Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-04079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-04079-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-04079-01 (2814-2025)
Demandante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
Corantioquia
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción.
Improcedencia de la estabilidad laboral reforzada emanada de la
condición de padre cabeza de familia.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 14 de agosto del 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones nro.
040-RES2003-1017 del 2 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento que el señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar
ostentaba en el cargo Asesor, código 0137, grado 20, adscrito a la Oficina de Control
Interno.
3. Como restablecimiento del derecho se pidió el reintegro al citado empleo o a otro
de mayor categoría y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir durante el tiempo cesante.
4. Así mismo se reclamó condenar en costas y agencias en derecho a la institución
accionada.
5. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:
6. El actor nació el 16 de abril de 1959. En el año 1995 contrajo matrimonio con la
señora Carmen Elisa Escobar Agudelo, unión en la procrearon dos hijos, el primero
de ellos nació el 10 de marzo de 1996 y, la segunda, el 18 de marzo de 1999.
1 Ver archivo Archivo denominado «22012021 PARTE DEMANDANTE ALLEGA CONSTANCIA ENVIO
DEMANDA Y ANEXOS A LA PROCURADORA 1 FOLIO Y 1 ANEXO ADJUNTO - MARTHA G.», el cual puede
ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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7. En el año 2004 el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín decretó la cesación de
los efectos civiles del mencionado matrimonio y le otorgó al demandante la custodia
y cuidado de sus descendientes.
8. El accionante sostiene afectiva, social y económicamente a sus hijos pues,
aunque uno de ellos tiene la capacidad de suplir ocasionalmente sus propios gastos,
aun requiere de su apoyo económico, en tanto no ha podido acceder a un empleo
formal. Asimismo, su hija menor se encuentra adelantando los estudios
universitarios y, por tal razón, se encuentra impedida para trabajar.
9. Previa solicitud de la directora general de Corantioquia, el demandante, mediante
Memorando del 26 de diciembre de 2019 renunció a su empleo. Como frente a tal
dimisión la entidad accionada guardó silencio, él continuó prestando sus servicios.
10. En febrero del año siguiente nuevamente le fue requerida su renuncia, por lo
que a través de los Memorandos del 28 de febrero y 2 de marzo de 2020 puso en
conocimiento de la demandada su condición de prepensionado y padre cabeza de
hogar.
11. A pesar de ello, con el acto administrativo cuestionado se declaró insubsistente
su nombramiento, sin que el análisis efectuado frente a las condiciones de
protección en el empleo guardara relación con lo solicitado.
12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 13, 42, 43, 44 y 48 de la Constitución Política; 2.° de la Ley
82 de 1993 y la Ley 1232 de 2008. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo
que:
13. La decisión demandada infringió las normas en que debió fundarse, pues solo
invocó la naturaleza del cargo -libre nombramiento y remoción- y la facultad
discrecional con que cuenta el nominador para ordenar la respectiva remoción, sin
hacer ningún análisis de las condiciones de padre cabeza de familia y
prepensionado previamente informadas por el actor, ni adoptar en su favor las
medidas necesarias para garantizar su estabilidad laboral.
14. Esa determinación también incurrió en falsa motivación pues, aunque citó las
peticiones realizadas por el actor, relacionadas con sus condiciones especiales de
protección laboral, adujo que no existía ninguna ilegalidad en aceptar la renuncia al
cargo. Por tanto, es claro que la administración invocó una situación inexistente,
pues en tal oportunidad no se resolvió una dimisión, sino la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento.
15. El acto sometido a juicio desconoció el derecho al debido proceso, toda vez que
no propicio los espacios para verificar si efectivamente el actor se encontraba en
alguna de las condiciones de protección laboral por él alegadas. Antes por contrario,
esa decisión se emitió de manera apresurada, al punto que en ella se referenció
una situación de renuncia al cargo que nunca tuvo lugar.
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16. Contestación de la demanda2. Oportunamente la accionada se opuso a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos.
17. Destacó que el cargo ocupado por el demandante era de libre nombramiento y
remoción, por lo que su desvinculación laboral estaba sujeta a la facultad
discrecional que sobre el particular tiene el nominador.
18. El accionante se limitó a afirmar que ostentaba la condición de prepensionado
sin aportar las pruebas pertinentes.
