Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01171-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01171 01 (1945-2020)
Demandante: Ana Socorro Giral Junca
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Temas: Insubsistencia. Desviación de poder. Acoso laboral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección B—, por medio de la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ana del Socorro Giral Junca, por medio de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 0532 del 28 de agosto de
2015, expedida por el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2016 01171 01 (1945-2020)
Demandante: Ana Socorro Giral Junca
de la República, por la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo
de subdirector general de Entidad Descentralizada, código 0040, grado 20.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar al accionado reintegrarla en el empleo que desempeñaba en el momento
del retiro, sin solución de continuidad en la relación laboral para todos los efectos
legales; ii) ordenar el pago de todos los salarios con los aumentos o ajustes anuales,
los aportes para pensión y las prestaciones sociales dejados de percibir entre el
retiro y el reintegro; iii) ordenar el pago del ajuste de valor sobre las sumas
causadas, conforme al inciso 4 del artículo 187 del CPACA, y los intereses moratorios
a que se refiere el inciso 3 del artículo 192 ibidem, a partir de la ejecutoria de la
sentencia y hasta el día de su pago efectivo; y iv) condenar en costas procesales a
la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) Ana Socorro Giral Junca fue nombrada el 16 de septiembre de 2013 en el empleo
de libre nombramiento y remoción de subdirectora administrativa y financiera,
código 0040 Grado 20 de FONPRECON. Mediante la Resolución 0414 del 26 de
junio fue exaltada como uno de los mejores servidores de la entidad para la vigencia
de 2013.
ii) A partir de noviembre de 2013, la demandante afrontó un ambiente laboral difícil,
ya que sin razón alguna el director general del Fondo puso en entredicho su
capacidad profesional; interrumpió sus periodos de vacaciones sin justificación
alguna; le restringió el uso del parqueadero en la entidad; y la agredió verbalmente,
por la disponibilidad que realizó de unos obsequios enviados a la Subdirección
Administrativa y Financiera por el Banco de Occidente, para las fiestas de navidad
de ese año. Tales circunstancias fueron puestas conocimiento de la Procuraduría
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
General de la Nación mediante oficios del 6 y el 11 de febrero de 2015,
respectivamente.
iii) A la demandante, dada su gran formación profesional y experiencia laboral, le
fue reconocida la prima técnica por estudios de formación avanzada y experiencia
altamente calificada. Así mismo, durante el tiempo en que prestó sus servicios a la
entidad, fue evaluada con base en los acuerdos de gestión previamente suscritos,
siendo calificada con desempeño laboral satisfactorio.
iv) Obtuvo la mayoría de los votos para ser elegida mejor empleada de la entidad el
12 de junio de 2015; no obstante, el director general del Fondo no acató el resultado
y convocó nuevamente a elección. El trámite del nuevo proceso fue desconocido,
pues no hubo publicación o citación a la votación, tampoco se dio a conocer el
escrutinio.
v) El 28 de agosto de 2015, el director general de FONPRECON expidió la Resolución
532, por la cual declaró insubsistente su nombramiento y remitió al coordinador del
Grupo Talento Humano el Memorando 20152000082151, con el fin de que reposara
en la hoja de vida de la señora Giral Junca, denominado «Relación ejecutiva de los
motivos de declaratoria de insubsistencia contenida en la Resolución 0532 de 28 de
agosto de 2015», en el cual se le imputaron faltas que no corresponden a la realidad,
pues cada una de ellas fue oportunamente atendida por la demandante.
vii) La doctora Giral Junca, durante el tiempo en que se desempeñó como
subdirectora general administrativa y financiera, cumplió a cabalidad con las
funciones del cargo; no recibió por escrito llamados de atención, amonestaciones o
sanciones por incumplimiento de sus funciones. Su retiro no obedeció al ánimo de
satisfacer los intereses generales o de mejoramiento del servicio; por el contrario,
el servicio desmejoró, por cuanto fue reemplazada por una persona nombrada
apenas en encargo, quien carecía de experiencia en el mencionado empleo.
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ix) A la demandante el nominador no le permitió ejercer como empleada su derecho
constitucional de contradicción y defensa sobre las graves acusaciones de
negligencia y descuido que le atribuyó en su constancia de hechos que motivaron
la insubsistencia.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 25, 29 y 53 de la Constitución Nacional y 44
del CPACA.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante le endilgó al
acto acusado, como único cargo de nulidad, la desviación de poder, el cual sustentó
con los siguientes argumentos:
i) La decisión del retiro de la actora, mediante el uso de la facultad discrecional, no
fue consecuencia de razonamiento del nominador que tuviera como fin mejorar el
servicio, sino que fue una represalia contra una servidora que no era de su agrado
y que venía siendo hostigada desde meses atrás.
ii) La «insubsistencia/represalia» desconoció que la actora, durante el tiempo en que
se desempeñó como subdirectora administrativa y financiera, cumplió a cabalidad
con las funciones del cargo; que no había recibido por escrito llamados de atención,
amonestaciones o sanciones por incumplimiento de sus funciones; y que su hoja de
vida es demostrativa del buen servicio, dada su amplia formación profesional, su
ejemplar experiencia y competencia en el ejercicio de sus funciones.
iii) Los hechos imputados por el nominador en su escrito denominado «relación
ejecutiva de los motivos de declaratoria de insubsistencia contenida en la
Resolución 0532 del 28 de agosto de 2015», no son ciertos y, por el contrario, el
«retiro/insubsistencia/represalia» no obedeció al ánimo de satisfacer los intereses
generales o de mejoramiento del servicio administrativo, sino al capricho y
arbitrariedad del nominador.
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda
y expuso las siguientes razones de defensa:
i) En la hoja de vida de la señora Giral Junca reposa suficiente material probatorio
que acredita que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se llevó a
cabo dejando constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron,
evidenciadas durante el año 2015, en el que se presentaron situaciones de
desempeño insatisfactorio, incumplimiento de deberes y calificación deficiente por
parte de la Contraloría General de la República, el Archivo General de la Nación y
el Grupo de Control Interno.
La multiplicidad de situaciones conocidas por la Dirección General en el año 2015,
y de las cuales se dejó constancia en la hoja de vida, como lo ordena el artículo 26
del Decreto 2400 de 1968, desencadenaron en la pérdida de confianza en la
funcionaria.
ii) La provisión temporal del empleo mediante la figura del encargo se realizó con
plena verificación del cumplimiento de los requisitos legales, en tanto los requisitos
para el empleo corresponden a los establecidos por la Resolución 0165 del 18 de
marzo de 2015, los cuales fueron cumplidos por la funcionaria que desempeñó las
funciones mediante encargo.
iii) La insubsistencia no es una sanción sino una forma de retiro del servicio, de ahí
que no sea acertado reclamar la existencia de un proceso disciplinario para la
expedición del acto administrativo, cuando este no se ocupó de imponer la sanción
de destitución. No obstante, tal como se evidencia en la hoja de vida de la
demandante, ante las situaciones presuntamente constitutivas de falta disciplinaria
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República también remitió a la
Procuraduría General de la Nación los respectivos informes de servidor público.
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
Finalmente, propuso las excepciones de imposibilidad jurídica de reintegro en virtud
de la condición de pensionada que ostenta la demandante e imposibilidad jurídica
de pago de salarios por ser incompatible con la pensión de jubilación.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección B—,
mediante sentencia del 25 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:
i) El nominador ostenta una facultad que deviene de la Constitución y la ley para
proferir un acto de insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y
remoción, teniendo como límites, los criterios de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad.
ii) La desviación de poder se configura cuando el nominador, con plena competencia
para la expedición del acto, usando las formas propias de la actuación
administrativa, profiere el acto con fines y razones ajenos al servicio y al interés
general, es decir, con un interés torticero, dañino y ajeno a esos fines y propósitos
generales del Estado y de la administración pública, cuya prueba debe aportarla
quien alega el desbordamiento del poder discrecional. Por esta razón, no es
suficiente alegar la causal, sino pedir o aportar los medios que demuestren
plenamente que la administración incurrió en desviación de poder.
