Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03989-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03989-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03989-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
acceso a la administración de justicia
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Leonor Gil Serrano contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de mayo de 2022, dentro del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333001202000091-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado1, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de mayo de 2022, dentro del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333001202000091-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – Fomag, entidad ante la cual presentó petición con el fin de
solicitar que “[…] su mesada pensional sea regulada con base al numeral 5 del
artículo 8º de la Ley 91 de 1.989, que determina que los pensionados deben
aportar el 5% de cada mesada pensional y de cada mesada adicional; Y con lo
dispuesto en el artículo 01 de 1.988 (sic), que determina que las pensiones de los
sectores públicos se deben reajustar en el mismo porcentaje en que el Gobierno
nacional incrementa anualmente el salario mínimo […]”, sin que el Fomag se
pronunciara al respecto.
4. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que i) se
declarara la nulidad del acto ficto derivado de la falta de pronunciamiento del
Fomag respecto de la petición de 9 de febrero de 2018 y, en consecuencia, ii) se
ordenara la devolución de los descuentos superiores al 5% en las mesadas
1
Documento denominado “ED_PODERES_21_7_20221(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma
digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
ordinarias y adicionales, actualizados con el IPC, y iii) se ordenara la reliquidación
de las mesadas pensionales con el aumento del salario mínimo y no del IPC.
5. Señaló que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga – Valle del Cauca, mediante sentencia de 15 de marzo de 2021,
resolvió:
“[…] PRIMERO- DECLARAR la nulidad del Acto Ficto o Presunto, configurado el 09
de mayo de 2018, que da respuesta, frente a la petición radicada el 09 de febrero
de 2018, elevada por (el)(la) accionante, en lo que se refiere a los descuentos a
Seguridad Social en Salud respecto de las mesadas adicionales de junio y
diciembre, acorde con lo expuesto en parte motiva.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO a que reintegre y pague los valores descontados por
concepto de cotizaciones en salud, a las mesadas adicionales de junio y diciembre
de la pensión de (el)(la)señor(a) LEONOR GIL SERRANO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. […] desde 09 de febrero de 2015. Además se advierte a
la entidad que en lo sucesivo se abstenga de realizar los descuentos a salud por las
mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión.
TERCERO- Las anteriores sumas deberán ser reajustadas tomando como base, el
índice de precios al consumidor, de conformidad con lo señalado en el inciso final
del artículo 187 del C.P.A.C.A, hasta el momento de la ejecutoria de la presente
providencia, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO.- Sin lugar a condenar en costas […]”.
6. Sostuvo que, contra la decisión mencionada supra interpuso recurso de
apelación el 23 de marzo de 2021; sin embargo, mediante escrito de 19 de enero
de 2022 presentó desistimiento del recurso de apelación, al considerar que “[…]
los recientes pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle adoptara una postura sobre el objeto del
litigio, y de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada
con el pago de costas procesales y agencias en derecho […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
Sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 761113333001202000091-01
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 25 de
mayo de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: NO ACEPTAR el desistimiento del recurso de apelación
presentado por la apoderada de la parte actora, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia N° 0028 del 15 de marzo de 2021, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, para DENEGAR la pretensión de
devolución de aportes a salud y CONFIRMAR la negativa al reajuste de la pensión
con la ley 71 de 1988.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia […]”.
6.1. Frente al desistimiento, consideró lo siguiente:
“[…] La figura del desistimiento de los recursos no está prevista expresamente en
la Ley 1437 de 2011, pero sí en el Código General del Proceso, estatuto procesal
al que debe remitirse en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA. En
ese sentido, el artículo 316 del Código General del Proceso.
De lo expuesto, se concluye que la norma transcrita permite que la parte
demandante desista del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, pero deja en firme la providencia recurrida.
Ahora bien, el numeral 3 del artículo 42 del mismo estatuto establece que es deber
del juez prevenir los actos contrarios a la dignidad de la justicia, buena fe y toda
tentativa de fraude procesal.
Se menciona lo anterior porque el Consejo de Estado en sentencia SUJ-024-CES2-
2021 del 03 de junio de 2020, decidió unificar el tema de litigio que hoy ocupa al
Despacho y resolvió:
“Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
que son procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12%
señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo
modifiquen, de las mesadas adicionales de junio y diciembre de los docentes […]”.
