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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00266-01

Pensión de jubilación: reajuste

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00266-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Saúl del Cristo Burgos Durango, Alcira del Socorro Ortega Barrios, Felipe Antipas Tordecilla Hernández y David González Fabra contra el Departamento de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2013-00266-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

14 de junio de 2018

PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Reajuste / REAJUSTE DE LAS PENSIONES - A la luz del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y de los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de 1993 / REAJUSTE PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Conforme a las normas vigentes

[L]a Sala considera que si bien el reajuste contenido en el artículo 143 referido representa un aumento nominal del monto de la pensión, el mismo está destinado a compensar el incremento en la cuantía de la cotización prevista en la Ley 100 de 1993, que es del orden del 12%, toda vez que antes de la expedición de la citada ley los pensionados cotizaban un 4% a dicho sistema, de tal manera que como resultado de la aplicación de tal norma se les incrementó ese porcentaje a un 12%, lo cual implicó que a cargo del pensionado quedara asumir el 8% adicional. (…) debe concluir la Sala, que la entidad demandada cumplió con los reajustes de la pensión de la demandante, regulados en los artículos 1º de la Ley 71 de 1988, 14 de la Ley 100 de 1993, y 41 del Decreto 692 de 1994; así como con el incremento de que tratan los artículos 143 de la citada ley 100, y 42 del Decreto 692 de 1994.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 143 / DECRETO 692 DE 1994 – ARTICULO 42 / LEY 71 DE 1988 – ARTICULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00266-01(1091-17)

Actor: SAÚL DEL CRISTO BURGOS DURANGO Y OTRAS

Demandado: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Demandante: SAÚL DEL CRISTO BURGOS DURANGO Y OTRAS
Asunto: Reajuste pensión de jubilación en aplicación de las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993.
_____________________________________________________

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda, en tanto no se accedió al reajuste de sus pensiones de jubilación.

ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Saúl del Cristo Burgos Durango, Alcira del Socorro Ortega Barrios, Felipe Antipas Tordecilla Hernández y David González Fabra, por conducto de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandaron al Departamento de Córdoba.

Pretensiones

Declarar la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales, la Secretaría General de Hacienda Departamental de Córdoba negó el reajuste de las pensiones de los demandantes con el mismo porcentaje en que se ha incrementado el salario mínimo legal mensual, como se relacionan a continuación:

Resolución 00145 del 5 de abril de 2013 en cuanto a Saúl del Cristo Burgos Durango;
Resolución 00067 del 1º de marzo de 2013, a Alcira del Socorro Ortega Barrios;
Resolución 00141 del 5 de abril de 2013, a Felipe Antipás Tordecilla Hernández;
Resolución 00464 del 31 de diciembre de 2012, a David González Fabra.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada a:

Reconocer los reajustes de sus pensiones con el mismo porcentaje en que se ha incrementado el salario mínimo legal mensual hasta el año de 1995, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 71 de 1988;
Reconocer los reajustes de las pensiones a partir del 1º de enero de 1996, de acuerdo con el incremento del artículo 14 de la citada Ley 100.
Reconocer los incrementos extraordinarios de que trata al artículo 143 de la Ley 100 y su Decreto Reglamentario 692 de 1994, artículo 42, a partir del 1º de julio de 1995;
Pagar las diferencias que resulten de las mesadas pensionales conforme al reajuste que se reclama y a los valores pagados;
Que los anteriores valores se paguen de forma indexada, más los intereses moratorios por el retardo injustificado en su pago;
Continuar pagando sus pensiones conforme a los incrementos reconocidos;
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, y se condene en costas.

Fundamentos fácticos

Para mejor comprensión del asunto, la Sala al revisar integralmente la demanda, resume los supuestos fácticos relevantes así:

Señaló, que los demandantes gozan de la pensión de jubilación reconocidas a través de los siguientes actos administrativos:

Saúl del Cristo Burgos Durango, Resolución 2026 del 3 de enero de 1996 con un monto de $222.119;
Alcira del Socorro Ortega Barrios, Resolución 0944 del 12 de enero de 1993 con un monto de $220.432;
Felipe Antipás Tordecilla Hernández, Resolución 2105 del 29 de marzo de 1995 con un monto de $205.455,2; y,
David González Fabra, Resolución 2356 del 6 de septiembre de 1989 con un monto de $191.623,30, modificada con la Resolución 2768 del 3 de octubre de 1989 en un monto de $258.154,55.

Indicó, que solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de los reajustes ordinarios y extraordinarios a que tienen derecho, que fueron negados a través de los actos demandados.

Afirmó, que a los demandantes se les adeudan los siguientes valores, que resultan de aplicar los reajustes del incremento correspondiente al smlmv año a año, mes a mes, de acuerdo con la información contenida en los cuadros de liquidación presentada en el libelo demandatorio.:

A Saúl del Cristo Burgos Durango: $ 158.762.713,13
A Alcira del Socorro Ortega Barrios: $ 83.462.996,86
A Felipe Antipás Tordecilla Hernández: $96.894.568,25
A David González Fabra: $ 137.669.980,30

2.1.3. Normas vulneradas y concepto de vulneración

Los artículos 2º, 6º, 13, 25, 58, 53 y 58 de la Constitución Política.

Las Leyes 71 de 1988, artículo 1º; 100 de 1993, artículo 14 y Decreto 692 de 1994, artículo 42.

Indicó, que los derechos pensionales son irrenunciables conforme a la Carta Política, y por tal razón se deben reconocer y pagar los reajustes solicitados.

Señaló, que el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 dispuso que anualmente las pensiones se reajustarán de oficio con el mismo porcentaje en que sea incrementado el smlmv. Para este caso, por tratarse de pensiones del orden territorial, se solicita el incremento hasta 1995, fecha en la cual entró a regir la Ley 100 de 1993 para las entidades locales.

Precisó, que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, ordenó el reajuste de las pensiones el 1º de enero de cada año según la variación porcentual del IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y como quiera que la citada norma entró a regir para las entidades territoriales a partir del 1º de julio de 1995, su aplicación se difiere hasta el 1º de enero de 1996, fecha a partir de la cual solicita sean incrementadas sus pensiones de acuerdo con la norma aquí citada.

Afirmó, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, las pensiones reconocidas antes del 1º de enero de 1994, o si se hubiera adquirido el status de pensionado antes de dicha fecha, deben ser reajustadas extraordinariamente en un porcentaje al incremento para la seguridad social, sin superar el 12%, y precisó que en los casos que se ponen de presente, merecen ser reajustadas sobre el 7% adicional al IPC a partir de 1996, ya que descontó el 5% para los aportes a la salud.

2.1.4. Contestación de la demanda.

El Departamento de Córdoba, a través de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, pero precisó, que en caso de que se acceda a ellas, se declare la prescripción trienal.

Con relación al caso de Saúl Burgos Durango, señaló, que su pensión se reconoció como consecuencia de una sentencia judicial, en un monto equivalente a un salario mínimo, razón por la cual, su incremento siempre ha sido el del smlmv independientemente del que haga el Gobierno Nacional.

En cuanto a la elevación de la cotización para salud, y al reajuste de la pensión de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, indicó que no le es aplicable, ya que su prestación fue reconocida en el año 2009, es decir, con posterioridad al 1º de enero de 1994 como dice la norma.

Por otro lado, el incremento que contempla el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 solo aplica a los pensionados del ISS hoy Colpensiones, mas no a las territoriales como es el caso del señor Saúl.

En cuanto a la situación de la señora Alcira Ortega Barrios, indicó que la pensión le fue reconocida en el año de 1993, razón por la cual, entiende que le es aplicable el reajuste de que trata el artículo 1º del Decreto 71 de 1988 y a partir de allí se le ha venido aplicando el incremento de la Ley 100 de 1993.

Respecto de la elevación de la cotización para salud, afirmó, que la pensionada aportó hasta junio de 2001 el 4% y no el 12% como dice la Ley 100 de 1993, y a partir de julio de 2001 la administración empezó a descontarle el 12%, pero a la vez le incrementó la pensión en el 8%, es decir, en la diferencia entre estos dos porcentajes.

Finalmente, en cuanto a los incrementos anuales, informó que la entidad los ha venido aplicando desde que se reconoció la pensión a la fecha, según los índices certificados por el DANE en la base de diciembre de 2008; y concluye que el departamento ha actuado conforme a la ley.

En lo que respecta al asunto de Felipe Antipás Tordecilla Hernández, indicó que su pensión fue reconocida como consecuencia de una sentencia judicial, en un monto equivalente a un salario mínimo, razón por la cual, su incremento siempre ha sido el del smlmv independientemente del que haga el Gobierno Nacional.

Frente a la elevación de la cotización para salud, y al reajuste de la pensión de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, indicó que no le es aplicable, ya que su prestación fue reconocida en el año 2006, es decir, con posterioridad al 1º de enero de 1994 como dice la norma.

Por lo que se refiere al incremento que contempla el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 solo aplica a los pensionados del ISS hoy Colpensiones, mas no a las territoriales como es el caso del señor Felipe.

Acerca del escenario de David González Fabra, indicó, que la pensión fue reconocida el 6 de septiembre de 1989 fecha en actual se retiró del servicio, y se reliquidó para incluir los viáticos en 1989 y en el 2003, no les dable aplicar el reajuste de la Ley 6ª de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año, toda vez que esta reguló la situación de las pensiones nacionales reconocidas antes del 1º de enero de 1989, razón por la que no le es aplicable este reajuste.

Con relación al reajuste del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, señaló que le es aplicable, pero que se le ha venido efectuando el incremento hasta el año 1994 y de ahí en adelante, el de la Ley 100 de 1993.

En cuanto a la elevación de la cotización para salud, señaló, que a partir del 1º de julio de 2001 la administración empezó a descontarle el 12%, pero a la vez le incrementó la pensión en el 8%, es decir, en la diferencia entre estos dos porcentajes. Concluyó que le han pagado la pensión con los incrementos de ley.

