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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03989-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03989-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 19 de agosto de 2022. SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la señora Leonor Gil Serrano. TERCERO.- En consecuencia, se dispone dejar sin efectos la providencia del 25 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la autoridad judicial accionada profiera una nueva decisión en la que acorde a las consideraciones expuestas en esta providencia y, aplicando debidamente el artículo 316 del CGP, decida sobre la procedencia del desistimiento del recurso de apelación formulado por la accionante el 19 de enero de 2022, así como aquellas otras que resulten procedentes bajo el proceso radicado con el número 76111-33-33-001-2020-00091-01. 21 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01 Demandante: Leonor Gil Serrano Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) CUARTO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO. - ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03989-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO – Configuración / errada interpretación de las normas
aplicables al asunto bajo estudio.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
señora Leonor Gil Serano en contra de la sentencia proferida el 19 de agosto de
2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:

<<PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, por lo expuesto en
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó Leonor
Gil Serrano contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia>> (negrilla propia del texto).

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 21 de julio de 2022, la señora Leonor Gil Serrano, a través de apoderado
judicial, presentó demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Considera que tales
prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la
sentencia de 25 de mayo de 20221, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

1 Decisión que fue notificada el 31 de mayo de 2022.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del derecho2 que promovió en contra de la Nación - Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y el Departamento del
Valle del Cauca.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<<• Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación Nº
76111333300120200009100, todas las actuaciones que se han surtido con posterioridad al día
19 de enero de 2022, fecha en que el Accionante radicó ante la Accionada, el memorial de
desistimiento del recurso de apelación; procediendo especialmente a Revocar y dejar sin
efectos la Sentencia No. 61 del 25 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.

• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga No. 028 del 15 de marzo de 2021.

• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan los trámites
de ejecutoría y archivo.

•(SIC) Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se estricta aplicación al Código de
Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta situación>>3

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- La señora Leonor Gil Serrano se vinculó a la docencia oficial con anterioridad al
27 de junio de 2.003 y, tras cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio
exigidos para pensionarse, el FOMAG reconoció a su favor pensión de jubilación
mediante la Resolución No. 4085 del 21 de diciembre de 2009.

5.- Relató que, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, por intermedio de
la Fiduprevisora S.A., le está descontando el equivalente al 12% de cada mesada
pensional, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, con el objetivo
de satisfacer los aportes al sistema de seguridad social en salud.

6.- Aseveró que, en el acto administrativo que concedió la pensión, se determinó que
la accionante tiene derecho a que se le reajuste dicha prestación social acorde con
lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, sin embargo, la mesada pensional que le fue
reconocida ha venido siendo incrementada anualmente con base en lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en el mismo porcentaje correspondiente al
Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE anualmente.

7.- Por lo anterior, el 9 de febrero de 2018, la señora Gil Serrano presentó petición
ante el FOMAG y la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca,
con el propósito de solicitar que: (i) respecto de los descuentos que se le aplican a
sus mesadas pensionales a título de aportes al sistema general de seguridad social
en salud, se diera aplicación a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley

2 Identificado con número de radicado: 76111-33-33-001-2020-00091-00/01
3 Expediente digital, folios 10 y 11 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

91 de 1989, según el cual, el monto que debe aportarse es el 5% del valor de cada
mesada y no el 12% que se le ha venido descontando, y (ii) en lo referente a los
ajustes anuales que se deben aplicar a la mesada pensional, pidió dar aplicación al
artículo 1 de la Ley 71 de 1988, norma que establece que, la pensión se debe
actualizar con base a la misma proporción en que el Gobierno Nacional incrementa
el salario mínimo mensual legal vigente cada año y no acorde al IPC anual.

8.- Mediante oficio No. 080-025-329563 del 15 de febrero de 2018, la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, dio traslado de la petición a la
Fiduprevisora, alegando que no tenía injerencia alguna en los pagos y descuentos
que se le aplican a la demandante.

9.- El FOMAG guardó silencio ante la petición radicada por la demandante, por lo
que, en virtud de la configuración del silencio administrativo negativo, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
a fin de que se declarara nulo el acto ficto derivado de la falta de pronunciamiento
del fondo de pensiones en relación con la petición presentada el 9 de febrero de
2018 y, en consecuencia, se ordenara al FOMAG a devolver los descuentos
superiores en las mesadas ordinarias y adicionales así como a reliquidar la pensión
acorde al aumento al salario mínimo y no al IPC.

10.- El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara – Valle del
Cauca, mediante sentencia del 15 de marzo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad del acto ficto en lo referente a los
descuentos a seguridad social en salud respecto de las mesadas adicionales de junio
y diciembre, y consecuentemente, a título de restablecimiento del derecho, condenó
a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a reintegrar y pagar a favor de la
señora Gil Serrano los valores descontados por concepto de cotizaciones en salud
en las mesadas adicionales de junio y diciembre, desde el 9 de febrero de 2015,
debiendo abstenerse de seguir realizando el referido descuento.

11.- Sobre el reajuste pensional, mencionó que, acorde con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, debía atenderse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de
1994, esto es, que las pensiones superiores al salario mínimo mensual vigente
tendrán que ser reajustadas anualmente conforme el índice de precios al consumidor
del año anterior, por lo que no eran procedentes sus pretensiones.