iii) En cuanto al acoso laboral alegado por la actora, como consecuencia del escrito
radicado el 16 de enero de 2015, la Procuraduría General de la Nación a través de
sus procuradurías delegadas, mediante los autos de 29 de abril de 2016 y 6 de
septiembre de 2018, advirtió ausencia de ilicitud sustancial y decretó el archivo de
la investigación. Por otra parte, no obra en el plenario prueba alguna de que, durante
la relación laboral, la actora hubiese adelantado el procedimiento dispuesto para
esta clase de situaciones en la Resolución 1481 de 6 de septiembre de 2006, es
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
decir, que pusiera en conocimiento del asesor de control interno o el comité de
conciliación, dispuesto para la resolución de conflictos de acoso laboral y otros
hostigamientos, la persecución alegada.
iv) Los medios de prueba aportados muestran que la motivación del acto
administrativo que declaró la insubsistencia de la demandante, se encuentra más
que fundamentada y es coherente con las pruebas allegadas por la entidad
demandada. Además, el director general de FONPRECON tenía plenas atribuciones
legales para remover libremente a la demandante, en forma independiente a la
actuación disciplinaria generada por el escrito presentado y contentivo de hechos
que, estima la actora, constituyen acoso laboral en su contra por parte del director
general. En conclusión, no se probó que, en el acto administrativo en cuestión,
mediara desviación del poder, falsa motivación o violación de normas superiores.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:
i) Erró el juez de primera instancia al imponer exclusivamente la carga de la prueba
a la parte actora, desconociendo que la administración debía acreditar de manera
clara y precisa las razones que justificaban su decisión de prescindir de una
servidora con una hoja de vida intachable, con reconocimiento laborales y gran
formación académica.
ii) La demandada no demostró que el despido de la doctora Giral Junca obedeció a
razones de mejoramiento del servicio, como era su carga. En consecuencia, se
encuentra probado en el proceso que el despido obedeció en realidad a una
decisión arbitraria, originada en los antecedentes de hostilidad.
iii) La decisión de encargar de la Subdirección Administrativa y Financiera a la
subdirectora de prestaciones económicas no constituye una decisión objetiva en pro
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
del servicio, pues supuso una sobrecarga laboral para esta, quien además podía
estar inmersa en una situación de conflicto de interés, pues se vio obligada a
supervisar, evaluar y controlar su propio trabajo.
iv) Basta con verificar la hoja de vida de la doctora Giral Junca para concluir que su
insubsistencia desbordó la proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional
que le confiere la ley, pues en su hoja de vida no consta amonestación, llamado de
atención o falta alguna en el cumplimiento de sus funciones, hasta el momento de
su desvinculación y demuestra su idoneidad para el cargo de subdirectora
administrativa y financiera.
v) Salta a la vista la animadversión personal y subjetiva del nominador hacia la
demandante, pues antes de su insubsistencia no se encontraba anotación en su
hoja de vida o queja alguna sobre el cumplimiento de sus funciones. El mismo
director general de FONPRECON certificó, anualmente, el cumplimiento satisfactorio
de las funciones de la actora en los Acuerdos de Gestión y solo hasta después de
su despido, y en documento distinto a la declaratoria de insubsistencia, enumeró
una serie de supuestas faltas, sin que se le notificara de ello a la demandante. Es
decir, se vulneró su derecho fundamental a la defensa y contradicción, al emitirse
documentos con aseveraciones en su contra sin que se le diera la oportunidad de
controvertirlos mediante el procedimiento disciplinario.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La demandante y FONPRECON reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.1
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto 2.
1 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
2 Constancia secretarial visible a folio 747.
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se contrae a determinar si la Resolución 0532 de 28 de agosto
de 2015, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora
Ana Socorro Giral Junca, del cargo de subdirectora administrativa y financiera de
FONPRECON, se encuentra viciada de nulidad por haber sido expedida,
presuntamente, con desviación de poder, en tanto que la entidad demandada no
demostró el mejoramiento en el servicio, pues se trató de una decisión arbitraria,
originada en antecedentes de hostilidad constitutivos de acoso laboral, por parte de
su jefe inmediato.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De la declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre
nombramiento y remoción
El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:
Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
(…)
Parágrafo (adicionado por el artículo 6 del acto legislativo Nº 1 de 2003). Los períodos
establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el
carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período
para el cual este fue elegido.
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
A su turno el artículo 1.º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la
siguiente forma:
Artículo 1.º. Objeto de la ley.
(…)
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales”. (Negrillas fuera del texto).
Y el artículo 5.° ibidem, preceptúa:
Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la
ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en
las comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario
General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de
Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo;
Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u
Operativo, Director de Gestión; (…); Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de
Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional;
Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.
Como puede advertirse, en Colombia, por querer del constituyente, la regla general
es que la totalidad de los cargos de la administración pública deben ser de carrera
administrativa, salvo los de libre nombramiento y remoción, que son los
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contemplados en el artículo 5º de la Ley 909 de 2004. Esto quiere significar que
para los primeros el ingreso debe hacerse mediante el sistema de mérito, mientras
que para los segundos la administración goza de cierta libertad para seleccionar y
retirar a sus empleados, en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y al grado de confianza que se exige. En este último caso, al
nominador le está permitido disponer su provisión y retiro, incluso sin que sea
necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.
En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, ha identificado3 como
límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma
de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente; b)
su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza; y c) la
decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
A su turno, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los
hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para
adoptar la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo
cual hace que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, de
suyo, comporta un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y
remoción.
En suma, la potestad discrecional se traduce en la voluntad libre de apreciación y
valoración de una autoridad administrativa, ejercida dentro del marco jurídico, de su
autonomía y de su competencia, de determinar y decidir un asunto concreto,
buscando siempre la consecución de un interés general y la satisfacción de los
derechos de los coasociados, haciendo la ponderación respectiva.
3 Sentencia T-372 de 2012.
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
Según lo ha precisado la doctrina, la discrecionalidad tiene su fundamento en el
concepto de Estado Social de Derecho, puesto que atañe a elementos de
oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; en la circunstancia de que la ley
necesita ejecutarse y, en varias oportunidades, por obvias razones, no da respuesta
concreta a casos puntuales; en la existencia de conceptos jurídicos indeterminados;
y en la progresiva actuación de la administración.
Por otro lado, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968,4 establece:
Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del
servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente
libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo,
deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la
respectiva hoja de vida. Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán
ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos
establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración
de insubsistencia conlleva la pérdida de los derechos del funcionario de carrera.
(Negrilla nuestra).
Este artículo fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional, corporación
que al ocuparse del cargo de violación erigido sobre la expresión normativa «sin
motivar la providencia», lo encontró exequible sin condicionamiento alguno en la
sentencia C-734 de 2000, al considerar lo siguiente:
7. En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la
Constitución, ha decantado jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular
libremente en cualquier momento a esta clase de servidores, no contraría la Carta,
pues su estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las labores que
cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador.
(…)
9. El artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que en la
respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá dejarse constancia del
hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la facultad
discrecional que se contiene en la norma, de la posibilidad de ejercerse en forma
caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la
motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello,
4 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones.
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el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia que ordena
la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de tal
decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en la hoja de vida del
servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las razones que
llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas
configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los medios
de defensa judicial a su alcance.
(…)
10. De esta manera, la lectura completa de la disposición acusada, lleva a concluir
sobre su exequibilidad. No sólo la falta de motivación de los actos administrativos de
funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se vio, no se opone a la
Constitución, sino que en el caso presente, la exigencia de motivación posterior
excluye la posibilidad de que la desvinculación así efectuada se erija en un acto
arbitrario y caprichoso contra el cual no exista la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa, como lo aduce la demanda. No hay en este caso, excepción al principio de
publicidad de los actos administrativos, pues el interesado puede conocer la
motivación que originó su retiro. En virtud de lo anterior, la Corte declarará la
exequibilidad de la proposición jurídica completa conformada por el artículo 26 del
Decreto Ley 2400 de 1968, toda vez que la expresión parcialmente acusada, no
puede ser considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del
texto de la norma.
Como puede observarse, la Corte, sin condición alguna, declaró la exequibilidad de
la norma acusada y reafirmó que el establecimiento de la facultad discrecional
dentro del Estado de derecho no desconoce las garantías del servidor retirado.
En este orden de ideas, una vez efectuado el análisis armónico de las anteriores
normas y según lo expresado por el máximo tribunal constitucional, es viable
concluir que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados
de libre nombramiento y remoción es una facultad discrecional del nominador que
se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado,
no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación
del servicio público.