Decisiones relevantes en la audiencia inicial

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la función principal de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, así como de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las controversias que regirán el litigio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

En primer término, indicó que la decisión de la excepción de prescripción se debe resolver al momento de dictar sentencia porque primero debe definirse si los demandantes tienen derecho a los reajustes solicitados. Igualmente, no encontró configuradas otras excepciones que por su naturaleza debieran resolverse en este momento procesal.

Por su parte, la fijación del litigio se realizó en los siguientes términos:

Problema jurídico fijado en el litigio

De conformidad con la demanda y con su contestación, se consideró resolver el siguiente problema jurídico.

«¿si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en las resoluciones [sic] No. 00145 de abril 05 de 2013, Resolución No. 00067 de marzo 01 de 2013, Resolución No. 00141 de abril 05 de 2013, y Resolución 00464 de diciembre 31 de 2012, expedidas por la secretaría de Hacienda del Departamento de Córdoba, y mediante la cual se negó la petición de reajustes legales a los hoy demandante. Por lo anterior, es necesario establecer si le asiste o no el derecho a los demandantes al reconocimiento y pago por concepto de reajustes legales, ordinarios y extraordinarios que pide en la demanda con base en la ley 71 de 1988, ley 100 de 1993 y el decreto 692 de 1994.»

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia escrita del 10 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas.

Previo a dar solución al caso, se refirió a las normas sobre los incrementos a las pensiones solicitados por los accionantes, así:

Frente al reajuste dispuesto en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, indicó, que las pensiones se reajustarían en la misma proporción que el smlmv, a partir de 1989 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que estableció un nuevo sistema de reajuste, el cual empezó a regir desde el 1º de enero de 1996 para el sector territorial.

En cuanto al reajuste a las pensiones establecido en los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 41 del Decreto 692 de 1994, señaló, que se aplica de oficio un incremento anual el 1º de enero de cada año, según la variación porcentual certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior. Señaló, que para el Departamento de Córdoba como entidad territorial que es, estas disposiciones rigen a partir del 30 de junio de 1995.

Respecto al reajuste consagrado en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, afirmó, que las pensiones reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1994, o quienes adquirieron el status antes de esa fecha, tienen derecho a partir de ella, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de esa misma ley. Dice la norma además, que las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar.

Ahora bien, procedió el a quo a analizar el caso concreto de los 4 demandantes así:

Saul del Cristo Burgos Durango.

Indicó, que si bien es cierto la pensión había sido reconocida con la Resolución 2026 del 3 de enero de 1994, esta fue anulada por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante fallo del 15 de noviembre de 2001, que incluso le ordenó devolver los dineros recibidos. Luego le fue reconocida la pensión a partir del 22 de febrero de 1999, reajustada en la Resolución 701 de 2009 en cuantía de $223.460 equivalente al smlmv, con sus respectivos reajustes y pago de retroactivo; razón por la cual, no se accedió al regulado en la Ley 71 de 1988.

También indicó, que es improcedente acceder al reajuste establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues a partir de 2009, la pensión fue incrementada anualmente conforme lo establece la disposición citada.

Finalmente, en cuanto al incremento por el alza de la cotización a salud a que se refiere el artículo 43 de la citada ley 100, señaló que no tiene derecho, por cuanto la prestación fue reconocida después del 1994, y adicionalmente, porque la Resolución 701 mencionada, en su numeral 2º, ordenó efectuar los descuentos sobre el 12%, es decir, que no se encuentra en el supuesto de hecho de la norma para que sea viable su reconocimiento.
ii) Alcira del Socorro Ortega Barrios.

Señaló, que su pensión fue reconocida en la Resolución 944 del 12 de enero de 1993, en cuantía de $220.432, y por ende tenía derecho al reajuste a que se refiere el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, la cual, una vez se constataron los valores devengados por la demandante con la información contenida en el certificado expedido por el Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba, se concluyó, que la entidad demandada efectuó el reajuste mencionado, razón por la cual, consideró improcedente esta pretensión.

Indicó, que igual suerte corre la pretensión que busca el reajuste de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al corroborar que la entidad pagó las mesadas pensionales a partir de 1996 con la inclusión del incremento legal.

Por otra parte, en cuanto al incremento ordenado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, observó el a quo que a partir del julio de 2001, se le realizó un incremento del 8%, fecha en la que inició el descuento por concepto de aportes a salud. Precisó el tribunal, que si bien en principio el incremento debió comenzar el 1º de enero de 1994, se podría llegar a la conclusión de que existió un monto adeudado durante este lapso, pero lo cierto es que no se pierde de vista que desde de la misma fecha en que se efectuó dicho descuento, se realizó el correspondiente incremento ala pensión, lo que a juicio del tribunal, no evidencia detrimento alguno en el poder adquisitivo de la prestación de la actora, teniendo en cuenta que la finalidad del reajuste era compensar el alza que debían hacer los pensionados al sistema de salud. Concluyó, que no le asiste el derecho a los reajustes reclamados.

iii) Felipe Antipás Tordecilla Hernández.

Encontró el tribunal, que su caso es similar al del señor Saúl Burgos, en el entendido que la pensión reconocida en la Resolución 2105 de 29 de marzo de 1995, fue anulada por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante fallo del 3 de febrero de 2001, y posteriormente le fue reconocida una pensión sanción a partir de abril del mismo año, en un monto de $286.000 que corresponde al smlmv según fallo del Juzgado 1º laboral de Montería, confirmado en segunda instancia, y que a partir del 2006, la administración departamental mediante Resolución 831 del 5 de diciembre de 2006, dio cumplimiento a la orden judicial en un valor de $408.000 a partir de la fecha, y a la vez ordenó deducir el 12% por concepto de aportes a los servicios de salud; razón por la cual, encontró improcedente el reajuste concebido en la Ley 71 de 1988.

También indicó, que según los valores certificados por el Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba, al accionante se le ha pagado cada mesada conforme al smlmv que corresponde al monto de su pensión, cumpliendo de esta forma el reajuste regulado en el artículo 14 de la Ley 110 de 1993.

En cuanto al incremento por el alza de la cotización a salud establecido en el artículo 43 de la citada Ley 100, afirmó que no tiene derecho, porque el reconocimiento de la prestación se dio después de 1995, y esta medida como ya se dijo, es aplicable a las pensiones reconocidas antes del 1º de enero de 1994.
iv) David González Fabra.

Afirmó, que al actor le fue reconocida la pensión mediante Resolución 10235 del 6 de septiembre de 1989 en cuantía de $191.623, y reliquidada en la Resolución 02768 del 3 de octubre del mismo año en $258.154,55, por la no inclusión de algunos viáticos devengados durante el último año de servicios, y teniendo en cuenta que el reajuste de que trata el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 tiene efectos para las pensiones territoriales hasta el 30 de junio de 1995 [fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993] el a quo una vez verificó los valores devengados por el actor, con la información que reposa en el certificado expedido por el Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba, concluyó, que las mesadas pensionales fueron reajustadas en la misma proporción en que aumentó el smlmv para los años 1993 a 1995.

Luego, indicó que las mesadas desde 1996 en adelante, fueron incrementadas anualmente conforme a la regla establecida en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Y por último, frente al incremento a que se refiere el artículo 143 de la Ley 100 mencionada, encontró el tribunal, que a la pensión fue aumentada en el 8% desde agosto de 2001, fecha en la que se inició el descuento por concepto de salud, tal como se observa en el certificado expedido por el Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba. Sin embargo, a pesar que se presenta la deuda, el a quo aplica la misma regla de la compensación, en la medida que la pensión no se vio afectada con la deducción para aportar al sistema de salud.

RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado de la parte demandante, manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, bajo los mismos argumentos presentados en la demanda y reiteró las pretensiones requeridas en ella. Sin embargo, precisó sobre las situaciones presentadas en el caso de Alcira Ortega Barrios y de David González Fabra, así:

En el caso de Alcira Ortega Barrios, acepta que mediante resolución sin número ni fecha, la entidad demandada reajustó el monto de la pensión en un valor de $281.089,67 y en la misma ordenó que se reajustara conforme lo dispone la Ley 71 de 1988, lo cual en su sentir ratifica que a la demandante no se le ha liquidado la pensión como lo dispone la norma.

Para lo anterior indicó, que si se liquida la pensión tomando como punto de partida el valor de $281.089,67 aplicando los incrementos legales, es decir, la Ley 71 de 1988 y posteriormente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y a esta suma se le descuentan los valores pagados, ello arroja que lo pagado es inferior a lo que realmente se debió cancelar, y presentó un cuadro para evidenciar sus afirmaciones.

En cuanto a la situación de David González Fabra, plantea la misma tesis, pero tomando el valor de $258.154,55 de la pensión reconocida en 1989.

Frente a los otros demandantes, Saúl Burgos y Felipe Tordecillas, indicó que se atiene a lo probado en el proceso, por cuanto efectuó la liquidación tomando como fundamento los actos administrativos por medio de los cuales se reconocieron las pensiones inicialmente, sin tener conocimiento de los fallos judiciales que los habían anulado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó como alegatos de conclusión, las mismas argumentaciones plateadas en la alzada.

El extremo activo de la litis no presentó alegatos de conclusión.

Concepto del Ministerio Público: No rindió concepto en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR.

Visto el trámite del proceso y por cuanto no se observa ninguna causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede esta Sala a proferir la decisión que en derecho corresponde.

6.1. Problema Jurídico.

De acuerdo con los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra que el asunto se contrae a establecer, si las pensiones de los demandantes pueden ser objeto de los siguientes reajustes:

El reajuste con el mismo porcentaje en que sea incrementado el salario mínimo legal mensual por el Gobierno Nacional, dispuesto en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988;

El reajuste oficioso anual de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 692 de 1994, artículo 41; y,

El reajuste de las pensiones causadas antes del 1º de enero de 1994, en un porcentaje equivalente a la elevación en la cotización para salud, regulado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 692 de 1994, artículo 42.