12.- Inconforme con la anterior decisión judicial, la señora Gil Serrano presentó
recurso de apelación el 23 de marzo de 2021, en el que alegó que, el juez de primera
instancia erró al considerar que mediante el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, se
efectuó una revocatoria tácita del inciso 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, y que
consecuentemente, todos los docentes están obligados a cotizar al sistema general
de seguridad social en salud conforme a los porcentaje fijados en la Ley 100 de 1993.
A su vez, sobre la actualización anual de su mesada pensional, pidió aplicar el
artículo 1 de la ley 71 de 1988, según el cual, se tendrá en cuenta el ajuste que hace
el Gobierno Nacional al salario mensual legal vigente.

13.- Por auto del 18 de enero de 2022 el Tribunal admitió el recurso de apelación.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

No obstante, el 19 de enero siguiente, la accionante presentó escrito de desistimiento
de dicho recurso, alegando que:

<<Lo anterior por cuanto los recientes pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca adoptara una postura sobre el objeto
del litigio, y de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada con el pago
de costas procesales y agencias en derecho.

Amablemente solicito al Honorable despacho judicial que en pro del principio de economía
procesal conceda el desistimiento aquí solicitado y la de no condenar en costas ni agencias a mi
representada>>4.

14.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 25 de mayo de
2022, no aceptó el desistimiento del recurso de apelación presentado por la
accionante, revocó la decisión del juez de primera instancia en lo referente a la
devolución de los aportes en salud y negó dicha pretensión. Al lado de esto, confirmó
la negativa al reajuste de la pensión acorde con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.

15.10.1.- En relación con el desistimiento del recurso de apelación, empezó por
indicar las razones aducidas por la demandante en el memorial suscrito el 19 de
enero de 2022, y al respecto, expuso que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo
316 del Código General del Proceso, aplicable en procesos contencioso
administrativos por remisión expresa consagrada en el artículo 306 de la Ley 1437
de 2011, debía tenerse en cuenta que el desistimiento del recurso dejaba en firme la
decisión materia del mismo y respecto de quien lo hace, e igualmente, citó lo
dispuesto en el numeral 4 de la referida norma en los siguientes términos:

<<La figura del desistimiento de los recursos no está prevista expresamente en la Ley 1437 de
2011, pero sí en el Código General del Proceso, estatuto procesal al que debe remitirse en virtud
de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. En ese sentido, el artículo 316 del Código General
del Proceso establece:

“Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y
los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto
de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el
secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han
remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a
perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:
(...)

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma
condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De
la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de
oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el

4 Expediente digital, folios 38 y 39 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo

SAMAI a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-03989-00.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas”>>5. (Negrilla propia del
texto)

16.- Acto seguido, resaltó que, según la norma transcrita, se permitía a la parte
demandante desistir del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, por lo que dicha providencia estaría llamada a quedar en firme.
Luego, indicó que, acorde con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 42 del CGP,
se establecía que era deber de los jueces prevenir los actos contrarios a la dignidad
de la justicia, la buena fe y toda tentativa de fraude procesal.

17.- Así, expuso que, el Consejo de Estado en sentencia SUJ-024-CE-S2-2021 del
3 de junio de 2020, unificó el tema de litigio y determinó que sí eran procedentes los
descuentos pensionales por concepto de aportes al sistema de seguridad social en
salud en el 12% señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, de las mesadas
adicionales de junio y diciembre de los docentes, en los siguientes términos:

<<Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar que son
procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% señalado en el
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo modifiquen, de las mesadas
adicionales de junio y diciembre de los docentes. Lo anterior por cuanto el artículo 8 de la
Ley 91 de 1989 les impuso el deber de contribuir con el aporte del 5% al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, incluso con la deducción de las mesadas adicionales. Más
adelante, la Ley 812 de 2003, en el artículo 81, incrementó el porcentaje al 12%, al hacer remisión
a las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, particularmente a los porcentajes de los
aportes señalados en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, los cuales se deducen de todas las
mesadas pensionales, incluso de las adicionales.

Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables>> 6.

18.- Por ende, advirtiendo que el Consejo de Estado, mediante precedente
obligatorio determinó que procedían los descuentos en salud de todas las mesadas
pensionales de los docentes, mediante unificación con efectos retrospectivos,
imponía el deber al Tribunal de aplicar dicho criterio jurisprudencial a asuntos que se
encontraran en trámite, tal como ocurría en el caso particular de la señora Leonor
Gil.

19.- Así, teniendo en cuenta que el a quo había fallado a su favor ordenando la
devolución de los descuentos por aportes al sistema de salud efectuados en la
mesadas pensionales adicionales de la demandante desde el 9 de febrero de 2015,
y el desistimiento del recurso de apelación dejaría en firme dicha decisión, la que en

5 Expediente digital, folio 42 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-03989-00.
6 Expediente digital, folio 43 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-03989-00.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

criterio del tribunal contradice la nueva postura jurisprudencial del Consejo de
Estadio, citando los deberes de los jueces y su obligación de prever una decisión
lesiva al patrimonio público, no aceptó el desistimiento del recurso y ordenó seguir
con el trámite correspondiente.