En otras palabras, el acto del nominador por medio del cual se declara insubsistente
el nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción no es motivado,
y el deber de explicar en la hoja de vida del empleado las causas que originaron la
desvinculación no hace parte de la esencia misma del acto, no constituye elemento
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para su validez o eficacia, ni un presupuesto para su conformación, sino tan solo
constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en su hoja de vida.
2.2.2. Acoso laboral
El artículo 25 de la Constitución Política consagra que el trabajo es un derecho y
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. En este sentido, se aclara que toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas, las cuales pueden verse alteradas por acciones
constitutivas de acoso laboral. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido lo
siguiente:5
[…] existen ciertos comportamientos que constituyen una vulneración al derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas como por ejemplo como los actos de
discriminación y las persecuciones laborales así como obligar a un trabajador a
desempeñar una labor cuando sus condiciones físicas no se lo permiten. También
señaló que la «persecución laboral constituye un caso de vulneración del derecho
fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas” y que «el acoso
laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante
la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de
violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar
con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar
enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que en muchos casos
inducen al trabajador a renunciar.”
Así las cosas, el ordenamiento jurídico colombiano protege el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, «en un creciente proceso de humanización de las
relaciones laborales en todos sus órdenes». 6 En tal contexto, se destaca la Ley 1010
de 2006 que se expidió con el objeto de «definir, prevenir, corregir y sancionar las
diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y
en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan
sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública».
5 Sentencia C-898 de 2006.
6 Sentencia C-282 de 2007.
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El artículo 2 ibidem definió el acoso laboral como «toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del
mismo».
A su turno, el artículo 9 de la referida Ley instituyó unas medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, dentro de las que se identifican las siguientes:
i) La obligación de establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso
laboral, así como un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para
superar las situaciones de acoso que se presenten.
ii) La facultad que tienen las víctimas de denunciar los casos de acoso laboral ante
los inspectores de trabajo, los inspectores de policía, los personeros municipales o
los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a prevención, para que dichos
servidores públicos conminen al empleador a poner en marcha los procedimientos
confidenciales señalados en el numeral anterior y a programar actividades
pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones laborales.
iii) El derecho que se otorga a la víctima para solicitar la intervención de una
institución de conciliación legalmente autorizada, con el fin de resolver
amigablemente la situación de acoso laboral.
La Sentencia C-282 de 2007 explicó que las anteriores medidas son de carácter
administrativo y deben aplicarse por igual en el sector privado y en el público. Por
su parte, el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006 determinó las sanciones de orden
disciplinario y económico, entre otras, que se podrían imponer cuando el acoso
laboral «estuviere debidamente acreditado».
15
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
En consonancia con este procedimiento de denuncia, seguimiento y sanción al
acoso laboral, el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, estableció una serie de
garantías para evitar medidas retaliatorias con el propósito de salvaguardar el
derecho al trabajo y el debido proceso de los involucrados.
2.3. Hechos probados
i) El 16 de septiembre de 2013, mediante Resolución 0662, el director general de
FONPRECON nombró a la demandante, con carácter ordinario, en el cargo de
subdirector administrativo y financiero, código 0040, grado 20.7
ii) El 26 de junio de 2014, el citado director, a través de la resolución 0414, designó
y exaltó a los mejores funcionarios para la vigencia de 2013, entre ellos a la señora
Ana Socorro Giral Junca.8
iii) El 10 de julio de 2014, por medio de la Resolución 0446, se le asignó prima
técnica a la actora, por el criterio de estudios de formación avanzada y experiencia
altamente calificada.9
iv) El 16 de enero de 2015, la señora Ana Socorro Giral Junca radicó ante el
procurador general de la Nación «solicitud investigación y queja acoso laboral», con
los siguientes argumentos: 10
Por medio de la presente, de la manera más atenta solicito la intervención del Ente
de Control que usted dirige, para que se investigue mi actuación como Subdirectora
Administrativa y Financiera del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República-FONPRECON, respecto de la destinación que yo hiciera de 3 obsequios
remitidos por el Banco de Occidente con el objeto de contribuir con la celebración
de las novenas navideñas.
Lo anterior, teniendo en cuenta el maltrato del que fui objeto el pasado 24 de
diciembre por parte del Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, Doctor Álvaro Francisco Ramírez Rivera, quien de manera airada
7 Folio 3 del cuaderno 1
8 Folios 13 y 14 ibidem
9 Folios 19 y 20 ibidem
10 Folios 29 al 32 ibidem
16
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y con alto tono de voz, manifestó que yo, de forma arbitraria, poco trasparente y
faltando a la ética, había dispuesto de uno de los tres regalos enviados por el banco
para que fuese rifado entre el personal que presta sus servicios en la Subdirección
Administrativa y Financiera.
[…]
Por lo anteriormente descrito, considero importante poner en conocimiento de la
Procuraduría esta situación, teniendo en cuenta que la misma se presenta en un
contexto de frecuente agresión y maltrato por parte del Director no sólo a mí, sino a
distintos funcionarios. Y cabe mencionar también que algunos de ellos, por temor a
represalias, no ponen en conocimiento de los entes de control pertinentes tales
abusos. Sin embargo, esta situación genera malestar y altera el ambiente laboral tal
y como se puede evidenciar en los resultados de las encuestas de clima laboral y
riesgo psicosocial que fueran realizadas durante el segundo semestre del año 2014
por las Empresas Front Group y Fundanita- contratista de la ARL Positiva.
Adicional a lo anterior, cabe mencionar que me fue restringido el ingreso a los
parqueaderos a partir del pasado 9 de diciembre, que venía utilizando desde la fecha
de mi posesión (20 de septiembre de 2013), comunicándoseme que teniendo en
cuenta que disponía de un parqueadero para el ingreso de dos vehículos, a partir
de esa fecha solo podía ingresar uno de ellos solamente. […].
A su vez, a la Subdirección Administrativa y Financiera le están adscritos dos grupos
de trabajo y 5 coordinaciones, sin embargo, los temas de resorte de cada una de
estas coordinaciones han dejado de ser tratados con la suscrita, como era el
conducto regular, para pasar a ser tratados desde hace aproximadamente dos
meses directamente por el Director. Lo anterior constituye una relegación de mis
funciones, pues se me impide conocer los temas que se relacionan directamente
con mis responsabilidades, impidiéndoseme el correcto ejercicio de mi trabajo.
Inclusive, se han citado a reuniones de trabajo a las que no se me convoca.
[...]
[...] las afirmaciones que el señor Director hizo de mi conducta, son cuando menos
injuriosas al haber afirmado que mi actuar en lo que respecta al televisor que
obsequió el Banco Popular había sido poco transparente y falto de ética.
[...].