Para resolverlo, la Sala analizará i) el reajuste de las pensiones a la luz del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y de los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de 1993, y luego ii) resolverá los casos objeto de estudio.

6.2. El reajuste de las pensiones a la luz del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y de los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de 1993.

La Ley 71 de 1989 «[p]or la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones», estableció en el artículo 1º que las pensiones serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual; bajo el siguiente tenor:

Artículo 1.- Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.
Parágrafo.- Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo.
Ahora bien, de acuerdo con la anterior disposición, se debe traer a colación el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 «por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones», que establece lo siguiente:

Artículo 1º.- Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:

Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal mas alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.

Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá así: se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme a lo previsto en el inciso 2 de este Artículo.

Parágrafo 1º.- Con base en los promedios de salarios asegurados, establecidos por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se reajustarán las pensiones del sector privado y las del mismo Instituto. Y las del sector público se reajustarán con los promedios establecidos por la Caja Nacional de Previsión Social.

Parágrafo 2º.- Los reajustes a que se refiere este Artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste.

Parágrafo 3º.- En ningún caso el reajuste de que trata este Artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.

De las anteriores disposiciones se tiene que las pensiones beneficiadas con el reajuste ordenado, son las de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, de incapacidad permanente parcial y las compartidas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

Es importante recordar, que la Ley 4ª de 1976 reguló el reajuste de las pensiones bajo un procedimiento complejo, en el que se establecía, que cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: «con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal mas alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.»

También previó, que cuando hubiere transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto, el reajuste se hará de la siguiente manera: «se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.»

Sin embargo, el reajuste de estas pensiones consagrado inicialmente en la Ley 4ª de 1976 fue sustituido por el regulado en las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, como se pasa a explicar a continuación.

El artículo 1º de la Ley 71 de 1988, simplemente estableció, que las pensiones mencionadas serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

De la anterior disposición normativa se puede concluir lo siguiente:

Las pensiones serán reajustadas anualmente y cada vez que se incremente el smlmv;
El incremento no podrá ser inferior al porcentaje en que se ajusten las pensiones cuya cuantía corresponde al salario mínimo legal mensual;
Esta medida será empleada de forma oficiosa por la entidad pagadora de la prestación; y,
La finalidad del reajuste de la pensión es evitar la pérdida de su poder adquisitivo.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.» fue expedida con el objeto de unificar el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

Como uno de los pilares de la concreción de la calidad de vida y del bienestar individual, se dispuso en el artículo 14 el reajuste de las pensiones, cuyo fin no es otro diferente al instituido en el artículo 1º de las Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988. Dice el artículo 14 citado:

Articulo. 14.- Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno.

Esta disposición sufrió unas modificaciones, la primera, la inclusión de un parágrafo por la Ley 1328 de 2009, artículo 45 cuyo texto es el siguiente:

Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.

La segunda, fue la modificación del parágrafo que hizo el artículo 138 de la Ley 1753 de 2015 bajo el siguiente tenor literal:

Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley cuando el aumento del salario mínimo mensual legal vigente sea superior a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura. El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) otorgará aval fiscal para estas coberturas.

Por su parte, el Decreto 692 de 1994, «Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993» en el artículo 41, reglamentario del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dispuso que:

Artículo 41. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1° de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior.
Parágrafo. El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida en el presente artículo, se hará a partir del 1° de enero de 1995.

De las anteriores disposiciones se colige lo siguiente:

Las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, de cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, serán reajustadas;
El reajuste opera oficio el 1º de enero de cada año, e inicia a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [para las pensiones nacionales a partir del 1º de enero de 1995; y para las pensiones de los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, a partir del 1º de enero de 1996], es decir, del año siguiente.
El reajuste se hace según la variación porcentual del índice de precios al consumidor- IPC, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior;
Las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente – smlmv, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno;

Ahora bien, debe precisar la Sala, que el reajuste de que trata de la Ley 71 de 1988 es aplicable para aquellas pensiones que quedaron cobijadas bajo dicha regulación, hasta la fecha en que entró a regir el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 289, pues a partir del 1º de enero de 1995 o de 1996 según sea el caso, las pensiones serán ajustadas conforme lo manda el artículo 14.

Por otro lado, la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 143, estableció otro reajuste a las pensiones, como consecuencia de la elevación del porcentaje de cotización para salud que afecta estas prestaciones a partir del 1º de enero de 1994, norma que se transcribe para una mejor comprensión:

Articulo. 143.- Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley.
La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación laboral.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en salud podrá reducir el monto de la cotización de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales. […]

El Decreto 692 de 1994 en el artículo 42 sobre este reajuste dispuso:

Artículo 42. Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar.
Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, reduzca la cotización en salud de los pensionados en relación con el número de beneficiarios, caso en el cual el reajuste de la mesada se hará por la diferencia entre lo que se venía cotizando y el valor señalado por el Consejo.

De la anterior disposición, se tiene lo siguiente:

Se creó un derecho legítimo para aquellas personas que fueron pensionadas antes del 1º de enero de 1994, a que sus pensiones bien sea de vejez o jubilación, invalidez o muerte, sean incrementadas en el mismo porcentaje en que se aumente el aporte por cotización al sistema de salud, en acatamiento de esta ley;
Teniendo en cuenta que los aportes a salud son cubiertos en su totalidad por los pensionados, el reajuste tiene como finalidad, preservar el poder adquisitivo de la prestación pensional;
El reajuste no es recurrente, si no especifico y unitario, es decir, que no se efectúa cada año, sino, una sola vez, debido al incremento de los aportes a salud que deben soportar las pensiones al entrar en vigor la ley 100, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 204.

Estando en este punto, vale la pena precisar, que el contenido de la norma trascrita establece un reajuste pensional especial «para los actuales pensionados», es decir, para las personas a quienes se les había reconocido la pensión de jubilación o vejez, invalidez o muerte, con anterioridad al 1º de enero de 1994, con la finalidad de ser compensadas por el alza en la cotización para salud que les correspondía asumir con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, la Corte Constitucional ante una demanda que buscaba que dicho reajuste no fuera solamente para los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino también para quienes se pensionaran con posterioridad a esa fecha, declaró exequibles, por medio de la Sentencia C-111 del 21 de marzo de 1996, las expresiones del citado artículo 143 que dicen: «con anterioridad al 1º de enero de 1994» y «a partir de dicha fecha», por cuanto consideró que no se violaba el principio de igualdad entre los pensionados sino que, antes bien, se buscaba preservarlo, y fundamentó la constitucionalidad de las expresiones acusadas con la siguiente argumentación:

[…] cabe destacar que para las personas pensionadas con anterioridad al 1º de enero de 1994 y por disposición de la Ley 100 de 1993 y del artículo 30 del Decreto 1919 de 1994, se incrementó el monto de la cotización al sistema de salud, quedando fijado en un once por ciento para 1995 y en un doce por ciento para 1996 de lo recibido como mesada pensional; debido a esta situación, el reajuste contemplado en la norma acusada pretende colocar en igualdad de condiciones a los dos grupos de personas, con lo cual “desarrolla el principio de la igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación”, ya que la Ley 100 de 1993 impone un nuevo monto en la cotización que no se hallaba establecido en las disposiciones anteriores aplicables a los pensionados antes de aquella fecha, y esta regulación supone una nueva obligación económica que afecta el monto de lo que efectivamente se recibe como mesada, por la pensión que ya se ha consolidado y se ha decretado antes de aquella fecha […].

[…] La Corte estima que en el caso que se examina con el inciso 1º de la norma acusada, se trata de compensar a los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, a quienes se les hubiere reconocido la pensión, en el sentido de otorgarles un reajuste que sea equivalente al incremento de la cotización para la salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y de las disposiciones legales que señalen el monto de la cotización.

Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere reconocido la pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994 y rige a partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara ninguna desigualdad sino que, por el contrario acata dicho principio consagrado en el artículo 13 de la C.P., y es evidente que es distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, […]

[…] A primera vista, el reajuste decretado por la disposición acusada podría parecer un ejemplo típico de desigualdad, como lo entienden la demandante y el Señor Viceprocurador, ya que en realidad los pensionados con anterioridad a enero de 1994, una vez en vigencia la misma Ley 100 de 1993 contribuirán al sistema en un monto igual al de quienes resulten pensionados después de aquella fecha y para estos no se previó ningún aumento relacionado con el incremento en la cotización al régimen general en salud que deben cubrir; empero, lo cierto es que a quienes reciban la pensión después de aquella fecha se les aplican las nuevas reglas de montos y cuantías pensionales mientras que los pensionados con anterioridad, recibirían su pensiones de conformidad con su régimen de pensiones y con los reajustes que correspondan.

Es preciso concluir, pues, que en este caso no quiso el legislador hacer un reajuste general de la pensión, que existe consagrado en la mencionada norma, sino resolver un caso específico precisamente para preservar el principio de igualdad, lo cual interpreta y realiza los fines consagrados en el supremo ordenamiento jurídico […].Negrilla fuera del texto ».

En virtud lo expuesto, la Sala considera que si bien el reajuste contenido en el artículo 143 referido representa un aumento nominal del monto de la pensión, el mismo está destinado a compensar el incremento en la cuantía de la cotización prevista en la Ley 100 de 1993, que es del orden del 12%, toda vez que antes de la expedición de la citada ley los pensionados cotizaban un 4% a dicho sistema, de tal manera que como resultado de la aplicación de tal norma se les incrementó ese porcentaje a un 12%, lo cual implicó que a cargo del pensionado quedara asumir el 8% adicional.