20.- Con respecto al fondo del asunto, aseveró que en el caso particular era aplicable
el descuento del 12% sobre las mesadas ordinarias en aplicación de lo previsto en
las Leyes 100 de 1993, 797 y 812 de 2003 y 150 de 2008, junto con sus respectivos
decretos reglamentarios, y acorde con el criterio jurisprudencial más reciente
adoptado por el Consejo de Estado, previamente enunciado7.

21.- Sobre esto último indicó que, previamente, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca había asumido una postura jurisprudencial en casos como el que se
analizaba, en la que se accedía “a la pretensión relacionada con la devolución total
del 12% descontado de las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin embargo,
tal como se dejó visto, el pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado constituye precedente vinculante en
los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 1011, para todos los casos en
discusión… resultando necesario variar la postura y asumir la que considera que son
procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% deducible
de todas mesadas pensionales de los docentes, incluso de las adicionales…”8

22.- Por último, indicó que acorde con lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 14 de junio de 2018 dentro del radicado No. 23001-23-33-000-2013-
00266-01, en vigencia de la Ley 100 de 1993, los pensionados no tienen derecho al
reajuste de la pensión con el salario mínimo.

23.- Como fundamento de las pretensiones, tal como lo señaló el juez de primera
instancia en el presente asunto, la accionante considera que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia toda vez que, incurrió en
un defecto procedimental.

24.- En concreto, la demandante precisó que “en uso y ejercicio de los lineamientos
establecidos en el Código contencioso administrativo enmarcados dentro de la Ley
1437 de 2011”,9 y en su condición de apelante única, desistió del recurso de
apelación que presentó contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero
Administrativo de Guadalajara de Buga, solicitando la terminación del proceso y la
declaratoria de ejecutoria de dicha decisión judicial. Sin embargo, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, negó el referido desistimiento y continuó con el
proceso hasta proferir sentencia de segunda instancia, ignorando que es “un acto
totalmente facultativo y voluntario de las partes del proceso”, ejecutando, en últimas,
“un claro acto de contrariedad de la voluntad de la demandante y… un hecho que es
violatorio a la normatividad”10.

7 Ídem.
8 Expediente digital, folio 48 de las pruebas allegadas con el escrito de tutela, disponibles en el aplicativo SAMAI

a índice 2 dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022-03989-00.
9 Expediente digital, folio 1 del escrito de tutela.
10 Expediente digital, folio 2 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

25.- Así, afirmó que, aun cuando el Tribunal demandado tenía pleno conocimiento
de la solicitud de desistimiento, pues esta fue mencionada y desestimada dentro de
la sentencia de segunda instancia, procedió a emitir pronunciamiento de fondo de
forma injustificada y “cuando no tenía competencia para tal acto, puesto que ésta le
fue despojada desde el mismo momento en que la Demandante en su condición de
única apelante le radicó por medio electrónico el respectivo memorial de
desistimiento del Recurso de Apelación”11.

26.- Seguidamente, afirmó que era evidente la vulneración a su derecho a la
igualdad, en razón a que, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, si bien no
tiene una posición unificada sobre el asunto, ha aceptado el desistimiento del recurso
de apelación en casos similares al que se analiza, y para el efecto, presentó copia
de los autos interlocutorios proferidos el 21 de octubre de y 22 de noviembre de 2021
dentro de los procesos con radicado No. 76109-33-33-003-2019-00054-01 y 76001-
33-33-006-2019-00062-01. Por lo anterior, esgrimió que, si se acepta que el Tribunal
demandado conceda en unos casos y en otros no el desistimiento del recurso, se
trasgrede la seguridad jurídica.

27.- A continuación, sostuvo que, el Tribunal accionado también vulneró su derecho
al debido proceso, puesto que, al momento de proferir sentencia de segunda
instancia, desconociendo su solicitud de desistimiento del recurso de apelación,
“desatendió y no dio trámite a los postulados del artículo 268 del… CPACA.
Sobreponiendo sus argumentos y consideraciones por encima de la voluntad y de
los derechos de la demandante, máxime cuando se trataba de apelante única;
situación que de manera clara enmarca una alteración al procedimiento y a la
ritualidad procesal; y subsecuentemente la flagrante violación del derecho
fundamental al debido proceso, y así mismo… el principio legal de la no Reformatio
in Pejus, y dado que se trata de una acción contenciosa de carácter laboral, se omitió
la aplicación de la normatividad más favorable”12.

28.- Con todo, hizo énfasis en que, el desistimiento del recurso de apelación es un
acto libre y voluntario de los sujetos procesales que se presenta “en la medida en
que ello convenga [a] los intereses de la parte” y en este caso que, la misma parte
que propuso el recurso desistió de él, por lo que, no debió existir impedimento alguno
para que se acepte el mismo, pues es una potestad que legalmente no está sometida
al criterio del juez o magistrado que debe decidirla. En ese sentido estima que para
su aceptación no es necesario “detenerse a meditar los motivos que promovieron tal
petición ni las consecuencias que la misma generará”13. Así, manifestó que acorde
con lo dispuesto en los artículos 81 y 306 del CPACA, en concordancia con el artículo
316 del CGP, es una facultad de las partes desistir de los recursos interpuestos salvo
que se haya proferido sentencia de segunda instancia que lo resolviera, y en el
presente caso, la respectiva petición se presentó mucho antes de que el Tribunal
accionado profiriera el fallo del 25 de mayo de 2022, por lo que era posible inferir que
dicha autoridad judicial incurrió “en desaciertos procedimentales, en incorrecta

11 Ídem.
12 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.
13 Expediente digital, folio 7 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

aplicación de la Ley y en desconocimiento de hechos relevantes del proceso;
procediendo”14.

