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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2022-00393-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2022-00393-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia apelada del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión. SEGUNDA: En firme esta providencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2022-00393-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

7 de diciembre de 2022

Demandante: John Jairo Muñoz Arenas
Demandado: Leonardo García Botero
Rad: 05-001-23-33-000-00393-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05-001-23-33-000-2022-00393-01
Demandante: JOHN JAIRO MUÑOZ ARENAS
Demandado: LEONARDO GARCÍA BOTERO – RECTOR INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

Temas: Etapa de conformación de terna para elección de rector

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor John Jairo Muñoz
Arenas, en calidad de demandante, en contra de la sentencia proferida el 20 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra de la
elección del señor Leonardo García Botero, como rector de la Institución
Universitaria Tecnológico de Antioquia (TDEA), periodo 2022-2026, contenida en
el Acuerdo 002 del 31 de enero de 2022.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

El señor John Jairo Muñoz Arenas, actuando a través de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones:

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: John Jairo Muñoz Arenas
Demandado: Leonardo García Botero
Rad: 05-001-23-33-000-00393-01

“1. Que se declare y decrete la nulidad de los actos de la elección de rector
del Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria - El Acuerdo Nro. 002
del 31 de enero de 2022 “Por medio del cual se elige y declara rector del
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria Periodo 2022 – 2026,
firmada por la señora Alexandra Peláez Botero en calidad de presidente y la
Secretaria Jael Johanna Gaviria Gallego; que conllevaron a la declaratoria
de elección del señor Leonardo García Botero, identificado con la cédula de
ciudadanía 9.731.891, en el cargo de Rector del Tecnológico de Antioquia-
institución Universitaria, Código 048-04, por un periodo de cuatro (4) años,
contados a partir de los efectos de la posesión, cuya copia se adjunta.

2. Como consecuencia de la anterior, declare y decrete la consecuente
nulidad de la posesión como rector del Tecnológico de Antioquia - Institución
Universitaria, del señor LEONARDO GARCIA BOTERO”.

Se debe señalar que, mediante auto del 17 de marzo de 2022, se inadmitió la
demanda con el propósito de que se precisara el medio de control ejercido, toda
vez que, conforme con las pretensiones, se advirtió la simultaneidad de la
interposición de una demanda de nulidad electoral con la orden de cumplimiento
de la sentencia del 20 de enero de 2022, dictada en el proceso de nulidad
electoral con radicación 05001-23-33-000-2021-00104-00.

Por lo anterior, a través de escrito allegado en forma oportuna, se precisó que el
medio de control impetrado es el de nulidad electoral y se dirige contra el Acuerdo
002 del 31 de enero de 2022, “por el cual se elige y declara rector del Tecnológico
de Antioquia – Institución Universitaria, periodo 2022-2026”.

1.2. Hechos

Como fundamentos fácticos de las pretensiones el actor narró, en síntesis, los
siguientes:

Sostuvo que el 31 de enero de 2022, se llevó a cabo la elección de Leonardo
García Botero, en el cargo de rector, por parte del Consejo Directivo del TDEA,
para el periodo 2022-2026, la cual quedó consignada en el Acuerdo 002 de 2022.

Indicó que anterior a esa elección, el 12 de noviembre de 2020, el señor Leonardo
García Botero fue elegido como rector, acto que fue objeto de demanda ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del medio de control de nulidad
electoral, el cual se identificó con la radicación 05001-23-33-000-2021-00104-00,

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por las irregularidades “sistemáticas” cometidas para favorecer al hoy
demandado.

Manifestó que, mediante sentencia del 14 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección de Leonardo García
Botero, como rector del TDEA, por indebida conformación de la terna, decisión
que fue confirmada por el Consejo de Estado en fallo del 20 de enero de 2022,
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

Resaltó que la declaratoria de nulidad de la elección obedeció a que la terna no
estuvo debidamente conformada por los aspirantes que hubieren obtenido la
mayor cantidad de postulaciones, pues uno de ellos, Lorenzo Portocarrero Sierra,
presentaba un empate con otras candidaturas, aspecto que no fue resuelto.

Precisó que en la sentencia de segunda instancia se dispuso que el trámite
eleccionario “sea retomado desde el momento mismo de la postulación de la
terna definitiva, conservando lo anterior su validez. El Consejo Directivo del TDEA
retomará el proceso desde la etapa de conformación de la terna definitiva,
garantizando que en su composición se incluyan los tres candidatos mayormente
votados por los estamentos participantes, a la manera como lo indica el Estatuto
General de la institución universitaria”.

Advirtió que el Consejo Directivo del TDEA no acató el fallo, en la medida en que
no incluyó a los tres candidatos mayormente votados por los estamentos
participantes; por el contrario, hubo reincidencia en la irregularidad cometida y
que fue el motivo de anulación de la anterior elección, por cuanto el nuevo
proceso eleccionario se hizo “adrede”.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Adujo que el acto de elección cuya nulidad se solicita vulnera los artículos 15.22
del Estatuto General del TDEA, 275.4 de la Ley 1437 de 2011 y 126 de la
Constitución.

Para el efecto, expresó que quienes lideraron el proceso de elección del rector
para la vigencia 2022-2026, actuaron para beneficiar al demandado, toda vez que
no fue retomado desde la conformación de la terna definitiva, en abierto
desconocimiento del límite de modulación impuesto en el fallo del Consejo de
Estado.

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Afirmó que la conformación de la terna no implicaba “rehacerla”, es decir, no se
debía realizar un nuevo proceso eleccionario para el periodo 2022-2026, sino
retomarse la continuación para el tiempo restante del periodo 2020-2024.

La terna inicialmente estaba conformada de la siguiente manera:

Candidato Resultado
Daryeny Parada Giraldo 6 votos
Lorenzo Portocarrero Sierra 5 votos
Leonardo García Botero 5 votos
Elimeleth Asprilla Mosquera 3 votos
Sergio Roldán Gutiérrez 3 votos

Resaltó que la declaración de nulidad de la elección se originó por indebida
conformación de la terna, no en general, sino por el cómputo de votos a favor del
demandado, en tanto hubo un empate por residualidad entre los señores
Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez, lo que favoreció la
inclusión de una persona no ternada dentro del esquema que se debió retomar,
por lo que la terna quedó conformada por Daryeny Parada Giraldo, Lorenzo
Portocarrero Sierra y Fabio Alberto Vargas Agudelo. Este último, no se
encontraba dentro de los mayormente votados para ser considerado ternado
dentro del acto que ordenó ser retomado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

Puso de presente que el nuevo ternado, al parecer, lo fue por un voto, “a
excepción de lo ya computado para los señores Asprilla y Roldán que poseían de
manera previa valores superiores a 1”.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Leonardo García Botero

A través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, bajo el
argumento de que el Consejo Directivo del TDEA no incumplió las obligaciones
claras, expresas y exigibles de la sentencia del Consejo de Estado emitida en el
proceso con radicación 05001 23 33 000 2021 00104 00.

