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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00965-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00965-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre del 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Alfonso Moreno Jaimes en contra el departamento de Santander. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2016-00965-01 (2425-2022) Demandantes: Alfonso Moreno Jaimes TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00965-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00965-01 (2425-2022)
Demandante: Alfonso Moreno Jaimes
Demandado: Departamento de Santander
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 18 de noviembre del 2021, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 0198
del 14 de enero de 2016, por medio de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento que el señor Alfonso Moreno Jaimes ostentaba en el cargo de
asesor, nivel asesor, código 105, grado 01.

3. Como restablecimiento del derecho se pidió el reintegro al citado empleo o a otro
de mayor categoría sin solución de continuidad, incluir el cargo que venía
desempeñando en carrera administrativa, y el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el tiempo cesante.

4. Así mismo se exigió el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del CPACA, el pago de intereses comerciales y moratorios y la respectiva
indexación.

5. Finalmente se reclamó condenar en costas y agencias en derecho a la institución
pública accionada.

6. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

7. Mediante Resolución nro. 21277 del 30 de octubre de 2013, el gobernador de
Santander nombró al señor Alfonso Moreno Jaimes como asesor, código 105, grado

1 Ver archivo archivo denominado «003Demanda.pdf», el cual puede ser descargado del índice 2 de la
plataforma SAMAI.

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Demandantes: Alfonso Moreno Jaimes

01, con efectos fiscales a partir del 1.º de noviembre de ese año, empleo del que
aquel tomó posesión mediante acta nro. 2137 del 31 de octubre siguiente.

8. Ese cargo hacía parte de los nueve (9) empleos de asesor previstos en la planta
de personal del Despacho del gobernador, conforme al Decreto Departamental 269
del 3 de octubre de 2013, que contenía el manual específico de funciones y
competencias laborales vigente para la época.

9. El 5 de noviembre de 2013, el gobernador le dio la bienvenida y le asignó
inicialmente funciones de sustanciación de proyectos de resolución de segunda
instancia en procesos disciplinarios de competencia de su Despacho.

10. No obstante, el 7 de noviembre siguiente, por instrucciones del jefe de la Oficina
Jurídica del Departamento, señor Jorge Céspedes Camacho, y en presencia del
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señor Ludwing Enrique Otero Prada y
del coordinador técnico, señor Carlos Reinaldo Millán Valderrama, fue trasladado a
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prestar allí sus servicios, debido
a la necesidad de apoyo jurídico y contractual en dicha dependencia.

11. Desde esa fecha y hasta su desvinculación, permaneció laborando de manera
permanente en esa secretaría, bajo la dirección del secretario y del coordinador
técnico, desempeñando funciones de naturaleza técnica y administrativa tales como
la elaboración de respuestas a derechos de petición y acciones de tutela, la
proyección de comunicaciones oficiales y, principalmente, la elaboración y revisión
de estudios previos y minutas contractuales, actividades que constan en los
procesos contractuales de la entidad, en el sistema documental FOREST y en el
SECOP.

12. Nunca ejerció las funciones propias del cargo de asesor para el cual fue
nombrado, ni aquellas previstas posteriormente en el Decreto 171 del 2 de junio de
2015, mediante el cual se modificó el manual de funciones contenido en el Decreto
269 de 2013, pues dichas labores correspondían a la Secretaría de Educación
Departamental, dependencia en la que nunca prestó sus servicios.

13. Indicó que la Dirección Administrativa de Talento Humano conocía que sus
servicios respondían a la necesidad permanente de un abogado de planta en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, circunstancia que justificó el pago
compensado de vacaciones por necesidades del servicio.

14. Pese a estar vinculado en un cargo de libre nombramiento y remoción, en la
práctica desempeñó funciones propias de un empleo de carrera administrativa y
nunca ejerció funciones de dirección, confianza especial o formulación de políticas.
Durante su permanencia no recibió llamados de atención disciplinarios y su
desempeño fue reconocido por sus superiores y compañeros.

15. Mediante Resolución nro. 0198 del 14 de enero de 2016, el departamento de
Santander declaró insubsistente su nombramiento, acto que carece de motivación

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Demandantes: Alfonso Moreno Jaimes

suficiente y, por tanto, es arbitraria, pues no obedeció a razones del servicio,
desconoció su experiencia profesional, formación académica y trayectoria en la
administración pública.

