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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00643-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00643-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de conformidad con lo consignado en la presente providencia. Segundo. Modificar la sentencia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, así: Segundo: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la señora María Adela Acevedo Suarez la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 3 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación deberá realizar el pago por aportes a pensión a favor de la demandante sobre el 30% que se reconoce a título de prima especial, desde el 3 de febrero de 2018 y hasta la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021. Igualmente, lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando las sumas resultantes no se hayan cancelado por la entidad demandada previamente. Por lo que corresponde a esta última, hacer la verificación correspondiente. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional. Tercero. Disponer que en lo demás la sentencia recurrida permanece inmodificable. Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen. 18 Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025) Demandante: María Adela Acevedo Suárez Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00643-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Reiteración jurisprudencial.
Subtema 1: vigencia del Decreto 272 de 2021 Subtema 2: aportes al sistema de
seguridad social en salud y pensión. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 21 de
agosto de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora María Adela Acevedo Suárez, en su condición de fiscal delegada ante los
jueces del circuito, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor mensual adicional al salario básico,
así como la reliquidación de todas sus prestaciones salariales y prestacionales. La
entidad demandada negó dichas pretensiones. No obstante, el Tribunal accedió
parcialmente a lo solicitado, para lo cual declaró la nulidad del acto administrativo
cuestionado; declaró probada la prescripción trienal respecto de las sumas
causadas con anterioridad al 3 de febrero de 2018; condenó a la entidad accionada
a reconocer y pagar la prima especial como una adición al salario. Igualmente,
ordenó a la Fiscalía General de la Nación a efectuar los descuentos de ley y aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensión.

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora María Adela Acevedo Suárez, mediante apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con las siguientes1:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
DS-SRANOC-GSA-28 núm. 000450 del 26 de febrero de 2021, radicación.
20210380004421, expedido por la Sección de Talento Humano de la
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la
Nación.

(ii) A título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad
demandada a la reliquidación, reajuste y pago del incremento o agregado
equivalente al 30% de su remuneración mensual, de conformidad con
previsto en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020.

(iii) Condenar a la Fiscalía General de la Nación a reconocer, reliquidar y
reajustar a través del fondo de pensiones a partir del 3 de febrero de 2018
y hasta la fecha en que la actora permanezca en el cargo, el 30%
equivalente a la prima especial.

(iv) Que las sumas que resulten a su favor sean indexadas de acuerdo con
la variación del índice de precios al consumidor IPC, certificado por el
DANE.

(v) Ordenar a la Fiscalía General de la Nación al cumplimiento de la
sentencia de conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, expuso lo siguiente:

i. La señora María Adela Acevedo Suárez está vinculada al servicio de
la Fiscalía General de la Nación desde 1995 y al momento de presentar la
demanda ejercía el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales de
circuito.

1 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 002Demanda.

2

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Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

ii. La demandante presentó reclamación administrativa el 3 de febrero de
2021 ante la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental, en la que solicitó
el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, Ley 478 de 1998 y demás normativa, como un incremento del
30% sobre su remuneración básica mensual, adicional al 100% de su salario,
la reliquidación de sus prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2018
hasta la fecha de su retiro y la indexación y ajuste de los valores adeudados
conforme a la variación del IPC.

iii. La Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General
de la Nación, no accedió a lo pretendido. Asimismo, indicó que contra dicho
acto solo procedía el recurso de reposición. No obstante, este no fue
interpuesto por cuanto no constituye un requisito obligatorio, de conformidad
con lo previsto en el artículo 76 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución
Política: artículos 2, 4, 58 y 237; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 15; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Culturales; el Convenio Internacional del
Trabajo No. 111, y la Ley 476 de 1998, artículo 1.

4. Expuso que la Ley 4ª de 1992 fijó los principios rectores del régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos, entre ellos la prohibición de desmejorar
sus derechos, y previó en su artículo 14 una prima especial concebida como un
incremento adicional del salario básico. No obstante, en el ámbito de la Rama
Judicial, dicha prima fue interpretada de manera regresiva al fraccionarse la
remuneración en un 70 % como salario y un 30 % como prima especial, lo que
comportó un menoscabo de los derechos laborales.

5. Sostuvo que esa interpretación fue corregida por esta Corporación en
sentencia del 29 de abril de 2014 y reiterada en la del 2 de septiembre de 2019,
puesto que se precisó que la prima especial es un sobresueldo y que en ese sentido
debe adicionarse al salario básico, con derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias resultantes, y que dicho factor tiene incidencia salarial para efectos
pensionales. En consecuencia, se reconoció el derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales con inclusión del referido 30 %.

6. Manifestó que, aunque el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 estableció la prima
especial, de la cual fueron inicialmente excluidos quienes se acogieron a la escala
salarial propia de la entidad o se vincularon bajo determinados regímenes. Sin
embargo, en sucesivas providencias, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los
decretos que negaban dicho derecho y rectificó la interpretación que desconocía el
carácter de sobresueldo de la prima.

7. Finalmente, resaltó que la sentencia de unificación del 15 de diciembre de
3

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Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

2020 determinó que, a partir de la Ley 476 de 1998, los funcionarios de la Fiscalía
que se acogieron al régimen del Decreto 53 de 1993 o se vincularon con
posterioridad tienen derecho a la prima especial como incremento del salario básico,
así como a la reliquidación de las prestaciones sociales correspondientes. En ese
contexto, el Decreto 272 de 2021 no creó la prima, sino que reafirmó un derecho
previamente reconocido por la Ley 4ª de 1992 y por la jurisprudencia de esta
Corporación.