6.3. Solución a los casos.

Previo a resolver la alzada, la Sala debe llamar la atención de lo siguiente, primero, el apoderado de la parte demandante, sustentó de forma concreta la alzada de los casos de Alcira Ortega Barrios y de David González Fabra, de lo cual se ocupará primero esta Sala, para luego atender las inconformidades sobre la situación pensional de Saúl del Cristo Burgos Durango y Felipe Antipas Tordecilla Hernández, puesto que sólo se ocupó de afirmar atenerse a lo probado en el proceso, y en tal sentido, se subsume en los mismos argumentos presentados en la demanda.

Así las cosas, de acuerdo con las pruebas regularmente aportadas al informativo y a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, encuentra la Sala respecto de cada uno de los apelantes lo siguiente:

Caso de Alcira del Socorro Ortega Barrios.

La Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba mediante Resolución 0944 del 12 de enero de 1993 le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $220.432 e indicó en el parágrafo del artículo 1º, que esta sería reajustada conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y le será deducido el 5% para los servicios médicos asistenciales.

Ante lo anterior, la señora Alcira Ortega radicó petición el 4 de diciembre de 2012 en la Gobernación de Córdoba, con el fin de obtener varios reajustes de su pensión; el primero, contemplado en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, desde 1992 hasta 1995; el segundo, regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de enero de 1995 por ser un pensionado territorial; y el tercero, descrito en el artículo 143 de la citada ley 100, referido al incremento de la cotización a salud.

La Secretaría de Hacienda Departamental de Córdoba mediante Resolución 00067 del 1º de marzo de 2013 negó las peticiones, porque ha aplicado todos los reajustes e incrementos conforme a la ley, bajo los siguientes argumentos:

Indicó, que su pensión fue reajustada en 1994 conforme al artículo 1º de la Ley 71 de 1988, pues esta fue reconocida en 1993, y a partir de allí, le ha venido pagando la mesada según el incremento certificado por el DANE, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Frente al reajuste pensional por la elevación de la cotización para salud establecido en el artículo 143 de la citada ley 100, indicó, que si bien es cierto que el artículo 204 ibídem estableció que el aporte al sistema de salud será máximo del 12%, también lo es, que la señora Alcira Ortega siguió aportando el 4% hasta junio de 2001, y aclaró, que a partir de julio de ese año, se incrementó su pensión en un 8%, período desde el cual también se le empezó a descontar el 12% por concepto de aportes a salud, dando cumplimiento al artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y al artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

Por último, precisó, que revisada la liquidación que presenta el abogado de confianza de la señora Alcira, encontró unos errores, en particular, el IPC aplicado en los años 1993 a 1995 no corresponde al certificado por el DANE; y que para el año 2001, liquidó la mesada doblemente con el IPC del 8,75%, siendo lo correcto, el 8,75% del IPC más el 8% por el incremento de la cotización a salud.

Ahora bien, encuentra la Sala, que de acuerdo con el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 9 de noviembre de 2012, aportado por la demandante, devengó desde 1992 hasta 2012, las siguientes mesadas pensionales:

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba [9-nov-12]
AÑOS
MESADAS
AÑOS
MESADAS
2005
$1.386.188
1992
$222.518
1999
$835.042
2006
$1.453.696
1993
$278.437
2000
$912.117
2007
$1.518.531
1994
$341.363
ene-01
$991.927
2008
$1.604.936
1995
$418.477
jul-01
$1.071.281
2009
$1.728.034
1996
$499.913
2002
$1.153.235
2010
$1.762.595
1997
$608.044
2003
$1.233.846
2011
$1.818.469
1998
$715.546
2004
$1.313.922
2012
$1.886.298

Lo primero que hay que decir, es que teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida en 1993, según Resolución 0944, y pagada a partir de 1992 según el certificado mencionado, la Sala concluye, que la actora tiene derecho al reajuste de que trata el artículo 1º se la Ley 71 de 1988, por los años 1993, 1994 y 1995, y no como pretende, que se le reajuste inclusive la primera mesada, es decir, la del 92; pues la inicual debe reajustarse al siguiente año.

Lo segundo, y aplica para todas las pensiones que aquí se analizan, es que a pesar de que la Ley 100 de 1993 entró en rigor el 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales, no quiere esto decir, como lo pretende la actora, que en enero de dicho año se reajuste su pensión conforme al artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y luego en julio de la misma anualidad, se reajuste nuevamente con el IPC conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues se estaría beneficiando de un doble reajuste que pretende el mismo fin, y es la actualización monetaria de la prestación, pues de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del Decreto 692 de 1994, el reajuste del artículo 14 mencionado se efectúa desde el 1º de enero de 1995, y para los efectos de las pensiones territoriales, esta norma se aplica a partir del año siguiente, es decir, de la misma fecha de 1996.

Ahora bien, se presenta la fuente de incremento del salario mínimo mensual, que servirá de insumo para corroborar si la pensión fue reajustada conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, y es la tabla publicada por el Banco de la República, en la cual se detalla el smlmv y el porcentaje de su incremento año a año.

Año
Salario mínimo mensual
Variación porcentual anual
Decretos del Gobierno Nacional
1988
$25.637,00
25,00%
2545 de diciembre de 1987
1989
$32.560,00
27,00%
2662 de diciembre de 1988
1990
$41.025,00
26,00%
3000 de diciembre de 1989
1991
$51.716,00
26,10%
3074 de diciembre de 1990
1992
$65.190,00
26,10%
2867 de diciembre de 1991
1993
$81.510,00
25,00%
2061 de diciembre de 1992
1994
$98.700,00
21,10%
2548 de diciembre de 1993
1995
$118.934,00
20,50%
2872 de diciembre de 1994
1996
$142.125,00
19,50%
2310 de diciembre de 1995
1997
$172.005,00
21,00%
2334 de diciembre de 1996
1998
$203.826,00
18,50%
3106 de diciembre de 1997
1999
$236.460,00
16,00%
2560 de diciembre de 1998
2000
$260.100,00
10,00%
2647 de diciembre 23 de 1999
2001
$286.000,00
10,00%
2579 de diciembre 13 de 2000
2002
$309.000,00
8,00%
2910 de diciembre 31 de 2001
2003
$332.000,00
7,40%
3232 de diciembre 27 de 2002
2004
$358.000,00
7,80%
3770 de diciembre 26 de 2003
2005
$381.500,00
6,60%
4360 de diciembre 22 de 2004
2006
$408.000,00
6,90%
4686 de diciembre 21 de 2005
2007
$433.700,00
6,30%
4580 de diciembre 27 de 2006
2008
$461.500,00
6,40%
4965 de diciembre 27 de 2007
2009
$496.900,00
7,70%
4868 de diciembre 30 de 2008
2010
$515.000,00
3,60%
5053 de diciembre 30 de 2009
2011
$535.600,00
4,00%
033 de enero 11 de 2011
2012
$566.700,00
5,80%
4919 de diciembre 26 de 2011

Para establecer si la entidad demandada dio cumplimiento al reajuste de la Ley 71 de 1988 sobre las mesadas de mencionadas, procede la Sala a presentar el siguiente ejercicio aritmético:

Se tomará el valor de la mesada pensional de 1992, se le aplicará el porcentaje en que se incrementó el smlmv para el año 1993, a este resultado se sumará el valor de la pensión de 1992, y se obtendrá el producto de la mesada correspondiente al año de 1993, y de ahí en adelante la misma operación hasta 1995.

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba
[9-nov-12]
Información tomada de la página web del Banco de la República
Aplicación Ley 71 de 1988
Años
Mesada legal
Variación porcentual anual
Valor incremento
Valor mesada para la vigencia siguiente
1992
$ 222.518
25,00%
$ 55.630
$ 278.148
1993
$ 278.148
21,10%
$ 58.689
$ 336.837
1994
$ 336.837
20,50%
$ 69.052
$ 405.888
1995
$ 405.888

Obtenidos los valores de la pensión reajustada conforme a la Ley 71 de 1988, se presenta ahora el cuadro comparativo con la mesada pagada por el entidad demandada:

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba [9-nov-12]
Aplicación Ley 71 de 1988
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor incrementado
1992
$ 222.518
$ 222,518
1993
$ 278.437
$ 278.148
1994
$ 341.363
$ 336.837
1995
$ 418.477
$ 405.888

Así las cosas, encuentra la Sala, que la entidad demandada efectuó el reajuste de que trata el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, a partir de la mesada de 1993 hasta 1995, incluso por un mayor valor, razón por la cual, no le asiste razón a la apelante.

Ahora, respecto del reajuste regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es importante recordar que es aplicable de oficio a partir del 1º de enero de cada año con el IPC certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, y teniendo en cuenta que la pensión en 1995 fue reajustada según la Ley 71 de 1988, la Sala procederá a efectuar la liquidación de la ley 100 a partir de enero de 1996, y hasta junio de 2001, esta última fecha, porque a partir de ella se afirmó haber incrementado la pensión por la elevación de la cotización a salud.

Aplicación Art. 14 Ley 100 de 1993
AÑOS
Mesadas legal
IPC DANE
(año anterior)
Valor incremento
Valor mesada para la vigencia siguiente
1995
$ 405.888
19,46%
$ 78.986
$ 484.874
1996
$ 484.874
21,63%
$ 104.878
$ 589.752
1997
$ 589.752
17,68%
$ 104.268
$ 694.020
1998
$ 694.020
16,70%
$ 115.901
$ 809.922
1999
$ 809.922
9,23%
$ 74.756
$ 884.677
2000
$ 884.677
8,75%
$ 77.409
$ 962.087
ene-01
$ 962.087

Ilustrado el cuadro que muestra el valor de las mesadas reajustadas con el IPC, procede la Sala a mostrar la comparación entre estos valores y lo efectivamente pagado a la actora:

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba [9-nov-12]
Aplicación Art. 14 Ley 100 de 1993
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor incrementado
1996
$ 499.913
$ 484.874
1997
$ 608.044
$ 589.752
1998
$ 715.546
$ 694.020
1999
$ 835.042
$ 809.922
2000
$ 912.117
$ 884.677
Ene- 2001
$ 991.927
$ 962.087

Visto lo anterior, es fácil concluir, que la entidad demandada aplicó el reajuste regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a partir de la mesada correspondiente, es decir, desde 1996 hasta junio de 2001, incluso pagaron un mayor valor, razón por la cual, tampoco le asiste razón a la recurrente en cuanto a esta pretensión.