16. Tras solicitar el pago de unos días laborados mediante comunicación del 5 de
febrero de 2016, recibió una respuesta evasiva de la Dirección Administrativa de
Talento Humano, lo que evidencia que la desvinculación obedeció a intereses
distintos de las necesidades del servicio.

17. El 3 de mayo de 2016 solicitó información sobre los asesores vinculados a la
planta del departamento durante el año 2016. Mediante Oficio nro. 2136 del 19 de
mayo siguiente se le comunicó que el 14 de enero de 2016 fueron vinculados María
Margarita Gómez Cubillos y Wilson Peña González, circunstancia que permite inferir
que alguno de ellos ocupó el cargo que él desempeñaba.

18. Indicó que la Resolución nro. 0198 del 14 de enero de 2016 le fue comunicada
mediante Oficio nro. 0154 del 15 de enero de 2016, razón por la que la
desvinculación solo podía producir efectos a partir del 18 de enero de 2016, primer
día hábil siguiente. En consecuencia, entre el 14 y el 17 de enero de 2016
coexistieron dos servidores nombrados para el mismo cargo.

19. Con el propósito de demostrar esa situación, presentó un nuevo derecho de
petición solicitando copia de los actos de nombramiento y de las actas de posesión
de María Margarita Gómez Cubillos y Wilson Peña González; sin embargo, la
administración negó la información invocando reserva sobre documentos que, a su
juicio, son públicos.

20. Finalmente, manifestó que la administración departamental actuó de manera
irregular al posesionar nuevos funcionarios en fechas que, según la práctica
institucional, no se utilizaban para ese tipo de actuaciones, lo que, en su criterio,
evidencia un trato desigual y la premura por reemplazarlo antes de que produjera
efectos jurídicos su declaratoria de insubsistencia.

21. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 2, 6, 53, 121, 122 y 123 de la Constitución Política; 36 del
CCA; 44 del CPACA y 26 del Decreto Ley 2400 de 1968. Al desarrollar el concepto
de violación sostuvo que:

22. Aunque el demandante fue nombrado en un cargo de libre nombramiento y
remoción, en la práctica desempeñó funciones eminentemente técnicas y
administrativas, propias de un empleo de carrera administrativa, sin ejercer labores
de dirección, confianza especial o formulación de políticas, por lo que la
administración no podía ampararse exclusivamente en la naturaleza formal del
cargo para justificar su retiro.

23. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente
las sentencias SU-556 de 2014 y T-372 de 2012, argumentó que la facultad

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discrecional para declarar la insubsistencia de un servidor público no es absoluta y
debe ejercerse conforme a los fines de la función administrativa, con observancia
de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando actuaciones
arbitrarias o desviación de poder.

24. La administración debió acreditar que la decisión obedeció a necesidades reales
del servicio y dejar constancia suficiente, concreta y verificable de las razones que
motivaron la insubsistencia, conforme al artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968
y a la jurisprudencia constitucional, pues la ausencia de motivación impide al
servidor ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción.

25. Añadió que la decisión careció de justificación objetiva, toda vez que el actor
contaba con amplia experiencia, formación académica y una hoja de vida sin
reproches disciplinarios o de desempeño, por lo que su retiro no respondió al
mejoramiento del servicio público sino, presuntamente, a una desviación de poder.

26. Contestación de la demanda2. Oportunamente la accionada se opuso a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos.

27. El cargo desempeñado por el señor Alfonso Moreno Jaimes era de libre
nombramiento y remoción, condición conocida y aceptada por él desde su posesión,
como consta en el acta correspondiente.

28. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional —sentencias C-
533 de 2010, C-195 de 1994 y T-132 de 2007—, este tipo de empleos constituye
una excepción al sistema de carrera administrativa y está reservado para cargos de
dirección, manejo, conducción, orientación institucional o aquellos que exigen un
especial grado de confianza con el nominador. En consecuencia, la permanencia
de sus titulares depende de la confianza que inspire al funcionario nominador, quien
puede retirarlos en ejercicio de su facultad discrecional.

29. El demandante no accedió al cargo mediante concurso de méritos ni gozaba de
estabilidad propia de la carrera administrativa, sino que fue designado en virtud de
la confianza depositada en él por el gobernador del departamento. Por ello, el nuevo
mandatario estaba igualmente facultado para declarar insubsistente su
nombramiento sin que ello desnaturalizara el régimen propio de los empleos de libre
nombramiento y remoción.

30. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, adicionado por la Ley 1093 de
2006, señala que los empleos de asesoría institucional adscritos al despacho del
gobernador corresponden expresamente a cargos de libre nombramiento y
remoción.

31. Además, la potestad discrecional permite al nominador conformar su equipo de
trabajo con personas de su confianza para garantizar el cumplimiento de las metas

2 Ver archivo «019ContestacionDemanda.pdf», Ibidem.

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de la administración. En ese sentido, la experiencia, idoneidad o buen desempeño
del servidor no generan inamovilidad, pues el retiro por declaratoria de
insubsistencia es una forma legal de desvinculación prevista en el artículo 41 de la
Ley 909 de 2004, y el correspondiente acto administrativo goza de presunción de
legalidad.

32. Formuló las excepciones que denominó: estricto acatamiento a las
disposiciones legales, no necesidad de motivar el acto administrativo que declaró la
insubsistencia, el acto administrativo demandado no es el correcto, cobro de lo no
debido, ausencia de desviación de poder y falta de prueba para demostrarla, la no
existencia de falsa motivación o violación a norma superior y excepción genérica.

33. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 18 de noviembre de 2021, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de
la demanda. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la
«Facultad Discrecional. Empleo de libre nombramiento y remoción. Límites
constitucionales racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad», y la «desviación
de poder», concluyó que:

34. El cargo ocupado por el demandante era, desde su creación y nombramiento,
un empleo de libre nombramiento y remoción. En este tipo de cargos la ley reconoce
al nominador una facultad discrecional para disponer libremente del nombramiento
y retiro de los funcionarios, debido al especial vínculo de confianza que caracteriza
estas funciones. Por ello, la administración no está obligada a motivar el acto de
insubsistencia.

35. Enfatizó que la discrecionalidad administrativa se encuentra limitada por los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación a los fines del servicio
público. Sin embargo, mientras no se demuestre que la decisión fue utilizada para
perseguir fines ilegítimos o distintos al interés general, opera una presunción de
legalidad que ampara el acto administrativo.

36. El a quo refirió que el demandante no logró demostrar la configuración de una
desviación de poder, pues para que prospere esta causal es necesario acreditar de
manera suficiente que la verdadera intención del nominador fue distinta a la de
garantizar el buen servicio de la administración. La prueba de esta circunstancia
corresponde a quien la alega.

37. La corporación analizó los argumentos relacionados con los funcionarios
nombrados después de la desvinculación del actor. Sin embargo, concluyó que no
se probó quién fue exactamente su reemplazo ni que las personas nombradas
carecieran de los requisitos legales para ocupar el empleo. En consecuencia, no fue
posible inferir que el gobernador hubiera utilizado indebidamente su facultad
discrecional.

3 Ver documento «078SentenciaPrimeraInstancia.pdf», Ib.

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38. También precisó que el hecho de que el demandante hubiera demostrado
capacidad profesional, experiencia o un buen desempeño laboral no le otorgaba
estabilidad especial en el cargo. Tales condiciones son valorables, pero no eliminan
la facultad del nominador de remover a un servidor de libre nombramiento y
remoción cuando considere necesario reorganizar su equipo de confianza.

39. Finalmente, el tribunal recordó que la ausencia de anotación de los motivos del
retiro en la hoja de vida del funcionario no constituye una causal de nulidad del acto
de insubsistencia. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha anotación
es una actuación posterior e independiente que no afecta la validez del acto
administrativo.

40. Por esas razones, concluyó que el demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de la Resolución nro. 0198 de 2016, por lo cual negó las
pretensiones de la demanda y confirmó la validez de la decisión de insubsistencia
adoptada por el gobernador del departamento de Santander.

41. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

42. Consideró que el análisis realizado fue insuficiente y se limitó a reconocer que
el señor Alfonso Moreno Jaimes ocupaba formalmente un cargo de libre
nombramiento y remoción, sin estudiar las circunstancias reales en las que ejerció
sus funciones. El tribunal no examinó de manera profunda el desarrollo de la
relación laboral desde su vinculación hasta su terminación, ni verificó sí
efectivamente desempeñó labores propias de un cargo de confianza al servicio
directo del gobernador.

43. Sostuvo que, aunque fue nombrado como asesor, en la práctica nunca ejerció
funciones de dirección, confianza o manejo. Señaló que no recibió instrucciones del
gobernador, no elaboró conceptos para él, no participó en la toma de decisiones
gubernamentales ni integró los espacios donde intervenían los demás asesores de
despacho. Además, afirmó que incluso fue excluido de actividades institucionales
dirigidas a los servidores de libre nombramiento y remoción, situación que demostró
que no formaba parte del círculo de especial confianza de la administración
departamental.