Expuso que en el fallo del 20 de enero de 2022, se ordenó retomar el proceso
desde la etapa de conformación de la terna definitiva, garantizando que en su
composición se incluyan los tres candidatos mayormente votados por los

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estamentos participantes, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de
la institución universitaria.

Acotó que el Consejo Directivo del TDEA, mediante acta del 28 de enero de 2022,
procedió, literalmente, a cumplir con lo dispuesto en la providencia, la cual no
tiene interpretación diferente a la descrita.

Señaló que en el numeral 263 de la sentencia, se indicó que la etapa de
conformación de la terna, es la siguiente

“–Etapa de conformación de la terna definitiva y elección del rector:

Dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre de sustentación de propuestas
ante la comunidad institucional, se llevará a cabo la reunión eleccionaria,
desarrollada, así:

1. En primer lugar, los aspirantes expondrán sus propuestas de gestión a los
integrantes del Consejo Directivo.

2. Acto seguido, los consejeros propondrán cada uno de ellos los nombres de
aquellos candidatos que consideran deben hacer parte de la terna definitiva.

El parágrafo 5° del artículo 22 del Estatuto General prescribe: “Para conformar
la terna de candidatos, cada miembro del Consejo Directivo tendrá en cuenta
los méritos académicos, la trayectoria administrativa, profesional, investigativa,
de dirección y la viabilidad, coherencia y pertinencia de la propuesta de gestión.

De esta manera, la terna definitiva se compondrá de los nombres de los
aspirantes mayormente postulados por los integrantes del Consejo Directivo.

3. Concebida la terna definitiva, cada consejero presente votará, debiendo ser
elegido quien obtenga 5 sufragios en favor de su candidatura”.

Añadió que el demandante confunde lo expresamente ordenado en el fallo, sin
tener en cuenta que, según las reglas de la hermenéutica jurídica, cuando dos o
más disposiciones se encuentran en aparente contradicción o exclusión una de
la otra, se aplica preferencialmente la posterior, que, para el caso, es la
consagrada en el numeral 263 de la sentencia, razón por la cual se retomó el
proceso eleccionario desde la conformación de la terna.

Sostuvo que, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 03 del 7 de octubre de
2014, Estatuto General del TDEA, y según lo dispuesto en la sentencia, en sesión

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realizada el 31 de enero de 2022, los consejeros escucharon las propuestas de
gestión rectoral y votaron por los candidatos que consideraron debían hacer parte
de la terna definitiva, que finalmente se integró por los aspirantes que tuvieron
las mayores frecuencias de votación, así: Leonardo García Botero, Daryeny
Parada Giraldo y Fabio Alberto Vargas Agudelo.

Para el efecto, hizo la siguiente relación de aspirantes y las frecuencias de
votación para integración de la terna definitiva:

Candidato Votos

Aguilar Barreto Johana Andrea 0
Asprilla Mosquera Elimeleth 3
Carmona López Rafael Jaime 0
Durango Yepes Carlos Mario 0
García Botero Leonardo 7
Muñoz Sánchez Hernando 1
Osorio Vanegas Carlos Mario 0
Parada Giraldo Daryeni 6
Roldán Gutiérrez Sergio 4
Vargas Agudelo Fabio Alberto 6
Voto en blanco 0

Terna definitiva. Candidatos a rector con mayores frecuencias de votación:

Candidato Votos

García Botero Leonardo 7
Parada Giraldo Daryeni 6
Vargas Agudelo Fabio Alberto 6

Adujo que una vez retomado el proceso desde la etapa de conformación de la
terna y agotadas las fases de la reunión eleccionaria, se garantizó a los
candidatos mayormente votados por los representantes de los estamentos y
miembros gubernamentales, su inclusión en la terna definitiva, de la cual cada
consejero votó para elegir al rector de la institución, resultando elegido Leonardo
García Botero, para el periodo personal de cuatro años, como consta en el
Acuerdo 002 de 2022.

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Votación para elección de rector del TDEA:

Candidato Votos

García Botero Leonardo 6
Parada Giraldo Daryeni 2
Vargas Agudelo Fabio Alberto 1

Acotó que no se omitió fase alguna del procedimiento eleccionario, máxime si se
tiene en cuenta que, para el 28 de enero de 2022, los miembros del Consejo
Directivo eran cinco personas nuevas, y por ello, era necesario que el Comité de
Garantías Electorales excluyera a los candidatos inhabilitados e incluyera a los
habilitados, para lo cual debía escuchar las propuestas rectorales y planes de
trabajo de cada uno de los aspirantes a la rectoría.

1.4.2. Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia

Mediante apoderado, contestó la demanda en el sentido de señalar que cumplió
en forma integral la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, toda vez que retomó el proceso desde la etapa de conformación de la
terna definitiva, con inclusión de los tres candidatos mayormente votados, y
según lo dispuesto en el Estatuto General de la institución universitaria.

Aseguró que, con ocasión de la nueva composición del Consejo Directivo, en
razón a que seis de los nueve miembros eran diferentes, teniendo en cuenta el
lapso transcurrido entre la sesión del 12 de noviembre de 2020 -primera elección-
y la del 31 de enero de 2022 -fecha en la que se hizo la segunda elección-, se
recompuso el calendario electoral.

Refirió que los miembros del Consejo Directivo escucharon las propuestas de
gestión de cada uno de los aspirantes que fueron admitidos y luego se efectuó la
votación secreta para la escogencia de la nueva terna, de la cual resultó electo
el rector.

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1.5. Coadyuvancias1

1.5.1. Sergio Roldán y Elimeleth Asprilla Mosquera

Indicaron que la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado no ordenó
un nuevo procedimiento eleccionario, y limitó la actuación del Consejo Directivo
a retomarlo desde la etapa de conformación de la terna.

Arguyeron que en el Acuerdo 002 de 2022, solo existe una “apariencia” de
cumplimiento del fallo, pues adolece de falsedad en los motivos, aunado a que
fue expedido en forma irregular.

1.5.2. Juan Carlos Restrepo Salazar

Explicó que la irregularidad del acto de elección acusado estriba en que se amplió
el periodo hasta el año 2026, aunado al hecho de que recibió información, no
formal, de un presunto conflicto de intereses de miembros del Consejo Directivo
para elegir al demandado como rector de la institución universitaria.

Indicó que “quienes votaron de manera favorable recibirían beneficios
contractuales en entidades públicas a familiares o afines, cuyo personal
representante de ellas y ordenadora del gasto, daría tal seguridad” (sic).