[…]
“[…] Como se observa, el máximo órgano de la jurisdicción declaró, mediante
precedente obligatorio, que proceden los descuentos en salud de todas las
mesadas pensionales de los docentes, y advirtió que dicha decisión tiene efectos
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
retrospectivos, esto es, que debe aplicarse tanto a los asuntos que se encuentran
en trámite en la vía administrativa como judicial.
En el caso de autos el juzgado ordenó la devolución de aportes de las mesadas
adicionales a partir del 09 de febrero de 2015, por lo tanto, el desistimiento del
recurso de apelación dejaría en firme esa decisión, que es contraria a la
unificación.
Conforme lo anterior, en virtud de los deberes del juez y para precaver una
decisión lesiva al patrimonio público, el despacho no aceptará el desistimiento del
recurso de apelación y ordenará seguir con el trámite correspondiente.
Por lo anterior, no se aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda
[…]”.
6.2. Como fundamento de su decisión expresó que:
“[…] El juzgado declaró la nulidad del acto ficto demandado respecto de la petición
de devolución de aportes para salud descontados de las mesadas adicionales de
junio y diciembre.
En este punto resulta relevante advertir que la Sala había asumido postura en
casos como el que aquí se debate, accediendo a la pretensión relacionada con la
devolución total del 12% descontado de las mesadas adicionales de junio y
diciembre, sin embargo, tal como se dejó visto, el pronunciamiento de unificación
dictado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado constituye
precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para
todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, resultando
necesario variar la postura y asumir la que considera que son procedentes los
descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% deducible de todas las
mesadas pensionales de los docentes, incluso de las adicionales, en estricto
acatamiento de la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado, circunstancia
que impone revocar la sentencia proferida por la primera instancia.
En este punto, tal y como se mencionó en el marco jurisprudencial, de que el
principio de la non reformatio in pejus no es absoluto o ilimitado, por tanto, esta
situación no releva a la Sala de emitir un pronunciamiento al respecto, en la medida
que el debate puesto a consideración de la jurisdicción contencioso administrativa y
particular al recurso de alzada siempre giró alrededor de la legalidad de la
aplicación correcta de las normas y en especial, de la jurisprudencia que regulan lo
concerniente sobre este asunto, lo que implica que es deber de este Tribunal
acompasar la resolución del caso al principio de legalidad y protección del
patrimonio público, como intereses jurídicamente Superiores, que armonizados
permiten una decisión dentro del marco legalmente objetivo.
Finalmente, con base en las premisas jurisprudenciales precitadas, se colige que
en vigencia de la Ley 100 de 1993 los pensionados no tienen derecho al reajuste
de la pensión con el salario mínimo […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 5.1. Se Tutelen los derechos fundamentales invocados por el accionante y
consecuentemente se disponga:
• Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación Nº
76111333300120200009100, todas las actuaciones que se han surtido con
posterioridad al día 19 de enero de 2022, fecha en que el Accionante radicó ante la
Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación; procediendo
especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 61 del 25 de mayo de
2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Buga No. 028 del 15
de marzo de 2021.
• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan
los tramites (sic) de ejecutoría (sic) y archivo.
5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se estricta (sic) aplicación
al Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta situación
[…]”.
8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que, a su juicio, la autoridad
judicial demandada incurrió en un defecto procedimental, por las siguientes
razones:
“[…] Por cuanto la accionante en uso y ejercicio de los lineamientos establecidos
en el Código contencioso administrativo enmarcados dentro de la Ley 1437 de
2011, y en su condición de único apelante dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral que cursaba en segunda instancia
en la corporación Judicial accionada; presentó desistimiento del Recurso de
Apelación, solicitando la terminación del proceso y la declaratoria de ejecutoría de
la providencia de primera instancia.
No obstante lo anterior y ante la obligación legal que tiene el Juez de segunda
instancia de aceptar el desistimiento del Recurso de Apelación por cuanto
esto es un acto totalmente facultativo y voluntario de las partes del proceso;
en el presente caso el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, representado por los precitados Honorables Magistrados, en un claro
acto de contrariedad a la voluntad de la demandante y en un hecho que es
violatorio a la normatividad reglante, determinó no aceptar el respectivo
desistimiento, y continuó con el proceso hasta proferir sentencia de segunda
instancia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
Es de tener en cuenta que la corporación Judicial accionada tenía pleno
conocimiento de la solicitud de desistimiento presentada por la demandante, toda
vez que la misma es mencionada y desestimada dentro de la Sentencia de
segunda instancia.
