Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05316-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05316-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05316-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2016 05316 01 (3732-2021)
Demandante: María Elena Silva Fandiño
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Tema: Declaración de insubsistencia. Empleado libre nombramiento
y remoción.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de fecha 9 de octubre de 2020,
proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:
Primera: Que se anule la Resolución N° 461 de 18 de abril de 2016,1 por medio
de la cual el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi declaró
insubsistente el nombramiento que la demandante ostentaba en el cargo de Jefe
de Oficina, Código 0137, Grado 13 de la Oficina de Informática y
Telecomunicaciones de esa entidad.
Segunda: Que se ordene a la demandada reintegrar a la accionante al empleo
en cita y/o a otro de igual jerarquía y remuneración, sin solución de continuidad
para todos los efectos legales.
Tercera: Se condene a la accionada a reconocer y pagar los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por la demandante desde la
1 Folio 4 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2016 05316 01 (3732-2021)
Demandante: María Elena Silva Fandiño
desvinculación del servicio y hasta el día en que sea reincorporada al mismo, con
la consecuente cotización de los aportes a seguridad social.
Cuarta: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en
los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
Quinta: Que se condene en costas a la entidad demandada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
La actora ingresó a la demandada en el cargo de Jefe de Oficina, Código 0137,
Grado 13 de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones -empleo de libre
nombramiento y remoción-. El 1° de abril de 2016, la directora encargada de esa
institución le solicitó la renuncia a ese empleo.
Presentada la dimisión, a través del Memorando 2080 de 13 de abril de 2016, el
director general de la accionada le comunicó a la demandada que no le daría
trámite a ese pedimento, por cuanto debía reunir las condiciones previstas en la
Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.
Posteriormente, sin resolver de fondo aquella solicitud, mediante Resolución N°
461 de 18 de abril de 2016, fue declarado insubsistente su nombramiento. Al
hacerlo, el nominador omitió el deber legal de consignar en la hoja de vida de la
accionante, las razones de hecho y de derecho que determinaron esa decisión.
Durante el tiempo de vinculación laboral, la señora Silva Fandiño cumplió
ejemplarmente las funciones encomendadas y nunca recibió llamados de
atención, amonestaciones, objeciones, reparos y/o sanciones.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:
• Artículos 25, 26, 83 y 125 de la Constitución política.
• Artículos 3 y 44 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículos 26 y 61 del Decreto 2400 de 1968.
• Artículos 2.2.11.1.3, 2.2.11.1.5 y 2.2.11.6.6 del Decreto 1083 de 2015.
Al desarrollar el concepto de violación invocó las siguientes causales de nulidad:
• Infracción de las normas en que se debía fundar: adujo el jurista que el día
11 de abril de 2016, su cliente renunció al cargo que desempeñaba en la
demandada, pues así se lo exigió la secretaria general, quien para entonces
estaba encargada de la dirección general.
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Demandante: María Elena Silva Fandiño
Que esa dimisión no fue tramitada en debida forma, pues se le advirtió que no
reunía los requisitos previstos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de
2015. Así, expresó que con el acto administrativo cuestionado se violaron los
artículos 2.2.11.1.3, 2.2.11.11.1.5 y 2.2.11.1.6 del Decreto 1083 de 2015, pues
el IGAC, antes que aceptar la aludida renuncia, declaró insubsistente el
nombramiento de la actora.
• Violación del principio de consecutividad: sustentado en el hecho según el
cual, la administración declaró insubsistente el nombramiento que detentaba
la demandante, sin atender y resolver previamente la renuncia presentada, lo
que de suyo evidencia que irrespetó el orden cronológico de los asuntos que
tenía a su cargo.
• Motivos ocultos – derecho de defensa y desviación de poder:
fundamentado en que, en ejercicio de la potestad discrecional, la demandante
fue declarada insubsistente, sin tener en cuenta su gran desempeño laboral y
su excelente hoja de vida, folio en el que, por cierto, no se encuentran razones
valederas para el despido. Además, señaló que con su desvinculación no se
buscó el mejoramiento del servicio, sino la satisfacción del capricho del
nominador.