Finalmente, respecto del incremento de que trata el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, relacionado con el alza de los aportes a salud de las pensiones reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1994, la Sala señala, que no existe duda que la demandante tiene derecho a él, toda vez que su pensión fue reconocida en 1993 con la Resolución 0944.

Ahora, no existe controversia en que la demandante aportó para el sistema de salud el 4% de su pensión hasta junio de 2001, por ello, afirmó la entidad demandada, que a partir del mes de julio de 2001 incrementó la pensión en un 8%, y de esta manera, dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993, y 42 del Decreto 692 de 1994, tal como se puede evidenciar en el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 9 de noviembre de 2012, y en el acto acusado [Resolución 0067/2013], pues según el artículo 204 de la citada ley 100, el aporte para salud sería del 12%.

Así mismo, hay que tener en cuenta, que el artículo 143 mencionado, pretende el reajuste de la mesada pensional por la diferencia entre lo que se venía cotizando para salud y el nuevo porcentaje de cotización al sistema, con el fin de evitar que se menoscabe el valor de las pensiones y por ende los derechos fundamentales de sus titulares o beneficiarios.

Dicho lo anterior, quiere manifestar la Sala, que no encuentra razón para ordenar el reajuste en aquellos casos en que las pensiones no se vieron afectadas, al no habérseles aplicado un descuento superior para el sistema de salud; en otras palabras, si a la pensión de la demandante no se le dedujo el 12% por concepto de aportes al sistema de salud, no habría razón para ordenar el incremento y pago de la mesada en fecha anterior a la de su efectiva aplicación, como quiera que no sufrió algún menoscabo en su ingreso, ya que en este caso particular, el descuento se mantuvo en el 4% hasta el período en que se incrementó el aporte de salud.

Otra cosa sería si la entidad pagadora le hubiera efectuado el descuento del 12% sin haberle dado cumplimiento a la medida determinada por el legislador en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, pues en este escenario, se evidenciaría de forma flagrante la afectación en el valor de la mesada pensional.

Así las cosas, considera la Sala, que teniendo en cuenta, que a la demandante le aplicaron el incremento de la deducción por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud en el mes de julio de 2001, es en este período que se debe verificar el cumplimiento de las disposiciones citadas. [Art. 143 Ley 100/93, Art. 42 Decreto 692/94]

Así las cosas, la Sala muestra a continuación el valor de la mesada de julio de 2001 aplicando el incremento mencionado del 8%, que es la diferencia del 12% como aporte legal a salud menos el 4% que cotizaba la actora:

Aplicación Art. 143 Ley 100 de 1993
AÑO
Mesada legal
Incremento 8% aportes a salud
Valor incremento
Valor mesada de julio de 2001
ene-2001
$ 962.087
8%
$ 76.967
$ 1.039.054

Visto el ejercicio elaborado en el cuadro anterior, se tiene que la mesada de julio de 2001 debe ser de $1.039.054.

Ahora, revisado el valor pagado por el período de julio de 2001, según el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 9 de noviembre de 2012, y el que debía pagar la entidad demandada conforme al reajuste del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, encuentra la Sala, que el Departamento de Córdoba canceló un valor superior al que le correspondía, tal como se ilustra en el cuadro siguiente, y en tal sentido, no le asiste razón a la actora sobre este punto puesto que el incremento que reclama fue aplicado a su pensión.

Mesada legal
Aplicación Art. 143 Ley 100 de 1993
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor mesada reajustada
Jul- 2001
$ 1.071.281
$ 1.039.054

Estando en este punto, y dilucidadas todas las inconformidades de la apelante con la sentencia de primera instancia, encuentra la Sala conveniente, verificar si desde julio de 2001 en adelante, la entidad demandada ha continuado pagando las mesadas actualizadas con el único reajuste procedente, es decir, el que regula el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y para ello, se presentarán dos cuadros, el primero, mostrará el valor a pagar según el reajuste de ley; y el segundo, el comparativo entre la mesada legal y el valor pagado:
Valor mesada legal según reajuste del artículo 14 de la Ley 100 de 1993:

Aplicación Art. 14 Ley 100 de 1993
AÑOS
Mesadas legal
IPC DANE (año anterior)
Valor incremento
Valor mesada para la vigencia siguiente
jul-01
$ 1.039.054
7,65%
$ 79.488
$ 1.118.542
2002
$ 1.118.542
6,99%
$ 78.186
$ 1.196.728
2003
$ 1.196.728
6,49%
$ 77.668
$ 1.274.395
2004
$ 1.274.395
5,50%
$ 70.092
$ 1.344.487
2005
$ 1.344.487
4,85%
$ 65.208
$ 1.409.695
2006
$ 1.409.695
4,48%
$ 63.154
$ 1.472.849
2007
$ 1.472.849
5,69%
$ 83.805
$ 1.556.654
2008
$ 1.556.654
7,67%
$ 119.395
$ 1.676.049
2009
$ 1.676.049
2,00%
$ 33.521
$ 1.709.570
2010
$ 1.709.570
3,17%
$ 54.193
$ 1.763.764
2011
$ 1.763.764
3,73%
$ 65.788
$ 1.829.552
2012
$ 1.829.552

Cuadro comparativo de la mesada legal reajustada vs mesada pagada según certificación.

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba [9-nov-12]
Aplicación Art. 14 Ley 100 de 1993
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor incrementado
jul-01
$ 1.071.281
$ 1.039.054
2002
$ 1.153.235
$ 1.118.542
2003
$ 1.233.846
$ 1.196.728
2004
$ 1.313.922
$ 1.274.395
2005
$ 1.386.188
$ 1.344.487
2006
$ 1.453.696
$ 1.409.695
2007
$ 1.518.531
$ 1.472.849
2008
$ 1.604.936
$ 1.556.654
2009
$ 1.728.034
$ 1.676.049
2010
$ 1.762.595
$ 1.709.570
2011
$ 1.818.469
$ 1.763.764
2012
$ 1.886.298
$ 1.829.552

De lo anterior, se evidencia de forma clara, que la entidad accionada pagó a la actora las mesadas de su pensión con los reajustes de ley, y por ende, no le asiste razón en la reclamación.

Finalmente, debe concluir la Sala, que la entidad demandada cumplió con los reajustes de la pensión de la demandante, regulados en los artículos 1º de la Ley 71 de 1988, 14 de la Ley 100 de 1993, y 41 del Decreto 692 de 1994; así como con el incremento de que tratan los artículos 143 de la citada ley 100, y 42 del Decreto 692 de 1994.

Caso de David González Fabra

Mediante Resolución 102356 del 6 de septiembre de 1989 el Ministerio de Salud Pública - Servicios Seccional de Salud Córdoba, le reconoció la pensión de jubilación, en cuantía de $191.623, efectiva a partir de dicha fecha, de la cual se deducirá el 5% para los servicios médicos asistenciales.

Posteriormente, con la Resolución 02768 del 3 de octubre de 1989, la misma entidad previsional, reliquidó la cuantía de la mesada para incluir lo correspondiente a 210 días de viáticos devengados durante el último año de servicios, quedando en consecuencia en un valor de $258.154,55 efectivo a partir del 6 de septiembre de 1989, es decir, desde la fecha de sus efectos fiscales iniciales.

Luego, presentó petición el 4 de diciembre de 2012 ante el Departamento de Córdoba, con el fin de obtener varios reajustes de su pensión; el primero, contemplado en la Ley 6ª de 1992 que ordena unos reajustes extraordinarios hasta 1988; el segundo, el del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, desde 1993 hasta 1995; el tercero, regulada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de enero de 1995 por ser un pensionado territorial; y el cuarto, descrito en el artículo 143 de la citada ley 100, sobre el incremento de la cotización a salud.

La Secretaría de Hacienda Departamental de Córdoba a través de la Resolución 00141 del 5 de abril de 2013 negó las peticiones, por las siguientes razones:

Primero señaló, que no le asiste derecho al reajuste de que trata la Ley 6ª de 1992, porque su pensión no fue reconocida antes del 1º de enero de 1989.

Luego, indicó, que la pensión fue reajustada según el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 [pues esta fue reconocida en 1989] hasta 1994, y a partir de allí, le ha venido pagando la mesada con el incremento establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al reajuste de la pensión ante la elevación de la cotización para salud regulado en el artículo 143 de la mencionada ley 100, precisó, que ocurre lo mismo que en el caso de la señora Alcira, es decir, que el señor David González aportó para salud el 4% de su pensión hasta junio de 2001, y a partir de julio de 2001, su pensión fue incrementada en un 8%, período desde el cual, se empezó a descontar el 12% por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, y en tal sentido, afirmó que se dio cumplimiento a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994.
El acto administrativo citado contiene unas apreciaciones que es relevante mencionar, pues se afirma que el abogado también presentó una liquidación errónea en algunos apartes, por ejemplo, aplicó incorrectamente el IPC anual desde 1989 hasta 1995, los cuales no corresponden a lo certificado por el DANE; y que para el año 2001, incluyó dos veces el IPC del 8,75%, siendo lo correcto, el 8,75% del IPC más el 8% por el incremento de la cotización a salud. Por último dice que la mesada de David González a partir de noviembre de 2003 corresponde a la suma de $2.745.413 según la Resolución 001440 del 28 de noviembre de 2003, a través de la cual se reajustó su pensión, y no el valor que el demandante aduce.

