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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01343-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01343-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el Consorcio Proyekan contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01343-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01343-00
Demandante: CONSORCIO PROYEKAN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Consorcio Proyekan, a través de apoderado judicial1, instauró acción de tutela2
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a efectos de que le
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la sentencia del 26
de septiembre de 2025, que revocó el fallo dictado el 31 de enero de la misma
anualidad por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del medio de
control de controversias contractuales con radicado 76001-23-33-000-2023-00856-
00/01, y en su lugar, liquidó el contrato objeto de controversia en el sentido de
declarar a las partes a paz y salvo por concepto de la ejecución de sus obligaciones
contractuales, y negó las demás pretensiones de la demanda.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 Poder otorgado al abogado Armando Rojas Fierro, con nota de presentación personal en Notaría.
2 La cual fue radicada el 20 de febrero de 2026 con secuencia: 2073 – índice 01 del aplicativo Samai.

1
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Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-00

2.- DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia Sentencia CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el
proceso con Radicación 76001-23-33-000-2023-00856-01 (72.875) Demandante:
Consorcio Proyekan Demandado: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, D. C.,
veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

3.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá, D. C.,
veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el proceso con
Radicación 76001-23-33-000-2023-00856-01 (72.875) para que profiera una nueva
sentencia teniendo en cuenta los lineamientos que considere su Despacho en la
sentencia de tutela, en procura de la protección de los derechos fundamentales del
actor.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control de controversias contractuales el Consorcio
Proyekan promovió demanda contra la Universidad del Valle a efectos de que se
liquidara el contrato de obra No. 0030.0034.018.016-007.20204 del 6 de febrero de
2020, y como consecuencia de ello, se ordenara a la entidad demandada realizar el
pago de las diferencias económicas que resultaran a su favor por cualquier
concepto, debido al retraso que se generó en el cronograma de la obra pactada, el
incremento en las cantidades utilizadas, entre otros ítems requeridos para su
desarrollo.

El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, mediante sentencia del 31 de enero de 2025, accedió a las súplicas de la
demanda.

Como fundamento, manifestó que, conforme al material probatorio allegado al
plenario se logró evidenciar que, en el transcurso de la ejecución del aludido
contrato se presentaron situaciones que requerían realizar mayores cantidades de
obra de los ítems contractuales, que se tornaban indispensables para la continuidad
y el correcto cumplimiento del objeto contractual, las que estaban relacionadas con
cambios en el diseño, diagrama unifilar, iluminación de emergencia, entre otros
factores que conllevaron a las partes a suscribir tres otro sí, con el fin de autorizar
la prórroga del plazo y el aumento del valor del contrato que permitieren llevar a
cabo el cumplimiento del objeto inicial.

3 Transcripción del texto original con posibles errores.
4 Celebrado entre el representante legal de la Universidad del Valle como contratante y el Consorcio

Proyekan, conformado por Proyectos y Construcciones de Occidente S.A. OCCIVILES y Juan Carlos
Canencio Sánchez, en calidad de contratista; cuyo objeto consistió en la «construcción de la fase ii
edificio aaulas sede La Carbonera en Palmira de la Universidad del Valle».
2
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Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-00

De igual forma precisó que, de la documental aportada y la prueba pericial realizada
se logró determinar que las partes reconocieron la realización del ajuste de los
diseños eléctricos e ítems nuevos y con ello, la causación de mayores cantidades
de obra no previstos en el contrato original; y así mismo se replicó en la pre acta del
pago parcial de la obra, que por tales conceptos se encontraba un saldo pendiente
por pagar a favor del contratista; circunstancias todas que fueron conocidas y
autorizadas no solo por la interventoría sino también por la entidad contratante,
quien además estuvo de acuerdo en que los valores adicionales debían ser incluidos
al momento de liquidarse el negocio jurídico, con la finalidad de serle efectivamente
canceladas al contratista.

Por lo anterior, concluyó que, al haberse demostrado que la demandante ejecutó en
debida forma las obras que le fueron encomendadas, las cuales además fueron
recibidas a satisfacción por la Universidad del Valle, el Consorcio Proyekan tenía el
derecho contractual y legal para recibir el pago de las mayores cantidades de obra
y los intereses moratorios causados en el marco del objeto del contrato aludido, por
lo que efectuó su liquidación conforme a los valores consignados en la respectiva
providencia.