• Infracción de la norma por no haber dejado constancia en la hoja de vida:
arguyó que la potestad discrecional conferida a la administración no es
absoluta sino limitada, y sus decisiones se controlan a través de la publicidad
de los hechos que le sirven de causa. Por tanto, la demandada infringió los
derechos de defensa y contradicción de su mandante, en razón a que no
consignó en su hoja de vida las circunstancias de hecho y de derecho que
determinaron el retiro del servicio.
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi contestó
la demanda,2 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella
contenidas. Con tales fines, arguyó:
• Respecto del cargo de infracción de las normas en que se debía fundar,
alegó que la demandante no señaló las normas que, debiendo fundar el acto
cuestionado, fueron desconocidas por la administración, lo que impide
adelantar un debate jurídico.
En cuanto a la afirmación del “trato degradante”, aseveró que una declaración
de insubsistencia no constituye un acto de esa naturaleza, sino que es una
forma legal de terminación de un vínculo laboral con el Estado. De modo que,
un asunto de ley, no puede constituir un tratamiento de esa naturaleza.
2 Folios 49 a 57 del expediente
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Demandante: María Elena Silva Fandiño
• En relación con el cargo de violación del principio de consecutividad,
adveró que no es aplicable al asunto de marras, sino a los trámites que adelanta
el Congreso de la República en el decurso de formación de las leyes, por lo que
ese cargo no es admisible ni procedente en el sub lite. Además, expresó que la
declaratoria de insubsistencia deviene de una facultad discrecional cuyo límite
es el “buen servicio”.
• En cuanto al cargo denominado motivos ocultos – derecho de defensa y
desviación de poder, afirmó que la parte actora acusa al nominador, sin
prueba alguna, de obrar con el fin de satisfacer caprichos personales ajenos al
buen servicio. Tal aseveración es injuriosa, porque luego de generada la
vacante, se llenó esa plaza a través de la comisión a un empleado de carrera
administrativa.
• Por último, respecto del cargo de infracción de la norma por no haber
dejado constancia en la hoja de vida, indicó que jurisprudencialmente se ha
sostenido que al ser un asunto posterior a la emisión del acto administrativo no
puede afectar su legalidad.
Arguyó, que de la naturaleza del cargo ocupado por la actora emerge la
potestad discrecional del nominador, quien debe valorar el buen servicio y la
capacidad de trabajo de su equipo de colaboradores. al momento de ordenar
el ingreso, la permanencia o el retiro.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia adiada 9 de octubre de 2020,3 la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Para
arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar i) el retiro de los servidores
que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción, ii) la naturaleza y
provisión de dichos empleos, y iii) la desviación de poder como causal de nulidad
de los actos administrativos, concluyó:
• La plaza ocupada por la actora era de libre nombramiento y remoción, porque
demandaba la ejecución de labores directivas que ameritan especial confianza
con el nominador. Dada esa naturaleza, carecía del fuero de estabilidad que
se predica de otros funcionarios estatales y, por tanto, podía ser retirada del
servicio a través de una decisión inmotivada.
• Contrario a lo argüido en el libelo, no se demostró en el plenario que el director
general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi hubiere desbordado los
principios de proporcionalidad y razonabilidad que abrigan la facultad
discrecional conforme a la cual se dispone el retiro del servicio.
3 Folios 304 a 310 de la foliatura.
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Demandante: María Elena Silva Fandiño
En tal sentido, destacó que el buen desempeño laboral de la actora y su
excelente hoja de vida -que fue acreditado en el paginario-, no limita al
nominador para ejercer la aludida potestad, en tanto, el hecho que un
empleado preste su servicio en excelentes condiciones no le concede un fuero
de estabilidad, dado que es lo mínimo que espera la administración de sus
servidores.
Corolario, la accionante no demostró que, con la expedición del acto acusado,
el empleador persiguió fines distintos al buen servicio público, por lo que no
desvirtuó el principio de legalidad que le es propio.
1.6 El recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.4 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
• Fue abundante el material probatorio no valorado o valorado inadecuadamente
por el a quo, que demuestra la ilegalidad del acto administrativo demandado.
La sentencia apelada no analizó todos los hechos, pruebas y argumentos que
sustentaron los cargos de nulidad plasmados en libelo, ni tampoco estudió el
asunto a luz de la jurisprudencia de las altas cortes.
• Se dejó de valorar el memorando 1500 de 11 de abril de 2016, que contiene
la renuncia de la accionante y, además, se pasó por alto que a ese escrito no
se le imprimió el trámite de ley, con lo cual se impidió el retiro decoroso del
servicio.
