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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04047-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se niega el derecho reclamado. Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-04047-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-04047-01 (1496-2022)
Demandante: Adelaida Rodríguez Uribe
Demandada: Departamento de Antioquia

Tema: Actos susceptibles de control judicial. Reajuste por inclusión y
pago de prima de vida cara. Reajuste de la pensión de jubilación
con el IPC o el salario mínimo. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se inhibió para emitir
pronunciamiento de fondo en torno al Oficio Nro. 2020010095307 del 24 de abril de
2020 y se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Adelaida Rodríguez Uribe instauró demanda contra el departamento
de Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. S2018060366522 del 1° de
noviembre de 2018, por medio de la cual se le negó la reliquidación de la pensión
de jubilación, a partir de la inclusión de la prima de vida cara; de la Resolución Nro.
S2018060402676 del 20 de diciembre de 2018, mediante la cual se resolvió el
recurso de apelación contra el anterior acto administrativo; y la nulidad del oficio del
24 de abril de 2020, por medio del cual se negó el reajuste de la mesada pensional.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que el
departamento de Antioquia debe restablecer, reintegrar o reconocer las mesadas
pensionales por concepto de prima de vida cara dejada de pagar desde febrero de
2018, así como aquellas que se causen sucesivamente en el tiempo y reajustar el
monto anual de su mesada pensional, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
71 de 1988 y el artículo 1º del Decreto 1160 de 1989.

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4. Que continúe pagándosele el valor de las mesadas pensionales por concepto de
prima de vida cara ─febrero y agosto─, debidamente reajustadas; que se reconozca
y pague el mayor valor pensional resultante del reajuste de las mesadas, con el
correspondiente retroactivo, desde el 17 de septiembre de 2015; y que se liquiden
y paguen los intereses moratorios previstos en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009,
a partir del 1° de marzo de 2018 o, subsidiariamente, que se indexen las diferencias
pensionales adeudadas.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que mediante Resolución Nro. 025 del 23 de enero de 1989, se le reconoció el
derecho a disfrutar de una pensión vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 28 de
noviembre de 1988.

7. Que, a partir de febrero de 2018, dejaron de pagársele las mesadas pensionales
correspondientes a la prima de vida cara, a pesar de que no se le pidió su
consentimiento, por lo que el 17 de septiembre de 2018 solicitó el restablecimiento
del pago de dicha prima. Petición que fue negada a través de los actos
administrativos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Consideró violados los artículos 1.1 y 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el preámbulo y los artículos 1, 2, 9, 12 y 17 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 42, 43, 46,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 93, 94, 209 y 366 de la Constitución Política; el artículo
1 de la Ley 71 de 1988; los artículos 1, 3, 6, 11, 14, 36, 146, 151, 272, 273 y 288 de
la Ley 100 de 1993; los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 88, 91 y 97 de la
Ley 1437 de 2011; y el artículo 1 del Decreto 1160 de 1989.

9. Igualmente, señaló como violadas las Ordenanzas Departamentales Nro. 23 de
1974, 04 de 1975, 34 de 1973, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980 y 34 de 1982,
proferidas por la Asamblea de Antioquia.

10. Que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de unas ordenanzas
departamentales que crearon la prima de vida cara, lo cierto era que no previó la
eliminación del derecho de los pensionados a seguir devengando, periódicamente,
esas mesadas, al constituirse en un derecho adquirido con arreglo en los artículos
11, 146 y 273 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005.

11. Que todos los pensionados del departamento de Antioquia a quienes se les
había reconocido el derecho a devengar las mesadas pensionales por concepto de
prima de vida cara continúan con el derecho a seguir disfrutando del pago de esta
porque, en virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, quedaron a salvo los

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derechos pensionales extralegales obtenidos mediante acuerdos municipales u
ordenanzas departamentales.

12. Que como la entidad suspendió el pago de dicho emolumento, desconoció el
derecho al debido proceso y el principio de favorabilidad en materia laboral y de la
seguridad social, ya que no respetó el acto propio, el derecho de audiencia y
defensa y la intangibilidad de los actos individuales consolidados durante la vigencia
de actos administrativos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda se admitió en auto del 11 de diciembre de 2020.