v) El 10 de febrero de 2015, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Fonprecon
dirigió memorando a la subdirectora administrativa y financiera, en los siguientes
términos: «me permito hacer la devolución de las cuentas de cobro, lo cual no
permite iniciar el cobro coactivo respectivo, toda vez que según tabla de reparto los
periodos se encuentran pagos, no se registran (sic) certificación de pagos y las
cuentas de cobro del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación deben ir dirigidas
a la administradora colombiana de pensiones COLPENSIONES».11
11 Folios 385 al 387 ibidem
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vi) El 30 de marzo de 2015, la subdirectora de gestión del patrimonio documental
del Archivo General de la Nación, mediante Oficio 2-2015-1560, le manifestó al
director general de FONPRECON, respecto de la evaluación y convalidación de Tablas
de Retención Documental — TRD, que «las citadas TRD evaluadas y el concepto
técnico determinó que no reúnen los requisitos técnicos que establece el AGN. En
virtud de lo anteriormente expuesto hacemos devolución de las TRD junto con el
concepto técnico, con el propósito de que se realicen los ajustes del caso y en un
término máximo de treinta (30) días sean remitidos a esta entidad a fin de continuar
con el proceso de evaluación y convalidación».12
vii) El 8 de mayo de 2015, la dirección general de la entidad dirigió memorando a la
subdirección administrativa y financiera, en el cual se consignan algunos
comentarios relacionados con el acta de inicio del contrato celebrado con la firma
JAHV MCGREGOR LTDA., para prestar servicios de revisoría fiscal, en el sentido de que
«no se observa revisión o aprobación del acta por parte de esa Subdirección» y «no
se ha incluido en el acta de inicio los aspectos relativos a la planificación del trabajo
y cronograma de actividades que debe presentar la revisoría fiscal».13
viii) El 30 de junio de 2015, el director general de Fonprecon hizo el primer
seguimiento al Acuerdo de Gestión suscrito con la señora Giral Junca, el 2 de enero
de ese año,14 en el cual se advierte un porcentaje de cumplimiento insatisfactorio
en la mayoría de los compromisos concertados y la siguiente observación: «las
deficiencias detectadas afectan negativamente a la entidad, en su gestión y
resultados».15
ix) El 1 de julio de 2015, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Fonprecon dirigió
memorando a la subdirectora administrativa y financiera, en los siguientes términos:
«me permito hacer la devolución de las cuentas de cobro, de acuerdo a las
12 Folio 148 ibidem
13 Folios 305 y 306 ibidem
14 Folio 158 cuaderno de antecedentes administrativos
15 Folios 159 al 161 ibidem
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inconsistencias encontradas a continuación, toda vez que hay periodos prescritos,
lo cual no permite iniciar el cobro coactivo respectivo».16
x) El 24 de agosto de 2015, la subdirectora de gestión del patrimonio documental
del Archivo General de la Nación, por medio del Oficio 2-2015-4719, le informó al
director general de FONPRECON, que «las TRD fueron evaluadas, y el concepto
técnico determinó que no reúnen los requisitos técnicos establecidos por el AGN»,
por lo cual debían hacerse los ajustes respectivos en un término máximo de treinta
días, conforme a las observaciones del concepto técnico que se adjuntó, en los
siguientes términos: 17
[…]
En el concepto técnico del 20 de marzo de 2015, se realizaron algunas
observaciones respecto a las funciones establecidas por la Resolución 0478 del 8
de junio de 2012, que determinaban una producción documental que no se
reflejaban en las TRD. Adicionalmente se indicó que se debía realizar una revisión
a la totalidad de las funciones frente a las series y subseries documentales. Para
esta nueva presentación observamos que la entidad no realizó ni los ajustes que
indicamos en los ejemplos, ni presentó sustentación de las observaciones. Esto
demuestra que la entidad hizo caso omiso de todas las observaciones realizadas en
el concepto técnico anteriormente mencionado.
[…]
DISPOSISIÓN FINAL
Para esta nueva presentación se evidencia que persisten las inconsistencias en la
valoración documental, que ya se hablan manifestado en el concepto técnico del 20
de marzo de 2015. Por ende esto nos reafirma que la entidad no tuvo en cuenta
ninguna de las observaciones efectuadas en el concepto técnico anteriormente
citado.
[…]
Con el debido respeto solicitamos que se tenga en cuenta el presente concepto y el
concepto técnico del 20 de marzo de 2015 esto para evitar un desgaste
administrativo para el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República y el
Archivo General de la Nación».
xi) El 28 de agosto de 2015, el director general de FONPRECON, a través de la
Resolución 0532, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Ana Socorro
16 Folios 356 al 359 ibidem
17 Folios 149 al 152 ibidem
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Giral Junca, del cargo de subdirectora general de entidad descentralizada, código
0040, grado 20.18
En esta misma fecha, el director, con memorando radicado N.° 20152000082151,
remitió a la Oficina de Talento Humano el documento contentivo de los «motivos de
la declaratoria de insubsistencia contenida en la Resolución No. 0532 de 28 de
agosto de 2015», con la siguiente relación: 19
La declaratoria de insubsistencia del nombramiento en el cargo de Subdirector
General de Entidad Descentralizada Código 0040 Grado 20, de ANA DEL
SOCORRO GIRAL JUNCA identificada con la c. c. 51603905, obedece a la
deficiencia en el cumplimiento de sus funciones lo que ha generado situaciones que
comprometen la gestión y resultados de la entidad, al igual que la omisión
sistemática a cumplir con las órdenes, instrucciones y tareas recomendadas,
durante el primer semestre de 2015, tal como se relaciona a continuación:
No verificó las observaciones realizadas por Control Interno de la entidad el día 24
de abril de 2014, resultado de la auditoría realizada a la gestión contable en el cual
se señalaron múltiples observaciones y hallazgos que fueron, de tal gravedad que
requirieron un pronunciamiento de fondo por parte del Subdirector Administrativo y
Financiero, sin embargo pasados siete (7) meses no fueron presentadas las
explicaciones U] la falta de diligencia profesional de la Dra. Ana del Socorro Giral,
puso en situación de riesgo la credibilidad financiera del Fondo frente a los entes de
control. Esta circunstancia fue conocida por la Dirección General a principios de
2015. (Anexo 1).
No elaboró respuesta a las observaciones de Control Interno respecto de los
informes realizados durante el primer semestre de 2015. Adoptó planes de
mejoramiento sin la evaluación técnica necesaria. […] (Anexo 2).
No adelantó los contactos ni las capacitaciones necesarias para la adopción de las
normas internacionales de información financiera — NIIF, requeridas por la CGN,
situación que coloca a la entidad en situación de incumplimiento normativo […] Dada
la importancia del tema fue necesario que la Dirección General interviniera
directamente […]. (Anexo 3)
No adelantó las reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable, previstas en la
norma, lo que ha generado observaciones de la Contraloría General de la República
y serios traumatismos en la entidad por la omisión de adelantar el objeto de dicho
comité. (Anexo 4).
No preparó ni analizó la información proveniente de su área (Administrativa y
Financiera) con destino a la Contraloría General de la República lo cual ocasionó
18 Folio 2 del cuaderno 1
19 Folios 133 al 137 ibidem
20
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observaciones del ente de control que quedaron plasmadas en el informe de
auditoría de las vigencias 2013 y 2014. (Anexo 4).
No presentó en forma oportuna los informes requeridos por la Contraloría General
de la República en su auditoria 2013-2014 […].
No coordinó ni adelantó las reuniones y tareas necesarias para superar las
dificultades de reporte contable del área de cartera […]. (Anexo 5).
No adelantó las conciliaciones necesarias entre los procesos de cartera y
contabilidad, sin embargo informó en los comités de cartera que se habían realizado,
faltando a la verdad e induciendo a error a la administración […]. (Anexo 5).
No cumplió a cabalidad sus funciones como Secretaria del Consejo Directivo de la
entidad, omitiendo el deber de adelantar en forma oportuna el registro y posesión
de los integrantes a los cuales se les venció el periodo el 14 de marzo de 2015 […].
(Anexo 6).
No observó ni acató los canales de comunicación ni el conducto regular previsto
para entregar información inconsistente sin verificación al Consejo Directivo,
induciendo a error a dicha instancia (Anexo 7).
No actuó con la diligencia y rigor necesario para la elaboración y firma de las actas
de Consejo Directivo de FONPRECON […].
No observó el procedimiento previsto para la contratación de una capacitación con
la firma LEGIS, lo que dio lugar a que los funcionarios de su área tuvieran que
cancelar con recursos propios el valor de la misma [...] (Anexo 8).
No observó la debida transparencia para la solución del caso anterior y, por el
contrario, proyectó y presentó una resolución para la firma del Director General con
el propósito de inducir a error a la administración y sanear por este medio la falta
cometida. […]. (Anexo 8).
No adelantó los procesos de carnetización de los funcionarios de la entidad, pese a
la necesidad de actualizar los existentes y completar los faltantes. […]. (Anexo 9).
No atendió la programación de vacaciones elaborada por la entidad para la vigencia
2015 señalando falsamente contar con permiso de la Dirección General, viéndose
obligada la Directora (E) a enviarla a disfrutar los periodos acumulados […]. (Anexo
10).
No acató la instrucción directa de cambio de supervisor del contrato de Revisoría
Fiscal de la entidad […]. (Anexo 11).
No cumplió con el compromiso de gestionar y obtener la aprobación de las tablas
de retención documental, a pesar de contar con las indicaciones del Archivo
General, los medios y recursos necesarios para tal fin. Las tablas de retención
documental del Fondo han sido devueltas en varias ocasiones […]. (Anexo 12).
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
No adelantó la gestión debida ni reunió al Comité de Bajas de la Entidad,
circunstancia que evidencia negligencia y descuido en el cumplimiento de su rol
como autoridad administrativa […]. (Anexo 13).
No concluyó el proceso de digitalización adelantado durante el periodo 2014. A la
fecha agosto 28 de 2015, no ha concluido la revisión de dicha tarea, aun contando
con los medios y recursos suficientes [...]. (Anexo 14).
