Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2021-00104-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2021-00104-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2021-00104-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de enero de 2022
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00104-01
Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación No.: 05001-23-33-000-2021-00104-01
Demandante: JHON MARIO MUÑOZ ARENAS
Demandado: ACTO DE ELECCIÓN DEL SEÑOR LEONARDO GARCÍA BOTERO
COMO RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA, PERIODO 2020-2024
Temas: Vencimiento de periodos e impedimentos de integrantes del Consejo Directivo
del Tecnológico de Antioquia – Incidencia de irregularidades en la elección
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver los recursos de apelación propuestos por el demandado y el
Instituto Tecnológico de Antioquia –en adelante TDEA– contra la sentencia de 14 de
octubre de 2021, por medio de la cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda electoral formulada
contra el acto de designación del señor Leonardo García Botero, como rector de este
ente autónomo universitario, periodo 2020-2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Jhon Mario Muñoz Arenas presentó1, por conducto de apoderado judicial y en
representación de la “Veeduría a las diferentes Universidades e Instituciones Universitarias
Públicas del departamento de Antioquia”, demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, consagrado en el artículo 1392 de la Ley 1437 de 20113 –en adelante
C.P.A.C.A.– contra el acto de elección del señor Leonardo García Botero como rector del
TDEA, periodo 2020-2024, contenido en el Acuerdo N°. 07 de 12 de noviembre de 2020,
dictado por el Consejo Directivo de ese establecimiento universitario.
1 El 19 de enero de 2021.
2 “Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de
todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas.”
3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
1.2. Hechos
2. La Sala los reconstruye de la siguiente manera a partir de los antecedentes
administrativos del trámite eleccionario impugnado4:
3. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo Directivo del TDEA convocó a la elección del
rector de ese establecimiento público universitario para el periodo estatutario 2020-2024.
4. Del 1° al 15 de octubre de esa misma anualidad, los interesados inscribieron sus
postulaciones, remitiendo sus hojas de vidas y propuestas a la dirección de correo
electrónico secretariageneral@tdea.edu.co.
5. Dentro de los aspirantes, figuró el señor Leonardo García Botero, quien desde el 2015
ostentaba la condición de secretario general del TDEA. Asimismo, postuló candidatura el
señor Lorenzo Portocarrero Sierra, rector de la institución para ese momento, facultado
por el artículo 21 del Acuerdo N°. 03 de 7 de octubre de 2014, contentivo del Estatuto
General Universitario, que permite su reelección indefinida.
6. El 19 de octubre de 2020, el Comité de Garantías Electorales5 del TDEA admitió la
aspiración de 10 candidatos, incluyendo los nombres de los señores Leonardo García
Botero y Lorenzo Portocarrero Sierra, en sus condiciones de secretario general y rector
de ese ente autónomo universitario, respectivamente.
7. El 12 de noviembre siguiente, fue desarrollado el certamen de elección del rector, que
contó con la participación de 8 de los 96 integrantes del Consejo Directivo del
establecimiento, los cuales se enlistan a continuación:
Nombre Representación
Alexandra Peláez Botero Delegada del gobernador de Antioquia
Luis Norberto Guerra Vélez Delegado del presidente de la República
Andrea Catalina Figueroa Delegada del Ministerio de Educación
Libardo Álvarez Lopera Representante de los exrectores
Jorge Mario Uribe Vélez Representante del sector productivo
Luz Elena Mira Olano Representante de las directivas académicas
María Victoria Parra Marín Representante de los profesores
Numar Arbey Lopera Rivera Representante de los estudiantes
8. En la primera fase de la reunión eleccionaria, los integrantes del Consejo Directivo
procedieron a conformar la terna de la que resultaría el nuevo rector, presentando cada
4 Ello, por cuanto, la demanda no dispone claramente de los supuestos fácticos que rodearon la elección
demandada, sin que esta circunstancia hubiere llevado a su inadmisión.
5 Compuesto por los señores Héctor Galeano Ortiz (Director de Control Interno de la Universidad); Agustín
Rodolfo Gutiérrez Yepes (Profesional universitario de Gestión Humana del I.T.A.) y Carlos Alberto Yepes
Duque (Profesional universitario de la seccional Itagüí).
6 Como consecuencia de la ausencia de los representantes de los egresados.
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uno de ellos una lista de 3 candidatos de entre los 10 habilitados para participar en ese
trámite.
9. La terna definitiva se conformó por los aspirantes que aparecieron el mayor número de
veces en las listas registradas por los integrantes del Consejo Directivo, de conformidad
con el parágrafo 5°7 del artículo 22 del Estatuto General del TDEA, así:
Número de veces en el que se incluyó a
Terna definitiva estos candidatos en las ternas presentadas
por los integrantes del Consejo Directivo
Leonardo García Botero 5
Daryeny Giraldo Parada 6
Lorenzo Portocarrero Sierra 5
10. En la segunda fase de la reunión eleccionaria –llevada a cabo el 12 de noviembre de
2020–, el demandado fue elegido rector del TDEA, periodo 2020-2024–, con 5 votos,
seguido por la señora Giraldo Parada que recibió 3 sufragios a favor. El saliente rector,
señor Lorenzo Portocarrero Sierra, no obtuvo ningún voto.
11. La designación democrática del accionado fue declarada a través del Acuerdo N°. 07
de 12 de noviembre de 2020, al avizorar que el demandado había alcanzado la mayoría
calificada8 de votos –5– para la escogencia del rector del TDEA.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. El demandante estimó que la elección del rector del TDEA transgredió los artículos
1°, 2°, 4°, 13, 15, 29, 122, 126 y 127 de la Constitución Política de 1991; 8°9 de la Ley 80
de 1993; 3910 y 4111 de la Ley 734 de 2002; 13 y 22 del Estatuto General del ente
autónomo universitario; así como el 1112 de la Ley 1437 de 2011.
13. Ello, sobre la base de los cuestionamientos que se sintetizan a continuación:
7 “Para conformar la terna de candidatos, cada miembro del Consejo Directivo tendrá en cuenta los méritos
académicos, la trayectoria administrativa, profesional, investigativa, de dirección y la viabilidad, coherencia
y pertinencia de la propuesta de gestión. En dicha sesión, cada uno de los miembros del Consejo Directivo
presentará hasta tres (3) candidatos y la terna definitiva estará integrada por aquellos que obtengan las
mayores frecuencias.”
8 Art. 14 del Estatuto General del TDEA. Quórum. El Consejo Directivo sesionará ordinariamente bimensual,
y será convocado por el Presidente de la Corporación, por el Rector, o extraordinariamente cuando sea
requerido por el Presidente directamente o a solicitud del Rector. Constituye quórum para deliberar, la mitad
más uno de los miembros del Consejo Directivo. Constituye quórum para decidir, la mitad más uno de los
miembros asistentes. Para la elección del Rector y de las modificaciones al Estatuto General, se requiere
la aprobación con voto favorable de por lo menos cinco (5) de los miembros asistentes del Consejo
Directivo.
9 De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
10 Otras incompatibilidades.
11 Conflicto de intereses.
12 Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.
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13.1. Vulneración del principio de transparencia en el desarrollo del trámite de
designación
El actor sostuvo que el demandado, en su condición de secretario general del TDEA,
realizó y controló la totalidad del procedimiento que llevó a su elección como rector.
En ese sentido, manifestó que el señor García Botero había efectuado el acto de
convocatoria del procedimiento atacado, fijando como correo electrónico para el
recibimiento de las hojas de vida y propuestas de los inscritos aquel que empleaba
como secretario general –secretariageneral@tdea.edu.co–, lo que le permitió
enterarse de antemano de los planteamientos formulados por los demás aspirantes.
Refirió que esta circunstancia fue aprovechada por el accionado para presentar su
escrito de propuestas sobre la base de las radicadas por otros candidatos y que para
ello su inscripción se había presentado a último momento13, como método para
conocerlas todas.
Insistió que el demandado dio el 1° de octubre de 2020 apertura a la convocatoria, sin
manifestar impedimento, a pesar de que postularía su nombre como candidato.
Por otro lado, el accionante adujo que 9 de los 10 aspirantes habilitados por el Comité
de Garantías Electorales para participar en el trámite censurado, eran funcionarios de
la institución y, por ende, subordinados del rector saliente –también aspirante a
reelección–, señor Lorenzo Portocarrero Sierra, situación que creaba un “manto de duda
sobre la seriedad de las candidaturas”.
13.2. Vulneración del artículo 22 del Estatuto General
Señaló que, de conformidad con esa disposición estatutaria, la convocatoria del
procedimiento eleccionario debió ser autorizada por el Consejo Directivo del TDEA,
como máximo órgano de dirección del ente autónomo.
No obstante, aseveró que en la designación del señor Leonardo García Botero, ello no
había sucedido así, al no existir acta o documento en el que constara la decisión del
Consejo Directivo de adelantar “…el concurso para la elección del rector en el próximo
cuatrienio…”.
13 Menciona alternativamente los días 14 y 15 de octubre de 2020, como fechas en las que habría ocurrido
la inscripción.
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13.3. Vulneración de los artículos 126 constitucional, 40 de la Ley 734 de 2002 y
13 del Estatuto General
En este punto, el actor concentró sus cuestionamientos en objetar el desarrollo de la
reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, a la luz de sus diferentes etapas, a
saber: (i) conformación de la terna y (ii) designación del rector propiamente dicha.
13.3.1. Respecto del trámite para la elaboración de la terna, destacó que:
a. Como pudo saberlo, las delegadas de la Gobernación de Antioquia y el Ministerio
de Educación Nacional, así como el representante de los estudiantes14, no incluyeron
dentro de las ternas formuladas por éstos al señor Lorenzo Portocarrero Sierra, en su
condición de rector–candidato.
b. En ese orden, resaltó que los 5 votos que permitieron incorporarlo15 en la terna
definitiva provinieron de los demás integrantes del Consejo Directivo del TDEA, a pesar
de que 4 de los miembros que lo favorecieron no podían sufragar por él por encontrarse
“inhabilitados o impedidos”.
c. Así, mencionó que la terna en la que se integró al señor Portocarrero Sierra era
ilegal, por cuanto:
c.1. Fue respaldado por la representante de las directivas académicas, señora Luz
Elena Mira Olano, que fue nombrada por el rector saliente16 en el cargo de decana
de la Facultad de Derecho, existiendo vínculos de subordinación entre los dos.
Desde la perspectiva del actor, esta circunstancia conllevó la transgresión del inciso
2°17 del artículo 126 superior, que prohíbe que los nombrados o postulados se
conviertan posteriormente en electores de los servidores que en algún momento
facilitaron su acceso a cargos públicos.
c.2. Fue apoyado por la representante de los docentes, señora María Victoria Parra
Marín, sin tomar en cuenta que el señor Portocarrero Sierra había intervenido en su
designación como docente de planta de la Facultad de Derecho del TDEA,
desconociendo igualmente las previsiones del inciso 2° del artículo 126
constitucional.
14 Pidió el testimonio de estos como pruebas dentro del proceso judicial.
15 Se hace referencia al señor Lorenzo Portocarrero Sierra.
16 Señor Lorenzo Portocarrero Sierra.
17 “Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con
quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los
mismos vínculos señalados en el inciso anterior.”
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De otro lado, el demandante afirmó que la elección de esta representante ante el
Consejo Directivo–ocurrida el 5 de diciembre de 2019– adoleció de irregularidades,
ya que en su designación participaron docentes ocasionales, cuyos contratos de
prestación de servicios profesionales habían fenecido el 28 de noviembre de 2019 –
como consecuencia de la finalización del año escolar–, y que con posterioridad fueron
nuevamente vinculados con el único propósito de respaldar a la candidata del rector
Portocarrero Sierra, a saber, la señora Parra Marín.
c.3. Fue postulado por el representante del presidente de la República, señor Luis
Norberto Guerra Vélez, aunque sobre éste18 pesaba un conflicto de intereses –en
concordancia con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002–, comoquiera que su hermano
–señor Ramiro Guerra Vélez–había sido nombrado empleado público del TDEA por
el señor Lorenzo Portocarrero Sierra.
c.4. Fue ternado por el representante de los exrectores, señor Libardo Álvarez
Lopera, quien tenía vinculada a la hija del rector Portocarrero Sierra en la Institución
Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde Álvarez Lopera fungía como
rector, cristalizándose así un conflicto de intereses.
También, cuestionó la legalidad de esa designación –llevada a cabo en julio de 2020–
al sostener que la apertura del proceso no había sido efectuada por el Consejo
Directivo en pleno, sino tan solo por el secretario general, en desmedro de los
mandatos normativos del artículo 15 del Estatuto universitario.
13.3.2. Respecto de la elección del rector propiamente dicha:
El demandante señaló que en la designación del acusado participó el representante
del sector productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez, a pesar de que su periodo
estatutario había vencido el 16 de octubre de 2020.
En efecto, recordó que el artículo 13 del Estatuto General del TDEA prescribía que el
periodo de este representante sería de 2 años contados a partir de la fecha de su
elección que, para el caso del señor Uribe Vélez, acaeció el 16 de octubre de 2018.
Resaltó que esta circunstancia le imposibilitaba hacerse parte en la reunión
eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, en la que ofreció su apoyo al demandado,
pero también al señor Lorenzo Portocarrero Sierra al incluirlo en su terna.
1.4. Admisión de la demanda y traslado para contestar
14. Con auto de 21 de enero de 2021, el Despacho Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda a fin de que se aportara copia del acto
18 Se hace referencia al representante del presidente de la República.
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acusado o, en su defecto, se alegara su no publicación o la negativa de entrega, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 166 del C.P.A.C.A.
15. Subsanado este yerro, el escrito inicial fue admitido por medio de providencia de 19
de febrero de 2021, en la que igualmente se negó la solicitud de suspensión provisional
elevada por el actor.
16. En el término de traslado de la demanda, se recibieron las siguientes:
1.5. Contestaciones
1.5.1. Del demandado
17. Por conducto de representante judicial, el accionado solicitó negar las pretensiones
de la demanda con fundamento en el derrotero argumentativo que se expone así:
18. Manifestó que, contrario a lo prohijado por el demandante, el Consejo Directivo del
TDEA había autorizado la realización del procedimiento eleccionario del rector de la
institución, a la manera como se desprendía del acta de la sesión ordinaria adelantada
por ese órgano el 16 de septiembre de 2020.
19. En ese orden, indicó que la apertura del proceso –ocurrida a través de la publicación
de la convocatoria el 30 de septiembre de 2020–, fue efectuada por el Consejo Directivo,
y no por él, en su condición de secretario general del ente autónomo universitario.
20. Refirió que no desempeñó el cargo de secretario general respecto de la elección del
rector, comoquiera que para garantizar su transparencia el Consejo Directivo había
decidido nombrar un secretario ad–hoc, nombramiento que recayó en la señora Jael
Johana Gaviria Gallego.
21. En consonancia, el demandado afirmó que el manejo del correo electrónico
secretariageneral@tdea.edu.co fue asignado a la señora Gaviria Gallego y que para
atender los asuntos que no se relacionaban con la elección cuestionada, la oficina de
tecnología del TDEA había creado para él una nueva dirección digital19. Así, sostuvo que
nunca conoció de las propuestas de los demás aspirantes y que la inscripción de su
candidatura fue respetuosa de los términos del proceso democrático.
22. Informó que durante el desarrollo del procedimiento pidió el reconocimiento de
vacaciones, que le fueron aceptadas mediante las Resoluciones N°S. 592 de 19 de
octubre de 2020 y 619 de 3 de noviembre del mismo año, periodos en los que estuvo
separado completamente de las funciones de secretario general de la institución.
19 secre.general@tdea.edu.co
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23. Señaló que la probidad del trámite estuvo salvaguardada con la participación activa
de la Procuraduría Regional de Antioquia, a solicitud del Consejo Directivo del TDEA.
24. En punto de las “inhabilidades e impedimentos” que presuntamente pesaban sobre
algunos de los miembros del Consejo Directivo para participar en la reunión eleccionaria
de 12 de noviembre de 2020, el demandado explicó que:
El señor Jorge Mario Uribe Vélez, representante del sector productivo, podía
intervenir en la formulación de la terna y la elección del rector del TDEA, por cuanto si
bien había sido elegido el 16 de octubre de 2018, su posesión en el cargo tan solo
sucedió el 11 de diciembre de esa anualidad, motivo por el que su periodo se extendía
hasta el 11 de diciembre de 2020.
La señora Luz Elena Mira Molano, representante de las directivas académicas, se
encontraba habilitada para hacerse parte, pues: (i) su nombramiento como decana de
la Facultad de Derecho no fue realizado por el demandado, quien tampoco se
inmiscuyó en su elección como representante de las directivas académicas, al no
ostentar dicha condición20; (ii) la autonomía universitaria permite que un funcionario
designado por el rector participe en el procedimiento para su reelección; (iii) el Estatuto
General del TDEA exige que la representante de las directivas académicas pertenezca
al plantel, por lo que en todos los casos este consejero estará subordinado al poder
del rector de turno.
La señora María Victoria Parra Marín, representante de los docentes, no estaba
impedida, ya que: (i) no fue vinculada como docente de planta por el señor Lorenzo
Portocarrero Sierra, ni por el accionado; (ii) su elección como representante de los
docentes fue libre y espontánea, y en ella no se involucró el demandado, ni el señor
Portocarrero Sierra, al no contar con esa calidad21; (iii) para ser representante de los
docentes es requisito indispensable ser profesor del establecimiento, existiendo
siempre subordinación con el rector.
En punto de las irregularidades presuntamente ocurridas en el marco de la elección de
la señora Parra Marín –acaecida el 5 de diciembre de 2019 y relacionadas con la
indebida contratación de docentes ocasionales para favorecer su candidatura–, el
demandado expuso que se trataba de anomalías extemporáneas que no fueron
propuestas dentro de la oportunidad establecida en el C.P.A.C.A 22. para censurar la
juridicidad de esa designación.
El señor Luis Norberto Guerra Vélez, delegado del presidente de la República, no
disponía de conflicto de interés alguno para participar en la designación del rector del
20 La de directiva académica de la Universidad, pues su cargo fue el de secretario general.
21 Se hace referencia a la calidad de docente.
22 Mediante la nulidad electoral en el término establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
TDEA, toda vez que: (i) los señores Lorenzo Portocarrero Sierra y Leonardo García
Botero no fueron sus nominadores, ni influyeron en la decisión adoptada por el
presidente; (ii) el nombramiento del señor Ramiro de Jesús Guerra Vélez como
empleado del TDEA se produjo el 1° de febrero de 2018, esto es, con anterioridad a la
designación de su hermano como delegado del presidente de la República ante el
Consejo Directivo de la institución –sucedida el 14 de agosto de 2019–, en un momento
en el que el señor Lorenzo Portocarrero Sierra “…no conocía ni se imaginaba que en el
futuro iban a designar como delegado del presidente (…) a Luis Norberto…”; (iii) por
consiguiente, el delegado del presidente no participó, ni ayudó a nombrar a su pariente
en el TDEA.
Las irregularidades que hubieren podido rodear la elección del representante de
los exrectores, señor Libardo Álvarez Lopera, –desarrollada en el mes de julio de
2020–, debieron haber sido elevadas por el demandante mediante el ejercicio
independiente de la nulidad electoral en contra de ese acto.
25. Finalmente, el accionado adujo que el sentido de los sufragios depositados por la
totalidad de los consejeros no se conocía –por tratarse de votos secretos– y que solo
podía ser revelado por éstos, cuando de manera deliberada así lo hicieran.
1.5.2. Del Instituto Tecnológico de Antioquia
26. El ente autónomo universitario deprecó despachar negativamente las súplicas de la
demanda, bajo la misma cuerda argumental empleada por el accionado.