14. El departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó
que era claro que el actuar de la administración departamental obedeció a las
decisiones y fallos judiciales emitidos por los jueces de la República, tanto en
primera como en segunda instancia, que anularon las ordenanzas por considerar la
incompetencia de la Asamblea para otorgar esa prestación. Que frente a los
reajustes de la mesada pensional año por año, adujo que se realizaron conforme a
la normativa existente, porque se aplicaron las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, así
como el Decreto 1160 de 1989.

15. Propuso como excepciones las de legalidad de los actos, inexistencia de la
obligación de reliquidar la mesada pensional, ausencia de título jurídico de
imputación y genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del veintiocho (28)
de octubre de dos mil veintiuno (2021), negó las pretensiones por no existir
fundamento para mantener el reconocimiento de la prima de vida cara como factor
prestacional, porque esta fue creada por las corporaciones territoriales a través de
actos administrativos con clara ausencia de competencia.

17. Manifestó que ante la declaratoria de nulidad de las Ordenanzas Nro. 34 de
1973, 33 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981, se hacía imposible para la entidad
demandada continuar reconociendo y pagando la prima de vida cara a los
servidores públicos de las entidades u organismos del departamento de Antioquia;
y que no podía alegarse que la prima de vida cara que fue pagada a la demandante
hasta febrero de 2018 constituyera un derecho adquirido, en tanto su
reconocimiento y pago se hizo con fundamento en ordenanzas que contrarían la
Constitución y la ley.

18. Señaló que la declaratoria judicial de nulidad de un acto administrativo no es la
única causal que conduce a su ineficacia, porque la pérdida de vigencia es otra de
las hipótesis que da lugar a la cesación de la eficacia del acto administrativo, sin
necesidad de decisión judicial.

19. Que como el artículo 58 de la Carta Política únicamente dispone como derechos
adquiridos los que se encuentren conforme al ordenamiento jurídico, era evidente

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que para el momento del reconocimiento de la pensión de jubilación, con la inclusión
de la prima de vida cara, ya se avizoraba un desconocimiento de las disposiciones
constitucionales y legales bajo el entendido de que a partir de la expedición de la
Carta Política de 1991, las prestaciones económicas creadas por órganos
territoriales son abiertamente contrarias a esta.

20. Respecto al ajuste de la pensión de jubilación conforme al mismo valor
porcentual con el que el Gobierno nacional incrementa el salario mínimo legal o,
subsidiariamente, conforme al monto porcentual del IPC, manifestó que en la
Resolución Nro. S2018060366522 del 1° de noviembre de 2018 se indicó que la
prestación fue reconocida en suma equivalente al 100% del sueldo promedio
devengado en el último año de servicio y ha sido reajustada anualmente en la
cuantía determinada por la ley, manteniendo su poder adquisitivo constante. Que
en ese acto administrativo se consignó un cuadro del cual podía extraerse que
desde 1988 ─año de efectividad de la pensión de jubilación─ y hasta 1993, la
pensión fue ajustada con fundamento en la Ley 71 de 1988, es decir, con el
porcentaje en que fue incrementado el salario mínimo por el Gobierno nacional y, a
partir de 1994, conforme a la variación del índice de precios al consumidor.

21. Que, en esas condiciones, la demandada no ha efectuado un ajuste indebido
de la pensión de jubilación, porque hasta que rigió la Ley 71 de 1988 y su decreto
reglamentario, aplicó el mismo porcentaje en que el Gobierno nacional incrementó
el salario mínimo legal y, a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la ha
ajustado con fundamento en la variación del índice de precios al consumidor, sin
que pueda acudirse a la premisa establecida en la parte final del artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, esto es, que se realice el ajuste con el mismo porcentaje en que
incrementa el salario mínimo legal mensual, por cuanto la pensión de la actora no
se compadece en su valor con ese salario.

22. Con base en lo anterior, concluyó que no era posible declarar la nulidad de las
Resoluciones Nro. S2018060366522 del 1º de noviembre de 2018 y
S2018060402676 del 20 de diciembre del mismo año y se declaró inhibido para
pronunciarse sobre el oficio del 24 de abril de 2020, por no ser susceptible de control
judicial al no tratarse de un acto administrativo definitivo.