19. Arguyó que de acuerdo con las reglas consignadas en la sentencia SU-003 de
2018, los empleados de esta naturaleza no gozan de las garantías que emanan de
la estabilidad laboral reforzada. Afirmó que, de aceptarse tal calidad, el actor
tampoco tendría derecho al reintegro, en razón a que tal providencia estableció que
cuando el único requisito que falta para acceder al derecho pensional es la edad,
no se puede pregonar la protección laboral de prepensionado.
20. Alegó que la condición de padre cabeza de familia como elemento de protección
laboral se aplica exclusivamente frente a los servidores de carrera administrativa
y/o designados en tales cargos bajo la modalidad de nombramiento provisional, por
lo que dentro de esa categoría no tienen cabida los empleos de libre nombramiento
y remoción.
21. Sostuvo que, en todo caso, el reclamante no aportó las evidencias que reflejen
el cumplimiento de los requisitos que jurisprudencialmente han sido concebidos
para materializar la posición de padre cabeza de familia y que se relacionan con «(i)
que la mujer tenga a su cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de
otras personas “incapacitadas” para trabajar; (ii) que la responsabilidad exclusiva
de la mujer en la jefatura del hogar sea de carácter permanente; (iii) que exista una
autentica sustracción de los deberes legales de manutención por parte de la pareja
o del padre de los menores de edad a cargo; y (iv) que exista una deficiencia
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia.»
22. Con todo, la tesis según la cual el señor Echeverri Escobar no cumplía con los
requisitos para ser considerado padre cabeza de hogar y prepensionado, se
refuerza por el hecho de que no acudió a los instrumentos legales previstos para
hacer valer esas condiciones -acción de tutela y/o solicitud de medida cautelar-.
23. El accionante señaló que en el acto demandado se invocó una situación que no
fue definida en él, pues se concluyó que no era ilegal aceptar la renuncia al cargo,
cuando lo efectivamente resuelto correspondió a una declaratoria de insubsistencia;
situación que, en su sentir, concretó el vicio de falsa motivación.
24. Sin embargo, se concluye que la decisión cuestionada no está afectada por tal
irregularidad, pues en ella se señaló que a través del Memorando nro. 180-
2 Ver archivo «26042021 CONTESTACION DEMANDA CORANTIOQUIA 19 FOLIOS Y 12 ANEXOS
ADJUNTOS - MARTHA G.», ejusdem.
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MEM2003-2377 del 2 de marzo de 2020, el secretario general de la corporación
emitió concepto sobre la ilegalidad del retiro del servicio. Aunque en tal documento
se depositó la afirmación que ahora reprocha el accionante, también contuvo la
consideración según la cual también era viable declarar insubsistente el
nombramiento del demandante en caso de que este no renunciara a su cargo.
25. Por ende, aunque este último razonamiento no se consignó en la determinación
demandada, no quiere decir que tal condición no haya sido previamente examinada
por la administración.
26. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 14 de agosto de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la
«[n]aturaleza del nombramiento y del cargo desempeñado por el demandante», la
«[d]eclaratoria de Insubsistencia de los Nombramientos de Libre nombramiento y
remoción» y la «[e]estabilidad laboral reforzada», concluyó que:
27. El actor no demostró en sede administrativa y judicial las condiciones de
especial protección laboral invocadas en la demanda.
28. En lo que toca a la calidad de prepensionado, solo acreditó que para el momento
en que fue desvinculado del servicio le faltaba poco más de un año para cumplir los
62 años de edad requeridos por el sistema pensional. Sin embargo, respecto del
requisito de las semanas cotizadas, elemento esencial para determinar esa
condición -según las reglas de la sentencia SU-003 de 2018-, el reclamante no
aportó las pruebas que evidenciaran las que le faltaban para adquirir el derecho
prestacional.
29. Las declaraciones de los testigos presentados por la parte actora tampoco
demostraron esa situación, pues estos afirmaron que para la fecha del retiro del
servicio a aquel solo le faltaba cumplir la edad para empezar a disfrutar de su
pensión de jubilación.
30. Por otro lado, tampoco se probó el alegado carácter de padre cabeza de hogar,
pues con tales fines solo se incorporó el certificado de estudios universitarios de su
hija menor, pero este no se acompañó de otra prueba que demostrara la
dependencia económica frente a su progenitor.
31. Así las cosas, ante la ausencia de evidencias al respecto, la autoridad
demandada no podía presumir esa condición y, por ende, no se le podía reprochar
el desconocimiento de los deberes de protección laboral.
