Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00068-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-00068-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00068-01 (4883-2022)
Demandante: Luz Karime Tabares Velandia
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad, la Sala resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia del 12 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. La accionante solicitó la nulidad de la Resolución nro. 1123 del
6 de julio de 2012, por medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento
en el cargo de secretaria de Desarrollo Social de la gobernación del Valle del Cauca.
3. Como restablecimiento del derecho pidió el reintegro a un cargo igual o superior
al que desempeñaba; el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el tiempo que ha estado cesante, así como el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 195 del CPACA.
4. Hechos. A través del Decreto nro. 01 del 2 de enero de 2012, la señora Luz
Karime Tabares Velandia fue nombrada en el cargo de secretario de despacho,
código 020, grado 03, para ejercer funciones como secretaria de Desarrollo Social
del Valle del Cauca. La naturaleza del empleo es de libre nombramiento y remoción.
5. En cumplimiento de esa labor asumía, ad honorem, la dirección de la Corporación
para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca (Corpovalle).
6. Pese a su buen desempeño profesional, el 12 de julio de 2012 fue notificada del
acto administrativo demandado, mediante el cual se declaró insubsistente su
nombramiento.
1 Folios 109 del cuaderno principal.
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7. Posteriormente, adelantó las gestiones necesarias para la entrega del cargo
conforme a la Ley 951 de 2005; sin embargo, esta se materializó el 26 de julio de
2012, fecha en la cual fue encargado el señor Andrés Felipe Solarte Álvarez.
8. Por último, mencionó que en su hoja de vida no quedaron consignados los
motivos por los cuales la administración adoptó la decisión de retirarla del servicio.
9. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 6.°, 25, 122, 123 y 209 de la Constitución Política;
24 de la Ley 909 de 2004; 3.° del Código Contencioso Administrativo (CCA) y el
numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 0423 de 2011. Al desarrollar el concepto de
violación expuso que el acto administrativo fue expedido con desviación de poder,
como pasa a explicarse:
10. En primer lugar, advirtió que una vez fue expedida la resolución cuestionada, la
entidad debía proceder de manera inmediata con el nombramiento de un servidor
que ocupara el empleo vacante; no obstante, como ello ocurrió cuando había
transcurrido más de (1) mes, se generaron traumatismos tanto en la Secretaría de
Desarrollo Social como en Corpovalle, traducidos en el no avance de ejecución de
proyectos, contrataciones, etc., lo cual es demostrable con el oficio del 24 de julio
de 2012.
11. Además, aseguró que con el nombramiento del señor Andrés Felipe Solarte
Álvarez tampoco se mejoró el servicio, en tanto que el 10 de agosto de 2012, la
señora Tabares Velandia recibió un correo en el que se solicitó autorización para
utilizar su firma digital, con el fin de realizar el pago de los impuestos del mes de
julio, toda vez que el secretario encargado no se había posesionado ante la DIAN.
12. En segundo lugar, destacó que el 6 de julio de 2012 se expidieron más de cien
(100) actos administrativos relacionados con movimientos dentro de la planta de
personal de la gobernación del Valle del Cauca, situación que fue revisada por la
contraloría departamental, entidad que realizó advertencias frente a algunos
nombramientos, entre ellos el del señor Andrés Felipe Solarte, quien se posesionó
sin cumplir los requisitos exigidos en el manual de funciones.
13. El Decreto 0423 de 20112 exigía los siguientes requisitos para ocupar el cargo
de secretario de Desarrollo Social: i) título profesional en ciencias sociales y
humanas, administración, economía, derecho y título de postgrado en gestión de
proyectos, administración pública o desarrollo humano y; ii) 3 años de experiencia
relacionada.
14. No obstante, como el señor Solarte Álvarez es abogado de profesión y
especialista en derecho económico, se advierte que el postgrado cursado no se
acompasa con los requerimientos previamente señalados.
2 «Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales»
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15. Por lo tanto, se debían aplicar la equivalencias previstas en el artículo 25 del
Decreto 785 de 2005, es decir, suplir la ausencia de ese título por 2 años de
experiencia profesional, diferentes a los 3 años de experiencia relacionada exigidos
como requisito mínimo de acceso a ese cargo, lo cual era imposible de cumplir,
debido a que el señor Solarte Álvarez «es profesional del derecho desde el 7 de
abril de 2009… y al 26 de julio de 2012 contaba con tres (03) años y tres (03) meses
y veinte (20) de experiencia profesional, la cual es diferente a la experiencia
relacionada».