44. Cuestionó que el tribunal no hubiera valorado adecuadamente las
circunstancias relativas a la asignación de sus funciones. Expuso que inicialmente
fue destinado a la Oficina Asesora Jurídica y posteriormente trasladado verbalmente
a la Secretaría de Agricultura por instrucciones de un funcionario que, en su criterio,
carecía de competencia para ello. Destacó que durante gran parte de su vinculación
desempeñó labores jurídicas y de contratación estatal en dicha secretaría, por lo
que sus funciones reales correspondieron más a las de un profesional especializado
que a las de un asesor de confianza.

4 Ver documento «083RecursoApelaciónParteDemandante.pdf», Ib.

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45. Igualmente, alegó que los testimonios rendidos por sus superiores inmediatos
demostraron que recibió órdenes de los secretarios de Despacho y no del
gobernador, circunstancia que evidenció que el empleo perdió las características
propias de un cargo de libre nombramiento y remoción. En ese sentido, reprochó
que el tribunal no hubiera otorgado el debido valor probatorio a dichas declaraciones
ni a las certificaciones laborales que lo ubicaban prestando servicios en
dependencias distintas al despacho del gobernador.

46. Otro motivo de inconformidad consistió en la falta de pronunciamiento sobre las
inconsistencias relacionadas con su retiro. Indicó que, aunque la insubsistencia fue
comunicada oficialmente el 15 de enero de 2016, fue desvinculado de la nómina
desde el 13 de enero de ese mismo año, cuando aún continuaba prestando
servicios. Asimismo, señaló que para el 14 de enero ya habían sido vinculadas otras
personas a la planta de personal, situación que, a su juicio, evidenció irregularidades
que debieron ser analizadas por el tribunal.

47. También cuestionó la vinculación de nuevos funcionarios tras su salida, al
considerar que no se verificó si alguno de ellos ocupó las labores que venía
desempeñando ni si contaban con la formación y experiencia requeridas.
Particularmente, se destacó que uno de los nuevos nombramientos correspondió a
un profesional del área de la salud, circunstancia que resultaba incompatible con las
funciones jurídicas y de contratación que él desarrollaba.

48. Adicionalmente, sostuvo que la sentencia incurrió en un defecto fáctico por no
valorar integralmente las pruebas allegadas al expediente y por omitir hechos
relevantes que permitían demostrar que la decisión de desvinculación no obedeció
al legítimo ejercicio de una facultad discrecional, sino a un posible abuso de poder.
Que el Tribunal se concentró en la doctrina general sobre los cargos de libre
nombramiento y remoción, pero dejó de examinar las particularidades del caso
concreto.

49. Finalmente, alegó el desconocimiento del principio constitucional de la primacía
de la realidad sobre las formalidades pues, aunque formalmente estaba vinculado
a un cargo de libre nombramiento y remoción, las funciones efectivamente ejercidas
eran permanentes, técnicas y especializadas, propias de un empleo de carrera
administrativa. Por ello, solicitó que se revocara la sentencia y se accediera a las
pretensiones de la demanda.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

50. La admisión del recurso. Mediante auto de 20 de octubre de 20235 se admitió
la alzada. Dentro de la oportunidad de ley no se registraron intervenciones de las
partes ni del agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación.

5 Actuación visible en el índice 19 de la plataforma SAMAI.

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51. El apoderado de la parte demandante elevó una solicitud probatoria en esta
instancia6, petición que fue negada por auto del 22 de junio de 20267.

52. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

53. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

54. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si ¿el acto administrativo demandado fue emitido con
desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento de la primacía de la
realidad sobre las formas, porque las funciones desempeñadas por el actor
correspondieron materialmente a un empleo de carrera administrativa y no a uno de
libre nombramiento y remoción sujeto a la especial confianza del gobernador del
departamento de Santander?

55. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

56. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.

57. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la Ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

58. A su turno, el artículo 130 ibidem creó la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, como la entidad responsable de la administración y vigilancia de
los sistemas generales de carrera administrativa de los servidores públicos.

