Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00432-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00432-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2021-00432-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2021-00432-01 (29814)
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. EPM E.S.P.
Demandada DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Temas Cuota de fiscalización. Año 2019. Base gravable.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que decidió1:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de [las] Resoluciones N° 29283 del 26 de junio de
2019 por la cual se liquida la cuota de fiscalización para la vigencia 2019 y N° 202050026216
de 2020, por medio de la cual se resolvió un recurso de reconsideración, en lo relativo a la
determinación de la base gravable, conforme los argumentos expuestos en la parte motiva de
esta decisión.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, devolver en favor de Empresas Públicas de Medellín
E.S.P., la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M.L.C. ($3.594.679.223), por concepto de mayor valor
liquidado por cuota de fiscalización correspondiente a la vigencia 2019, suma que deberá ser
indexada conforme la fórmula anotada en las consideraciones de esta providencia, junto con
los intereses previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por
la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura, según las consideraciones de esta decisión. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 30 de abril de 2019, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) remitió a la
Subsecretaría de Ingresos de Medellín el formato de información sobre el período
2018, para el cálculo de la cuota de fiscalización para el año 2019.
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) expidió la resolución 201950052839
del 30 de mayo de 2019, con la que determinó las tarifas de las cuotas de
fiscalización para la vigencia 2019 que serían aplicadas a cada sujeto pasivo,
incluyendo entre estos a EPM.
1
Samai de tribunal, índice 16, págs. 23 a 24.
1
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00432-01 (29814)
Demandante: EPM E.S.P.
Luego, la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín profirió la resolución 29283
del 26 de junio de 2019, en la que liquidó la cuota definitiva de fiscalización para
EPM, para la vigencia fiscal de 2019.
Inconforme con la decisión, la compañía interpuso recurso de reconsideración; no
obstante, la administración confirmó la totalidad del acto impugnado en la resolución
202050026216 del 29 de abril de 2020.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
3.1. Se DECLARE la nulidad parcial de los actos administrativos expedidos por la entidad
demandada, que a continuación se relacionan:
§ Resolución N° 29283 del 26 de junio de 2019, suscrita por el Subsecretario de Ingresos,
de la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín.
§ Resolución N° 202050026216 de 2020 consecutivo interno SH15-0072 de 2020, “Por la
cual se resuelve un recurso de reconsideración” “Radicado N° 01201900592847 del
26 de agosto de 2019”, suscrita por el Secretario de Hacienda Municipal de Medellín.
3.2. Que como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos antes
enunciados se restablezca el derecho de mi representada ORDENANDO al MUNICIPIO DE
MEDELLÍN el reintegro de la suma de dinero correspondiente al mayor valor cancelado por
concepto de cuota de fiscalización liquidada y cobrada a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P., equivalente a TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($3.594.679.223), suma que deberá
ser indexada al momento de proferirse la sentencia.
3.3. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses corrientes y moratorios causados sobre la suma reclamada,
desde el momento en que se realizó su pago y, hasta la fecha en la cual se verifique el
cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin a la controversia.
3.4. Que se ORDENE a la entidad demandada, dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
3.5. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho a
que haya lugar.
Invocó como normas violadas los artículos 6, 29, 95 (numeral 9), 121, 123, 338 y
363 de la Constitución Política; 44 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo; 712 del Estatuto Tributario; 11 de la Ley 617 de 2000;
2 de la Ley 1416 de 2010; y el Decreto 0350 de 2018.
El concepto de la violación se resume, así:
Alegó la violación de la Constitución y la ley, y el desconocimiento del principio de
legalidad, pues la demandada no aplicó en debida forma las normas
correspondientes a la cuota de fiscalización, ya que para determinar la base
gravable incluyó ingresos que debían depurarse, lo que produjo una vulneración del
derecho de defensa y de contradicción.
2
Samai, índice 10. Carpeta ZIP, PDF demanda, págs. 8 a 9.
2
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Demandante: EPM E.S.P.
Agregó que la resolución 29283 de 2019, al ser una liquidación oficial, debía
contener los requisitos dispuestos en el artículo 712 del Estatuto Tributario,
concordante con el artículo 113 del Decreto distrital 0350 de 20183; no obstante, en
el acto no se encuentra la explicación de las bases tenidas en cuenta para la
cuantificación del tributo, en las que se identifiquen los elementos, cuentas o
partidas que se incluyen o excluyen para su cálculo. Consideró que por ello se
desconocieron los principios del debido proceso y del derecho de defensa, al no
permitirle conocer los criterios aplicados para poder discutirlos.