• En la respectiva hoja de vida no está consignada la justificación de la aparente
pérdida de confianza del nominador frente al desempeño laboral de la
demandante y, por el contrario, el juez de primera instancia avaló una facultad
discrecional que adolece del principio de proporcionalidad y que le resta
importancia al derecho de defensa de su cliente, en razón a que no le permite
contar con los elementos esenciales para discutir esa decisión.
Así las cosas, y luego de citar algunas sentencias en torno a este tema, reiteró
que la ausencia de ese requisito -que contrarresta la arbitrariedad en la
administración pública y abre paso al derecho de defensa y contradicción-,
genera la nulidad del acto acusado.
• No es procedente escindir el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en el
sentido de referenciar la potestad discrecional ínsita a los empleos de libre
nombramiento y remoción y, seguidamente, pasar por alto la regla según la
cual, en la respectiva hoja de vida, se deben consignar las razones que
motivaron el despido.
4 Folios 315 a 322 del expediente.
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1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto adiado 26 de noviembre de 2021,5
se admitió el recurso de apelación.
1.7.2 Intervención de la parte actora. Reiteró los argumentos esbozados en la
demanda, en los alegatos de conclusión de primera instancia y en la sustentación
del recurso de apelación.
1.8 El control de legalidad.6 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,8 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.
2.3 Problemas jurídicos.
Conforme a lo señalado en acápites anteriores, le corresponde a esta Subsección
determinar si: i) ¿La falta de constancia en la hoja de vida de la demandante, de
las razones que provocaron su retiro del servicio, genera la nulidad del acto
cuestionado? y; ii) ¿El a quo dejó de valorar el material probatorio incorporado al
5 Folio 329 del expediente.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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proceso, en especial el memorando 1500 de 11 de abril de 2016, contentivo del
escrito de renuncia de la parte actora?
En orden a resolver este planteamiento, la Sala abordará los siguientes aspectos:
i) el ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción y; ii) las consecuencias del incumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.
La Constitución Política, en su artículo 125 dispone:
«Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los
trabajadores oficiales y los que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción…».
En complemento de la citada clasificación general, se expidió la Ley 909 de 2004,
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». A través de ella
se fijaron los criterios que permiten encasillar un cargo público como de «libre
nombramiento y remoción». El artículo 5.° ejusdem es del siguiente tenor literal:
«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política
y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser
ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices así:
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Demandante: María Elena Silva Fandiño
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la
Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente
Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial;
Secretario General y Subsecretario General; Director de
Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo;
Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero, Administrativo y
Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero,
Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de
Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de
Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de
Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de
Puerto.». (El énfasis es de la Sala)
De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa.9 Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros
previstos en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse
en los siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las
esferas de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son
encomendadas labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de
dineros y bienes públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad
discrecional del nominador, pues el grado de confianza frente a él es el mérito
principal que determina su provisión y/o retiro».
En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la
superación de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los
empleos de libre nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva
el ingreso y/o la posterior desvinculación del servicio.
Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia10 precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se
ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador
tiene sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley
909 de 2004, dispuso:
9 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación:
50001-23-33-000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez,
número de radicación: 25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).
10 Ver pie anterior.
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«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio
de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política
y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
Ahora bien, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de
motivar la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad
tiene «como es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual
demanda resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés
general.11
En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional12 ha pregonado
que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites para el
ejercicio de dicha atribución, los siguientes:
i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.
ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;
iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Como refuerzo de lo anterior, se recuerda que el artículo 44 del CPACA prescribe
que «En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa».
Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que
autoriza su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.
En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 18 de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-
00193-01(0417-19).
12 Sentencia T-372 de 2012.
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revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.
2.4.2. Las consecuencias del incumplimiento de la obligación contenida en
el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
El artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968 establece que «El nombramiento
hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca
a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad
nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse
constancia del hecho y de las causas que no lo ocasionaron en la respectiva
hoja de vida» (El énfasis es nuestro)
Del anterior dispositivo emerge para el nominador el deber de consignar en el
folio de vida de su empleado, las razones fácticas y jurídicas tomadas en
consideración para retirarlo del servicio. Sin embargo, de esa reglamentación no
emerge ninguna consecuencia adversa para el nominador que incumpla con ella.