RECURSO DE APELACIÓN

23. La demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que si bien el
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de algunas de las
ordenanzas que crearon la prima de vida cara y que esa decisión la confirmó el
Consejo de Estado, esas decisiones judiciales no tuvieron el alcance de modificar
lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que convalidó esas
situaciones irregulares, en concordancia con las Sentencias C-410 de 1997 y C-590
de 1997 de la Corte Constitucional.

24. Que al suspenderse el pago de la prima de vida cara se desconoció el contenido
del artículo 53 de la Constitución Política, en tanto la prerrogativa a percibir dicho
factor constituye un derecho laboral irrenunciable para quienes adquirieron el
derecho a la pensión y, a la vez, desdibuja el contenido del principio de situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las

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fuentes formales del derecho.

25. Señaló que quienes obtuvieron la pensión con arreglo a las ordenanzas
departamentales de Antioquia conservan, vitaliciamente, ese derecho, en la medida
que operó a su favor la denominada cosa juzgada constitucional que les da derecho,
además, a devengar de manera vitalicia las mesadas pensionales de prima de vida
cara, así algunas de las ordenanzas departamentales que previeron su creación
fueran declaradas nulas.

26. Que en la decisión no se efectuó ningún análisis sobre la violación agravada del
debido proceso al que se vio expuesta, ya que al suspender el pago de las mesadas
de prima de vida cara sin que mediara su consentimiento de revocación expreso y
escrito, se vio perjudicada como titular de ese derecho subjetivo.

27. Respecto al reajuste de su mesada pensional, manifestó que el artículo 289 de
la Ley 100 de 1993 no derogó al artículo 1 de la Ley 71 de 1988, toda vez que los
artículos 11, 273 y 288 de la primera previeron cuál era el régimen aplicable a los
pensionados del sector público cuyo derecho se consolidó antes de la vigencia de
esa ley de seguridad social. Que, en ese orden, el reajuste de la mesada pensional
no es automático al no haberse incorporado este grupo de pensionados al sistema
general de pensiones, como sí lo fueron los demás servidores públicos activos en
el desempeño de sus funciones.

28. Que de la lectura del artículo 11 de la Ley 100 de 1993 podía concluirse que
aquellos que hubieran adquirido su derecho a la pensión de jubilación con
anterioridad a la vigencia del sistema general de seguridad social, tienen derecho a
que el reajuste de las mesadas se haga con fundamento en el artículo 1 de la Ley
71 de 1988 y el artículo 1 del Decreto 1160 de 1989, esto es, en el mismo valor
porcentual en que sea incrementado el salario mínimo por parte del Gobierno
nacional, siempre que el incremento del IPC no ofrezca una ventaja comparativa,
pero que, en todo caso, debe acogerse el monto porcentual más favorable, en virtud
del artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

29. Finalmente, expuso que fue desacertado que el Tribunal Administrativo se
inhibiera para pronunciarse sobre el oficio del 24 de abril de 2020, ya que la petición
que allí se dirigió no había sido puesta a consideración de la Administración, por lo
que ese documento tiene la naturaleza de acto administrativo definitivo y es
susceptible de control judicial.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

30. El 31 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria1.

31. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

1 Véase a índice 4 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES

32. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos
que deberá resolver la Sala consisten en: i) determinar si el oficio del 24 de abril de
2020 es un acto administrativo definitivo y, por consiguiente, si es susceptible o no
de control judicial; ii) si es procedente que su pensión se liquide en el mismo valor
porcentual en que sea incrementado el salario mínimo por parte del Gobierno
nacional; y iii) determinar si la demandante tiene derecho a que se reanude el pago
de la prima de vida cara que le fue pagada con ocasión del reconocimiento
pensional del que es titular.

Sobre la prima de vida cara

33. A través de las Ordenanzas Nro. 034 del 28 de noviembre de 1973, 033 del 30
de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de noviembre de
1981 y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981, la Asamblea Departamental y
la gobernación de Antioquia fijaron la prima de vida cara para los funcionarios del
departamento y los docentes oficiales vinculados a esa autoridad territorial,
consistente en pagar a todos sus trabajadores el 50% de la asignación básica
mensual.