29.- Finalmente, explicó que las actuaciones a realizar por parte de la autoridad
judicial que conoce del desistimiento del recurso de apelación, se circunscriben a
verificar que las condiciones estén dadas para la presentación y admisión de dicha
solicitud “en cuanto a momentos procesales se refiere”, sin que le sea dable elaborar
“una serie de consideraciones sobre las consecuencias que se generan con el
desistimiento del recurso y la firmeza de la Sentencia de primera instancia, dado que
esto significaría una extralimitación de sus funciones como Juez contencioso, quien
se debe regir y solo actuar conforme lo dispone la Justicia rogada o a petición de
parte, la cual en el presente proceso no existe ya que la parte demandada guardó
silencio y aceptó la sentencia de primera instancia; y quien al no presentar su
objeción contra el fallo judicial está aceptando su conformidad con la decisión allí
tomada, y por lo tanto, no le asiste derecho de oponerse al desistimiento del recurso
de apelación”15.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

30.- Mediante auto del 25 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial
accionada, así como vincular al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora
S.A. y al Departamento del Valle del Cauca — Secretaría de Educación
Departamental, como terceros interesados en el proceso.

31.- Adicionalmente, ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
remitiera en calidad de préstamo, el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con número de radicado 76001-33-33-001-
2010-00091-01.

(i) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca16

32.- La magistrada ponente de la decisión objeto de demanda, empezó por indicar
que, por reparto, el 10 de septiembre de 2021 se asignó a su despacho el
conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la
sentencia de primera instancia del 15 de marzo de 2022 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Guadalajara de Buga. Seguidamente, mencionó que,
dicho recurso fue admitido mediante auto del 18 de enero de 2022, pero la
accionante presentó desistimiento del mismo el 19 de enero siguiente. De esta forma,
el 25 de mayo de 2022, profirió sentencia de segunda instancia en la cual se resolvió
negar el desistimiento y modificar el fallo de primera instancia en el sentido de
denegar la pretensión de devolución de aportes, conforme a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado (SUJ-024-CES-2-2021 del 3 de junio de 2021 y

14 Ídem.
15 Expediente digital, folio 8 del escrito de tutela.
16 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

en atención a la protección del patrimonio público sobre el principio de la non
reformatio in pejus.

33.- Acorde con lo anterior, manifestó que, la Sala de Decisión no aceptó la solicitud,
dado que el juez de primera instancia accedió a la devolución de aportes desde el 9
de febrero de 2015 y ordenó no realizar descuentos en las mesadas adicionales de
junio y diciembre, por lo que, aceptar el desistimiento implicaría que el FOMAG deba
devolver los aportes con su respectiva indexación y, hasta tanto subsista el derecho
pensional, abstenerse de efectuar aportes a salud sobre las mesadas de junio y
diciembre, lo que contraría la sentencia de unificación referida y genera un perjuicio
injustificado al patrimonio público y la estabilidad fiscal del fondo de pensiones
demandado.

34.- Además, expuso que, el apoderado de la demandante ha presentado múltiples
demandas contra el FOMAG con las mismas pretensiones, “y por ende conoce la
postura de esta Sala de Decisión, que antes de la sentencia de unificación accedía
a la devolución de aportes y ordenaba cesar todo descuento efectuado sobre las
mesadas adicionales”, pero al variar ésta, acorde al nuevo criterio jurisprudencial
adoptado por el Consejo de Estado, “se ha empeñado en presentar numerosos
recursos e incidentes de nulidad contra la decisión de no aceptar el desistimiento del
recurso de apelación en cada uno de los procesos a su cargo, lo cual, como se indicó
son muchos, generando congestión judicial, desgaste del aparato judicial e
impidiendo el impulso de otros asuntos que se encuentran a despacho”. A su vez,
relató que incluso en un mismo asunto presentó hasta dos veces incidentes de
nulidad por los mismos hechos y pretensiones.

35.- De acuerdo con lo anterior, solicitó tener en cuenta el proceder del apoderado
judicial de la accionante, quien además, ha interpuesto “un sin número (sic) de tutelas
por los mismos hechos y pretensiones”17.