32. Le asiste razón a la entidad accionada cuando afirmó que como el demandante
no presentó acción de tutela ni solicitud de medida cautelar para defender sus
derechos, se reafirma la ausencia de pruebas de las calidades de prepensionado y
padre cabeza de hogar.
3 Ver documento denominado «020Sentencia_1_202004079002025JUL30», ib.
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33. Lo anterior se refuerza con las afirmaciones realizadas por dos de los testigos
llamados por el actor, según las cuales, luego de su desvinculación, ejecutó trabajos
particulares como contador público que le permitieron solventar su situación
económica.
34. Afirmó que, en todo caso, la naturaleza del cargo desempeñado por el
accionante le permitía al nominador disponer su retiro a través de un acto
administrativo inmotivado, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo
de Estado.
35. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:
36. La sentencia de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho,
pues, aunque reconoció que el carácter de padre cabeza de familia quedó
demostrado frente a la hija menor del actor, seguidamente le reprochó que dentro
del trámite administrativo no aportara los elementos de convicción suficientes para
que la demandada, antes de la emisión de la decisión cuestionada, analizara sus
argumentos.
37. Por tanto, con esa determinación no solo pasó por alto que ninguna norma
establece ese tipo de exigencias, sino que también desconoció las sentencias de
unificación 388 y 389 de 2005, en las que la Corte Constitucional concluyó que tal
naturaleza puede ser demostrada a través de cualquier medio de prueba.
38. Indicó que en sentencia T-084 de 2018, ese mismo tribunal afirmó que se debe
adelantar un procedimiento administrativo en el que se valoren las pruebas y
argumentos presentados y, con base en ellos, se precise si el interesado reúne los
requisitos para acceder a la protección laboral.
39. Que en el caso actual ese procedimiento no se adelantó, pues el mismo día en
que se dieron a conocer las cualidades especiales de amparo, la administración
profirió el acto demandado, sin desplegar las actuaciones necesarias para
determinar la veracidad de las calidades invocadas por el accionante.
40. Reiteró que la decisión sometida a juicio incurrió en falsa motivación y que sin
fundamento alguno el tribunal convalidó su legalidad con base en el Memorando
Interno 180-MEM-2003-2377 de 2020 del 2.° de marzo de 2020, documento
desconocido por el actor, que solo fue aportado con la contestación de la demanda
y que se refirió exclusivamente a la calidad de prepensionado.
41. Recordó que las razones de una decisión deben estar contenidas en el
respectivo acto administrativo y, además, destacó que la accionada extendió los
efectos de ese Memorando, elaborado bajo los parámetros de la sentencia SU-003
de 2018, al carácter de padre cabeza de hogar, como si ambas condiciones fueran
similares.
4 Ver documento «022_MemorialWeb_Recurso-CorreoDemandadaApe», ejusdem.
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42. Censuró que el a quo exigiera el agotamiento de una acción de tutela y/o de un
trámite de medida cautelar como medio para activar la anhelada protección laboral,
pues tales pedimentos no están contemplados en el ordenamiento vigente.
43. Sostuvo que la discrecionalidad en la desvinculación de los empleados de libre
nombramiento y remoción se relativiza ante los sujetos de especial protección y, por
tanto, se exige una motivación del acto que dispone el retiro del servicio.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
44. La admisión de los recursos. Mediante auto de 13 de febrero de 20265 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el
Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación6, quien solicitó
confirmar la sentencia impugnada.
45. Con tal fin, advirtió que el actor no cumplió con la carga de demostrar los hechos
alegados en relación con las condiciones de protección laboral invocadas en la
demanda.
46. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
47. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
48. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si ¿El acto administrativo demandado es nulo porque
desconoció la calidad de padre cabeza de hogar del señor Carlos Aurelio Echeverri
Escobar y, además, porque está falsamente motivado?
49. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
50. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.
51. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 10, ib.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la Ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.
52. A su turno, el artículo 130 ibidem. creó la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, como la entidad responsable de la administración y vigilancia de
los sistemas generales de carrera administrativa de los servidores públicos.