Expuso que en el presente asunto el distrito debió excluir de la base gravable la
recuperación de cuentas por cobrar y otros pasivos reportados por EPM, por no
tratarse de ingresos efectivos o recaudos de la demandante, como lo exige la
normativa aplicable4, la cual limita la base solo a los ingresos ejecutados en la
vigencia anterior.
Indicó la vulneración del principio de reserva de ley, pues si bien el artículo 338 de
la Constitución Política permite que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y
contribuciones que se cobren como recuperación de costos del servicio, esto debe
realizarse de conformidad con los elementos que han sido establecidos en la ley.
Reiteró que, en el caso concreto, la autoridad integró valores que no corresponden
a la base gravable de la cuota, por no considerarse «ingresos efectivos»5 puesto que
solo tomó la información registrada en el Consolidador de Hacienda e Información
Financiera Pública (en adelante CHIP), sin realizar una debida depuración.
Precisó que, tal y como se manifestó en sede administrativa, la partida de
«recuperación de cuentas por cobrar»6 no puede tenerse en cuenta, por corresponder a
una recuperación de anticipos que se entregaron para la ejecución de algunos
contratos, principalmente proyectos de inversión, y a la recuperación de préstamos
a empleados, filiales y terceros, entre otros.
De este modo, insistió en que «no constituyen un ingreso para EPM y ya hicieron parte de las
fuentes y estuvieron sujetos a cuota de fiscalización en el momento en que la operación de la
empresa generó el flujo de efectivo y, posteriormente se facilitaron en el préstamo de tesorería, con
lo cual su recuperación no debe constituir ingreso recaudado para efectos de determinar la base
gravable de la cuota de fiscalización, en la medida en que en estricto sentido bajo la técnica contable
no corresponden a ingresos ejecutados»7.
En relación con lo anterior, en el acápite de hechos de la demanda, EPM transcribió
apartes del recurso de reconsideración presentado contra el acto inicial, en el que
explicaba que la partida de «otros pasivos»8 no debía adicionarse a la base gravable,
debido a que corresponden a recursos del balance, entre ellos, dineros recibidos
por la compañía para la ejecución de convenios y, además, saldos finales de las
cuentas por pagar de la vigencia reportada (2018) que constituyen una fuente
temporal de financiación.
Por último, puso de presente que las resoluciones demandadas citan como
fundamento los artículos 11 de la Ley 617 de 2000 y 2 de la Ley 1416 de 2010 pero
dicha normativa no admite el cálculo de la cuota como la determinó la
administración, por lo que el ente infringió las normas en que debía fundarse.
3
Por medio del cual se modificó, actualizó y compiló el régimen procedimental en materia tributaria para el Municipio de
Medellín.
4
Citó el parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000 y el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 de 2010, como el
artículo 216 del acuerdo 066 de 2017.
5
Samai, índice 10. Carpeta ZIP, PDF demanda, pág. 15.
6
Ibidem, pág. 17.
7
Ibidem.
8
Ibidem, pág. 5.
3
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Demandante: EPM E.S.P.
Oposición de la demanda
El distrito de Medellín se opuso a las pretensiones9, señalando que el procedimiento
administrativo se surtió con cumplimiento de las garantías del contribuyente, por lo
que no se incurrió en ninguno de los vicios de nulidad manifestados en la demanda.
Destacó que el artículo 287 de la Constitución dispone que las entidades territoriales
tendrán la competencia de ejercer la normativa que le corresponda, así como de
administrar y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones10.
Expuso el marco normativo de la cuota de fiscalización11, indicando que para
determinar el tributo se debe tener en cuenta el valor de los ingresos ejecutados por
la entidad en el año inmediatamente anterior, siendo excluidos solo «los recursos de
crédito, los ingresos por venta de activos fijos, y los activos, inversiones y rentas titularizados, así
como el producto de los procesos de titularización, y los recursos del sistema general de
participaciones […]»12. Explicó que el COMFIS era el organismo técnico, adscrito a la
Secretaría de Hacienda, encargado de coordinar el sistema presupuestal del
municipio, el cual contiene el plan financiero, plan operativo anual de inversiones, y
el presupuesto.
Precisó que la cuota era un tributo especial que hace parte del presupuesto público,
cuyo recaudo se encontraba adscrito a los entes territoriales, según la Ley 617 de
2000. Agregó que, al tratarse de un tributo, este debía atender lo dispuesto en el
artículo 338 de la Constitución, el cual prevé que, mediante ley, ordenanza y
acuerdos, se fijan los sujetos activos y pasivos, los hechos y la base gravable, así
como las tarifas; siendo en este caso reglamentada municipalmente por el acuerdo
066 de 2017, en el capítulo XXI.
