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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00761-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00761-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de diciembre del 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Ana María Garzón Botero en contra de la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00761-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000 23 25 000 2010 00761 02 (5860-2022).
Demandante: Ana María Garzón Botero.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 14 de diciembre del 2021, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del Decreto nro. 936 del 5
de abril de 2010, por medio del cual se declaró insubsistente el nombramiento de la
señora Ana María Garzón Botero en el cargo de procuradora segunda delegada
para la casación penal, código OPD, grado ED.

3. Como restablecimiento del derecho se pidió el reintegro al citado empleo o a otro
de mayor categoría y el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir durante el tiempo cesante, así como la indemnización de los
perjuicios morales padecidos con ocasión al retiro del servicio.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. La demandante fue nombrada mediante Decreto nro. 2347 del 16 de octubre de
2009 como procuradora segunda delegada para la casación penal de la
Procuraduría General de la Nación, cargo de libre nombramiento y remoción.

6. Posteriormente, mediante Decreto nro. 936 del 5 de abril de 2010, el procurador
general de la Nación declaró insubsistente esa designación, decisión comunicada
el día 7 siguiente, sin indicar la procedencia de recursos en vía gubernativa.

7. Adujo que es abogada con amplia trayectoria académica y profesional en la
Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación, donde

1 CD cuaderno principal, folios 79-80.

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00761 02 (5860-2022)
Demandantes: Ana María Garzón Botero

ocupó diversos cargos de alta responsabilidad relacionados con investigaciones de
secuestro, terrorismo, parapolítica, corrupción administrativa y procesos de Justicia
y Paz.

8. Informó que durante su carrera dirigió investigaciones de gran trascendencia
nacional, participó en procesos contra estructuras criminales y funcionarios públicos
vinculados con grupos armados ilegales, y obtuvo reconocimientos por su gestión,
desempeño y resultados. Asimismo, destacó que no registra antecedentes
disciplinarios, penales ni de responsabilidad fiscal.

9. Como procuradora segunda delegada para la casación penal, la actora intervino
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en asuntos de casación, revisión
y extradición, además de adelantar investigaciones disciplinarias de relevancia
nacional. Según los informes de gestión allegados, eliminó el atraso del despacho
a su cargo y obtuvo resultados favorables en importantes asuntos judiciales y
disciplinarios.

10. Dentro de las investigaciones a su cargo se encontraba la radicada bajo el nro.
IUS 2009-227778, relacionada con presuntas irregularidades y tráfico de influencias
al interior del Consejo de Estado. En desarrollo de dicha actuación, y con
fundamento en pruebas legalmente recaudadas —principalmente interceptaciones
telefónicas trasladadas desde investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía
General de la Nación— la demandante profirió pliego de cargos el 7 de diciembre
de 2009 contra varios funcionarios y elaboró un esquema o red de relaciones entre
los implicados, para lo cual empleó un software suministrado y autorizado por la
propia Procuraduría General de la Nación.

11. En dicho esquema fue mencionado el entonces procurador delegado ante el
Consejo de Estado, doctor Wilson Ruiz Orjuela, con fundamento en información
obtenida de las pruebas recaudadas. Según la demanda, esta situación generó
inconformidad tanto en dicho funcionario como en otros sectores de la entidad, al
punto que el procurador general de la Nación manifestó que el «organigrama» había
causado malestar y dispuso el traslado del expediente a otra procuradora delegada
mediante auto del 12 de febrero de 2010.

12. Afirmó que posteriormente fue señalada internamente como una funcionaria
“inconveniente” y responsabilizada de afectar aspiraciones de algunos servidores.
Sostuvo que el procurador general expresó que ella constituía «un problema» que
debía solucionarse. Añadió que un día después de expedido el decreto que declaró
insubsistente su nombramiento, la nueva funcionaria encargada del expediente
decretó la nulidad del pliego de cargos proferido por la accionante, para lo cual
argumentó deficiencias probatorias y referencias «innecesarias» a otros servidores
públicos.

13. Sostuvo que la decisión de declarar insubsistente a la demandante no obedeció
a razones del buen servicio sino a retaliaciones derivadas de las decisiones
adoptadas dentro de la investigación disciplinaria nro. IUS 2009-227778.