34. El Consejo de Estado, en sentencia del 12 de abril de 2018, declaró la nulidad
de las anteriores ordenanzas, para lo cual señaló que:

«[…] La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para
ordenar el pago de una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho
departamento, a través de las Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de
1975 y 17 de 1981, como tampoco la tenía el gobernador de Antioquia para
expedir los numerales 3, 5 y 6 del artículo 1 del Decreto 001 Bis del 7 de enero
de 1981 a través de los cuales estableció una prima de clima y otras
bonificaciones en favor de los docentes del ente territorial, pues de conformidad
con la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968 a la Constitución
Política de 1886, las autoridades administrativas del orden territorial no estaban
habilitadas para crear factores salariales ni prestacionales, dado que aquella
estaba atribuida, de manera privativa, en el Congreso de la República»2.

35. Ahora, la prima de vida cara para los servidores del departamento de Antioquia
que ya eran titulares de derechos pensionales se creó por medio de la Ordenanza
Nro. 033 de 1980, la cual no fue objeto de declaratoria de nulidad por parte del
Consejo de Estado en la citada sentencia. Sin embargo, la legalidad de dicha
disposición se discutió a través del proceso interpuesto por el departamento de
Antioquia, en el que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de
ese acto administrativo, en los siguientes términos:

«[…] Si bien en el caso de los pensionados, la prima de vida cara no es salario
por cuanto no se percibe como contraprestación directa por un servicio
prestado, sí es una modificación de una prestación social (pensión), por lo que,
de acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Asamblea Departamental de
Antioquia, no tenía competencia para realizar tal modificación en la medida que

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Rads. 05001-23-31-

000-2005-00974-01 (1231-2014) y 05001-23-31-000-2005-07606-02 (0091-2012). C.P. William Hernández
Gómez.

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esta facultad estaba radicada exclusivamente en el Congreso de la República
desde 1968 con el Acto Legislativo 01»3.

36. En ese orden, la prima de vida cara para el personal pensionado del
departamento de Antioquia no goza, actualmente, de efectividad jurídica, por las
mismas razones legales y constitucionales por la cuales se declaró la nulidad de las
ordenanzas por medio de las cuales se dispuso el pago de la prestación para los
servidores públicos de esa entidad territorial.

Reajustes en las pensiones

37. Sobre los reajustes de las mesadas pensionales, se tiene que el artículo 1 de la
Ley 71 de 1988 dispone lo siguiente:

«Artículo 1º. Las pensiones a que se refiere el artículo 1º. de la Ley 4º. de 1976,
las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el
Gobierno el salario mínimo legal mensual.

Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el
salario mínimo».

38. Por su parte, el Decreto 1160 de 1989 preceptúa:

«Articulo 1ºREAJUSTE PENSIONAL. Las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, incapacidad permanente parcial, compartidas y de sobrevivientes, de los
sectores público, privado y del Instituto de Seguros Sociales, se reajustarán de
oficio y en forma simultánea con el salario mínimo legal, en el mismo porcentaje
en que éste sea incrementado por el Gobierno Nacional.

Parágrafo. El reajuste de las pensiones compartidas lo efectuarán el Instituto
de Seguros Sociales y el patrono obligado, sobre el valor de la parte de la
pensión que a cada uno le corresponda cubrir».

39. Luego, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se previó lo siguiente:

«ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente,
en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones,
mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio,
el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el
mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno»
(subrayas fuera de texto).

40. El anterior reajuste fue reglamentado por el Decreto 692 de 1994:

«Articulo 41. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el
sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el 1º de enero de cada año, según la variación

3 Tribunal Administrativo de Antioquia. Sala Primera de Decisión. Sentencia del 27 de noviembre de 2023. Rad.

05001-23-33-000-2019-00536-00. M.P. Susana Nelly Acosta Prada.

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porcentual del Indice de Precios al Consumidor, total nacional, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior.

No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo
legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo
porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno, cuando dicho
reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula
establecida en el presente artículo, se hará a partir del 1º de enero de 1995»
(subrayas fuera de texto).

41. El tema del reajuste pensional ha sido ampliamente estudiado por el Consejo
de Estado que, en concreto, señaló:

«[…] Los pensionados que […] adquirieron el derecho bajo normas anteriores,
mantienen la prestación en los términos en que les fue reconocida por tratarse
de un derecho adquirido, subjetivo, que debe ser respetado “frente a Leyes
posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una
Ley anterior. Presuponen la consolidación de una serie de condiciones
contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier
momento4.”.