Aclaró que, para liquidar el tributo, la información suministrada en el formato es
cotejada con la registrada en el CHIP, con la finalidad de establecer los ingresos
ejecutados por la compañía en el año anterior. Advirtió que en el presente asunto
se presentó una diferencia en los datos reportados, siendo mayor la suma
correspondiente a la ingresada en el CHIP. En concreto, la demandada sustentó que
no se excluyeron los conceptos de recuperación de cuentas por cobrar y otros
pasivos, pues así no lo prevé expresamente la ley; empero, aclaró que accedió a
descontar únicamente los recursos por cuotas moderadoras y copagos del Servicio
Médico, atendiendo al concepto 82 (radicados 201600415295 y 201600496877) del
22 de septiembre de 2016.
Sostuvo que, de acuerdo con las normas aceptadas en materia contable como de
los principios que la fundamentan, los ingresos tienen relación con los hechos
económicos de una actividad; en ese sentido, el parágrafo del artículo 11 de la Ley
617 de 2000 indica que el cálculo de la cuota se realizará solo sobre el total del
monto de los ingresos ejecutados, por lo que a estos serán integrados por todos
aquellos valores que no están taxativamente excluidos en la norma, cuestión que
no ocurrió en el caso en concreto; además, la tarifa aplicable no excedió el 0.4%.
En cuanto al desconocimiento de los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario,
manifestó que no eran aplicables a este caso, teniendo en cuenta que existe una
9
Samai de tribunal, índice 7. Carpeta ZIP, PDF contestación.
10
Respecto a la autonomía territorial citó la sentencia C-495 de 1998.
11
En el que mencionó también las sentencias C-1148 del 2001, C-579 de 2018,
12
Samai de tribunal, índice 7. Carpeta ZIP, PDF contestación, pág. 12.
4
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Demandante: EPM E.S.P.
diferencia entre los tributos declarables y los no declarables, debido a que para los
primeros la norma es clara en el procedimiento para la expedición de la
correspondiente liquidación; mientras que para los segundos, es la administración
municipal la encargada de determinar el tributo, que se encuentra regulado por el
artículo 42 del Decreto 0350 del 2018.
Concluyó que no hubo violación al debido proceso, al verificar que la motivación del
acto se encuentra dentro de los supuestos de hecho o de derecho que le sirvieron
al funcionario para expedir las resoluciones para el año 2019, actuación que se
sujetó a lo dispuesto en la norma aplicable, como a los principios tributarios.
Por último, solicitó condenar en costas a la demandante, conforme los artículos 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
365 del Código General del Proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados, dispuso el restablecimiento del derecho e impuso
condena en costas a la parte demandada, por lo siguiente13:
Refirió el contenido de las normas y la jurisprudencia aplicable a este caso, y expuso
el acervo probatorio del proceso, resaltando la prueba testimonial practicada al
señor Juan Fernando Gómez Cárdenas.
Precisó que la cuota de fiscalización corresponde a un tributo especial creado para
garantizar la autonomía presupuestal de la Contraloría General de la República, en
el que los sujetos pasivos son los sometidos a la vigilancia y control de esta entidad;
advirtió que en el caso en concreto no se discutió la condición de sujeto pasivo de
EPM, por lo que la controversia se centraba en la determinación de la base gravable.
Indicó que el Estatuto Tributario Municipal dispone que las compañías vigiladas
deben remitir el formato con la información que relacione los ingresos que fueron
ejecutados en la vigencia inmediatamente anterior, de la cual la administración
establecerá la cuota individual de fiscalización.
Resaltó que el Consejo de Estado14 ha señalado que al citado procedimiento no le
es aplicable las disposiciones del Estatuto Tributario referentes al contenido de la
liquidación oficial de revisión, razón por la que el cargo de falsa motivación no estaba
llamado a prosperar.
En cuanto a la infracción de normas en que debía fundarse, sostuvo que el parágrafo
del artículo 11 de la Ley 617 de 2000 prevé que la cuota se liquida sobre el total de
los ingresos ejecutados, de los que se excluyen «los recursos del crédito, los ingresos por
la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, el producto de los procesos
de titularización y los recursos del Sistema General de Participaciones»15 y aclaró que en el caso
no se discute la exclusión de sumas que no representan ingresos para la compañía,
sino únicamente si la base gravable se conformó con ingresos ejecutados o no.
Relacionó la definición de ingresos contenida en la resolución 355 de 2007 de la
Contaduría General de la Nación (Plan General de Contabilidad Pública), de las
13
Samai de tribunal, índice 16.
14
Citó la sentencia del 7 de diciembre de 2023, exp. 26459, M.P. Wilson Ramos Girón.
15
Samai de tribunal, índice 16.Pág. 18.