Se evidencia de esta manera que el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA procedió a emitir sentencia judicial
de segunda instancia cuando no tenía competencia para tal acto, puesto que
ésta le fue despojada desde el mismo momento en que la Demandante en su
condición de única apelante le radicó por medio electrónico el respectivo memorial
de desistimiento del Recurso de Apelación […]”.
[…]
“[…] el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
al momento de proferir sentencia de segunda instancia, desatendió y no dio tramite
(sic) a los postulados del Artículo 268 del Código de procedimiento Administrativo –
CPACA. Sobreponiendo sus argumentos y consideraciones por encima de la
voluntad y de los derechos de la demandante, máxime cuando se trataba de
apelante única; situación que de manera clara enmarca una alteración al
procedimiento y a la ritualidad procesal; y subsecuentemente la flagrante violación
del derecho fundamental al debido proceso, y así mismo la violación de principios
legales y constitucionales como lo es la aplicación del precedente Jurisprudencial
de alta Corte y el principio legal de la no Reformatio in Pejus […]”.
[…]
“[…] Conforme se dispone en los artículo (sic) 81 y 306 del CPACA, en
concordancia con el artículo 316 del CGP; las partes podrán desistir de los
recursos interpuestos salvo que se haya proferido sentencia de segunda instancia
que lo resolviera.
En el presente caso cuando se evidencia que la decisión de desistir del Recurso de
Apelación fue presentada ante la Honorable Magistrada ponente, mucho antes de
que se hubiera proferido sentencia de segunda instancia, siendo dicha solicitud un
requerimiento encausado en el momento procesal oportuno […]”.
[…]
“[…] Conforme a lo anterior, se advierte que era obligación del Tribunal
Contencioso en cabeza de la Honorable Magistrada ponente, el aceptar el
desistimiento presentado y dar una terminación anormal del proceso, ya que el
operador de justicia está sometido al imperio de la Ley y los procedimientos a lo
que señalen las respectivas normas, y en este caso, la norma lo que indica es que
se debe aceptar el desistimiento del recurso de apelación presentado y dejar en
firme las providencias que le anteceden a la presentación del mismo […]”.
(Resaltado por la Sala)
9. Igualmente, indicó que “[…] al momento de resolver casos exactamente
iguales al de mi representada, se advierte que dentro de las salas que integran el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, existen diversas
posturas frente sí se debe aceptar el desistimiento del Recurso de Apelación;
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Actora: Leonor Gil Serrano
procediéndose por parte del precitado Tribunal a aceptar el desistimiento para
algunos y negar para otros que se encontraban en la misma situación fáctica
[…]”. Para tal efecto, la actora hizo referencia al auto de 21 de octubre de 2021,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 761093333003201900054-01.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2022, i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; y iii) vinculó, en calidad de terceros con
interés legítimo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga – Valle del Cauca, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A. 2 y al
Departamento del Valle del Cauca — Secretaría de Educación Departamental,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] El 25 de mayo de 2022 se profirió sentencia de segunda instancia en la cual
se resolvió negar el desistimiento y modificar el fallo de primera instancia en el
sentido de denegar la pretensión de devolución de aportes, conforme a la
sentencia de unificación del Consejo de Estado a SUJ-024-CES2-2021 del 03 de
junio de 2021 y en atención a la protección del patrimonio público sobre el principio
de non reformatio in pejus.
El 01 de junio de 2022 la parte actora presentó incidente de nulidad. El expediente
paso de Secretaría a Despacho para resolver el 01 de agosto de 2022.
En primer lugar, es importante resaltar que la Sala de Decisión no acepto (sic) la
solicitud, dado que el juez de primera instancia accedió a la devolución de aportes
desde el 09 de febrero de 2015 y ordenó no realizar descuentos en las mesadas
adicionales de junio y diciembre, por tanto, aceptar el desistimiento implicaría que
la entidad deba devolver los aportes con su respectiva indexación y adicionalmente
2
Como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Actora: Leonor Gil Serrano
y hasta tanto subsista el derecho pensional abstenerse de efectuar aportes a salud
sobre las mesadas extraordinarias, lo que va en contra de la sentencia de
unificación y en perjuicio del patrimonio publico (sic) y la estabilidad fiscal del
Fomag.
De otra parte, se tiene que el abogado OSCAR GERARDO TORRES TRUJILLO ha
presentado múltiples demandas contra el Fomag con las mismas pretensiones y
por ende conoce la postura de esta Sala de Decisión, que antes de la sentencia de
unificación accedía a la devolución de aportes y ordenaba cesar todo descuento
efectuado sobre las mesadas adicionales, pero esta postura varió en atención a la
sentencia SUJ-024-CES2-2021 del 03 de junio de 2021.