1.6. Audiencia inicial y de pruebas
27. El 7 de abril de 2021, el Despacho ponente en el Tribunal Administrativo de Antioquia
realizó la audiencia inicial, a la luz de las previsiones normativas plasmadas en el artículo
283 del C.P.A.C.A; actuación procesal en la que, además de fijar el litigio 23, decretó la
práctica de los testimonios de la señora Jael Johana Gaviria Gallego24, de los candidatos
participantes en el procedimiento25, de la totalidad de los integrantes del Consejo
23 En los términos que se reproducen así: “El problema jurídico consiste en determinar si es procedente
declarar la nulidad de la elección y posesión del señor LEONARDO GARCÍA BOTERO como rector del
Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria, para el período 2021-2024.”
24 Secretaria General Ad-Hoc en el I.T.A.
25 Señores: Elimeleth Asprilla Mosquera, Andrea Johanna Aguilar Barreto, Rafael Jaime Carmona López,
Luis Ociel Castaño Zuluaga, Carlos Mario Durango Yepes, Carlos Mario Osorio Vanegas, Daryeny Parada
Giraldo, Lorenzo Portocarrero Sierra, Fabio Alberto Vargas Agudelo.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
Directivo del TDEA26, así como de los funcionarios de la institución que conformaron el
Comité de Garantías Electorales en el trámite censurado27.
28. La audiencia de pruebas fue desarrollada los días 12, 13 y 19 de mayo de 2021,
actuación en la que se recepcionaron las declaraciones de los testigos28.
1.7. Sentencia impugnada
29. El 14 de octubre de 2021, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia decretó la nulidad de la elección del señor Leonardo García Botero como rector
del TDEA, periodo 2020-2024, al amparo de las siguientes consideraciones:
30. En tratándose de la vulneración del principio de transparencia por las
intromisiones imputadas al demandado en su condición de secretario general del
ente universitario, el fallador de primera instancia desestimó el cargo aduciendo que:
El señor García Botero había sido separado desde el 11 de septiembre de 2020
del proceso de elección del rector de la institución, a través de la designación de una
secretaria general ad-hoc, encargada de tramitar la totalidad de asuntos relacionados
con ese procedimiento eleccionario29.
Así, las labores desempeñadas por el accionado en su condición de secretario
general del TDEA, no se inmiscuyeron con los detalles propios del procedimiento
eleccionario acusado, sino con temas ajenos a éste, ante la nominación de la señora
Jael Johanna Gaviria Gallego, como secretaria para el efecto.
La convocatoria para la elección del rector de ese ente autónomo universitario fue
aprobada por la totalidad de los miembros del Consejo Directivo, como se desprendía
del acta de la reunión N°. 08 realizada el 16 de septiembre de 2020.
Desde el momento mismo de la publicación de la convocatoria para escoger al
rector del instituto universitario, el correo electrónico secretariageneral@tdea.edu.co
26 Señores Luis Norberto Guerra Vélez, Andrea Catalina Figueroa, Libardo Álvarez Lopera, Jorge Mario
Uribe Vélez, Luz Elena Mira Olano, María Victoria Parra Marín, Numar Arbey Lopera Rivera y Alexandra
Peláez Botero.
27 Compuesto por los señores Héctor Galeano Ortiz (Director de Control Interno de la Universidad); Agustín
Rodolfo Gutiérrez Yepes (Profesional universitario de Gestión Humana del I.T.A.) y Carlos Alberto Yepes
Duque (Profesional universitario de la seccional Itagüí).
28 Es de aclarar que en el desarrollo de las diferentes sesiones de la audiencia de pruebas, las partes
desistieron de los siguientes testimonios decretados por el Magistrado sustanciador del trámite: Luis
Norberto Guerra Vélez, Libardo Álvarez Lopera, Jorga Mario Uribe Vélez, Agustín Rodolfo Gutiérrez Yepes,
Carlos Alberto Yepes Duque, Andrea Johanna Aguilar Barreto, Rafael Jaime Carmona López, Luis Ociel
Castaño Zuluaga, Carlos Mario Durango Yepes, Carlos Mario Osorio Vanegas, Daryeny Parada Giraldo y
Fabio Alberto Vargas Agudelo.
29 La designación de la secretaria ad-hoc se cristalizó a través de la Resolución N°. 541 de 11 de septiembre
de 2020.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
fue atribuido a la señora Gaviria Gallego, como secretaria facultada para participar en
el procedimiento censurado. Al demandado le fue creado un buzón digital diferente
para tratar los temas distintos a la elección del rector.
En esta causa judicial, el demandante no demostró que el accionado hubiere
tenido acceso a las hojas de vida de los demás aspirantes; que su propuesta incluyera
apartes de aquellas radicadas por otros candidatos; “…y que los miembros del Consejo
Directivo tuvieren impedimentos respecto a él, pues sobre este último punto, los alegatos
presentados por el actor se enfocan en atribuir impedimento de aquellos en contra del señor
LORENZO PORTOCARRERO SIERRA en su calidad de rector reelegido…”.
En síntesis, el Tribunal manifestó que las acusaciones del actor no pasaban de ser
simples conjeturas, sin refrendación probatoria.
31. En tratándose de las “inhabilidades e impedimentos” que pesaban sobre algunos
de los miembros del Consejo Directivo presentes en la reunión eleccionaria de 12
de noviembre de 2020, el a quo dividió sus apreciaciones en dos momentos, así:
32. En primer lugar, analizó si, a la manera como lo alegaba el demandante, existían
razones para excluir la intervención de los 5 consejeros censurados del trámite de
elección del demandado, arribando a las siguientes conclusiones:
En punto del representante de los exrectores, señor Libardo Álvarez Lopera,
resaltó que su implicación en el procedimiento era legal, toda vez que su designación30
había seguido los parámetros establecidos en el Estatuto General. Añadió que, en todo
caso, la demanda contra la elección del rector del TDEA, periodo 2020-2024, no era el
canal judicial pertinente para formular acusaciones contra elecciones que se
presumían legales, al no haber sido demandadas a tiempo.
En punto de las representantes de las directivas académicas y de los docentes,
señoras Luz Elena Mira Olano y María Victoria Parra Marín, respectivamente, señaló
que los nombramientos y subordinación existentes con el rector del TDEA para la
época de los hechos, señor Lorenzo Portocarrero Sierra, no imposibilitaban para ellas
su participación en la elección del demandado, toda vez que eran las propias normas
internas del establecimiento las que exigían que estas dos representantes hicieran
parte del plantel de funcionarios –lo que indefectiblemente llevaba a entrever una
sujeción reglamentaria–; situación que, sin embargo, no se traducía en pérdida de
“…su facultad deliberatoria y decisoria en el Consejo Directivo.”
En punto del delegado del presidente de la República, señor Luis Norberto Guerra
Vélez, precisó que su intromisión desconocía los postulados del artículo 40 de la Ley
734 de 2002, comoquiera que sobre éste pesaba un conflicto de intereses, ya que el
30 Ocurrida en julio de 2020 y en la que el señor Álvarez Lopera fue elegido representante de los exrectores.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
señor Lorenzo Portocarrero Sierra había nombrado a su hermano como empleado de
libre nombramiento y remoción al interior de la estructura orgánica del TDEA, lo que
conllevaba que su intervención pudiera favorecer a su pariente.
Ello, sin importar que el vínculo reglamentario del pariente del delegado de la
presidencia de la República había ocurrido el 1° de febrero de 2018, esto es, con 1
año y medio de anticipación a la designación de su hermano como delegado del
presidente –14 de agosto de 2019–.
En consonancia, recabó en la ilegalidad de la participación de este consejero en la
elección del demandado.
En punto del representante del sector productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez,
destacó que su intervención resultó ilegal, pues de conformidad con el artículo 13 del
Estatuto General del TDEA, su periodo fenecía dos años después a la fecha de su
elección en esa dignidad. En el caso particular, Uribe Vélez fue escogido representante
el 16 de octubre de 2018, motivo por el que su periodo vencía el 18 de octubre de
2020, lo que le impedía participar en el proceso de designación del rector.
El Tribunal defendió que si bien la posesión del representante se había producido el
11 de diciembre de 2018, dicha circunstancia era necesaria para el ejercicio de sus
labores, pero que no podía modificar el extremo temporal a partir del cual se
computaba su periodo en el cargo, que era, de conformidad con los estatutos, la fecha
de su elección.
33. Identificados los consejeros cuyas intervenciones aparecían como espurias, el
Tribunal Administrativo de Antioquia procedió a establecer, en segundo lugar, si ellas
disponían de la incidencia para modificar los resultados de la elección acusada, así:
Indicó que, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto General del TDEA, para
la elección del rector de esa institución se requería de “…la aprobación con voto favorable
de por lo menos cinco (5) de los miembros asistentes del Consejo Directivo.”
Resaltó que, de acuerdo con los testimonios rendidos por las delegadas del
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Antioquia, así como del
representante de los estudiantes, ninguno de estos consejeros había incluido dentro
de sus respectivas ternas al demandado, ni al rector saliente, señor Lorenzo
Portocarrero Sierra.
En consonancia, concluyó que el apoyo recibido por éstos para integrar la terna
definitiva provenía de los demás integrantes del Consejo Directivo, dentro de los cuales
2 de ellos –el delegado del presidente de la República y el representante del sector
productivo– no estaban habilitados para participar.
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Afirmó que esta circunstancia afectaba no solo la conformación de la terna31,
sino también el resultado definitivo de la elección, comoquiera que de los 5 votos
obtenidos por el demandado para ser escogido rector, 2 de ellos debían ser excluidos,
reduciéndose a 3 la cifra efectivamente alcanzada por el accionado, sin que hubiere
conseguido la mayoría calificada establecida en el artículo 14 de los estatutos.
34. Por lo anterior, el fallador de primera instancia anuló el acto declarativo de la elección
del señor García Botero.
1.8. Recursos de apelación
35. Tanto el demandado como el TDEA impugnaron la sentencia de 14 de octubre de
2021, a la luz de los racionamientos que se sintetizan a continuación:
1.8.1. De la impugnación del accionado
36. En su memorial, el señor García Botero atacó los 3 ejes fundamentales de la
sentencia de primera instancia, a saber:
1.8.1.1. Del vencimiento del periodo del representante del sector productivo
37. Abordó el estudio del artículo 13 del Estatuto General del TDEA desde dos
perspectivas para demostrar las equivocaciones cometidas por el a quo, que consideró
que el periodo del señor Jorge Mario Uribe Vélez era de 2 años contados a partir de su
elección.
38. En ese sentido, manifestó que la norma en comento podía ser primeramente
examinada desde un enfoque exegético o gramatical, del cual se desprendía que,
además de la fecha de elección, los 2 años del periodo de ese representante podían ser
computados desde su designación32, como extremo adicional contenido en el mandato
para la contabilización del término referido.
39. Así, el accionado defendió que si bien la elección del señor Uribe Vélez fue declarada
el 16 de octubre de 2018, su designación se produjo tan solo hasta el 30 de noviembre
siguiente, fecha para la cual le había sido notificado ese acto. Por lo anterior, insistió que
para el momento de la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, el representante
del sector productivo estaba habilitado para participar y, por ende, votar en el certamen
censurado.
31 “Obsérvese que la participación de los miembros inhabilitados fue decisiva en la conformación de la terna
para la elección del rector, pues de los testimonios se infiere que los votos dados por ellos fueron para los
candidatos que finalmente la integraron; irregularidad ésta que tiene incidencia real, cierta y efectiva en la
legalidad de la elección, especialmente en el resultado.”
32 “Los representantes de los egresados, del sector productivo y de los exrectores, igualmente tendrán un
período de dos (2) años, contados a partir de la elección o designación, según sea el caso.” (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
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40. No obstante, refirió que el enfoque gramatical no era el único que permitía acreditar
los yerros en que había incurrido el Tribunal. En efecto, explicó que una visión sistemática
del artículo 13 del Estatuto reforzaba aún más esa idea.
41. Para ello, aseveró que los estatutos internos de los establecimientos públicos
universitarios debían ser interpretados de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales que componían el ordenamiento. De esta manera, expresó que
el artículo 79 de la Ley 30 de 1992 consagraba que las normas estatutarias de las
universidades contendrían como mínimo los derechos y obligaciones de las autoridades
que las conformaban que, para el caso del representante del sector productivo, solo
podían ser desempeñados33 desde el momento de la posesión y no de la elección en ese
cargo.
42. Por consiguiente, resaltó que el periodo del representante Uribe Vélez había fenecido
el 11 de diciembre de 2020 y no el 16 de octubre de esa misma anualidad, como
erradamente lo había consignado en su providencia el a quo.
43. Destacó que no tener en cuenta la posesión como el extremo inicial para contar ese
periodo transgredía los mandatos normativos del artículo 122 de la Carta Política de 1991,
los cuales enseñaban que los miembros de las corporaciones públicas –incluido el
Consejo Directivo del TDEA– entraban en el ejercicio de sus funciones desde el acto de
posesión.
44. Añadió que tomar la elección del representante del sector productivo como fecha
indicativa para la finalización del periodo de ese consejero desconocía la autonomía
universitaria del TDEA, que había determinado –a partir de una interpretación adecuada
de sus estatutos– que el punto nodal para ello era la posesión, como daba cuenta el
testimonio de Alexandra Peláez Botero, delegada del Gobernador de Antioquia.
45. Por último, esgrimió que, de no aceptarse esos argumentos, debía aplicarse la teoría
del funcionario de hecho, por cuanto las labores desplegadas por el señor Jorge Mario
Uribe Vélez no fueron cuestionadas, lo que siempre llevó a creer a los aspirantes y demás
intervinientes en el procedimiento de elección de rector que éste se encontraba habilitado
para participar, generando una confianza legítima que debía ser protegida.
1.8.1.2. Del impedimento que pesaba sobre el delegado del presidente de la
República
46. El accionado afirmó que los impedimentos que recaían sobre los electores generaban
“consecuencias personales para aquella persona que se abstuvo de manifestarlo”, pero nunca
la nulidad de la elección del elegido, pues no se trataba de uno de los motivos de
ilegalidad contenidos en los artículos 137 y 275 del C.P.A.C.A.
33 Los derechos y las obligaciones a su cargo.
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47. Sin desmedro de lo anterior, reseñó que el delegado del presidente de la República,
señor Luis Norberto Guerra Vélez, no se encontraba impedido para intervenir en la
elección del rector del TDEA, periodo 2020-2024, por cuanto el nombramiento de su
hermano no se constituía en un hecho actual y vigente, que provocara para éste un
interés directo en la reelección de Lorenzo Portocarrero Sierra, a la manera como era
exigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en sus conceptos34.
48. Replicó que la designación del pariente del delegado del ejecutivo nacional se produjo
mucho antes que el presidente de la República delegara en el señor Luis Norberto la
función de representarlo ante el Consejo Directivo de la institución, lo que llevaba a
catalogarla como una situación consolidada que no suponía para aquel interés alguno.
1.8.1.3. De la incidencia de las irregularidades en el resultado final de la
elección
49. El demandado partió por explicar que los sufragios depositados por los integrantes
del Consejo Directivo eran secretos y que su conocimiento solo podía ser develado por
los votantes, a la luz de las previsiones del artículo 258 constitucional35.
50. Adujo que en este proceso los sufragantes nunca dieron cuenta de sus votos finales
en el marco de la elección del rector del TDEA y que para demostrar la supuesta
incidencia de las irregularidades halladas, el fallador de primera instancia había tomado
en consideración los testimonios de las delegadas de la Gobernación de Antioquia y del
Ministerio de Educación Nacional, así como del representante de los estudiantes, quienes
a decir verdad informaron de sus votos para la conformación de las ternas, pero nunca
de la elección del rector propiamente dicha.
51. Indicó que sobre la base de esos datos, el Tribunal creó suposiciones para finalmente
afirmar que ninguno de los consejeros mencionados lo habían apoyado en la recta final
del trámite censurado, cuando sobre ese punto no existió nunca certeza.
52. Finalizó explicando que el a quo valoró en indebida forma la declaración del
representante de los estudiantes, al sostener que éste no había ternado al señor Lorenzo
Portocarrero Sierra, ni tampoco al demandado –por ser de su misma línea–, tomando su
candidatura como una aspiración dependiente de la del rector saliente, lo que no era
cierto.
1.8.2. De la impugnación del Instituto Tecnológico de Antioquia
53. La institución recurrente sostuvo que el periodo del representante del sector
productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez, era personal –y no institucional–, motivo por
34 Mencionó el concepto de 1° de febrero de 2019, Rad. 20196000024531.
35 Trajo a colación la sentencia de la Corte Constitucional SU-050 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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el que el conteo de los 2 años de que trata el artículo 13 del Estatuto del ente universitario
debía iniciarse desde la posesión y no desde la elección, como lo consideró el Tribunal.
54. Afirmó que si bien las normas estatutarias del TDEA daban cuenta que el periodo de
este representante tenía como extremo inicial para su contabilización la fecha de la
elección, su entendimiento debía adecuarse a la Constitución Política que, en todos los
eventos, sometía el ejercicio de las funciones públicas al acto de posesión que, para el
caso en concreto, era la comprensión que mejor garantizaba el derecho a elegir y ser
elegido del representante Uribe Vélez36.
55. Acotó que, de conformidad con el artículo 4° Superior, los jueces contencioso–
administrativos disponían de la facultad para inaplicar mandatos normativos que
contrariaran el Texto Fundamental, a la manera como sucedía con el artículo 13 del
Acuerdo N°. 03 de 7 de octubre de 2014, Estatuto de la institución.
56. Recordó que en relación con el representante del sector productivo, señor Uribe
Vélez, el fallo de 14 de octubre de 2021 había pretermitido referirse a la teoría del
funcionario de hecho, que amparaba la actuación de este consejero, producto de la
apariencia de legalidad en su conducta, como consecuencia de la inexistencia de
reproches formulados en contra de su participación dentro del trámite.
57. Por otro lado, informó que la designación del hermano del delegado del presidente
de la República ante el Consejo Directivo del TDEA no fue efectuada por el señor
Leonardo García Botero y que, en el estudio de esta situación, el fallador de primera
instancia omitió que:
El empleo del pariente del delegado del presidente no pertenecía al nivel directivo,
sino tan solo al profesional37, por lo que no ejercía autoridad civil, ni administrativa.
El nombramiento del señor Luis Norberto Guerra Vélez como delegado ante el
Consejo Directivo no había conllevado cambio laboral alguno para su hermano.
Los nombramientos de los hermanos Guerra Vélez se habían presentado en
momentos disímiles, excluyendo cualquier tipo de “inhabilidad sobreviniente” en el
asunto examinado.
58. Indicó que en el plenario no existía prueba directa del voto dado por Luis Norberto
Guerra Vélez a la hora de conformar la terna definitiva de la que resultaría electo el rector
del TDEA y mucho menos que su sufragio hubiere favorecido al señor Lorenzo
Portocarrero Sierra.
36 En este punto, reprodujo apartes de las sentencias de la Corte Constitucional T-106 de 2019, M.P. Diana
Fajardo Rivera, y T-580 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
37 Profesional universitario, código 219, grado 03.
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59. En efecto, destacó que en la elección final para la rectoría del TDEA Portocarrero
Sierra no obtuvo votos, por lo que su candidatura ni siquiera fue apoyada por los
consejeros cuyos sufragios se avizoraban como ilegales.
60. Resaltó que las irregularidades y anomalías puestas en consideración por el
demandante guardaban relación con uno de los participantes de la terna y no respecto
del elegido, que no podía padecer los defectos acaecidos en la postulación de un tercero.