16. Precisó que la experticia adquirida en el sector privado no fue en cargos del
nivel directivo y no guardan relación con las funciones asignadas a la Secretaría de
Desarrollo Social del Valle del Cauca.
17. Concluyó que la Resolución nro. 1123 del 6 de julio de 2012 no estuvo inspirada
en razones del buen servicio.
18. Contestación de la demanda3. Dentro de la oportunidad de ley, el
departamento del Valle del Cauca ejerció su derecho de contradicción y defensa de
la siguiente manera:
19. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y a la naturaleza del cargo
ocupado por la demandante (libre nombramiento y remoción), la desvinculación
laboral podía darse sin que mediara motivación alguna, en tanto la facultad
discrecional se presume orientada al mejoramiento del servicio.
20. A ello se le suma que desde el momento de la vinculación hasta la fecha de la
declaratoria de insubsistencia la demandante no participó en ningún concurso de
méritos que le confiriera derechos de carrera administrativa y estabilidad en el
empleo.
21. En consecuencia, propuso la excepción de «carencia del derecho e inexistencia
de la obligación».
22. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 12 de mayo de 2022, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda. Para ello, afirmó que el acto administrativo de desvinculación no fue
expedido con desviación de poder.
23. El a quo encontró que los requisitos para acceder al cargo de secretario de
despacho, código 020, grado 03 estaban enlistados en el Decreto nro. 0423 del 25
de abril de 2011, de la siguiente manera: i) título profesional en cualquier disciplina
y título de postgrado y; ii) 3 años de experiencia profesional relacionada. Esa misma
norma incorporó en su artículo 5.° las equivalencias consagradas en el artículo 25
del Decreto 785 de 2005, entre ellas, el título de postgrado en la modalidad de
especialización por 2 años de experticia profesional.
3 161-206 cuaderno principal.
4 Folios 246 a 256 del cuaderno principal.
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24. En ese contexto, el requisito del título de postgrado podía suplirse con 2 años
de experiencia profesional, diferentes a los 3 años exigidos como requisito mínimo
de acceso a dicho empleo.
25. Dentro del material probatorio allegado en debida forma al expediente, se
corroboró que el señor Andrés Felipe Solarte Álvarez culminó las materias
académicas en el mes de julio del año 2007, por lo que a partir del mes de julio se
contabilizó su experiencia profesional, así:
«1. ECOTUR: presidente de la asociación entre el 15 de junio de 2006 y el 5 de julio
de 2012.
2. RED SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA: secretario general de la junta
directiva y representante legal desde el 1.° de febrero de 2008 hasta el 28 de febrero
de 2009.
3. INVERSIONES HEVEQUI: consultor jurídico entre el 1.° de julio de 2009 hasta el
31 de diciembre de 2010.
4. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA: secretario general
desde el 2 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.
5. GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA: subsecretario de despacho de desarrollo
de programas sociales nacional y departamentales entre el 11 y el 25 de julio de
2012».
26. Señaló el tribunal que la entidad territorial contabilizó la experiencia del señor
Solarte Álvarez atendiendo la imposibilidad de computar tiempos dobles, de la
siguiente manera:
«- 6 meses y 29 días como Presidente de Ecotur, contados a partir del 01 de julio de
2007 (terminación materias) hasta el 30 de enero de 2008.
• 1 año y 26 días como Secretario General de la Junta Directiva y Representante
Legal de la Corporación Red Social & Empresarial, desde el 1 de febrero de 2008 a
28 de febrero de 2009.
• 3 meses y 29 días como Presidente de Ecotur, desde el 1 de marzo de 2009 al 30
de junio de 2009.
• 1 año, 5 meses y 28 días como Consultor Jurídico de Inversiones HEVEQUI Ltda,
desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.
• 11 meses y 29 días como Secretario de la Asamblea Departamental del Valle,
desde el 2 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.
• 6 meses y días como Presidente de la Asociación Ecotur, desde el 2 de enero de
2012 al 5 de julio de 2012.
• 14 días como Subsecretario de Despacho de la Gobernación del Valle, desde el 11
de julio de 2012 al 25 de julio de 2012.» (Transcripción con errores incluidos).»
27. Asimismo, en el oficio del 3 de septiembre de 2012 justificó la superación de los
requisitos de la siguiente forma: «se tiene que el doctor Andrés Felipe Solarte
Álvarez, acredita como experiencia, 5 años 14 días en la empresa Ecotur,
contabilizados desde el 1 de julio de 2007 (fecha terminación de materias) hasta el
día 5 de julio de 2012. Como Subsecretario de Desarrollo Social en la Gobernación
del Valle del Cauca, acredita 14 días de experiencia, contabilizados desde el 11 de
julio de 2012 hasta el día 25 de julio de 2012 (el día 26 de julio se posesionó como
Secretario de Desarrollo Social)».
