insisto, con independencia de si los precios fueron globales o unitarios.
Fecha ut supra,
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
El 8 de febrero de 2013 F. 1-12A del cuaderno 1.
El 2 de mayo de 2013 F. 29 del cuaderno 1.
F. 55 del cuaderno 1.
El 13 de agosto de 2013 F. 84-99 del cuaderno 1.
F. 295 del cuaderno principal.
F. 315 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de septiembre de 2008, radicación: 1920.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, exp. 18080; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 24809; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de julio de 2015, exp. 37613.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 1995, exp. 8884; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, exp. 11689; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 14854
F. 55 del cuaderno 1.
F. 315 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. 10151; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007 exp. 15469.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 1996, exp. 9347; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, exp. 14855; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15469; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 16371; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 23829; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, exp. 50907.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de septiembre de 2008, rad. 1920.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2002, rad. 1439.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2002, rad. 1439.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de septiembre de 2008, rad. 1920.
F. 442 cuaderno 2.
F. 54 cuaderno 4.
F. 2 y 3 del cuaderno 3.
F. 281-283 del Cuaderno 1.
Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2. “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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