No gestionó ni adelantó, el proceso de unificación de archivos que debía concluir en
el II semestre de 2014 o máximo en el I semestre de 2015 [...]. (Anexo 14).
No supervisó en forma adecuada el contrato No. 181 de 2014 para la elaboración
de cálculo actuarial, el cual presentó inconsistencias y fue devuelto en dios
ocasiones por la Superintendencia Financiera de Colombia […]. (Anexo 15).
No adelantó los procesos de cambio de caja de compensación familiar para la
entidad de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección General basada
en la encuesta adelantada a los servidores del Fondo.
El informe de Auditoría de la Contraloría General de la República contiene [...]
manifestaciones del órgano de control que corroboran las fallas, omisiones y errores
en los que la mencionada Ana Socorro Giral Junca ha incurrido por negligencia o
desconocimiento de los temas administrativos y financieros de la entidad. (Anexo
16).
La evaluación del Clima Laboral realizado en el mes de octubre de 2014, por la firma
Front Group, para FONPRECON, señaló una calificación deficiente para el Área
Administrativa y Financiera de la entidad, constituyéndose en la más baja de todos
los grupos evaluados, señalando con ello una seria deficiencia de liderazgo,
conocimiento manejo del personal. (Adjunto informe. Anexo 17).
Lo hasta aquí señalado es más que suficiente para evidenciar las grandes falencias,
los continuos desaciertos y las omisiones desplegadas por la funcionaria en
mención, en adición a que dichas circunstancias han generado la pérdida de
confianza hacia su gestión, elemento indispensable para su continuidad en el cargo.
[…].
xii) El 29 de abril de 2016, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa, profirió auto de archivo definitivo de las diligencias adelantadas
contra el señor Francisco Álvaro Ramírez Rivera, en su condición de director
general de Fonprecon, radicadas con número IUS 2015-84846 / IUC D-2015-788-
755974, con ocasión de la queja presentada por la señora Sandra Milena Neira
Sánchez, en su calidad de asesora de control interno de la misma entidad, en el que
determinó declarar la terminación del proceso y archivar la actuación disciplinaria
adelantada contra el implicado funcionario, «por no encontrar acreditada la comisión
22
Radicado: 25000 23 42 000 2016 01171 01 (1945-2020)
Demandante: Ana Socorro Giral Junca
de conducta constitutiva de falta disciplinaria, en tanto se aprecia la carencia de
ilicitud sustancial».20
xiii) El 29 de mayo de 2018, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, profirió auto de archivo definitivo de indagación preliminar, con
ocasión de la queja presentada el 16 de enero de 2015, por la señora Ana Socorro
Giral Junca contra el señor Francisco Álvaro Ramírez Rivera, en calidad de director
general de Fonprecon, por medio del cual se resolvió terminar el proceso y ordenar
el consecuente archivo de las diligencias, a favor del implicado, al encontrar que
«no existen elementos probatorios que demuestren la existencia de una conducta
constitutiva de acoso laboral, en los términos señalados en el artículo 2 de la Ley
1010 de 2006.21
xiv) El 18 de octubre de 2018, el subdirector administrativo y financiero de
FONPRECON, por medio del Oficio 20183110096381, dirigido al Tribunal, expuso lo
siguiente:22
[..]
Es de anotar que la votación realizada el día 12 de junio de 2015 para los servidores
de libre nombramiento y remoción y para los diferentes niveles profesionales y
técnicos de la Entidad [...] tenía como objeto medir el grado de compañerismo
de los servidores en concurso, como uno de los puntos a tener en cuenta para
la decisión final, pues no está previsto en la norma ni en los procedimientos
consultados que se tratara de una cuantificación de votos para elegir al mejor
funcionario sin tener en cuenta los demás factores previstos para ello, como es el
caso de la señora ANA SOCORRO GIRAL JUNCA, Subdirectora Administrativa y
Financiera para esa época, quien obtuvo un resultado de 28 votos, de todos los
servidores adscritos a esa Subdirección, porcentaje superior al de la funcionaria
NAKARITH POSADA ROMERO, quien obtuvo 11 votos del personal a su cargo en
la Subdirección de Prestaciones Económicas.
Sin embargo, esta votación no reemplaza o sustituye todos los criterios que se
debían tener en cuenta para la elección del mejor funcionario del Fondo de Previsión
Social del Congreso de acuerdo a lo previsto en la Circular 100-006- de 2015 y de
las Resoluciones Nos. 0678 de 31 de mayo de 2011 y 0123 de 03 de marzo de 2015,
mediante las cuales se reglamentó el Sistema de Estímulos y se adoptó el Plan
Anual de Incentivos para los servidores públicos del Fondo, pues si ello fuera así el
mayor número de personas a cargo generaría mayor número de votos a favor, lo
20 Folios 537 al 556 del cuaderno 1
21 Folios 409 al 415 del cuaderno 1
22 Folio 441 ibidem
23
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
cual riñe con el propósito de la elección del mejor funcionario al desconocer los
demás componentes de dicha designación […].
En consecuencia, fue necesario realizar otra elección con el propósito de medir
el criterio laboral y actitud de servicio reconocida por la Entidad para escoger a
los mejores servidores a nivel interno, que reunieran todos los requisitos y
adoptando el Plan de Incentivos al mejor empleado de carrera administrativa, a los
mejores empleados de carrera administrativa de cada uno de los niveles jerárquicos,
al mejor equipo de trabajo y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción a
través de los jefes de dependencia, quienes evaluaron el desempeño laboral del
personal a su cargo y se elaboró una lista de servidores cuya calificación fue
sobresaliente.
En dicho procedimiento interno resultó elegida la doctora Nakarith Posada Romero
[...].
xv) El 12 de febrero de 2019, en audiencia de pruebas, se recibieron las
declaraciones de Jairo Quintero Caicedo, Sandra Milena Neira Sánchez y se
practicó el interrogatorio de parte de la señora Ana Socorro Giral Junca.23
Jairo Quintero Caicedo,24 contador público. Laboró en el Fondo de Previsión del
Congreso desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 julio de 2015. Relató que
conoció a la señora Giral Junca entre el 2013 y el 2015, cuando se desempeñó
como subdirectora administrativa y financiera; que no era su jefe; y que él trabajaba
en la oficina de control interno como profesional especializado. Además precisó:
Preguntado: ¿tiene conocimiento de si la señora Giral Junco fue objeto de acoso
laboral, agresión verbal, que condujo al desenlace de la insubsistencia y que haya
traído como consecuencia la existencia de un ambiente laboral insostenible?
Contestó: A partir de una novedad, a finales de 2014, en relación con la entrega de
unos regalos concedidos al área administrativa y financiera, generaron diferencias
de posición entre el representante legal y la subdirectora. A raíz de esta situación,
es de conocimiento general, de todos los funcionarios de la entidad, que se
comenzaron unos choques en generación laboral y, pues entiende uno que a nivel
personal. Tanto así, que la señora a comienzos de la vigencia siguiente presentó
una denuncia de acoso laboral por los hechos que se vinieron suscitando desde ese
momento por las diferencias de posición que tuvieron entre los dos directivos.
Preguntado: Concretamente, ¿a usted le consta alguna situación de esa
naturaleza?, ¿o esas diferencias, de acuerdo a lo que usted tiene conocimiento, eran
normales o fueron más allá de una relación laboral que condujo al tema del acoso
laboral?, ¿inclusive a que existiesen agresiones verbales en contra de la señora Ana
Socorro? Contestó: no, directamente no me consta porque nunca asistí a encuentros
que eran netamente de corte directivo.
