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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01343-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01343-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia la cual quedará así: 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto a la configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente conforme a lo expuesto. 3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-01 Demandantes: Consorcio Proyekan

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01343-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-01
Demandantes: Consorcio Proyekan

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-01
Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial – controversias contractuales
– defecto factico.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia de 14 de mayo de 2026, dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el
Consorcio Proyekan contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de febrero de 2026, el Consorcio Proyekan, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«1.- Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al Consorcio Proyekan por la entidad
judicial demandada. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente:
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, Sentencia S N de veintiséis (26) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025).

2.- DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia Sentencia CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, D.
C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el proceso con Radicación
76001-23-33-000-2023-00856-01 (72.875) Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado:. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-01
Demandantes: Consorcio Proyekan

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO
FLÓREZ Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

3.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero
ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, D. C., veintiséis (26) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el proceso con Radicación 76001-23-33-000-
2023-00856-01 (72.875) para que profiera una nueva 37 sentencia teniendo en cuenta los
lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la
protección de los derechos fundamentales del actor.(…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron origen al medio de control de controversias contractuales

El consorcio Proyekan1 manifestó que mediante Resolución núm. 3683 del 19 de
diciembre de 2019 en su calidad de proponente, se le adjudicó el contrato de obra
objeto de la invitación pública IP-004-2019 para la «construcción de la fase II edificio
a-aulas sede la carbonera en Palmira Universidad del Valle».

El 6 de febrero de 2020 la Universidad del Valle y el consorcio Proyekan suscribieron
el contrato de obra núm. 0030.0034.018.016-007.2020. Como contraprestación,
pactaron la suma inicial de $8.985.187.593 y se fijó un plazo de ejecución de 13
meses.

El acta de inicio de actividades se suscribió el 4 de marzo de 2021; sin embargo, el
plazo de ejecución se suspendió entre el 21 de marzo y 18 de mayo de 2021 debido
al cumplimiento del Decreto 457 de 2021 que ordenaba el aislamiento preventivo con
ocasión del COVID-19 y, finalmente, reinició su ejecución, el 18 de mayo de 2020.

Por ello, fueron suscritos dos OTRO SI o adiciones al contrato de obra el 7 de
diciembre de 2020 y 26 de febrero de 2021 respectivamente, con el fin de aumentar
su valor del negocio ante las consecuencias negativas derivadas de la pandemia
COVID-19 y el paro nacional de 2021.

El Consorcio en calidad de contratista manifestó que los diseños que le fueron
entregados contenían información errónea, lo que generó retrasos en el cronograma
de ejecución de la obra y un incremento en las cantidades de obra, equipos y personal
que se debió usar para cumplir con el objeto contractual. También indicó que dicha
eventualidad afectó el programa de compras y negociaciones con los proveedores y
alteró las condiciones contractuales en cuanto al presupuesto y al tiempo de ejecución
del negocio. Atribuyó las causas de estos retrasos a la tardanza en la entrega de los
siguientes documentos: (i) diseño eléctrico aprobado por la empresa Celsia; (ii)
diagrama unifilar de la subestación eléctrica; (iii) bosquejo de iluminación remitido; y
(iv) el informe de acometidas-tableros y protecciones del sistema de aire
acondicionado y el sistema de apantallamiento.

El 11 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el acta de recibo o entrega final
de la obra, en la que determinaron que el tiempo total ejecutado fue de 16 meses y

1
Dicho consorcio que encuentra integrado por Proyectos y Construcciones de Occidente S.A. OCCIVILES en un 98% y por Juan
Carlos Canencio Sánchez en un 2%.
2
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Demandantes: Consorcio Proyekan

152 días y el valor total del contrato con sus dos adiciones, pasó de ser de
$8.985’187.593 a $12.348’320.991. Finalmente, el acta de aprobación de pólizas del
contrato de obra se expidió el 1° de marzo de 2022.

La parte demandante indicó que el 17 de agosto de 2022, radicó una petición ante la
Universidad del Valle, con la finalidad de que revisara la propuesta de liquidación del
contrato, dado que, a su juicio, no se tuvieron en cuenta las mayores cantidades de
obra aprobadas por la interventoría en el acta núm. 14 ni la prolongación del plazo por
la mora en la entrega de los diseños completos y correctos para la ejecución
contractual, aspectos que en su criterio afectaron de manera determinante el equilibrio
económico del contrato.

Hechos relacionados con el proceso 76001-23-33-000-2023-00856-00/01

En razón a lo expuesto y la presunta afectación al equilibrio económico del contrato el
Consorcio Proyekan ejerció medio de control de controversias contractuales contra la
Universidad del Valle a efectos de que se liquidara el contrato de obra núm.
0030.0034.018.016-007.20204 del 6 de febrero de 2020, y como consecuencia de ello,
se ordenara a la entidad demandada realizar el pago de las diferencias económicas
que resultaran a su favor por cualquier concepto, debido al retraso que se generó en
el cronograma de la obra pactada, el incremento en las cantidades utilizadas, entre
otros ítems requeridos para su desarrollo, como consecuencia de las inconsistencias
presentadas por el retraso en la entrega de la documentación relacionada con: (i)
diseño eléctrico aprobado por la empresa Celsia; (ii) diagrama unifilar de la
subestación eléctrica; (iii) bosquejo de iluminación remitido; y (iv) el informe de
acometidas-tableros y protecciones del sistema de aire acondicionado y el sistema de
apantallamiento.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que, en sentencia del 31 de enero de 2025
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que durante la
vigencia del contrato se presentaron situaciones que requirieron ejecutar mayores
cantidades de obra indispensables para el cumplimiento del objeto contractual,
relacionadas con el cambio en los diseños eléctricos, diagrama unifilar, iluminación y
el diseño definitivo del sistema de apantallamiento, debido a las falencias de un
externo que fue encargado por Universidad del Valle para la realización de los estudios
y no cumplió con los requerimientos técnicos exigidos.