(ii) Nación – Ministerio de Educación18

36.- El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera ministerial solicitó la
desvinculación de la entidad en el presente trámite considerando que, no es la
competente para cumplir con las pretensiones de la demanda, en adición a que, de
los hechos alegados por la demandante no se advierte que el Ministerio haya tenido
injerencia alguna en la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

(iii) Secretaría Departamental de Educación del Valle del Cauca19

37.- La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Departamental de
Educación, arguyó su falta de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia,

17 Al respecto, el Tribunal demandado citó los siguientes procesos de tutela: (i) Radicado: 11001-03-15-000-

2022-04008-00, Accionante: Lorenza Banguera de Torres, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto; (ii) Radicado:
11001-03-15-000-2022-04031-00, Accionante: Carlos Alberto Luis Situ Delle Donne, M.P.: Carmelo Perdomo
Cuéter; Radicado: 11001-03-15-000-2022-04035-00, Accionante: María Cruz Mosquera Viáfara, M.P.: Nicolás
Yepes Corrales.
18 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
19 Expediente digital, intervención contenida en 4 folios.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

pidió declarar improcedente el amparo deprecado en su contra puesto que, los
hechos y pretensiones expuestos por la señora Gil Serrano, se advierte que “no se
encuentran dentro de la órbita de competencia” de la entidad, pues la acción de tutela
se formuló contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, siendo esta autoridad judicial a la que le corresponde pronunciarse sobre los
hechos de la demanda constitucional.

(iv) Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga20

38.- A través de correo electrónico del 4 de agosto de 2022, el despacho judicial
remitió en calidad de préstamo el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. radicado 76001-33-33-001-2010-00091-01 y, en relación
con la acción de tutela, pidió ser desvinculada del asunto, al considerar que el
juzgado no incurrió en vulneración de derecho fundamental alguno y reiteró las
actuaciones surtidas y los fundamentos de derechos de la decisión adoptada en
primera instancia.

(v) Otras intervenciones

39.- La Fiduciaria La Previsora S.A., guardó silencio.

C. Sentencia de primera instancia

40.- Mediante providencia de 19 de agosto de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga, el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento del
Valle del Cauca, al encontrar acreditado que todas las entidades accionadas tienen
interés en la decisión adoptada en el presente asunto, puesto que: la primera es la
autoridad judicial que resolvió en primera instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuyo trámite de segunda instancia se cuestiona, y las
demás, fueron accionadas en el proceso contencioso administrativo.

41.- Acto seguido, declaró improcedente la acción de tutela incoada por la señora
Leonor Gil Serrano por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, puesto
que, con fundamento en lo dispuesto jurisprudencialmente por la Sección Quinta21 y
la Sala Catorce Especial de Decisión22 del Consejo de Estado, existe otro
mecanismo de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la
accionante, como lo es el recurso extraordinario de revisión para controvertir lo
decidido en la sentencia de segunda instancia accionada respecto del
desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus.

20 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
21 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de

octubre de 2020, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04038-00 (AC), C.P. Alberto Enrique López
Fajardo.
22 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

42.- A su vez, frente a los reparos que propuso la actora relacionados con la solicitud
de desistimiento, la Sala advirtió que, una vez consultado el proceso ordinario objeto
de debate, se podía constatar que la accionante había iniciado incidente de nulidad
contra la sentencia de segunda instancia, discutiendo precisamente la legalidad de
la decisión adoptada al respecto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
y dicha actuación aún estaba en trámite.

43.- Finalmente, descartó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues del análisis del
material probatorio no era posible inferir que la demandante se encontrara en una
situación de debilidad manifiesta que implicara adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

D. La impugnación

44.- En desacuerdo con lo anterior, la accionante interpuso impugnación; para el
efecto, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, insistiendo en que
todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho posteriores a la interposición del escrito de desistimiento del recurso de
apelación, están viciadas de nulidad, incluyendo el incidente de nulidad presentado
con ocasión a la errada decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, toda vez que, “son actuaciones que se surtieron dentro de una etapa
procesal ilegal por cuanto el proceso debió ser terminado anticipadamente conforme
lo solicitó la demandante al momento de desistir de la Apelación (sic)”.

45.- Sumado a lo anterior, alegó que, el no haberse aceptado el desistimiento y
continuarse con el proceso ordinario hasta emitir fallo de segunda instancia,
constituye un acto que configura una flagrante violación al debido proceso por parte
de la instancia judicial accionada, “quien procedió a emitir una serie de
consideraciones que no le corresponden, dado a (sic) que es un proceso de justicia
rogada, y dichas inconformidades debieron ser manifestadas por el Ente demando
(sic) quien ni siquiera se opuso a la sentencia de primer instancia ya que guardó
silencio y no apeló”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

46.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199123.

47.- En consecuencia, corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente el amparo solicitado por la señora Leonor Gil Serrano.

23 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

F. De la acción de tutela contra providencias judiciales

48.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales24.

49.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior25.

50.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes26:

a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.

d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

f). Que no se trate de sentencias de tutela.

15.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional27.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.

11001-03-15-000-2009-01328-01.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
27 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

51.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

52.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional28 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad29; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales30; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales31.

53.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales32: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

54.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia

28 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este

sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
29 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
30 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de

una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
31 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da

lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
32 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”33.

G. Análisis del caso concreto

55.- En esta oportunidad, la Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se
alegan, acreditan los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás
criterios con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en los defectos o yerros invocados por la accionante y si se justifica
la adopción de medidas de protección frente a los mismos.

H. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

56.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la mínima suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado con claridad los
motivos de la violación que se le atribuyen a los pronunciamientos judiciales objeto
de reproche, esta Sala considera que la cuestión que se debate en la presente
oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la seguridad social de la accionante, toda vez que se discute una presunta
actuación arbitraria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ha adquirido
firmeza, la que desconoció la voluntad de la parte actora de no surtirse la segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando
oportunamente presentó el desistimiento al respectivo recurso de apelación. Por lo
demás, su trascendencia también reside en la necesidad de salvaguardar los
principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica
dentro del sistema de administración de justicia.

57.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente a
esta particular exigencia, esta Sala considera que, dentro del proceso contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho se agotaron todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa que la parte actora tenía a su

33 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

disposición para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que
considera transgredidos, actuaciones que comprendieron la promoción e impulso de
un trámite de nulidad.

58.- La Sección Primera del Consejo de Estado consideró, en forma contraria a lo
que estima la Sala en esta oportunidad, que ante la vulneración al principio de la non
reformatio in pejus era procedente el recurso extraordinario de revisión acorde con
la jurisprudencia de la Sección Quinta y la Sala Catorce Especial de Decisión de esta
Corporación. No obstante esta circunstancia, encuentra la Sala que la mención antes
indicada no revela la certeza requerida para considerar la real disponibilidad,
efectividad e idoneidad de un recurso extraordinario de revisión, de cara a la
hipótesis fáctica que se discute por parte del censor, esto es, haberse actuado sin
competencia al dictar sentencia contra la voluntad de quien desistió del recurso de
apelación, hipótesis distinta a aquella en la cual el juez de la segunda instancia
procede a dictar sentencia agravando la condición del único apelante.

59.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue
promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del
hecho que presuntamente originó la vulneración, pues fue formulado con un
promedio menor a 6 meses de diferencia luego de haberse surtido la notificación de
la sentencia del 25 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por medio del cual se negó el desistimiento del recurso de apelación. Esto
último, en vista de que la acción de tutela se radicó mediante correo electrónico del
21 de julio de 2022 y la sentencia objeto de demanda se notificó el 31 de mayo de
2022.

60.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. En relación con el supuesto de irregularidad procesal, se
advierte que este requisito no es exigible en el presente asunto, pues el defecto
advertido se dirige únicamente a desvirtuar la juridicidad de la providencia de
segunda instancia proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

61.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y
que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese
posible. Para el caso concreto, se advierte que la accionante identificó en su
respectivo escrito de demanda las razones puntuales y concretas por las que estima
vulneradas garantías de orden superior, relacionando con claridad los hechos que
generaron la violación planteada por vía de tutela y los derechos que resultaron
transgredidos, así como la incidencia de los defectos adjetivos en la decisión judicial
que reprocha.

62.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último, debe
puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de una
solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

I. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el caso
concreto

63.- Al acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, le corresponde a la Sala estudiar la
causal específica de procedibilidad que fue alegada por la parte actora, como a
continuación se sigue.

64.- Para comenzar, la Sala estima pertinente precisar que, aunque la actora
manifestó que en el presente asunto se configuró un defecto procedimental absoluto,
puesto que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció que la solicitud
de desistimiento del recurso de apelación se interpuso antes de proferirse sentencia
de segunda instancia y aquella constituye un acto libre y voluntario de la parte que
la propone que, por demás, en el presente caso fue apelante único, en realidad la
instancia judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, pues para adoptar la
decisión de negar el desistimiento formulado por la señora Gil Serrano, adujo que en
virtud de los deberes del juez y para precaver una decisión lesiva al patrimonio
público, la sala de decisión estaba autorizada para negar el desistimiento y continuar
con el trámite correspondiente, argumentando para ello que la decisión adoptada en
primera instancia era contraria a la sentencia de unificación de 3 de junio de 2020
proferida por el Consejo de Estado (SUJ-024-CE-S2-2021). Razonamiento que,
desde la perspectiva de las garantías y derechos procesales desconoce que el
artículo 316 del Código General del Proceso, aplicable de conformidad con la
remisión establecida en el artículo 306 del CPACA, no consagra como causal de
rechazo del desistimiento la convicción directa y personal de la autoridad judicial que
conoce del proceso, pues para tales efectos existen otros remedios procesales.

65.- En ese sentido, la Sala considera que la tesis adoptada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca es contraria a las normas que regulan la materia,
pues al fundamentar la negativa al desistimiento en el presunto desconocimiento del
precedente judicial establecido en la precitada sentencia de unificación, creó una
instancia adicional de consulta, o en el menor de los casos, estatuyó una exigencia
de rechazo no prevista por el legislador, trasgrediendo los límites de la autonomía
judicial y cargas adicionales a la parte demandante, quien obró en el trámite del
proceso ordinario como apelante único. Por consiguiente, la Sala centrará su análisis
en la configuración del defecto material o sustantivo.

66.- En este punto, debe traerse a colación que el defecto material o sustantivo se
halla caracterizado, principalmente, como la evidencia directa y conceptualmente
inteligible, de una falencia o yerro que tiene origen en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables al caso sometido al conocimiento
del juez. Para que esa falencia o yerro conduzca a la activación efectiva del
mecanismo de amparo constitucional, debe mostrarse como una irregularidad que

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

se presenta sin mayores lucubraciones como obstáculo para la efectividad de
prerrogativa, garantías o derechos iusfundamental34.