Anotó que para el proceso eleccionario no se respetó la modulación del fallo del
Consejo de Estado ni los derechos adquiridos de los candidatos Elimeleth Asprilla
Mosquera y Sergio Roldán, ya que debieron mantenerse en la terna para que de
esta manera obtuvieran votación.

Resaltó el procedimiento “expreso” que se planeó y materializó en menos de un
día hábil, en el que se escuchó la sustentación de las propuestas y, a partir de
ello, se volvió a conformar la terna con desconocimiento de lo decidido en la
sentencia anulatoria de la primera elección.

Puntualizó que la celeridad del proceso eleccionario impactó no solo la citación
de los candidatos con menos de un día hábil para sustentar las propuestas, sino
la concertación de los representantes de todos los sectores.

1 Las coadyuvancias se aceptaron el transcurso de la audiencia inicial llevada a cabo el 11 de

julio de 2022.

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2. Fijación del litigio

En la audiencia inicial llevada a cabo el 11 de julio de 2022, se determinó el
problema jurídico a resolver, en los siguientes términos:

“Corresponde a la Sala determinar la legalidad del Acuerdo Nro. 002 del 31 de
enero de 2022 “Por medio del cual se elige y declara rector del Tecnológico de
Antioquia –Institución Universitaria Periodo 2022 –2026”. Para el efecto, la Sala
deberá determinar (i) si se incurrió en irregularidades para la determinación de
la terna definitiva para la elección del rector, (ii) si pueden ventilarse en este
proceso judicial asuntos relacionados con la nulidad de la elección decretada
frente al mismo en proceso diferente (05001-23-33-000-2021-00104-00) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, o si se configura
la excepción de cosa juzgada parcial, como lo propone la demandada. Así
mismo, (iii) habrá de analizarse los argumentos de la demandada y de las
demás intervinientes, entre ellas la entidad que expidió el acto, quienes
sostienen que no se configura irregularidad alguna”.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 20 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de dicha decisión expuso, en resumen, lo siguiente:

Se refirió al marco legal para la elección de rector de institución universitaria, en
el sentido de señalar que, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, “[p]or la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior”, se distingue entre
universidades oficiales -entes universitarios autónomos- y las instituciones
estatales de educación superior, correspondiéndole al TDA esta última categoría,
razón por la cual la designación del cargo de rector se regula por el parágrafo
único del artículo 66 de la normativa en mención.

Narró que el Acuerdo 003 de 2014 establece la facultad eleccionaria del Consejo
Directivo del TDEA, el cual está conformado por el gobernador del departamento
de Antioquia o su delegado, el ministro de Educación Nacional o su delegado, un
designado del presidente de la República, un representante de las directivas
académicas, un representante de los docentes, de los egresados, de los
estudiantes, del sector productivo y un exrector, cuyos procedimientos de
elección están consagrados en los artículos 15 y siguientes del Estatuto.

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Posteriormente, precisó el alcance de la intervención de los coadyuvantes, en el
sentido de señalar que, mientras la parte actora sustentó la censura en el
incumplimiento de la decisión del Consejo de Estado y la causal de anulación
electoral consagrada en el artículo 275.4 de la Ley 1437 de 2011, el coadyuvante
Juan Carlos Restrepo Salazar no solo amplió los argumentos esbozados en la
demanda, sino que adicionó otros cargos.

Al respecto, indicó que el coadyuvante podrá agregar nuevos cargos, siempre
que no haya transcurrido la oportunidad que tiene el demandante para modificar
la demanda, figura regulada en el artículo 278 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Expuso que, comoquiera que la coadyuvancia del señor Juan Carlos Restrepo
Salazar se presentó el 8 de julio de 2022, esto es, un día antes de la celebración
de la audiencia inicial, y que la notificación del auto admisorio al demandante
aconteció el 25 de abril de 2022, es claro que no podían adicionarse nuevos
cargos en el escrito de intervención.

En cuanto al reproche atinente al incumplimiento de la sentencia del Consejo de
Estado, calendada 20 de enero de 2022, afirmó que el acto de elección acusado,
contenido en el Acuerdo 002 del 31 de ese mismo mes y año, tuvo como origen
la referida providencia, por manera que consideró necesario determinar la
procedencia del medio de control impetrado contra dicha decisión.

Reseñó que la jurisprudencia ha sido uniforme y reiterada en indicar que, por
regla general, los actos administrativos con base en los cuales se cumple una
decisión judicial -actos de ejecución- no son susceptibles de control judicial, salvo
que creen situaciones jurídicas nuevas que exceden el alcance del fallo, caso en
el cual se puede discutir la legalidad de las mismas.

Advirtió que, aunque el Acuerdo 002 de 2022 puede ser considerado un acto de
cumplimiento de sentencia judicial, lo cierto es que la parte actora propuso como
cargos que i) se apartó de la decisión, ii) se abstuvo de cumplirla, y iii) se
introdujeron modificaciones sustanciales.

Aseveró que si bien el demandado propuso como excepción la cosa juzgada
parcial, lo cierto es que no tiene vocación de prosperidad, en razón a que no hay
identidad de causa y objeto con el proceso radicado con el número 05001-23-33-
000-2020-00104-01, ya que en este se discutió la legalidad del acto eleccionario
contenido en el Acuerdo 007 del 12 de noviembre de 2020, en tanto que en el

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proceso de la referencia se discuten asuntos nuevos, que giran en torno al
estudio del acto consignado en el Acuerdo 002 del 31 de enero de 2022, por
situaciones nuevas y posteriores, lo que permite establecer la procedencia del
medio de control de nulidad electoral frente a esta última decisión.

Arguyó que, en la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el expediente con radicación 05001-23-33-000-
2020-00104-00, se declaró la nulidad de la elección del señor Leonardo García
Botero, como rector del TDEA, para el periodo 2020-2024.

Manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 20 de
enero de 2022, confirmó la decisión y señaló algunas precisiones para el
cumplimento de la misma, así:

“262. Finalmente, la Sala resalta que dentro de las pretensiones elevadas
por el demandante, este deprecó la realización de un nuevo proceso
eleccionario para la escogencia del rector del TDEA. Teniendo en cuenta
que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, los
fallos anulatorios pueden ser modulados por este juez de lo electoral
cuando no existe una norma que refiere el camino a seguir, se ordenará
que, a la luz de las irregularidades comprobadas en este expediente, el
trámite eleccionario sea retomado desde el momento mismo de la
postulación de la terna definitiva, conservando lo anterior su validez.

263. En términos llanos, lejos de ordenarse la realización de una nueva
elección, el Consejo Directivo del TDEA retomará el proceso desde la etapa
de conformación de la terna definitiva, garantizando que en su composición
se incluyan los 3 candidatos mayormente votados por los estamentos
participantes, a la manera como lo indica el Estatuto General de la institución
universitaria.” (negrillas de la transcripción efectuada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia).