En los demás aspectos, los pensionados con anterioridad a la vigencia del
Sistema, están sometidos a la normativa vigente y por ello, el reajuste anual de
la mesada debe atender las fórmulas dispuestas en el artículo 14 de la Ley 100
de 1993 […]»5 (cursivas originales).

42. Posteriormente, se indicó que:

«[…] i) Las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobreviviente, de cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, serán reajustadas;

ii) El reajuste opera oficio el 1º de enero de cada año, e inicia a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [para las pensiones nacionales a
partir del 1º de enero de 1995; y para las pensiones de los servidores públicos
del nivel departamental, municipal y distrital, a partir del 1º de enero de 1996],
es decir, del año siguiente.

iii) El reajuste se hace según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor- IPC, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior;

iv) Las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente – smlmv, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo
porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno»6.

43. Se precisó, además, que el reajuste de que trata la Ley 71 de 1988 es aplicable
para aquellas pensiones que quedaron cobijadas bajo esa regulación y hasta la
fecha en que entró a regir el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con
lo dispuesto en su artículo 289, porque a partir del 1º de enero de 1995 o de 1996
según fuere el caso, las pensiones deben ajustarse conforme lo dispone el artículo
14.

4 Corte Constitucional, sentencia C-242 de 1 de abril de 2009, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2013. Rad. 76001-23-31-

000-2009-00680-01 (1185-2012). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 14 de junio de 2018. Rad. 23001-23-33-

000-2013-00266-01 (1091-2017). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Resolución del caso concreto

44. Mediante Resolución Nro. 025 del 23 de enero de 1989, el Servicio Seccional
de Salud de Antioquia reconoció una pensión vitalicia de jubilación a favor de la
demandante, en la que se incluyeron los factores correspondientes al sueldo básico,
la prima de navidad, la prima de vida cara, la prima de vacaciones y los viáticos.

45. El 17 de septiembre de 2018, la demandante radicó una petición ante el
departamento de Antioquia, en la que pretendió, entre otras, lo siguiente:

«[…] 1. Inclúyase dentro de la liquidación de la mesada pensional, con carácter
permanente, y de forma sucesiva o periódica en el tiempo, el valor de la prima
de vida cara, prevista en las ordenanzas Departamentales de la Asamblea de
Antioquia, a las que se hizo referencia, según la previsión del artículo 146 de la
Ley 100 de 1.993.

2. Reconózcase, liquídese y páguese, o reintégrese en la nómina de
pensionados, el valor de la prima de vida cara dejada de pagar desde el mes
de febrero de 2.018, así como de aquellas que, dejen de pagársele
sucesivamente en el tiempo a la señora pensionada.

3. Reliquídese y reajústese el monto de la pensión de jubilación que, viene
devengando la peticionaria, considerándose para la nivelación salarial el valor
del IPC certificado por el DANE, siempre que éste resulte más favorable, en
comparación con los ajustes salariales aplicados por la entidad, durante todos
sus años de servicio.

4. Complementando lo anterior, reliquídese la pensión de jubilación, ajustando
la base de liquidación pensional, incluyendo todos los factores de salario
devengados durante su último año de servicio, a partir del análisis comparativo
del IPC. […]».

46. Esa solicitud se atendió, desfavorablemente, a través de la Resolución Nro.
S2018060366522 del 1° de noviembre de 2018, que dispuso que ante la declaratoria
de nulidad de las Ordenanzas Nro. 034 del 28 de noviembre de 1973, 033 del 30 de
noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de noviembre de
1981 y del Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981, se concluía que se abolió la
prima de vida cara desde el momento mismo en que fue creada.

47. La señora Rodríguez Uribe interpuso recurso de apelación contra el anterior
acto administrativo, el cual se resolvió por medio de la Resolución Nro.
S2018060402676 del 20 de diciembre de 2018, en el sentido de confirmar la
decisión adoptada.

48. El 13 de marzo de 2020, la demandante radicó una nueva petición ante el
departamento de Antioquia, en la que pretendió lo siguiente:

«[…] 1. Reajústese el monto anual de la mesada pensional que viene
disfrutando la señora Adelaida Rodríguez Uribe, ya identificada, según las
previsiones normativas del artículo 1° de la Ley 71 de 1.988, y del artículo 1°
del Decreto 1160 de 1.989; esto es, en el mismo valor porcentual en que sea
incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual; o
subsidiariamente, conforme al monto porcentual del IPC; acogiéndose, en todo
caso, el monto porcentual más favorable a la señora pensionada.