61. Por último, la institución defendió que en el proceso judicial ninguno de los testigos
dio a conocer su voto final en la elección, lo que llevaba a afirmar que la sentencia del a
quo se fundamentaba en simples conjeturas, derivadas de los sufragios depositados por
algunos miembros del Consejo Directivo para la integración de la terna.
62. Añadió que no siempre como se votaba en la terna, se votaba en la elección final para
la escogencia del rector.
1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia
63. En la oportunidad para ello, el accionante, accionado y el TDEA presentaron escritos
contentivos de alegatos, en los que reprodujeron principalmente las tesis acusatoria y
defensiva descritas al abordar el concepto de violación de la demanda y sus respectivas
contestaciones, así como el contenido de los recursos de apelación incoados contra el
fallo de 14 de octubre de 2021.
64. No obstante, los apoderados del accionado y la Institución de Educación Superior
añadieron que para la resolución de las impugnaciones, la Sección Quinta del Consejo
de Estado debía analizar el asunto tomando en consideración la sentencia SU-261 de
202138 de la Corte Constitucional, con la que ese alto tribunal había amparado los
derechos fundamentales de la señora Nidia Guzmán Durán, ordenando a esta
corporación emitir un fallo de reemplazo en el marco del proceso de nulidad electoral que
se adelantó en su contra y llevó a la declaratoria de nulidad de su elección como rectora
de la Universidad Surcolombiana.
65. En efecto, explicaron que la lectura de esa providencia permitía concluir que la
prohibición del inciso 2° del artículo 126 de la Carta Política de 1991 no resultaba
aplicable a los establecimientos públicos de educación superior y que las inhabilidades e
incompatibilidades erigidas en el ordenamiento no podían extenderse a los integrantes
de sus consejos directivos cuando éstos no ostentaban la calidad de empleados públicos.
66. Así, manifestaron que el impedimento hallado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en relación con el delegado del presidente de la República ante el TDEA, señor
38 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Luis Norberto Guerra Vélez, no podía cobijar su situación, pues aunque se trataba de un
servidor que ejercía funciones públicas, su condición al interior del Consejo Directivo no
era la de un empleado estatal39.
67. Finalizaron sosteniendo que ese mismo fallo –y la providencia de reemplazo de la
Sección Quinta proferida el 1840 de noviembre de 2021– reconocía que las funciones
públicas en Colombia solo podían ser desempeñadas cuando los ciudadanos tomaban
posesión de las dignidades para las cuales habían sido elegidos.
1.10. Concepto del Ministerio Público
68. Por medio de concepto N°. 2021-12-NE-209 de 7 de diciembre de 2021, la
Procuradora Séptima Delegada pidió confirmar la decisión de primera instancia, de
acuerdo con los siguientes razonamientos:
69. Indicó que el señor Jorge Mario Uribe Vélez no podía participar en la reunión
eleccionaria de 12 de noviembre de 2020 por el vencimiento de su periodo. Así, explicó
que, como lo expresaba el parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014
–contentivo del Estatuto General del TDEA–, el periodo del representante del sector
productivo tenía como extremo inicial su elección –16 de octubre de 2018– y no la fecha
de su posesión, ocurrida el 11 de diciembre de esa misma anualidad. Por lo anterior,
sostuvo que el periodo de este consejero había fenecido para el momento de la eleccion
censurada.
70. Manifestó que, contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el
señor Luis Norberto Guerra Vélez no se encontraba impedido, pues el supuesto conflicto
de intereses enrostrado a él no recaía respecto de la persona del rector elegido, sino
sobre uno de los ternados, restándole valía a la irregularidad, a la manera como
frecuentemente lo había defendido la jurisprudencia de la Sección Quinta41.
71. No obstante, la Vista Fiscal estimó que la anomalía detectada en la participación del
representante del sector productivo disponía de incidencia para declarar la nulidad de la
elección, por cuanto:
“Al respecto, de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, observa el
Ministerio Público que en el acta final de escrutinio para la elección del Rector del Tecnológico
de Antioquia período 2020-2024, de los 8 miembros del Consejo Directivo que ejercieron su
derecho al voto, el señor LEONARDO GARCÍA BOTERO obtuvo 5 votos, la señora
DARYENY PARADA GIRALDO consiguió 3 votos y el señor LORENZO PORTOCARRERO
SIERRA no consiguió ningún voto.
39 En este punto, trajo a colación también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2016-00014-00. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 15 de septiembre de 2016.
40 Rad. 11001-03-28-000-2018-00621-00.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23-33-000-2017-
00212- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 8 de febrero de 2018.
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En este orden, para el Ministerio Público, la irregularidad en el voto del señor JORGE MARIO
URIBE VÉLEZ representante del sector productivo en el Consejo Directivo del Tecnológico
de Antioquia, sí incide en el resultado de la votación final para la elección de Rector, pues,
teniendo en cuenta que el voto es secreto, lo cual impide determinar a qué candidato debe
restársele el voto irregular, resulta claro que, dicha circunstancia incide en la elección del
actual Rector, hoy demandado, LEONARDO GARCÍA BOTERO, en razón a que en caso de
quitárselo al elegido, este obtendría únicamente 4 votos a favor, con lo cual no mantendría
la mayoría cualificada de por lo menos 5 votos favorables de los miembros asistentes del
Consejo Directivo, requerida para ser elegido como Rector de la institución universitaria.”
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
72. Esta judicatura es competente para resolver los recursos de apelación propuestos
por el demandado y el TDEA contra la sentencia de 14 de octubre de 2021, a través de
la cual la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió, en
primera instancia, a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral formulada contra
el acto declarativo de la elección del señor Leonardo García Botero como rector del
referido ente autónomo universitario, periodo 2020-2024, de conformidad con los
artículos 15042 y 152.943 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
N°. 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso
73. En el asunto de marras, la Sala encuentra que los escritos impugnatorios incoados
por el accionado y el TDEA contra la providencia impugnada son oportunos, al tenor de
lo dispuesto en el artículo 29244 del C.P.A.C.A, si se tiene en cuenta que la notificación
del fallo apelado se produjo el 15 de octubre de 2021 y los recursos fueron presentados
y sustentados el 25 de octubre siguiente.
42 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
43“9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo o su equivalente
efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades Distritales, Departamentales o
Municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000) habitantes o que sean capital de
departamento.” (Subrayas fuera de texto). En este punto, se advierte que, de conformidad con el artículo
1° del Acuerdo N°. 03 de 2007 –contentivo de los Estatutos del TDEA–, dicho establecimiento universitario
dispone de un origen departamental, lo que lleva a que el proceso de nulidad electoral del que se conoce
sea tramitado en doble instancia.
44 “El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5)
días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el
inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.”
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2.3. Problemas jurídicos a resolver
74. De acuerdo con el artículo 32845 del Código General del Proceso –en adelante
C.G.P.–, aplicable a los procesos contencioso–electorales por remisión expresa del
artículo 30646 del C.P.A.C.A., el juez de segunda instancia deberá pronunciarse
“solamente” sobre los argumentos propuestos por los apelantes, sin perjuicio de las
decisiones que se deban adoptar de oficio.
75. En ese sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado examinará si la sentencia
de 14 de octubre de 2021 debe ser revocada, modificada o confirmada, a la luz de los
argumentos expuestos en los memoriales impugnatorios, que conllevan establecer:
–Si el periodo del representante del sector productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez,
estaba vigente para la elección de 12 de noviembre de 2020, en la que se designó al
demandado como rector del TDEA, lo que implica desentrañar el extremo inicial desde
el que debe computarse el plazo de 2 años erigido en el artículo 13 del Estatuto de esa
institución universitaria.
–Si sobre el delegado del presidente de la República, señor Luis Norberto Guerra Vélez,
recaía un conflicto de intereses que le impedía participar en la reunión eleccionaria
censurada, como consecuencia del nombramiento de su hermano al interior del
establecimiento por parte del señor Lorenzo Portocarrero Sierra, rector saliente y
candidato a reelección.
–Si las posibles inconsistencias identificadas en los sufragios de los mencionados
integrantes del Consejo Directivo del TDEA pueden llevar a la nulidad de la elección del
accionado, como consecuencia de la alteración del resultado final, a la manera como lo
consideró el Tribunal de instancia.
76. La absolución de estos cuestionamientos supone abordar el estudio pormenorizado
del (i) marco normativo que rodea la designación del rector del TDEA para,
seguidamente, (ii) resolver los reparos propuestos en cada una de las alzadas.
2.3.1. Del marco normativo para la elección del rector del TDEA en el Estatuto
General de la institución
45 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”
46 “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.”
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77. La Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
en Colombia, distingue dos tipos de órganos en lo que se refiere a la prestación de este
servicio por parte del Estado.
78. En efecto, su artículo 57 reconoce que, además de las universidades oficiales –
constituidas como entes autónomos universitarios– la preparación profesional de los
colombianos puede ser brindada por instituciones estatales de educación superior, que
deben tomar la forma de establecimientos públicos del orden nacional, departamental,
distrital o municipal, según sea su origen47.
79. Entre las diferencias que se identifican entre estas dos estructuras estatales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional48 ha establecido que ellas se encuentran en su
grado de autonomía y autogobierno, siendo mayor en el caso de las universidades, para
las que el ordenamiento legal pregona la existencia de un régimen especial de
presupuesto, contratación y administración.
80. En lo que toca al TDEA, el artículo 1° del Acuerdo N°. 03 de 7 de octubre de 2014,
contentivo de su Estatuto General, prescribe que corresponde a una institución de
educación superior, creada a través de Ordenanza N°. 262 de 197949, cuyo carácter
académico ha sido reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante
Resolución N°. 3612 de 4 de julio de 2006.
81. Lejos de ser un dato baladí, la naturaleza jurídica de este órgano universitario marca
una pauta legal que moldea el procedimiento a través del cual debe elegirse al rector,
como representante y suprema autoridad ejecutiva de este establecimiento. En efecto, el
parágrafo único del artículo 66 de la Ley 30 de 1992 consagra:
“La designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales que no tienen el
carácter de universidades de conformidad con la presente Ley se efectuará de ternas
presentadas por el Consejo Directivo. El Estatuto General determinará los requisitos y
calidades que deben reunir los candidatos y los procedimientos para la integración de esta
terna, en los cuales deberá preverse la participación democrática de la comunidad
académica.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
82. De conformidad con el mandato reproducido, la escogencia del rector en las
instituciones oficiales de educación superior pasa por la conformación de ternas
47 “Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con
régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la
planeación del sector educativo. (…) Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación
Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley deberán organizarse
como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.”
48 Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 1997. M.P. Fabio Morón Diaz.
49 “El Tecnológico de Antioquia (…) es una Institución Universitaria de Educación Superior Estatal;
Establecimiento Público del orden Departamental (…)”.
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concebidas por los miembros del Consejo Directivo –autoridad homóloga de los consejos
superiores de las universidades–, de las que resultará el nombre del designado50.
83. No obstante, se trata de la única indicación que en punto de la elección de ese
servidor público encuentra sustento en la literalidad de la Ley 30 de 1992, comoquiera
que el resto de las circunstancias –calidades de los aspirantes y cuerdas procesales que
deben seguirse– estarán reguladas en los estatutos generales de las respectivas
instituciones, como manifestación de la autonomía que a ellas reconoce la Constitución
Política de 199151, ratificada igualmente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional52.
84. Así, en tratándose del TDEA, el universo de las condiciones se encuentra plasmado
en el Acuerdo N°. 003 de 2014, cuyas reglas eleccionarias para la escogencia del rector
pueden ser sintetizadas, así:
Calidades53:
El Estatuto consagra que el rector del TDEA deberá ser: (i) ciudadano colombiano en
ejercicio; (ii) con título de pregrado y posgrado universitarios; (iii) sin condenas
penales en su contra –salvo por delitos culposos–; (iv) ni sanciones disciplinarias por
faltas graves, dolosas o gravísimas. Igualmente, el aspirante al cargo deberá estar
exento de sanciones por el ejercicio de su profesión, y (v) acreditar 10 años de
experiencia profesional, “de los cuales al menos cinco (5) años serán de docencia en
instituciones de educación superior o en cargos de dirección en instituciones de educación
superior.”
Legitimación para elegir54:
La facultad eleccionaria reposa en el Consejo Directivo del TDEA, como máximo
órgano de dirección de la entidad. El Consejo Directivo está integrado por 9
miembros, así: (i) el gobernador del departamento de Antioquia o su delegado, quien
lo presidirá; (ii) el ministro de Educación Nacional o su delegado; (iii) un designado
del presidente de la República; (iv) un representante de las directivas académicas;
(v) un representante de los docentes; (vi) uno de los egresados; (vii) un
50 El parágrafo único del artículo 62 de la Ley 30 de 1992 efectúa una homologación entre las funciones y
conformación de los consejos superiores de las universidades públicas con las funciones y estructura de
los consejos directivos de las instituciones públicas de educación superior. En su literalidad, la norma
consagra: “La dirección de las demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no
tengan el carácter de universidad, corresponde al Rector, al Consejo Directivo y al Consejo Académico. La
integración y funciones de estos Consejos serán las contempladas en los artículos 64, 65, 68 y 69
de la presente Ley.” (Negrilla fuera de texto) Los artículos 64 y 65 ejusdem regulan así la conformación y
labores asignadas a los consejos superiores universitarios, extensibles, por consiguiente, a los consejos
directivos.
51 Artículo 69 Superior.
52 Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz.
53 Artículos 20 del Acuerdo N°. 003 de 2014.
54 Artículo 21 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
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representante de los estudiantes; (viii) uno del sector productivo; y, finalmente, (ix)
un exrector del TDEA, quienes dispondrán cada uno de voz y voto en el marco de las
decisiones que allí se adoptan.
Quórum para la elección del rector y periodo del elegido55:
De acuerdo con el Estatuto General, constituye quórum para deliberar “…la mitad más
uno de los miembros del Consejo Directivo”. Por otro lado, la escogencia del rector
requiere, por lo menos, del voto favorable de 5 de los miembros asistentes al Consejo
Directivo, estableciendo una mayoría calificada en ese sentido.
El periodo de elección será de 4 años56 y hay lugar a reelección indefinida.
Fases del procedimiento57:
El artículo 22 del Acuerdo N°. 03 de 7 de octubre de 2014 denota la existencia de 5
etapas, así:
–Etapa de publicación de la convocatoria: Con mínimo 45 días calendario de
antelación al vencimiento del periodo del rector saliente, el Consejo Directivo del
TDEA publicará la convocatoria por medios hablados o escritos, la cual contendrá
los requisitos y calidades exigidos a los candidatos.
–Etapa de inscripción: Dentro de los 15 días calendario siguientes a la publicación
de la convocatoria, los interesados podrán inscribir sus candidaturas a la rectoría
del TDEA ante la Secretaría General. Para el registro de la aspiración se requiere
la presentación de (i) las hojas de vida con sus respectivos soportes; (ii) así como
la radicación de propuestas.
–Etapa de admisión de candidaturas: Dentro de los 3 días hábiles siguientes al
cierre de inscripciones, la Secretaría General publicará el listado de los aspirantes
que cumplen con los requisitos para participar en el trámite e indicará sus
propuestas.
55 Artículos 14 y 22 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
56 En ese sentido, el artículo 21 del Estatuto prescribe: “El Rector será elegido por el Consejo Directivo,
para periodo de cuatro (4) años, reelegible, de terna que éste conforme, previendo la participación
democrática de la comunidad académica y según el procedimiento establecido en el presente Estatuto.”
57 Artículo 22 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
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–Etapa de sustentación de propuestas: Dentro de los 7 días hábiles siguientes a
la publicación del listado de admitidos, los aspirantes habilitados deberán presentar
sus propuestas ante la comunidad universitaria.
–Etapa de conformación de la terna definitiva y elección del rector58: Dentro de
los 3 días hábiles siguientes al cierre de sustentación de propuestas ante la
comunidad institucional, se llevará a cabo la reunión eleccionaria, desarrollada, así:
1. En primer lugar, los aspirantes expondrán sus propuestas de gestión a los
integrantes del Consejo Directivo.
2. Acto seguido, los consejeros propondrán cada uno de ellos los nombres de
aquellos candidatos que consideran deben hacer parte de la terna definitiva.
El parágrafo 5° del artículo 22 del Estatuto General prescribe:
“Para conformar la terna de candidatos, cada miembro del Consejo Directivo
tendrá en cuenta los méritos académicos, la trayectoria administrativa, profesional,
investigativa, de dirección y la viabilidad, coherencia y pertinencia de la propuesta
de gestión. En dicha sesión, cada uno de los miembros del Consejo Directivo
presentará hasta tres (3) candidatos y la terna definitiva estará integrada por
aquellos que obtengan las mayores frecuencias.”
De esta manera, la terna definitiva se compondrá de los nombres de los
aspirantes mayormente postulados por los integrantes del Consejo
Directivo.
3. Concebida la terna definitiva, cada consejero presente votará, debiendo ser
elegido quien obtenga 5 sufragios en favor de su candidatura.
85. Precisadas estas anotaciones, la Sala abordará cada uno de los reparos propuestos
en los recursos de apelación formulados contra la providencia de 14 de octubre de 2021,
dictada por el fallador de primera instancia.
2.3.2 Del caso concreto
86. Como quedó expuesto en el acápite de problemas jurídicos de esta providencia59, los
apelantes formularon con sus recursos de apelación 3 tipos de cuestionamientos en
contra de la sentencia anulatoria proferida por el a quo.
87. En ese orden, y en aras de garantizar el debido tratamiento de cada una de las
censuras, la Sección Quinta las examinará de forma independiente como sigue:
58 Parágrafo 4° del artículo 22 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
59 Apartado 2.3.
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2.3.2.1 Sobre el vencimiento del periodo del representante del sector
productivo ante el Consejo Directivo del TDEA
88. En su fallo de 14 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró
que, a la manera como lo estimaba el demandante, el señor Jorge Mario Uribe Vélez,
representante del sector productivo ante el Consejo Directivo, no estaba habilitado para
participar en la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2021, en la que el demandado
fue escogido rector de ese establecimiento público, como consecuencia del vencimiento
de su periodo.
89. Para sustentar su decisión, el a quo explicó que, a las voces del parágrafo primero
del artículo 13 del Estatuto General del TDEA, el periodo de 2 años reconocido a ese
representante debía ser contabilizado desde la fecha de su elección, y no de su posesión,
como lo habían prohijado el accionado y la institución universitaria en sus contestaciones
a la demanda.
90. En consonancia, afirmó que teniendo claro que el señor Uribe Vélez había sido
elegido representante del sector productivo el 16 de octubre de 2018, su periodo se
extendía tan solo hasta el mismo día del año 2020, lo que invalidaba su intervención en
el certamen censurado adelantado el 12 de noviembre siguiente.
91. En contraposición a este razonamiento, el TDEA y el señor Leonardo García Botero
defendieron la juridicidad de la participación de este representante, aduciendo que para
el momento de la elección censurada su periodo no había fenecido. Ello, sobre la base
de 4 consideraciones fundamentales, así:
Además de la elección, el artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 contempla que
la designación es otro de los puntos nodales desde el cual se computa el periodo
del representante del sector productivo. En el caso del señor Jorge Mario Uribe Vélez,
la designación en el cargo se produjo el 30 de noviembre de 2018, cuando le fue
notificado el acto contentivo de la declaratoria de elección.
Por tratarse de un periodo de naturaleza personal, los dos años ofrecidos a este
representante deben ser computados desde su posesión, ocurrida el 11 de
diciembre de 2018. Se trata de la única interpretación que se aviene a los postulados
del artículo 122 constitucional y a las enseñanzas dadas por la Corte en su sentencia
SU-261 de 202160.