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28. A partir de lo anterior, el a quo afirmó que el señor Andrés Felipe Solarte Álvarez
acumuló un total de 5 años y 28 días de experiencia laboral con anterioridad al
nombramiento de reemplazo de la demandante, es decir, que superaba las
exigencias del manual de funciones.
29. Asimismo, advirtió que, según el informe de la Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional nro. 2100-153173 del 3 de septiembre de 2014, el señor
Andrés Felipe Solarte Álvarez ejerció dichas funciones por un espacio de menos de
un mes, esto es, cuando le fue terminado el encargo.
30. Destacó que, aunque la Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizó
visita especial a la gobernación del Valle del Cauca para revisar las hojas de vida
de los funcionarios del nivel directivo y asesor nombrados en el periodo
comprendido entre los meses de julio y agosto de 2012, ninguno de los hallazgos
detectados se cifró sobre el señor Solarte Álvarez cuando fungió como secretario
de Desarrollo Social.
31. Indicó que a pesar que el nombramiento del señor Solarte Álvarez se efectuó
20 días después de la insubsistencia demandada, ese solo hecho no es constitutivo
de una desmejora continuada del servicio, pues la demora pudo producirse por
diversos aspectos administrativos.
32. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la apeló con fundamento en los siguientes argumentos:
33. El despacho de primera instancia interpretó equivocadamente la experiencia
laboral del señor Andrés Felipe Solarte Álvarez, pues este no cumplía con las
exigencias previstas en el manual de funciones para acceder al cargo de secretario
de Desarrollo Social.
34. Luego de reseñar las definiciones de experiencia profesional, relacionada,
laboral y docente enlistadas en el artículo 11 del Decreto 785 de 2005, afirmó que
«la experiencia profesional relacionada adquirida en los sectores público y privado
puede ser válidamente acreditada para efecto de tomar posesión de los empleos
públicos. De allí que la experiencia profesional relacionada exigible para acceder a
un empleo público sea la adquirida en el ejercicio de empleos públicos o privados
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer, más no directamente
relacionados con el mismo… La experiencia relacionada hace alusión a la
realización de funciones semejantes a las del cargo que se va a proveer, es decir,
afines, análogas, comparables, equiparables, equivalentes o parecidas a las que
establece el Manual de Funciones del empleo público, sin que deban ser idénticas,
toda vez que si se hiciera esa exigencia solo las personas que han ocupado dicho
cargo podrían cumplir los requisitos para su desempeño, limitando la posibilidad que
otros ciudadanos puedan a acceder a él».
5 Folios 330-354 del cuaderno principal.
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35. Precisó que al efectuar las comparaciones entre las funciones que el señor
Andrés Felipe Solarte Álvarez ejerció en la empresa ECOTUR (la que adoptó la
entidad territorial y la primera instancia) con las que se requerían para ocupar el
cargo de secretario de Desarrollo Social, no se lograba acreditar el cumplimiento de
la experiencia profesional relacionada.
36. De hecho, manifestó que es jurídicamente inaceptable que para ser presidente
de esa empresa no se necesitaba ser profesional y se tome esa experiencia para
soslayar la experiencia profesional relacionada.
37. Si en gracia de discusión se tiene en cuenta el tiempo laborado desde el 1.° de
julio de 2007 (terminación de estudios académicos) hasta el 5 de julio de 2012, se
considera que las funciones para el cargo en que fue nombrado no guardan similitud
con las realizadas como presidente de ECOTUR pues, reiteró que la experiencia
debe ser profesional relacionada.
38. En suma, la demandante procedió a efectuar la comparación de funciones
respecto de las demás experiencias que acreditó el señor Andrés Felipe Solarte
Álvarez (Red Social y Empresarial de Colombia; Inversiones Hevequi; Asamblea
departamental del Valle del Cauca; Departamento de Valle del Cauca) y en todas
adujo que no guardaban relación con las del cargo de secretario de desarrollo social.
39. Por todo lo anterior, aseguró que la conducta asumida por la administración
desconoció el ordenamiento jurídico, ya que en ningún caso se pueden obviar los
requisitos exigidos en la ley para proveer cargos. Aceptar una tesis contraria sería
tanto como afirmar que las normas pueden ser vulneradas o desconocidas, sin
ninguna consecuencia, si su vulneración solo ocurre por un corto periodo de tiempo.