Explicó que las mayores cantidades ejecutadas fueron consignadas en el acta de
recibo final, con la anuencia de la interventoría y de la entidad contratante. Bajo ese
presupuesto, precisó que, de conformidad con el dictamen pericial rendido en el marco
del proceso, la Universidad del Valle en calidad de demandada debía al contratista la
suma correspondiente a $282.200.705, la cual actualizó a la fecha de la sentencia,
para un resultado de $366.979.967.

De igual forma, reconoció la causación de intereses moratorios por mora en el pago
de los saldos reconocidos y por el «pago a destiempo de las actas de cobro», por las
sumas de $79.375.597.91 y $119.404.914, respectivamente.

Contra la referida decisión las partes interpusieron recurso de apelación, así:

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Por un lado, el demandante indicó que dado el fundamento fáctico en el caso objeto
de debate había lugar a la inclusión de costas procesales, agencias en derecho,
intereses moratorios e indexación y demás reconocimientos que resulten probados
dentro del proceso.

A su turno, la Universidad del Valle sostuvo que la sentencia de primera instancia dio
por ciertas las afirmaciones de la demandante sin confrontarlas con los documentos
contractuales. Señaló que los ajustes a los diseños eléctricos fueron propios de la
ejecución del contrato, no ocasionaron sobrecostos ni ampliaciones del plazo y
respondieron a cambios normativos, no a incumplimientos de la entidad. Indicó que
los mayores costos se derivaron de la pandemia por COVID-19 y del paro nacional de
2021, circunstancias reconocidas en los otrosíes 1 y 2, y reprochó que no fue valorado
el otrosí 3, mediante el cual se amplió el plazo para ejecutar actividades relacionadas
con los diseños eléctricos sin incrementar el valor del contrato lo cual a su juicio daba
lugar a cambiar la decisión objeto de debate.

De igual forma, cuestionó el dictamen pericial por considerar que carecía de certeza,
debido a que los peritos admitieron que no era posible verificar físicamente si las
mayores cantidades de obra correspondían a las reclamadas. También señaló que los
expertos excedieron el alcance de su labor al liquidar supuestos intereses sin atender
las cláusulas contractuales ni las reglas de interpretación de los contratos.

Finalmente, argumentó que los contratos estatales y sus modificaciones son
solemnes, por lo que cualquier reconocimiento de obras adicionales debía constar en
un otrosí, lo que no ocurrió en este caso. En consecuencia, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia en los aspectos desfavorables para la entidad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 26 de
septiembre de 2025 revocó la decisión apelada, en su lugar liquidó el contrato núm.
0030.0034.018.016-007 del 6 de febrero de 2020, en el sentido de declarar a las partes
a paz y salvo por concepto de la ejecución de sus obligaciones contractuales, y negó
las demás pretensiones de la demanda.

En primer lugar, precisó que, dado que la Universidad del Valle es un ente universitario
autónomo, el contrato no se regía por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (Ley 80 de 1993), sino que estaba sometido a las normas del
derecho privado, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto, porque,
del análisis de las pruebas aportadas, no se lograron acreditar los motivos que
conllevaron al reconocimiento de sumas económicas en favor del contratista, en
relación con la mayor cantidad de obra e intereses por mora en el pago de saldos a
su favor.

Sobre el particular, aclaró que:

(i) Los peritos admitieron en el interrogatorio que no constataron ni midieron
físicamente en la obra las mayores cantidades reclamadas, pues implicaba
destruir el edificio terminado.
(ii) El dictamen se fundamentó en una supuesta «Acta Final No. 14» en formato
Excel que no contenía las firmas de las partes ni de la interventoría, por lo
que carecía de la aprobación de la entidad contratante.
(iii) Determinó que los peritos se extralimitaron al interpretar el Código de
Comercio para liquidar los intereses moratorios, porque, al tratarse de un
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punto de derecho, la prueba violó la prohibición expresa del artículo 226 del
Código General del Proceso

En relación con el alcance de los Otrosíes 1 y 2, determinó que las dificultades
generadas por la pandemia de COVID-19 y el paro nacional de 2021 no podían usarse
como sustento para alegar un nuevo desequilibrio económico, ya que dichas
contingencias habían sido superadas y consensuadas previamente por las partes. De
modo que, al firmar estos dos acuerdos modificatorios, el contratista aceptó
formalmente y sin salvedades las ampliaciones de plazo y los reajustes de precios de
los ítems requeridos para lograr la correcta ejecución de la obra. Por consiguiente, la
Sala concluyó que la entidad contratante ya había reconocido y compensado
económicamente los impactos de esos imprevistos, lo que hizo inviable e injustificada
la pretensión de cobrar sobrecostos adicionales por los mismos hechos durante la
etapa de liquidación judicial del contrato.

Por ello, dada la ausencia de prueba que permitiera acreditar alguna omisión en el
pago del precio pactado, concluyó que lo procedente era modificar la liquidación del
contrato y declarar a paz y salvo a las partes por los pagos acordados en el referido
acuerdo y sus respectivos otrosíes.