Tomar el acto de posesión como el extremo inicial del conteo del término erigido
en el artículo 13 del Estatuto General fue el producto de una decisión autónoma del
Consejo Directivo, como expresó en su testimonio la señora Alexandra Peláez
Botero, delegada del gobernador de Antioquia. Desconocer esta determinación
implica negar valía a la autonomía universitaria que pregona que los establecimientos
60 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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de educación superior puedan elegir libremente a sus autoridades, sin interferencia
alguna.
La legalidad de la intervención del señor Uribe Vélez se encuentra igualmente
amparada en la teoría del funcionario de hecho, comoquiera que los participantes en
el trámite acusado siempre creyeron en la probidad de su actuación, generando en
ellos confianza legítima.
92. Fincado entonces el panorama litigioso que caracteriza a este proceso en segunda
instancia –que conlleva desentrañar cuál es el extremo inicial para el conteo del periodo
establecido en el parágrafo primero del artículo 13 del Estatuto General–, la Sección
Quinta del Consejo de Estado analizará, en primera medida, el texto del artículo 13 del
Estatuto General de la institución para, seguidamente, establecer si los argumentos
propuestos por los impugnantes tienen la vocación de desvirtuar la interpretación
exegética dada a la norma por parte del fallador de primer grado.
2.3.2.1.1. Del alcance interpretativo del parágrafo primero del artículo 13 del
Acuerdo N°. 03 de 2014
93. En otras ocasiones61, esta Judicatura ha resaltado el fundamento constitucional que
explica la presencia de un representante del sector productivo al interior de los consejos
superiores de las universidades públicas. Al respecto, este alto Tribunal ha manifestado
que se trata de un mecanismo que permite que los entes autónomos universitarios
puedan vincularse al desarrollo de la Nación, confeccionando políticas que satisfagan las
necesidades del conglomerado social62.
94. De esta manera, en reciente providencia de 11 de noviembre de 202163, la Sección
Quinta señaló en ese sentido:
“43. Ahora bien, por tratarse de la elección cuestionada en esta oportunidad, la Sala
destaca, como lo afirmó previamente, que una de las plazas al interior del Consejo Superior
de la UPTC es asignada al representante del sector productivo, en una incorporación que
tiende a crear vínculos entre la preparación académica ofrecida en el ente autónomo
universitario y el desarrollo de la Nación.
44. De esta manera, la Corte Constitucional resaltó en sentencia C-589 de 199764 respecto
de este punto:
“La presencia del representante del sector productivo obedece, como ya se
expresó, a la necesidad de que la universidad se integre al desarrollo de la Nación.
La educación tiene una función social y, por tanto, la enseñanza técnica debe ser motor
de las necesidades y proyecciones de la sociedad.” (Negrilla fuera de texto)
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-
00038-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de noviembre de 2021.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Corte Constitucional. Sentencia C-589 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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45. Se deriva de lo anterior que la presencia de este representante en el Consejo Superior
responde a la intención de concebir políticas educacionales que atiendan las necesidades
para el progreso estatal, sobre la base de la interacción de los diferentes sectores que
conforman el conglomerado social, y que crea las condiciones propicias para el ofrecimiento
de conocimientos multidisciplinarios.”
95. Bajo esta misma filosofía, el representante del sector productivo dispone de una plaza
en los consejos directivos de las instituciones oficiales de educación superior,
constituyéndose en uno de sus integrantes, con voz y voto para decidir los asuntos que
se someten a su consideración, dentro de los cuales la elección del rector se presenta
como una de las principales determinaciones a adoptar65.
96. En punto de ello, el artículo 12 del Acuerdo N°. 03 de 2014, contentivo del Estatuto
General del TDEA, consagra:
“Art. 12. Composición del Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el máximo órgano de
dirección de la Institución Universitaria, y estará integrado por:
a) El Gobernador del Departamento de Antioquia o su delegado, quien lo presidirá.
b) El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con
el sector de la educación superior.
d) Un representante de los directivos académicos, uno de los docentes, uno de los
egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un exrector del
Tecnológico de Antioquia.
e) El Rector de la institución con voz y sin voto.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
97. En cuanto a las calidades, elección y periodo de permanencia del representante del
sector productivo en el Consejo Directivo, el artículo 13 de este mismo cuerpo normativo66
preceptúa:
“Las calidades para ser elegidos y el periodo en el Consejo Directivo de los miembros a que
se refiere el literal d) del artículo anterior, son los siguientes:
(…)
e) El representante del sector productivo debe acreditar título profesional y por lo menos
dos (2) años de experiencia en el ejercicio del mismo; no haber tenido desde un año antes
a la fecha de la elección, ni tener durante el periodo de representación, vínculo laboral o
relación contractual con la Institución, ni ser estudiante de la misma. Será elegido por el
Consejo Directivo de terna que presente uno de los gremios empresariales del
departamento de Antioquia.
65 El parágrafo único del artículo 62 de la Ley 30 de 1992 prevé que la dirección de las instituciones de
educación superior que no ostentan la calidad de universidades públicas estará a cargo del Consejo
Directivo, el Consejo Académico y el rector, señalando que resultarán aplicables a dichos consejos los
artículos 64, 65, 68 y 69 de ese mismo cuerpo normativo. En ese orden, la estructura orgánica de los
consejos superiores universitarios –plasmada en el artículo 64 de la Ley 30– es aquella que cobija
igualmente la conformación de los consejos directivos en las instituciones estatales de educación superior,
distintas de los entes autónomos universitarios. Por su parte, el artículo 65 contempla: “Son funciones del
Consejo Superior Universitario: (…) e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos”.
66 Estatuto General del TDEA.
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(…)
Parágrafo primero. Los representantes de los directivos académicos, de los docentes y de
los estudiantes en el Consejo Directivo, tendrán un periodo de dos (2) años contados a
partir de su elección y queda supeditada a la conservación de la calidad por la que fueron
elegidos. Los representantes de los egresados, del sector productivo y de los
exrectores, igualmente tendrán un periodo de dos (2) años, contados a partir de la
elección o designación, según sea el caso.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
98. Pero más allá de las exigencias plasmadas en la norma como requisitos
indispensables para el acceso a este cargo, importa a la Sala fijar la atención en el
tratamiento que la prescripción jurídica ofrece al periodo del representante del sector
productivo y, por sobre todo, al límite inicial que debe tenerse en cuenta para su cómputo.
99. En lo que corresponde a la duración del periodo, el mandato resulta elocuente: el
representante del sector productivo dispone de 2 años para el ejercicio de sus labores al
interior del Consejo Directivo del TDEA. Por su parte, la contabilización de este plazo se
hará –de acuerdo con la norma– desde “la elección o designación, según sea el caso.”
100. Una aproximación apresurada al precepto permitiría entonces advertir que, a la
manera como lo sostienen los recurrentes, lejos de poseer un solo extremo para el conteo
del periodo dado a este consejero, el parágrafo primero del artículo 13 del Estatuto
General presenta dos tipos de variables: por un lado, la elección del representante; por
otro, su designación, como linde que igualmente se emplearía para este propósito.
101. No obstante, y a pesar de estas impresiones, la Sala destaca que la visión alternativa
propuesta por los apelantes merece ser menguada, bajo las consideraciones que se
exponen enseguida:
102. En primer lugar, esta Judicatura resalta que la diferenciación –elección o
designación– erigida en la norma pretende reconocer las particularidades que rodean el
acceso de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo a este órgano, marcando la
distinción en el ingreso al servicio de los consejeros, que no en todos los casos se
incorporan mediante la puesta en marcha de procesos democráticos.
103. En efecto, la pertenencia al Consejo Directivo podrá ser el resultado de métodos de
escogencia mediados por el derecho al voto o al sufragio; pero también de trámites en
los que dichas prerrogativas no tienen participación, encontrando tan solo origen en la
facultad decisoria de los nominadores. En el primero de los eventos la vinculación es
mediada por una elección; en el segundo, la designación proviene de la simple voluntad
de la autoridad competente, sin interferencia eleccionaria alguna.
104. De esta manera, y a modo de ejemplo, mientras la vinculación de los representantes
de las directivas académicas, exrectores y docentes es el producto de elecciones
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cumplidas al interior de sus propios estamentos67, la representación del presidente de la
República se cristaliza a través de una designación recaída en un ciudadano que haya
integrado el sector de la educación superior68.
105. Lo anterior lleva a sostener que el dilema –elección o designación– plasmado en el
parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 reconoce las vicisitudes de
pertenencia al servicio de cada uno de los consejeros, y no la existencia de dos extremos
iniciales para la contabilización del periodo de 2 años del representante del sector
productivo ante el Consejo Directivo del TDEA.
106. En ese sentido, la Sala precisa que aunque en principio el artículo 13 ejusdem regula
aspectos relacionados con los integrantes no gubernamentales de ese cuerpo
colegiado69, una lectura detenida del precepto evidencia que en su contenido reglamenta
igualmente tópicos conexos a la representación de las entidades públicas que tienen
asiento en su interior70, motivo por el que la diferenciación analizada –elección o
designación– guarda relación con los modos de acceso a estos cargos por parte de la
totalidad de los integrantes del Consejo Directivo.
107. Aunado a ello y, partiendo de la significación de las nociones de “elección” y
“designación” que se desprende del estudio del Estatuto General del TDEA71, la Sección
Quinta del Consejo de Estado encuentra que solo el primero de estos 2 conceptos –
“elección”– puede gobernar el cálculo de finalización del periodo del representante del
sector productivo, al advertir que las contingencias que se presentan en torno al ejercicio
67 En cuanto a estas elecciones, el artículo 13 del Estatuto General expresa: los representantes principal y
suplente de las directivas académicas serán elegidos “…mediante votación secreta por los directivos
académicos de la institución, que ejerzan sus cargos en propiedad o en comisión”. Los representantes de
los docentes serán elegidos “…mediante votación universal, directa y secreta por los docentes de tiempo
completo y medio tiempo.” El representante de los exrectores será elegido: “…por los exrectores de la
institución, mediante votación universal y secreta.”
68 Artículo 12 del Estatuto: “El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de la Institución
Universitaria, y estará integrado por: (…) c) Un miembro designado por el Presidente de la República que
haya tenido vínculos con el sector de la educación superior.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
69 Consejo Directivo del TDEA.
70 Por ejemplo, la manera como se realizan los reemplazos ante las vacantes absolutas que éstos pueden
experimentar. Ver, al respecto, parágrafo 3° del artículo 13 del Estatuto General: “Cuando la causal de
retiro sea la inasistencia a sesiones, en las condiciones antes anotadas, el Consejo Directivo en el plazo
que considere pertinente solicitará al consejero allegar comunicación por escrito en la que ponga de
manifiesto las circunstancias que le impidieron asistir a las mismas. Esta será evaluada por el Consejo
Directivo, y de considerarla no válida se procederá a informar la decisión al consejero y al estamento que
representa, para que este último designe nuevo representante; esto aplica tanto para el caso del
delegado del Presidente de la República como del Ministerio de Educación Nacional. En los demás
casos se convocará a nueva elección.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
71 Contrario a lo que sucede en el Estatuto General del TDEA, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha
destacado que entre las nociones de elección y designación existe cercanía. En ese orden, se ha admitido
que la designación es un término omnicomprensivo de los vocablos elección, nombramiento y llamamiento:
ver, al respecto: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 73001-
23-33-000-2020-00045-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 18 de febrero de 2021.
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de esta función72, conllevan siempre la mediación de un procedimiento democrático, y no
la simple escogencia asignada a una autoridad en particular –designación–.
108. Así las cosas, esta Judicatura reseña los siguientes comentarios:
En cuanto a su ingreso, la participación del representante del sector productivo
ante el Consejo Directivo del TDEA no está sujeta a la determinación unívoca de una
sola voluntad, a la manera como sucede con otros de sus miembros –delegados del
Ministerio de Educación Nacional y de la Gobernación de Antioquia, o designado del
presidente de la República–, comoquiera que su incorporación estará en todos los
casos relacionada a una elección desarrollada en su seno73, previa postulación de
ternas por parte de los gremios empresariales del departamento de Antioquia74, a la
manera como lo consagra el literal e) del artículo 13 examinado.
En términos llanos, este representante no es designado, sino, por el contrario, es
elegido por el Consejo Directivo del TDEA, en el contexto de un procedimiento en el
que se expresan diversas voluntades y en el que la mayoritaria se impone al final.
Lejos de dar lugar a una designación sin sufragios, cualquier tipo de ausencia
absoluta en el cargo conlleva una nueva elección. En ese orden, el parágrafo 2° del
artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 contempla al respecto:
“Parágrafo segundo. En caso de quedar acéfala la representación, de los directivos
académicos, docentes, egresados, estudiantes, sector productivo y ex rector del
Tecnológico de Antioquia se convocará a nuevas elecciones.” (Negrilla y subrayas fuera
de texto)
De conformidad con las reglas estatutarias de este establecimiento y las pruebas
obrantes en el proceso –principalmente, el Acta N°. 06 de 16 de octubre de 201875,
en la que se declara la elección del señor Jorge Mario Uribe Vélez, como
72 Artículo 74 de la Ley 489 de 1998: “Los particulares miembros de los consejos directivos o asesores de
los establecimientos públicos, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la
calidad de empleados públicos.”
73 Del Consejo Directivo.
74 Artículo 13 del Estatuto General.
75 Esta prueba solo da cuenta de la elección de un representante principal del sector productivo ante el
Consejo Directivo del TDEA: “Por tanto el doctor Jorge Mario Uribe Vélez obtiene cinco (5) votos y el doctor
Olver Gómez Vargas dos (2) votos. Por lo que se declara electo al doctor Jorge Mario Uribe Vélez como
representante del sector productivo ante el Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia – Institución
Universitaria, para el periodo 2018-2020.” Ello, en contravía de lo que refiere, a manera de ejemplo, esa
misma acta en punto de la elección de los representantes de los egresados, así: “Con base en los
resultados del proceso de elección de representante de los egresados ante el Consejo Directivo para el
periodo 2018-2020, realizado el 27 de septiembre del año en curso, el Secretario del Consejo Directivo
informa que democráticamente fueron electos, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez y Sara Isabel Mejía
Jaramillo, en calidad de principal y suplente, respectivamente. Seguidamente, la doctora María Victoria
Mejía Orozco, en calidad de presidente de la sesión del Consejo Directivo, les toma el juramento a los
nuevos representantes de los egresados, razón por la cual se integran en tal calidad a la presente sesión.”
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representante del sector productivo, periodo 2018-2020–, este estamento no dispone
de representante suplente, contrario a lo que ocurre con otros 76. Así, el término
designación –consagrado en la parte final del parágrafo primero del artículo 13 del
Acuerdo N°. 03 de 2014– no puede entenderse como el acto que marca el relevo
funcional entre el miembro principal y suplente ante el Consejo Directivo.
La designación está reservada para los delegados del presidente de la República,
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Antioquia, y no para el
representante del sector productivo escogido siempre a través de una elección. Ello
se deriva del análisis del parágrafo tercero del artículo 13 del Estatuto, cuando plasma
el procedimiento para suplir las faltas absolutas generadas por la inasistencia a
sesiones por parte de los integrantes del Consejo Directivo del TDEA, así:
“Cuando la causal de retiro sea la inasistencia a sesiones, en las condiciones antes
anotadas, el Consejo Directivo en el plazo que considere pertinente solicitará al consejero
allegar comunicación por escrito en la que ponga de manifiesto las circunstancias que le
impidieron asistir a las mismas. Esta será evaluada por el Consejo Directivo, y de
considerarla no válida se procederá a informar la decisión al consejero y al estamento que
representa, para que este último designe nuevo representante; esto aplica tanto para el
caso del delegado del Presidente de la República como del Ministerio de Educación
Nacional. En los demás casos se convocará a nueva elección.” (Negrilla y subrayas fuera
de texto)
109. De todo lo anterior, se desprende que la elección se presenta siempre como la
consigna que explica la participación del representante del sector productivo ante el
Consejo Directivo del TDEA y, por consiguiente, como el extremo inicial para la
contabilización de su periodo, descartando así la designación como punto nodal para ese
efecto, al no avenirse a las circunstancias fáctico–normativas que sustentan el enlace de
este particular al servicio público desempeñado al interior de ese cuerpo colegiado.
110. Dicho ello, la Sala niega validez al primero de los argumentos propuesto por el
demandado en su alzada, de acuerdo con el cual, la designación contemplada en el
parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 podía ser igualmente
asumida como “piedra de toque” para el conteo del término erigido en la norma por los
motivos enunciados previamente.
111. Entonces, bajo el alcance interpretativo establecido en esta providencia para el
artículo 13 del Estatuto General del TDEA, la Sección Quinta del Consejo de Estado debe
interesarse ahora en determinar si las censuras elevadas en las impugnaciones pueden
llevar a desconocer la literalidad de su contenido, del que se revela la elección como el
76 El artículo 13 del Estatuto General consagra en relación con el representante del sector productivo: “El
representante del sector productivo debe acreditar título profesional y por lo menos dos (2) años de
experiencia en el ejercicio del mismo…”. (Negrilla y subraya fuera de texto). La lectura detenida de la
disposición da cuenta del empleo de la voz singular para referirse al representante de este estamento,
contrario a lo que sucede, por ejemplo, con el representante de las directivas académicas: “La
representación de las directivas académicas será a través de un principal y un suplente…”.
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único presupuesto a partir del cual se computa el periodo de 2 años del representante del
sector productivo ante el Consejo Directivo de esa institución, así:
2.3.2.1.2. Tomar la fecha de elección como extremo inicial desconoce los
postulados del artículo 122 de la Carta Política de 199177
112. Los impugnantes señalan que la visión exegética dada al artículo 13 del Acuerdo
N°. 03 de 7 de octubre de 2014 transgrede los postulados del artículo 122 constitucional,
en los que se consagra que la posesión es el extremo inicial desde el que debería
computarse el término, por tratarse del momento a partir del cual cualquier servidor
público asume las responsabilidades y el ejercicio de las prerrogativas asignadas a un
cargo.
113. En ese sentido, pregonan la inaplicación de la norma estatutaria con fundamento en
las previsiones del artículo 4° superior, estableciendo que su interpretación debe
adaptarse en cualquier caso a la Constitución.
114. Bajo este panorama, la Sala afirma que el razonamiento utilizado por los recurrentes
no dispone de vocación de prosperidad de acuerdo con el siguiente derrotero
argumentativo:
115. En su literalidad, los incisos 1° y 2° del artículo 122 de la Carta Política consagran
reglas atinentes al desempeño de la función pública en el Estado social y democrático de
Derecho confeccionado por el Constituyente primario de 199178, al preceptuar que:
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.”
116. Se colige de lo anterior que el artículo 122 analizado no solo prevé el principio de
legalidad en lo que se relaciona con la existencia de los empleos públicos en el
ordenamiento colombiano79, sino que establece también las condiciones para el ejercicio
de los cargos que pertenecen al organigrama de la Nación.
77 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
78 Preámbulo y artículo 1° de la Constitución Política de 1991.
79 Al expresar que no habrá empleo público que no cuente con sus funciones detalladas en la Ley o
reglamento.
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117. En consonancia, la norma prescribe que la asunción de las prerrogativas y deberes
de las dignidades estatales pende del juramento pronunciado por los servidores de
cumplir y defender la Constitución, así como de poner debidamente en marcha las
responsabilidades que son atribuidas a éstos80, en un acto material que tanto la
jurisprudencia constitucional81 como contencioso–administrativa82 ha dado en denominar
“posesión”.
118. Así, la posesión es concebida como “…una diligencia solemne en la que el servidor
público elegido, nombrado, llamado o, en general, designado para ejercer un cargo, jura
formalmente cumplir con la Constitución Política, la ley, los reglamentos, las funciones y los
deberes del respectivo cargo”83, y cuyos orígenes trascienden el texto de la Carta aprobada
el 4 de julio de 199184.