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Finalmente, afirmó que la desvinculación y las declaraciones públicas realizadas
posteriormente por la procuraduría afectaron gravemente su buen nombre,
reputación profesional y la estabilidad económica y emocional suya y de su familia.

14. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 23, 29, 48, 53, 58, 85, 121, 123 y 209 de la
Constitución Política y el artículo 1.° de la ley 909 de 2004. Al desarrollar el concepto
de violación sostuvo que:

15. Aunque la declaratoria de insubsistencia de los nombramientos efectuados en
favor de los empleados de libre nombramiento y remoción es una facultad
discrecional del nominador, esta no es absoluta ni arbitraria, pues debe ejercerse
en función del buen servicio y los fines del Estado. La jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado que estos actos pueden anularse cuando se demuestra
desviación de poder, es decir, cuando obedecen a intereses particulares y no al
interés general.

16. Asimismo, expuso que, cuando el funcionario retirado acredita altas calidades
profesionales, experiencia, excelente desempeño y una hoja de vida intachable, se
presume su idoneidad para el cargo y corresponde a la administración demostrar
las razones objetivas que justificaron la desvinculación.

17. Indicó que la demandante contaba con una destacada trayectoria profesional y
académica, excelentes resultados en la Procuraduría General de la Nación y
ausencia total de llamados de atención o antecedentes disciplinarios, por lo que no
existían razones relacionadas con el servicio que justificaran su retiro.

18. Por el contrario, sostuvo que el Decreto nro. 936 de 2010 fue expedido como
consecuencia de la investigación disciplinaria nro. IUS 2009-227778, adelantada
por la demandante sobre presuntas irregularidades y tráfico de influencias en el
Consejo de Estado.

19. En consecuencia, concluyó que el acto acusado no obedeció al mejoramiento
del servicio, sino a intereses subjetivos derivados de las decisiones adoptadas por
la demandante en el curso de la investigación disciplinaria, con lo que se configuró
así la desviación de poder y la consecuente nulidad del acto administrativo.

20. Contestación de la demanda2. Mediante auto del 1 de julio de 2011 el tribunal
tuvo por no contestada la demanda por haberse presentado extemporáneamente.

21. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 14 de diciembre de 2021, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda.

2 Folios 229-231, ejusdem.
3 Índice 227 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandantes: Ana María Garzón Botero

22. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la naturaleza del
cargo desempeñado por la demandante, el retiro de los servidores que desempeñan
cargos de libre nombramiento y remoción y la desviación de poder como causal de
nulidad de los actos administrativos, concluyó que:

23. En primer lugar, la declaratoria de insubsistencia de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción constituye una facultad discrecional del nominador, la
cual no requiere motivación expresa y se encuentra amparada por las presunciones
de legalidad y de que la decisión obedece al mejoramiento del servicio. Por ello, la
carga de demostrar la desviación de poder corresponde, en principio, a la
demandante, quien debe acreditar que la verdadera finalidad del acto fue distinta a
la prevista por la ley.

24. El a quo consideró que, aunque estaba plenamente acreditada la amplia
trayectoria académica y profesional de la actora, así como su idoneidad y buen
desempeño en los cargos ejercidos, tales circunstancias no constituyen prueba
suficiente de la desviación de poder ni generan una estabilidad especial en un cargo
de libre nombramiento y remoción. Según la jurisprudencia, una hoja de vida
intachable y el adecuado cumplimiento de las funciones no impiden que la
administración ejerza válidamente su facultad discrecional de retiro.

25. Respecto del argumento según el cual la insubsistencia obedeció a las
actuaciones adelantadas por la demandante dentro de la investigación disciplinaria
nro. IUS 2009-227778, la Sala concluyó que no existía prueba directa que
demostrara que el procurador general hubiera actuado para favorecer los intereses
del doctor Wilson Ruiz Orjuela o para proteger intereses particulares afectados por
dicha investigación.

26. Aunque se acreditó que la demandante profirió el pliego de cargos del 7 de
diciembre de 2009, que en este se incluyó un organigrama donde aparecía
mencionado el citado señor, que posteriormente el expediente fue reasignado a otra
procuradora delegada y que más adelante se decretó la nulidad de aquella decisión,
estimó que esos hechos, por sí solos, no permitían inferir una relación causal entre
tales actuaciones y la posterior declaratoria de insubsistencia.