No obstante, se destaca que dicha obligación fue tácitamente derogada por el
inciso segundo del parágrafo 2.° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que, al
reproducir la norma, eliminó ese apartado, veamos:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
[…]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley
y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.”
Es pertinente señalar que, en vigencia de dicha norma, esta Corporación siempre
sostuvo que la ausencia de esa anotación no morigeraba la validez de la decisión
de insubsistencia, por cuanto no constituía requisito para su expedición ni mucho
menos para su eficacia. Así, en sentencia del 25 de febrero de 2021,13 esta
Subsección concluyó:
«[…] Ahora bien, esta Corporación ha señalado que la anotación en la hoja de
vida de las causas que originaron la desvinculación del servidor público no
constituye elemento de validez del acto, ni requisito para su conformación ni
13 Expediente N° 66 001 23 33 000 2016 00693 01 (2814-18), Demandante: Luz Miryam Díaz Cardona; C.P.
Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: María Elena Silva Fandiño
presupuesto para su eficacia, por lo que su omisión no puede generar la nulidad
del mismo sino, a lo sumo, constituye falta disciplinaria para el funcionario que no
dio cumplimiento a dicho deber.
Luego, en el evento en que no se deje la constancia en la respectiva hoja de vida,
el servidor puede solicitar a la administración que proceda a cumplir con el
contenido del artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, pero su ausencia no
constituye un vicio del acto administrativo en el que se adoptó la decisión.
En consecuencia, pese a que en el caso concreto no se dejó constancia en la
hoja de vida de cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la remoción, ya que,
como se evidencia en las pruebas que obran el expediente, con posterioridad a
la expedición del Decreto 160 de 2016 tan solo se adjuntó la Resolución 131 de
9 de febrero de 2016 en la que se liquidaron las prestaciones sociales definitivas
de Luz Miryam Díaz, ello no da lugar a la nulidad del acto administrativo
demandado, pues así lo ha señalado esta sala, tal como se expuso anteriormente
[…]».
Desarrolladas las temáticas arriba planteadas, la Sala resolverá a continuación
el caso concreto.
2.5 Caso concreto.
Primer interrogante: ¿La falta de constancia en la hoja de vida de la
demandante, de las razones que provocaron su retiro del servicio, genera la
nulidad del acto cuestionado?
De acuerdo con lo indicado en acápite anterior, la reseñada omisión no tiene la
potencialidad para viciar la legalidad el acto administrativo de insubsistencia, en
tanto no constituye un elemento indispensable en la formación del acto, ni mucho
menos le resta eficacia.
Alegó el recurrente que se desconoció lo señalado en la sentencia C-734 del
2000,14 pues en la hoja de vida de su mandante se debieron consignar las
razones que motivaron la insubsistencia.
Ante ello, reitera la Subsección que el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968,
fue tácitamente derogado por el inciso segundo del parágrafo 2.° del artículo 41
de la Ley 909 de 2004, de suerte que para la fecha en que se profirió el acto
acusado no se encontraba vigente ese dispositivo, y por sustracción materia, la
misma no debía ser aplicada por el nominador, como tampoco lo dispuesto en la
sentencia de constitucionalidad C-734 del 2000.
Corolario, no prospera el cargo en cita.
Segundo interrogante: ¿El a quo dejó de valorar el material probatorio
incorporado al proceso, en especial el memorando 1500 de 11 de abril de 2016,
contentivo del escrito de renuncia de la parte actora?
14 Por la cual se declaró exequible el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
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Al revisar la sentencia impugnada, se advierte que el tribunal perfiló su decisión
sobre: i) la facultad discrecional con que cuenta el nominador para retirar del
servicio a los empleados de libre nombramiento y remoción, referenciando los
principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar esa potestad y; ii)
el análisis de la causal de desviación de poder, para lo cual valoró in genere las
pruebas adosadas por la parte demandante. En los apartados de esa decisión se
puede leer:
«[…] De la jurisprudencia en cita, se concluye que el juez debe valorar los medios
de prueba aportados al plenario con el objeto de establecer si se desconocieron
los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la decisión adoptada por la
administración, y en esta medida determinar si en efecto la administración se
desvió de los propósitos que planteó la ley, dentro de los que se encuentra el
mejoramiento del servicio.