Y pese a lo anterior, se ha empeñado en presentar numerosos recursos e
incidentes de nulidad contra la decisión de no aceptar el desistimiento del recurso
de apelación en cada uno de los procesos a su cargo, lo cual, como se indicó son
muchos, generando congestión judicial, desgaste del aparato judicial e impidiendo
el impulso de otros asuntos que se encuentran a despacho.
Incluso en un mismo asunto ha presentado hasta dos veces incidentes de nulidad
por los mismos hechos y pretensiones, donde el despacho resolvió abstenerse de
tramitar la solicitud por improcedente.
En tal virtud, manifiesto que los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron
en cuenta para adoptar la decisión se encuentran contenidos en la providencia
objeto de examen […]”.
12. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga – Valle del Cauca solicitó su desvinculación al considerar que “[…] este
Juzgado no ha incurrido en la vulneración de derecho fundamental alguno […]”.
12.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] con fundamento en el recuento procesal efectuado, y como (sic) podrá ser
apreciado por su Despacho, este Juzgado no ha incurrido en la vulneración de
derecho fundamental alguno, situación que torna pertinente la desvinculación de la
presente Acción.
De esta forma rindo a su Despacho, el correspondiente informe acerca de la forma
en que se tramitó el proceso ordinario instaurado por el aquí Accionante […]”.
13. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, al
considerar que “[…] lo pretendido por el accionante, en la garantía de los derechos
fundamentales reclamados y demás derechos que encuentre su despacho
amenazados o vulnerados, no han sido transgredidos por esta entidad […] En
consecuencia, y con lo hasta ahora señalado no es el Ministerio de Educación
Nacional el llamado a responder la pretensión del accionante, con ocasión a
resolver el asunto objeto de la acción tutelar […]”.
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Actora: Leonor Gil Serrano
14. La Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca adujo
su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, al considerar que:
“[…] De los hechos y pretensiones esgrimidos por el accionante, se tiene que estos
no se encuentran dentro de la órbita de competencia de la Secretaria (sic) de
Educación Departamental del Valle del Cauca, por lo tanto desde ya es necesario
mencionar que esta entidad se encuentra sin legitimación en la causa para
pronunciarse frente a los hechos y pretenciones (sic) de la tutela.
La acción de tutela versa sobre la inconformidad del accionante frente a la decisión
tomada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA por cuanto el tribunal decide emitir sentencia de segunda instancia en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado 2020 – 00091
aun cuando la señora Gil Serrano en su calidad de apelante única, desiste del
recurso de alzada interpuesto.
Por lo anterior, a todas luces se evidencia que esta entidad carece de competencia
frente a los hechos y peticiones de la acción de tutela, a quien le corresponde
pronunciarse es al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA […]”.
15. La Fiduciaria La Previsora S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
5
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Leonor Gil Serrano
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[8]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
21. La Sala advierte que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca solicitaron su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
22. Al respecto, es preciso indicar que las autoridades mencionadas supra
fueron vinculadas al proceso de tutela de la referencia como terceros con interés,
por i) ser la autoridad judicial que resolvió en primera instancia el proceso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
número único de radicación 761113333001202000091-01; y ii) ser las autoridades
demandadas dentro del proceso de la referencia.
23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, al Ministerio
de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle
del Cauca les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, el Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento del Valle
del Cauca.
Problemas jurídicos
25. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente
si se cumplió con el requisito general de la subsidiariedad.
26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, vi) análisis del caso
concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
14
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
28. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto
33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de la subsidiariedad.
Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela
34. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 14,
indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario
para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo
que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
12
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
16
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
35. Asimismo, esta Sección15 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201316, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite17; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios18; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”19”.20
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
36. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista
otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado21:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional
para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala
insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
16
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
18
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
21
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
17
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad
administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin
embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente
cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
37. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
38. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
39. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
41. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
42. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
22
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
23
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
43. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
44. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
45. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
24
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
20
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
46. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
47. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
47.1. Copia digital del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
761113333001202000091-01.
Solución del caso concreto
48. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto procedimental absoluto, por las siguientes razones:
“[…] Por cuanto la accionante en uso y ejercicio de los lineamientos establecidos
en el Código contencioso administrativo enmarcados dentro de la Ley 1437 de
2011, y en su condición de único apelante dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral que cursaba en segunda instancia
en la corporación Judicial accionada; presentó desistimiento del Recurso de
Apelación, solicitando la terminación del proceso y la declaratoria de ejecutoría
(sic) de la providencia de primera instancia.