En concordancia con lo expuesto, la providencia precisó que el fallo de primera
instancia ignoró el criterio de unificación jurisprudencial y los términos expresos del
Otrosí No. 3. En dicho acuerdo, las partes pactaron que la ejecución de las actividades
derivadas de los diseños eléctricos definitivos carecía de derecho a un reconocimiento
dinerario adicional para el contratista. Por consiguiente, afirmó que, incluso si el
dictamen pericial hubiera logrado demostrar la ejecución de mayores cantidades de
obra, el juzgador carecía de fundamento legal y contractual para reconocer dichos
montos a favor del accionante.

Finalmente, la Sala recalcó que la accionante incumplió la carga de la prueba asignada
a su cargo. La demandante omitió aportar elementos probatorios idóneos para
acreditar los hechos descritos en la demanda y el supuesto incumplimiento de la
entidad estatal.

Cabe destacar que la decisión contó con una aclaración de voto del consejero José
Roberto Sáchica Méndez. Si bien el magistrado compartió la decisión de revocar la
condena por falta de pruebas, discrepó de la motivación mayoritaria en dos aspectos:
primero, consideró que el Otrosí No. 3 no implicaba que el contratista perdiera el
derecho al pago de cantidades ejecutadas, sino únicamente que los precios unitarios
se mantenían inalterados; y segundo, argumentó que el cálculo de intereses realizado
por los peritos, al basarse en operaciones aritméticas sobre una tasa legal, no
constituía un «punto de derecho» que violara el artículo 226 del Código General del
Proceso.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte demandante expuso que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos
sustantivo, procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto sustantivo explicó que en el caso objeto de estudio no se dio
aplicación a la normatividad que regula la materia, en especial, la relacionada con el
equilibrio económico del contrato, sustentando dicha vulneración en la presunta
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inaplicación de la Ley 80 de 1993, específicamente sus artículos 27, 4 (numerales 3 y
8) y 5 (numeral 1).

Frente al defecto procedimental señaló que la autoridad judicial demandada
desconoció la definición de sobrecostos y mayores cantidades de obra, toda vez que,
según su criterio, el primero de ellos corresponde al exceso del gasto real de un
proyecto sobre el presupuesto inicial, mientras que el segundo implica ejecutar más
unidades de trabajo de las originalmente presupuestadas, sin modificar el alcance del
contrato, por lo que concluyó que, el sobrecosto alude a un problema de presupuesto,
mientras que la mayor cantidad de obra a una variación en el volumen de trabajo.

En cuanto al defecto fáctico adujo que de haberse tenido en cuenta la totalidad de
los elementos probatorios allegados al plenario, la decisión objeto de debate habría
variado sustancialmente. Ello, por cuanto la autoridad judicial accionada dio por
sentado que el contratista tenía la responsabilidad de asumir costos y recibir una carga
económica adicional, sin mediar prueba alguna de ello.

Asimismo, mencionó que omitió la valoración de pruebas determinantes en el caso
que hubiesen variado el sentido de la decisión.

Además, argumentó la indebida valoración del acervo probatorio y reprochó que el
juez de segunda instancia dio por probados hechos que carecían de soporte en el
proceso.

Explicó que, de haberse considerado la totalidad de los elementos allegados al
plenario, la decisión objeto de debate habría variado sustancialmente. Esto, por
cuanto la autoridad judicial accionada dio por demostrado, sin estarlo, que el
contratista tenía una responsabilidad inexistente de asumir costos y recibir una carga
económica sin estar obligado a ello y sin mediar prueba alguna en el plenario. Con
esto, a juicio del actor, se validó la «argucia jurídica» de la cláusula segunda del
Adicional 3 sin advertir que la Universidad ya había alterado las condiciones
contractuales.

Asimismo, mencionó que se omitió el estudio de pruebas documentales
determinantes, puntualmente la cronología que demostraba que la Universidad del
Valle entregó nuevos diseños eléctricos (iluminación, subestación, apantallamiento)
apenas en octubre de 2021. Al respecto, enfatizó que estas pruebas evidenciaban que
la entidad alteró los diseños cuando la obra ya registraba un 98% de avance, aspecto
que de haber sido valorado hubiese demostrado que no solo se maximizaron las
cantidades de obra y el tiempo de ejecución, sino que se provocaron reprocesos en
actividades de obra civil que ya estaban terminadas.

Finalmente, destacó la omisión en la valoración del documento VCR-050-2022 del 11
de octubre de 2022, este informe emitido por la interventoría, a su juicio, los
argumentos esgrimidos por la supervisión de la Universidad del Valle en la etapa de
liquidación, que constituía un elemento esencial que habría cambiado el sentido de la
decisión.

Finalmente indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial y si bien no mencionó como desconocidas providencias puntuales,
en el cuerpo del texto hizo alusión a que para que proceda el reconocimiento de
mayores cantidades de obras adicionales o complementarias, estas deben haber sido
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previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante y
mencionó las siguientes sentencias:

Sección Tercera, Subsección C, C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz, radicación: 25000
-3-26-0001997-04638-01(20683); Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana
Marín, radicación: 85001-23- 33- 000-201500211-01 (58.634), sentencia del 22 de
agosto de 2023; Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de julio de 2021,
C.P.: Alberto Montaña Plata. Rad.: 88001 - 23-33-000-2013-00008-01 (52.045);
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 29 de agosto de 1996, exp. 9347; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, exp.
14855; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15469; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008,
exp. 17031; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 16371; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 23829; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de
septiembre de 2016, exp. 50907; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031.

4. Trámite previo

El 27 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las partes y vinculo como terceros con interés a la
Universidad del Valle y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a quienes remitió
copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en calidad de ponente de
la decisión cuestionada, manifestó que en el presente asunto no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional razón por la que la solicitud de amparo de la
referencia es improcedente.

