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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00050-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00050-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio del 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Berónica Nayibe Vanegas Cediel en contra de la Nación – Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - DNI. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2022-00050-01 (0183-2026) Demandantes: Berónica Nayibe Vanegas Cediel serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00050-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00050-01 (0183-2026).
Demandante: Berónica Nayibe Vanegas Cediel.
Demandado: Nación – Departamento Administrativo Dirección Nacional
de Inteligencia – DNI.
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción –
diferencia entre facultad discrecional y potestad disciplinaria.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 23 de julio del 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 364
del 28 de mayo de 2021, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la señora Berónica Nayibe Vanegas Cediel en el cargo de técnico
táctico, clase I, grado 03, de la Subdirección de Operaciones – Dirección de
Inteligencia y Contrainteligencia.

3. Como restablecimiento del derecho se pidió el reintegro al citado empleo o a otro
de mayor categoría sin solución de continuidad, y el consecuente pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo cesante, los
aportes al régimen de seguridad social en salud y pensión, la indexación de las
sumas, así como la indemnización de los perjuicios.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. La demandante se vinculó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) el 23 de
julio de 2012 como técnico táctico, clase I, grado 03, adscrito a la Subdirección de
Operaciones, empleo de libre nombramiento y remoción por involucrar actividades
de inteligencia y acceso a información reservada. Durante su permanencia en la

1 Archivo «1_ED_0ACCIN1.PDF» y «15_RECIBEMEMORIALES_REFORMADE_202200050.pdf», los cuales pueden ser
descargados en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia .

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00050-01 (0183-2026)
Demandantes: Berónica Nayibe Vanegas Cediel

entidad no recibió llamados de atención ni observaciones por su desempeño; por el
contrario, obtuvo reconocimientos y felicitaciones por su labor.

6. El 10 de marzo de 2021, Natalia Chavarro Mejía presentó una queja disciplinaria
por presunto acoso laboral contra Andrés Felipe Arcos Muñoz, coordinador de la
Línea Operativa 04. En dicha queja mencionó que varios funcionarios de esa línea,
entre ellos la demandante, habrían participado en una integración social durante el
desarrollo de una misión de trabajo, hecho que utilizó para ilustrar un supuesto trato
preferencial. La denuncia no estuvo acompañada de pruebas.

7. Con fundamento en esa queja, el 16 de abril de 2021 la Dirección de Gestión
Institucional abrió investigación disciplinaria (radicado GOCDI 002 de 2021) contra
Berónica Vanegas y otros cuatro funcionarios. El 19 de abril de 2021, el Director de
Inteligencia y Contrainteligencia sostuvo una reunión con los investigados y
manifestó que respetaría el debido proceso mientras se adelantaban las
verificaciones correspondientes.

8. Entre abril y mayo de 2021, la demandante continuó participando en misiones de
trabajo sin recibir observaciones negativas sobre su desempeño. Sin embargo, el
28 de mayo de 2021, antes de que se practicaran las pruebas dentro de la
investigación disciplinaria y sin recomendación de un comité asesor, el director
General de la DNI declaró insubsistente su nombramiento. Ese mismo día también
fueron retirados los demás funcionarios mencionados en la queja e investigados
dentro del mismo proceso disciplinario.

9. Con el fin de conocer las razones de su desvinculación, la demandante presentó
derecho de petición el 15 de octubre de 2021, el cual le fue resuelto por la DNI el 9
de noviembre siguiente. En esa respuesta se indicó que la insubsistencia obedeció
a una “pérdida de confianza”, según constancia incorporada a su hoja de vida.

10. La demandante sostiene que la decisión constituyó en realidad una sanción
disciplinaria encubierta, adoptada sin que existiera un procedimiento que
demostrara su responsabilidad, y que le ocasionó graves perjuicios morales y
profesionales.

11. Posteriormente, en el curso de otro proceso judicial relacionado con el retiro de
una funcionaria en circunstancias similares, la DNI aportó un “informe de
verificación” de 20 de mayo de 2021 elaborado por la Inspección General. La
existencia de dicho documento era desconocida para la demandante, pues nunca
le fue comunicada ni fue mencionada en el acto de insubsistencia. A partir de este
hallazgo, se reformó la demanda para sostener que dicho informe evidenció una
motivación distinta del acto acusado y refuerza su tesis de que la facultad
discrecional fue utilizada como mecanismo sustitutivo de una sanción disciplinaria,
sin las garantías propias de un procedimiento previo.

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Demandantes: Berónica Nayibe Vanegas Cediel

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículo 2.° de la Constitución Política y el artículo 137 de la ley 1437
de 2011. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:

13. La Resolución nro. 364 de 2021, mediante la cual se declaró insubsistente su
nombramiento, incurrió en desviación de poder, porque la facultad discrecional fue
ejercida con fines distintos a los previstos por el ordenamiento jurídico. Indicó que
aunque los empleos de libre nombramiento y remoción permiten la desvinculación
discrecional de sus titulares, dicha potestad no es absoluta, pues debe orientarse a
garantizar la confianza y el buen servicio, y ejercerse con criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y adecuación a los fines de la norma.

14. Afirmó que la decisión no obedeció a razones de servicio ni a una verdadera
pérdida de confianza, sino que se utilizó como un mecanismo para sancionar una
presunta conducta disciplinaria derivada de la queja presentada por otra empleada.
Señaló que durante cerca de nueve años de servicio mantuvo una hoja de vida
intachable, recibió reconocimientos por su desempeño y nunca fue objeto de
llamados de atención o cuestionamientos por parte de sus superiores.