53. En complemento de la citada clasificación general se expidió la Ley 909 de
20049. A través de ella se fijaron los criterios que permiten determinar cuándo un
cargo público pertenece a la categoría de «libre nombramiento y remoción». En el
artículo 5.° ejusdem. se puede leer:
«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y
la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas
en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica
la adopción de políticas o directrices así:
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente;
Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno
Disciplinario o quien haga sus veces.». (El énfasis es de la Sala)
54. De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa10. Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos
en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse en los
siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las esferas
de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas
labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes
públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad discrecional del nominador,
9 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones»
10 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación: 50001-23-33-
000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación:
25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número
de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).
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pues el grado de confianza frente a él es el mérito principal que determina su
provisión y/o retiro»11.
55. En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.
56. Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se
ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene
sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley 909 de
2004, dispuso:
«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y
deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
57. Ahora, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de motivar
la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como
es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda
resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general12.
58. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional13 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites
para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:
i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.
25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18
de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-00193-
01(0417-19).
13 Sentencia T-372 de 2012.
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ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;
iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
59. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.
60. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.
61. La condición de «padre cabeza de familia». Requisitos para su
acreditación. El artículo 43 de la Constitución Política dispone:
«La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia». (Negrillas de
la Sala)
62. La norma en cita concibió la figura de «mujer cabeza de familia, extendida
también a los padres» como sujeto de especial apoyo y protección estatal. Por esa
razón, el Congreso de la República expidió la Ley 82 de 199314, disposición a través
de la cual no solo precisó el concepto en referencia, sino que además estableció las
condiciones para su protección. En lo que aquí interesa, el artículo 2° consagró:
«Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es
una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos,
económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la
estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las
mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y
producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan
instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera
o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva,
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente
o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar.
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma,
desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante
notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo».
14 Modificada por la Ley 1232 de 2008.
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63. Posteriormente, con la Ley 790 de 2002 se les reconoció una especial
protección a las «madres cabeza de familia», al prever:
«ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación
que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de
vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley».
64. La norma en referencia tiene aplicación frente a las instituciones pertenecientes
a la Rama Ejecutiva del poder público que lleven a cabo programas de renovación
y, por tanto, en el curso de esos procesos les está prohibido retirar del servicio a las
personas que acrediten las condiciones legales y jurisprudenciales para ser
catalogadas como «madres cabeza de familia». El dispositivo transcrito fue
reglamentado por el Decreto 190 de 2003, por el cual se definió la expresión «madre
cabeza de familia sin alternativa económica», en los siguientes términos:
«Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente
decreto, se entiende por:
[…] Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de
18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan
económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar
corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a
la cual se encuentra vinculada […]»
65. La expresión «las madres» fue declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-044 de 2004, de manera condicionada «[…] en el entendido
de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma
situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo
familiar al que pertenecen».
66. A nivel jurisprudencial, resultan de suma importancia los aportes efectuados por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-388 de 2005. En ella se establecieron los
presupuestos jurisprudenciales para que una mujer y/o un hombre sea considerado
cabeza de familia, así:
«La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza
de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto,
para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;
(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se
sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja
no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó,
como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad
solitaria de la madre para sostener el hogar».
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67. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá los
reparos expuestos en el recurso de apelación.
68. Caso concreto – interrogante único ¿El acto administrativo demandado es
nulo porque desconoció la calidad de padre cabeza de hogar del señor Carlos
Aurelio Echeverri Escobar y, además, porque está falsamente motivado?
69. Como se recordará, el abogado recurrente arguyó que en el expediente está
debidamente probado que, al momento de la desvinculación del servicio, su cliente
reunía las condiciones para ser declarado «padre cabeza de familia» y que, por
tanto, gozaba de una estabilidad laboral reforzada que restringía su retiro de la
entidad demandada.
70. Por su parte, el a quo concluyó que el demandante simplemente afirmó que
ostentaba ese carácter, pero no allegó las pruebas de todos y cada uno de los
presupuestos requeridos para ello, por lo que negó ese pedimento.
71. Pues bien, en aras de resolver el cuestionamiento arriba planteado, la Sala
referenciará las pruebas incorporadas a esta actuación, así:
72. Mediante Resolución nro. 040-RES1904-2072 de 22 de abril de 2019, el actor
fue nombrado en el cargo de libre nombramiento y remoción denominado asesor,
código 0137, grado 20, adscrito a la Oficina de Control Interno, empleo del que tomó
posesión en esa misma fecha.