23 Cd, folio 665.
24 ‘06:59
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
Preguntado: Hacia junio de 2015, el director convocó a una elección de los mejores
funcionarios de libre nombramiento. ¿Cuál fue el trámite? Contestó: La
administración designó un procedimiento, aparte de la calificación, que es lo que
está expreso en la norma, recoger por términos de votación de todas las personas
que conforman la entidad. Originalmente hubo una votación, se conocieron unas
actas que se levantaron producto de esta votación y efectivamente en su momento
se conoció que la señora Ana Socorro estaba liderando para este nivel de tener
reconocimiento. Las demás personas, que entre esas me encuentro yo, que tuvimos
reconocimiento como mejores funcionarios, pues continuamos, y el día del
reconocimiento, que ya fue cuando nos dimos cuenta, la señora Ana Socorro, pues
la sorpresa general era que no apareció con ese reconocimiento que originalmente
se había dado y que por procedimiento debe estar en los documentos que se
generaron dentro de la gestión de la institución. Preguntado: ¿de acuerdo con lo que
acaba de señalar, la señora Giral Junca sí obtuvo un reconocimiento y por alguna
razón con posterioridad no le fue reconocido? Contestó: lo que quiero decir es que
de acuerdo al procedimiento que definió la administración, que era por medio de
votaciones de todo el personal de la entidad, la señora había obtenido el primer lugar
para el nivel de libre nombramiento y para eso la administración levantó unas actas.
Y en el momento del reconocimiento la señora no fue tenida en cuenta, fue tenido
en cuenta otro directivo con esa característica de libre nombramiento y remoción.
Preguntado: ¿Tiene usted conocimiento que, a raíz de esa situación, eso trajo como
consecuencia que efectivamente, si le consta, se acentuó el acoso laboral y se
presentaron irregularidades que a la postre, tal como se señala en la demanda,
condujeron a la declaratoria de insubsistencia? Contestó: no me consta.
[…]
Preguntado:25 Cuando usted hizo referencia al mecanismo de elección de mejor
funcionario le afirmó al despacho: se conocieron unas actas. ¿Puede usted decir si
usted conoció estas actas? Contestó: No creo haber dicho que conocí unas actas.
Que deben existir unas actas que tienen que reposar en el área de talento humano.
[…] ¿Pero no conoció las actas usted físicamente? Contestó: No se conocieron.
Preguntado: ¿Usted hizo parte del escrutinio o conteo de votos de este mecanismo
de elección? Contestó: no señor. Preguntado: ¿Usted conoció el acto administrativo
mediante el cual se determinó el plan de estímulos e incentivos para el año 2015?
Contestó: en su momento lo conocí, porque yo fui beneficiario de ese plan y como
resultado del ejercicio que adelantaba yo, que era auditar, pues hacía seguimiento
al cumplimiento de esos requisitos mínimos que exige la ley que cualquier entidad
debe cumplir. Preguntado: ¿recuerda cuál era ese acto administrativo? Contestó:
No lo recuerdo. Preguntado: ¿y recuerda si en este acto administrativo estaba
contemplado que se hiciera una votación? Contestó: No recuerdo.
[…]
Preguntado:26 Después de que se le ha hecho la pregunta acerca del proceso de
selección para escoger el funcionario que no era de carrera sino de libre
nombramiento, no ha quedado claro cómo usted tuvo conocimiento de que la señora
demandante era la que había sido seleccionada como la mejor funcionaria. ¿Cómo
tuvo ese conocimiento? Contestó: por ser una entidad tan pequeña, todo este tipo
25 ’25:01. Interroga apoderado del demandado
26 ’28:32. Interroga el Ministerio Público
25
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Demandante: Ana Socorro Giral Junca
de información se filtra por todo lado. Pero, si me pregunta si vi el documento o algo,
no señora. No lo vi.
Sandra Milena Neira Sánchez,27 compañera de trabajo de la demandante y
Asesora de la Oficina de Control Interno de Fonprecon, desde noviembre de 2013
hasta diciembre de 2016, señaló:
Preguntado: qué relación tenía con la señora Giral Junca y que conocimiento tiene
sobre las circunstancias que rodearon la declaratoria de insubsistencia de su cargo.
Contestó: Yo llego en noviembre de 2013 fruto de un proceso de selección de
meritocracia. Comienzo a conocer el ambiente laboral en torno a la dirección
general. Me sorprendo de la forma en que el director general se dirige no solo frente
a la doctora Ana Socorro Giral Junca sino en general frente a los funcionarios del
Fondo. En especial fui testigo de muchos comités a los que asistí por ser del nivel
directivo y en muchas oportunidades fui testigo de la descalificación profesional que
hacía el señor Francisco Ramírez frente a la doctora Giral Junca.
[…]
Preguntado: de manera específica, ¿recuerda qué clase de descalificaciones y si
eso lo vivió en los comités a los que usted hace alusión o también le consta en otras
situaciones laborales? ¿O si le consta igualmente si en la cual usted estuvo de
manera presencial hubo alguna agresión de tipo verbal por parte del director frente
a la señora Ana Socorro? Contestó: Mis reuniones se circunscribían a los Comités
de Dirección. Siempre fue en los Comités delante de todo el cuerpo directivo.
Preguntado: ¿en qué consistían esas descalificaciones? Contestó: recuerdo una en
especial que era sobre una capacitación que habían olvidado registrar
presupuestalmente, había habido una confusión para unos funcionarios que
asistieron a una capacitación, que eran subalternos de la doctora Ana y en ese
momento, pues él dijo que era imposible que esto era el colmo que hubiera sucedido,
que era responsabilidad exclusiva de la subdirectora administrativa haber omitido
eso, que como siempre en esa subdirección todo estaba patas arriba, que no había
lugar a que sucedieran ese tipo de cosas en una subdirección y que en especial le
pedía que tomara los correctivos necesarios en esa área por ese tipo de faltas
porque ya no podían continuar soportando ese tipo de eventos que no demostraban
lo que su experiencia tenía que reflejar como profesional de la entidad.
Preguntado: Hacia junio de 2015, el director del Fondo de Previsión Social del
Congreso convocó a la elección de los mejores funcionarios de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción. ¿qué le consta al respecto de
ese proceso de selección y cómo se adelantó? Contestó: […] específicamente en
ese 2015, se realizó una convocatoria donde fue seleccionada, según estaban, la
verdad yo no asistí a la convocatoria como tal, yo voté en ese momento, pero no
asistí como tal al cierre, por decirlo de alguna manera, pero sí mi funcionario que
trabajaba conmigo que eral doctor Jairo, pues asistió y me comentó ganó la doctora
Ana y yo gané en el nivel profesional. Le dije me parece perfecto, felicitaciones. A
los pocos días nuevamente realizaron otra convocatoria, con lo cual nos quedamos
totalmente sorprendidos, yo finalmente en esa decidí no participar y pues era muy
llamativo que hubiera ganado otra persona que no era la que inicialmente había sido
seleccionada.
27 ’30:39
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Preguntado: ¿Qué conocimiento tiene usted de que a raíz de esas irregularidades
que usted manifiesta, si le consta, se acentuó aún más el acoso laboral a que se
hace mención en la demanda? Contestó: Sí, pues la verdad yo vi que se acentuó
muchísimo más desde diciembre de 2014 y todo el primer semestre de 2015, porque
a finales de 2015, pues me comenta la doctora Ana, oye no, pues me quedé sin
parqueadero. […]Yo desde que llegué tenían un parqueadero asignado para mí solo
por una placa, aunque tenía dos vehículos. Pero la doctora Ana sí tenía doble
parqueadero. Entonces ella me comenta y de eso soy testigo porque tuvimos, yo le
propuse a ella le dije oye pues entonces alquilemos un parqueadero privado para
las dos y compartimos el parqueadero, como tenemos placa diferente, y así fue
como a partir de diciembre tuvimos que alquilar un parqueadero adicional.
Obviamente para mí fue muy sorpresivo porque ella es la subdirectora administrativa
y pues si ya venía dos años con un parqueadero, era obvio que arrancaban las
dificultades frente al tema. En enero de 2015 la subdirectora administrativa, la
doctora Ana Giral me hace llegar a control interno una denuncia que acaba de
efectuar sobre una indebida participación del director general estando en uso de
vacaciones. Yo inicialmente, solicitó los actos administrativos del director para poder
verificar si él se encuentra en vacaciones. Efectivamente se encuentra en
vacaciones, pero aun así estaba dentro del Fondo firmando documentos, firmando
ordenaciones de gastos y a raíz de esa denuncia yo procedo también a efectuar la
mía propia.
[…]
Yo, adicionalmente hice otras dos denuncias y específicamente con la persona que
sustituye que es la doctora Nakarith Posada, que es la persona que nombran en
encargo una vez declarada insubsistente la doctora Ana. Control Interno manifestó
en una oportunidad, directamente a la dirección, que era totalmente inconveniente
que se nombrara a la doctora Nakarith Posada, porque existe un riesgo que se llama
el riesgo de segregación de funciones, que significa que la persona que atiende la
parte misional de la entidad no puede ser la misma que liquide y pague las pensiones
de la entidad.