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normas internacionales de información financiera (NIIF) y del artículo 38 del Decreto
2649 de 1993 y concluyó que se consideran ingresos los incrementos de beneficios
económicos o flujos de entrada de recursos que incrementan los activos o
disminuyen los pasivos y representan aumentos del patrimonio.
Indicó que es necesario que la administración verifique la definición de ingresos para
poder excluir todas las partidas que no se enmarquen en ella y que no le asiste la
razón a la demandada al considerar que se deben considerar como ingresos
ejecutados toda la información reportada en el CHIP, toda vez que, si bien está
facultada para realizar el cruce de información, la demandante suministró desde el
inicio del trámite el insumo necesario para determinar adecuadamente la base.
Afirmó que la declaración del testigo técnico permite determinar que la información
contenida en el sistema CHIP es general y sin detalle, que contiene todas las fuentes
de financiación recibidas o previstas por la entidad, lo cual no fue controvertido por
la entidad territorial.
Puso de presente que la demandante presentó la certificación expedida por
contador público, en la que se señaló que se deben excluir los conceptos de
recuperación de cuentas por cobrar y de otros pasivos, pues no corresponden a
«ingresos efectivos»16, dado que el primero se trata de recuperación de anticipos
entregados en ejecución de contratos o de préstamos a empleados, filiales o
terceros, y, el segundo, corresponde a recursos del balance recibidos por EPM para
la ejecución de convenios y son una fuente temporal de financiación. Destacó que
la certificación tiene valor probatorio, conforme al artículo 777 del Estatuto
Tributario.
Con base en lo expuesto, declaró la nulidad parcial de los actos demandados,
precisando que el distrito de Medellín liquidó un mayor valor de la cuota de
fiscalización para el año 2019 de $3.594.679.223. A título de restablecimiento del
derecho, ordenó la devolución de la citada suma, con los intereses y la actualización
monetaria de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
Impuso condena en costas a la parte demandada, de conformidad con el numeral 5
del artículo 365 del Código General del Proceso, y fijó las agencias en derecho al
3% del valor pretendido, de acuerdo con el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto
de 2016.
Recurso de apelación
El distrito de Medellín sustentó su recurso de apelación17, reiterando el marco
normativo de la cuota de fiscalización e indicó que la base gravable del tributo debe
tener en cuenta los ingresos ejecutados por las entidades del año inmediatamente
anterior al período a liquidar, excluyendo «los recursos de créditos, los ingresos por la venta
de activos fijos, los activos, inversiones y rentas titularizados, la disponibilidad inicial, el producto de
los procesos de titularización y el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones»18.
Expuso que el numeral 5 del artículo 216 del acuerdo 066 de 2017 se refiere solo a
los «ingresos ejecutados»19 por el sujeto pasivo, por lo que el concepto no integra los
«ingresos efectivos»20
16
Ibidem, página 20.
17
Samai de tribunal, índice 18.
18
Ibidem, pág. 8.
19
Ibidem.
6
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«ingresos efectivos»20.
Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió que la información registrada en el CHIP
contiene más que solo los ingresos ejecutados, puesto que en el aplicativo se
suministra la relación financiera, contable, de tesorería y de presupuesto de las
entidades públicas; lo que permite que, al ser una información oficial, la autoridad
pueda comparar los datos con los allegados en el formulario dispuesto para efectos
de la determinación del tributo.
Destacó que la demandada tomó la ejecución presupuestal de EPM de la información
reportada en el CHIP, reconociendo el descuento por las cuotas moderadoras.
Además, destacó que el artículo 9 de la resolución orgánica 035 de 2020 de la
Contraloría General de la República21 prevé que «la ejecución en los ingresos comprende
el reconocimiento y el recaudo»22.
Aclaró, para el caso concreto, que la información de la ejecución de ingresos
reportada al CHIP debe ser comparable con la información aportada por la entidad y
que los conceptos por recuperación de cuentas por cobrar y otros pasivos no
equivalen a los excluidos taxativamente por la ley, razón por la cual las resoluciones
demandadas fueron proferidas en cumplimiento del procedimiento aplicable.
Adicionalmente, reprochó que la demandante «desconoce que se trata de información
presupuestal (ejecución presupuestal), no de información financiera y contable (Estado de fuentes y
usos), aclarando que la causación no es ejecución»23.
Transcribió la definición de presupuesto de ingresos del artículo 12 del Decreto 115
de 1996, y puso de presente que la demandada, mediante el oficio SIH-7016 del 7
de abril de 2019, informó a la demandante que había encontrado algunas
inconsistencias en el valor descrito en los ingresos ejecutados. Así, aseguró que
EPM no aportó la ejecución presupuestal y, al revisar el CHIP, se constató que no
coincide con el valor de los ingresos ejecutados, ya que este sistema no refleja la
venta por activos y por inversiones.