40. De otro lado, sostuvo que se dio una indebida apreciación del oficio nro. Cc 089
del 24 de julio de 2012. Con el propósito de demostrar dicha aseveración, advirtió
que los traumatismos ocasionados (la cancelación a los diferentes proveedores,
servicios, impuestos, nomina entre otros, que a la fecha no han sido posible cumplir)
se derivan de tal documento, más no de una apreciación subjetiva.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
41. La admisión del recurso. Mediante auto de 25 de noviembre de 20226 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley no se presentaron
intervenciones de las partes ni del agente del Ministerio Público que actúa ante esta
corporación.
42. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
6 Folio 279 del cuaderno principal.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
44. Problema jurídico. Le corresponde a la Sala establecer si ¿El Decreto nro.
1123 del 6 de julio de 2012, mediante el cual se declaró insubsistente el
nombramiento que la señora Luz Karime Tabares Velandia tenía en el cargo de
secretario de despacho, código 020, grado 03 de la planta de personal de la
gobernación del Valle del Cauca, se encuentra viciado de nulidad por haber sido
expedido, presuntamente, con desviación de poder?
45. En orden a resolver este planteamiento, la Subsección abordará el aspecto
relacionado con el ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de
libre nombramiento y remoción,
Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
46. El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.
47. El artículo 125 de la Constitución Política estableció, como regla general, que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa.
Para ello dispuso que el ingreso y ascenso a tales cargos se hiciera previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.
48. A su turno, el artículo 130 ibidem. creó la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, como la entidad responsable de la administración y vigilancia de
los sistemas generales de carrera administrativa de los servidores públicos.
49. En complemento de la citada clasificación general se expidió la Ley 909 de
20049. A través de ella se fijaron los criterios que permiten determinar cuándo un
cargo público pertenece a la categoría de «libre nombramiento y remoción». En el
artículo 5.° ejusdem. se puede leer:
«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución
Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser
ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones»
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2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices así:
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente;
Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno
Disciplinario o quien haga sus veces.». (El énfasis es de la Sala)
50. De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa10. Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos
en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse en los
siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las esferas
de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas
labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes
públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad discrecional del nominador,
pues el grado de confianza frente a él es el mérito principal que determina su
provisión y/o retiro»11.
51. En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.
52. Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se
ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene
sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley 909 de
2004, dispuso:
«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
10 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación: 50001-23-33-
000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación:
25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número
de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de octubre de 2024, expediente nro.
25000-23-42-000-2016-05316-01 (3732-2021).
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a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y
deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
53. Ahora, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de motivar
la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como
es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda
resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general12.
54. En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional13 ha
pregonado que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites
para el ejercicio de dicha atribución, los siguientes:
i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.
ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;
iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
55. Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.
56. En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.
57. Caso concreto. Interrogante único: ¿El Decreto nro. 1123 del 6 de julio de
2012, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento que la señora Luz
Karime Tabares Velandia tenía en el cargo de secretario de despacho, código 020,
grado 03 de la planta de personal de la gobernación del Valle del Cauca, se
encuentra viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, con
desviación de poder?
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18
de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-00193-
01(0417-19).
13 Sentencia T-372 de 2012.
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Demandante: Luz Karime Tabares Velandia
58. La Subsección estima pertinente destacar que en el expediente se encuentran
acreditados los siguientes supuestos fácticos:
• Mediante el Decreto nro. 001 del 1.° de enero de 201214, el gobernador del
departamento del Valle del Cauca nombró a la señora Luz Karime Tabares
Velandia en el cargo de secretario de despacho, código 020, grado 03, para
que fungiera como secretaria de Desarrollo Social. Este empleo fue
desempeñado hasta el 11 de julio de ese mismo año, ya que a través del
Decreto nro. 1123 del 6 de julio se declaró insubsistente su nombramiento15.
• Ese mismo día se expidió el Decreto 114916, mediante el cual se nombró
señor Andrés Felipe Solarte Álvarez como subsecretario de despacho,
código 045, grado 02, en la Subsecretaría de Desarrollo de Programas
Sociales y Nacionales Departamentales.
• El 24 de julio de 201217, una asistente administrativo de Corpovalle le solicitó
al gobernador del departamento nombrar a un servidor como director de esa
corporación, ya que se estaban presentando traumatismos en el desarrollo
de las funciones, tales como: la cancelación a los diferentes proveedores,
servicios, impuestos, nómina, entre otros compromisos que no se habían
podido cumplir.
• El 26 del mismo mes y año18, el gobernador del departamento del Valle del
Cauca encargó hasta por tres (3) meses al señor Andrés Felipe Solarte
Álvarez en el empleo denominado secretario de Desarrollo Social. No
obstante, de conformidad con el oficio nro. 2100-153173 del 3 de septiembre
de 2014, el encargo se terminó el 10 de agosto de ese mismo año.