Adicional a ello, el texto citado salvaguarda el principio de la confianza que es
predicable de los cargos de libre nombramiento y remoción, y que al verse en tela
de juicio, hace proporcional y razonable la utilización de la medida, por cuanto el
modo de provisión se realiza a título personal por parte del nominador, basándose
en la confianza que tiene sobre la persona a la que le va a asignar el cargo.
Conforme a lo anterior, y una vez analizado y valorado en su extensión el caudal
probatorio allegado al proceso, la Sala no encuentra que el director general del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, haya desbordado los principios de
proporcionalidad y razonabilidad que invisten la facultad discrecional que le
asistía con ocasión de la desvinculación del empleo de libre nombramiento y
remoción desempeñado por la demandante, dado que como nominador pudo
considerar diferentes razones que lo llevaron a tomar la decisión de remover a la
señor Silva Fandiño del cargo, pues como se explicó con anterioridad, la
característica fundamental de este tipo de nombramientos es la confianza que
existe entre el nominador y el funcionario, de tal forma, que al no exigirse
condiciones especiales para el nombramiento y remoción, tampoco existen
condiciones especiales para su retiro.
[…]
De otra parte, es importante insistir en que la desviación de poder se configura
cuando la autoridad que emite el acto administrativo en uso de las atribuciones
que la ley le otorga, con plena competencia para expedirlo, busca un fin diferente
al previsto por el legislador (art. 84 C.C.A.), por ello, la obligación de la parte
demandante, en demostrar que el acto acusado fue expedido buscando una
finalidad diferente a la del buen servicio.
Para justificar la desviación de poder, la parte actora trae al plenario
documentos que dan cuenta de la excelente gestión realizada en la entidad, no
obstante, es importante indicar que la excelencia en el servicio no genera fuero
de estabilidad tal y como lo interpretó el Honorable Consejo de Estado […].
En este orden de ideas, si bien es cierto, dentro de las razones de inconformidad
de la demandante, alega que la entidad tuvo un propósito diferente y contrario a
la ley, como quiera que su trayectoria en la entidad fue excelente, al punto que
nunca tuvo ninguna investigación disciplinaria, y al contrario, propendió por el
bienestar de los empleados, también lo es que dicha circunstancia no limita al
nominador para ejercer su facultad discrecional, pues el hecho que un funcionario
preste su servicio en excelentes condiciones, no constituye fuero de estabilidad,
pues es lo mínimo que la administración espera de tales servidores, dada la
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preponderancia del servicio público […]».
Pues bien, se reitera que esas consideraciones involucran un análisis general
sobre las pruebas recaudadas en el proceso, estudió que culminó con la negativa
materia de impugnación.
Sin embargo, censuró el apelante que en primera instancia no se valoró el
Memorando 1500 de 11 de abril de 2016, contentivo del escrito de renuncia al
cargo presentada por su cliente, ni mucho menos se analizó que el nominador se
abstuvo de darle trámite a esa dimisión, sino que declaró insubsistente su
designación, hecho que, a su juicio, comportó un trato denigrante que le impidió
un retiro decoroso del servicio.
De cara a ese planteamiento, la Sala observa que el aludido tratamiento no existió
por cuanto:
i) La demandada si se pronunció sobre el escrito de dejación del cargo, pues luego
de examinarla, afirmó que «[…] la renuncia al empleo de Jefe de Oficina Código
0137 Grado 13 en la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, debe ser
presentada de acuerdo a las formalidades establecidas en la Ley 909 de 2004 y
al Decreto 1083 de 2015 […]».15
ii) La declaratoria de insubsistencia en el empleo no constituye per se un trato
denigrante en contra de la actora, pues ese cargo, al ser de libre nombramiento y
remoción, está permanentemente ligado al ejercicio de la facultad discrecional
para el ingreso, permanencia y retiro de la función pública; sin que el despliegue
de esa potestad envuelva un acto de persecución, de presión o de deshonra en
contra del trabajador.
Así las cosas, no prospera el cargo en estudio.
En este orden de ideas, y atención a que las dos censuras planteadas en la
alzada no salieron avante, deviene procedente confirmar en su totalidad la
decisión de primera instancia.
2.6 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
15 Ver Memorando 2080 de 13 de abril de 2016, folio 3 y reverso.
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En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 9 de octubre de 2020, proferida
por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida
por María Elena Silva Fandiño contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Ausente en comisión)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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