73. El 26 de diciembre siguiente presentó renuncia protocolaria a dicho empleo.
74. Por Memorando 070-MEM2002-2298 del 28 de febrero de 2020, el accionante
solicitó a la demandada que, al momento de resolver la referida dimisión, tuviera en
cuenta que le faltaba un poco más de un año para pensionarse. Dicho escrito fue
complementado con el Memorando del 2 de marzo de ese año, en el que se indicó
que la protección laboral también se fundaba en su calidad de padre cabeza de
familia, en tanto sus dos hijos dependen totalmente de él.
75. A través de la Resolución nro. 040-RES2003-1017 del 2 de marzo de 2020, la
institución enjuiciada declaró insubsistente el nombramiento del demandante. Para
ello, indicó que por ser un cargo de libre nombramiento y remoción no se requería
ninguna motivación y, además, que, frente a los Memorandos suscritos por el
reclamante, el secretario general de la entidad emitió concepto en el que se señaló
que el aceptar la renuncia no configuraría ninguna ilegalidad.
76. El 28 de febrero de 2020, la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia
certificó que la hija del demandante -cuyo parentesco fue acreditado con el
respectivo registro civil- cursaba séptimo semestre de psicología.
77. Así mismo, se allegó la declaración juramentada ante notario rendida el 8 de
julio de 2020 por la hija del actor, en la que manifestó que dependía
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económicamente de su padre. Igualmente se adosó el certificado de afiliación en
salud, que informó que aquella se encuentra inscrita en calidad de beneficiaria.
78. Teniendo en cuenta lo anterior, debe indicarse que la Ley 790 de 2002
estableció los lineamientos para adelantar el programa de renovación de la
Administración Pública y, como consecuencia de la supresión de empleos, consagró
en su artículo 12 una medida excepcional de protección especial (retén social) en
favor de determinados grupos en situación de vulnerabilidad.
79. Entre ellos tales estamentos se encuentran las madres y padres cabeza de
familia sin alternativa económica, las personas con limitaciones y los servidores
próximos a pensionarse.
80. Dicho amparo fue concebido en el contexto de reestructuración administrativa y
supresión de cargos, con el propósito de mitigar el impacto de estas decisiones en
los sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, no se trata de una
garantía general ni extensiva a cualquier forma de desvinculación del servicio, sino
de una medida excepcional y restringida a los supuestos previstos por el legislador.
81. En este contexto, el demandante no puede invocar la protección derivada del
denominado “retén social”, pues la ruptura de la relación laboral no se fundó en los
anteriores escenarios, sino en la facultad discrecional que el nominador ejercía
sobre el empleo de libre nombramiento y remoción que él desempeñaba.
82. Por consiguiente, pretender que el carácter de padre cabeza de familia se active
frente a un cargo de esa naturaleza, es desconocer que la permanencia en el
empleo está íntimamente ligada al elemento de confianza que el empleador tiene
sobre él.
83. En otras palabras, aplicar frente a un cargo de libre nombramiento y remoción
la estabilidad laboral que emana de la condición de padre cabeza de familia,
perpetúa en esa labor al servidor, en contravía de la esencia y núcleo de ese tipo
de empleos, esto es, el grado supremo de confianza del nominador.
84. Sobre el particular, se recuerda que en sentencia SU-003 de 2018, la Corte
Constitucional concibió como regla de unificación que los servidores nombrados en
cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada,
dada la naturaleza y alcance de esos empleos. En los apartados pertinentes de esa
decisión se puede leer:
«[…] 42. La resolución del primer problema jurídico sustancial, a que se hizo
referencia en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa, unificar
la jurisprudencia constitucional en cuanto a si los servidores públicos que ocupan
cargos de libre nombramiento y remoción gozan de estabilidad laboral reforzada.
43. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, por regla general,
los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad
laboral reforzada. Para efectos de fundamentar esta primera regla de unificación
jurisprudencial se hace referencia a la normativa que regula esta categoría
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especial de servidores públicos, a su delimitación cuando ejercen función
administrativa y a las razones relevantes para su justificación.