Por último, manifestó que la condena en costas de primera instancia es
improcedente, toda vez que, no se encuentra demostrada su causación dentro del
proceso24, conforme los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 del Código
General del Proceso.
Oposición a la apelación
La demandante25 controvirtió el recurso de la demandada, exponiendo que la norma
es clara en determinar que el cálculo de la cuota de fiscalización recae sobre los
ingresos ejecutados por las entidades en la vigencia anterior, cuestión por la que no
se podía incluir las partidas de recuperación de las cuentas por cobrar y de otros
pasivos.
Expuso la definición de ingresos dispuesta en las NIIF, específicamente la NIC 18,
por ser la norma aplicable al momento de los hechos, y aclaró que la información
que se suministra en el CHIP incorpora el estado financiero fuentes y usos, el cual
20
Ibidem.
21
Que definió la información presupuestal de las entidades sujetas al Estatuto Orgánico del Presupuesto, las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
22
Samai de tribunal, índice 18, página 10.
23
Ibidem, página 11.
24
Citó la sentencia del 6 de agosto de 2019, sin identificar el expediente, M.P. Rocío Araújo Oñate.
25
Samai, índice 20.
7
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corresponde a movimientos que no pueden ser catalogados en su totalidad como
ingresos efectivos.
Destacó la prueba testimonial practicada dentro del proceso, en la que se expuso
cómo se ejecutaba el procedimiento para la liquidación de la cuota, las cuentas
tenidas en cuenta y las excluidas. También resaltó el certificado de contador público,
que sustentaba las partidas que no constituían ingresos para EPM.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público solicitó que se confirmara la sentencia apelada26.
Puso de presente que, al tratarse de un tributo especial, este se causa solo con el
hecho que la entidad esté sometido a vigilancia fiscal, y, para cuantificarse, debe
tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 617 de 2000, que prevé la
base gravable está integrada por los ingresos ejecutados en la vigencia anterior,
entendiendo estos como las sumas que implican un beneficio económico real y
disponible, desde la perspectiva contable y presupuestal. Consideró que la decisión
del a quo se ajusta a derecho, teniendo en cuenta que la inclusión de partidas que
no se consideren como ingresos ejecutados es improcedente27.
Hizo referencia a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202228, para
señalar que los actos administrativos debían contar con la debida motivación, así
como fundamentarse en hechos reales y sobre la condena en costas, solicitó que
en esta instancia no se condenara a la parte vencida, por encontrar que
objetivamente no se causaron dentro del expediente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de las resoluciones 29283 del
26 de junio de 2019 y 202050026216 del 29 de abril de 2020, mediante las cuales
el distrito de Medellín determinó la cuota de fiscalización para el año 2019, a cargo
de EPM.
Análisis del caso concreto
La apelante afirmó que, conforme el numeral 5 del artículo 216 del acuerdo 066 de
2017, la base gravable de la cuota de fiscalización se debe conformar solo con los
«ingresos ejecutados», no por «ingresos efectivos». Así, destacó que el artículo 9 de la
resolución orgánica 035 de 2020 de la Contraloría General de la República
determinó que la ejecución de ingresos comprende el reconocimiento y recaudo.
Manifestó que EPM no aportó la ejecución presupuestal ante el oficio que puso de
presente las inconsistencias encontradas en la información presentada, y que el
registro en el CHIP es información oficial que puede ser constatada por la entidad.
También advirtió que la recuperación de cuentas por cobrar y otros pasivos no son
equivalentes a las exclusiones autorizadas por el legislador.
La compañía se opuso al recurso de apelación, manifestando que se debía tener
en cuenta la definición de ingresos que disponen las NIIF para depurar los valores
26
Samai, índice 19.
27
Citó las sentencias C-1148 de 2001 y C-228 de 2010.
28
Exp. 68001-23-33-000-2013-00735-02, sin identificar ponente.
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que integran la base gravable; esto, para determinar que en su caso no se podían
agregar las partidas que no correspondían a los ingresos ejecutados en el año 2018.
Para decidir, la Sección precisa que en el presente asunto ninguna de las partes
discute que EPM era sujeto pasivo de la cuota de fiscalización para el período 2019,
ni se apeló la decisión del tribunal respecto a la improcedencia de aplicar a este
caso los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario para las liquidaciones
oficiales. Por lo tanto, la controversia se centra en determinar si la recuperación de
cuentas por cobrar y de otros pasivos deben excluirse de la base gravable de la
cuota de fiscalización.