La anterior decisión fue recurrida por la parte actora por encontrarse inconforme con
los montos reconocidos por el a quo, y revocada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A mediante sentencia del 26 de septiembre de 2025, en la que
manifestó que, conforme el análisis de las pruebas aportadas, no se lograron
acreditar los motivos que conllevaron al reconocimiento de sumas económicas en
favor del contratista, en relación con la mayor cantidad de obra e intereses por mora
en el pago de saldos a su favor, por lo que concluyó que el fallador de primera
instancia del proceso ordinario erró al incorporar en la liquidación del negocio
jurídico objeto de debate, los saldos definidos en favor del consorcio de acuerdo con
la información consignada en la prueba pericial practicada.

En consonancia con lo expuesto refirió que, ante la ausencia de acreditación de los
conceptos económicos reclamados por el demandante, y dada la ausencia de
prueba que permitiera acreditar alguna omisión en el pago del precio pactado, lo
procedente era modificar la liquidación del contrato, declarando a paz y salvo a las
partes por los pagos acordados en el referido acuerdo y sus respectivos otrosíes.

Lo anterior, al estimar que el a quo desconoció que en el otrosí No. 3 se acordó que
la ejecución de las actividades derivadas de los diseños eléctricos definitivos no
generaba derecho a reconocimiento dinerario adicional para el contratista, por lo
que incluso en el evento de que el dictamen pericial hubiera demostrado la ejecución
de mayores cantidades de obra, dichos montos no debieron ser reconocidos en la
providencia de primera instancia; aunado a que la sociedad accionante no cumplió
con la carga probatoria que le correspondía, por cuanto no aportó los elementos
probatorios que le permitieran acreditar los hechos alegados y el incumplimiento de
la entidad demandada.

3
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Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-00

La citada providencia fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 8 de
octubre de 20255.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que, a través de la providencia acusada el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en los siguientes defectos:

(i) Material o sustantivo: habida cuenta que no se dio aplicación a la normatividad
que regula la materia, en especial, la relacionada con el equilibrio económico del
contrato estatal.

Al respecto, ha de precisarse que, si bien la tutelante hizo referencia de manera
general a dicho defecto, no desarrolló de manera específica el yerro alegado, ni
determinó de manera precisa la norma que consideró desatendida por parte de la
autoridad accionada.

(ii) Procedimental absoluto: por cuanto desconoció la definición de sobrecostos y
mayores cantidades de obra, toda vez que, según su criterio, el primero de ellos
corresponde al exceso del gasto real de un proyecto sobre el presupuesto inicial,
mientras que el segundo implica ejecutar más unidades de trabajo de las
originalmente presupuestadas, sin modificar el alcance del contrato, por lo que
concluyó que, el sobrecosto alude a un problema de presupuesto, mientras que la
mayor cantidad de obra a una variación en el volumen de trabajo.

(iii) Fáctico: al considerar que, de haberse tenido en cuenta la totalidad de los
elementos probatorios allegados al plenario, la solución del caso concreto habría
variado sustancialmente. Ello, por cuanto la autoridad judicial accionada dio por
sentado que el contratista tenía la responsabilidad de asumir costos y recibir una
carga económica adicional, sin mediar prueba alguna de ello.

(iv) Desconocimiento del precedente: toda vez que, la corporación tutelada se
apartó de los pronunciamientos realizados por la misma corte en asuntos similares,
al respecto, trajo a colación las sentencias que se relacionan a continuación:

• Sección Tercera, Subsección C, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, radicación: 25000
-3-26-0001997-04638-01(20683).

• Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, radicación: 85001-23-
33- 000-201500211-01 (58.634), sentencia del 22 de agosto de 2023.

• Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de julio de 2021, C.P.: Alberto
Montaña Plata. Rad.: 88001 - 23-33-000-2013-00008-01 (52.045).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 29 de agosto de 1996, exp. 9347.

5 Índice 11 del expediente ordinario.

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Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-00

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 29 de abril de 1999, exp. 14855.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15469.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 16371.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 23829.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, exp. 50907.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 27 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar en calidad de
accionados a los Magistrados que integran la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado6.

Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, a la Universidad del
Valle7 [extremo pasivo del proceso contencioso] y al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca8 [juez de primera instancia dentro del trámite ordinario].