[…]

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2. Reconózcase y páguese a favor del señor reclamante, la diferencia o mayor
valor pensional resultante de los reajustes pensionales solicitados.

[…]

3. Liquídese y páguese el monto de los intereses moratorios previstos en el
artículo 88 de la Ley 1.328 de 2.009, indéxese las sumas debidas» (negrillas
originales).

49. Con base en lo que antecede, se pone de presente que, tratándose de
prestaciones periódicas ─como pensiones o reliquidaciones─, la jurisprudencia del
Consejo de Estado permite demandar tanto el primer acto administrativo como
cualquier otro posterior que se origine por la misma causa, toda vez que no opera
el fenómeno de la caducidad.

50. Por consiguiente, el oficio del 24 de abril de 2020 sí es un acto administrativo
definitivo, lo que lo hace susceptible de control judicial, en la medida que la facultad
de reclamación del administrado ante la autoridad no se agota con el ejercicio
primigenio de dicha prerrogativa pues, por el contrario, dada la naturaleza
imprescriptible del derecho a la seguridad social, el interesado se encuentra
plenamente habilitado para elevar ante la Administración cuantas solicitudes de
reliquidación, reajuste o reconocimiento estime pertinentes, toda vez que cada
respuesta institucional denegatoria constituye una nueva manifestación de la
voluntad de la entidad que reabre la competencia de esta jurisdicción, sin perjuicio
de que los efectos económicos de tales reclamaciones queden rigurosamente
supeditados al fenómeno de la prescripción.

51. Por lo anterior, es claro que aun cuando la petición del 13 de marzo de 2020 fue
reiterativa, en cuanto a la petición de reajuste de la pensión de jubilación conforme
con el incremento del IPC o del salario mínimo, respecto de aquella que se radicó
el 17 de septiembre de 2018, ello no significa que la respuesta que le proporcionó
la Administración fuera meramente informativa porque, al haber remitido a lo que se
le comunicó en el 2018, sí hubo una manifestación negativa de la voluntad frente a
los intereses de la parte actora.

52. Ahora bien, respecto a la pretensión de reajuste de la pensión de jubilación
conforme con el incremento del salario mínimo o del IPC, se tiene que según la
Resolución Nro. S2018060366522 del 1° de noviembre de 2018, el incremento
pensional efectuado sobre la prestación percibida por la demandante se realizó, en
principio, conforme con la Ley 71 de 1988 y, tras la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, se ha realizado según la variación del IPC certificado por el DANE, lo cual,
a juicio de esta corporación, no afecta los derechos adquiridos de quienes se
pensionaron con anterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones, puesto
que la prestación se mantiene en los términos en que fue reconocida 7. Diferente es
que el reajuste de la mesada se realice con la fórmula prevista en la normativa
vigente para asegurar el poder adquisitivo.

53. En ese sentido, no se evidencia vulneración de los derechos de la accionante,
porque la suma percibida por concepto de mesada pensional ha sido reajustada

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2013. Rad. 76001-23-31-

000-2009-00680-01 (1185-2012). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

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desde 1988, fecha en que se le otorgó el derecho a la pensión, aplicando la Ley 71
de 1988; y, luego, teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC, tal como lo
dispone la normativa vigente y nunca ha resultado inferior al salario mínimo.

54. Así las cosas, es palmario que el despacho de primera instancia incurrió en un
yerro metodológico al proferir un fallo inhibitorio sustentado en la presunta falta de
manifestación de la voluntad de la Administración en el oficio del 24 de abril de 2020
porque, una vez superado el juicio de procedibilidad del medio de control y
debidamente trabada la litis, el deber técnico-jurídico que le asistía al juzgador no
era el de declinar su competencia mediante la inhibición, sino abordar el estudio de
fondo de la controversia para examinar la legalidad de todos los actos acusados a
la luz del ordenamiento aplicable y, de hallar ajustada a derecho la actuación de la
Administración, proceder a denegar las pretensiones de la demanda.

55. Por ende, se revocará el ordinal primero de la sentencia proferida el veintiocho
(28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio del cual se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo en
torno al Oficio Nro. 2020010095307 del 24 de abril de 2020 y, en su lugar, se negará
este derecho reclamado.