Teniendo esto presente, la Sala observa que el artículo 4 de la Ley 106 de 1993
prevé que la Contraloría General de la República cobra una tarifa de control fiscal a
los organismos y entidades vigiladas, con la finalidad de garantizar su autonomía
presupuestaria, mientras que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 2000,
reiterado en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1416 de 201029, dispone el cobro
de la cuota de fiscalización en favor de las contralorías distritales y municipales, en
los siguientes términos:
«PARÁGRAFO: Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar
una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto
de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los
recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas
titularizados, así como el producto de los procesos de titularización. […]».
La Sección, en sentencia del 30 de agosto de 202430, señaló que, conforme la
sentencia C-1148 de 2001 de la Corte Constitucional, que estudió la exequibilidad
del artículo 4 de la Ley 106 de 1993, la cuota de fiscalización asegura la existencia
de recursos que hagan efectiva la autonomía presupuestal del órgano de control,
manteniendo intacta su autonomía frente a las autoridades que intervienen en la
elaboración y aprobación del presupuesto.
Además, la Corte aclaró que «el cálculo de la tarifa de control fiscal, cuando se trate de la
fiscalización de entes particulares que manejan, en forma total o parcial, fondos o bienes de la
Nación, debe calcularse en relación con el monto de tales fondos o bienes de la Nación y no con los
que correspondan al ente particular como tal, pues éstos son privados, y la Contraloría no ejerce
fiscalización sobre ellos».
Teniendo en cuenta lo anterior, el fallo concluyó que, «para establecer la base gravable
de la “cuota de fiscalización” corresponde verificar el presupuesto de la entidad sometida a vigilancia
y control, con miras a determinar los ingresos ejecutados (i.e. recaudados) en la vigencia fiscal
anterior a la que corresponde el tributo» [subraya la Sección] e indicó que el artículo 109 del
Decreto 111 de 1996 permitió que las entidades territoriales expidieran las normas
orgánicas de presupuesto.
Para el caso concreto, estas normas fueron adoptadas por el distrito de Medellín en
el Decreto 006 de 1998, cuyo artículo 5 prevé que «Las empresas de servicios públicos
domiciliarios en cuyo capital el Municipio o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más,
tendrán para efectos presupuéstales (sic) el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado».
En línea con lo mencionado, como lo indicó la sentencia reseñada, ya que EPM es
una empresa de servicios públicos domiciliarios con participación del municipio en
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Por medio de la cual se fortalece el ejercicio de control fiscal.
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Exp. 26375, M.P. Wilson Ramos Girón.
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más del 90%31, es aplicable el Decreto nacional 115 de 1996, que establece en su
artículo 12 que «El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos
corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital».
En ese sentido, se observa que para determinar los «ingresos ejecutados» que integran
la base gravable de la cuota de fiscalización, es necesario verificar el presupuesto
de la entidad, para valorar cuáles son los recursos recaudados, por concepto de
ingresos corrientes o recursos de capital, en el año inmediatamente anterior a la
vigencia que el ente territorial liquidará, que en el presente asunto es el año 2018.
Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que, en el proceso de la referencia,
se encuentran probados los siguientes hechos:
· EPM remitió a la demandada el «informe de ejecución de ingresos y gastos a diciembre de 2018»,
mediante oficio fechado el 15 de febrero de 201932. En este documento consta el
estado de fuentes y usos, que reporta que el presupuesto original de ingresos por las
cuentas de recuperación de cuentas por cobrar y de otros pasivos, en «Millones de
Pesos», era de «44.256» y «1.239.715», respectivamente. No obstante, al cierre del
periodo, la recuperación de cuentas por cobrar fue ejecutada en «545.877», lo que
supuso un «715.95%» de ejecución, y los otros pasivos se ejecutó en «1.190.683», para
una ejecución del «80.25%».
· La compañía presentó la información para el cálculo de la cuota de fiscalización para
el período gravable 2019, el 30 de abril de la misma anualidad33, donde indicó que la
base gravable era de $8.519.526.691.480. Además, precisó que «[…] durante el período
gravable 2018 se incluyeron en el estado Fuente y Usos partidas que no corresponden a la definición de
Ingresos efectivos sino a fuentes temporales de financiación y recursos recibidos en administración, que
no deben hacer parte de la base para el cálculo de la cuota de fiscalización […]»34, aclarando que se
deben excluir la recuperación de cuentas por cobrar y los otros pasivos.
· La demandada, mediante oficio SIH-7016 de 2019, manifestó a la contribuyente que,
en la información suministrada el 30 de abril del mismo año, se encontraron
inconsistencias en los ingresos ejecutados, advirtiendo que «de acuerdo con las
sustentaciones suscritas en el documento 2019130051986 del 30 de abril de 2019, dichos conceptos no
son permitidos por la ley, exceptuando los recursos por cuota moderadoras y copagos del Servicio
Médico»35.