Relacionó las pruebas que dieron cuenta de la forma en la que se retomó el
proceso eleccionario, el cual inició con la sesión del Consejo Directivo en la que
se posesionó la delegada de la Gobernación de Antioquia y se verificó el quorum
(Acta 001 del 28 de enero de 2022). En dicha sesión se aprobó la designación
del Comité de Garantías Electorales y se fijó el 31 de enero de ese año como
fecha para la realización de la sesión en la que se escucharían las propuestas de
gestión rectoral de los aspirantes que cumplían requisitos para el cargo de rector.

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Se refirió a las constancias de comunicación de designación de los señores
Agustín Rodolfo Gutiérrez Yepes, Carlos Alberto Yepes Duque y Jhon Robert
Espinosa Herrera, como miembros del Comité de Garantías Electorales.
Asimismo, al acta de reunión de este, en la que se determinaron los aspirantes
inscritos que reunían los requisitos para el cargo.

Sostuvo que en el Acta 002 del 31 de enero de 2022, se consignó el proceso de
elección del rector, para lo cual relacionó los nombres de los miembros del
Consejo Directivo; posteriormente, se adelantó la etapa de la conformación de la
terna definitiva, la cual estuvo precedida de la exposición de propuestas de
gestión electoral por parte de los señores: Sergio Roldán Gutiérrez, Elimeleth
Asprilla Mosquera, Carlos Mario Durango Yepes, Leonardo García Botero,
Hernando Muñoz Sánchez, Carlos Mario Osorio Vanegas, Andrea Johana Aguilar
Barreto y Fabio Alberto Vargas Agudelo.

Acto seguido se efectuó el trámite de conformación de la terna de acuerdo con la
votación obtenida por cada uno de los participantes, la cual quedó integrada por
Leonardo García Botero (7 votos), Daryeny Parada Giraldo (6 votos) y Fabio
Alberto Vargas Agudelo (6 votos), y finalmente, se realizó la votación entre los
ternados, resultando elegido el primero de los citados aspirantes.

Resaltó que los testimonios de la secretaria general de la institución universitaria,
los miembros del Consejo Directivo y los miembros del Comité de Garantías
Electorales fueron consistentes en relación con la información consignada en el
acta, en el sentido de que la interpretación de la sentencia por parte de la
institución era que se debía reconformar la terna desde la sustentación de las
propuestas.

Expuso que los testigos manifestaron que lo anterior se fundamentó en el hecho
de que los miembros del Consejo Directivo no eran los mismos que iniciaron el
proceso en el año 2020, por lo que era necesaria la sustentación de las
propuestas de gestión.

Advirtió que, contrario a lo planteado por la parte actora en punto de que no debió
repetirse la etapa de sustentación de propuestas, sino mantenerse la terna
conformada en la elección realizada en 2020 -declarada nula-, para de esta forma
respetar los derechos de los señores Sergio Roldán Gutiérrez y Elimeleth Asprilla
Mosquera, la conformación debía iniciarse con la exposición de propuestas ante
el Consejo Directivo, luego con la votación por los candidatos y, finalmente con

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Rad: 05-001-23-33-000-00393-01

la votación de los integrantes de la terna, tal como lo señaló la sentencia del
Consejo de Estado.

Subrayó que no era procedente continuar con las mayores frecuencias de
votación que se presentaron en la anterior votación, es decir, con la terna que ya
se había configurado, pues las irregularidades que se advirtieron fueron en esa
etapa, lo que de suyo vició la terna anterior.

Acotó que los ternados del proceso eleccionario que culminó con la nulidad de la
elección no tenían derechos adquiridos, en tanto la nulidad decretada, en los
términos del fallo en referencia, implicaba que se retrotrajera a la etapa de la
conformación de la terna, al presentarse el vicio en la misma, aunado a que los
miembros del Consejo Directivo no eran los mismos, lo cual tornaba necesario
que se hiciera una nueva sustentación de las propuestas.

Explicó que no se acreditó el cargo relacionado con un presunto conflicto de
interés, en la medida en que no se señalaron los vínculos de parentesco civil, ni
las relaciones contractuales que hubieran viciado la elección.

Asimismo, expresó que no se demostraron las censuras de expedición irregular
y de falsa motivación, con fundamento en que la parte actora no las desarrolló.
Con todo, indicó que el acto de elección está motivado en cuanto a la forma en
la que se adelantó el procedimiento y las razones de hecho y de derecho que
originaron su expedición.

4. La apelación

El demandante sustentó el recurso con fundamento en lo siguiente:

Acotó que el tribunal se apartó de la modulación de los efectos del fallo del 20 de
enero de 2022, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el
expediente 05001-23-33-000-2021-00104-01, pues lo que se ordenó fue que se
retomara el proceso eleccionario “desde el momento mismo de la postulación de
la terna definitiva, conservando lo anterior su validez”. No obstante, el Consejo
Directivo del TDEA realizó una nueva conformación de la terna y, por
consiguiente, una nueva elección.

Sostuvo que en la sentencia se impuso como limitación para el procedimiento
eleccionario “lo anterior conserva validez”, de manera que no se debía desarrollar
una etapa anterior a la primera fase, con el fin de que, “al momento de llegar la

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segunda fase, proceso de elección, adecuara “adrede” la condición obligaciones
de componer mediante la inclusión de los 3 candidatos mayormente votados por
los estamentos participantes nueva lista de 3 candidatos de entre los habilitados
para volver a favorecer al demandado, dejando por fuera a quienes dentro del
proceso que conservó validez se encontraban los señores Elimeleth Asprilla y
Sergio Roldán”.

Expuso que la modulación del Consejo de Estado no se reduce a los apartados
262 y 263 de la sentencia del 20 de enero de 2022, sino que es necesario hacer
una interpretación integral de la misma, en el sentido de establecer cuáles actos
debían retomarse o no.

Advirtió que la declaratoria de nulidad de la elección implicó que se retirara una
votación “por participación ilegal, en el que dada la conformación del cuerpo
directivo con el quorum decisorio y deliberativo válido, la decisión de la primera
fase es válida y por ende su reacomodación conllevaba a enmarcarse dentro del
numeral 4 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que es lo que hoy se está
demandado”.

Manifestó que hubo confusión en cuanto a la interpretación del acto de postular
terna y retomar una etapa que significa “después de”; en otros términos, no se
debían realizar actos que tenían validez, porque con ello se favoreció al
demandado, “al no proceder a retomar después de una determinada etapa, sino
a reconformarla de nuevo, para poder materializar nuevamente acto de elección
a su favor”.