15. Adujo que la única circunstancia que antecedió a su retiro fue la queja
disciplinaria presentada en marzo de 2021, la cual carecía de pruebas y se
sustentaba en comentarios de terceros. Pese a ello, antes de que se practicaran las
pruebas dentro de la investigación disciplinaria y sin haberse determinado la
veracidad de los hechos denunciados, la entidad declaró insubsistente su
nombramiento y el de los demás funcionarios mencionados en la queja.

16. Refirió que las circunstancias que rodearon la decisión permiten inferir que la
facultad discrecional fue utilizada como un mecanismo sustitutivo de la potestad
disciplinaria, con el propósito de sancionar una conducta presuntamente irregular
sin adelantar el procedimiento correspondiente. Ello constituye desviación de poder,
pues la discrecionalidad no puede emplearse para imponer sanciones disciplinarias
encubiertas.

17. Sostuvo, además, que el acto acusado también es nulo porque desconoció las
normas especiales que regulan el retiro de servidores que desempeñan actividades
de inteligencia y contrainteligencia. Toda vez que el artículo 38 de la Ley Estatutaria
1621 de 2013 indica que el retiro por pérdida de confianza debe estar precedido de
un procedimiento que garantice el debido proceso y de la intervención de un comité
asesor encargado de emitir concepto previo sobre la pérdida de idoneidad y
confianza del funcionario.

18. Afirmó que, aunque la entidad adujo con posterioridad que la insubsistencia
obedeció a una “pérdida de confianza”, nunca adelantó el procedimiento especial
previsto para estos casos ni le permitió conocer formalmente las razones de la
decisión, aportar pruebas, controvertir la queja o presentar su versión de los hechos.

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19. Contestación de la demanda2. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y
solicitó negar las mismas al considerar que la Resolución nro. 364 del 28 de mayo
de 2021 fue expedida legalmente, en ejercicio de la facultad discrecional del director
general para retirar a funcionarios de libre nombramiento y remoción.

20. Sostuvo que la demandante ocupaba un cargo de inteligencia y
contrainteligencia que exigía un nivel especial de confianza, por lo que su
permanencia dependía de la conservación de ese elemento esencial. En
consecuencia, la declaratoria de insubsistencia obedeció a la pérdida de confianza
y a razones del buen servicio, no a una sanción disciplinaria.

21. La entidad afirmó que la facultad discrecional es independiente de la potestad
disciplinaria y que la investigación adelantada no fue la causa del retiro. Señaló que
la decisión se apoyó en un Informe de Verificación de la Inspección General, el cual
concluyó que los hechos ocurridos durante una misión de trabajo generaron riesgos
para la seguridad de los funcionarios, la reserva de la información y el desarrollo de
las operaciones de inteligencia.

22. Asimismo, sostuvo que las actividades cuestionadas ocurrieron durante una
misión en ejecución y no en tiempo libre, como afirma la demandante, y que la
pérdida de confianza resultó incompatible con la permanencia de la funcionaria en
un cargo de especial sensibilidad.

23. Frente a la alegada vulneración del debido proceso, indicó que las garantías
previstas en el artículo 38 de la Ley 1621 de 2013 solo aplican cuando el retiro se
produce por no superar pruebas de credibilidad y confiabilidad, supuesto distinto al
del caso. Por ello, no era necesario adelantar un procedimiento previo, obtener
concepto de un comité asesor, ni motivar el acto administrativo.

24. Finalmente, argumentó que la demandante no demostró la desviación de poder,
la afectación del servicio, ni los perjuicios materiales y morales reclamados, razón
por la cual solicitó mantener la presunción de legalidad del acto acusado y negar
todas las pretensiones de la demanda.

25. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 23 de julio de 2025, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda.

26. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la forma de provisión
de los empleos en los órganos y entidades del Estado y la naturaleza jurídica de la
demandada, concluyó que:

27. La actora ocupaba el cargo de técnico táctico, clase I, grado 03 en la Dirección
Nacional de Inteligencia (DNI), empleo clasificado legalmente como de libre

2 Archivo «10_RECIBEMEMORIALES_1CONTESTACIONBERO.pdf», ib.
3 Índice 46 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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nombramiento y remoción, por desarrollar actividades de inteligencia y
contrainteligencia y manejar información reservada, lo que exige un nivel especial
de confianza.

28. Los actos expedidos en ejercicio de la facultad discrecional gozan de presunción
de legalidad, por lo que correspondía a la demandante demostrar que la decisión
obedeció a fines distintos del buen servicio. Sin embargo, concluyó que no se
aportaron las pruebas suficientes para acreditar que el retiro del servicio tuvo un
propósito arbitrario, personal o ajeno al interés público.

29. El director de la DNI estaba facultado para remover discrecionalmente a la
demandante sin necesidad de motivar el acto ni adelantar un procedimiento previo,
dado que no se trataba de una servidora de carrera administrativa, ni gozaba de
estabilidad reforzada derivada de su cargo.

30. Aunque se acreditó que la demandante tuvo un desempeño laboral satisfactorio,
recibió reconocimientos institucionales y fue considerada una funcionaria
responsable y comprometida, reiteró la jurisprudencia según la cual el buen
desempeño no genera un fuero de estabilidad ni limita la facultad discrecional del
nominador.