· En resolución 29283 del 26 de junio de 2019, la entidad territorial liquidó la cuota
definitiva de fiscalización a cargo de EPM para la citada vigencia36, en la suma de
$21.230.099.475, teniendo como base gravable el valor de $10.256.086.702.790,
según la información reportada sobre los «ingresos ejecutados» a 31 de diciembre de
2018.
· La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, en el
que reiteró que de la base gravable se debían excluir los conceptos de recuperación
de cuentas por cobrar y otros pasivos37.
Como anexo a dicho recurso, presentó el certificado de contador público de la
empresa, en el que se aseguró que «el estado financiero Fuente y Usos incorpora partidas que
no corresponde a ingresos efectivos, es decir, allí por técnica contable se registran movimientos de caja,
por tanto, no todos los datos en él incorporados constituyen ingresos efectivos»38.
Luego, indicó que, «para la determinación de la cuota de fiscalización del año 2019, tomando como
base el estado financiero Fuente y Usos del año 2018, se incluyeron UN BILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (M/L) ($1.736.560.011.309)
31
Samai, índice 10. Carpeta ZIP, PDF demanda, pág. 1; y PDF del poder y sus anexos, pág. 11.
32
Ibidem, PDF «1.9Informe Fuentes y Usos 2018».
33
Ibidem, PDF «1.5Formato cuota de fiscalización 2019 Entregado».
34
Ibidem, pág. 2.
35
Ibidem, PDF «1.6Respuesta Mpio de Medellín al reporte de información».
36
Ibidem, PDF «1.2Resolución N° 29283 de 2019 Liquidación Cuota de Fiscalización».
37
Ibidem, PDF «1.4Recurso de Reconsideración (Incluye Certificado de Contador)».
38
Ibidem, página 13.
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que no corresponden a la definición de ingresos efectivos sino a: (i) recuperación de cuentas por cobrar
($545.876.955.991) […] y (ii) otros pasivos ($1.190.683.055.318)» 39.
· La administración confirmó la totalidad del acto de determinación, mediante la
resolución 202050026216 del 29 de abril de 202040.
· En el trámite de primera instancia, se practicó una prueba testimonial de un empleado
de la demandante, quien puso de presente que el estado de fuentes y usos refleja
«todo el movimiento de fuentes de efectivo y cuáles son sus usos, vale la pena aclarar que cuando me
refiero a fuentes de efectivo es todo el efectivo, no solo el dinero, sino sus equivalentes; es decir, todo lo
que tiene que ver con activos y pasivos de corto plazo»41.
Adicionalmente, indicó que la diferencia entre la liquidación del tributo por parte de la
demandada y lo previsto por la demandante se debe a que, «como estamos partiendo de
un estado presupuestal de Fuentes y Usos, inicialmente ese estado muestra todo lo que se tiene
presupuestado que va a ingresar como efectivo, eso constituye tanto ingreso propios de EPM como otros
recursos, provenientes de convenios, provenientes de recaudo de terceros y, a su vez, también están
incluidos los movimientos de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar, que es un tipo de financiación
temporal, que es un equivalente de efectivo, pero que en ningún momento constituye un ingreso,
entonces […] nosotros depuramos todas las partidas que no son ingreso para EPM del estado de Fuentes,
es decir, partimos del total de fuentes de efectivo, excluimos lo que no es ingreso, para así determinar
qué son ingresos, tal como lo dice la norma, que son ingresos ejecutados»42.
Del análisis conjunto de las pruebas, la sala advierte que el distrito de Medellín
determinó la base gravable de la cuota de fiscalización para el año 2019 con la
información suministrada por la contribuyente en el presupuesto de ingresos y el
informe de ejecución de ingresos a 31 de diciembre del 2018, en el que EPM incluyó
los conceptos de recuperación de cuentas por cobrar y de otros pasivos.
Además, se observa que atendió el monto reportado como recaudado en el reporte
de ejecución de ingresos a 31 de diciembre de 2018, presentado por EPM,
destacando que los conceptos de recuperación de cuentas por cobrar y de otros
pasivos fueron presupuestados y, además, que su ejecución real fue del 715.95% y
del 80.25%, respectivamente; por ende, se encuentra que sí existió un recaudo de
dichos rubros durante el período inmediatamente anterior al que se debía liquidar,
tal y como lo exige la ley.