Indicó que carece de soporte el argumento referente a que se debía conformar
una nueva terna, en razón a que seis de los nueve miembros del Consejo
Directivo fueron renovados, si se tiene en cuenta que las etapas anteriores
conservaron su validez; por lo tanto, la obligación de los nuevos integrantes era
continuar con la conformación de la terna previa y no volver a estudiar el
cumplimiento de requisitos de admisibilidad de candidatos, fijar una etapa de
sustentación de propuestas y conformar otra lista para la terna.

Consideró que, si la interpretación de lo dispuesto en la sentencia hubiera sido
que debía reconformarse la terna desde la fase de la sustentación de las
propuestas, no era necesaria la modulación y, por lo tanto, se hubiera declarado
la nulidad total de la elección del 12 de noviembre de 2020.

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Aclaró que lo pretendido no es el cumplimiento de la sentencia de la Sección
Quinta, como erróneamente lo entendió el tribunal, sino cuestionar la legalidad
del acto en razón a que el procedimiento eleccionario no tiene fundamento.

Indicó que “con el retiro de las participaciones ilegales, “Lorenzo Portocarrero
Sierra, presentaba un empate con otras candidaturas que no fue resuelto”
(apartado 255 de la Sentencia 05001-23-33-000-2021-00104-01), dicho acto
previo al retiro del producto de las participaciones ilegales las cuales se hizo
“”apartamiento””, no fue objeto de cobertura de la nulidad parcial, por ende, una
nueva conformación de terna bajo la modalidad anterior expuesta, retrotraer
etapas, no podía hacerse porque tal conformación de lista, debía incluir a las
personas que estaban en ese ““triple empate –Lorenzo Portocarrero Sierra,
Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez–““, pero al retirarse el
candidato Lorenzo Portocarrero en el acto del 31 de enero de 2022, la mejor
decisión del TdeA fue rehacer nuevamente la conformación de las listas para
evitar que alguno de estos dos restantes pudiera ocupar un puesto dentro de la
conformación de la terma definitiva”.

Puntualizó que la anulación deviene de una participación ilegal de consejeros que
no afectaron lo deliberado y decidido, de manera que no debían retrotraerse las
etapas anteriores a la conformación de la terna, sino que ante el empate técnico
entre los participantes Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez, se
debió reemplazar a quien se excluyó de la terna y llevar a cabo un desempate
entre dichos aspirantes.

5. Actuación procesal en esta instancia

Mediante auto del 6 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió el recurso de apelación interpuesto y a través de providencia del 18 de
esos mismos mes y año, fue admitido.

6. Alegato de conclusión

Leonardo García Botero

Alegó de conclusión en el sentido de insistir que el procedimiento eleccionario del
rector del TDEA se ajustó a lo establecido en el parágrafo único del artículo 66
de la Ley 30 de 1992, así como a los artículos 21 y 22 del Acuerdo 03 de 2014,
expedido por el Consejo Directivo de la institución, y a lo dispuesto en la
sentencia del 20 de enero de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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Añadió que el sentido de la afirmación referente a que el procedimiento
eleccionario debía retomarse en la etapa de conformación de la terna, no puede
ser otro distinto a que debía iniciar con i) la exposición de propuestas ante el
Consejo Directivo, ii) la votación por los candidatos que consideraran que debían
hacer parte de la terna, y iii) la votación entre los integrantes de la terna. En ese
orden, no era procedente continuar con la terna que ya se había configurado
porque las irregularidades que se advirtieron fueron, precisamente, en esa etapa,
luego era necesario retomar el proceso desde la conformación de la terna.

7. Concepto del Ministerio Público

La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
los siguientes términos:

Sostuvo que la postura del recurrente, en cuanto a que la modulación de la
sentencia del Consejo de Estado no implicaba que se debía conformar una nueva
terna, porque ello significaba retrotraer etapas, no es acorde con lo dispuesto en
la providencia, pues, con total claridad, indicó que no se estaba ordenando “la
realización de una nueva elección”, de manera que, en atención al criterio de
racionalidad, de mantenerse la misma terna, el efecto práctico sería la realización
simple y mecánica de una nueva elección con los ternados más votados en el
anterior proceso eleccionario.

Arguyó que resultaría inusitado pretender la conservación de una terna que fue
calificada por la Sección Quinta como i) desconocedora del derecho al sufragio
pasivo de los aspirantes, ante la intervención de electores no habilitados; ii)
indebidamente configurada y transgresora de la igualdad de condiciones entre
los postulantes, además de que iii) no cumplía con los requisitos indispensables
y iv) contenía irregularidades decisivas en su conformación.

Manifestó que “retomar” el proceso desde la etapa de conformación de la terna
definitiva, garantizando que en su composición se incluyeran los tres candidatos
mayormente votados por los estamentos, no significaba “desde la conformación
de la terna misma”, comoquiera que la etapa de conformación, en términos del
Estatuto General del ente universitario, no se integra en un solo acto, sino que
deviene compleja, esto es, compuesta por varias subetapas.

Acotó que la etapa de conformación de la terna se subdivide en i) la exposición
de propuestas de gestión; ii) las propuestas de nombres por parte de cada

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consejero y determinación de terna definitiva compuesta por los aspirantes
mayormente votados y, iii) la votación.

Explicó que, lo que hubiera constituido incumplimiento de la sentencia del 20 de
enero de 2022, sería retomar el proceso eleccionario desde esa subetapa final,
que es la pretensión principal de la demanda de la referencia y del recurso de
apelación, en donde concebida la terna anterior, no una nueva, cada consejero
votara por el integrante de su preferencia, máxime si se tiene en cuenta que,
como se expuso en la sentencia objeto de la alzada, se trataba de nuevos
integrantes del cuerpo electoral, razón por la cual debe ser confirmada.

8. Manifestación de prueba sobreviniente

Por escrito radicado el 16 de noviembre del año en curso, el demandado solicitó
tener en cuenta para la decisión de segunda instancia, el auto calendado 15 de
ese mismo mes y año, notificado por estado el 16 siguiente, proferido por la
magistrada Rocío Araújo Oñate en el proceso ejecutivo con radicación
05001233300020210010402, por el cual el despacho se abstuvo de proferir
decisión de fondo y, por consiguiente, declaró la terminación anormal del
proceso.

En el auto se puso de presente que la sentencia del 20 de enero de 2022 es
declarativa, por lo que no existe una orden que permita el desarrollo de un
proceso ejecutivo; en otros términos, la decisión no impuso una condena, sino la
modulación de los efectos de la declaratoria de nulidad que pretendió identificar
el momento a partir del cual se produjo el vicio que comportó la ilegalidad.