67. A partir de las anteriores premisas, la Corte Constitucional ha identificado que se
está en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial emplea una
norma inaplicable al caso concreto, o deja de aplicar la norma adecuada o interpreta
las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad jurídica.

68.- Por otro lado, se ha explicado en esa misma jurisprudencia que en sentido
estricto, la configuración de este defecto puede predicarse en las siguientes
circunstancias: (i) cuando el fundamento de la decisión judicial es una norma que no
es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es
inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador; (ii) cuando no se hace una interpretación razonable de la norma; (iii)
cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga
omnes; (iv) cuando la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución;
(v) cuando el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para fines no
previstos en la disposición; (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; y,
finalmente, (vii) cuando se afectan derechos fundamentales, debido a que el
operador judicial sustenta o justifica de manera insuficiente su actuación.

69.- Valoradas las circunstancias fácticas en que fue presentado el recurso de
apelación, la posterior solicitud de desistimiento por la parte actora y la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contenida en el fallo de
segunda instancia del 25 de mayo de 2022, conducen a considerar que dicha
instancia judicial incurrió en defecto sustantivo al provocar una interpretación
indebida del artículo 316 del CGP, la que independientemente de los fines beneficios
que pretendía, soslayó las garantías del proceso y terminó por arrogarse
competencias propias de otras instancias judiciales.

70.- Tal como se mencionó previamente, el desistimiento del recurso de apelación
se encuentra regulado en el artículo 316 del CGP, aplicable al proceso contencioso
administrativo, acorde a la remisión expresa establecida en el artículo 306 del
CPACA. En la referida norma, se indica que las partes tienen la facultad de desistir
de los recursos interpuestos, de los incidentes, de las excepciones y de los demás
actos procesales que hayan promovido, teniendo como consecuencia principal que
la providencia sobre el cual versaba el recurso, quedará en firme. Además, el artículo
regula en qué casos el juez puede abstenerse de condenar en costas y perjuicios al
que desiste, sin establecer causales específicas de rechazo de dicho tipo de
peticiones. En concreto, la norma establece lo siguiente:

<<ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes
podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los
demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas
practicadas.

34Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de
quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el
secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han
remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a
perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes
casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes
medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma
condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios.
De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso
de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición,
el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas>>.

71.- Con el marco legal antes referido, la Sala encuentra que, el 23 de marzo de
2021, la demandante presentó recurso de apelación contra la decisión adoptada por
el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de Buga con fecha del 15 de
marzo de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG – Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, al estar en desacuerdo con la
decisión de no acceder a la actualización anual de su mesada pensional acorde con
el aumento del salario mínimo que hace el Gobierno y no aplicar el IPC, junto con la
no aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989 en
lo referente al porcentaje de descuento que debe hacerse a los docentes que
ingresaron a laborar antes del 27 de junio de 2003.

72- El respectivo recurso de apelación fue admitido mediante auto del 18 de enero
de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia que
fue notificada en la misma fecha35. Luego, al día siguiente, la parte actora, en calidad
de apelante única, allegó al referido despacho escrito de desistimiento del mismo, al
considerar que “los recientes pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle adoptara una postura sobre el objeto
del litigio y, de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada
con el pago de costas procesales y agencias en derecho”.

73.- Posteriormente, el Tribunal accionado, sin ni siquiera resolver sobre el
desistimiento formulado, procedió mediante sentencia de segunda instancia - 25 de
mayo de 2022-, a negar el desistimiento del recurso de apelación manifestando que
la misma se soportaba en los deberes de los jueces consagrados en el numeral 3

35Notificación surtida a la parte actora, tal como consta en oficio No. 35189 proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con fecha del 18 de enero de 2022, disponible en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del artículo 42 del mismo CGP, referentes a prevenir actos contrarios a la dignidad
de la justicia, la buena fe y toda tentativa de fraude procesal, sin que sobre estos
aspectos mediara consideración alguna, distinta al indicar que bajo la nueva
sentencia de unificación del Consejo de Estado, sí procedían los descuentos con
destino a salud en el porcentaje del 12% señalado en el artículo 204 de la Ley 100
de 1993 en relación con las mesadas pensionales adicionales de los docentes. Al
respecto, aseveró:

<<La apoderada judicial de la parte demandante presentó desistimiento del recurso de apelación.
Indicó “Lo anterior por cuanto los recientes pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle adoptara una postura sobre el objeto del litigio,
y de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada con el pago de costas
procesales y agencias en derecho.”

Al respecto la Sala considera:

La figura del desistimiento de los recursos no está prevista expresamente en la Ley 1437 de
2011, pero sí en el Código General del Proceso, estatuto procesal al que debe remitirse en virtud
de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. En ese sentido, el artículo 316 del Código General
del Proceso establece:

“Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y
los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.
El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien
lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del
juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al
superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.
El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a
perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.
No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:
(…)
4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma
condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De
la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de
oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el
juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas”.

De lo expuesto, se concluye que la norma transcrita permite que la parte demandante desista del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, pero deja en firme la
providencia recurrida.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 42 del mismo estatuto establece que es deber del juez
prevenir los actos contrarios a la dignidad de la justicia, buena fe y toda tentativa de fraude
procesal.