Expuso que, los argumentos de la parte demandante se dirigen de manera exclusiva
a discutir el debate resuelto en el trámite ordinario, dado que la solicitud de amparo se
centra en cuestionar la valoración de las pruebas aportadas en el marco del proceso
de controversias contractuales.

Indicó que, la discrepancia de la parte demandante con la decisón objeto de debate
tiene como finalidad convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia en la que
se reconozcan los hechos invocados en el proceso ordinario, y de dicho modo
satisfacer los intereses económicos que fueron negados en la acción ordinaria de
naturaleza contractual.

Resaltó que, la actora se limitó a exponer su desacuerdo respecto de las
interpretaciones y valoraciones del fallo objetado, sin que la controversia en realidad
verse sobre la vulneración de un derecho fundamental, sino que esta gira en torno a
un debate de carácter estrictamente económico, además si bien en el escrito inicial

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invocó distintos defectos lo cierto es que no precisó las razones por las que estimó
que se habrían configurado en el caso concreto.

Finalmente manifestó que la sentencia cuestionada se argumentó de manera
suficiente por qué el análisis del a quo fue improcedente, y con relación al
desconocimiento del precedente, señaló que dicho cargo carecía de respaldo, ya que
la sociedad accionante no refirió el precedente jurisprudencial ignorado, ni esbozó las
razones por las cuales se habrían desconocido los criterios fijados en las decisiones
referidas, ni por qué razón eran aplicables al caso concreto.

6. Intervención de los terceros con interés

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció sobre los hechos
objeto de debate.

Los señores Antonio José Obando Satizabal y Omar José Alegría Pino en calidad
de ingeniero interventor del contrato de obra y coordinador del Consorcio Proyekan,
respectivamente, explicaron las novedades presentadas en la obra, debido a la falta
de los diseños y especificaciones técnicas en su realización, especialmente en los
diseños eléctricos, que no se incluyeron en los adicionales 1 y 2, razón por la que
señalaron que procedía acceder a las pretensiones de la demanda contractual.

7. Sentencia de primera instancia

El 14 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia en la que declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que no se cumple con la carga mínima necesaria para realizar el estudio
de fondo pues si bien se alegó un defecto sustantivo y fáctico no se mencionaron las
normas que había lugar a aplicar y las pruebas frente a las que se omitió la valoración
que tendrían incidencia directa en la decisión.

De igual forma señaló que la finalidad de la parte demandante es que el juez de tutela
realice un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en el medio de control
de controversias contractuales, con la pretensión de que se realice un nuevo análisis
de interpretación legal y probatorio, y se adopte una decisión diferente a la ya
analizada por el juez natural, razón por lo que no se evidenció la vulneración alegada.

8. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia e insistió en los
argumentos del escrito inicial.

Indicó que el juez de primera instancia desestimó la tutela bajo el argumento de que
el accionante pretendía reabrir un debate probatorio propio del proceso ordinario. Sin
embargo, afirmó que ese no era el objeto de la tutela.

Explicó que la verdadera inconformidad consiste en que la sentencia del Consejo de
Estado incurrió en graves defectos constitucionales al omitir la valoración de pruebas
determinantes, interpretar erróneamente el contrato y desconocer el precedente
judicial citado, lo que constituye una vulneración al debido proceso y no una simple
discrepancia con la valoración de las pruebas.

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Mencionó, entre otras cosas, que existieron mayores cantidades de obra, obras
adicionales y modificaciones de diseño imputables a la Universidad del Valle, pero la
sentencia concluyó, sin soporte probatorio suficiente, que el contratista debía asumir
esos costos.

Finalmente explicó que el juez de primera instancia desconoció que la propia
Universidad modificó las condiciones del contrato mediante cambios tardíos de
diseño, interpretó de manera errónea el régimen del equilibrio económico del contrato
estatal y se apartó sin justificación del precedente del propio Consejo de Estado. Por
ello, a su juicio hay lugar a revocar la decisión que negó la tutela y en su lugar conceder
el amparo de los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela, por falta de cumplimiento de los requisitos
generales.

En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, continuará con el estudio de fondo y de
manera conjunta de los defectos invocados.

La Sala anticipa que modificará la decisión de primera instancia en el sentido de
confirmar la falta de relevancia respecto del defecto sustantivo por falta de relevancia
constitucional y, negar la protección solicitada frente a los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente.

Además, se precisa que los argumentos del defecto procedimental no se dirigen a
censurar una actuación de la autoridad judicial. Por el contrario, los reproches de la
accionante se enfocan en cuestionar la interpretación de los conceptos que rigen el
equilibrio económico del contrato y la valoración de las pruebas tendientes a
demostrarlos, materias que encuadran materialmente en los defectos sustantivo y
fáctico invocados en el escrito inicial. En consecuencia, los alegatos presentados por
el actor sobre este punto serán analizados de manera conjunta al abordar el fondo de
los defectos sustantivo y fáctico propuestos.

La Sala abordará el estudio de la presente acción en el siguiente orden: en primer
lugar, (i) de la falta de relevancia respecto al defecto sustantivo (i) del cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (iii) de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto.

De la falta de relevancia respecto al defecto sustantivo

Como se anticipó, frente a la configuración del defecto sustantivo, la parte actora
sustentó su cargo aduciendo que la autoridad judicial accionada omitió aplicar las
disposiciones referentes al equilibrio económico del contrato, específicamente los
artículos 27, 4 (numerales 3 y 8) y 5 (numeral 1) de la Ley 80 de 1993.