31. Respecto de la alegada pérdida de confianza, el a quo consideró que esta
constituye una razón legítima para la desvinculación de quienes ocupan cargos de
libre nombramiento y remoción, especialmente en organismos de inteligencia,
donde la confianza es un elemento esencial para el cumplimiento de las funciones
asignadas.

32. En relación con el procedimiento previsto en el parágrafo 4.º del artículo 38 de
la Ley 1621 de 2013, concluyó que no era aplicable al caso, pues regula los eventos
de retiro derivados de la no superación de pruebas de credibilidad y confiabilidad,
mientras que la desvinculación de la demandante obedeció al ejercicio de la facultad
discrecional del nominador.

33. Frente al argumento de que la insubsistencia constituyó una sanción encubierta
por los hechos investigados disciplinariamente, la sentencia sostuvo que la facultad
discrecional y la potestad disciplinaria son instituciones autónomas e
independientes, con finalidades distintas. Por ello, la administración no estaba
obligada a esperar el resultado del proceso disciplinario para disponer el retiro del
servicio, ni la insubsistencia implicaba prejuzgamiento o sanción disciplinaria.

34. No se probó que la desvinculación produjo una afectación o desmejora en la
prestación del servicio, ni que la persona que posteriormente ocupó el cargo
careciera de los requisitos exigidos. En consecuencia, se concluyó que el acto
acusado fue expedido por autoridad competente, en ejercicio legítimo de la facultad
discrecional prevista en la ley, sin que se demostraran los vicios de nulidad
alegados. Por ello, mantuvo la presunción de legalidad de la Resolución nro. 364 de
2021 y negó las pretensiones de la demanda.

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35. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

36. Sostuvo que la decisión de retiro, aunque formalmente adoptada en ejercicio de
la facultad discrecional, en realidad no obedeció al mejoramiento del servicio sino
que encubrió una sanción disciplinaria basada en una queja no comprobada, sin
que se brindara a la funcionaria la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

37. En ese sentido, cuestionó las conclusiones de la sentencia de primera instancia
por haber interpretado erróneamente el marco normativo aplicable, en particular la
Ley Estatutaria 1621 de 2013, al considerar que la facultad discrecional podía
ejercerse sin cumplir condiciones adicionales y sin necesidad de motivación. Indicó
que dicha interpretación desconoce que, en el caso de organismos de inteligencia,
el retiro del servicio mediante facultad discrecional exige un concepto previo de un
comité asesor, requisito que no fue cumplido en el caso concreto.

38. Asimismo, argumentó que, aunque en principio los actos discrecionales no
requieren motivación, esta exigencia surge cuando la decisión se fundamenta en
razones concretas distintas al simple mejoramiento del servicio. En el presente
caso, el retiro estuvo realmente motivado en una queja disciplinaria y en un informe
interno, circunstancias que no fueron expresadas en el acto administrativo, lo cual
impidió a la afectada conocer las razones de su desvinculación y ejercer
adecuadamente su defensa, configurándose una falta de motivación material.

39. Además indicó que se configuró una desviación de poder, ya que la facultad
discrecional fue utilizada con una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento
jurídico, concretamente para anticipar o sustituir una sanción disciplinaria frente a
hechos no probados.

40. Indicó que existen varios elementos e indicios que permiten deducir que la
verdadera causa del retiro fue la queja disciplinaria presentada contra la
demandante. Entre estos se destacan documentos internos que evidencian la
intención de separar a los funcionarios investigados, la adopción de medidas
similares frente a otros implicados, la existencia de informes conocidos por el
nominador antes de la decisión y la ausencia de antecedentes negativos en la hoja
de vida de la demandante. Estos elementos permiten concluir que la decisión se
basó en un único factor sobreviniente y no en una evaluación objetiva del
desempeño.

41. Finalmente, sostuvo que la medida adoptada resultó desproporcionada, en la
medida en que se tomó sin contar con elementos suficientes, sin adelantar un
proceso que permitiera la contradicción de los hechos y sin valorar adecuadamente
las consecuencias para el servicio. Por lo que solicitó revocar la sentencia de
primera instancia, declarar la nulidad del acto administrativo y restablecer los
derechos de la demandante.

4 Índice 51, ib.

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Trámite correspondiente a la segunda instancia

42. La admisión del recurso. Mediante auto de 6 de abril de 20265 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley intervinieron las partes y el
Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación en los siguientes
términos:

43. Parte demandante6. Aportó una sentencia proferida el 17 de febrero de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso promovido
contra la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que se analizó una controversia
jurídica similar a la del presente caso.

44. Adujo que en esa providencia se concluyó que el retiro discrecional de
servidores que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia debe
sujetarse al procedimiento especial previsto en el parágrafo 4.º del artículo 38 de la
Ley 1621 de 2013, que exige un concepto previo de un comité asesor sobre la
idoneidad y confianza del funcionario, por lo que no basta acudir a las facultades
generales de retiro previstas en el Decreto 2400 de 1968 y la Ley 909 de 2004.

45. En tal sentido, solicitó analizar ese proveído para la definición de la situación
jurídica aquí debatida.

46. Parte demandada7. Por su parte, la entidad demanda expresó que la parte
actora hace una lectura aislada del parágrafo 4.° del artículo 38 de la Ley 1621 de
2013, pues tal regla solo se aplica en aquellos eventos en los que el retiro del
servicio está precedido por la no superación de las pruebas de credibilidad y
confiabilidad y no se extiende a casos como el actual, en el que la desvinculación
estuvo motivada en el ejercicio de la potestad discrecional conferida en la Ley 909
de 2004.