27. Asimismo, las declaraciones rendidas por varios funcionarios de la procuraduría
no corroboraron las afirmaciones de la demanda sobre supuestas reuniones en las
que se habría calificado a la actora como una servidora “inconveniente” o en las que
el procurador general hubiera manifestado que ella constituía un problema que
debía ser eliminado. Incluso, algunos testigos señalaron desconocer las razones de
la desvinculación y otro indicó que el procurador respaldó las actuaciones
adelantadas en la investigación del Consejo de Estado.

28. En cuanto al relato de la periodista Martha Elvira Soto Franco, consideró que su
conocimiento provenía de fuentes indirectas y reservadas, por lo que no permitía
verificar plenamente la veracidad de la información suministrada. Aun aceptando la
existencia de desacuerdos internos sobre la inclusión del nombre de Wilson Ruiz

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Orjuela en la investigación, ello no demostraba que la insubsistencia hubiera
obedecido a una retaliación.

29. Finalmente, concluyó que ni la prueba directa ni la prueba indiciaria aportadas
al proceso permitían demostrar que el Procurador General hubiera utilizado su
facultad discrecional con fines distintos al mejoramiento del servicio. En
consecuencia, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del
Decreto nro. 936 de 2010, ni acreditar la desviación de poder alegada, razón por la
que se negaron las pretensiones de la demanda.

30. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

31. Sostuvo que, aunque la declaratoria de insubsistencia de los empleados de libre
nombramiento y remoción constituye una facultad discrecional de la administración
y no requiere motivación expresa, dicha potestad no es absoluta ni puede ejercerse
de manera arbitraria.

32. Que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente para la época de expedición del
acto demandado, la decisión debió estar orientada al mejoramiento del servicio y
que cuando el funcionario afectado acredita una trayectoria profesional destacada,
experiencia, idoneidad, excelentes calidades y una hoja de vida intachable,
correspondía a la entidad demostrar las razones objetivas de buen servicio que
justificaban su desvinculación. Que en tales eventos la carga probatoria se traslada
a la administración, pues la comprobación de la competencia y eficiencia del
servidor permitía presumir que el retiro no obedecía a deficiencias en el desempeño.

33. Afirmó que la demandante cumplió ampliamente con dicha carga probatoria,
pues durante su permanencia en la Procuraduría General de la Nación ocupó
cargos de alta responsabilidad, cumplió todos los requisitos de formación y
experiencia exigidos para ello, no recibió llamados de atención, sanciones ni
observaciones negativas, y mantuvo una trayectoria profesional impecable.

34. Que tuvo a su cargo investigaciones de gran relevancia nacional, obtuvo
resultados destacados en su gestión y no registra antecedentes disciplinarios,
penales y de responsabilidad fiscal. A ello se suman certificaciones y declaraciones
rendidas por funcionarios de la entidad, incluido el entonces procurador general de
la Nación, que confirmaron la inexistencia de reproches relacionados con el ejercicio
de sus funciones.

35. Indicó que la Procuraduría General de la Nación no acreditó ninguna razón
concreta de mejoramiento del servicio que justificara la expedición del Decreto nro.
936 de 2010. Además, la entidad no contestó oportunamente la demanda,
circunstancia que impidió la formulación de argumentos de defensa y la aportación
de pruebas encaminadas a demostrar la legalidad material de la decisión. Durante

4 Índice 231, ib.

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el proceso, el entonces procurador general se limitó a invocar la facultad
discrecional propia de los cargos de libre nombramiento y remoción, sin exponer
razones específicas relacionadas con el mejoramiento del servicio que explicaran la
desvinculación de la demandante.

36. Argumentó que se configuró la desviación de poder, pues la entidad no logró
desvirtuar la prueba de la idoneidad y eficiencia de la funcionaria ni demostrar que
la insubsistencia obedeció a necesidades institucionales. En consecuencia, se
quebrantó la presunción de legalidad del acto administrativo, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado aplicable para la época de los hechos, según
la cual la ausencia de justificación sobre las razones de buen servicio permite
concluir que la decisión obedeció a fines distintos de los previstos por el
ordenamiento jurídico.