119. Al respecto, esta Sala de Sección señaló en providencia de 18 de febrero de 202185:
“En ese sentido, la posesión fue vista –y sigue siéndolo– como un acto material de
juramentación86 que marca el punto de entrada del designado al ejercicio de la función
pública y que determina el momento a partir del cual la dignidad es ocupada por quien se
ha visto favorecido por la voluntad electoral o administrativa, según sea el caso.”
120. Del aparte reproducido se desprende que la figura en comento señala la fecha
exacta en la que el servidor adquiere sus competencias y responsabilidades,
determinando el instante en el que se encuentra habilitado para desarrollar las funciones
que le son atribuidas.
121. Ahora bien, esta interpretación del artículo 122 de la Constitución puede verse
complementada con la intelección que se deriva de otras normas constitucionales87,
80 Se hace referencia a los cargos.
81 Corte Constitucional. Sentencia C-750 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
82 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 08001-23-31-000-2004-
00207-01. M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Sentencia de 22 de septiembre de 2005.
83 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2006-00193-00. M.P.
Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 4 de septiembre de 2008.
84 Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 73001-
23-33-000-2020-00045-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 18 de febrero de 2021:
“Así, se trata de un formalismo impuesto por el ordenamiento jurídico del cual pende la materialización del
derecho político de acceso a los cargos públicos, cuyas raíces trascienden el marco constitucional
implantado por la Carta Política de 1991, pues ya desde la Constitución Nacional de 1886 se estableció
como mandato general: “Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y
defender la Constitución, y de cumplir con los deberes que le incumben.”
85 Ibidem.
86 El Régimen político y municipal contenido en la Ley 4 de 1913 consagró en su artículo 251: “Ningún
funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución, y de
cumplir los deberes que le incumban. Esto es lo que se llama posesión del empleo o bien, tomar posesión
de él.”
87 Por ejemplo, artículo 239 de la Constitución Política: “Los Magistrados de la Corte Constitucional serán
elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que
le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.” (Negrilla
fuera de texto)
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legales y estatutarias88, que permiten ver en la posesión no solo el punto de partida para
el desempeño efectivo de las funciones asignadas a los cargos, sino a la vez el límite
inaugural de los periodos en los que los servidores detentan sus dignidades, en lo que
comúnmente ha sido llamado como periodos personales o subjetivos.
122. De esta manera, la Sección Quinta expuso en decisión de 18 de febrero de 202189:
“Al respecto el Consejo de Estado, desde vieja data, señaló que el periodo personal se
cuenta a partir de la posesión del elegido, se ejerce el cargo durante el tiempo que señala
la norma correspondiente y la falta absoluta del funcionario da lugar a una nueva elección
para un nuevo período…”. (Negrilla dentro del texto)
123. De conformidad con lo transcrito, el acto de posesión tiene en estos específicos
casos una doble connotación, a saber: por un lado, se muestra como la circunstancia
material que marca la entrada en labores del funcionario público, a la manera como lo
indica el artículo 122 Superior; por otro, se constituye en el referente temporal que ubica
la época desde la cual debe ser computado el periodo ofrecido al empleo, creando una
coincidencia entre asunción de responsabilidades e inicio del término en que ellas
pueden ser ejecutadas.
124. A la luz del derecho pretor de la Sección Quinta90, los periodos personales o
subjetivos aparecen cuando:
Las prescripciones normativas así lo contemplan, v. gr. el artículo 239 de la Carta
Política de 1991 en lo que se relaciona con los magistrados de la Corte
Constitucional91;
Cuando las disposiciones que establecen periodos no indican expresamente un
momento específico para su cómputo, caso en el cual la posesión será tenida como
el instante para ello. Así, en la mencionada sentencia de 18 de febrero de 202192, la
Sala afirmó:
“En lo referente a la naturaleza del período de los cargos de elección diferentes a la popular,
se concluyó que la postura de la jurisprudencia, constitucional y contenciosa, resultaba
88 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-
00020-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 16 de septiembre de 2021. En esta sentencia, la
Sección analizó el carácter personal y/o institucional del periodo del rector de la Universidad de Córdoba,
a partir del Estatuto General de esa Universidad, específicamente su artículo 41.
89Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-
00058-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 18 de febrero de 2021.
90Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2012-
00012-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 12 de agosto de 2013.
91 “Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos
individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.” (Negrilla fuera de texto)
92 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-
00058-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 18 de febrero de 2021.
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coincidente, en señalar que eran individuales salvo que expresamente se hubiera instituido
su carácter institucional.” (Negrilla dentro del texto)
125. En otros términos, la posesión se presentará como la circunstancia material que
distingue la iniciación de un periodo luego de que las normas analizadas lo consagran de
esta manera o, cuando en ausencia de ello, los mandatos examinados no plasman un
momento diferente para la contabilización del periodo.
126. De este breve barrido jurídico–decisional, se concluye lo siguiente:
127. En primer lugar, y contrario a lo sostenido por el demandado y el TDEA, el inciso 2°
del artículo 122 Superior no es una norma que prescriba que la posesión deba ser
siempre el límite inaugural para el conteo de los periodos que se erigen en el sistema
colombiano. En efecto, el artículo 122 ejusdem tan solo es una disposición que consagra
las condiciones requeridas para ejecutar funciones públicas, sujetando esta situación a
la juramentación de cumplir y respetar la Constitución y, en general, el orden jurídico
nacional.
128. En segundo lugar, la posesión podrá ser el extremo inicial de los periodos
concebidos cuando las reglas estudiadas así lo ordenan. En el caso particular, el artículo
13 del Estatuto del TDEA preceptúa que para la contabilización de los 2 años del
representante del sector productivo ante el Consejo Directivo de la institución, el límite
inaugural será su elección, en el marco de una determinación universitaria que se
encuentra amparada por la autonomía que a estos entes ofrece el artículo 69 93 de la
Constitución Política de 1991.
129. En consonancia, la posesión no puede ser tenida como el punto nodal para el conteo
de este periodo, perviviendo así una disonancia entre el inicio de funciones y el inicio del
periodo en el caso de este representante.
130. En tercer lugar, las previsiones del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 7 de octubre
de 2014 no son inconstitucionales, pues, se reitera, no existe norma en la Carta Política
que obligue a ver la posesión como el acto que en todos los eventos deba marcar el
cómputo de los periodos. En el sub judice, el cumplimiento de los mandatos que se
coligen del artículo 122 constitucional pasa por el juramento que debe prestar el
representante del sector productivo para la asunción de las funciones y responsabilidades
que le competen –como se ha admitido en otras oportunidades por parte de esta
Sección94– sin que por ello pueda confundirse con el referente temporal que señala el
inicio del periodo del representante del sector productivo.
93 “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.”
94 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-
00038-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de noviembre de 2021.
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131. En ese orden, la Sala se aparta de los argumentos propuestos por los apelantes,
despachando negativamente este cuestionamiento.
2.3.2.1.3. El periodo del representante del sector productivo es personal y, por
consiguiente, debe tomarse en cuenta la posesión como el extremo inicial para su
conteo95
132. En enlace con el anterior reproche formulado contra la visión exegética dada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia al artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 –contentivo
del Estatuto General del TDEA–, los apelantes defienden que el periodo del
representante del sector productivo es personal, razón por la que su conteo debe iniciarse
sobre la base de su posesión para el ejercicio de funciones públicas.
133. Pues bien, amparados en las consideraciones efectuadas en el capítulo anterior, la
Sección Quinta del Consejo de Estado niega prosperidad al argumento, al estimar que:
Una revisión detallada de la jurisprudencia de la Sala especializada en asuntos
electorales96 de esta Corporación permite advertir que los periodos personales,
subjetivos o individuales se caracterizan por 3 tipos de rasgos, a saber:
a. Tienen como extremo inicial la posesión y, por ende, el juramento, como acto que
habilita el ejercicio legítimo de las labores encomendadas al cargo, es también el
referente temporal desde el cual se contabiliza el término asignado por el
ordenamiento para el ejercicio de las funciones.
b. El constituyente, legislador o autoridad al origen del periodo establece
directamente la extensión de su duración.
c. Las faltas absolutas en el cargo o empleo dan lugar a una nueva elección o
nombramiento –según sea el caso– para un periodo que comenzará a correr de
nuevo.
134. En el caso particular, no existe duda de que el periodo asignado al representante
del sector productivo ante el Consejo Directivo del TDEA cumple con los dos últimos
requerimientos, comoquiera que, de un lado, el Estatuto General de la institución
universitaria postula su término de duración –2 años–; de otro, pregona que cualquier tipo
95 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 76001-23-33-007-2016-
00187-02. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2012-00012-00. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 12 de agosto de 2013.
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de ausencia absoluta en el cargo debe llevar siempre a una nueva eleccion, tal y como
lo preceptúa el parágrafo segundo97 del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
135. Pero no sucede lo mismo con el primero de estos presupuestos, ya que, el referente
temporal para el conteo del periodo se centra en la elección de este representante, y no
en su posesión, en una decisión deliberada del TDEA que encuentra sustento, como se
dijo previamente, en la autonomía universitaria que se predica en favor de este tipo de
establecimientos públicos, y que no se muestra como desconocedora del ordenamiento
constitucional.
136. Y es que fijar la elección como punto nodal para el cómputo de este periodo es clara
manifestación de la prerrogativa de las instituciones oficiales de educación superior de
dotarse libremente de las normas que guían su organización y funcionamiento 98 que, en
ese sentido, disponen de un amplio margen de apreciación para adoptar las reglas que
gobiernan su estructura orgánica.
137. Sobre la base de esta habilitación, la Sala ha podido establecer que para otros entes
universitarios la posesión sí se presenta como el límite inaugural para el conteo del
periodo del representante del sector productivo99, lo que no impide descartar la existencia
de otras alternativas –a la manera como ocurre con el TDEA– que, de igual forma, se
avienen al orden jurídico interno.
138. En definitiva, contrario a lo prohijado por los apelantes, la Sección no puede
reconocer en el parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 la existencia
de un periodo personal de cara a la ausencia de su elemento primordial, esto es, la
posesión como “piedra angular” para el conteo del término de 2 años erigido para este
cargo.
2.3.2.1.4. La participación del representante del sector productivo en la elección del
demandado fue el producto de una decisión fundada en la autonomía
universitaria100
139. A esta altura del debate, los recurrentes sugieren que la participación del
representante del sector productivo en la reunión eleccionaria adelantada el 12 de
noviembre de 2020 tuvo como sustento las deliberaciones desarrolladas al interior del
Consejo Directivo, en el que sus integrantes de forma libre e independiente determinaron
que el periodo de este consejero –lejos de haber fenecido– estaba vigente, si se tomaba
97 “En caso de quedar acéfala la representación, de los directivos académicos, docentes, egresados,
estudiantes, sector productivo y ex rector del Tecnológico de Antioquia se convocará a nuevas
elecciones.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
98 Artículo 62 de la Ley 30 de 1992, en consonancia con el artículo 65 del mismo cuerpo normativo.
99 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-
00038-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de noviembre de 2021.
100 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
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en cuenta como extremo inicial para su cómputo el acto de su posesión, ocurrido el 11
de diciembre de 2018.
140. En este orden, tanto el demandado como el TDEA manifiestan que el testimonio
rendido por la señora Alexandra Peláez Botero, delegada del gobernador de Antioquia,
da cuenta de esta situación, la cual debe ampararse con fundamento en los mandatos
que se coligen de la autonomía universitaria establecida en el artículo 69 constitucional.
141. En su declaración de 12 de mayo de 2021 a instancias del Tribunal Administrativo
de Antioquia, la citada testigo expresó en relación con la intervención del señor Jorge
Mario Uribe Vélez, representante del sector productivo, en el contexto del procedimiento
cuestionado:
“…también quisiera agregar a mi declaración que sobre el período del representante del
sector productivo, tuvimos varias dudas. Entonces como tuvimos varias dudas y fue una
duda recurrente, siempre le preguntamos antes del inicio de las sesiones del Consejo a la
secretaria general quiénes estaban habilitados para votar en cada sesión. De hecho, si
ustedes revisan las grabaciones de las actas, van a poder ver que siempre se dice y se
solicita quiénes están habilitados para votar en esa sesión, como nosotros teníamos dudas
yo emití una comunicación el día 3 del mes 11 del año 2020 una comunicación con el
radicado 2020030287694, donde le solicito a la secretaria general, la doctora Jael Johana
Gaviria, que me dé claridad sobre el proceso de elección del representante del sector
productivo en el Consejo y ella, digamos que en todas las sesiones nos dejó claridad, que en
el proceso, el representante del sector productivo estaba habilitado…”.
142. De ello se derivan las siguientes precisiones: (i) la participación del señor Uribe
Vélez estuvo sujeta a hesitaciones en torno a la vigencia de su periodo; (ii) el 3 de
noviembre de 2020, la delegada del gobernador de Antioquia –como presidente del
Consejo Directivo del TDEA– pidió a la secretaria general encargada para tramitar ese
proceso eleccionario indicar si la participación del representante del sector productivo
resultaba posible, como consecuencia de los interrogantes que surgían alrededor de su
periodo; (iii) durante el desarrollo del trámite eleccionario censurado la secretaria general
ad–hoc del TDEA siempre dio vía libre a la intervención de este representante.
143. De esta manera, la Sección Quinta del Consejo de Estado estima que, tal y como lo
señalan el demandado y la institución universitaria en sus recursos de alzada, la
participación del representante del sector productivo ante el Consejo Directivo del TDEA,
en el marco de la elección del rector para el periodo estatutario 2020-2024, estuvo
respaldada por las autoridades universitarias, que consideraron que su implicación era
legal, pues el término a partir del cual debía contarse su periodo de 2 años era su
posesión para el ejercicio de funciones públicas –11 de diciembre de 2018– y no su
elección en tal dignidad –16 de octubre de 2018–.
144. Sin embargo, para la Sala esta situación no cobija de legalidad la intervención de
ese representante, pues la elección de las autoridades universitarias, como manifestación
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irrefutable de la autonomía constitucional reconocida a ellas101, no puede servir como
excusa para el desconocimiento de las reglas básicas que gobiernan este procedimiento
–que igualmente es confeccionado por dichos establecimientos públicos–.
145. En términos llanos, las determinaciones que se adopten en el contexto de los
procesos eleccionarios que se desarrollan en el seno de las universidades e instituciones
oficiales de educación superior deben en todos los casos partir de las reglas de juego
erigidas en sus estatutos, como parámetros que las regentan y que no pueden ser
obviados, en principio, bajo circunstancia alguna.
146. En este punto, la Sala recuerda que la autonomía universitaria no es un referente
axiológico absoluto y debe ser siempre entendida como una noción cuya comprensión
debe ser armónica no solo en relación con las normas constitucionales y legales, sino, a
la vez, con las que conforman su orden interno, contenidas en sus propios acuerdos102.
147. Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado:
“En efecto, la autonomía de las universidades estatales no puede considerarse absoluta, no sólo
porque debe respetar los demás derechos protegidos en la Carta Política, sino porque el legislador
regula su actuación y está facultado constitucionalmente para establecer las condiciones para la
creación y gestión de dichos entes educativos (art, 68 C.P.), para dictar las disposiciones con arreglo
a las cuales se darán sus directivas y sus estatutos (art. 69 C.P.) y para dictar su régimen especial.” 103
(Negrilla y subraya fuera de texto)
148. Dicho ello, esta Judicatura estima que el argumento dado por los recurrentes no está
llamado a prosperar por los siguientes motivos:
Dar alcance a las estimaciones dadas por la secretaria general encargada del
procedimiento de elección del demandado, sobre la debida intervención en el trámite
del representante del sector productivo, implica aupar el desconocimiento del
parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014 que prescribe –como
se vio– que el término para la contabilización de su periodo de 2 años es la fecha de
su elección, y no la de su posesión, por no disponerlo así esa norma.
En ese sentido, bajo el pretexto de la autonomía, se desconocería tal vez la más clara
de sus expresiones, a saber, la posibilidad que tienen los establecimientos
universitarios de dotarse de estatutos para su organización y funcionamiento 104, sin
que en ello puedan intervenir en principio otro tipo de autoridades.
101 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 54001-23-33-000-
2021-00199-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 21 de octubre de 2021.
102 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 54001-23-33-000-
2021-00195-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 21 de octubre de 2021.
103 Corte Constitucional. Sentencia C-926 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
104 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 54001-23-33-000-
2018-00220-02 (Acum.). M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019.
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Igualmente, asumir la posición de los apelantes, defendida por la secretaria
general ad–hoc durante la puesta en marcha del trámite censurado, conllevaría una
modificación del Acuerdo N°. 03 de 2014, contentivo del Estatuto General del TDEA,
al omitir la literalidad de sus preceptos, en total desmedro de las reglas normativas
que en dicho cuerpo expresan que las alteraciones que pueden ser aplicadas a
éste105 deben estar mediadas por los menos por 5 de los votos de los miembros
asistentes al Consejo Directivo106.
149. Bajo estas premisas, el cargo de apelación es desestimado.
2.3.2.1.5. La intervención del representante del sector productivo es validada a la
luz de la teoría del funcionario de hecho107
150. Como cuestionamiento subsidiario, los apelantes sostienen que, de aceptarse que
el periodo del representante del sector productivo había fenecido para el momento de la
reunión eleccionaria en la que fue escogido rector el señor Leonardo García Botero, las
actuaciones del señor Jorge Mario Uribe Vélez deben conservar su legalidad por tratarse
de un funcionario de hecho, cuya conducta siempre generó certidumbre en los
participantes de la contienda, originando en ellos expectativas protegibles.
151. De esta manera, manifiestan que su intervención debe ser tenida como legítima, a
pesar de que para el 12 de noviembre de 2020 no disponía ya del estatus de
representante del sector productivo, como consecuencia del vencimiento de su periodo,
a las voces del parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
152. Pues bien, bajo este contexto litigioso, esta Judicatura advierte que no asiste razón
a los recurrentes, al considerar que:
153. De manera pacífica y reiterada108, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
admitido la teoría del funcionario de hecho para dotar de validez las actuaciones
desplegadas por ciudadanos que sin títulos o títulos irregulares desempeñan funciones
públicas como si se tratase de verdaderos servidores, bajo el entendimiento de que en
estos asuntos prima la realidad sobre las formas.
105 El Estatuto General del TDEA.
106 Art. 14 del Estatuto General: “…Para la elección del rector y de las modificaciones al Estatuto General,
se requiere la aprobación con voto favorable de cinco (5) de los miembros asistentes al Consejo Directivo.”.
107 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
108 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Rad.
85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08). M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 9 de junio
de 2011.
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154. Esta creación doctrinal109 –empleada desde tiempo remotos por parte de los jueces
contencioso–administrativos110– ha sido aplicada, entre otros, para ofrecer apariencia de
legalidad a (i) la designación de funcionarios que no cumplen los requisitos para la puesta
en macha de las competencias asignadas al empleo, (ii) al nombramiento de aquellas
personas que experimentan circunstancias de inelegibilidad sobrevinientes, e incluso
para (iii) los servidores que siguen en el ejercicio de las labores estatales a pesar de que
sus periodos han expirado.
155. En ese sentido, la Sección Segunda111 de esta Corporación ha explicado:
“La anterior situación puede originarse, como en el presente asunto, cuando mediaba título
que la habilitara para el ejercicio de la función pública pero, por causas anteriores o
supervivientes resulta inválido o deja de surtir efectos; o puede ocurrir en hipótesis muy
variadas, designación de una persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por
lo cual más tarde es revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita
para el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece en
funciones luego de vencido el término de su mandato, entre otras.”