Ahora bien, de acuerdo con el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 8 de noviembre de 2012, aportado por la accionante, observa la Sala, que devengó desde 1992 hasta 2012, las siguientes mesadas pensionales:

Teniendo en cuenta que la pensión del señor David González Fabra fue reconocida en 1989 con la Resolución 102356, se colige que tiene derecho al reajuste de que trata el artículo 1º de la ley 71 de 1988.
No obstante lo anterior, se debe precisar, que la certificación mencionada relaciona el pago de las mesadas desde 1992, y por lo tanto, sobre esta información se puede emitir el pronunciamiento que corresponda, y en tal sentido, lo primero que debe decir la Sala, es que el apelante tiene derecho al reajuste mencionado sobre las mesadas de las vigencias corridas entre 1993 y 1995; pues la de 1992 se reajusta al año siguiente.

Lo segundo, y tal como se expuso en el caso anteriormente estudiado y en la ratio decicendi de esta providencia, el reajuste de la Ley 71 de 1988 se aplica hasta la vigencia de 1995; y el que regula el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de enero de 1996.

Ahora bien, para determinar si la entidad demandada realizó los reajustes del artículo 1º de la Ley 71 de 1988 sobre las mesadas de mencionadas, procede la Sala a presentar el siguiente ejercicio aritmético, tomando la tabla publicada por el Banco de la República, visible a folios 24 y 25 de esta providencia, en la cual se detalla el smlmv y el porcentaje de su incremento año a año:

Primero, se toma el valor de la mesada pensional de 1992, y se le aplica el porcentaje en que se incrementó el smlmv para el año 1993, a este resultado se le suma el valor de la pensión de 1992, y se obtendrá el producto de la mesada correspondiente para el año 1993, y de ahí en adelante la misma operación hasta obtener la de 1995.

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba
[8-nov-12]
Información tomada de la página web del Banco de la República
Aplicación Ley 71 de 1988
Años
Mesada
Variación porcentual anual
Valor incremento
Valor mesada para la vigencia siguiente
1992
$509.757
25,00%
$ 127.439
$ 637.196
1993
$637.859
21,10%
$ 134.588
$ 772.447
1994
$782.015
20,50%
$ 160.313
$ 942.328
1995
$958.673
21,00%
$ 201.321
$ 1.159.994

Pues bien, ya contando con los valores de las mesadas reajustadas conforme a la Ley 71 de 1988, se pone de presente el cuadro comparativo con la mesada pagada por el entidad demandada, a fin de establecer si le asiste razón al apelante en la reclamación:

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba
[8-nov-12]
Aplicación Ley 71 de 1988
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor incrementado
1992
$ 509.757
$ 509.757
1993
$ 637.859
$ 637.196
1994
$ 782.015
$ 772.447
1995
$ 958.673
$ 942.328

Así las cosas, encuentra la Sala, que la entidad demandada efectuó el reajuste de la pensión de que trata el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 durante las vigencias comprendidas entre 1993 y 1995, incluso pagó un mayor valor, razón por la cual, no puede prosperar dicha reclamación.

Ahora, frente al reajuste establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, aplicable a partir del 1º de enero de 1996 para las pensiones territoriales, con el IPC certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, se debe decir, que teniendo en cuenta que la pensión en 1995 fue reajustada según la Ley 71 de 1988, la Sala procederá a efectuar la liquidación de la ley 100 a partir de enero de 1996, y hasta junio de 2001, esta última fecha, porque a partir de ella se afirmó haber incrementado la pensión por la elevación de la cotización a salud.

Ilustrado el cuadro que muestra el valor de las mesadas reajustadas con el IPC, procede la Sala a evidenciar el balance entre estas sumas y lo pagado:

De lo anterior, se puede concluir, que la entidad accionada reajustó la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de 1996 como era su deber, y hasta junio de 2001, y se observa también, que le pagaron un valor mayor al que correspondía, y en consecuencia, tampoco le asiste razón al apelante en cuanto a esta reclamación.

En lo que tiene que ver con el incremento a que se refiere el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, relacionado con el alza de los aportes a salud de las pensiones reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1994, la Sala señala, que no existe duda que el demandante tiene derecho a ello, toda vez que su pensión fue reconocida en 1989 con la Resolución 102356.

Teniendo en cuenta que entre las partes no hay controversia en cuanto al hecho que la pensión del actor le fue deducido el 4% con destino al sistema de salud hasta junio de 2001, pues la entidad demandada a partir de julio de 2001 incrementó la pensión en un 8% al tiempo que subió el porcentaje de cotización para salud al 12%, se tiene que de esta manera dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, tal como se puede evidenciar en el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 8 de noviembre de 2012, y en el acto acusado [Resolución 00464/2012], pues según el artículo 204 de la citada ley 100, el aporte para salud sería del 12%.

Se debe tener en cuenta, que el reajuste de la mesada pensional del artículo 143 ibídem, teleológicamente busca resarcir

el alza del porcentaje de los aportes al sistema de salud que deben hacer los pensionados, incrementando en un porcentaje equivalente la pensión, con el fin de evitar que se menoscabe el valor de las pensiones y por ende los derechos fundamentales de sus benefactores.

Como ya se dijo en el caso anterior, la Sala no encuentra razón para ordenar el reajuste en aquellas escenarios en que las pensiones no se vieron afectadas, al no habérseles aplicado un descuento superior para el sistema de salud, es decir, que no se presentó un menoscabo al valor de ingreso de la pensión, tal como ocurre en este caso, pues le fue descontado el 4% para salud hasta la mesada de junio de 2001 y a partir de julio del mismo año el incremento por salud le fue compensado con el reajuste del 8% como lo explicó la entidad accionada. Teniendo en cuenta lo anterior, es a partir de julio de 2001, que se debe verificar el cumplimiento de las disposiciones citadas. [Art. 143 Ley 100/93, Art. 42 Decreto 692/94]

Así las cosas, la Sala muestra a continuación el valor de la mesada de julio de 2001 aplicando el incremento mencionado del 8%, que es la diferencia del 12% como aporte legal a salud menos el 4% que cotizaba el actor:

Visto el ejercicio del cuadro anterior, se observa que la mesada de julio de 2001 debe ser de $2.412.314.

Ahora, revisado el valor pagado por el período de julio de 2001, según el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 9 de noviembre de 2012, y el que debía pagar la entidad demandada conforme al reajuste del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, encuentra la Sala, que el Departamento de Córdoba cumplió con el deber legal de la citada disposición, y en tal sentido, se despacha desfavorablemente esta pretensión.

Mesada legal
Aplicación Art. 143 Ley 100 de 1993
AÑOS
Valor mesadas pagadas
Valor mesada reajustada
Jul- 2001
$ 2.454.155
$ 2.412.314

Ahora bien, estando resueltas todas las inconformidades de recurrente, la Sala encuentra conveniente, constatar si la entidad demandada desde julio de 2001 continuó pagando las mesadas actualizadas con el único reajuste procedente, es decir, el que regula el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y para ello, se presentarán dos cuadros, el primero, mostrará el valor a pagar según el reajuste de ley; y el segundo, el comparativo entre la mesada ajustada y el valor pagado:

Valor mesada legal según reajuste del artículo 14 de la Ley 100 de 1993:

Cuadro comparativo de la mesada legal reajustada vs mesada pagada según certificación.

De lo anterior, se evidencia de forma clara, que la entidad accionada pagó al demandante las mesadas de su pensión de forma actualizada, y por ende, no le asiste razón en la reclamación.
En virtud de todo lo anterior, es dable concluir, que la entidad demandada cumplió con los reajustes de la pensión de este accionante, regulados en los artículos 1º de la Ley 71 de 1988, 14 de la Ley 100 de 1993, y 41 del Decreto 692 de 1994; así como con el incremento de que tratan los artículos 143 de la citada ley 100, y 42 del Decreto 692 de 1994.

Caso de Saúl del Cristo Burgos Durango.

Encuentra la Sala, que la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba mediante Resolución 2026 del 3 de enero de 1996 reconoció la pensión de jubilación, en cuantía de $222.119, efectiva a partir del 23 de febrero de 1994; e indicó en el parágrafo del artículo 1º, que ésta se reajustaría conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y que se le deducirá el 5% para los servicios médicos asistenciales.

Ante lo anterior, el señor Saúl Burgos, presentó petición el 4 de diciembre de 2012 ante el Departamento de Córdoba, con el fin de obtener varios reajustes de su pensión; el primero, contemplado en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, desde 1993 hasta 1995; el segundo, regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de enero de 1995 por ser un pensionado territorial; el tercero, descrito en el artículo 143 de la citada ley 100, referido al incremento de la cotización a salud, pues le descontaban el 5%; y el cuarto, el 7% por los hijos menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990.

Observa la Sala, que mediante Resolución 00145 del 5 de abril de 2013 la Secretaría de Hacienda Departamental de Córdoba negó tales pretensiones por las siguientes razones:

En primer lugar, encontró luego de revisados los antecedentes administrativos del peticionario, que la pensión reconocida en la Resolución 2026 del 3 de enero de 1996, fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia del 15 de noviembre de 2001, y que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra esta providencia.

Luego de esto, señaló, que el señor Saúl Burgos Durango, obtuvo nuevamente el reconocimiento de la pensión, a partir del 22 de febrero de 1999 en cuantía de $223.460, según sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Civil-familia-Laboral de Montería [Córdoba], la cual fue reajustada por la administración departamental en la Resolución 701 de 2009 en cuantía de $496.900 equivalente al smlmv de 2009, con sus respectivos reajustes, manteniendo la mesada cada año en el valor del smlmlv.