Asimismo, se indicó: “de la modulación contenida en el fallo no se desprende la
existencia de una obligación que, cumplida por el deudor, beneficie a un
acreedor. La acción de nulidad electoral es una acción pública que no dota de
derechos subjetivos a los demandantes, quienes actúan con interés legítimo que
consiste en salvaguardar la integridad del ordenamiento (…). En el caso
particular, la modulación de los efectos declarativos del fallo del 20 de enero de
2022 no se acompañó de precisos términos que demarcan la manera cómo debía
ser cumplida la retoma del procedimiento, siendo un aspecto que debía ser
decidido por el propio TDEA, como ámbito salvaguardado por la autonomía
universitaria que la Carta Política de 1991 asigna a los establecimientos de
educación superior”.

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9. Oposición del demandante

Mediante escrito allegado el 25 de noviembre de 20222, el apoderado del
demandante advirtió que, con ocasión de la declaratoria de nulidad parcial, no
absoluta, de la elección del rector del TDEA, periodo 2020-2024, inició incidente
de desacato, pero el trámite fue “elevado a la categoría de demanda ejecutiva”.

Aseveró que lo pretendido por el demandado es legitimar la irregularidad
presentada el 31 de enero de 2022, en relación con la facultad del Consejo
Directivo del TDEA de retomar el proceso eleccionario desde “etapas adrede”,
con el ánimo de beneficiar la elección de Leonardo García Botero, a través de la
variación de la conformación de la terna.

En el mismo memorial, presentó alegatos de conclusión en forma extemporánea3.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado por el
actor en contra de la sentencia del 20 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo4 y el artículo 13 del acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación5.

2 Según la anotación que aparece en SAMAI.
3 El traslado de tres días para alegar de conclusión corrió desde el 2 hasta el 4 de noviembre de

2022, de acuerdo con la constancia secretarial registrada en SAMAI.
4 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos…
5 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el

artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

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2. Cuestión previa

Posterior al ingreso del expediente al despacho para emitir sentencia6, el
demandado aportó la providencia del 15 de noviembre de 2022, con ponencia de
la magistrada Rocío Araújo Oñate en el proceso ejecutivo con radicación 05001-
23-33-000-2021-00104-027, por la cual se declaró la terminación anormal, al
considerar que su trámite no cumple con los presupuestos adjetivos necesarios
para su procedencia, establecidos en los artículos 169.3, 297 de la Ley 1437 de
2011 y 306 y 422 de la Ley 1564 de 2012, que se refieren a la existencia de un
título ejecutivo adecuado.

Al respecto, se tiene que el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, consagra la
posibilidad de que las partes soliciten pruebas en el trámite de la segunda instancia,
durante el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación y bajo
las causales taxativamente previstas en dicho postulado, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse
al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

(...)

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que
se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente: Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no
obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las
pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos
que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.

6 El asunto ingresó al despacho el 16 de noviembre de 2022.
7 El proceso ejecutivo fue promovido por el demandante.

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4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales
3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que
las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes
se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días
hábiles” (se resalta).

En ese contexto, la petición de pruebas debe elevarse en la oportunidad dispuesta
para tal fin, cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad y que
encuadre en alguna de las causales fijadas por el legislador para su procedencia.

En este asunto, el auto admisorio del recurso de apelación fue proferido el 18 de
octubre de 2022 y notificado por estado el 20 siguiente, de manera que el término
de ejecutoria transcurrió entre el 25 y el 27, para lo cual se tienen en cuenta los dos
días hábiles de que trata el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.8

Sobre el particular, se tiene que para la fecha de notificación y ejecutoria del auto
admisorio no se había proferido la providencia del 15 de noviembre de 2022; sin
embargo, esa decisión no corresponde a un elemento de convicción que deba
incorporarse al expediente, pues, las decisiones judiciales contenidas en
providencias, bien sea autos o sentencias, no son medios probatorios sino fuentes
de derecho.

8 ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Artículo modificado por el

artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La notificación electrónica de
las providencias se someterá a las siguientes reglas:

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el secretario al canal digital registrado y para su
envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente
al de la notificación.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario
hará constar este hecho en el expediente.

De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado.

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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana al sostener:

“…Se puede colegir que las sentencias judiciales son documentos que auxilian en
un momento dado al juez, pero a pesar de que son documentos públicos, no se
pueden considerar medios probatorios, con mayor razón porque los efectos que
producen son inter partes, excepto las sentencias proferidas al revisar la
constitucionalidad de una ley, que al contrario provocan efectos erga omnes”9

Con todo, se advierte que la declaratoria de abstención para proferir decisión de
fondo y la consecuente terminación anormal el proceso ejecutivo, es un aspecto
que se torna irrelevante para el asunto que se debate en esta oportunidad, toda vez
que en el auto se explicó que lo pretendido es la discusión de legalidad del Acuerdo
002 del 31 de enero de 2022, que declaró la elección del nuevo rector del TDEA,
para cuyo propósito se impetró la demanda de nulidad electoral de la referencia,
que será objeto de resolución en esta providencia.

3. Problema jurídico

De lo planteado en el recurso de apelación, le corresponde a esta Corporación
resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia del 20 de
septiembre de 2022, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través
de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se tiene que el actor fundamentó el recurso de apelación en que
el acto de elección del señor Leonardo García Botero está viciado de nulidad por
presuntamente haberse incumplido por parte del Consejo Directivo del TDEA los
términos de la modulación de los efectos de la sentencia del 20 de enero de 2022,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el expediente 05001-
23-33-000-2021-00104-01, en relación con la fase a partir de la cual debía
realizarse el proceso eleccionario para el cargo de rector.

Sobre el particular, lo primero que se debe advertir es que el incumplimiento de
una providencia judicial no es una causal autónoma de nulidad de los actos
electorales; sin embargo, se revisará la orden dada por esta corporación en la
sentencia del 20 de enero de 2022, toda vez que el objeto de la censura está
directamente relacionado con los términos de la modulación de esa decisión10.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Providencia del 22

de mayo de 2008. Expediente. 25000-23-24-000-2005-01346-02. MP Marco Antonio Velilla
Moreno.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; ref. 11001-03-28-

000-2016-00085-00, 11001-03-28-000-2017-00003-00, autos del 14 de febrero de 2017, y ref.

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Los diversos argumentos esbozados en la alzada se concretan en que no debía
conformarse una nueva terna, pues ello implicaba retrotraer etapas válidas del
proceso de elección, sino mantener la misma y, con ocasión del empate técnico
entre los participantes Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez, se
debía llevar a cabo un desempate entre estos, y luego realizarse la designación.

De manera preliminar se considera relevante contextualizar el debate a partir de
la modulación de los efectos de la sentencia del 20 de enero de 2022, en la que
se declaró la nulidad de la anterior elección del señor Leonardo García Botero,
como rector del TDEA, para el periodo estatutario 2020-2024.