59. En complemento de la citada clasificación general se expidió la Ley 909 de
200410. A través de ella se fijaron los criterios que permiten determinar cuándo un
cargo público pertenece a la categoría de «libre nombramiento y remoción». En el
artículo 5. ° ejusdem se puede leer:

6 Ver índice 24, Ib.
7 Ver índice 29, Ib.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y

se dictan otras disposiciones»

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«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y
la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas
en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

[…]

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio
directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos
se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así:

[…]

En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial:

Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local.».

60. De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa11. Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos
en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse en los
siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las esferas
de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas
labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes
públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad discrecional del nominador,
pues el grado de confianza frente a él es el mérito principal que determina su
provisión y/o retiro»12.

61. En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.

62. Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se

11 Ver entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta Subsección: sentencia del 2 de abril de 2020,

C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente nro. 50001-23-33-000-2014-00024-01 (2190-17); sentencia
del 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, expediente nro. 25001-23-42-000-2015-01406-
01 (5037-16) y sentencia del 4 de octubre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente nro. 68001-
23-33-000-2014-00216-01 (3112-15).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.

25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).

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ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene
sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley 909 de
2004, dispuso:

«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…

PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y
deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».

63. Ahora, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de motivar
la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como
es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda
resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general13.

64. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional14 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites
para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:

i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.

ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;

iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

65. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.

66. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. Sandra

Lisset Ibarra Vélez, expediente nro. 68001-23-33-000-2017-00193-01 (0417-19).
14 Sentencia T-372 de 2012.

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67. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá el
cuestionamiento arriba planteado.

68. Caso concreto – interrogante único ¿el acto administrativo demandado fue
emitido con desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento de la primacía
de la realidad sobre las formas, porque las funciones desempeñadas por el actor
correspondieron materialmente a un empleo de carrera administrativa y no a uno de
libre nombramiento y remoción sujeto a la especial confianza del gobernador del
departamento de Santander?

69. Como fundamento de la alzada, la parte demandante sostuvo que, pese a haber
sido nombrado en un cargo de asesor adscrito al despacho del gobernador, en la
práctica no ejerció las funciones de dirección, orientación institucional, manejo o
especial confianza.

70. Señaló que inicialmente se le asignaron labores de sustanciación de proyectos
de resolución de segunda instancia dentro de la Oficina Asesora Jurídica y que,
pocos días después, fue ubicado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
donde desarrolló actividades relacionadas con la contratación estatal y el apoyo
jurídico, acordes con su formación y experiencia profesional.

71. Afirmó, igualmente, que nunca participó en consejos de gobierno, comités
directivos ni en escenarios donde se adoptaran decisiones de alta relevancia para
la administración departamental. Agregó que no recibió instrucciones del
gobernador ni elaboró conceptos o informes para este, circunstancias que, en su
criterio, evidenciaron la inexistencia de una relación de confianza especial propia de
los cargos de libre nombramiento y remoción.

72. Con fundamento en ello, sostuvo que el empleo experimentó una mutación
funcional pues, aunque formalmente conservó la denominación de asesor,
materialmente ejerció un cargo técnico y permanente propio de la carrera
administrativa, razón por la cual invocó la aplicación del principio constitucional de
primacía de la realidad sobre las formalidades.

73. También cuestionó la valoración probatoria efectuada por el tribunal, al
considerar que los testimonios recaudados dentro del proceso demostraron que las
funciones desarrolladas eran permanentes y semejantes a las ejercidas por
servidores de carrera administrativa, aspecto que, a su juicio, no fue examinado de
manera integral en la sentencia apelada.
74. Con el fin de resolver los planteamientos expuestos, la Sala procederá a
analizar el material probatorio obrante en el expediente.

75. Mediante Resolución nro. 21277 del 30 de octubre de 2013, el actor fue
nombrado en el cargo de libre nombramiento y remoción denominado asesor, nivel
asesor, código 105, grado 01, de la planta de empleos del Despacho del gobernador
de Santander.

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76. Mediante Oficio 20130191460 del 6 de noviembre de 2013, firmado por el
gobernador, se le indicó: «[…] [a]sí mismo me permito informarle que Usted a partir
de la fecha realizará las funciones inherentes a su empleo y además las actividades
de sustanciación de los proyectos de resolución de segunda instancia de los
procesos disciplinarios que son de competencia de este despacho, en la Oficina
Asesora Jurídica del Departamento. Por lo anterior sírvase presentar ante el Doctor
Jorge Céspedes Camacho, jefe de Oficina Asesora Jurídica».