47. Que esta misma interpretación se encuentra consignada en el concepto del
pasado 3 de diciembre de 20258, en el que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, ante la pregunta de sí el aludido parágrafo solo aplicaba a los
casos en que el personal de inteligencia no superaba las referidas pruebas,
respondió que

«Si. El parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 contiene un
régimen especial de retiro; en consecuencia, se aplica únicamente en los casos en
que un servidor público que desarrolla actividades de inteligencia y
contrainteligencia de un organismo que cumple estas funciones no supera las
pruebas de credibilidad y confiabilidad.»

48. Igualmente, destacó que al ser indagada esa Sala sobre la posibilidad de retirar
del servicio a un servidor de inteligencia y contrainteligencia por razones de perdida

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 10, ib.
7 Ver índice 11, ib.
8 Expediente nro. 11-001-03-06-000-2025-00451-00.

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de confianza y con sustento en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 2400 de 1968,
obtuvo como respuesta:

«Si se configura una situación diferente al retiro del servicio por no superación de
las pruebas de credibilidad y confiabilidad de que trata el parágrafo 4 del artículo 38
de la Ley 1621 de 2013, el nominador, en ejercicio de su facultad discrecional, puede
declarar insubsistente el nombramiento del servidor público que ejerza actividades
de inteligencia y contrainteligencia, según lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley
909 de 2004 y 25 (con su modificación) y 26 del Decreto 2400 de 1968 […]»

49. Ministerio Público9. Solicitó confirmar la sentencia apelada, para lo cual reiteró
que la correcta interpretación del parágrafo 4.° del artículo 38 de la Ley 1621 de
2013 no restringe la potestad discrecional del nominador para retirar a los
funcionarios de libre nombramiento y remoción por razones distintas a las ahí
indicadas, entre ellas, la perdida de confianza como condición natural frente a ese
tipo de empleos.

50. Además, argumentó que las pruebas aportadas a la actuación no evidenciaron
la desviación de poder alegada por la accionante, pues el buen desempeño del
cargo o función no es indicativo de esa causal de nulidad.

51. Control de legalidad10. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
se resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

52. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,11 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de marras.

53. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si ¿se encuentra viciado de nulidad el acto de
insubsistencia por haberse acreditado que la razón real de la desvinculación fue
distinta de la finalidad propia de la facultad discrecional, configurándose falsa
motivación o desviación de poder?

54. Con tales fines se referenciará el ejercicio de la facultad discrecional frente a los
servidores de libre nombramiento y remoción y la desviación de poder como causal
de nulidad de los actos administrativos.

9 Ver índice 12, ib.
10 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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55. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

56. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.

57. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa. Para
ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones fijadas por la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.

58. En complemento de la citada clasificación general se expidió la Ley 909 de
200412. A través de ella se fijaron los criterios que permiten determinar cuándo un
cargo público pertenece a la categoría de «libre nombramiento y remoción». En el
artículo 5. ° ejusdem. se puede leer:

«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y
la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas
en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

a. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica
la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente;
Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno
Disciplinario o quien haga sus veces.». (El énfasis es de la Sala)

59. De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa13. Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos
en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse en
los siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las esferas
de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas

12 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y

se dictan otras disposiciones»
13 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación: 50001-23-33-
000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación:
25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número
de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).

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labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes
públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad discrecional del nominador,
pues el grado de confianza frente a él es el mérito principal que determina su
provisión y/o retiro»14.

60. En armonía con lo anterior el Decreto 4179 de 2011 por medio del cual se creó
la Entidad demandada y en su artículo 4 se estableció:

«ARTÍCULO 4°. Régimen Laboral. La Dirección Nacional de Inteligencia contará
con un régimen especial en materia salarial, que será fijada por el Gobierno Nacional
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales. Los servidores públicos que
lleven a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia o tengan acceso a
información de carácter reservado se clasifican como de libre nombramiento y
remoción, por la especial confianza que conlleva el desarrollo de la función».

61. En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.

62. Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se
ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene
sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley 909 de
2004, dispuso:

«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…

PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y
deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».

63. Ahora, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de motivar
la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.

25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).

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es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda
resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general15.
64. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional 16 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros
de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como
límites para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:

i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.

ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;

iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

65. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.

66. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.

67. La desviación de poder como causal de nulidad de los actos
administrativos.

68. En el artículo 137 del CPACA la «desviación de las atribuciones propias de
quien profirió el acto administrativo», comúnmente conocida como «desviación de
poder» se erige, con autonomía, como una causal de anulación que se concreta, en
sentir de la jurisprudencia de esta Subsección «[…] cuando el acto si bien fue
expedido por órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en
realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico»17.

69. Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión
es distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos
administrativos emanados de la potestad discrecional debe demostrarse que existe
contradicción entre el objeto perseguido por la ley y el alcanzado por su autor.

70. Por tanto, al invocar esta causal de nulidad, la parte actora deberá aportar las
pruebas pertinentes que le permitan al fallador verificar si esas condiciones se
presentaron o no —independientemente de si tal objetivo fue o no expresado en

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18

de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-00193-
01(0417-19).
16
Sentencia T-372 de 2012.
17 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente nro. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Rafael

Francisco Suárez Vargas.