156. En cuanto a los requisitos para la operatividad de la teoría, el Consejo de Estado ha
determinado112 que se requieren 3 presupuestos, a saber:
a. El desempeño de las atribuciones competenciales de un cargo público
debidamente creado, pues el desarrollo de cualquier tipo de actividad por parte de un
particular no lo coloca en la supuesta situación legal y reglamentaria exigida para
ello113.
b. La ejecución de funciones públicas sin un título que lo habilite o el ejercicio de las
atribuciones con títulos irregulares.
c. El desempeño del cargo en plena verosimilitud, que se traduce en el hecho de que
la calidad de funcionario facultado para la puesta en marcha de las competencias
estatales no sea objetada razonablemente por parte de la opinión general.
157. En ese orden, la Sala laboral–administrativa de esta Corporación expuso en fallo de
26 de marzo de 2009:
109 SAYAGUES LASO. Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Montevideo
1974, páginas 300 a 302.
110 Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de Negocios Generales. M.P. Jorge de Velasco Álvarez.
Sentencia de 16 de agosto de 1963.
111 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Rad.
85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08). M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 9 de junio
de 2011.
112 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección "A". Rad.
25000-23-25-000-2004-03773-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de 26 de marzo de 2009.
113 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2000-00472-
01. M.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Sentencia de 18 de septiembre de 2001.
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“La doctrina, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, han definido a los
funcionarios de facto o de hecho, como aquellos que carecen de investidura o que la
tienen, pero de manera irregular, desempeñan funciones que corresponden
efectivamente a un empleo público debidamente creado y tienen los mismos
derechos salariales y prestacionales que el régimen jurídico vigente reconoce a los
funcionarios de iure. Los actos administrativos expedidos por ellos son válidos y están
amparados por la presunción de legalidad, porque se consideran como si hubieran sido
expedidos por funcionarios de derecho y porque ejercen sus funciones en condiciones
de plena verosimilitud, tal como lo hacen éstos, de modo que la opinión general cree
razonablemente que se trata de funcionarios investidos válidamente de función
pública.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
158. Se decanta de lo reproducido que, además de las exigencias objetivas –v.gr., el
ejercicio de labores propias de cargos creados–, la teoría del funcionario de hecho se
sujeta a la apariencia de encontrarse frente a un verdadero servidor del Estado, ungido
para el ejercicio de competencias públicas –lo que implica que su calidad no haya sido
cuestionada sobre la base de argumentos razonables–, denotando así la existencia de
un componente subjetivo.
159. Precisado ello, la Sala observa que en lo que corresponde a la situación del
representante del sector productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez, su investidura fue
reprochada a lo largo del procedimiento eleccionario del rector del TDEA con fundamento
en la expiración de su periodo, como se describe a continuación:
Queja de carácter disciplinario elevada ante la Procuraduría Regional de Antioquia
por el señor Germán Antía Montoya, en su condición de profesor titular del TDEA,
elevada el 27 de octubre de 2020, esto es, con algunos días de anticipación a la
reunión eleccionaria llevada a cabo el 12 de noviembre de esa misma anualidad.
En esta prueba documental, allegada con la demanda y obrante en el expediente
digital, puede leerse:
“4. No obstante, debe reiterarse lo establecido en el artículo 13, parágrafo primero que reza
que “Los representantes de los egresados, del sector productivo, y exrectores, igualmente
tendrán un periodo de dos (2) años, contados a partir de la elección o designación, según
sea el caso” (…) Así las cosas, teniendo en cuenta que el abogado Jorge Mario Uribe Vélez
fue elegido el 16 de octubre de 2018, su periodo finalizó el 16 de octubre de 2020, lo que
actualmente puede cambiar su situación jurídica ante una posible falta de competencia o
inhabilidad para fungir como representante del sector productivo…”.
Incertidumbres generadas para la delegada del gobernador de Antioquia, señora
Alexandra Peláez Botero, previo a la votación de 12 de noviembre de 2020, a la
manera como se vio en el acápite precedente, que incluso llevó a la radicación de
solicitudes para la aclaración de este aspecto, que fuera recurrente a lo largo del
procedimiento censurado.
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160. Y si bien la intervención del representante del sector productivo contó al final con el
apoyo de los conceptos dados por la secretaria general encargada del trámite de elección
del rector del TDEA, periodo 2020-2024, lo cierto es que las acotaciones dadas por esta
servidora no dotaron de verosimilitud las actuaciones desplegadas por el señor Jorge
Mario Uribe Vélez, tal y como lo demuestra el propio origen de este proceso judicial, en
el que se cuestionó igualmente su participación.
161. Es decir que, las dudas siempre recayeron en torno a las labores desempeñadas
por este representante, habida cuenta de la claridad del texto del parágrafo primero del
artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014, contentivo del Estatuto General de ese
establecimiento, que pregona –como se ha visto a lo largo de esta providencia– que el
extremo inicial para la contabilización del término de 2 años reconocido a este consejero
es la elección, y no su posesión, como indebidamente lo habían hecho las autoridades
universitarias.
162. Por lo anterior, la Sala descarta la aplicación de la teoría del funcionario de hecho
en el asunto del que conoce, al advertir que el ejercicio de las funciones públicas puestas
en marcha por el representante del sector productivo fueron tachadas de ilegales en el
marco del trámite estudiado con fundamento en cuerdas argumentales razonables, que
impiden sostener que su intervención fue percibida como adecuada desde un punto de
vista normativo, faltando así la verosimilitud que exige esta teoría para entrar en
operatividad.
163. En suma, la Sala deniega este cargo.
164. Finalmente, esta Judicatura resalta que, a pesar de las alegaciones judiciales que
sustentan las impugnaciones propuestas contra la sentencia de 14 de octubre de 2021
de acuerdo con las cuales el acto de posesión se presentaría como el extremo inicial para
la contabilización del periodo estatutario atribuido al representante del sector productivo,
el análisis de las pruebas documentales arrimadas al expediente permite entrever que en
la práctica las autoridades universitarias han comprendido que el artículo 13 del Acuerdo
N°. 03 de 2014 plasma como fecha única para el inicio de su cómputo el momento mismo
de la elección.
165. Para demostrar esta premisa, se destaca que, además del representante del sector
productivo, el referido artículo 13 del Acuerdo N°. 03 hace referencia al representante de
los egresados, como otro de los integrantes del Consejo Directivo sometido a los
mandatos temporales contenidos en esa norma114.
114 “Los representantes de los directivos académicos, de los docentes y de los estudiantes en el Consejo
Directivo, tendrán un periodo de dos (2) años contados a partir de su elección y queda supeditada a la
conservación de la calidad por la que fueron elegidos. Los representantes de los egresados, del sector
productivo y de los exrectores, igualmente tendrán un periodo de dos (2) años, contados a partir de la
elección o designación, según sea el caso.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
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166. Pues bien, partiendo de una homologación entre el régimen de periodos que
caracteriza los casos de los representantes del sector productivo y los egresados, la
Sección Quinta señala que dentro de los antecedentes administrativos aportados por el
TDEA reposa, como se ha dicho hasta ahora, el Acta N°. 06 de 16 de octubre de 2018,
en la que se da cuenta no solo de la elección, sino también de la posesión de los
representantes de los egresados para el periodo 2018-2020.
167. En su tenor literal, en el documento comentado puede leerse:
“2. Posesión de los Representantes de los egresados ante el Consejo Directivo del
Tecnológico de Antioquia –I.U.
Con base en los resultados del proceso de elección del representante de los egresados
ante el Consejo Directivo para el periodo 2018-2020, realizado el 27 de septiembre del
año en curso, el Secretario del Consejo Directivo informa que democráticamente fueron
electos, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez y Sara Isabel Mejía Jaramillo, en calidad de
principal y suplente, respectivamente. Seguidamente, la doctora María Victoria Mejía
Orozco, en calidad de presidente de la sesión del Consejo Directivo, les toma el juramento
a los nuevos representantes de los egresados, razón por la cual se integran en tal
calidad a la presente sesión.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
168. De la lectura detenida del aparte reproducido, se desprende, por un lado, que
elegidos el 27 septiembre de 2018, la posesión de los representantes del estamento de
los egresados ante el Consejo Directivo del TDEA tuvo lugar el 16 de octubre de esa
misma anualidad, día en el que se ejecutaron los actos materiales propios de ella.
169. Igualmente, se encuentra en el plenario, copia del Acta N°. 05 de 12 de agosto de
2020, en la que, entre otros aspectos, fueron analizados por el Consejo Directivo de esa
institución universitaria la cercanía de la finalización del periodo estatutario de los
representantes de los egresados para los años 2018-2020, que debía llevar por
consiguiente al lanzamiento de una nueva convocatoria. En ella se plasmó:
“Elección representante de los egresados ante el Consejo Directivo
El señor rector pone en conocimiento que el periodo del egresado vence finalizando el
mes de septiembre por lo que es necesario convocar a una nueva elección, por ser un
proceso dirigido a una población de aproximadamente 37.000 egresados…”. (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
170. Como se resalta, el rector del TDEA para el momento de esa actuación –señor
Lorenzo Portocarrero Sierra– reconoce que el plazo atribuido a los representantes de los
egresados fenece “…finalizando el mes de septiembre…”; dicho que examinado en
consonancia con la fecha de designación de los mencionados consejeros –27 de
septiembre de 2018–, lleva a concluir que la elección se muestra como el elemento
cardinal a partir del cual las autoridades universitarias comprendían que debía
contabilizarse el plazo de 2 años erigido en el artículo 13 del Acuerdo N°. 03 de 2014.
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171. Nótese que en la aseveración examinada no toma en cuenta el acto de posesión de
estos representantes –16 de octubre de 2018–, sino su escogencia democrática por parte
de la comunidad de egresados del TDEA, ocurrida –como se advierte del Acta N°. 06 de
2018– el 27 de septiembre de 2018.
172. Y aunque la Sala observa que en las documentales estudiadas no se menciona al
representante del sector productivo, la identidad entre la reglamentación que regula su
caso con aquél de los representantes del sector productivo conduce a establecer que en
el marco de la práctica administrativa vivida al interior de la institución universitaria, la
elección es el referente temporal desde el cual se contabiliza el periodo de estos
delegados ante el Consejo Directivo, muy a pesar de los alegatos que en esta instancia
defienden el demandado como el TDEA.
2.3.2.1.6. Conclusiones preliminares en punto de la intervención del representante
del sector productivo
173. Partiendo de la corrección de la interpretación dada por la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia al parágrafo primero del artículo 13 del Acuerdo
N°. 03 de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado afirma que el representante del
sector productivo que participó en la elección del señor Leonardo García Botero, como
rector del TDEA, no estaba habilitado para ello como consecuencia del vencimiento de
su periodo estatutario.
174. En efecto, como lo muestran los medios de convicción obrantes en el plenario, el
señor Jorge Mario Uribe Vélez fue elegido representante del sector productivo el 16 de
octubre de 2018, como consta en el Acta N°. 06 del Consejo Directivo del TDEA
desarrollado ese día:
“Por tanto el doctor Jorge Mario Uribe Vélez obtiene cinco (5) votos y el doctor Olver Gómez
Vargas dos (2) votos. Por lo que se declara electo al doctor Jorge Mario Uribe Vélez como
representante del sector productivo ante el Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia –
Institución Universitaria, para el periodo 2018-2020.”
175. Lo anterior significa que su periodo de 2 años estuvo vigente tan solo hasta el 16 de
octubre de 2020, lo que imposibilitaba su participación en la reunión eleccionaria de 12
de noviembre de 2020.
176. En consonancia, esta irregularidad lleva a excluir el voto de este consejero y su
incidencia será estudiada con posterioridad.
2.3.2.2. Sobre el presunto impedimento que recaía sobre el consejero designado
por el presidente de la República
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177. En su sentencia de primera instancia, el a quo estimó que, tal y como había sido
postulado por el demandante, el señor Luis Norberto Guerra Vélez, consejero designado
por el presidente de la República ante el Consejo Directivo del TDEA, estaba impedido
para intervenir en la reunión de 12 de noviembre de 2020, en la que este cuerpo colegiado
conformó la terna y eligió al rector de esa institución para el periodo estatutario 2020-
2024.
178. Ello, al considerar que sobre el representante del jefe de Estado recaía un conflicto
de intereses, pues dentro del procedimiento eleccionario acusado intervenía como
candidato el señor Lorenzo Portocarrero Sierra –rector saliente–, quien el 1° de febrero
de 2018 había nombrado al hermano de este funcionario –señor Ramiro de Jesús Guerra
Vélez–, como empleado de libre nombramiento y remoción del establecimiento educativo.
179. El Tribunal adujo que esta situación conllevó la transgresión del artículo 40 de la Ley
734 de 2002, relativo a la obligación de los servidores del Estado de declararse impedidos
cuando dentro de los trámites en los que participaban disponían de intereses particulares
y directos, o estos eran detentados por sus parientes hasta el 4° grado de
consanguinidad.
180. Para hacer frente a la cuerda argumentativa expuesta por el fallador de primera
instancia, los apelantes prohijaron en sus memoriales de apelación:
Que el régimen de impedimentos no puede llevar a la declaratoria de nulidad de la
elección del demandado, comoquiera que la no manifestación de estos tan solo
genera consecuencias disciplinarias para los funcionarios involucrados, pero nunca
la anulación de una designación;
Que el impedimento atribuido al señor Luis Norberto Guerra Vélez no le resulta
aplicable a él, al no contar con la calidad de empleado público, sino tan solo de
funcionario estatal;
Que, más allá de lo dicho, el interés aludido por el demandante –y asumido por el
Tribunal– no es actual, ni vigente –de cara a la prohibición del artículo 40 de la Ley
734 de 2002– toda vez que el nombramiento del hermano del delegado del presidente
de la República ocurrió con anterioridad a la fecha en la que el señor Luis Norberto
Guerra Vélez fue designado como integrante del Consejo Directivo del TDEA.
El impedimento traído a colación en el escrito introductorio no tiene incidencia para
el demandado, toda vez que no lo involucra, sino tan solo a uno de los ternados –
señor Lorenzo Portocarrero Vélez–.
181. Esbozado este panorama litigioso, la Sección Quinta del Consejo de Estado
emprende el estudio particular de cada uno de los reparos como sigue:
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2.3.2.2.1. El régimen de impedimentos y la nulidad electoral
182. Los impedimentos han sido definidos como mecanismos procesales que pretenden
corregir la puesta en marcha de las competencias que son asignadas a las autoridades
públicas, cuando los motivos que determinan su concretización se relacionan con
intereses privados que distorsionan la persecución del interés general, como fin último de
la actividad estatal115.
183. En ese sentido, el ordenamiento otorga al servidor público titular de la prerrogativa
la posibilidad de apartarse del asunto del que conoce con el propósito de que su
cristalización no pueda verse obstruida por causas ajenas a la satisfacción de las
necesidades de la comunidad116.
184. De esta manera, los impedimentos se presentan como herramientas que buscan
evitar la colusión de intereses en el desarrollo de las actividades estatales, dando
prevalencia al interés superior sobre el que se funda la propia existencia del Estado.
185. En palabras de la Sección Quinta:
“Los impedimentos y recusaciones son instituciones de naturaleza jurídica mixta en cuanto,
por una parte, se trata de mecanismos procesales que operan en todos los procedimientos
y jurisdicciones (aunque con diferentes alcances) a favor de las partes, terceros y el
Ministerio Público para garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades del
Estado y particulares que ejercen funciones públicas en la toma de las decisiones, dentro
del marco de sus respectivas competencias; mientras que, por la otra, configuran un
derecho subjetivo en cabeza de todos los ciudadanos, de velar por el recto, probo y
transparente ejercicio de la función pública (artículo 209 de la C.P.) y el cumplimiento
efectivo de los fines del Estado (artículo 2 de la C.P.) con estricto apego a la legalidad
(artículo 6 C.P.).”117
186. Se colige de ello que el régimen de impedimentos es institucionalizado en aras de
salvaguardar la probidad y la transparencia de la conducta pública en sus diferentes
esferas –administrativa, jurisdiccional etc.–, estableciendo en ese sentido una obligación
general para todos los funcionarios de descartar su participación en los asuntos en los
que encuentran conflictos118.
115 Artículo 2° de la Carta Política de 1991.
116 Andrés Fernando Ospina Garzón, en “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. Ed. Universidad Externado de Colombia. Varios autores. Segunda edición. Pp. 88 y ss.
117 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2020-00072-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 7 de diciembre de 2021.
118 Previo a la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario”, esta obligación se encontraba prescrita, entre otros, en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002
sobre conflicto de intereses. En la actualidad, esta carga puede verse establecida en el artículo 23 de la
referida Ley 1952 que en su literalidad reza: “Garantía de la función pública. Con el fin de salvaguardar la
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad,
celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de
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187. Ahora bien, y aunque los impedimentos –como se dijo– tienen operatividad en la
universalidad de actuaciones desplegadas por el Estado, la Sala solo se interesará en
esta providencia por las consecuencias de su desconocimiento en materia administrativa,
en donde su omisión puede llevar a sanciones disciplinaria a las voces del artículo 26 de
la Ley 1952 de 2019:
“La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la
imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las
conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en esta ley.”
188. Pero la violación de ese deber –el de declararse impedido cuando existen razones
suficientes para ello– no solo cuenta con implicaciones de ese tipo119, pues a la vez
dispone de consecuencias en el plano de lo contencioso–administrativo y, por
consiguiente, en su homólogo electoral.
189. Dicho en términos sencillos, la vulneración del régimen de impedimentos puede
llevar a la nulidad de los actos administrativos120 e igualmente a la anulación de los actos
electorales, cuando su desconocimiento se encuentre demostrado en los procesos
judiciales que adelanta esta Jurisdicción, siempre y cuando dichas irregularidades tengan
la capacidad de incidir directamente en la decisión definitiva, modificándola o alterándola,
o generando también la transgresión de derechos fundamentales121.
190. Para soportar esta premisa, la Sección Quinta del Consejo de Estado avanza los
siguientes razonamientos:
En primer lugar, teniendo en cuenta que los impedimentos son estructurados
sobre la base de protección del debido proceso, el examen judicial de las demandas
electorales fundadas en su no declaración por parte de las autoridades competentes
de la postulación y elección de servidores se muestra como una garantía de este
referente axiológico que irradia con igual fuerza los procedimientos eleccionarios.
su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes,
respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.”
(Negrilla fuera de texto)
119 Disciplinario.
120 Andrés Fernando Ospina Garzón, en “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. Ed. Universidad Externado de Colombia. Varios autores. Segunda edición. Pp. 88 y ss.
121 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-
2016-00219-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 23 de marzo de 2017.
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En segundo lugar, aceptar una visión contraria –como la que proponen en sus
recursos los apelantes–, implica reconocer la existencia de zonas de actividad
administrativa que no cuentan con control judicial, en total desmedro del principio de
legalidad que rige al Estado Social y Democrático de Derecho en Colombia 122 y que
impone la reducción paulatina de estos espacios de ausencia de fiscalización.
En tercer lugar, la figura hermana de los impedimentos, a saber, las recusaciones
–y por sobre todo su indebido tratamiento administrativo–, ha llevado a la anulación
de elecciones por parte de esta Sección123. En ese sentido, no se entendería el
porqué no resulta posible conceder una consecuencia contencioso–administrativa
similar al incumplimiento de esta obligación –declararse impedido– cuando su
existencia y valía jurídica no pende del trámite recusatorio. Considerar lo contrario –
esto es, suponer que siempre debe presentarse recusación contra el servidor público
como antesala para la alegación de impedimentos– implicaría crear un requisito de
procedibilidad para acceder a los jueces, circunstancia que cuenta con reserva de
ley124, y en los que las decisiones de la Judicatura no pueden inmiscuirse.