77. A través de la Resolución nro. 0198 del 14 de enero de 2016l el gobernador del
departamento de Santander declaró insubsistente dicho nombramiento15.

78. Que el cargo que ocupó el demandante tenía las siguientes funciones
esenciales16:

• Brindar asesoría en la formulación de programas y proyectos al gobernador
de Santander y a la secretaria de educación en la búsqueda de soluciones
para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación en el
departamento, de acuerdo con la normatividad vigente.

• Identificar e implementar procesos innovadores que adelanten otros entes
territoriales y nacionales y que impacten en el sector educativo del
departamento de Santander, para mejorar la prestación del servicio
educativo.

• Asesorar en programas y proyectos de capacitación para el personal docente
en áreas relacionadas con actividad académica para mejorar la formación
integral del estudiante de conformidad con las políticas del orden nacional y
departamental. Asesorar en la construcción y mantenimiento de la formación
investigativa, en las instituciones educativas, con medios tecnológicos,
audiovisuales y demás para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la
educación como eje primordial para el desarrollo.

• Formular políticas y planes de acción para el cumplimiento de las directrices
señaladas en el plan de desarrollo del departamento, de acuerdo a la
normativa vigente.
• Presentar informes periódicamente de las actividades desarrolladas de
acuerdo a los requerimientos y directrices institucionales.

• Realizar las demás funciones que le asigne el superior inmediato,
relacionadas con el cargo que desempeña.

79. En la demanda se afirmó que, dos días después de su nombramiento, el actor
fue destinado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prestar apoyo

15 Ver archivo archivo denominado «002Pruebas.pdf», el cual puede ser descargado del índice 2 de la
plataforma SAMAI.
16 Ver archivo archivo denominado «020Pruebas.pdf», Ibidem.

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en los asuntos jurídicos y contractuales de esa dependencia. Según explicó, dicha
asignación respondió a las necesidades del servicio y a la experiencia que
acreditaba en contratación estatal y administración pública.

80. Aunque en el expediente no obra un acto administrativo o documento que
formalice esa asignación, las declaraciones rendidas por los señores Carlos
Reinaldo Millán y José Alejandro Gil, quienes se desempeñaron como secretarios
de Agricultura y Desarrollo Rural en distintos períodos y trabajaron directamente con
el demandante, permiten tener por acreditado que este desarrolló labores de apoyo
jurídico y contractual en esa dependencia.

81. Ambos testigos coincidieron en señalar que el actor elaboraba contratos,
minutas y conceptos jurídicos, y que su vinculación a esa dependencia obedeció a
la necesidad de fortalecer los procesos contractuales, los cuales hasta ese
momento eran atendidos principalmente por contratistas externos.

82. Del mismo modo, el material probatorio evidenció que el demandante contaba
con la formación académica y la experiencia necesarias para desarrollar dichas
funciones y que su desempeño fue satisfactorio, circunstancia que, además, no fue
controvertida por la entidad demandada.

83. Sin embargo, estos hechos únicamente demuestran las labores que
efectivamente desempeñó durante su vinculación, mas no permiten concluir que la
naturaleza jurídica del empleo hubiera cambiado o que el cargo hubiera adquirido
las características propias de uno de carrera administrativa.

84. En efecto, la clasificación de los empleos públicos constituye una materia
reservada a la Constitución, la ley y los actos mediante los cuales se establece la
planta de personal de cada entidad. Por ello, la naturaleza de un cargo no depende
del hecho de que eventualmente el servidor ejecute funciones que correspondan a
otro empleo, sino del régimen jurídico que lo marcó desde su creación.

85. Bajo ese entendido, el hecho de que el demandante hubiera prestado apoyo
jurídico en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de
Santander no desvirtúa que el empleo de asesor, código 105, grado 02, para el cual
fue nombrado, correspondiera a uno de libre nombramiento y remoción. Tampoco
resulta relevante que las labores se hubieran desarrollado en una dependencia
distinta del despacho del gobernador, pues ello obedeció a una distribución interna
de funciones derivada de las necesidades del servicio.

86. En este punto conviene recordar que, conforme al manual de funciones del
empleo, el actor debió cumplir no solo las funciones expresamente asignadas al
cargo, sino también aquellas que le fueran encomendadas por el superior
competente y guardaran relación con la naturaleza de sus funciones. De igual
manera, está acreditado que fue el propio gobernador quien dispuso inicialmente
que se presentara ante la Oficina Asesora Jurídica, desde donde posteriormente se
coordinó su apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En esas

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condiciones, las actividades que ejecutó en esta dependencia no pueden
considerarse extrañas al empleo ni constituyen una modificación de su naturaleza
jurídica.