[…]
53. Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza, justifican
no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso a la carrera
administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en la
aplicación de los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de
“prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación de esta
sentencia. En consecuencia, tal como allí se indicó, por regla general, los
empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que relaciona el
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral
reforzada como consecuencia, bien, de las funciones a su cargo o de la suma
confianza que exige su labor.» (El énfasis es de la Sala)
85. Ahora, el hecho de que en la citada providencia la Corte Constitucional también
examinó la calidad de prepensionado y fijó la regla que permite determinar esa
condición, no le resta fuerza a la conclusión inicial relacionada con que, en general,
los empleados de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral
reforzada. Los siguientes párrafos dan cuenta de esta situación:
«56. Este tipo de empleos, tal como se indicó supra, exigen el máximo grado de
confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto
a su nombramiento y remoción. Por tanto, extender la protección individual de la
garantía de estabilidad laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer,
de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, la cual se ha
considerado ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de
1994 y C-514 de 1994. En la primera, se señala como razón suficiente para su
existencia el que en su ejercicio se exija una confianza plena y total, y que se
atribuye su poder de nominación y remoción a servidores que ejercen una función
eminentemente política. En la segunda se indica que dicha confianza se refiere a la
“inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y
el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial, aquellas en cuya
virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata”.
Son, pues, estos dos criterios, de manera fundamental, los que ha considerado
relevantes la jurisprudencia constitucional para justificar la validez constitucional de
este tipo de empleos: uno de índole material, en razón a las funciones que
desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del alto grado de confianza
que exige su ejercicio.
57. Por tanto, en consideración a la identidad del cargo de la parte actora con
aquellos respecto de los cuales no se predica la garantía de estabilidad laboral
reforzada, concluye la Sala Plena que el tutelante no goza de esta y, por tanto, la
acción de tutela no está llamada a prosperar. Si bien, este análisis sería suficiente
para concluir el estudio de constitucionalidad, debe la Corte precisar que, en el caso
del tutelante, tampoco se acreditó la condición de “prepensionable”, situación que
le permite a la Sala pronunciarse acerca del segundo problema jurídico sustancial,
relativo al alcance de esta figura.»
86. Así las cosas, se reitera que en el ordenamiento jurídico no existe disposición
normativa y/o concepción jurisprudencial que habilite el fuero de estabilidad laboral
reforzada frente a los citados empleos y/o que los equipare a los beneficiarios del
retén social previsto en la Ley 790 de 2002, pues se trata de supuestos fácticos y
jurídicos claramente diferenciados.
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87. En este marco, no existe irregularidad alguna por el hecho de que la entidad
demandada no haya desplegado un procedimiento administrativo previo al retiro del
servicio, en el que brindara la posibilidad al demandante de aportar las evidencias
de sus condiciones especiales de protección y/o que oficiosamente ordenara la
práctica de las pruebas pertinentes pues, se insiste, en este tipo de empleos no es
procedente activar la estabilidad laboral reforzada.
88. Por otro lado, estima la Sala que el acto demandado no está falsamente
motivado, pues la aparente contradicción existente entre las motivaciones allí
plasmadas -relacionadas con la legalidad de aceptar la renuncia presentada- y la
decisión finalmente adoptada -consistente en la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento-, está debidamente sustentada.
89. En efecto, la decisión cuestionada referenció, en primer lugar, que, de acuerdo
con la ley, un empleado de libre nombramiento y remoción puede ser desvinculado
a través de un acto administrativo no motivado.
90. En segundo lugar, señaló la fecha de vinculación del demandante, la naturaleza
de su empleo, las circunstancias atinentes a la solicitud de sendas renuncias
protocolarias, la falta de trámite oportuno frente a la primera de ellas y las
reclamaciones de protección laboral elevadas por aquel ante la segunda petición de
dimisión.
91. En tercer lugar, al advertir que el actor no renunció a cargo, en la segunda
oportunidad en que fue requerido para ello, la nominadora decidió declarar
insubsistente su nombramiento.
92. Por tanto, las afirmaciones relativas al Memorando del secretario general de la
entidad no son falsas, en la medida que estás guardaban relación con las dimisiones
que fueron requeridas al accionante. En consecuencia, como en tal ocasión no era
procedente aceptar la única renuncia presentada, pues ya se habían superado los
30 días que, para tales fines, proclamaba la ley, la administración se inclinó por la
otra opción legal que tenía para finalizar el vínculo laboral, sin que sobre ella se
avizore el vicio de nulidad invocado en la demanda y en la alzada.
93. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados por el
recurrente no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.
94. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
95. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
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así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
96. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
97. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de agosto de 2025, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar en contra de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
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Radicado: 05001-23-33-000-2020-04079-01 (2814-2025)
Demandantes: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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