También indica el acto acusado, que en la liquidación presentada por el abogado del actor, se señalan las mesadas a partir de 1994, partiendo del valor de $222.119 y aplicando el IPC, lo cual es contrario a la realidad, porque la prestación pensional se causó a partir del año 1999, luego entonces, no le es aplicable el incremento de la Ley 71 de 1988.

En cuanto al reajuste de la pensión por el alza en el porcentaje de cotización para el sistema de salud a que se refiere en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, mencionó, que ocurre lo mismo que los caso antes planteados, porque el aporte para salud de los pensionados del Departamento de Córdoba hasta el mes de julio de 2001 era del 4% y por tal razón, el incremento que solicitó el demandante no le es aplicable, porque su pensión fue reconocida en el 2009, es decir, después del 1º de enero de 1994, y por ello no cumple con las condiciones dispuestas en los artículos 143 de la citada ley 100 y 42 del Decreto 692 de 1994.

Por último, respecto al incremento de su pensión en un 7% por los hijos menores, de acuerdo a lo regulado en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, se dijo en la resolución, que el citado decreto aprobó el Acuerdo 049 d 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, que es el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de invalidez, vejez y muerte, cuyo campo de aplicación son las pensiones del ISS hoy Colpensiones, mas no para las otorgadas por los Fondos Territoriales de Pensiones, razón por la cual, indicó que no le asiste ese derecho, sin embargo, este asunto no fue objeto de la demanda.

Previo a resolver este caso, se debe mencionar, que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 17 de septiembre de 2016, decretó nuevas pruebas, con el fin de dilucidar algunos hechos, y en tal sentido encaminadas a obtener certificación de la entidad demandada, en la cual se informe si las pensiones de los demandantes fueron incrementadas, en qué porcentaje, si sufrieron el alza de los aportes a salud, en qué momento se materializó y cual fue el porcentaje, se certifique el valor de las mesadas pagadas, y si alguno de ellos ocupó algún cargo de elección popular después de haber sido pensionados.

Mediante oficio del 29 de junio de 2016, el Secretario de Gestión Administrativa del departamento de Córdoba responde estas inquietudes e indicó que la pensión reconocida al señor Saúl del Cristo Burgos Durango mediante Resolución 2026 del 3 de febrero de 1996, fue anulada mediante sentencia del 15 de noviembre de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y lo condenó a reintegrar todos los dineros recibidos por esta pensión, para lo cual, aportó copia de la sentencia.

Luego, el mencionado obtuvo la pensión de jubilación por orden judicial según fallo proferido por el Juzgado 1º Laboral Administrativo de Córdoba, con efectos fiscales a partir del 22 de febrero de 1999 en cuantía de $73.965, la cual fue reajustada en $223.460 para 1999 en cumplimiento de la sentencia del 23 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, los cuales aportó con su escrito.

Con relación a los reajustes de ley, afirmó, que se han aplicado a partir de 1999, con el retroactivo hasta el año 2009, según Resolución 701 de 2009 emanada de la Secretaría de Hacienda Departamental, y desde el 2009 en adelante los incrementos han correspondido a los autorizados por el Gobierno Nacional. Frente al reajuste a que se refiere el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, indicó, que no le fue aplicable, ya que su pensión fue reconocida con posterioridad al 1º de enero de 1994.

Ahora bien, revisadas las pruebas relacionadas en los numerales anteriores [138 a 140] se pudo corroborar, que la pensión reconocida en la Resolución 2026 del 3 de enero de 1994 fue efectivamente anulada por el Tribunal Administrativo de Córdoba con la sentencia del 15 de noviembre de 2001, por no cumplir los requisitos de edad ni del tiempo de servicio.

También se corroboró, que mediante sentencia del 27 de junio de 2007, el Juzgado 1º Laboral Administrativo de Córdoba, ordenó a la Gobernación de Córdoba, el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 22 de febrero de 1999, en cuantía de $73.965 en favor del actor, con el retroactivo. También se observa, que según la liquidación efectuada por el juzgado, a partir de marzo de 1999 hasta septiembre de 2009, la mesada es equivalente al smlmv.

Observa la Sala, que la decisión anterior fue apelada por el señor Saúl Burgos, y decidido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería mediante sentencia del 23 de octubre de 2008, en la cual se confirmó el reconocimiento de la pensión, pero modificó su numeral 2º atinente a la cuantía de la pensión, porque en fue reconocida en un valor inferior al smlmv en el mes de febrero de 1999, razón por la cual, ordenó reconocer y pagarla en $236.460 a partir del 22 de febrero de 1999.

Ante lo anterior, la entidad accionada dio cumplimiento efectivamente con la expedición de la Resolución 701 de 2008, en la que se reconoció la pensión de jubilación a partir del 22 de febrero de 1999, con el valor del smlmv, pagando el retroactivo ordenado, y en el numeral 2º ordenó descontar el 12% con destino al sistema de salud.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:

La pensión del señor Saúl del Cristo Burgos Durango, no le es aplicable el reajuste de que trata el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, pues esta se concibió para las pensiones comprendidas entre la vigencia de esta disposición y la entrada en vigor del nuevo régimen pensional, es decir, de la Ley 100 de 1993, para el caso del sector territorial, hasta el 1º de enero de 1996, y está probado que la pensión del actor tiene efectos desde el año de 1999.

En relación con el reajuste regulado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y al artículo 42 del Decreto 692 de 1994, la Sala concluye que no le es aplicable, por cuanto la pensión se reconoció partir de 1999, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la norma dicta que el incremento de la pensión opera para las pensiones reconocidas antes del 1º de enero de 1994. Aunado a lo anterior, el artículo 2º de la Resolución 701 de 2008, ordenó descontar de la mesada el 12% con destino al sistema de salud, lo cual quiere decir, que desde su reconocimiento el porcentaje para el sistema ha sido el establecido por la mencionada ley 100, razón por la cual, no se hace necesario ordenar el reajuste requerido.

Como la pensión tiene vigencia a partir de 1999, el reajuste legal aplicable es el contenido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a verificar si la entidad accionada efectuó el reajuste comprendido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que se comprende de dos mecanismos, el primero, aplica el reajuste oficioso con el incremento del IPC del año inmediatamente anterior cuando la mesada es superior al smlmv; y el segundo, cuando la mesada es equivalente al mismo, se aplica con el porcentaje en que se incrementó el smlmv, siendo este último caso del recurrente.

Ahora bien, de acuerdo con el certificado expedido por el Técnico del Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 8 de noviembre de 2012, aportado por la accionante, observa la Sala, que devengó desde 1999 hasta 2012, las siguientes mesadas pensionales:

Certificado Fondo Territorial de Pensiones Dpto Córdoba [8-nov-12]
AÑOS
MESADAS
AÑOS
MESADAS
1999
$236.400
2006
$408.000
2000
$260.100
2007
$433.700
2001
$286.000
2008
$461.500
2002
$309.000
2009
$496.900
2003
$332.000
2010
$509.797
2004
$358.000
2011
$535.600
2005
$381.500
2012
$566.700

Debe mencionar la Sala, que de acuerdo con el certificado aportado por la entidad accionada de fecha 28 de junio de 2016, se encuentra disparidad en el valor pagado en 2010, pues en este se afirma haber pagado la mesada por valor de $515.500 y en el aportado por el demandante la suma de $506.797, a lo que debe concluirse, que debe corresponder el valor equivalente al smlmv, tal como lo ordenó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería en la sentencia del 23 de octubre de 2008.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la pensión del demandante equivale al smlmv, el reajuste debe ser el mismo que se aplica para el salario mínimo mensual decretado por el Gobierno Nacional, según lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Para verificar si la entidad accionada dio cumplimiento de dicha obligación, se tomará como referencia la información tomada de la página web del Banco de la República, citado en esta providencia, y para mayor claridad, se presentará el siguiente cuadro comparativo, en el que se coteja el valor el smlmv y el valor pagado por cada una de las mesadas desde 1999.

• Para el año 2010, la entidad demandada pagó un valor superior de $500.
De lo anterior, se puede concluir, que la entidad accionada reajustó la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de 2000, y en consecuencia, tampoco le asiste razón al apelante en cuanto a esta reclamación.

En virtud de todo lo anterior, se puede concluir: i) que la entidad accionada pagó al demandante las mesadas pensionales reajustadas conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; ii) que no le asiste razón al demandante en la reclamación de los reajustes de que tratan los artículos 1º de la ley 71 de 1988 y 143 de la Ley 100 de 1993, por las razones anotadas.

Así las cosas, las pretensiones de este actor no están llamadas a prosperar.

Caso de Felipe Antipás Tordecilla Hernández.

Al señor Felipe Tordecillas le fue reconocida la pensión de jubilación por la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba mediante Resolución 2105 del 29 de marzo de 1999, en cuantía de $205.455,2 efectiva a partir del 12 de abril de 1992; e indicó en el parágrafo del artículo 1º, que esta sería reajustada conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y que le será deducido el 5% para los servicios médicos asistenciales.

Ante lo anterior, presentó petición el 21 de noviembre de 2012 al Departamento de Córdoba, con el fin de obtener varios reajustes de su pensión; el primero, contemplado en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, desde 1992 hasta 1995; el segundo, regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de enero de 1995 por ser un pensionado territorial; el tercero, descrito en el artículo 143 de la citada ley 100, referido al incremento de la cotización a salud, pues le descontaban el 5%; y el cuarto, el 14% para su conyugue y el 7% por los hijos menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990.

Encuentra la Sala, que la Secretaría de Hacienda Departamental de Córdoba mediante Resolución 00141 del 5 de abril de 2013 negó sus requerimientos.

Para lo anterior adujo, que la pensión reconocida en la Resolución 2105 del 29 de marzo de 1995, fue revocada el 6 de febrero de 1997 con la Resolución 000411, y posteriormente el acto de reconocimiento prestacional fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia del 3 de febrero de 2001, el cual fue confirmado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia del 11 de septiembre de 2003.