Por último, se reconoció personería al abogado Armando Rojas Fierro para que
representara los intereses de la parte actora dentro del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Universidad del Valle

Manifestó que la acción de tutela de la referencia se torna improcedente,
comoquiera que la parte se limitó a conceptuar figuras jurídicas como el «defecto

6 Notificación efectuada a: notifjsachica@consejodeestado.gov.co

notiffpardo@consejodeestado.gov.co despacho302@consejodeestado.gov.co
omolinaa@consejodeestado.gov.co lreyesp@consejodeestado.gov.co
pbastosb@consejodeestado.gov.co cmartinezg@consejodeestado.gov.co
despacho501@consejodeestado.gov.co notiftutelas3@consejodeestado.gov.co
7 Notificación efectuada a: oficina.juridica@correounivalle.edu.co

notificacionesjudiciales.juridica@correounivalle.edu.co
8 Notificación efectuada a: tribunaladministrativodelvalledelcauca@cendoj.ramajudicial

s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
5
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Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01343-00

fáctico» o «sustantivo», sin precisar de forma concreta, clara y puntual las
irregularidades que argumenta, o probar objetivamente lo planteado, ciñéndose a
reafirmar los argumentos ya planteados en el proceso judicial, como tampoco señala
qué prueba se supone que se ignoró o qué regla fue omitida por los Magistrados o
Consejeros en el análisis del caso.

Conforme a lo expuesto refirió que, la sentencia reprochada se encuentra
debidamente motivada y justificada, sin que se evidencie un yerro que deba
discutirse en sede de tutela, por lo que solicitó que se denieguen las pretensiones
elevadas por la tutelante.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El Magistrado ponente de la decisión que se cuestiona, allegó escrito en el que
manifestó que, en el presente asunto no se suple con el requisito de relevancia
constitucional para que se torne procedente la acción constitucional de la referencia.

Refirió que, los fundamentos y pretensiones invocados por la parte actora se dirigen
de manera exclusiva a discutir los argumentos que fueron debatidos, analizados y
resueltos en el trámite ordinario, resultando evidente que los reparos expuestos se
centran en cuestionar abiertamente la valoración de los elementos probatorios
realizada por el Consejo de Estado en el fallo del 26 de septiembre de 2025.

Aseveró que, según el escrito de tutela, se advierte una discrepancia de la tutelante
con el fallo acusado, pretendiendo que la presente acción constitucional, se
constituya una nueva instancia judicial en la que se reconozcan los hechos
invocados en el proceso ordinario, y de dicho modo satisfacer los intereses
pecuniarios que fueron negados en la acción ordinaria de naturaleza contractual.

Sostuvo que, conforme a lo esbozado, la tutela de la referencia se deviene
improcedente, por cuanto el tutelante se limitó a exponer su desacuerdo respecto
de las interpretaciones y valoraciones contenidas en la sentencia censurada, sin
que la controversia suscitada verse sobre el contenido, alcance y goce de un
derecho fundamental, sino que la misma gira en torno a un debate de carácter
estrictamente económico con connotaciones netamente particulares, careciendo así
de trascendencia superior, además de no haberse sustentado el defecto sustantivo
invocado, ni precisado las razones por las que estimó que se habría configurado en
el caso concreto.

Respecto a los defectos procedimental y fáctico, manifestó que en la sentencia
cuestionada se soportó de manera suficiente por qué el análisis del a quo fue
improcedente, y con relación al desconocimiento del precedente, señaló que dicho
cargo carecía de respaldo, ya que la sociedad accionante no refirió el precedente
jurisprudencial ignorado, ni esbozó las razones por las cuales se habrían
desconocido los criterios fijados en las decisiones referidas, ni por qué razón eran
aplicables al caso concreto.

6
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Demandante: Consorcio Proyekan
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
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1.6.3. Antonio José Obando Satizabal y Omar José Alegría Pino

En calidad de ingeniero interventor del contrato de obra suscrito entre las partes, y
coordinador del Consorcio Proyekan, de manera respectiva, allegaron escritos en
los que realizaron un recuento general de las actuaciones surtidas en el desarrollo
y ejecución de la obra contratada esgrimiendo las novedades presentadas al interior
de esta, debido a la falta de los diseños y especificaciones técnicas en su
realización, especialmente en los diseños eléctricos, que no se incluyeron en los
adicionales 1 y 2.

1.6.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pese a estar debidamente
notificado del presente trámite, guardó silencio.

1.7. Manifestación de impedimento

Mediante escritos del 13 de marzo y 13 de abril de 2026, la magistrada
sustanciadora y el Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, de manera respectiva,
manifestaron estar impedidos para conocer de la acción constitucional del asunto,
al estimar que se encontraban incursos en la causal de impedimento prevista en el
numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por lo que, mediante
auto del 26 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de conjueces, a fin de recomponer
el quórum necesario para resolver las referidas manifestaciones; lo que ocurrió
mediante proveído del 16 de abril del presente año, en el que se declararon
infundados los impedimentos formulados por no encontrarse acreditados los
elementos establecidos en la norma para la configuración de la causal invocada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el Consorcio Proyekan, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
7
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• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los derechos
fundamentales de la sociedad accionante, con ocasión de la sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2025, que revocó el fallo dictado el 31 de
enero de la misma anualidad por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al interior del medio de control de controversias contractuales con
radicado 76001-23-33-000-2023-00856-00/01, y en su lugar, liquidó el
contrato objeto de controversia en el sentido de declarar a las partes a paz y
salvo por concepto de la ejecución de sus obligaciones contractuales, y negó
las demás pretensiones de la demanda.?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202212.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Sentencia SU-573 de 2019.