• En esta última fecha19, el revisor fiscal y la contadora de Corpovalle le
solicitaron vía correo electrónico a la señora Tabares Velandia autorización
para utilizar su firma digital para el pago de los impuestos del mes de julio;
sin embargo, en el expediente no obra respuesta alguna sobre ello.
59. A partir de lo anterior, considera la Sala necesario precisar que la terminación
de la relación laboral de la demandante con la gobernación del Valle del Cauca no
coincidió con el encargo del señor Andrés Felipe Solarte Álvarez, pues este último
no se produjo ni en el mismo acto administrativo ni en la misma fecha. Por tanto, no
puede establecerse, que exista una conexión directa entre ambas decisiones.
14 Folios 3 y 4 del cuaderno nro. 2
15 Folio 6 del cuaderno nro. 2
16 Folio 25 del cuaderno nro. 2
17 Folio 104 del cuaderno principal,
18 Folio 108 del cuaderno principal.
19 Folio 102 del cuaderno principal.
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60. Dilucidado ese punto, observa la Sala que esta Subsección20 al resolver un
asunto con supuestos fácticos y jurídicos similares, indicó que no puede presumirse
un desmejoramiento del servicio cuando la provisión del empleo es meramente
temporal y, además, no se allegaron pruebas que demostraron una afectación real
en la prestación del servicio. Véase:
«Por otro lado, en cuanto al desmejoramiento del servicio que alega la demandante,
por cuanto fue reemplazada por una persona sin la experiencia necesaria, ha de decir
la Sala que tal hecho no tiene la relevancia suficiente para quebrar la legalidad del
acto de remoción, en tanto que el nombramiento fue en calidad de encargo, mientras
se nombraba el titular. Luego, no puede presumirse desmejora del servicio por cuanto
su provisión no era definitiva sino puramente temporal. Además, no se demostró que
el servicio en manos de la encargada sufriera desmejora, pues ninguna prueba fue
arrimada al proceso que indicara el manejo incorrecto del área. El relato de la testigo
Sandra Milena Neira se limita a manifestar que tal designación era inconveniente,
dado el riesgo de segregación de funciones, sin otra manifestación que indique que
efectivamente la prestación del servicio fuera deficiente a raíz del retiro de la
demandante o que la persona encargada no reuniera los requisitos para el cargo.»
61. La Sala acoge ese criterio, pues en el presente caso el encargo se mantuvo
únicamente por catorce (14) días, lapso que no permite concluir, por sí solo, que se
hubiera presentado un desmejoramiento del servicio. Por el contrario, se trató de
una medida provisional, adoptada mientras se preveía definitivamente el cargo en
cita. Adicionalmente, durante ese breve periodo no obra prueba alguna que
evidencie afectaciones capaces de comprometer el funcionamiento regular de la
Secretaría de Desarrollo Social del Valle del Cauca.
62. En cuanto al oficio del 24 de julio de 2012, basta señalar que, además de haber
sido expedido con anterioridad al encargo, no existe disposición que obligue al
nominador a efectuar el nombramiento de manera inmediata a la desvinculación del
servicio. De igual forma, tampoco se acreditó que la posesión en ese empleo,
además de surtirse ante el gobernador, debiera realizarse ante la DIAN para efectos
tributarios.
63. Finalmente, observa la Sala que en el informe rendido por la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca sobre las posibles inconsistencias en la planta
de personal de la entidad territorial no se formuló reproche alguno respecto del
encargo conferido al señor Andrés Felipe Solarte Álvarez.
64. En consecuencia, la Sala se relevará de efectuar el análisis comparativo
encaminado a determinar si el señor Andrés Felipe Solarte Álvarez reunía o no los
requisitos previstos en el manual de funciones vigente para desempeñar el cargo
vacante, y confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
65. Además, es evidente que el acto administrativo a través del cual se encargó al
señor Solarte Álvarez como secretario de Desarrollo Social de la gobernación del
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Rafael
Francisco Suárez Vargas, sentencia expedida dentro del proceso identificado con el radicado nro. 25000-23-
42-000-2016-01171-01 (1945-2020).
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Valle del Cauca no fue demandado en este asunto, razón suficiente para no
adelantar sobre sobre él un control de legalidad y para recordar que por ese motivo
mantiene incólume la presunción de estar acorde con el sistema jurídico vigente.
66. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto no se acogieron los argumentos del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de la demanda que, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió Luz
Karime Tabares Velandia en contra del departamento del Valle del Cauca.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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