3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Para abordar este cargo, la Sala advierte que, de manera preliminar a resolver el
fondo del litigio, la autoridad judicial accionada precisó el régimen jurídico aplicable al
contrato de obra núm. 0030.0034.018.016-007.2020, así:

«Como primer aspecto, la Sala debe precisar las normas que rigieron el acuerdo de
voluntades, con el fin de establecer el marco normativo que debe guiar la solución de la
controversia, en concordancia con la causa petendi, el razonamiento de la providencia de
primera instancia y los cargos de la apelación, aun cuando la demandada no haya
cuestionado este aspecto en su recurso de apelación.

En el presente asunto, la Universidad del Valle y el Consorcio Proyekan suscribieron el
contrato No. 0030.0034.018.016-007.2020, con el objeto de realizar la “Construcción de la
Fase II del edificio A – Aulas Sede la Carbonera en Palmira Universidad del Valle”.

De ese modo, en atención a que la contratante corresponde a un ente universitario
autónomo del orden departamental y a que el negocio concreto correspondió a la tipología
de obra, se constata que, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, se
debía someter a las normas de derecho privado. Sin perjuicio de ello, conforme a lo
establecido en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, igualmente debía
informarse por los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, a la luz de
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como por el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

De lo anterior se concluye que, contrario a como abordó el caso concreto el Tribunal a
quo, en el presente asunto el acuerdo de voluntades debió regirse por las normas civiles
y comerciales y, en contraposición, estuvo exceptuado de la aplicación del estatuto general
de contratación de la administración pública (EGCAP), por lo que en esta instancia se debe
resolver la controversia con fundamento en aquel régimen jurídico, que es el que resulta
aplicable al negocio.(…) .».
(subrayado fuera de texto).

Asimismo, destaco a pie de página en el acápite en el que realizó el estudio del
régimen aplicable que, pese a que las partes no hayan cuestionado la determinación
del régimen jurídico del negocio que realizó el Tribunal de primera instancia, era
necesario que la Sala se pronunciara sobre las normas aplicables al contrato objeto
de análisis para resolver los cargos de la apelación, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 187 del CPACA y 280 del CGP, que imponen al juez la obligación de
incluir en la sentencia el razonamiento constitucional y legal necesario para resolver
la controversia.

Incluso, destacó en su fallo que, aunque las partes no apelaron expresamente la
determinación del régimen jurídico realizada por el a quo, resultaba imperativo para el
juez de segunda instancia fijar el marco normativo verdaderamente aplicable para
resolver la controversia, en cumplimiento de los artículos 187 del CPACA y 280 del
CGP.

En resumen, sostuvo que, en atención a que la contratante correspondía a un ente
universitario autónomo del orden departamental y a que el negocio concreto
correspondió a la tipología de obra, conforme con el artículo 93 de la Ley 30 de 19925,

5 Artículo 93. “Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de

sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus
efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. || Parágrafo. Se
exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por
el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan”.
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se debía someter a las normas de derecho privado. Sin perjuicio de ello, conforme a
lo establecido en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 20076.

Concluyó que contrario a lo abordado en primera instancia el contrato examinado
estaba exceptuado de la aplicación del EGCAP, al haber sido celebrado por una
universidad pública sometida a las reglas previstas en la Ley 30 de 1992. En ese
sentido, no le era aplicable el contenido de la Ley 80 de 1993.

En este contexto, la Sala advierte que el defecto sustantivo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, porque, de la revisión del escrito de tutela, se constata
que la parte actora centró su inconformidad en la falta de aplicación de la Ley 80 de
1993, pero omitió formular argumentos tendientes a desvirtuar la ratio decidendi de la
providencia frente a la determinación del régimen jurídico.

En efecto, la autoridad judicial accionada explicó de forma expresa y razonada cuál
era el régimen aplicable a la controversia y la justificación legal de ello, pues detalló
que, dada la naturaleza de la Universidad del Valle como ente universitario autónomo,
el acuerdo de voluntades estaba sometido a las disposiciones del derecho privado y,
por ende, exceptuado del estatuto general de contratación pública.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia; se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial
cuestionada afecta dichos derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico, y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional al
proceso ordinario pues las decisiones de primera y segunda instancia fueron en
distinto sentido.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se verían comprometidos los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada
habría realizado una aplicación indebida de la norma y un indebido análisis de las
pruebas.

Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de

6 Artículo 13. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al

del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal
de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

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algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados, como se señaló anteriormente.

En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface, pues el
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia
objeto de debate se profirió el 26 de septiembre de 2025, y el ejercicio de la acción de
tutela tuvo lugar el 20 de febrero de 2026, es decir la interposición se realizó en un
término prudente.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración; y (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso disciplinario ejercido en su contra.

Debido a lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial de manera conjunta.

De los defectos fáctico7 y por desconocimiento del precedente judicial8 en el
caso concreto

Como se anticipó, la parte actora aduce la configuración de los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en los
siguientes argumentos:

(i) Defecto fáctico: (a) Dar por demostrado, sin soporte probatorio, que el
contratista debía asumir cargas económicas adicionales; y (b) omitir la
valoración de pruebas documentales determinantes, tales como el informe
de interventoría VCR-050-2022 del 11 de octubre de 2022 y los soportes de
la entrega tardía de nuevos diseños eléctricos en octubre de 2021 (cuando
el avance físico de la obra era del 98%), lo que generó mayores cantidades
de obra, extensión en el tiempo de ejecución y reprocesos.