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él—, esto es, si tal finalidad satisfizo los intereses públicos —tales como la garantía
de buen servicio— o, por el contrario, si fue ajena a la norma o normas que
posibilitaron su emisión. Sobre el particular, en sentencia de 16 de julio de 2020 18,
esta Sala de Subsección concluyó:

«[…] Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede
ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente
exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de
satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó
realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control
judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho
administrativo es el control de la discrecionalidad […]».

71. Esta corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden
presentar en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la carga
probatoria que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado deberá acreditar
que el móvil que subyace a las expresiones de la determinación gubernamental es
ajeno a la finalidad prevista en la disposición citada como fundamento de aquella.

72. Con sustento en lo anterior, la Subsección resolverá el cuestionamiento arriba
planteado.

73. Caso concreto – resolución del interrogante único: ¿se encuentra viciado
de nulidad el acto de insubsistencia por haberse acreditado que la razón real de la
desvinculación fue distinta de la finalidad propia de la facultad discrecional,
configurándose falsa motivación o desviación de poder?

74. En el recurso se afirmó que, aunque la facultad discrecional en principio permite
la emisión de decisiones no motivadas, cuando la decisión obedece a razones
concretas distintas del mejoramiento del servicio, esas razones deben hacerse
explícitas para garantizar el derecho de defensa.

75. La apelación insistió en que la autoridad nominadora habría utilizado la
insubsistencia para castigar o apartar a la funcionaria por hechos que aún no habían
sido comprobados en un procedimiento disciplinario, lo que desnaturaliza la
potestad discrecional. Y que, además, los documentos internos, las resoluciones
expedidas respecto de otros funcionarios, el informe de inspección y la ausencia de
reparos previos en la hoja de vida de la demandante muestran que el retiro obedeció
a un propósito distinto al legalmente permitido.

76. Por su parte, el a quo concluyó que las pruebas aportadas al proceso no
demostraron que la demandada utilizó su facultad discrecional con fines distintos al

18 Expediente nro. 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.

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mejoramiento del servicio, por lo que la actora no desvirtuó la presunción de
legalidad que se orbita sobre la Resolución nro. 364 de 2021, ni mucho menos
acreditó la causal de nulidad de desviación de poder invocada en la demanda.
77. Pues bien, en aras de resolver la pregunta en cuestión, la Sala referenciará las
pruebas incorporadas a esta actuación, así:

78. Mediante la Resolución nro. 118 del 18 de julio de 2012, la demandante fue
nombrada como técnico táctico, clase I, grado 03, adscrito a la Subdirección de
Operaciones de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia de la Dirección
Nacional de Inteligencia (DNI)19.

79. A la actora se le comunicó apertura de investigación disciplinaria en escrito del
21 de abril de 202120. Dentro de esta fue citada para el 13 de diciembre de 2020
con la finalidad de rendir la respectiva versión libre. Sin embargo, a través de su
abogado indicó que se presentaría en la oportunidad procesal que estimara
procedente y que por el momento no haría uso de ese derecho21.

80. La entidad demandada llevó a cabo el informe de verificación -05-2021 para
examinar la legalidad, eficiencia y eficacia de las Misiones de Trabajo 093 y 097 de
2020, así como la correcta ejecución de los gastos reservados, a partir de una queja
que reportó posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Dirección
Nacional de Inteligencia en el desarrollo de sus funciones22.

81. En el curso de dicha actuación se llevaron a cabo varias entrevistas entre las
que se encontraron la de la funcionaria que interpuso la queja y los demás
funcionarios involucrados, se realizó la verificación de algunos documentos y se
indicaron unas conclusiones.

82. La verificación concluyó que, en el marco de la Misión de Trabajo 093
(MTR093), se desarrolló una actividad social no autorizada por los directivos de la
entidad, pese a que los funcionarios participantes eran conscientes de que la misión
se encontraba en ejecución. Dicha actividad implicó el incumplimiento de los
protocolos de bioseguridad vigentes por la pandemia de COVID-19 y generó riesgos
para la seguridad operacional, la seguridad de la información, la integridad física de
los funcionarios y la reputación institucional. Además, el consumo de licor y la
presencia de personas ajenas a la DNI incrementaron la posibilidad de
materialización de riesgos asociados a infiltración, penetración, exposición de
información sensible y afectación de la seguridad de los agentes.

83. Respecto de la Misión de Trabajo 097 (MTR097), se estableció que una
funcionaria realizó una actividad personal relacionada con una intervención
quirúrgica durante la ejecución de la misión, autorizada verbalmente por su superior

19 Archivo «12_RECIBEMEMORIALES_3ANTECEDENTES.pdf», el cual puede ser descargado en la pestaña

«Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
20
Archivo «039RECIBEMEMORIAL_202200050CDzip», carpeta 1, archivo F10AF10 320211745.pdf, ib.
21
Archivo «039RECIBEMEMORIAL_202200050CDzip», carpeta 2, archivo F423AF423 Certificacion.pdf, ib.
22
Archivo «13_RECIBEMEMORIALES_4PRUEBAS.pdf» folio 30, ib.

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inmediato, sin que dicha novedad fuera comunicada oportunamente a las instancias
competentes. La verificación evidenció inconsistencias administrativas, pues no se
expidió una misión complementaria que formalizara su separación temporal de la
actividad misional, pese a que permaneció en una ciudad distinta a la del resto del
equipo. Asimismo, se identificó la legalización de gastos de alojamiento,
alimentación y parqueadero durante el tiempo destinado a la atención médica,
incluyendo recursos de gastos reservados utilizados en actividades no relacionadas
directamente con el objeto de la misión.