Finalmente, en reciente decisión de 7 de diciembre de 2021, la Sección accedió
a conocer de una demanda de nulidad electoral erigida sobre la base de la no
declaración de impedimentos por parte de los integrantes del Consejo Directivo de
CORPOAMAZONÍA en el contexto de la elección de su director general. En ese
orden, se advierte la existencia de un precedente en la materia 125.
191. Precisado lo anterior, la Sala descarta el primero de los argumentos propuestos por
los recurrentes, al advertir que la transgresión del régimen de impedimentos sí detenta
capacidad anulatoria respecto de los actos de elección.
192. Por otro lado, la Sección deniega igualmente valor a la consideración formulada por
los apelantes de acuerdo con la cual, el impedimento atribuido al señor Luis Norberto
Guerra Vélez con fundamento en el artículo 40 de la Ley 734 de 2020, hoy erigido en el
artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, no le resulta aplicable por no disponer la condición
de empleado público al interior del Consejo Directivo del TDEA.
193. En efecto, una lectura detenida del artículo 18 del Acuerdo N°. 03 de 2014 permite
arribar a una conclusión contraria, al preceptuar que:
“Art. 18. Impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los
miembros del Consejo Directivo. Sin perjuicio de los impedimentos, inhabilidades e
incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo contempladas en el presente
122 Artículo 6° de la Constitución Política de 1991.
123 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso . Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-00061-00
(Acum). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 17 de junio de 2021.
124 Corte Constitucional. Sentencia C-283 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
125 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2020-00072-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 7 de diciembre de 2021.
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Estatuto, los integrantes del Consejo Directivo estarán sujetos a las establecidas en la
Constitución Política, en la ley, en los decretos reglamentarios y en este Estatuto
General.”
194. En ese orden, la norma transcrita prescribe que en materia de impedimentos “los
integrantes del Consejo Directivo” se someterán, entre otros, a los erigidos en la
Constitución y la ley. Así las cosas, el precepto consagrado en el artículo 40 de la Ley
734 de 2002, retomado se itera por el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, puede, sin
duda, regentar la situación del delegado del Presidente de la República, a la manera
como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia, más allá de que tenga la
condición de empleado público o no al interior de ese cuerpo colegiado.
195. En ese orden, y excluyendo prosperidad a las censuras introductorias formuladas
por el demandado y el TDEA, esta Judicatura determinará la corrección de los demás
cargos propuestos por los apelantes, tal y como sigue:
2.3.2.2.2. El conflicto de intereses alegado por el demandante recae sobre una
persona distinta del elegido126
196. De acuerdo con la tesis de los recurrentes, el impedimento atribuido al señor Luis
Norberto Guerra Vélez, como Delegado del presidente de la República ante el Consejo
Directivo del TDEA, no dispone de la virtualidad de generar nulidad en la elección del
señor Leonardo García Botero, como rector de esa institución.
197. Ello, por cuanto la situación fáctica que sustenta el cargo no involucra al demandado,
sino a uno de los integrantes de la terna definitiva –señor Lorenzo Sierra Portocarrero–
en el desarrollo de la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020.
198. En este punto, la Sala destaca que en reciente providencia de 7 de diciembre de
2021127 conoció de la demanda de nulidad propuesta contra el acto declarativo de la
elección del director general de CORPOAMAZONÍA, fundada en la posible incursión de
impedimentos de ciertos de sus electores, como integrantes del Consejo Directivo de esa
corporación autónoma regional.
199. Dentro de los supuestos estudiados, esta Sala especializada analizó las
implicaciones que posiblemente involucraban a una de las integrantes de ese cuerpo
colegiado128 con una candidata no elegida al empleo de director general de
126 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
127 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2020-00072-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 7 de diciembre de 2021.
128 Se hace referencia al Consejo Directivo de la CAR.
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CORPOAMAZONÍA129, descartando la cristalización de los impedimentos enrostrados a
ésta.
200. Y aunque este fallo no da cuenta de las razones por las cuales se accedió al examen
comentado, la Sección estima que se trata de una medida que se aviene a la propia
naturaleza de los impedimentos, en los que puede comprometerse, además del aspirante
no escogido, la imparcialidad y probidad de quien tiene la obligación de elegir. En
términos llanos, sin importar que el motivo de impedimento se relacione o no con el
candidato elegido en el cargo que se pretende proveer, los argumentos que se esbozan
como base para su configuración, guardarán siempre identidad con la figura de la
autoridad competente para elegir.
201. Es decir que, contrario a lo que ocurre con las inhabilidades y/o falta de requisitos
constitucionales o legales –por ofrecer un ejemplo–, cuya configuración afecta tan solo a
la figura de los aspirantes al cargo, los impedimentos vinculan, más allá de éstos130, a los
propios electores, habida cuenta de la estructura relacional que los caracteriza.
202. De allí que pueda establecerse una diferenciación entre el tratamiento que se da a
las causales subjetivas de anulación erigidas en contra de ciudadanos distintos a los
escogidos o designados –que en principio no tienen vocación de generar nulidades sobre
los actos electorales131–, de las situaciones constitutivas de impedimento en las que la
irregularidad trasciende los contornos de los aspirantes sometidos a escrutinio para
recaer en la propia transparencia de los órganos nominadores, circunstancias en las
cuales la probidad del procedimiento se encuentra por regla general censurada.
203. En ese orden, la cuerda argumental de los impedimentos trasciende la persona del
no elegido, centrándose en las consecuencias que las circunstancias alegadas traen para
el elector, lo que conlleva al estudio de su conducta en el caso concreto.
204. En consonancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechaza la censura
concebida por los apelantes, al señalar que si bien el impedimento propuesto contra el
señor Luis Norberto Guerra Vélez lo relaciona con uno de los candidatos no elegidos en
la carrera por la rectoría del TDEA, esta situación traspasa ese vínculo para comprometer
su ubicación como miembro elector en el trámite, capaz de afectarlo en su totalidad.
129 La Sala determinó si las causales de impedimento de “litigio o controversia judicial o administrativa”,
“denuncia penal” y “enemistad grave” debían llevar al apartamiento de la gobernadora del Putumayo,
señora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez de cara a la candidata Johana Melissa Rodríguez Bermeo, que al
final no fue elegida directora de CORPOAMAZONÍA.
130 Se hace referencia a los candidatos.
131 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 13001-23-33-000-
2018-00801-03. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 15 de julio de 2021
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2.3.2.2.3. El interés aducido por el demandante no es actual, ni vigente y, por
consiguiente, no puede conllevar la cristalización del conflicto de intereses
contenido en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002132
205. Como se vio, el fallador de primera instancia afirmó que, a la manera como había
sido postulado por la parte actora, el señor Luis Norberto Guerra Vélez se encontraba
impedido para intervenir en la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, en la
que el demandado resultó electo como rector del TDEA.
206. Lo anterior, al advertir que sobre este consejero recaía un conflicto de intereses,
teniendo en cuenta que su hermano había sido nombrado por uno de los candidatos a
ese cargo como empleado público del TDEA, lo que presuntamente lo llevaba a favorecer
la aspiración del rector saliente, señor Lorenzo Portocarrero Sierra. En sentir del Tribunal,
tal situación desconocía los postulados del artículo 40 de la Ley 734 de 2002.
207. Para hacer frente a este razonamiento, el demandado y el establecimiento público
universitario manifestaron que no existía conflicto de intereses para el señor Guerra
Vélez, comoquiera que la designación de su hermano por parte de Portocarrero Sierra se
había producido mucho antes a que éste fuera designado delegado del presidente de la
República ante el Consejo Directivo, lo que excluía la actualidad y vigencia del interés
reprochado por el ordenamiento.
208. Respecto de esta objeción, en el plenario reposan las siguientes pruebas:
Prueba documental Lo que demuestra:
Por medio de la cual el rector del TDEA, señor
Lorenzo Portocarrero Sierra, nombra a Ramiro
Resolución N°. 47 de 1° de febrero de 2018 de Jesús Guerra Vélez en el cargo de
profesional universitario, código 219-03, de
libre nombramiento y remoción.
Manual específico de funciones del cargo de Que describe las labores asignadas a este
profesional universitario, código 219-03, de profesional universitario.
libre nombramiento y remoción.
Decreto N°. 1486 de 14 de agosto de 2019 A través del cual el presidente de la República
designa al señor Luis Norberto Guerra Vélez,
como su representante ante el Consejo
Directivo del TDEA.
Acta de posesión N°. de 28 de agosto de En la que se contiene el juramento mediante
2019 el cual el señor Luis Norberto Guerra Vélez
aceptar cumplir, de acuerdo con la
Constitución y la Ley, las funciones públicas
correspondiente a la de un Consejero del
TDEA.
132 El título resume la tesis concebida por los recurrentes en sus recursos.
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209. En punto de la Resolución N°. 47 de 1° de febrero de 2018, su parte resolutiva
contempla lo que se reproduce enseguida:
“ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar a partir de la comunicación del presente acto administrativo
al señor RAMIRO DE JESÚS GUERRA VÉLEZ (…) para desempeñar el cargo de
Profesional Universitario (Extensión), Código 2019-03, de libre nombramiento y remoción,
adscrito a la rectoría.
ARTÍCULO SEGUNDO. No obstante el nombramiento este podrá darse por terminado en
cualquier momento, en ejecución de la facultad discrecional que le confiere el decreto ley
2400 de 1968 por parte del representante legal del Tecnológico.
(…)
Dado en Medellín, 01 FEB DE 2018.
Notifíquese y cúmplase
LORENZO SIERRA PORTOCARRERO.” (Negrillas fuera de texto)
210. Bajo ese panorama probatorio, la absolución de las censuras presentadas por los
apelantes pasa por la precisión de los siguientes tópicos:
Parentesco de los hermanos Guerra Vélez: Se trata de un asunto que no ha
sido cuestionado por las partes de este proceso judicial a lo largo de su desarrollo.
En ese orden, se toma como un hecho admitido por los sujetos intervinientes, que da
por sentada la relación sanguínea ventilada por el demandante y que fuera aceptada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en su fallo de 14 de octubre de 2021.
Vigencia de la norma sobre la que se fundamenta el impedimento: Como
consecuencia de la postergación de la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019133, el
artículo 40 de la Ley 734 de 2002 es norma vigente en nuestros días, lo que permite
tenerlo como parámetro para efectuar el estudio de impedimento que surge a raíz de
los reproches plasmados en los recursos de apelación.
211. Dicho ello, la Sala se adentra en el fondo del cargo, así:
212. En su literalidad, el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 prevé:
“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga
interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su
133 La Ley 2094 de 2021 postergó por 9 meses más la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2021, aplazándola
hasta el 29 de marzo de 2022. En su literalidad el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 expresa: “Las
disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de
reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará
su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.”
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cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho
o de derecho.”
213. La lectura detenida del precepto permite identificar la existencia de una obligación
universal de acuerdo con la cual, los servidores del Estado deberán declararse impedidos
para actuar en los trámites en los que dispongan de un interés particular y directo, o
cuando dicho interés recaiga en sus parientes dentro del 4° grado de consanguinidad, 2°
de afinidad o 1° civil, o sobre “su socio o socios de hecho o de derecho”.
214. Así, la norma busca prevenir la colisión entre el interés general que caracteriza el
desarrollo de las funciones públicas con los intereses subjetivos que en ciertas ocasiones
pueden tener los servidores o sus allegados en el contexto de los procedimientos que
adelantan, como consecuencia de su investidura.
215. Pues bien, el interés directo y particular que censura esta prescripción normativa ha
sido entendido por el Consejo de Estado en los siguientes términos:
“El conflicto de intereses, ha insistido el Consejo de Estado, ocurre cuando el beneficio
obtenido por el congresista con la aprobación del proyecto de ley no pueda ser catalogado
como general, sino de carácter “particular, directo e inmediato”. El beneficio obtenido por el
congresista con el proyecto de ley es “particular” cuando la norma le atribuye un derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara a todos
los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de Derecho. El interés
es directo cuando la norma parece tener nombre propio y beneficia, de una manera singular
y excepcional, a un congresista o a unos congresistas determinados y no a otros
congresistas, ni a ninguna otra persona. El interés es inmediato cuando, sin necesidad de
regulaciones complementarias ni de procedimientos especiales, la futura aplicación de la
ley le reporta al congresista, automáticamente, beneficios o ventajas especiales.”134
216. Y aunque el concepto referido fue elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta Corporación en relación con el régimen de conflicto de intereses de los
congresistas, sus enseñanzas resultan aleccionadoras para comprender, a ciencia cierta,
el carácter particular y directo que exige en su descripción gramatical el artículo 40 de la
Ley 734 de 2002.
217. En efecto, la intervención debe reportar al servidor o a sus parientes un derecho
excepcional, que sobrepase el simple interés que la decisión a adoptar pueda generar en
cualquier ciudadano –para el caso, particular miembro de la estructura orgánica del
TDEA–, posiblemente llevándolo a una situación de ventaja respecto de quienes se
encuentran en circunstancias similares a las que éste puede experimentar.
218. Es decir que, habrá lugar a declararse impedido –de acuerdo con los mandatos del
artículo 40 de la Ley 734 de 2002–, cuando las determinaciones que se tomen en un
134 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Rad. 11001-03-06-000-2010-00112-00(2042).
C.P. Augusto Hernández Becerra. Concepto de 21 de octubre de 2010.
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trámite público puedan generar provechos que trasciendan el plano de igualdad en el que
puedan ubicarse los destinatarios de la medida.
219. A la luz de estas indicaciones, y tal y como lo consideró la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, esta Sección estima que el señor Luis Norberto
Guerra Vélez, delegado del presidente de la República ante el Consejo Directivo del
TDEA, debió declararse impedido para participar en la reunión eleccionaria de 12 de
noviembre de 2020, en la que se escogió al rector del establecimiento, por cuanto, en la
decisión a adoptar, su hermano Ramiro de Jesús Guerra Vélez, disponía de un interés
particular y directo, como consecuencia de su posición laboral al interior del instituto de
educación tecnológica de Antioquia.
220. En ese orden, las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta que el empleo
desempeñado por el pariente del consejero acusado ostenta el cargo de profesional
universitario, código 2019-03, que si bien desarrolla sus funciones en el Departamento
de Extensión de la Institución, pende directamente de la rectoría del TDEA, siendo
considerado un cargo de libre nombramiento y remoción, sujeto a la facultad discrecional
erigida en el Decreto N°. 2400 de 1968 por parte del representante legal de la Institución,
a saber, del rector.
221. Lo anterior significa que para el hermano del señor Guerra Vélez la decisión que se
adoptaría en el marco de la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, suponía
un interés particular del cual podía decantar provechos particulares, habida cuenta de la
adscripción de su empleo al despacho del rector del TDEA, como su jefe máximo y
autoridad nominadora.
222. En este punto, la Sala destaca que aunque el nombramiento del señor Ramiro de
Jesús Guerra Vélez se produjo con anterioridad a la designación del señor Luis Norberto
como delegado del presidente de la República, el interés con el que éste contaba –
partiendo de su ubicación orgánica en la estructura administrativa del establecimiento–
seguía siendo vigente y actual para el 12 de noviembre de 2020, de cara a su vinculación
al servicio, que creaba una situación en la que, sin duda, disponía de una predilección
especial, que debía ser puesta en conocimiento por parte de su hermano delegado.
223. A ello, se aúna el hecho de que en el propio trámite eleccionario intervenía el
nominador de Ramiro de Jesús Guerra Vélez –señor Lorenzo Portocarrero Sierra–, que
acrecentaba las tendencias directas que el pariente del consejero designado por el
presidente de la República tenía en el desarrollo del procedimiento y, por consiguiente,
en la eleccion final del rector de la Institución.
224. Así las cosas, esta Sección concluye que, a la manera como lo expuso en su
demanda el señor Jhon Mario Muñoz Arenas, Luis Norberto Guerra Vélez debió
declararse impedido para participar en el trámite, de cara a los intereses particulares y
directos que la decisión reportaba a su hermano, nominado en un cargo dependiente de
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la rectoría del TDEA, obligación cuyo incumplimiento provocó la transgresión del artículo
40 de la Ley 734 de 2002.
225. Por último, la Sala resalta que las consideraciones planteadas en este acápite del
fallo no se gobiernan por los mandatos establecidos en el inciso 2° del artículo 126 de la
Carta Política de 1991, en el que se recrea la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, como
impeditiva de conductas como el “pago de favores” en el orden interno.
226. ¡No! Las elucubraciones que aquí se plasman tienen como sustento el
desconocimiento del deber legal que obliga a los servidores del Estado y a todos aquellos
ciudadanos que ejercen funciones públicas –cuando así lo disponen normas especiales
que hacen extensible este régimen a estos, como es el caso de los integrantes del
Consejo Directivo del TDEA por mandato del artículo 18135 del Acuerdo N°. 03 de 2014–
a declararse impedidos, cuando sus intereses particulares pueden confrontarse con el
interés general que guía las labores relativas al Estado.
227. Por lo anterior, y al no tratarse de una elección en que la se acuse al señor Luis
Norberto Guerra Vélez de haber pagado favores a través de la elección del demandado,
sino tan solo de no haberse declarado impedido habida cuenta de las repercusiones que
dicha designación podrían traer para su hermano, esta Judicatura descarta la aplicación
de la sentencia SU-261 de 2021, con la que la Corte Constitucional ordenó a esta
Judicatura a emitir providencia de reemplazo en el proceso de nulidad electoral seguido
contra la señora Nidia Guzmán Durán, como rectora de la Universidad Surcolombiana de
Neiva.
2.3.2.3. Incidencia de las irregularidades identificadas en la elección demandada
228. Finalmente, los recurrentes defienden que el estudio de incidencia efectuado por el
fallador de primera instancia fue equívoco, pues para determinar el peso de las
irregularidades detectadas en el trámite cuestionado, partió de simples suposiciones, sin
conocer a ciencia cierta cuál era el sentido de los votos dados por cada uno de los
consejeros electores en la reunión de 12 de noviembre de 2020, en la que se escogió al
demandado como rector del TDEA.
229. Los apelantes aducen que los razonamientos del Tribunal se enfocaron en conocer
el sentido del sufragio de los delegados de la gobernación de Antioquia, del Ministerio de
Educación Nacional y del representante de los estudiantes en la conformación de la terna
definitiva, para concluir que como éstos no habían incluido al accionado en las ternas
135 “Impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros del Consejo
Directivo. Sin perjuicio de los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del
Consejo Directivo contempladas en el presente Estatuto, los integrantes del Consejo Directivo estarán
sujetos a las establecidas en la Constitución Política, en la ley, en los decretos reglamentarios y en este
Estatuto General.”
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presentadas, ello suponía que tampoco habían votado por él a la hora de designar al
rector.
230. De esta manera, el a quo consideró que, teniendo clara esa circunstancia, la
conformación de la terna y la votación obtenida por el señor Leonardo García Botero se
veía afectada por la exclusión de los sufragios del delegado del presidente de la
República y del representante del sector productivo, así:
“Obsérvese que la participación de los miembros inhabilitados fue decisiva en la
conformación de la terna para la elección del rector, pues de los testimonios se infiere que
los votos dados por ellos fueron para los candidatos que finalmente la integraron;
irregularidad ésta que tiene incidencia real, cierta y efectiva en la legalidad de la elección,
especialmente en el resultado.”