7
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad
probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre
cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora
u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
8
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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(ii) Desconocimiento del precedente: Ignorar la línea jurisprudencial que,
ante circunstancias como las probadas en el plenario, imponía declarar el
desequilibrio económico del contrato a favor del contratista.

A fin de resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala considera necesario destacar
que la autoridad judicial accionada, para resolver la controversia contractual,
consideró imperativo partir del análisis de los documentos que conformaron el
expediente. Lo anterior, con el propósito de establecer el verdadero alcance de los
compromisos asumidos por las partes mediante la suscripción del contrato núm.
0030.0034.018.016-007.2020. Al respecto, la providencia cuestionada concluyó lo
siguiente:

En primer lugar, frente a la asignación de riesgos, determinó que el consorcio no podía
eximirse de su deber de revisión técnica, porque: « (...) en la matriz de distribución se
consignó que el contratista asumiría las consecuencias de los “sobrecostos por no alertar
oportunamente en el proceso precontractual o contractual a la Universidad sobre las
inconsistencias de las especificaciones y/o cantidades de obra” (...). De ese modo, resulta
viable colegir que (...) como profesional constructor, debía conocer los requisitos técnicos de
las obras, le asistía el deber de verificar la idoneidad de los estudios entregados por la entidad
contratante -entre ellos los eléctricos-, toda vez que era un requisito indispensable para el
cumplimiento del objeto contractual».

En segundo lugar, frente al desarrollo de la obra, la sentencia recapituló que las partes
suscribieron los Otrosíes 1 y 2 (en diciembre de 2020 y agosto de 2021) para ajustar
el precio y el plazo del negocio frente a contingencias como la pandemia del Covid-19
y el paro nacional, actualizando los precios unitarios y las cantidades estimadas de
obra.

En tercer lugar, y como punto medular para desestimar las pretensiones económicas
referidas a los diseños eléctricos, la autoridad judicial accionada valoró el alcance del
Otrosí N° 3, frente al cual concluyó lo siguiente: «(...) el otrosí N° 3 -última modificación
contractual- se relacionó con las especificaciones de los diseños eléctricos que se definieron
de manera tardía. Sobre el asunto, los contrayentes acordaron la ampliación del plazo, sin el
reconocimiento de dinero por mayores cantidades de obra o reajustes de precios, al punto de
que expresamente se pactó que el cumplimiento de las labores pendientes no generaría un
mayor valor en favor del contratista».

Con fundamento en la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 del Consejo de
Estado (sobre los efectos de los acuerdos modificatorios sin salvedades), interpretó la
verdadera intención de las partes y corroboró que « al perfeccionar las variaciones del
negocio, las partes buscaron ajustar aquellos ítems que eran requeridos, así como ajustarse
a la realidad contractual en relación con los inconvenientes acontecidos».

Además, reseñó que el consorcio Proyekan, mediante memorial radicado el 17 de
agosto de 2022, solicitó a la Universidad del Valle la liquidación del contrato y presentó
una propuesta para la elaboración del balance final de cuentas, en la que pidió que se
le reconociera: i) el valor presupuesto de obras adicionales y mayores cantidades de
obra autorizadas en el acta final #14; ii) el valor del reajuste de precios a desequilibrio
del contrato por efectos de pandemia, paro nacional, cambios de diseños a última
hora, iii) el valor desequilibrio económico del contrato por costos financieros
incumplimiento a cláusula en la forma de pago para el acta final y el iv) el valor del
desequilibrio económico del contrato por gastos de administración mayor permanencia
en obra.
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De igual forma, advirtió que la Universidad del Valle en oficio 2022-10-04-25289-I del
4 de octubre de 2022 respondió que las sumas de dinero reclamadas no fueron
avaladas por la entidad, ni existía certeza de su ejecución durante la vigencia del
negocio, el cual debía ajustarse a lo pactado en cada uno de los instrumentos
contractuales firmados por los contrayentes.

En este contexto y en lo relacionado con estas pruebas, la Sala encuentra que la
autoridad judicial accionada desestimó las pretensiones económicas al advertir graves
falencias en la apreciación de la prueba técnica efectuada por el juez de primera
instancia del proceso ordinario, así:

En primer lugar, determinó que la experticia carecía de idoneidad material y jurídica
para demostrar tanto las mayores cantidades de obra como los intereses moratorios.
Al respecto, precisó que:«(...) el dictamen pericial carece de idoneidad para demostrar las
conclusiones a las que arribaron los peritos porque: (i) no se constató [que] los documentos
que sirvieron de sustento (...) provengan del expediente contractual (...) dado que carecen de
la firma del interventor y el representante de la entidad contratante; (ii) los expertos, durante
la diligencia de interrogatorio, reconocieron que no se constató que las mayores cantidades
reclamadas (...) hubieran sido ejecutadas; (iii) la determinación de la mora de la entidad
contratante excedió el objeto de la prueba pericial decretada; y (iv) el análisis sobre la
causación de intereses correspondió a un punto de derecho sobre el cual no podía versar la
experticia (...)».

A partir de estos hallazgos, censuró que el a quo «se despojó de su función de examinar
jurídicamente la supuesta mora (...) y se limitó a acoger en su integridad las conclusiones de
la experticia que escapaban del objeto de la pericia, sin sustentar las razones que lo llevaron
a acceder a dicha pretensión».