84. Como resultado de la verificación, la Inspección General recomendó fortalecer
la cultura institucional de inteligencia y contrainteligencia mediante procesos de
sensibilización sobre deberes, límites y restricciones de las actividades misionales;
reforzar la formación de los agentes en materia de riesgos, responsabilidades y
consecuencias derivadas de actuaciones contrarias a los protocolos; diseñar un
código de conducta específico para el personal de inteligencia; fortalecer las
políticas de seguridad institucional y la gestión del conocimiento; analizar las causas
que propiciaron los hechos identificados para implementar mayores controles
organizacionales; y adoptar acciones correctivas frente a la utilización de recursos
públicos en actividades ajenas al objeto misional, con el fin de prevenir la repetición
de situaciones similares y proteger la seguridad, la información y la imagen de la
entidad.

85. A través de la Resolución nro. 364 del 28 de mayo de 202123, el director general
de la DNI declaró insubsistente el nombramiento que la señora Berónica Nayibe
Vanegas Cediel ostentaba en el aludido empleo, la cual le fue comunicada ese
mismo día24.

86. En auto del 12 de agosto de 2022 la demandada declaró cerrada la
investigación disciplinaria25.

87. Durante el trámite de este proceso se recibieron las declaraciones de Diego
Alejandro Velásquez Puerta, Gabriela Vanegas Cediel y Andrés Felipe Arcos
Muñoz26.

88. De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se encuentra
acreditado que la accionante era idónea para el cargo que desempeñaba, contaba
con la experiencia requerida, registraba un buen desempeño y poseía una hoja de
vida intachable, circunstancias que no fueron controvertidas por la entidad
demandada.

89. No obstante, se destaca que la excelente hoja de vida y trayectoria profesional
y laboral no genera en favor de los empleados de libre nombramiento y remoción

23 Archivo «3_ED_2PRUEBASBERONIC.PDF» Folio 4, ib.
24
Archivo «12_RECIBEMEMORIALES_3ANTECEDENTES.pdf» folio 30, ib.
25
Archivo «039RECIBEMEMORIAL_202200050CDzip», carpeta 3, archivo F463AF463AutoCierreInvestigacion.pdf, ib.
26 Archivos 050AUDIENCIAPRUEB_Actaaudiencia202050p.pdf y 051AUDIENCIAPRUEB_Actasegundasesion202.pdf, ib.

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un fuero de estabilidad ni restringe el ejercicio de la facultad discrecional con que
cuenta el nominador para disponer su retiro del servicio.

90. En efecto, tales cargos demandan especiales responsabilidades y una
participación directa en la adopción de decisiones de alta relevancia institucional,
razón por la cual resulta indispensable que exista una adecuada coordinación y un
alto grado de confianza.

91. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que «[…] siendo la
confianza un factor determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de
libre nombramiento y remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que
la administración de por terminada la relación laboral con el empleado público y de
esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del
interés público»27.

92. Esta concepción fue desarrollada ampliamente por esa corporación en la
sentencia de unificación 003 de 2018, en la que explicó que el ordenamiento jurídico
permite a la administración conformar sus equipos de trabajo con fundamento en
criterios de plena confianza, desde una perspectiva eminentemente subjetiva, como
excepción a la regla general de la carrera administrativa. Ello obedece a que
determinados empleos deben administrarse conforme a las razones de
conveniencia del titular de la competencia. Al respecto, precisó:

«[…] 53. Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza,
justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso
a la carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en
la aplicación de los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de
“prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación de esta
sentencia […]».

93. En esa providencia se destacó que la validez constitucional de este tipo de
empleos se sustenta, fundamentalmente, en dos criterios: uno objetivo o material,
relacionado con la naturaleza de las funciones a desempeñar, y otro subjetivo,
vinculado al elevado grado de confianza que exige su ejercicio.

94. En armonía con lo anterior, este tribunal ha reconocido que la confianza
constituye un elemento esencial tanto para la vinculación como para la orden de
retiro del servicio de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. Por
ello, la pérdida de dicha confianza constituye una razón legítima para poner fin a la
relación laboral, en procura de garantizar la adecuada prestación del servicio público
y la satisfacción del interés general28.

95. Así, cuando desaparece la afinidad funcional o la confianza necesaria para la
definición y ejecución de las políticas institucionales, la declaratoria de

27 Sentencia T-686 del 11 de septiembre de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
28 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 25 de julio de 2024, expediente nro. 25-000-23-42-000-

2016-05968-01 (1911-2020), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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insubsistencia no puede calificarse, por sí sola, como arbitraria ni como expresión
de desviación de poder.

96. Esta Sección ha sostenido que «[…] [p]or ello, un empleado en tal cargo que no
esté en sintonía con el representante y responsable de la institución pública, al
margen de sus capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya
que, en la dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre
otras, para ese tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a
la actividad laboral»29.

97. En consecuencia, la Sala no advierte irregularidad alguna en la actuación de la
entidad demandada. Se trata de una facultad legítima y ampliamente reconocida en
relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, respecto de los cuales el
nominador puede disponer tanto el nombramiento como la remoción sin necesidad
de motivar el acto administrativo correspondiente, sin que el buen desempeño del
servidor constituya un obstáculo para su ejercicio.

98. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la accionante en la demanda y en la
alzada relacionado con que la DNI vulneró su derecho al debido proceso con la
aplicación de la figura de la insubsistencia como instrumento para castigarla o
apartarla del empleo por hechos que aún no habían sido comprobados en un
procedimiento disciplinario, se recuerda que no debe confundirse la facultad
discrecional que tiene la administración para retirar a los funcionarios de libre
nombramiento y remoción con la potestad disciplinaria.

99. Ello, dado que se trata de figuras jurídicas diferentes y autónomas, toda vez
que: mientras la facultad discrecional permite al nominador retirar a un servidor por
razones relacionadas con la conveniencia del servicio y la confianza requerida para
el cargo; la potestad disciplinaria tiene como finalidad investigar y sancionar las
faltas cometidas por los servidores públicos. Por ello, cada una responde a
finalidades y requisitos distintos, y el ejercicio de una no depende de la otra.

100. Sobre este particular, la jurisprudencia ha señalado30:

«[…] Además de lo dicho, cuando la conducta cometida por el funcionario es de tal
intensidad que compromete, no sólo su papel misional y las metas de su gestión
administrativa, sino que pasa los linderos de la responsabilidad penal o el
compromiso disciplinario, de modo que se abre alguno de esos procesos en contra
del funcionario por desatención de sus deberes y responsabilidades, ello no
impediría hacer uso de la discrecionalidad. En suma, la apertura de un proceso
disciplinario o penal no puede inhibir el uso de la potestad discrecional que lleve al
retiro del funcionario. Resulta sí intolerable, exigir, como aquí se hace, que por
haberse iniciado un proceso disciplinario contra un funcionario de libre
nombramiento y remoción, esa circunstancia, que le debiera ser adversa, se
convierta en fuente de estabilidad mientras se tomen las determinaciones propias

29 Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2023, expediente nro. 25000-23-42-000-2016-02386-01

(6635-2022), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30 Sentencia con radicado 15001-23-31-000-2003-02831-01(0653-10) del 2 de diciembre de 2010; postura

reiterada en sentencias: 25000-23-42-000-2013-01223-02 del 19 de febrero de 2018, 50001-23-33-000-2014-
00101-01 del 17 de marzo de 2022, 25000-23-42-000-2017-05338-01 del 17 de noviembre de 2022.

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del proceso correccional. La estabilidad propia de los empleados de carrera y
excluida expresamente para los empleos de libre nombramiento, no puede ser
ganada por estos a la espera de las resultas de un proceso disciplinario […]».

101. Ahora bien, la demandante sostiene que la verdadera finalidad del acto
acusado no fue el ejercicio legítimo de la facultad discrecional sino la imposición de
una sanción disciplinaria encubierta. Para sustentar dicha afirmación invoca como
indicios la existencia de una queja disciplinaria, la elaboración del informe de
verificación 05-2021, el retiro simultáneo de otros funcionarios relacionados con los
mismos hechos y la ausencia de antecedentes negativos en su hoja de vida.

102. Sin embargo, ninguno de esos elementos, valorado individualmente o en
conjunto, permite acreditar la desviación de poder alegada. En efecto, la sola
existencia de una queja disciplinaria o de una investigación administrativa no
demuestra que la decisión de retiro hubiera tenido finalidad sancionatoria, pues la
jurisprudencia ha reconocido que la apertura de actuaciones disciplinarias no limita
ni suspende el ejercicio de la facultad discrecional respecto de quienes ocupan
cargos de libre nombramiento y remoción.

103. En relación con el informe de verificación 05-2021, la Sala advierte que su
contenido no permite concluir que la Resolución 364 de 2021 constituyera una
sanción disciplinaria encubierta. Dicho documento tuvo por objeto examinar
situaciones ocurridas durante determinadas misiones de trabajo e identificar riesgos
operacionales, administrativos y de seguridad institucional, así como formular
recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos y la cultura
organizacional.

104. En ese sentido, aun cuando dicho informe pudo constituir un insumo
institucional relevante para la valoración de los niveles de confianza exigidos a
quienes desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, ello no implica
que la decisión de insubsistencia hubiera adquirido naturaleza disciplinaria. Para
que se configurara una desviación de poder en los términos alegados por la
demandante era necesario demostrar que la verdadera finalidad del acto fue
castigar una conducta reprochable sin acudir al procedimiento correspondiente,
circunstancia que no aparece acreditada en el expediente.

105. Tampoco el retiro simultáneo de otros funcionarios constituye prueba
suficiente de que la administración pretendiera imponer una sanción colectiva o
anticipada. Tal circunstancia únicamente evidencia que la entidad adoptó
decisiones respecto de varios servidores vinculados a un mismo contexto fáctico,
sin que de ello pueda inferirse, por sí solo, que el propósito real hubiera sido sustituir
el ejercicio de la potestad disciplinaria.

106. Del mismo modo, la ausencia de llamados de atención, sanciones o
antecedentes negativos en la hoja de vida de la demandante no desvirtúa la
legalidad de la insubsistencia, pues, como ya se indicó, el buen desempeño laboral
no genera estabilidad para quienes ocupan empleos de libre nombramiento y

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remoción ni impide al nominador valorar la confianza requerida para el ejercicio del
cargo.

107. En consecuencia, los elementos invocados por la parte actora constituyen
circunstancias concomitantes al retiro, pero no alcanzan a demostrar que la finalidad
real del acto hubiera sido sancionar disciplinariamente a la demandante por fuera
de los procedimientos legalmente establecidos.