Se menciona lo anterior porque el Consejo de Estado en sentencia SUJ-024-CES2-2021 del 03
de junio de 2020, decidió unificar el tema de litigio que hoy ocupa al Despacho y resolvió:

“Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar que son
procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% señalado en el artículo
204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo modifiquen, de las mesadas adicionales
de junio y diciembre de los docentes. Lo anterior por cuanto el artículo 8 de la Ley 91 de 1989
les impuso el deber de contribuir con el aporte del 5% al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, incluso con la deducción de las mesadas adicionales. Más adelante, la
Ley 812 de 2003, en el artículo 81, incrementó el porcentaje al 12%, al hacer remisión a las
disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, particularmente a los porcentajes de los aportes

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

señalados en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, los cuales se deducen de todas las mesadas
pensionales, incluso de las adicionales.

Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente vinculante en los
términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.” (Subrayado y
negrilla del Despacho)

Como se observa, el máximo órgano de la jurisdicción declaró, mediante precedente
obligatorio, que proceden los descuentos en salud de todas las mesadas pensionales de
los docentes, y advirtió que dicha decisión tiene efectos retrospectivos, esto es, que debe
aplicarse tanto a los asuntos que se encuentran en trámite en la vía administrativa como
judicial.

En el caso de autos el juzgado ordenó la devolución de aportes de las mesadas
adicionales a partir del 09 de febrero de 2015, por lo tanto, el desistimiento del recurso de
apelación dejaría en firme esa decisión, que es contraria a la unificación.

Conforme lo anterior, en virtud de los deberes del juez y para precaver una decisión lesiva
al patrimonio público, el despacho no aceptará el desistimiento del recurso de apelación
y ordenará seguir con el trámite correspondiente.

Por lo anterior, no se aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda>>36. (Se
resalta)

74.- Para la Sala, las consideraciones del Tribunal implicaron que bajo un supuesto
de aparente irregularidad y so pretexto de proteger el patrimonio estatal, como si se
tratara de un medio de control judicial diferente al que conocía, se optó por cometer
otro que el juez de constitucionalidad no puede ignorar. Al respecto, es importante
reiterar que, por remisión expresa del CPACA, la norma que regula lo pertinente al
desistimiento del recurso de apelación es el artículo 316 del CGP, en el cual se
establecen dos premisas únicas, a saber: (i) que el desistimiento de los recursos de
apelación es de libre disposición de la parte que lo formula, es decir, no tiene tipo de
condicionamiento adicional, más allá de voluntad del interesado pues hace
referencia la disposición de los derechos de quien tiene capacidad de hacerlo y, (ii)
que la consecuencia natural del desistimiento del recurso de apelación, es que queda
en firme la providencia sobre la cual versaba este.

75.- En el caso sub examine, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
considerar que los fines justifican los medios, se apartó del principio de legalidad
estatuyendo una condición no prevista en la ley para sujetar la solicitud de
desistimiento a la no afectación del patrimonio estatal en virtud de la sentencia
proferida por el juez de primera instancia.

36 Expediente digital, folios 40 a 43 de las pruebas allegadas como anexo al escrito de tutela, disponibles en el

aplicativo SAMAI a índice 2, dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2022.03989-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

76.- Para esta Sala, la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la ciudadana Gil
Serrano, al hacer exigible para que se aceptara la solicitud de desistimiento de un
recurso de apelación, que la sentencia de primera instancia sobre la cual versaba la
respectiva impugnación no fuera contraria a un precedente jurisprudencial,
determinación que, como se observa, se funda en un supuesto inadmisible.

77.- En consecuencia, para hacer efectiva la orden de protección y, a su turno,
preservar el principio de legalidad, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Leonor Gil
Serrano, precisando que este amparo deviene de la configuración del defecto
sustantivo advertido -por la manera y en los términos en que el Tribunal accionado
negó el impedimento- y no porque se haya vulnerado el principio de la non reformatio
in pejus.

78.- En ese sentido, se revocará la decisión adoptada por la Sección Primera del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, y en consecuencia,
se dejará sin efectos la providencia judicial del 25 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva proferir una
nueva decisión en la que, acorde a las consideraciones expuestas en esta
providencia y, aplicando debidamente el artículo 316 del CGP, vuelva a decidir sobre
la procedencia del desistimiento del recurso de apelación formulado por la
accionante el 19 de enero de 2022, debiendo adoptar las decisiones que resulten
indispensables dentro del proceso radicado con el número 76111-33-33-001-2020-
00091-01.

79.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de
Estado en sentencia del 19 de agosto de 2022.

SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia invocados por la señora Leonor Gil Serrano.

TERCERO.- En consecuencia, se dispone dejar sin efectos la providencia del 25 de
mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que,
en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, la autoridad judicial accionada profiera una nueva decisión en la que
acorde a las consideraciones expuestas en esta providencia y, aplicando
debidamente el artículo 316 del CGP, decida sobre la procedencia del desistimiento
del recurso de apelación formulado por la accionante el 19 de enero de 2022, así
como aquellas otras que resulten procedentes bajo el proceso radicado con el
número 76111-33-33-001-2020-00091-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03989-01
Demandante: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

CUARTO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO. - ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE37
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

37VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo web SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
22

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