En segundo lugar, la autoridad judicial demandada explicó que, más allá de las
deficiencias probatorias del peritaje, el reconocimiento económico resultaba
contractualmente inviable por los acuerdos modificatorios vigentes, de la siguiente
forma: «En todo caso (...) aún si el dictamen pericial hubiera acreditado la ejecución de
mayores cantidades de obra, la providencia de primera instancia no podía haber reconocido
dichos montos (...) debido a que, de conformidad con lo acordado en el otrosí N° 3, el
contratista se comprometió a ejecutar las actividades derivadas de los diseños eléctricos
definitivos, sin que dicha labor generara un reconocimiento dinerario adicional para el
contratista, ni el aumento en el valor del negocio».

De modo que, la decisión cuestionada se erigió sobre un análisis minucioso y
armónico de la realidad contractual y probatoria. En síntesis, la autoridad judicial
accionada sustentó la revocatoria de las condenas en tres pilares fundamentales: (i)
la aplicación estricta del derecho privado (artículo 93 de la Ley 30 de 1992), lo que
excluía el debate bajo las normas de la Ley 80 de 1993; (ii) la matriz de distribución
de riesgos, en la cual el contratista asumió expresamente las contingencias derivadas
de no alertar sobre inconsistencias en los diseños desde el inicio de la obra; y (iii) los
efectos vinculantes de los Otrosíes 1, 2 y 3.

Sobre este último punto, la providencia fue enfática en señalar que mediante dichos
acuerdos modificatorios las partes conjuraron las eventualidades externas (pandemia
y paro nacional) y ampliaron los plazos para subsanar los diseños eléctricos, pactando
de manera explícita y sin salvedades que el consorcio asumiría los costos adicionales
derivados de esta última labor.
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Por consiguiente, ante la falta de idoneidad del dictamen pericial y la certeza de que
las partes ya habían ajustado sus cargas obligacionales, la Sala concluyó válidamente
que lo procedente era excluir dichos cobros del balance final y declarar a las partes a
paz y salvo

Respecto a la prueba técnica, desestimó de plano el valor del dictamen pericial
aportado por el demandante, por las siguientes razones:

(i) Carencia de certeza material: Los expertos admitieron durante el
interrogatorio la imposibilidad técnica de comprobar físicamente la ejecución
de las cantidades reclamadas.
(ii) Ausencia de aprobación de la entidad: El dictamen tomó como base una
«Acta final No. 14» en formato de hoja de cálculo que carecía de la firma
del interventor y del representante de la universidad.
(iii) Violación del artículo 226 del Código General del Proceso: Los peritos
liquidaron intereses moratorios mediante la interpretación de normas del
Código de Comercio. La Sala advirtió que esta actuación configuró un
pronunciamiento sobre un «punto de derecho», prohibido expresamente por
la ley procesal.
(iv) Falta de acreditación profesional: Los ingenieros omitieron anexar los
soportes académicos y de experiencia exigidos por la ley para validar su
idoneidad.

Con base en estas consideraciones, la autoridad judicial demandada concluyó que el
Consorcio Proyekan incumplió la carga probatoria exigida para demostrar la
responsabilidad de la Universidad del Valle.

Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado, la Sala constata que el pilar
determinante de la decisión judicial censurada radicó en la valoración del Otrosí
número 3. En dicho instrumento, si bien se pactó una ampliación del plazo para
subsanar los diseños eléctricos, se estipuló de manera expresa, clara e inequívoca
que el contratista asumiría la totalidad de los costos adicionales derivados de dicha
labor.

Al efecto se tiene que verificado el contenido del referido otrosí las partes estipularon:

6) Que el contratista en oficio No. CPU0023 del 07 de octubre del 2021, manifiesta la
necesidad de prorrogar el contrato debido a entregas a destiempo de los diseños eléctrico,
diagrama unifilar, iluminación, iluminación de emergencia y el diseño definitivo del Sistema
de apantallamiento. 7) Que el contratista presenta en el oficio anteriormente mencionado
propuesta para terminación de cada actividad así: a. Diseño de Apantallamiento. Se
necesitan de 30 días a partir de la entrega del diseño para la realización del proyecto, 15
días en consecución de materiales y 15 dias en las obras con modificaciones. Si se tiene
aprobado y revisado el 15 de octubre del 2021 la entrega sería 15 de noviembre del 2021.
b. Instalación de Lámparas de Alumbrado: Se inicia proceso de pertura y reforzamiento de
cielo raso para el segundo piso y primer piso el día 6 de octubre del 2021, tiempo de
entrega de esta actividad 30 días, y 15 días más para detallado y pintura final. Para el
primer piso Instalación de anclajes para lámparas 10 días - Entrega final el 30 de
noviembre del 2021. c. Instalación de Reconectador: Según la empresa CELSIA esta
instalación estará para el día 30 de noviembre. Solicitan nos acojamos a la propuesta
comercial de ellos, que es de 90 dias después de la documentación legal entre las partes.
d. Instalación de Blindo barras: Según el proveedor se hará entrega con instalación el día
25 de octubre de 2021. e. Acometida a Edificio: Programada para el 28 de octubre de
acuerdo a la llegada del cable. f. Programación Certificación: De acuerdo a lo anterior la
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segunda visita de Media tensión, transformación y distribución estaría para el día 30 de
octubre y la visita de uso final estaría para el 25 de noviembre. G. Programación de Piso
Faltante: Fue enviado para definición de alterativas por parte de la Universidad; debe de
tenerse en cuenta la llegada y la instalación, la fecha de definición octubre 7 del año 2021,
comienza a llegar el día 11 de octubre del año 2021. En resumen y teniendo en cuenta
todos los inconvenientes que se deben de resolver en el proceso final, estamos para una
entrega de obra para el día 11 de diciembre del año 2021. 8) Que considerando que por
parte de la Interventoría a cargo del Consorcio VCR representada por el Ing. Antonio José
Obando, conceptúa aprobando desde su competencia dicha solicitud en aras de buscar
que las actividades impacten de manera positiva y tangible la infraestructura existente y
que satisfaga las expectativas de los usuarios, se recomienda: 1. Autorizar la modificación
contractual, correspondiente a la adición No. 3 con el fin de adicionar treinta y un (31) días
calendario al tiempo pactado. 2. Que de aceptar por parte de la Universidad del Valle dicha
modificación contractual, se anote que los gastos asociados a ella son de entera
responsabilidad del Contratista de Obra (gastos administrativos, entre otros). 3. Que de
aceptar por parte de la Universidad del Valle dicha modificación contractual, es obligación
del contratista realizar la ampliación de pólizas de amparo respectivas. 9) Que una vez
analizado el componente técnico y legal, la Junta de Contratación de la Universidad del
Valle en su sesión del 29 de octubre, autorizó la prorroga recomendada por el interventor
del contrato, la cual se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA - PRORROGA:
prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Obra No. 0030.0034.018.016-007-2020,
hasta el 11 de diciembre del 2021. SEGUNDA - OBLIGACIONES; El contratista asumirá
todos los costos, sobrecostos e imprevistos en la ejecución del contrato que se lleguen a
generar durante la presente prorroga y que no se encuentren pactados según lo
establecido en el contrato y sus adicionales 1 y 2. TERCERA - GARANTIAS; EL
CONTRATISTA solicitará a la compañía aseguradora la ampliación de la vigencia de las
pólizas de conformidad con la presente adición. CUARTA, • REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO: El presente adicional quedará perfeccionado y legalizado una
vez se cumpla con los siguientes requisitos: a) firma del adicional por parte del Rector de
LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. b) EL CONTRATISTA deberá entregar la
modificación de las pólizas, para su respectiva aprobación. QUINTA - VIGENCIA DE LAS
DEMAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Quedan vigentes las demás
estipulaciones contractuales que no se hubieren modificado por lo acordado en el presente
documento. (…) » (subrayado fuera de texto).