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional15
[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal16”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales17”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal19. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025, por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que revocó el fallo dictado el 31 de
enero de la misma anualidad por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
interior del medio de control identificado de manera previa.

Ello, al considerar que, a través de esta se incurrió en los defectos material o
sustantivo, procedimental absoluto, fáctico y desconocimiento del precedente.

Sin embargo, considera la Sala que respecto de los primeros defectos anotados,
esto es, sustantivo y procedimental el presente asunto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido
que demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan
superar el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; comoquiera que para ello se torna indispensable que el interesado,

14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ib.

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identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la decisión, exponga cómo
sus garantías superiores son vulneradas con ocasión de las irregularidades
contenidas en la sentencia enjuiciada, y determine con suficiencia las razones del
por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.

Esto es así, debido a que la parte actora se limitó a indicar que la autoridad judicial
accionada desconoció algunos conceptos establecidos en el ordenamiento jurídico
relacionados con la definición de mayores cantidades de obra y sobrecosto,
precisando a su vez que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, no
dio aplicación a la normatividad que regula la materia, sin especificar de manera
precisa la norma que consideró desatendida por parte de la Corporación enjuiciada;
por lo que para esta colegiatura resulta claro que la tutela de la referencia carece
de relevancia constitucional debido a que no satisfizo la carga argumentativa
mínima desde la perspectiva constitucional según lo establecido en la referida
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

Al respecto, se precisa que, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y
hacer un uso de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia
razones de peso que justifiquen la intromisión del juez de tutela, como tampoco se
evidencia que el afectado hubiere cumplido con el deber de argumentar el concepto
de la vulneración que se deriva de la providencia judicial acusada, ni indicó las
razones por las que considera que la misma se encuentra en abierta contradicción
de los postulados constitucionales, máxime cuando la misma fue dictada por el
órgano de cierre en la materia.

Aunado a lo expuesto, y pese a que la sociedad accionante alegó la configuración
de un defecto fáctico al considerar que, si la entidad tutelada hubiese tenido en
cuenta la totalidad de los elementos probatorios allegados al plenario, la solución
del caso concreto habría variado sustancialmente, advierte la Sala que dicha
aseveración no cuenta con la carga argumentativa necesaria para probar su
materialización, toda vez que, no se identificaron las pruebas que de manera
presunta fueron dejadas de valorar por el juez natural, ni se especificó por qué tal
omisión hubiere sido determinante para cambiar el sentido del fallo de segunda
instancia.

Se advierte que los cargos, al enmarcarse en tutela contra providencia judicial, exige
con mayor énfasis una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Por último, y frente al cargo formulado como desconocimiento del precedente,
tampoco supera el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que en
reiterados pronunciamientos esta Sección ha considerado que la parte que invoca
el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la providencia que considera
desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete
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a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

En este orden, se observa que, pese a que la tutelante cumplió con el deber de
identificar las respectivas providencias, no demostró que los casos analizados en
las sentencias que trajo a colación fueran similares o idénticos a su situación
particular, ni precisó la regla aplicable; pues solo se limitó a indicar que la
corporación tutelada se apartó de los pronunciamientos realizados por la misma
corte en asuntos análogos.

Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones20
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido del fallo y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho. En
consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta del
precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial accionada, que
amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela no
se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando se cuestiona una decisión
proferida por una alta corte, como se presenta en el sub lite, el examen de la acción
de tutela debe ser más estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas
cortes son tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico.

Acorde con lo analizado, se evidencia que lo perseguido por la accionante es que
el juez de tutela realice un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados en
el medio de control de controversias contractuales adelantado en segunda instancia
ante la corporación accionada, pretendiendo que se realice un nuevo análisis de
interpretación legal y probatorio, y se adopte una decisión diferente a la ya analizada
por el juez natural, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente
acción, al no observarse una vulneración palmaria derivada del proveído
demandado.

20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el Consorcio Proyekan contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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