4. Sentencia del 20 de enero de 2022, dictada por la Sección Quinta en el
expediente 05001-23-33-000-2021-00104-01

El señor John Mario Muñoz Arenas formuló demanda el 19 de enero de 2021, en
contra de la elección del señor Leonardo García Botero, como rector del TDEA,
para el periodo estatutario 2020-2024, consignada en el Acuerdo 07 del 12 de
noviembre de 2020, expedido por el Consejo Directivo.

En su sentir, la elección estaba viciada de ilegalidad por el hecho de que la terna
que precedió la designación fue constituida con la participación de integrantes
del Consejo Superior que no podían intervenir por el vencimiento de sus periodos
y la trasgresión del régimen de conflicto de interés, lo cual afectó el resultado del
certamen.

Mediante fallo del 14 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la nulidad de la elección, por cuanto se acreditaron los vicios de
procedimiento alegados por la parte actora.

La decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 20 de enero de 2022, en la que se dispuso lo siguiente:

“262. Finalmente, la Sala resalta que, dentro de las pretensiones elevadas por el
demandante, este deprecó la realización de un nuevo proceso eleccionario para
la escogencia del rector del TDEA. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de esta Sección, los fallos anulatorios pueden ser

11001-03-28-000-2017-00004-00, auto del 2 de marzo de 2017, MP Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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modulados por este juez de lo electoral cuando no existe una norma que refiere
el camino a seguir, se ordenará que, a la luz de las irregularidades
comprobadas en este expediente, el trámite eleccionario sea retomado
desde el momento mismo de la postulación de la terna definitiva,
conservando lo anterior su validez.

263. En términos llanos, lejos de ordenarse la realización de una nueva elección,
el Consejo Directivo del TDEA retomará el proceso desde la etapa de
conformación de la terna definitiva, garantizando que en su composición
se incluyan los 3 candidatos mayormente votados por los estamentos
participantes” (se resalta).

Para arribar a esa conclusión, se explicó que las irregularidades presentadas en
el proceso de elección del demandado conllevaron una indebida conformación
de la terna, dado que dos de los integrantes del Consejo Directivo no estaban
habilitados para depositar su voto, por incurrir uno de ellos en conflicto de
interés11, y el otro, por vencimiento de su periodo estatutario12.

Lo anterior implicó que los votos depositados por esos dos integrantes a favor de
Lorenzo Portocarrero Sierra, no fueran válidos, situación que se tradujo en que
la terna no se integró con los aspirantes que hubieren obtenido la mayor cantidad
de postulaciones. Al respecto, se indicó que “lejos de haber obtenido 5 votos
válidos, los votos efectivamente alcanzados por el señor Lorenzo Portocarrero
Sierra se elevaban a 3 en el marco de la conformación de la terna, descontando
aquellos depositados por los integrantes que intervinieron en ese Consejo, y que
no podían hacerlo”.

Por consiguiente, se presentó un empate técnico entre el señor Portocarrero
Sierra con los candidatos Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez,
quienes obtuvieron cada uno tres votos, sin que fuera resuelto.

11 Luis Norberto Guerra Vélez, consejero designado por el presidente de la República, incurrió en

conflicto de interés previsto en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 (norma vigente para la fecha
de la elección), por no declararse impedido para participar en la reunión eleccionaria del 12 de
noviembre de 2020, teniendo en cuenta que en dicho procedimiento intervino como participante
Lorenzo Portocarrero Sierra, rector saliente, quien el 1º de febrero de 2018 nombró a Ramiro de
Jesús Guerra Vélez, hermano de aquel funcionario, como empleado de libre nombramiento y
remoción (profesional universitario código 219-03).
12 Jorge Mario Uribe Vélez, representante del sector productivo, periodo 2018-2020, con inicio

desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 16 de octubre de 2020, “lo que imposibilitaba su
participación en la reunión eleccionaria de 12 de noviembre de 2020”.

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La conformación de la terna con la falencia anotada generó como consecuencia
el desconocimiento del derecho al sufragio pasivo de los aspirantes, a través de
la intervención de electores no habilitados, pero “por sobre todo, por la
inexistencia de mecanismos de desempate efectivos que permitieran integrar una
terna con los candidatos que hubieren alcanzado una mayoría absoluta de votos,
a la manera como lo prescribe la normativa interna de la universidad”.

Para la Sala Electoral se vulneró el derecho a la igualdad de condiciones que
debía prevalecer entre los postulantes, ante la indebida conformación de la terna,
por cuanto aquellos partían de la idea de que solo los tres que obtuvieran la mayor
cantidad de sufragios, serían los designados para hacer parte de la elección final
desarrollada por los integrantes del Consejo Directivo.

Se hizo énfasis en que la conformación de la terna estuvo viciada en tanto se
presentaron irregularidades decisivas que se reflejaron en el resultado final.

Sobre el particular, se expuso el siguiente razonamiento:

“260. Y es que si se analiza el sub judice las anomalías comentadas supusieron
para los estamentos presentes en la reunión eleccionaria de 12 de noviembre
de 2020 –delegados de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio de
Educación Nacional, estudiantado, docentes, directivas académicas y
representante de los exrectores– la expresión de sus sufragios sobre una terna
que no cumplía con los requisitos indispensables para ello, ya que, a pesar de
existir un triple empate –Lorenzo Portocarrero Sierra, Elimeleth Asprilla
Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez–, la solución adoptada consistió en
escoger a uno de éstos, sin buscar procedimientos efectivos que permitieran
observar en debida forma las reglas de juego que gobernaban el procedimiento.
261. De allí que sin importar que en el expediente se hubiere demostrado la
votación final depositada por cada uno de los integrantes del Consejo Directivo
del TDEA, la providencia de 14 de octubre de 2021 del Tribunal Administrativo
de Antioquia deba ser confirmada al presentarse irregularidades decisivas en
la conformación de la terna final, que impactan el resultado final, al no saber si,
correctamente concebida, una terna diferente hubiere conservado el resultado
de la elección censurada, constituyéndose como una anomalía insalvable que
afecta de manera directa la elección definitiva”.

En ese contexto, quedó claro que los vicios o anomalías advertidas se
presentaron en la terna por la ausencia de implementación de un mecanismo
tendiente a desempatar el resultado obtenido entre los candidatos ya
mencionados, el cual se derivó del hecho de los votos inválidos a favor del señor

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Portocarrero Sierra, depositados por los integrantes del Consejo que no estaban
facultados para ello.

Así pues, la terna para la elección del cargo de rector estuvo indebidamente
conformada, lo que necesariamente impactó en el resultado final, razón por la
cual en la providencia se ordenó que el trámite eleccionario fuera retomado desde
el momento mismo de la postulación de la terna definitiva.

5. Caso concreto

El recurso de apelación se contrae a cuestionar la interpretación realizada en la
sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto al momento específico a partir del cual el Consejo Directivo
del TDEA debía iniciar el procedimiento de conformación de la terna, toda vez
que no había lugar a que se constituyera una nueva terna, de acuerdo con la
modulación expuesta en el fallo del 20 de enero de 2022, sino que debió
mantenerse la terna inicial que incluía a las personas que estaban en triple
empate, y a partir de ahí, realizar la elección.