37. Cuestionó la sentencia de primera instancia por haber aplicado criterios
jurisprudenciales desarrollados con posterioridad a la expedición del acto
demandado. A su juicio, el a quo acudió a precedentes de los años 2019 y 2021
para sostener que la existencia de una hoja de vida sobresaliente no limita la
facultad discrecional del nominador, desconociendo que las reglas jurisprudenciales
vigentes en 2010 exigían a la administración acreditar las razones de mejoramiento
del servicio cuando el funcionario demostraba una trayectoria profesional destacada
y un desempeño satisfactorio.

38. Insistió en que la verdadera motivación de la insubsistencia estuvo relacionada
con la investigación disciplinaria nro. IUS 2009-227778, adelantada por la
demandante sobre presuntas irregularidades y tráfico de influencias al interior del
Consejo de Estado.

39. Como sustento de esta tesis, señaló una serie de hechos que, valorados
conjuntamente, constituyen indicios de desviación de poder: la remoción de la
demandante de la investigación disciplinaria; la posterior asignación del expediente
a otro funcionario; la declaratoria de insubsistencia sin explicación alguna; y la
decisión adoptada al día siguiente de su retiro mediante la cual se anuló el pliego
de cargos elaborado por ella, bajo el argumento de contener referencias
innecesarias a determinados servidores públicos. Al igual que testimonios,
certificaciones y publicaciones periodísticas que dan cuenta de las molestias
generadas al interior de la entidad por la inclusión del nombre del doctor Wilson Ruiz
Orejuela en el contexto de la investigación y de presiones encaminadas a modificar
o eliminar dichas referencias.

40. Estos elementos permiten inferir razonablemente que la finalidad real del acto
no fue el mejoramiento del servicio sino la protección de intereses particulares de
terceros afectados por el desarrollo de la investigación disciplinaria. En
consecuencia, considera acreditada la desviación de poder como causal de nulidad
del acto administrativo, pues la facultad discrecional habría sido utilizada para
alcanzar fines distintos de aquellos previstos por la ley.

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41. Finalmente, afirmó que el juez de primera instancia realizó una valoración
insuficiente de la prueba documental, testimonial e indiciaria obrante en el
expediente. Ya que el conjunto probatorio demuestra tanto la ausencia de razones
objetivas de servicio que justificaran la insubsistencia como la existencia de motivos
ajenos al interés público que explican la decisión adoptada. Por ello, solicitó que se
revoque la sentencia apelada, se declare la nulidad del Decreto nro. 936 de 2010 y
se acceda al restablecimiento del derecho reclamado en la demanda.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

42. La admisión de los recursos. Mediante auto de 16 de marzo de 20235 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley6 solo intervino la
Agente del Ministerio Público Delegada ante esta corporación7, quien solicitó
confirmar la sentencia impugnada.

43. Con tal fin, advirtió que la declaratoria de insubsistencia de la señora Ana María
Garzón Botero fue expedida válidamente en ejercicio de la facultad discrecional
propia de los cargos de libre nombramiento y remoción. Sostuvo que estos empleos
tienen una estabilidad laboral precaria debido a la especial relación de confianza
que los caracteriza, por lo que su retiro no requiere motivación expresa. Asimismo,
señaló que la demandante no logró demostrar la configuración de una desviación
de poder.

44. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

45. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de marras.

46. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si: ¿el acto administrativo demandado es nulo por
haberse expedido con desviación de poder y sin estar sustentado en razones de
mejoramiento del servicio?

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 En el índice 9 de la plataforma SAMAI se registra la actuación desplegada por la parte demandada. Sin

embargo, esa intervención fue posterior a la ejecutoria del auto que admitió la alzada, por lo que se estima
extemporánea.
7 Ver índice 10, ib.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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47. Con tales fines se referenciará el ejercicio de la facultad discrecional frente a los
servidores de libre nombramiento y remoción y la desviación de poder como causal
de nulidad de los actos administrativos.

48. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

49. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.

50. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

51. Como excepción a ese canon encontramos los cargos de libre nombramiento y
remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos en el numeral 2.° del
artículo 5 de la Ley 909 de 2004 podría concebirse en los siguientes términos: «son
aquellos empleos que estando ubicados en las esferas de dirección y conducción
institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas labores de asesoría,
asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes públicos y, por tanto,
requieren de una marcada facultad discrecional del nominador, pues el grado de
confianza frente a él es el mérito principal que determina su provisión y/o retiro»10.

52. Así entonces, y a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes al
sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.