No obstante lo anterior y ante la obligación legal que tiene el Juez de segunda
instancia de aceptar el desistimiento del Recurso de Apelación por cuanto
esto es un acto totalmente facultativo y voluntario de las partes del proceso;
en el presente caso el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, representado por los precitados Honorables Magistrados, en un claro
acto de contrariedad a la voluntad de la demandante y en un hecho que es
violatorio a la normatividad reglante, determinó no aceptar el respectivo
21
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
desistimiento, y continuó con el proceso hasta proferir sentencia de segunda
instancia.
Es de tener en cuenta que la corporación Judicial accionada tenía pleno
conocimiento de la solicitud de desistimiento presentada por la demandante, toda
vez que la misma es mencionada y desestimada dentro de la Sentencia de
segunda instancia.
Se evidencia de esta manera que el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA procedió a emitir sentencia judicial
de segunda instancia cuando no tenía competencia para tal acto, puesto que
ésta le fue despojada desde el mismo momento en que la Demandante en su
condición de única apelante le radicó por medio electrónico el respectivo memorial
de desistimiento del Recurso de Apelación […]”.
[…]
“[…] el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
al momento de proferir sentencia de segunda instancia, desatendió y no dio tramite
(sic) a los postulados del Artículo 268 del Código de procedimiento Administrativo –
CPACA. Sobreponiendo sus argumentos y consideraciones por encima de la
voluntad y de los derechos de la demandante, máxime cuando se trataba de
apelante única; situación que de manera clara enmarca una alteración al
procedimiento y a la ritualidad procesal; y subsecuentemente la flagrante violación
del derecho fundamental al debido proceso, y así mismo la violación de principios
legales y constitucionales como lo es la aplicación del precedente Jurisprudencial
de alta Corte y el principio legal de la no Reformatio in Pejus […]”.
[…]
“[…] Conforme se dispone en los artículo (sic) 81 y 306 del CPACA, en
concordancia con el artículo 316 del CGP; las partes podrán desistir de los
recursos interpuestos salvo que se haya proferido sentencia de segunda instancia
que lo resolviera.
En el presente caso cuando se evidencia que la decisión de desistir del Recurso de
Apelación fue presentada ante la Honorable Magistrada ponente, mucho antes de
que se hubiera proferido sentencia de segunda instancia, siendo dicha solicitud un
requerimiento encausado en el momento procesal oportuno […]”.
[…]
“[…] Conforme a lo anterior, se advierte que era obligación del Tribunal
Contencioso en cabeza de la Honorable Magistrada ponente, el aceptar el
desistimiento presentado y dar una terminación anormal del proceso, ya que el
operador de justicia está sometido al imperio de la Ley y los procedimientos a lo
que señalen las respectivas normas, y en este caso, la norma lo que indica es que
se debe aceptar el desistimiento del recurso de apelación presentado y dejar en
firme las providencias que le anteceden a la presentación del mismo […]”.
(Resaltado por la Sala)
49. En lo que concierne a la vulneración del principio de la “non reformatio in
pejus” de la sentencia que alegó la actora, esta Sección considera que no se
cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que la actora
22
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia de 25 de
mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que es
el recurso extraordinario de revisión.
50. En efecto, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado25 y
la Sala Catorce Especial de Decisión26 de la misma Corporación ha defendido la
posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión por vulneración al
“principio de “non reformatio in pejus”. Al respecto, se han pronunciado, en
los siguientes términos:
“[...] Es de resaltar que esta Corporación27 ha defendido la posibilidad de que se
interponga el recurso extraordinario de revisión por vulneración al principio de “non
reformatio in pejus”. Al respecto, se ha pronunciado, en los siguientes términos:
“IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión
7. La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida
para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un
acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y
“ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente”28.
8. Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia
y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el
interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin
perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio
las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”29.
(…)
11. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia30:
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de
2020, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04038-00 (AC), C.P. Alberto Enrique López
Fajardo.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, exp. 6390, C.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, exp. 1164-08, C.P. Gustavo Gómez
Aranguren y de 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.
29
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres
Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.
REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
23
Núm. único de radicación: 110010315000202203989-00
Actora: Leonor Gil Serrano
11.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
11.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
11.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
11.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
11.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
11.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación del
debido proceso.” (Negrillas de la Sala)
En consecuencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha
aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella
que transgreda el principio de la “non reformatio in pejus”, tal como ocurre en el
presente caso. En época más reciente, la Sala Plena precisó que sólo podían
considerarse motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil31, vigente
para la época del pronunciamiento hoy consagradas en el artículo 133 del Código
General del Proceso.
Para la Sala, es importante precisar con especial énfasis que, cuando una tutela es
improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como acontece en el
caso particular, con ello no se afirma que al desatar dicho recurso prosperarán
las pretensiones de la parte recurrente, pues es importante resaltar que, un
asunto es la procedencia del mecanismo, y otra su prosperidad, de manera
que, más allá de si le asistía la razón o no a la parte accionante en la
existencia de la referida violación al principio de la “non reformatio in pejus”,
lo cierto es que su reparo se encuadra en la causal mencionada para la
procedencia (se insiste, diferente de la prosperidad) del recurso extraordinario de
revisión.
Así las cosas, ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo de defensa de los
intereses del accionante, no se estudiará este cargo, toda vez que el juez
constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión, pues ello
implicaría reemplazar al juez ordinario, a quien el legislador le confirió la potestad
de resolver los recursos extraordinarios de revisión [...]”.
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
31
Sobre la causal de nulidad originada antes del fallo pero que no pudo advertirse en el proceso se pueden
consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 20 de abril de 2004, Rad.
REV-00132. Sobre las causales de nulidad del proceso como motivos de nulidad originados en la sentencia:
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencias de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-00093.y del 18 de octubre de
2005, Rad. REV- 00239.
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Actora: Leonor Gil Serrano
51. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existía en el caso sub examine otro mecanismo de
control judicial para garantizar la protección de los derechos de la actora, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia respecto del
desconocimiento del principio de la “non reformatio in pejus”, antes de acudir
a la acción de tutela32. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la
tutela frente a este cargo como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
52. Ahora bien, frente a los reparos que propuso la actora relacionados con la
solicitud de desistimiento, la Sala advierte que, una vez consultado el proceso
ordinario objeto de debate, ante el Tribunal demandado se encuentra en trámite un
incidente de nulidad.
53. En efecto, como fundamento del incidente de nulidad mencionado supra, la
actora señaló que “[...] me permito impetrar INCIDENTE DE NULIDAD, por cuanto
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, procedió dentro del
presente proceso a proferir Sentencia de Segunda instancia cuando ya no poseía
competencia para disponer tal actuación, toda vez que la misma le fue tácitamente
despojada al momento en que la parte Actora en su calidad de único apelante
dentro del proceso, manifestó su decisión de desistir del Recurso de Apelación
[...]”.
54. En ese orden de ideas, la Sala considera que, la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en
la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, la información que sobre el respectivo medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra registrada en la página de consulta de
32
Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.
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Actora: Leonor Gil Serrano
procesos de la Rama Judicial y el recuento procesal que se realizó al inicio de esta
providencia, se observa que el medio de control de la referencia se encuentra
en trámite.
55. En ese orden de ideas, el incidente de nulidad que propuso la actora no ha
sido definido por el juez natural de la causa, tal como se advierte a continuación:
56. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección33 no se cumple el
requisito general de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en
trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que
pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el
trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y
que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
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Actora: Leonor Gil Serrano
En este sentido, solo (sic) en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a
la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por
cuanto, el medio de control aún está en trámite. […]”.
57. Al respecto, esta Corporación34 ha indicado que:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201335, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite36; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios37; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”38”.39 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance
de las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
35
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
37
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la
sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
38
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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Actora: Leonor Gil Serrano
Análisis del perjuicio irremediable
58. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
59. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional40:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”41[…]”.
60. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
61. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
40
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
41
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Actora: Leonor Gil Serrano
8. Finalmente, frente al argumento según el cual “[…] al momento de resolver
casos exactamente iguales al de mi representada, se advierte que dentro de las
salas que integran el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
existen diversas posturas […]”, la Sala precisa que los criterios jurisprudenciales
emanados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca constituyen
antecedentes jurisprudenciales42, teniendo en cuenta que solo las sentencias
que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se
constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales
que deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores judiciales.
Conclusiones de la Sala
62. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo, por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, por lo expuesto
en esta providencia.
42 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016;
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno
Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
radicación número: 110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.
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Actora: Leonor Gil Serrano
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó
Leonor Gil Serrano contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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