87. Tampoco resulta acertado afirmar que la intervención del jefe de la Oficina
Asesora Jurídica en la asignación de sus labores constituyera una actuación
irregular. Una vez el actor fue incorporado a esa dependencia por decisión del
gobernador, era razonable que la distribución de sus actividades se realizara de
acuerdo con las necesidades institucionales y bajo la coordinación funcional de los
responsables del área, sin que ello implicara una alteración de las competencias
propias del nominador.

88. De cara a lo manifestado, la Sala considera improcedente aplicar, como lo exige
la parte actora, el principio de primacía de la realidad sobre las formas establecidas
por los sujetos en una relación de trabajo.

89. Lo anterior, dado que este postulado tiene por finalidad descubrir el vínculo
laboral que subyace a las estipulaciones y convenios celebrados entre las partes,
haciendo prevalecer los supuestos fácticos que dan cuenta de una verdadera
relación de trabajo sobre las formas pactadas que determinan la ausencia del
mismo17.

90. Por consiguiente, como en el presente asunto el departamento de Santander
sostuvo una relación laboral con el accionante, concebida a partir del nombramiento
en un empleo de libre nombramiento y remoción, y nunca denegó la existencia de
ese vínculo, no se activa el aludido principio pues, se reitera, este persigue la
protección de los derechos laborales encubiertos de la persona que se vinculó con
la administración bajo una modalidad que, legalmente, no promueve este tipo de
beneficios; situación que aquí no tuvo lugar.

91. Precisado lo anterior, la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional18 y
contencioso administrativo19 ha sostenido de manera uniforme que el buen
desempeño del cargo, la experiencia, el cumplimiento de metas o el reconocimiento
profesional no generan un derecho de permanencia en los empleos de libre
nombramiento y remoción, ni limitan el ejercicio de la facultad discrecional atribuida
al nominador.

17 En la sentencia T-550 de 2023, la Corte Constitucional indicó que «4.4. La figura de la primacía de la realidad

sobre las formas ha cobrado gran relevancia en el ámbito jurisprudencial de la Corte Constitucional, en tanto ha
determinado que en el contexto de las relaciones laborales, “más que las palabras usadas por los contratantes
para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del
juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los
hechos que en verdad la determinan”. En este sentido, el principio de la prevalencia del derecho sustancial, en
el ámbito de las relaciones laborales, explica la protección que el ordenamiento otorga al trabajador, quien se
entiende subordinado al empleador, dada la posición de superioridad que ostenta frente a él.»
18 Sentencia de Unificación 003 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2023, expediente

nro. 25000-23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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92. Ello obedece a que esta clase de empleos se fundamenta en una relación
especial de confianza entre el servidor y la autoridad nominadora. Precisamente por
la naturaleza de las funciones que desempeñan y su cercanía con los niveles
directivos de la administración, el ordenamiento jurídico permite que el nominador
valore, además de aspectos objetivos, elementos subjetivos relacionados con la
confianza necesaria para la ejecución de las políticas institucionales.

93. En esa línea, la Corte Constitucional ha señalado que la confianza constituye
un elemento determinante tanto para el ingreso como para la permanencia en esta
clase de empleos, de manera que su pérdida constituye una razón legítima para
disponer el retiro del servidor, sin que ello comporte un juicio negativo sobre sus
capacidades personales o profesionales.

94. Asimismo, la sentencia SU-003 de 2018 precisó que la existencia de los cargos
de libre nombramiento y remoción responde a la necesidad de que determinadas
funciones de dirección, conducción institucional o especial confianza puedan
ejercerse conforme a criterios de conveniencia administrativa definidos por el
nominador. La constitucionalidad de estos empleos descansa, precisamente, en la
naturaleza de sus funciones y en el elevado grado de confianza que exigen.

95. En el mismo sentido, esta corporación ha sostenido que la facultad discrecional
de remover a quienes ocupan estos cargos encuentra justificación en la necesidad
de preservar la afinidad funcional y la confianza entre el nominador y el servidor, sin
que el retiro constituya, por sí mismo, una sanción disciplinaria ni una actuación
arbitraria.