En el interrogatorio de parte, la señora Ana Socorro Giral Junca expresó: 28
[…]
Preguntado: En la demanda su apoderado describe un ambiente laboral difícil y
reseña una presunta agresión verbal. Sírvase informarle al despacho en qué
consistió la disponibilidad de dichos obsequios. Contestó: yo ejercí el cargo como
subdirectora administrativa y financiera en Fonprecon y ese año, en el año 2013,
año que yo llegué, los diferentes bancos y demás proveedores llevaban algunos
obsequios con el propósito de que fueran rifados dentro de los funcionarios en las
novenas de navidad. […] efectivamente llegó a la Subdirección administrativa y
financiera, no a la subdirectora sino a la Subdirección en general, 3 obsequios, los
cuales efectivamente se les iba dar la destinación mejor, para lo cual habían sido
enviados. Eran dos parrillas asadores y un televisor pequeño. Yo, teniendo en
cuenta que, en todas las entidades en el mes de diciembre, por efectos de cierre
28 ‘1:01:19
27
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financiero y por efecto de terminación de vigencia fiscal, las áreas financieras,
contabilidad, todo lo que tiene que ver con el área financiera, pues digamos que
salen muy tarde de la noche, yo pretendiendo incentivar al grupo de esa área,
reservé el televisor pequeño y entregué en la dirección los otros dos regalos, pues
para que fueran rifados. En las novenas que precedieron al 24 de diciembre fueron
rifados muchos obsequios que llegaron y fueron rifados, entonces el director tuvo
conocimiento [de] que había un televisor pequeño, pues no en mi oficina sino en
Tesorería y Contabilidad que iba a ser rifado. Entonces me requirió a su despacho
con el propósito [de] que se explicara porqué yo no lo había entregado. Preguntado:
¿esta decisión de reservar para los funcionarios como compensación fue consultada
con el director general? Contestó: […] así como llegaron esos llegaron muchos
regalos y yo todos los subí, pero ese en particular pues lo dejé reservado. […] no
consulté y no, la verdad que no tuve ninguna intención en haber reservado ese
específicamente para estimular a la gente, que salía nueve, diez de la noche en
cierre financiero. Me requirió y yo le respondí algo similar a lo que estoy yo en este
momento comentando acá, en esta diligencia. Me respondió de manera airada y en
ese momento me dijo que yo me estaba apropiando y cogiendo indebidamente y
básicamente pues estaba robando, apropiando para beneficio mío.
[…]
Preguntado: ¿durante el tiempo que laboró para Fonprecon hizo uso de uno o dos
espacios de estacionamiento otorgados por la entidad? Contestó: tuve derecho a
utilizar un parqueadero, yo tenía dos carros, sí hice uso, pero me fue restringido.
¿cómo se le restringió? Contestó: me dijeron que únicamente podía utilizarlo los
días en que tenía una placa y es que no me acuerdo si fue impar o par, pero sí me
restringieron. Preguntado: ¿doctora Ana, durante su vinculación a Fonprecon
manifestó por escrito su inconformidad con las decisiones relativas a la concesión o
interrupción de vacaciones? Contestó: yo solicité unas vacaciones que ya las había
cumplido y el director me las interrumpió preguntado: ¿y usted manifestó su
inconformidad por escrito frente a esta situación? Contestó: yo no manifesté
inconformidad por escrito por esta situación.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La actora solicitó revocar la decisión de primera instancia porque considera que la
entidad demandada no demostró que la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento obedeciera a razones de mejoramiento del servicio; considera, por
el contrario, que se trató de una decisión arbitraria del nominador, originada en los
antecedentes de hostilidad.
Sobre el particular, es preciso anotar que entre las causales de anulación de los
actos administrativos que consagra el artículo 137 del CPACA, está la desviación de
poder que se configura cuando el elemento teleológico del acto está viciado, esto
28
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es, cuando no se expide en aras del buen servicio y de la buena marcha de la
administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoistas o injustos. podrá
pedir la nulidad de un acto administrativo cuando se dicta con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. Como lo ha
precisado la doctrina y la jurisprudencia, si bien el acto fue expedido por órgano o
autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines
distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico. 29
La desviación de poder que le endilga la demandante al acto acusado, ha sido
definida por la doctrina en los siguientes términos:
Desviación de poder: para determinar este vicio es necesario puntualizar lo que
denominamos el elemento psicológico del acto administrativo. Este es el fin del agente
administrativo, el fin pensado y querido por éste, o sea, el móvil o deseo que ha
inspirado al autor del acto. Sostiene Eisenmann30 que “lo que generalmente llamamos
fin del acto es un cierto contenido de la conciencia del agente. No debemos
equivocarnos a este respecto. Cuando se habla del fin del acto, se sigue con ello un
atributo del acto en sí mismo considerado, un dato objetivo inherente al acto” […].
Por lo tanto, para que se presente la desviación de poder es necesario que el acto de
apariencia sea totalmente válido. El acto tiene una máscara de legalidad. Ningún otro
elemento ha sido descuidado, pero presenta un fin espurio visible al observar los
resultados obtenidos. Así, con este vicio se controla lo más íntimo del acto: los móviles
que presidieron la actuación de la administración, la intención de ésta. Es la
fiscalización de las intenciones subjetivas del agente administrativo.
[…]
En suma, la desviación de poder obedece a la necesidad de someter al principio de
legalidad a la administración en todos sus aspectos y con miras a la protección de los
particulares ante los abusos de aquella 31.
Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado en cuanto a este vicio de legalidad,
que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a
la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la
finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.
Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
29 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA.,
Bogotá, Colombia, 2014, página 547.
30 Eisenmann. Citado por Julio A. Prat. Op. Cit., página 103.
31 Causales de anulación de los Actos Administrativos, 1ª Edición. Autores: Miguel Largacha Martínez y Daniel
Posee Velásquez.
29
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establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión». 32 En tal sentido, quien acude a la jurisdicción para
alegar la desviación de poder debe demostrar que la administración expidió un acto
administrativo con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses
públicos o sociales.
Al respecto, el Consejo de Estado33 ha señalado que este vicio está referido a «la
intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al
previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o
arbitrario».
La jurisprudencia de esta Corporación34 también ha indicado, respecto de la
desviación de poder, que es a la parte actora a quien le corresponde probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para
destruir la presunción de legalidad el acto acusado; esta afirmación, atendiendo a
la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene dada por la regla
contenida en el Código General del Proceso35 de que «incumbe a las partes probar
los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». En tal sentido, esta Sección36 ha definido que quien alega este vicio le
corresponde probar dicho supuesto, pero no para implementar la inversión de la
carga de la prueba o para hacerla dinámica, sino para reafirmar, justamente, que
quien alega un hecho debe acreditarlo, criterio que la sala reitera en esta ocasión.
En el sub lite, los declarantes rindieron su versión sobre los hechos que
antecedieron la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante,
sin que a ninguno de ellos le conste la verdadera intención del nominador. Si bien
32 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado
interno No. 0734-10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación número:
13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12).
34 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero
ponente: Jesús María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
35 Artículo 167 del CGP.
36 Sentencia del 15 de mayo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero Ponente:
Alejandro Ordoñez Maldonado, Expediente 2459-99.
30
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el señor Jairo Quintero Caicedo relató que a partir de una novedad, a finales de
2014, en relación con la entrega de unos regalos concedidos al área administrativa
y financiera, se generaron algunas diferencias entre el director de Fonprecon y la
subdirectora administrativa, no le consta que hubiesen existido agresiones verbales
en contra de esta, porque nunca asistió a encuentros, pues eran netamente de corte
directivo.
Por su parte, la señora Sandra Milena Neira Sánchez relató que le sorprendió la
forma en que el director general se dirigía no solo a la doctora Giral Junca sino en
general a todos los funcionarios del Fondo. Y que fue testigo de la descalificación
profesional hacia la actora, al reprocharle el haber omitido registrar
presupuestalmente una capacitación para unos funcionarios de la entidad, frente a
lo cual el director manifestó «que era el colmo que hubiera sucedido, que era
responsabilidad exclusiva de la subdirectora administrativa haber omitido eso, que
como siempre en esa subdirección todo estaba patas arriba que no había lugar a
que sucedieran ese tipo de cosas en una subdirección y que en especial le pedía
que tomara los correctivos necesarios en esa área por ese tipo de faltas porque ya
no podían continuar soportando ese tipo de eventos».