53. A dichos parámetros no fue ajeno el régimen laboral de la Procuraduría General
de la Nación, toda vez que en el Decreto Ley 262 de 200011 se clasificaron los
empleos de la entidad en tres categorías: de carrera, de libre nombramiento y
remoción y de periodo fijo12.

54. Se destaca que dentro de la segunda categoría arriba señalada se encuentra el
cargo de procurador delegado, cuyo ingreso se produce a través de nombramiento
ordinario13 y su retiro puede obedecer, entre otras causales, a la insubsistencia
discrecional14 que, según lo consignado en el artículo 165 ejusdem «[e]s la decisión
que se produce en ejercicio de la facultad discrecional del nominador para remover

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.

25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).
11 Artículo 182.
12 Que corresponden al cargo de procurador general de la Nación y a los de procuradores delegados para la

Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, de acuerdo con lo reglado en el artículo 17
de la Ley 2094 de 2021.
13 Literal a) del artículo 82 del Decreto Ley 262 de 2000.
14 Numeral 3.° del artículo 158 ib.

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a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de libre nombramiento y remoción
[…]»

55. Ahora bien, dado que en el régimen especial de la Procuraduría General de la
Nación no se señalan los parámetros que debe atender el acto administrativo que
declara la aludida insubsistencia discrecional, se debe acudir a la disposición
normativa que, sobre el particular, se encuentra consignada en el inciso segundo
del parágrafo 2.° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 —estatuto general de la
carrera administrativa15— que a la letra dice «[…] [l]a competencia para efectuar la
remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado.»

56. Lo anterior significa que el Procurador General de la Nación —como director
supremo del Ministerio Público— puede disponer libremente de este tipo de
servidores sin dar cuenta de los motivos que lo llevan adoptar la respectiva decisión.

57. En otras palabras, así como el acto administrativo a través del cual se vincula a
un funcionario de libre nombramiento y remoción no requiere ningún razonamiento
distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene sobre él, de la misma
manera la decisión de retiro tampoco exige esas explicaciones.

58. No obstante, aunque el nominador no tenga el deber de motivar la decisión
administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como es natural»
un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda resoluciones justas y
ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general16.

59. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional17 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites
para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:

i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.

ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;

iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

60. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.

15 Aplicable al sistema especial de la procuraduría en virtud de la regla depositada en el numeral 2.° del artículo

3.° ejusdem.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. Sandra

Lisset Ibarra Vélez, expediente nro. 68001-23-33-000-2017-00193-01 (0417-19).
17 Sentencia T-372 de 2012.

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Demandantes: Ana María Garzón Botero

61. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al Procurador General de la
Nación para vincular y/o retirar del servicio a los funcionarios de libre nombramiento
y remoción, sin necesidad de revelar los motivos para ello, teniendo como único
límite los citados principios de justicia y ponderación.

62. La desviación de poder como causal de nulidad de los actos
administrativos.

63. En el artículo 137 del CPACA la «desviación de las atribuciones propias de
quien profirió el acto administrativo», comúnmente conocida como «desviación de
poder» se erige, con autonomía, como una causal de anulación que se concreta, en
sentir de la jurisprudencia de esta Subsección «[…] cuando el acto si bien fue
expedido por órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en
realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico»18.

64. Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión
es distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos
administrativos emanados de la potestad discrecional debe demostrarse que existe
contradicción entre el objeto perseguido por la ley y el alcanzado por su autor. Así,
para el caso bajo estudio, es necesario acreditar que con la determinación acusada
se desmejoró el servicio.

65. Por tanto, al invocar esta causal de nulidad, la parte actora deberá aportar las
pruebas pertinentes que le permitan al fallador verificar si esas condiciones se
presentaron o no —independientemente de si tal objetivo fue o no expresado en
él—, esto es, si tal finalidad satisfizo los intereses públicos —tales como la garantía
de buen servicio— o, por el contrario, si fue ajena a la norma o normas que
posibilitaron su emisión. Sobre el particular, en sentencia de 16 de julio de 2020 19,
esta Sala de Subsección concluyó:

«[…] Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede
ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente
exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de
satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó
realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control
judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho
administrativo es el control de la discrecionalidad […]».

66. Esta corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden
presentar en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la carga
probatoria que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado deberá acreditar

18 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente nro. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Rafael

Francisco Suárez Vargas.
19 Expediente nro. 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.