231. Bajo este panorama, la Sala destaca que no asiste razón al accionado y a la
institución universitaria de acuerdo con el siguiente derrotero argumentativo:
232. En primer lugar, la Sección Quinta del Consejo de Estado resalta que el
apartamiento del delegado del presidente de la República y el representante del sector
productivo de la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en apartes previos, no perjudica el quorum deliberatorio y
decisorio necesario para elegir al rector del TDEA
233. En ese sentido, como se vio a la hora de abordar las generalidades estatutarias de
este procedimiento, el artículo 14 del Acuerdo N°. 03 de 2014 establece que la
deliberación al interior del Consejo Directivo del TDEA requiere de la presencia de la
“mitad más uno de [sus] integrantes”; por su parte, prescribe que el quorum decisorio para
la elección del rector es de por lo menos 5 votos a favor del elegido136.
234. Las pruebas137 obrantes en el plenario acreditan que en el desarrollo de la reunión
eleccionaria de 12 de noviembre de 2020 participaron 8 de los 9 consejeros que
conforman el Consejo Directivo del TDEA138, así:
Nombre Representación
Alexandra Peláez Botero Delegada del gobernador de Antioquia
Luis Norberto Guerra Vélez Delegado del presidente de la República
Andrea Catalina Figueroa Delegada del Ministerio de Educación
136 “El Consejo Directivo sesionará ordinariamente bimensual, y será convocado por el Presidente de la
Corporación, por el Rector, o extraordinariamente cuando sea requerido por el Presidente directamente o
a solicitud del Rector. Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de los miembros del Consejo
Directivo. Constituye quórum para decidir, la mitad más uno de los miembros asistentes. Para la elección
del Rector y de las modificaciones al Estatuto General, se requiere la aprobación con voto favorable de por
lo menos cinco (5) de los miembros asistentes del Consejo Directivo.”
137 Certificación allegada por el TDEA en la que da cuenta de los integrantes del Consejo Directivo que
asistieron a la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020.
138 El consejero faltante fue el representante de los egresados por vencimiento del periodo.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
Libardo Álvarez Lopera Representante de los exrectores
Jorge Mario Uribe Vélez Representante del sector productivo
Luz Elena Mira Olano Representante de las directivas académicas
María Victoria Parra Marín Representante de los profesores
Numar Arbey Lopera Rivera Representante de los estudiantes
235. De allí que, al excluir la participación del delegado del presidente de la República y
del representante del sector productivo, el quorum deliberatorio y decisorio se ubique en
6, lo que se aviene al precepto estatutario referido, cumpliéndose entonces con sus
exigencias.
236. En segundo lugar, la Sala advierte que de los 8 consejeros presentes en la sesión
eleccionaria de 12 de noviembre de 2020, solo 5 de ellos rindieron testimonios en este
proceso judicial, a saber: (i) Alexandra Peláez Botero, delegada del gobernador de
Antioquia; (ii) Andrea Catalina Figueroa, delegada del Ministerio de Educación; (iii)
Numar Arbey Lopera Rivera, representante de los estudiantes; (iv) María Victoria Parra
Marín, representante de los docentes; y (v) Luz Elena Mira Olano, representante de las
directivas académicas139.
237. Respecto a las circunstancias que rodearon la elección de 12 de noviembre de 2020,
la representante de los docentes de la Institución declaró en la audiencia de pruebas
adelantada el 12 de mayo de 2021:
“PREGUNTADO: ¿Qué recuerda del proceso de elección del rector? CONTESTADO: (…)
ese proceso se realizó en la Gobernación de Antioquia y asistimos, pues los 8 miembros
que estábamos (…) de manera presencial y uno, el doctor Norberto, lo hizo de manera
virtual (…) Escuchamos la presentación de los candidatos (…) Una vez finalizada la
presentación de la propuesta, pues la secretaria general nos entregó unos tarjetones para
que seleccionamos la terna, nos explicó que era un proceso de votación, que era secreto,
(…) la sala prácticamente era para nosotros, (…) entonces cada uno de los miembros una
vez terminó la exposición recibimos el tarjetón, anotamos, seleccionamos la terna que cada
miembro del Consejo Directivo, pues consideraba que era la mejor opción, fue depositarlo
en una urna sellada. La secretaria general, pues cada uno nos paramos tuvimos;
depositamos el voto. Una vez todos habíamos depositado el voto, ella la abrió en presencia
de todos, contabilizan los votos de los que estamos presentes. el Dr. Norberto pues lo hizo
a través del correo electrónico (...) Una vez pues contó los votos, ella ya procede a dar
resultado de quiénes serán los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación en la terna
…y con esos 3 candidatos nos entregó nuevamente una hoja con los nombres en una
papeleta, y de ahí seleccionamos el candidato que cada uno de los miembros que
consideraba pues que era la mejor opción, la doblamos y nuevamente nos paramos y lo
dejamos en la urna, ella luego entonces la abrió y ya procedió a hacer el conteo de los
votos…”.
238. De lo anterior se desprende que:
139 Los testimonios de los demás consejeros fueron objeto de desistimiento por parte del apoderado de las
partes que los habían solicitado.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
La elección del rector del TDEA fue llevada a cabo en las instalaciones de la
Gobernación de Antioquia el 12 de noviembre de 2020.
7 de los integrantes del Consejo Directivo asistieron presencialmente a la reunión
y solo 1 uno de ellos –el designado del presidente de la República, señor Luis
Norberto Guerra Vélez– lo hizo a través de medios virtuales.
En la primera fase del procedimiento, los consejeros escucharon las propuestas
de cada uno de los candidatos a la rectoría del TDEA para el periodo estatutario
2020-2024.
Tras la presentación de las propuestas, la secretaria general encargada del
procedimiento, señora Jael Johanna Gaviria Gallego, pasó un tarjetón para que cada
uno de los integrantes del Consejo Directivo conformará primeramente la terna
definitiva, de donde resultaría electo el rector.
La integración de la terna se desarrolló a través del voto secreto de los
consejeros.
Constituida la terna definitiva, los miembros del Consejo Directivo procedieron a
votar secretamente por uno de los 3 aspirantes que obtuvieron el mayor número de
postulaciones para hacer parte de la terna.
239. En relación con el carácter secreto de la votación depositada por los integrantes del
Consejo Directivo del TDEA, el fallo de 14 de octubre de 2021 del Tribunal Administrativo
Antioquia explicó:
“Sin embargo, de los testimonios hay que resaltar lo siguiente:
(…)
El voto fue secreto, y aunque en audiencia se advirtió esta situación, de conformidad con
el art. 258 de la Constitución, tres (3) miembros del Consejo Directivo, voluntariamente
informaron el sentido de su voto para conformar la terna, mas no los escrutinios finales,
así:”. (Negrilla y subrayas fuera de texto)
240. Es decir que, en sus declaraciones, 3 de los 5 miembros del Consejo Directivo que
participaron en la escogencia del demandado como rector del TDEA dieron a conocer
sus votos para la integración de la terna, pero no su voto definitivo para la elección del
representante legal de ese establecimiento público universitario.
241. Los consejeros que informaron del sentido de su sufragio para la integración de la
terna en el procedimiento de designación del rector del TDEA fueron:
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
–Alexandra Peláez Botero, delegada del gobernador de Antioquia;
–Andrea Catalina Figueroa, delegada del Ministerio de Educación;
–Numar Arbey Lopera Rivera, representante de los estudiantes;
242. Por su parte, las representantes de las directivas académicas, señora Luz Elena
Mira Olano, y de los docentes, María Victoria Parra Marín, guardaron silencio al respecto,
pues preguntadas sobre ello éstas respondieron:
“PREGUNTADO: Usted quiere voluntariamente decir por quien voto. luego de que el
despacho le advirtiera que el voto es secreto y es de su discrecionalidad informarlo
CONTESTADO: me reservo el derecho a decir por quién voté.”140
“PREGUNTADO: Voluntariamente, ¿usted por quién votó? el Despacho advirtió que el voto
es secreto y que era de su liberalidad anunciarlo…CONTESTADO: yo me acojo al art. 258
de la Constitución Política…”141.
243. En contraposición a ello, se itera, las delegadas del gobernador de Antioquia, del
Ministerio Educación Nacional y el representante de los estudiantes indicaron en sus
testimonios:
–Representante de los estudiantes:
“PREGUNTADO: ¿la votación fue secreta o fue pública? CONTESTADO: la votación en el
espacio, se hizo de manera secreta, en el espacio de la elección. PREGUNTADO: usted
quiere contar el sentido de voto? CONTESTADO: si señora Juez (…) la terna fue
ELIMELETH ASPRILLA, LUIS OCIEL, y no recuerdo el otro nombre… los estudiantes tenía
en ese entonces un descontento con el rector de ese entonces, que era Lorenzo Portocarrero
Sierra, puesto que era una persona que llevaba muchos años en el cargo (…) hicimos un
acuerdo colectivo y es que no podíamos votar ni por Lorenzo Portocarrero Sierra (…) ni por
nadie que lo fuera en la línea de Lorenzo Portocarrero Sierra.” (Subrayas fuera de texto)
–Delegada del Gobernador de Antioquia:
“PREGUNTADO: si en esa primera parte que usted plantea luego de escuchar a los
candidatos y se presentó alguna votación CONTESTADO: no hubo ninguna socialización el
voto fue secreto (…) mi voto fue por el señor Sergio Roldán, quien en ese momento era el
director de Deportes, mi segundo voto fue por el Dr. Hernando Muñoz y el tercer voto fue por
Elimeleth García…”.
–Delegada del Ministerio de Educación:
“PREGUNTADO: dígale al despacho voluntariamente si usted quiere decirlo en esa primera
parte del proceso de elección del rector hacer una aclaración que si desea hacerlo libre y
voluntariamente puede CONTESTADO: … voté por DARYENY GARCÍA… SERGIO
ROLDAN y ELIMELETH GARCIA…”.
140 Representante de los docentes.
141 Representante de las directivas académicas.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
244. En ese sentido, el primer interrogante que surge, a la manera como lo consideró el
Tribunal, es el de determinar las implicaciones de este suceso probatorio en punto de la
conformación de la terna definitiva que precedió a la eleccion del rector acusado.
245. Se recuerda que, por disposición del Estatuto General del TDEA 142, cada uno de los
miembros participantes del procedimiento eleccionario cuestionado disponían de la
posibilidad de formular ternas independientes. La terna de candidatos definitiva resultaría
de la inclusión de los nombres mayormente postulados por los consejeros:
“Artículo 22. Procedimiento para la elección de rector.
(…)
Parágrafo quinto. Para conformar la terna de candidatos, cada miembro del Consejo
Directivo tendrá en cuenta los méritos académicos, la trayectoria administrativa, profesional,
investigativa, de dirección y la viabilidad, coherencia y pertinencia de la propuesta de
gestión. En dicha sesión, cada uno de los miembros del Consejo Directivo presentará hasta
tres (3) candidatos y la terna definitiva estará integrada por aquellos que obtengan las
mayores frecuencias.” (Negrilla fuera de texto)
246. En esta primera etapa de la reunión eleccionaria –concepción de la terna–, los
resultados obtenidos por los diferentes aspirantes fueron:
Candidato Resultado
Daryeny Parada Giraldo 6 votos
Lorenzo Portocarrero Sierra 5 votos
Leonardo García Botero 5 votos
Elimeleth Asprilla Mosquera 3 votos
Sergio Roldán Gutiérrez 3 votos
Luis Ociel Castaño Zuluaga 1 voto
Hernando Sánchez Muñoz 1 voto143
247. En ese sentido, los aspirantes que conformaron la terna final fueron: Daryeny Parada
Giraldo, Lorenzo Portocarrero Sierra y Leonardo García Botero, demandado.
248. En este punto, la Sección Quinta evoca que como cargos de la demanda aceptados
por el Tribunal en su fallo de instancia se encuentra el de la indebida conformación de la
terna, por la inclusión del señor Lorenzo Portocarrero Sierra, apoyado por ciudadanos no
habilitados para ello.
249. Ahora bien, la Sala destaca que la absolución de este cuestionamiento pasa por
recordar que aunque el secreto del voto es una de las prerrogativas que salvaguarda el
142 Artículo 22 del Acuerdo N°. 03 de 2014, Estatuto General.
143 El resto de los aspirantes obtuvieron 0 votos.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
régimen electoral colombiano –artículo 258144 de la Carta Política de 1991–, nada obsta
para que su alcance pueda ser morigerado por cada uno de los electores, cuando deciden
libremente dar a conocer el sentido de los sufragios depositados por ellos.
250. Al respecto, esta Judicatura resaltó en fallo del 12 de julio de 2018145:
“Ahora bien, de tenerse como cierto el hecho que éste hubiera exhibido el voto a los
senadores Besaile y Vidal, tal circunstancia no se enmarca como una irregularidad que vicie
de nulidad el acto electoral, dado que de conformidad con el planteamiento efectuado en
un acápite anterior, se tiene que el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al
secreto del voto, tal derecho no excluye que, los parlamentarios decidan
autónomamente dar a conocer el sentido del mismo.” (Negrilla y subrayas fuera de
texto)
251. De conformidad con lo reproducido, puede sostenerse que el descubrimiento
voluntario de las preferencias democráticas de los sufragantes resulta ser un acto legal y
constitucional que, por contera, no dispone de la virtualidad de invalidar las actuaciones
eleccionarias de quienes cuentan con la potestad nominadora en los respectivos
certámenes que se adelantan en el país.
252. Dicho ello, y confrontados los resultados obtenidos para la conformación de la terna
definitiva con los testimonios del representante de los estudiantes y las delegadas del
Ministerio de Educación Nacional y la gobernación de Antioquia, se tiene que ninguno de
ellos votó por el señor Lorenzo Sierra Portocarrero, pues así lo manifestaron en sus
declaraciones; significando que los apoyos recibidos por éste estuvieron sustentados en
los respaldos del representante del sector productivo, señor Jorge Mario Uribe Vélez, y
del delegado del presidente de la República, señor Luis Norberto Guerra Vélez, quienes
no podían participar en esa elección por las razones dadas en acápites previos de esta
providencia.
253. De esta manera, lejos de haber obtenido 5 votos válidos, los votos legales
efectivamente alcanzados por el señor Lorenzo Portocarrero Sierra se elevaban a 3 en
el marco de la conformación de la terna, descontando aquellos depositados por los
integrantes que intervinieron en ese Consejo, y que no podían hacerlo.
254. En consonancia, la candidatura del señor Portocarrero Sierra se encontraba en un
empate técnico con aquellas de los aspirantes Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio
144 “El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de
coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de
votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos.” Ofreciendo otros ejemplos, el artículo
1° del actual Código Electoral colombiano –Decreto N°. 2241 de 1986 establece: “El voto es un derecho y
un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por
los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de
medios electrónicos o informáticos.”.
145 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2017-00024-00 (Acum.). M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 12 de julio de 2018.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00104-01
Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
Roldán Gutiérrez, quienes igualmente habían obtenido 3 votos, llevando a buscar un
desempate en este punto.
255. En otros términos, y como lo sostiene la demanda146, las irregularidades presentadas
en el proceso de elección del demandado conllevaron la conformación de una terna
indebida, como lo estimó el fallador de primera instancia, comoquiera que no estuvo
totalmente conformada por los aspirantes que hubieren obtenido la mayor cantidad de
postulaciones, pues uno de ellos, Lorenzo Portocarrero Sierra, presentaba un empate
con otras candidaturas que no fue resuelto.
256. En ese orden, esta Judicatura resalta que, más allá de las implicaciones de
naturaleza cuantitativa que se comentan referidas específicamente a la integración de
la terna definitiva constituida en el marco del proceso eleccionario demandado, importa
también destacar las consecuencias cualitativas de este yerro, relacionadas con el
quebrantamiento de caros derechos democráticos, v. gr., el de ser elegido y acceder a
cargos públicos en igualdad de oportunidades, salvaguardados no solo por el
ordenamiento nacional147, sino a la vez por el internacional de los derechos humanos148.
257. En efecto, el estudio pormenorizado de la falencia detectada por este juez electoral
da cuenta que con la conformación de la terna definitiva en el proceso eleccionario del
rector del TDEA para el periodo estatutario 2020-2024 fue desconocido el derecho al
sufragio pasivo de los aspirantes, mediante la intervención de electores no habilitados,
pero por sobre todo por la inexistencia de mecanismos de desempate efectivos que
permitieran integrar una terna con los candidatos que hubieren alcanzado una mayoría
absoluta de votos, a la manera como lo prescribe la normativa interna de la universidad.
258. En otros términos, la indebida configuración de la terna llevó a transgredir la igualdad
de condiciones que debía imperar entre los postulantes al cargo de rector del TDEA,
quienes partían de la idea de que solo los 3 que obtuvieran la mayor cantidad de
sufragios, serían los designados para hacer parte de la elección final desarrollada por los
integrantes del Consejo Directivo del referido establecimiento universitario.
259. No solo se trató entonces de un simple empate numérico que no contó en el proceso
demandado con una solución adecuada, sino a la vez la vulneración de los parámetros
axiológicos de este trámite que mandaban, a través de la institucionalización de una regla
146 El cargo se soportó en la ilegalidad de la terna.
147 Artículo 40 de la Constitución Política de 1991.
148 Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La norma en comento establece
que dentro de las manifestaciones de los derechos políticos reconocidos a los ciudadanos de los Estados
parte del Sistema Interamericano se encuentra el de “…c) de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.”. En la sentencia de 6 de agosto de 2008, en la que la Corte
Interamericana resolvió el caso Castañeada Gutman Vs. México, el Tribunal internacional sostuvo:
“Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad
protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas
estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están
referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.”
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de mayoría, que los ternados al empleo de rector fueran aquellos ciudadanos apoyados
por una cantidad amplia de sufragios, como manifestación fidedigna de la voluntad de los
integrantes que hacían parte del órgano elector.
260. Y es que si se analiza el sub judice las anomalías comentadas supusieron para los
estamentos presentes en la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020 –delegados
de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio de Educación Nacional, estudiantado,
docentes, directivas académicas y representante de los exrectores– la expresión de sus
sufragios sobre una terna que no cumplía con los requisitos indispensables para ello, ya
que, a pesar de existir un triple empate –Lorenzo Portocarrero Sierra, Elimeleth Asprilla
Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez–, la solución adoptada consistió en escoger a uno
de éstos, sin buscar procedimientos efectivos que permitieran observar en debida forma
las reglas de juego que gobernaban el procedimiento.
261. De allí que sin importar que en el expediente se hubiere demostrado la votación final
depositada por cada uno de los integrantes del Consejo Directivo del TDEA, la
providencia de 14 de octubre de 2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia deba ser
confirmada al presentarse irregularidades decisivas en la conformación de la terna final,
que impactan el resultado final, al no saber si, correctamente concebida, una terna
diferente hubiere conservado el resultado de la elección censurada, constituyéndose
como una anomalía insalvable que afecta de manera directa la elección definitiva.
262. Finalmente, la Sala resalta que dentro de las pretensiones elevadas por el
demandante, este deprecó la realización de un nuevo proceso eleccionario para la
escogencia del rector del TDEA149. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de esta Sección150, los fallos anulatorios pueden ser modulados
por este juez de lo electoral cuando no existe una norma que refiere el camino a seguir151,
se ordenará que, a la luz de las irregularidades comprobadas en este expediente, el
trámite eleccionario sea retomado desde el momento mismo de la postulación de la terna
definitiva, conservando lo anterior su validez.
263. En términos llanos, lejos de ordenarse la realización de una nueva elección, el
Consejo Directivo del TDEA retomará el proceso desde la etapa de conformación de la
terna definitiva, garantizando que en su composición se incluyan los 3 candidatos
mayormente votados por los estamentos participantes, a la manera como lo indica el
Estatuto General de la institución universitaria.
149 “Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene nuevamente la realización del proceso de elección
del rector para la vigencia años 2020 a 2024.”
150 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2015-00029-00. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016.
151 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2019-00059-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de noviembre de 2021.
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Demandante: Jhon Mario Muñoz Arenas
264. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia con fundamento en las
consideraciones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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