Para tal efecto, indicó que constituir una nueva terna implicaba retrotraer etapas
fenecidas que conservaban validez, -estudio de requisitos de admisión de los
participantes y sustentación de propuestas-, de acuerdo con el criterio de
interpretación de los efectos del fallo de la Sección Quinta.

En sentir del apelante, la conformación de la nueva terna por parte del Consejo
Directivo con la exclusión de los candidatos Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio
Roldán, se hizo para favorecer al demandado, sin tener en cuenta que la
obligación de los nuevos miembros del Consejo era continuar el proceso de
elección con la terna previa, para lo cual, de considerarlo pertinente, podían
conocer las propuestas de los aspirantes que integraron la terna inicial.

Sobre el particular, se tiene que, como quedó expuesto en precedencia, en el
fallo del 20 de enero de 2022, se modularon los efectos de la declaratoria de
nulidad de la primera elección del demandado, como rector del TDEA, para
indicar que el trámite eleccionario debía ser “retomado desde el momento mismo
de la postulación de la terna definitiva, conservando lo anterior su validez. En
términos llanos, lejos de ordenarse la realización de una nueva elección, el
Consejo Directivo del TDEA retomará el proceso desde la etapa de conformación
de la terna definitiva, garantizando que en su composición se incluyan los 3

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candidatos mayormente votados por los estamentos participantes, a la manera
como lo indica el Estatuto General de la institución universitaria”.

Para efectos de dilucidar qué actuaciones concretas comprenden la fase de la
conformación de la terna definitiva para la elección del rector, se debe acudir a
la regulación del parágrafo 4 del artículo 22 del Estatuto General del instituto
universitario, contenido en el Acuerdo 03 de 2014 y a lo definido sobre el punto
en el referido fallo.

Al respecto, se indicó lo siguiente:

–Etapa de conformación de la terna definitiva y elección del rector:
Dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre de sustentación de propuestas
ante la comunidad institucional, se llevará a cabo la reunión eleccionaria,
desarrollada, así:

1. En primer lugar, los aspirantes expondrán sus propuestas de gestión a los
integrantes del Consejo Directivo.

2. Acto seguido, los consejeros propondrán cada uno de ellos los nombres de
aquellos candidatos que consideran deben hacer parte de la terna definitiva.

El parágrafo 5° del artículo 22 del Estatuto General prescribe:

“Para conformar la terna de candidatos, cada miembro del Consejo Directivo
tendrá en cuenta los méritos académicos, la trayectoria administrativa,
profesional, investigativa, de dirección y la viabilidad, coherencia y pertinencia
de la propuesta de gestión. En dicha sesión, cada uno de los miembros del
Consejo Directivo presentará hasta tres (3) candidatos y la terna definitiva
estará integrada por aquellos que obtengan las mayores frecuencias.”

De esta manera, la terna definitiva se compondrá de los nombres de los
aspirantes mayormente postulados por los integrantes del Consejo Directivo.

3. Concebida la terna definitiva, cada consejero presente votará, debiendo ser
elegido quien obtenga 5 sufragios en favor de su candidatura.

En ese contexto, se advierte que la fase de conformación de la terna definitiva
comprende, a su vez, varias subetapas que inician con i) la sustentación de las
propuestas de gestión por parte de los aspirantes; ii) la proposición de cada uno
de los consejeros con los nombres con los candidatos; iii) la composición de la

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terna definitiva con los aspirantes mayormente votados y, finalmente, iv) la
votación.

La declaratoria de nulidad del acto de elección del demandado, contenido en el
Acuerdo 007 del 12 de noviembre de 2020, obedeció a las irregularidades
insalvables advertidas en la conformación de la terna definitiva, en la medida en
que no se constituyó con los aspirantes mayormente votados, por el hecho de
que dos de los integrantes del Consejo Directivo no estaban facultados para
depositar su voto a favor del candidato Lorenzo Portocarrero Sierra, y por la
ausencia de implementación de un mecanismo de desempate entre este y los
aspirantes Elimeleth Asprilla Mosquera y Sergio Roldán Gutiérrez.

A partir del planteamiento expuesto en el fallo, es claro que la anomalía no solo
incidió en el acto mismo de la terna definitiva, sino que sus efectos irradiaron a
toda la fase que comprende su conformación, en tanto no se integró con los
aspirantes que hubieran obtenido la mayor cantidad de postulaciones, debido a
que se presentó un empate.

En línea con lo anterior, y contrario a lo afirmado por el apelante, no era
jurídicamente viable que el procedimiento eleccionario del rector de la institución
universitaria se hiciera con sustento en una terna definitiva cuya composición
estuvo precedida de graves anomalías, pues una interpretación en ese sentido
implicaba que el acto que resultara de dicho proceso, naciera igualmente viciado
de ilegalidad, situación que de suyo sí desatendía la modulación de los efectos
del fallo del 20 de enero de 2022.

Con fundamento en ese marco, se concluye que, como se indicó en la sentencia
de primera instancia, el Consejo Directivo estimó que el procedimiento
eleccionario debía retomarse desde el inicio de la fase de la conformación de la
terna definitiva, es decir, con la sustentación de las propuestas de gestión de los
aspirantes, máxime si se tiene en cuenta que los miembros del Consejo Directivo
no eran los mismos que lo conformaron en el año 2020.

Para la Sala es lógico concluir que, si la mayoría de los miembros del Consejo
Directivo fueron renovados, era indispensable que tuvieran conocimiento de cada
una de las propuestas de gestión de los aspirantes al cargo de rector, pues no
existía otra manera de formar un criterio objetivo acerca de la coherencia y

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pertinencia de aquellas13, por lo que es claro que el procedimiento eleccionario
debía retomarse desde la primera subetapa de la conformación de la terna

En ese orden, los reparos señalados en el recurso de apelación no tienen
vocación de prosperidad, en la medida en que la interpretación del Consejo
Directivo del TDEA, referente a que el trámite eleccionario debía ser retomado
desde el inicio de la fase de la composición de la terna, esto es, con la
sustentación de las propuestas, se ajustó a la modulación de la sentencia del 20
de enero de 2022, sobre la base de que las anomalías que viciaron la elección
anterior no solo comprendieron el acto contentivo de la terna definitiva, sino el
procedimiento adelantado tendiente a su composición, tal como se argumentó en
el fallo objeto de alzada.

Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia del 20 de
septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia apelada del 20 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente decisión.

SEGUNDA: En firme esta providencia y previas las comunicaciones del caso,
devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

13 Parágrafo 5 del artículo 22 del Estatuto General.

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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