108. Por otro lado, no se configura la falsa motivación alegada por la apelante. La
tesis propuesta consiste en afirmar que la entidad invocó posteriormente una
pérdida de confianza cuando en realidad el retiro obedeció a la intención de
sancionar hechos relacionados con la queja disciplinaria formulada en marzo de
2021.

109. Sin embargo, las pruebas obrantes en el expediente no permiten acreditar la
existencia de una causa oculta o diferente a la asociada con la valoración de la
confianza requerida para el ejercicio de cargos de inteligencia y contrainteligencia.
Por el contrario, lo demostrado es que la administración ejerció una facultad que
legalmente le corresponde respecto de servidores de libre nombramiento y
remoción, sin que exista evidencia suficiente para concluir que utilizó dicha potestad
con una finalidad disciplinaria o sancionatoria.

110. De acuerdo con las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta la
naturaleza del cargo desempeñado por la demandante como servidora pública de
libre nombramiento y remoción, resulta ajustado a derecho el acto administrativo
mediante el cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento. Ello, por cuanto
el nominador se encontraba facultado para ejercer la potestad discrecional de retiro,
orientada a garantizar la adecuada prestación del servicio y la realización de los
fines institucionales.

111. Tampoco prospera el argumento según el cual el tribunal de primer
grado erró al interpretar los alcances del parágrafo 4 del artículo 38 de la Ley
Estatutaria 1621 de 2013.

112. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de este
tribunal emitió el Concepto nro. 2554 del 3 de diciembre de 2025, en el que estudió
el régimen de retiro de los servidores públicos que desarrollan actividades de
inteligencia y contrainteligencia, particularmente en la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI).

113. En esa oportunidad, esa Sala explicó que las actividades de inteligencia y
contrainteligencia tienen una especial relevancia para la seguridad nacional, razón
por la cual el ordenamiento jurídico exige que quienes las desempeñan mantengan
altos estándares de idoneidad, lealtad, confiabilidad y reserva. En desarrollo de
dichos principios, la Ley 1621 de 2013 estableció mecanismos especiales de
evaluación, entre ellos las pruebas de credibilidad y confiabilidad, orientadas a

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verificar que el personal encargado de estas funciones conserve las condiciones
necesarias para acceder y manejar información sensible para el Estado.

114. Adicionalmente determinó que la no superación de las pruebas de
credibilidad y confiabilidad constituye una causal especial de retiro prevista por el
legislador. Por esta razón, cuando la desvinculación de un servidor se fundamenta
en los resultados desfavorables de dichas evaluaciones, la administración debe
observar las garantías y procedimientos especiales establecidos en la ley, entre
ellos la intervención previa de un comité asesor o de la instancia equivalente
prevista para tal efecto.

115. Al interpretar el parágrafo 4. ° del artículo 38 de la Ley 1621 de 2013, la Sala
concluyó que la exigencia del concepto previo del comité asesor no opera para
cualquier modalidad de retiro de los funcionarios que realizan actividades de
inteligencia y contrainteligencia. Por el contrario, dicho requisito se encuentra
estrechamente vinculado a la causal especial derivada de la no aprobación de las
pruebas de credibilidad y confiabilidad, de manera que solo resulta obligatorio
cuando la desvinculación tiene origen en esa circunstancia específica.

116. Asimismo, el concepto aclaró que los servidores de libre nombramiento y
remoción que desempeñan funciones de inteligencia y contrainteligencia continúan
sometidos al régimen general que regula esta clase de empleos. En consecuencia,
la autoridad nominadora conserva la facultad discrecional de declarar la
insubsistencia del nombramiento cuando lo considere necesario para
el mejoramiento del servicio, sin que para ello sea exigible el concepto previo del
comité asesor previsto en el artículo 38 de la Ley 1621 de 2013.31

117. En consecuencia, esta Sala comparte la conclusión según la cual la
existencia de un régimen especial de retiro asociado a la no superación de las
pruebas de credibilidad y confiabilidad no excluye, sustituye ni limita la facultad
discrecional que el ordenamiento jurídico reconoce al nominador respecto de los
cargos de libre nombramiento y remoción.

118. Se trata de mecanismos jurídicos autónomos, con supuestos de hecho,
procedimientos y finalidades diferentes: mientras el primero opera frente a una
causal específica relacionada con los estándares de idoneidad, credibilidad y
confianza exigidos para el ejercicio de actividades de inteligencia y
contrainteligencia; el segundo constituye una potestad inherente a la naturaleza de
los empleos de libre nombramiento y remoción, que permite a la administración
conformar y mantener equipos de trabajo acordes con las necesidades del servicio
y los niveles de confianza requeridos para el cumplimiento de sus funciones.

119. Así las cosas, al haberse acreditado que el acto acusado fue expedido por
autoridad competente, en ejercicio de una facultad legalmente atribuida y sin que se
demostrara la vulneración de las normas invocadas por la parte actora, ni la
configuración de desviación de poder, expedición irregular o desconocimiento del
debido proceso, no se advierte vicio alguno que afecte su validez. En consecuencia,

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00050-01 (0183-2026)
Demandantes: Berónica Nayibe Vanegas Cediel

el acto administrativo demandado conserva la presunción de legalidad que lo
ampara y no existe fundamento para acceder a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.
120. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados por el
recurrente no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.

121. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

122. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

123. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

124. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 23 de julio del 2025, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió la señora Berónica Nayibe Vanegas Cediel en contra de la Nación –
Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - DNI.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho

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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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