Conforme lo anterior, no es posible pasar por alto que la mencionada adenda
contractual incorporó de manera expresa una cláusula de exclusión relativa a que los
costos, sobrecostos e imprevistos en la ejecución del contrato que se generaran
durante la prórroga serían asumidos por el contratista tal como lo analizó la autoridad
judicial demandada.

En ese sentido, para esta Sala resulta clara la razón por la que la autoridad judicial
demandada no accedió a las pretensiones de la demanda pues el referido documento
al margen de las demás pruebas aportadas era clave para determinar que conforme
a lo acordado por las partes no había lugar a reconocer los sobrecostos cuestionados
pues si bien en el otrosí se mencionó que se requería de una prórroga por la entrega
a destiempo de los diseños de iluminación también es claro que conforme a lo
acordado todos los costos adicionales que implicara esa ejecución serían asumidos
por el contratista en este caso por el Consorcio demandante.

Al respecto, es importante recalcar que la delimitación de lo pactado en el contrato es
ley para las partes, de este modo, no es posible desconocer ni minimizar el valor
probatorio del referido documento pues si bien en primera instancia se accedió a las
pretensiones de la demanda, la autoridad judicial demandada en la providencia
cuestionada determinó que no se realizó una valoración probatoria completa pues al
verificar el contenido de este otrosí concluyó que incluso en el evento de que el
dictamen pericial hubiera demostrado la ejecución de mayores cantidades de obra,
dichos montos no debieron ser reconocidos en la providencia judicial cuestionada
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conforme lo expuesto en la adenda contractual. Esta conclusión cobra especial
relevancia a partir de una lectura sistemática del contrato, que exige preservar el
efecto útil de todas sus estipulaciones.

En esta misma línea argumentativa decaen los argumentos por desconocimiento del
precedente judicial. Si bien la parte demandante invocó en su escrito de tutela distintas
providencias del Consejo de Estado que ordenan el reconocimiento y pago de
mayores cantidades de obra frente a desequilibrios económicos, la ratio decidendi de
aquellas decisiones parte de un supuesto de hecho que no tiene asidero en el presente
caso, esto es, la inexistencia de un acuerdo válido que traslade expresamente el
riesgo o el costo al contratista.

Se reitera, el debate resuelto por la autoridad judicial demandada no consistió en la
inobservancia sobre el equilibrio económico, sino en la ponderación estricta de lo
probado en el plenario. Al estar plenamente demostrado, a través del Otrosí núm. 3,
que los sobrecostos debatidos fueron asumidos contractualmente por el demandante,
el sustrato fáctico difiere sustancialmente de los precedentes citados.

Luego, conforme a lo expuesto, se concluye que la autoridad judicial no omitió pruebas
determinantes, no distorsionó el contenido de estas, ni desconoció las reglas de la
experiencia o la lógica. Por el contrario, realizó una ponderación coherente del acervo
probatorio, conforme a las normas y jurisprudencia aplicable en el caso objeto de
debate. Por lo tanto, no se configuran los defectos fácticos y por desconocimiento del
precedente judicial alegados, ya que la decisión judicial fue razonable.

Lo anterior es fundamento suficiente para que la Sala modifique la decisión
impugnada. En consecuencia, se confirmará la improcedencia de la acción de tutela
respecto al defecto sustantivo por falta de relevancia constitucional (carga
argumentativa) y, tras el estudio de fondo, se negará el amparo frente a la
configuración de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de la providencia la cual quedará así:
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto a la configuración de los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente conforme a lo expuesto.
3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

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Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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