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que el móvil que subyace a las expresiones de la determinación gubernamental es
ajeno a la finalidad prevista en la disposición citada como fundamento de aquella.

67. Con sustento en lo anterior, la Subsección resolverá el cuestionamiento arriba
planteado.

68. Caso concreto – resolución del interrogante único: ¿el acto administrativo
demandado es nulo por haberse expedido con desviación de poder y sin estar
sustentado en razones de mejoramiento del servicio?

69. Se recuerda que el abogado censor arguyó que en el expediente está
debidamente probado las altas calidades profesionales con que contaba la
demandante, motivo por el que la carga de la prueba se traslada a la entidad
demandada, quien debió probar que las razones del retiro obedecieron al buen
servicio, lo cual no ocurrió.

70. Por su parte, el a quo concluyó que las aportadas al proceso no demostraron
que el procurador general de la Nación utilizó su facultad discrecional con fines
distintos al mejoramiento del servicio, por lo que la actora no desvirtuó la presunción
de legalidad que se orbita sobre el Decreto nro. 936 de 2010, ni mucho menos
acreditó la causal de nulidad de desviación de poder invocada en la demanda.

71. Pues bien, en aras de resolver la pregunta en cuestión, la Sala referenciará las
pruebas incorporadas a esta actuación, así:

72. Mediante el Decreto nro. 162 del 11 de febrero de 2009, la demandante fue
encargada como procuradora segunda delegada para la investigación y
juzgamiento penal, código OPD, grado EA20.

73. A través del Decreto nro. 936 de 5 de abril de 201021, el procurador general de
la Nación declaró insubsistente el nombramiento que la señora Ana María Garzón
Botero ostentaba en el aludido empleo. Tal decisión fue comunicada con el Oficio
nro. SG 1789 del día 6 siguiente.

74. La demandante, en su calidad de procuradora segunda delegada para la
casación penal adelantó la investigación disciplinaria nro. IUS 2009-227778
relacionada con presuntas irregularidades y tráfico de influencias al interior de esta
corporación.

75. En el curso de dicha actuación abrió investigación disciplinaria contra varios
funcionarios y, mediante pliego de cargos del 7 de diciembre de 2009 incluyó un
esquema de la presunta red de tráfico de influencias en el que se mencionaba al
entonces procurador delegado Wilson Ruiz Orjuela por sus vínculos con algunos
investigados.

20 CD cuaderno principal, folio 421.
21 Folios 5-6 ib.

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76. Posteriormente negó una solicitud de nulidad de dicho pliego. Sin embargo, el
12 de febrero de 2010 el expediente fue reasignado por el procurador general de la
Nación a otra procuradora delegada. Finalmente, tras la interposición de recursos
por parte de algunos investigados, el 6 de abril de 2010 se declaró la nulidad de lo
actuado a partir del pliego de cargos del 7 de diciembre de 2009, inclusive.

77. Al proceso se allegó copia de la hoja de vida de la parte actora, documentos
que dan cuenta de su formación académica —los títulos universitarios obtenidos,
los seminarios y diplomados realizados, entre otros— y de su experiencia laboral22.

78. Durante el trámite de este proceso se recibieron las declaraciones de altos
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación para la época de los hechos
materia de debate, entre ellos: el entonces procurador general de la Nación, doctor
Alejandro Ordóñez Maldonado, el doctor Juan Carlos Novoa Buendía, procurador
delegado para la Sala Disciplinaria, la doctora Alexandra Valencia Molina, directora
Nacional de Investigaciones Especiales, la doctora María Eugenia Carreño Gómez,
procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y el doctor
Rafael Eugenio Quintero Milanés23, procurador primero delegado de la Sala
Disciplinaria. Asimismo, se recepcionó el testimonio de la periodista Martha Elvira
Soto Franco, integrante de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.

79. De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se encuentra
acreditado que la accionante era idónea para el cargo que desempeñaba, contaba
con la experiencia requerida, registraba un buen desempeño y poseía una hoja de
vida intachable, circunstancias que no fueron controvertidas por la entidad
demandada.

80. No obstante, se destaca que la excelente hoja de vida y trayectoria profesional
y laboral no genera en favor de los empleados de libre nombramiento y remoción
un fuero de estabilidad ni restringe el ejercicio de la facultad discrecional con que
cuenta el nominador para disponer su retiro del servicio.