A partir de la circunstancia descrita por la señora Neira Sánchez, se aduce que el
director del Fondo empezó a hostigar laboralmente a la demandante y a agredirla
de manera verbal; sin embargo, tales afirmaciones no cuentan con soporte
probatorio alguno, pues la declarante no particularizó cuáles fueron las agresiones
o los improperios del nominador hacia la señora Giral Junca.
Ahora bien, en desarrollo de lo dispuesto en las Leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002,
la directora de FONPRECON expidió la Resolución 1481 de 6 de septiembre de 2006, 37
según la cual, la entidad cuenta con un comité de conciliación para la resolución de
conflictos de acoso laboral y otros hostigamientos. Así, el empleado que se
considere sujeto pasivo de esta conducta, deberá informar esta situación al Asesor
37 Citada por el a quo y consultada en línea
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de Control Interno. El comité propondrá mecanismos de conciliación y, luego de ser
escuchadas las partes, si no hay voluntad conciliatoria, el afectado quedará en
libertad de solicitar la intervención de una institución competente o de la
Procuraduría General de la Nación. En caso de encontrarse conducta constitutiva
de acoso laboral, el comité deberá remitir la actuación a la autoridad penal o
disciplinaria para la respectiva investigación.
Para que el comportamiento o conducta de un servidor público o particular
constituya acoso laboral debe reunir unos requisitos establecidos en la normativa
aplicable, que no son otros, que haber verificado conductas persistentes, reiteradas
y demostrables, ejercidas sobre un empleado trabajador, por el empleador, un jefe
o compañero de trabajo dirigidas a intimidar, desmotivar, o causar un perjuicio
laboral, o inducir a renuncia.
Sin embargo, al plenario no se aportó prueba de que la demandante hubiera puesto
en conocimiento del asesor de Control Interno o del Comité de Conciliación para la
resolución de conflictos de acoso laboral y otros hostigamientos, la circunstancia
que, en su sentir, constituía acoso laboral por parte del nominador, conforme al
procedimiento dispuesto en la mencionada Resolución 1481 de 2006.
Y si bien presentó, directamente, queja ante la Procuraduría General de la Nación,
dicho organismo, a través de sus procuradurías delegadas, mediante autos del 29
de abril de 2016 y el 6 de septiembre de 2018, resolvió decretar el archivo de la
investigación, al advertir «ausencia de ilicitud sustancial, toda vez que la conducta
esbozada por el doctor Ramírez Rivera, no trascendió y tampoco
constituyó una afrenta en relación a la función pública».
Así las cosas, no se acreditaron los elementos exigidos en la normativa aplicable
para que se configure el acoso laboral y con ello una desviación de poder, toda vez
que la única referencia a dicha persecución fue la novedad relacionada con la
disposición de un televisor, sin haberlo consultado con el director, hecho que derivó
en un airado llamado de atención, como lo declaró la actora.
32
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Por otro lado, en cuanto al desmejoramiento del servicio que alega la demandante,
por cuanto fue reemplazada por una persona sin la experiencia necesaria, ha de
decir la Sala que tal hecho no tiene la relevancia suficiente para quebrar la legalidad
del acto de remoción, en tanto que el nombramiento fue en calidad de encargo,
mientras se nombraba el titular. Luego, no puede presumirse desmejora del servicio
por cuanto su provisión no era definitiva sino puramente temporal. Además, no se
demostró que el servicio en manos de la encargada sufriera desmejora, pues
ninguna prueba fue arrimada al proceso que indicara el manejo incorrecto del área.
El relato de la testigo Sandra Milena Neira se limita a manifestar que tal designación
era inconveniente, dado el riesgo de segregación de funciones, sin otra
manifestación que indique que efectivamente la prestación del servicio fuera
deficiente a raíz del retiro de la demandante o que la persona encargada no reuniera
los requisitos para el cargo.
En conclusión, las evidencias allegadas al plenario no permiten demostrar que el
acto cuestionado se haya expedido con desviación de poder o se erigiese en un
acto arbitrario o caprichoso. Por el contrario, el director dejó consignadas, por medio
del memorando dirigido a la Oficina de Talento Humano, las razones que motivaron
su decisión, a saber: i) la devolución de las tablas de retención por parte del Archivo
General de la Nación, por no reunir los requisitos técnicos establecidos y hacer caso
omiso del concepto técnico de 20 de marzo de 2015 en el que se realizaron algunas
observaciones; ii) la evaluación insatisfactoria respecto del Acuerdo de Gestión del
2 de enero de 2015, suscrito por el director general y la subdirectora administrativa
y financiera; iii) la devolución, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de
FONPRECON, de unas cuentas de cobro, por encontrar periodos prescritos, no
registrar certificación de pagos y algunas cuentas mal dirigidas; iv) el informe de
auditoría de la Contraloría General de la República a FONPRECON, respecto de la
vigencia de 2014; v) no haberse posesionado la actora como oficial de cumplimiento
de FONPRECON durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2013
y el 28 de agosto de 2015, según lo informó el coordinador del grupo de registro de
la Superintendencia Financiera de Colombia.
33
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Así las cosas, no se puede concluir nada diferente a que la demandante, al estar
vinculada laboralmente en la entidad en un cargo de libre nombramiento y remoción,
tenía una estabilidad precaria, ya que requería de la plena confianza del nominador,
la cual se había minado, dadas las diferentes circunstancias que se presentaron y
que fueron señaladas por el director en el mencionado documento.
Por otra parte, respecto a la inconformidad de la actora por no haber sido elegida
como mejor funcionaria de libre nombramiento y remoción para el periodo 2014 a
pesar de haber obtenido la mayoría de votos, es preciso destacar que, según lo
explicó el subdirector administrativo y financiero de FONPRECON, la votación
realizada el día 12 de junio de 2015 «tenía como objeto medir el grado de
compañerismo de los servidores en concurso, como uno de los puntos a tener en
cuenta para la decisión final, pues no está previsto en la norma ni en los
procedimientos consultados que se tratara de una cuantificación de votos para elegir
al mejor funcionario sin tener en cuenta los demás factores previstos para ello».
Dicha votación no sustituía todos los criterios que se debían evaluar para la elección
del mejor funcionario del Fondo, de acuerdo a lo previsto en la Circular 100-006- de
2015 y en las Resoluciones Nos. 0678 de 31 de mayo de 2011 y 0123 de 03 de
marzo de 2015, mediante las cuales se reglamentó el Sistema de Estímulos y se
adoptó el Plan Anual de Incentivos para los servidores públicos del Fondo, «pues si
ello fuera así el mayor número de personas a cargo generaría mayor número de
votos a favor, lo cual riñe con el propósito de la elección del mejor funcionario al
desconocer los demás componentes de dicha designación».
De todo lo expuesto, se concluye que era a la actora, no a la entidad, a quien le
incumbía la carga probatoria de demostrar sus aseveraciones, en el sentido de que
fueron motivos personales los que determinaron su retiro, lo cual no cumplió.
Finalmente, en lo que respecta a que la administración no le adelantó proceso
disciplinario a la actora por las razones que sustentaron la declaratoria de
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insubsistencia de su nombramiento, ha de decir la Sala que el plenario no da cuenta
de que el nominador le hubiera endilgado falta disciplinaria alguna; luego, mal podría
tramitar el proceso disciplinario que echa de menos la libelista.
En este orden de ideas, comoquiera que las pruebas aportadas al proceso no
lograron acreditar las intenciones desviadas del nominador, aducidas por la actora,
la Sala concluye que la facultad discrecional ejercitada para declarar insubsistente
su nombramiento fue utilizada adecuadamente.
2.5. De la condena en costas
Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, 38 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de
alzada le fue resuelto desfavorablemente y que la entidad demandada actuó durante
esta etapa, presentando alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto estudiado y en el acervo
probatorio, se concluye que el acto acusado permanece amparado por la presunción
de legalidad que lo cobija, por lo que el fallo apelado amerita ser confirmado.
38 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección B—, por
medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por la señora Ana Socorro Giral Junca contra el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República.
Segundo. Condenar en costas a la demandante, las cuales deberán ser liquidadas
por el a quo.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
36
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