El tribunal señaló que el testimonio practicado en primera instancia y el certificado
del contador aportado con el recurso de reconsideración prueban que estas cuentas
no corresponden a «ingresos efectivos», frente a lo cual, se debe tener en cuenta que
la ley prevé que la base gravable se deberá integrar por «ingresos ejecutados», que
corresponden a los recaudados, atendiendo al presupuesto de la entidad vigilada,
tal como lo señaló la sentencia del 30 de agosto de 202443. Así, por ejemplo, en
dicha providencia se estudió si los aportes de capital de los accionistas integran la
base gravable, pese a que contablemente no corresponden a un ingreso, sino al
patrimonio de la entidad, ante lo cual se afirmó lo siguiente:
[…] si bien la Sala concuerda con la apelante en que su tratamiento contable no corresponde
al de ingreso, sino que son parte del patrimonio de la entidad, se estima que esa clasificación
contable es insuficiente para excluirlo de la base gravable de la cuota de fiscalización, toda
vez que, como se vio, los recursos del capital, entre estos las aportaciones de recursos por
los accionistas, corresponden a ingresos ejecutados de las entidades de servicios públicos
que, como la demandante, tienen una participación mayoritaria de las entidades públicas. En
esa medida, aunque para efectos contables se registre en una cuenta del patrimonio, por
tratarse de recursos disponibles para el gasto público integran el presupuesto de los ingresos
39
Ibidem, página 14.
40
Ibidem¸ PDF «8-Resolucion202050026216 de 2020».
41
Samai, índice 10, correo electrónico del tribunal, enlace del expediente, grabación de la audiencia de pruebas, minuto
10:30 y siguientes.
42
Ibidem, minutos 21:35 y siguientes.
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recaudados por la entidad y, como tal, hacen base del tributo analizado, que no se refiere a
los ingresos contables ni su causación, sino que, como lo indicó la Corte Constitucional, se
cuantifica a partir del presupuesto de las entidades vigiladas. Esa conclusión además se ajusta
a la finalidad del tributo, pues se busca financiar el presupuesto de los entes de control y
vigilancia fiscal, el cual se ejerce respecto de los recursos de connotación pública que se
ejecutan por las entidades vigiladas. En el caso, la demandante admite que la capitalización
provino de recursos públicos, pues fueron aportes que efectuó su socia mayoritaria (una
empresa industrial y comercial del distrito de Medellín), con lo cual el control y vigilancia de la
Contraloría Distrital debía ejercerse también respecto a esos recursos [subraya la Sección].
Teniendo esto presente, aunque el artículo 777 del Estatuto Tributario dispone que
la certificación de contador público es prueba contable suficiente, el hecho de que
las cuentas objeto de la controversia no se consideren ingresos desde el punto de
vista contable, no supone necesariamente su exclusión de la base gravable, pues
la ley prevé que se deben incluir son aquellos recursos del presupuesto que sean
clasificados como ingresos corrientes o como rentas de capital, aspecto que no fue
desvirtuado ni controvertido por la demandante.
Sumado a lo anterior, la demandante no desvirtuó que dichas cuentas se trataran
de recursos públicos, frente a los cuales se ejerce el respectivo control y vigilancia
por parte de la Contraloría Distrital, por lo que su inclusión se ajusta a la finalidad
del tributo de financiar el presupuesto del ente de control.
De otro lado, es importante anotar que la demandante afirmó que la partida de
recuperación de cuentas por cobrar ya hizo parte de las fuentes que fueron objeto
de fiscalización al momento en que se generó el flujo de efectivo, esto es, cuando
fueron un ingreso contable reconocido por la empresa.
Sin embargo, la Sala advierte que esto tampoco impide que sean tenidos en cuenta
para determinar el tributo para el año 2018 pues son recursos que integran el
presupuesto de ingresos de la entidad para la vigencia 2018, conforme lo prevé el
artículo 12 del Decreto 115 de 1996, de tal modo que se cumple el supuesto de
hecho para su inclusión en la base gravable del 2019.
Adicionalmente, se resalta que el tribunal señaló que las partes no discutieron si la
recuperación de cuentas por cobrar y otros pasivos corresponden a los conceptos
excluidos en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1416 de 2010, aspecto que, por
demás, no fue objeto de apelación, motivo por el que no será estudiado en esta
instancia, en virtud del principio de congruencia de los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso.
Por lo expuesto, prospera el recurso de la apelación de la demandada, razón por la
que se revocará la decisión de primera instancia, y en su lugar, se negará las
pretensiones de la demanda. Lo anterior hace innecesario estudiar los argumentos
propuestos en la apelación sobre la condena en costas impuesta por el a quo.
Costas
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso y el
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, como se revoca la sentencia
dictada en primera instancia y se niega en su totalidad de las pretensiones
formuladas, es procedente condenar en costas a la demandante en ambas
instancias. Para tal efecto las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV por
cada instancia, y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código
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Demandante: EPM E.S.P.
General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 29 de noviembre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
2. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva.
3. CONDENAR en costas a la demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal
que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo señalado en la
presente providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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