81. En efecto, los cargos de libre nombramiento y remoción se caracterizan por
involucrar especiales responsabilidades y una participación directa en la adopción
de decisiones de alta relevancia institucional, circunstancia que exige una adecuada
coordinación y un elevado grado de confianza entre quienes integran los niveles
directivos de la administración.

82. Sin embargo, en el presente asunto la controversia no se contrae a determinar,
en abstracto, si la entidad podía ejercer la facultad discrecional de retiro respecto
de un cargo de libre nombramiento y remoción, pues esa potestad se encuentra
ampliamente reconocida por el ordenamiento jurídico. El problema consiste en
establecer si, pese a la existencia formal de dicha facultad, el acto acusado
obedeció realmente a una finalidad distinta del buen servicio, concretamente, a un

22 Folios 7-47 y 363-399, ibid.
23 Folios 236-237, 239-240, 242-243, 289-290, 296-297, 300-303, 310-313, 331-336, 338-341, ib.

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propósito retaliatorio derivado de la investigación disciplinaria identificada con el
radicado IUS 2009-227778.

83. Ahora bien, del análisis conjunto de las pruebas recaudadas tampoco se
desprende que la declaratoria de insubsistencia de la señora Ana María Garzón
Botero hubiera obedecido a un propósito distinto del ejercicio legítimo de la facultad
discrecional atribuida al procurador general de la Nación.

84. Cuando la desviación de poder se fundamenta en la existencia de un móvil
retaliatorio, la carga probatoria consiste en demostrar que la facultad discrecional
fue utilizada para alcanzar un propósito distinto del interés público que la justifica.
En consecuencia, en este asunto no basta con acreditar la proximidad temporal
entre determinados acontecimientos o las discrepancias surgidas al interior de la
investigación disciplinaria, sino que resulta necesario demostrar que tales
circunstancias influyeron efectivamente en la decisión de declarar insubsistente a la
demandante y que constituyeron la verdadera finalidad del acto administrativo.

85. En efecto, los declarantes que para la época ocupaban cargos directivos en esa
entidad —doctores Juan Carlos Novoa Buendía, Alexandra Valencia Molina, María
Eugenia Carreño Gómez y Rafael Eugenio Quintero Milanés— coincidieron en
afirmar que desconocían las razones específicas de la desvinculación.

86. Es más, ninguno de ellos manifestó haber escuchado al procurador general de
la Nación dar cuenta de algún tipo de animadversión hacia la demandante y/o la
expresión de calificativos tales como ser una «funcionaria inconveniente» o
manifestar la intención de retirarla por las decisiones adoptadas dentro del proceso
disciplinario nro. IUS 2009-227778.

87. Por su parte, el testimonio de la periodista Martha Elvira Soto Franco permitió
evidenciar la existencia de discrepancias internas respecto de la inclusión del
nombre del doctor Wilson Ruiz Orjuela en el organigrama contenido en el pliego de
cargos. Incluso, señaló que algunos funcionarios consideraban improcedente
excluirlo únicamente por pertenecer a la Procuraduría General de la Nación. Sin
embargo, tales circunstancias no constituyen prueba suficiente para concluir que el
procurador general de la Nación ordenó la desvinculación del servicio de la
demandante como represalia por las decisiones adoptadas por ella.

88. En ese contexto, el acervo probatorio no permite establecer un nexo causal
entre la investigación adelantada por la actora y la expedición del Decreto nro. 936
de 2010 pues, se reitera, ninguna de las evidencias aportadas demuestra que la
declaratoria de insubsistencia tuvo por finalidad proteger los intereses del doctor
Wilson Ruiz Orjuela.

89. La Sala reconoce que los hechos destacados por la demandante presentan una
cercanía temporal y una relación funcional con la investigación disciplinaria IUS
2009-227778. En efecto, está demostrado que la actora profirió el pliego de cargos,
incluyó en el organigrama referencias al doctor Wilson Ruiz Orjuela, que

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posteriormente el expediente fue reasignado a otra funcionaria y que, un día
después de la declaratoria de insubsistencia, se decretó la nulidad de la actuación
adelantada a partir del referido pliego.