56. En lo que atañe al tercer problema jurídico, se pone de presente que la prima
de vida cara es un factor que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte
del Consejo de Estado, en donde la posición reiterada de esta corporación ha sido
la relativa a que ni el Concejo de Medellín ni la Asamblea Departamental de
Antioquia tenían la competencia para crear emolumentos prestacionales, toda vez
que lo relativo al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos solo
compete al Congreso de la República y, subsidiariamente, al Gobierno nacional. Las
consideraciones en materia de competencia han sido las siguientes:

«[…] la Constitución Política de 1991, reservó la facultad de fijar el régimen
prestacional de los empleados públicos en cabeza del Congreso y del Gobierno
Nacional. Empero, asignó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos
Municipales la función de determinar las escalas salariales, esto es, para
señalar los grados o niveles para las distintas categorías de empleos, pero no
para crear elementos salariales o factores prestacionales»8.

57. De ese modo, con independencia de las razones por las cuales la señora
Adelaida Rodríguez Uribe considere que debe reactivarse el pago de la prima de
vida cara, lo cierto es que existe, legalmente, una limitación que no permite acceder
a sus pretensiones, porque esa prestación fue declarada nula.

58. Aunado a lo anterior, es importante recordar, respecto al argumento según el
cual el pago de la prima de vida cara corresponde a un derecho adquirido amparado
por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que la consecución irregular de una
prestación no puede entenderse como un derecho adquirido, ni mucho menos como
una expectativa legítima, toda vez que la titularidad de un derecho solo se adquiere
a partir de la plena satisfacción de los requisitos legales para ello.

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de abril de 2018. Rads. 05001-23-31-

000-2005-00974-01 (1231-2014) y 05001-23-31-000-2005-07606-02 (0091-2012). C.P. William Hernández
Gómez.

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59. En ese sentido, al haberse declarado la nulidad de la ordenanza por medio de
la cual se extendió la prima de vida cara a los pensionados del departamento de
Antioquia, no es correcto dar por sentado que ese emolumento constituya un
derecho adquirido para la señora Rodríguez Uribe, en consideración a que la
sentencia que declara la nulidad de una norma tiene efectos ex tunc y erga omnes,
por lo que no había lugar a continuar con el reconocimiento y pago de una prestación
cuyo sustento jurídico fue anulado.

60. En cuanto a la censura de la recurrente según la cual el juez de primera
instancia no se pronunció frente al argumento consistente en que el departamento
de Antioquia omitió la obtención de consentimiento de revocación parcial de la
resolución que le otorgó el reconocimiento de la pensión de jubilación, se evidencia
que, en efecto, el fallador no resolvió este reproche.

61. Frente a este reparo, se tiene que el ente territorial no revocó la resolución
mediante la cual se le reconoció la pensión a la demandante. Lo que ocurrió, fue
que una vez retirados del ordenamiento jurídico los actos administrativos que
crearon la prima de vida cara, procedieron a excluir ese factor del ingreso base de
liquidación porque resultaba contrario a las normas de orden constitucional.

62. Sin embargo, si se tomara la exclusión de la prima de vida cara del ingreso base
de liquidación como una revocatoria parcial, se recuerda que la Corte Constitucional
ha precisado, refiriéndose al artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que cuando el litigio
versa sobre problemas de interpretación del derecho ─como por ejemplo, el régimen
jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición o la aplicación de un
régimen especial frente a uno general─ no procede la revocatoria directa del acto
administrativo sin el consentimiento del particular9.

63. Por ende, como los anteriores supuestos no se presentaron en este caso, la
entidad demandada no requería del consentimiento de la demandante para excluir
ese factor de su mesada pensional, ya que la inclusión de la prima de vida cara en
su pensión de jubilación fue contraria al régimen constitucional y legal, razón por la
que no es posible ordenar que se reanude el pago de este emolumento.

64. Con fundamento en lo expuesto, al no haberse desvirtuado la legalidad de los
actos administrativos demandados, la Sala confirmará la sentencia proferida el
veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

Condena en costas de segunda instancia

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-04047-01 (1496-2022)

66. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que se le resolvió de manera
desfavorable el recurso de apelación. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el veintiocho (28)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se
niega el derecho reclamado.

Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veintiocho (28)
de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de la cual se negaron las pretensiones.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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