Luego, señaló que el peticionario mediante sentencia del 12 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Civil-familia-Laboral de Montería [Córdoba], obtuvo la pensión sanción a partir del 11 de abril de 2001, en valor de $286.000, que corresponde al smlmv de la época, mediante orden que hiciera al Departamento de Córdoba, quien dio cumplimiento a través de la Resolución 000831 del 5 de diciembre de 2006 cuya cuantía correspondió al smlmv de ese año, es decir, $408.000; y añadió, que en adelante la mesada ha sido el salario mínimo mensual de cada año.

También indica el acto acusado, que el abogado de confianza del demandante, relaciona en el cuadro de liquidación de la reclamación, las mesadas desde 1992, partiendo del valor de $205.455 y aplicando el IPC, lo cual no corresponde a la realidad, porque la pensión que goza se causó en el 2006 como consecuencia de una orden judicial, por tal razón, no le es aplicable el incremento de la Ley 71 de 1988, sino el del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que se ha venido cumpliendo, ya que todos los años su pensión ha sido equivalente al smlmv.

Frente al reajuste de la pensión por la elevación en el porcentaje de cotización para el sistema de salud del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, mencionó, que ocurre lo mismo que en los caso antes planteados, porque el aporte al sistema por parte de los pensionados del Departamento de Córdoba hasta el mes de junio de 2001 era del 4% y por tal razón, el incremento solicitado no es procedente, dado que su prestación fue reconocida en el año 2006, es decir, después del 1º de enero de 1994, y por ello no cumple con las condiciones dispuestas en los artículos 143 de la citada ley 100 y 42 del Decreto 692 de 1994.

Por último, respecto al incremento de su pensión en un 14% por su conyugue y el 7% por los hijos menores, se consideró igualmente que no se tiene derecho a este incremento, tal como se explicó en el caso de Saúl, estos beneficios aplican para las pensiones del ISS hoy Colpensiones, pero no para las otorgadas por los Fondos Territoriales de Pensiones, sin embargo, este reajuste no es del resorte de esta demanda.

Se encontró, que el Secretario de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba con Oficio del 29 de junio de 2016, indicó que la pensión reconocida al señor Felipe Antipás Tordecillas Hernández mediante Resolución 2105 del 29 de marzo de 1995, fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante Sentencia del 3 de febrero de 2001 por no reunir el requisito de la edad, y lo condenó a reintegrar todos los dineros recibidos por esta pensión, decisión que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 11 de septiembre de 2003, para lo cual, aportó solo copia del fallo de segunda instancia, y de la que la corrigió en cuanto al valor de la mesada, para establecer que sería en cuantía de $286.000 a partir del 11 de abril de 2011.

Más adelante, indicó, que el actor obtuvo el reconocimiento de la pensión sanción a través de sentencia proferida por el Juzgado 1º Laboral Administrativo de Córdoba a partir del año 2001, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, con efectos fiscales a partir del 11 de abril de 2001, en cuantía de $286.000, equivalente al smlmv, y aportó copia de las providencias con su escrito.

Con relación a los reajustes de ley, afirmó, que se han aplicado a partir de 2001 el relacionado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, según Resolución 831 del 5 de diciembre de 2006 expedida por el Gobernador de Córdoba, y desde el 2006 en adelante, los incrementos han correspondido a los autorizados por el Gobierno Nacional para el smlmv, pues la mesada es equivalente a este. Frente al reajuste a que se refiere el artículo 143 ibídem, afirmó que no le es aplicable, como quiera que su prestación pensional fue reconocida a partir del año 2001, es decir, en fecha posterior al 1º de enero de 1994.

Una vez analizadas las pruebas enunciadas en los numerales anteriores [162 a 164] la Sala pudo comprobar, que la pensión reconocida en la Resolución 2105 del 29 de marzo de 1995 fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia del 8 de febrero de 2001, decisión que fue confirmada en la providencia del 11 de septiembre de 2003 por el Consejo de Estado, por no cumplir el requisito de la edad.

También se constató, que la pensión sanción del demandante obedeció al cumplimiento de una orden judicial emanada del Juzgado 1º Laboral Administrativo de Córdoba a partir del año 2001, con efectos fiscales a partir del 11 de abril de 2001, en cuantía de $286.000, equivalente al smlmv, según se observa de la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que confirmó la decisión de primera instancia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la entidad demandada expidió la Resolución 831 del 5 de diciembre de 2006, en la que reconoció la pensión a partir del 11 de abril de 2001 en cuantía equivalente al smlmv, y en el numeral segundo ordenó descontar el 12% con destino al sistema de salud.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:

La pensión del señor Felipe Antipás Tordecilla Hernández, no le es aplicable el reajuste de que trata el artículo 1º de la Ley 71 de 1988, pues está probado que la pensión del actor tiene efectos desde el año de 2001.

Respecto del reajuste a que se refiere el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y al artículo 42 del Decreto 692 de 1994, la Sala concluye que no le es aplicable, por cuanto la pensión se reconoció partir de 2001, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la disposición establece que el incremento de la pensión opera para las pensiones reconocidas antes del 1º de enero de 1994. Aunado a lo anterior, el artículo 2º de la Resolución 831 de 2006, ordenó descontar de la mesada el 12% con destino al sistema de salud, es decir, que desde su reconocimiento este ha sido el porcentaje y no es justificable que se ordene el incremento pretendido.

Teniendo en cuenta que la pensión cobró vigencia a partir del año 2001, el reajuste legal aplicable es el contenido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Estando claro el escenario de la pensión del apelante, se procede a verificar si la parte demandada dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que como ya se dijo, comprende dos mecanismos, el primero, el reajuste oficioso con el incremento del IPC del año inmediatamente anterior cuando la mesada es superior al smlmv; y el segundo, cuando la pensión es equivalente al salario mínimo mensual, se aplica con el porcentaje en que se incrementó el smlmv, siendo este último caso del apelante.

Ahora bien, de acuerdo con los certificados expedidos por el Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Departamento de Córdoba el 24 de septiembre de 2012 y el 28 de junio de 2016, observa la Sala, que devengó desde 2006 hasta el 2012, las siguientes mesadas pensionales:

Ahora bien, teniendo en cuenta que la pensión del demandante equivale al smlmv, el reajuste debe ser corresponder al porcentaje en que se incrementa el salario mínimo mensual decretado por el Gobierno Nacional, según lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Para verificar si la entidad accionada dio cumplimiento de dicha obligación, se tomará como referencia la información tomada de la página web del Banco de la República, citado en esta providencia, y para mayor claridad, se presentará el siguiente cuadro comparativo, en el que se coteja el valor del smlmv y el pagado por cada una de las mesadas desde el año 2006:

• Para el año 2009, la entidad demandada pagó un valor superior de $100.

De lo anterior, se puede concluir, que la entidad accionada reajustó la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de 2007, y en consecuencia, tampoco le asiste razón al apelante en cuanto a esta reclamación.

En virtud de todo lo anterior, se puede concluir: i) que la entidad accionada pagó al demandante las mesadas pensionales reajustadas conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; ii) que no le asiste razón en la reclamación de los reajustes de que tratan los artículos 1º de la Ley 71 de 1988 y 143 de la Ley 100 de 1993, por las razones anotadas.

Así las cosas, las pretensiones de este demandante no están llamadas a prosperar.

En virtud de todo lo anterior, considera la Sala, que la sentencia de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, y en consecuencia será confirmada.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “B” Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Saúl del Cristo Burgos Durango, Alcira del Socorro Ortega Barrios, Felipe Antipas Tordecilla Hernández y David González Fabra contra el Departamento de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión, por los señores Consejeros.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CESAR PALOMINO CORTÉS

Relatoria JORM
Alcira del Socorro Ortega Barrios, Felipe Antipas Tordecilla Hernández y David González Fabra.

Folios 1 a 20.
En adelante smlmv.
Folios 77 a 87.
Folios 142 a 147 y el Cd visible a folio 148.
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
«La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.» Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 912 a 922.
Visible a folios 64 a 65.
Desde el 1º de enero de 1994 hasta junio de 2001.
Folios 926 a 928.
Folios 957 a 960.
Folio 961.
Folio 961.
De acuerdo con su preámbulo.
Según lo dispuesto en el artículo 151.
Ley 100 de 1993. […]ARTICULO. 289. -Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2º de la Ley 4ª de 1966, el artículo 5º de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen.
Bien cuando se trate de pensiones nacionales o territoriales.
… La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al sistema general de seguridad social en salud según las normas del presente régimen, será máximo del 12% del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo.
Folios 19 a 22.
Folios 27 a 28.
Folios 46 a 48.
Folios 59 a 60.
HYPERLINK "http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios" http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios [recuperado]
HYPERLINK "https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico" https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico [recuperado]
Fuente DANE [recuperado]: HYPERLINK "https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico" https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico

Folios 59 a 60.
Folios 59 a 60.
Folios 19 a 22.
Folios 39 a 41.
Folios 53 a 55.
Folios 64 a 65.
HYPERLINK "http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios" http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios [recuperado]
HYPERLINK "https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico" https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/...y...ipc/ipc-historico [recuperado]
Folios 64 a 65.
Folios 64 a 65.
Folios 15 a 18.
Folios 30 a 32.
Folios 42 a 45.
Folios 810 a 814.
Folios 878 a 884.
Folios 886 a 907.
Visible a folios 908 a 909.
Folio 57.
Visible a folio 910.
Folio 57.
ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno.
Folios 23 a 26 18.
Folios 36 a 38.
Folios 49 a 52.
Folios 810 a 814.
Folios 834 a 841.
Folios 842 a 853.
Folios 886 a 907.
Visible a folio 972.
Folios 886 a 907.
Folios 62 y 873.
ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 36 de 2015. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno.

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