90. No obstante, la valoración conjunta de esos hechos tampoco permite inferir, con
el grado de certeza exigido para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado, que la finalidad de la insubsistencia hubiera sido desquitarse con la
demandante por las decisiones adoptadas dentro de dicha investigación. Lo
acreditado demuestra la existencia de controversias jurídicas e institucionales
respecto del trámite de ese proceso disciplinario, pero no permite concluir que el
procurador general utilizó su facultad discrecional para proteger intereses
particulares o favorecer específicamente al doctor Wilson Ruiz Orjuela.

91. En efecto, no existe prueba directa de instrucciones, presiones o
manifestaciones provenientes del nominador que vinculen la decisión de retiro con
la investigación disciplinaria. Los testimonios recibidos tampoco corroboraron las
afirmaciones relativas a que la demandante hubiera sido considerada una
funcionaria "inconveniente" o que existiera una decisión deliberada de apartarla del
cargo por razón de sus actuaciones investigativas. Por ello, los indicios invocados
carecen de la fuerza demostrativa necesaria para establecer el nexo causal entre
los acontecimientos descritos y la expedición del Decreto 936 de 2010.

92. Tampoco prospera el argumento según el cual el tribunal de primer grado omitió
valorar adecuadamente la prueba indiciaria y el material probatorio obrante en el
expediente. Por el contrario, se observa que el a quo efectuó una valoración integral
y razonada de las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica y de la libre
formación del convencimiento judicial, lo que lo condujo a concluir que no se
encontraban acreditados los supuestos fácticos que sustentaban las pretensiones
de la demanda.

93. Finalmente, corresponde analizar el planteamiento del recurrente según el cual
el tribunal debió aplicar la jurisprudencia vigente para el año 2010, fecha de
expedición del acto acusado, y no los criterios jurisprudenciales desarrollados con
posterioridad, particularmente en los años 2019 y 2021.

94. Sobre el particular, basta recordar que los litigios se resuelvan con fundamento
en la jurisprudencia vigente al momento en que se dicta la sentencia24. Ello obedece
a que aquella constituye una interpretación autorizada del derecho objetivo y, por
tanto, tiene vocación de aplicación inmediata como expresión del estado actual del
ordenamiento jurídico.

95. Esta regla adquiere especial relevancia cuando se trata de precedentes de
unificación proferidos por los órganos judiciales de cierre, como lo son esta

24 En la sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional concluyó que «[…] 7.8.2.3. A la luz de lo anterior, se

observa que el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica
una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada disposición y
que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente, determina la aplicación judicial -en
el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso.»

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corporación y la Corte Constitucional, cuyos criterios resultan vinculantes para los
jueces. En consecuencia, si durante el trámite de un proceso se presenta una
evolución o modificación de la línea jurisprudencial aplicable, el juez debe, en
principio, acoger el criterio vigente al momento de adoptar la decisión, por ser el que
refleja la interpretación actual del derecho.

96. Con todo, dicha regla no es absoluta, toda vez que la aplicación inmediata de la
jurisprudencia encuentra límites en principios como la seguridad jurídica y la
confianza legítima, particularmente cuando las partes han estructurado sus
actuaciones o expectativas sobre la base de una jurisprudencia anterior
consolidada. En tales eventos, la propia jurisprudencia ha admitido la posibilidad de
modular los efectos de los cambios interpretativos para evitar consecuencias
desproporcionadas o injustificadas.

97. Asimismo, resulta necesario diferenciar entre la aplicación de las normas
sustanciales y la aplicación de la jurisprudencia. Mientras las primeras pueden estar
sujetas a reglas de irretroactividad o ultraactividad, la jurisprudencia, en cuanto
interpretación judicial del derecho, tiene aplicación inmediata a los procesos en
curso. Por ello, no existe, en principio, un derecho adquirido a que un asunto sea
resuelto conforme a una determinada línea jurisprudencial anterior.

98. En síntesis, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe decidir los
litigios con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de dictar la
sentencia, sin perjuicio de que, en situaciones excepcionales, sea necesario
ponderar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. En el presente
asunto no se advierte ninguna circunstancia especial que justifique apartarse de
dicha regla, razón por la que tampoco prospera este cargo de apelación.

99. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados por el
recurrente no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.

100. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

101. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

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102. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

103. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

104. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de diciembre del 2021, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió la señora Ana María Garzón Botero en contra de la Procuraduría
General de la Nación.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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