96. En consecuencia, el hecho de que el demandante hubiera demostrado
capacidad técnica, experiencia y un desempeño satisfactorio no limitaba la facultad
discrecional del gobernador para declarar insubsistente su nombramiento, pues
tales circunstancias, aunque acreditadas, no generan estabilidad en un empleo de
libre nombramiento y remoción.

97. Tampoco comparte la Sala el argumento según el cual la ausencia de
instrucciones permanentes y directas del gobernador desvirtúa la naturaleza jurídica
del empleo. La confianza que caracteriza estos cargos no exige una interacción
cotidiana y permanente con el nominador, pues lo determinante es la clasificación
legal del cargo y la facultad que conserva aquel para designar y remover libremente
a quien lo ocupa.

98. De otra parte, el actor sostuvo que la persona que presuntamente lo reemplazó
no reunía los requisitos exigidos para el cargo. No obstante, este argumento
tampoco está llamado a prosperar, toda vez que en el expediente no existe prueba
que permita identificar con certeza quién ocupó el empleo específico dejado por el
demandante ni demostrar que dicha persona careciera de los requisitos previstos
en el correspondiente manual de funciones. Por el contrario, se observa que la
planta de personal contemplaba varios empleos de asesor con perfiles profesionales
diversos, compatibles con distintas áreas de formación y experiencia.

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99. Sin perjuicio de lo indicado, el demandante no puede pretender que al conformar
su equipo de asesores, el nuevo gobernador del departamento —el elegido para el
periodo 2016 – 2019— designara a uno de ellos para ejecutar las mismas labores
que él desarrollaba en la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues tal
empleo, el de asesor, se encuentra adscrito al despacho del regente territorial y, por
contera, la asignación de funciones en esa dependencia y/o en cualquiera otra de
la estructura departamental, está supeditada a la decisión discrecional del
nominador, a las necesidades del servicio que este avizore y los métodos que
estime necesario para superarlas.

100. En otras palabras, la comparación de perfiles propuesta por el accionante no
puede centrarse en las funciones que éste cumplía en aquella secretaría, sino con
sustento en los requisitos que el empleo de asesor tiene previstos en el Manual de
Funciones y Competencias Laborales, lo que aquí no fue alegado ni demostrado.

101. Tampoco encuentra la Sala acreditada la desviación de poder invocada por
el accionante. En efecto, en el paginario no reposan ninguna prueba que permita
concluir que el acto demandado devino de móviles personales, persecutorios o
ajenos al interés público. Las circunstancias señaladas por el actor, relacionadas
con su desempeño laboral, el reconocimiento de sus capacidades profesionales o
las funciones que ejecutó en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
únicamente evidencian que ejerció satisfactoriamente el cargo, mas no permiten
inferir que la decisión hubiera perseguido una finalidad distinta al ejercicio de la
facultad discrecional legalmente atribuida al nominador.

102. Tampoco se configura el vicio de falsa motivación. Tratándose de actos de
insubsistencia de empleados de libre nombramiento y remoción, la administración
no está obligada a expresar las razones concretas que sustentan esa decisión. En
consecuencia, el hecho de que el demandante hubiera cumplido adecuadamente
sus funciones y/o desarrollado labores jurídicas y contractuales de las que
normalmente ejecutan los empleados de carrera administrativa, no desvirtúa la
validez del acto acusado ni mucho menos socava la potestad discrecional con que
cuenta la administración para estos fines.

103. Es decir, el hecho de que materialmente el accionante hubiera ejecutado
actividades y funciones ajenas a su empleo de libre nombramiento y remoción, no
obligaba a la administración para que, al momento de emitir el acto cuestionado,
indicara las razones y motivos de esa insubsistencia, como si su cargo fuera de
aquellos de carrera administrativa.

104. Finalmente, en cuanto a las inconsistencias alegadas respecto de la fecha de
retiro de nómina y la de emisión del acto administrativo demandado, la Sala observa
que tales circunstancias no fueron demostradas.

105. Así las cosas, los argumentos expuestos por el demandante no logran
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto acusado ni permiten
demostrar la configuración de los vicios de desviación de poder, falsa motivación o

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vulneración del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. En
consecuencia, al no prosperar los cargos formulados en el recurso de apelación, se
confirmará la sentencia de primera instancia.

106. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

107. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

108. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

109. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

110. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre del 2021, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Alfonso Moreno Jaimes en contra el departamento de Santander.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

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Demandantes: Alfonso Moreno Jaimes

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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