2.2. Contestación de la demanda

8. La Fiscalía General de la Nación2, a través de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que, en su criterio, lo solicitado no se
ajusta a la sentencia proferida por esta Corporación el 15 de diciembre de 2020, en
la cual se reconoció la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
únicamente a los funcionarios que se acogieron al Decreto 53 de 1993 o a quienes
se hayan vinculado con posterioridad a su expedición.

9. Formuló como excepciones: (i) prescripción; (ii) carencia de objeto; (iii)
inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación, y (iv) improcedencia de extralimitar el límite previsto en el
artículo 4 de la Ley 4ª de 1992.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
dictada el 21 de agosto de 20253, dispuso:

PRIMERO: Declarar la nulidad del oficio DS-SRANOC-GSA-28 No.000450 del 26
de febrero de 2021 expedido por el subdirector Regional de Apoyo Zona
Noroccidental (E), en tanto negó a la demandante el pago de la prima especial del
30% como adición al salario.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar a la señora María Adela Acevedo Suárez
la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 3 de febrero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2020, o en la fecha en la cual se inició a pagar de forma
efectiva la prima especial conforme el Decreto 272 de 2021, sin que en ningún caso
la totalidad de sus ingresos superen el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente. Igualmente se ordena realizar los
descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en
las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no
cotizadas, conforme lo expuesto.

2 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 012Contestación.
3 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 039Sentencia.

4

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Demandante: María Adela Acevedo Suárez
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Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de
la demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en
los términos previstos en el artículo 187 (inciso final), en el artículo 192 y en el
numeral 4 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

[...]4

11. Argumentó que, conforme al material probatorio que obra en el expediente,
se acreditó que la demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad
accionada el 3 de febrero de 2021, con el fin de solicitar el reconocimiento y pago
de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Asimismo, pidió
la reliquidación de sus prestaciones sociales a partir del 1 de enero de 2018 y hasta
que se produzca su desvinculación.

12. Agregó que, de conformidad con la constancia de servicios aportada al
plenario, la demandante registra como fecha de ingreso a la Fiscalía General de la
Nación el 4 de julio de 1995, y que el último cargo ejercido corresponde al de fiscal
delegada ante los jueces del circuito, desde enero de 2017.

13. Señaló que constan los certificados de pagos, de los cuales se advierten los
desembolsos efectuados a la demandante desde el año 2018 hasta septiembre de
2023, en los que se indica que a partir de enero de 2021 se inició el pago de la prima
especial.

14. Refirió que la demandante laboró como fiscal delegada ante los jueces del
circuito desde 2017, el cual seguía ejerciendo para el año 2023. Precisó que se
acreditó que entre el 3 de febrero de 2018 «fecha de la reclamación administrativa»
hasta el 31 de enero de 2020 no se le pagó la prima especial. Por consiguiente,
determinó que la actora es beneficiaria al reconocimiento y pago de dicho rubro
como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional. Además, que la prima especial solo constituye factor
salarial para efectos pensionales. En este sentido, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado.

15. A título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de
la prima especial como adición al salario desde el 3 de febrero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el Decreto 272 de
20215, siempre que no supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.

4 Se transcribe con errores de texto.
5 «Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992».

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Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Igualmente, ordenó el reajuste y pago del ingreso base de cotización respecto a los
aportes a pensión.

2.4. Recurso de apelación

16. La apoderada de la entidad demandada6, manifestó su inconformidad
respecto a la orden de reliquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensión, dado a que en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre
de 2020, no estableció dicho criterio, por cuanto solo previó el reconocimiento y
pago de la prima especial equivalente al 30% como una adición al salario y no como
un factor salarial.

17. Adujo que de reconocerse dichos emolumentos desde que la demandante
presta sus servicios a su representada se estaría atentando contra la estabilidad
financiera de la entidad demandada, más aún cuando lo que debe ser reconocido
como aportes son los generados durante los tres años anteriores a la reclamación
administrativa. Por tanto, al ordenarse el pago de los aportes al sistema pensional
correspondientes a los periodos en que la demandante ha ejercido el cargo de fiscal,
es una decisión que desconoce el precedente jurisprudencial, lo cual configura un
defecto fáctico de la sentencia.

18. Sostuvo que, a partir del año 2003, los decretos salariales de la Fiscalía
General de la Nación, no determinaron un porcentaje por concepto de prima
especial, por tanto no fue descontado el 30% equivalente como prima especial, en
este sentido se le pagó a la demandante el 100% de su salario básico. Por
consiguiente, indicó que no adeuda ningún valor por concepto de prestaciones a la
demandante.

19. En este sentido, reiteró que su representada ha efectuado la liquidación de
la asignación salarial y de las prestaciones sociales de sus servidores conforme a
lo dispuesto en los decretos emitidos por el Gobierno nacional. Por consiguiente,
acceder a las pretensiones de la demandante supondría desconocer la presunción
de legalidad que ampara dichos decretos, vigentes a partir del 2003, así como el
hecho de que la actora no es beneficiaria de la prima especial de servicios, en la
medida en que los decretos expedidos desde ese año no prevén su reconocimiento.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. Mediante auto del 19 de enero de 20267, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por Fiscalía General de la Nación contra la
sentencia de primera instancia. Asimismo, dispuso que, una vez agotadas las
notificaciones al procurador delegado y a las partes, el expediente ingresara para
fallo, salvo que se solicitara la práctica de pruebas.

6 Samai, Gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 042. APELACIÓN.
7 Samai, índice 004.

6

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Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

3. Consideraciones

3.1. Competencia

21. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

22. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados por las partes, corresponde a la Sala a resolver lo siguiente:

23. ¿La sentencia de primera instancia desconoció el precedente jurisprudencial
aplicable, al ordenar el pago de los aportes al sistema pensional, correspondientes
a los periodos laborados, pese a que podría generar un impacto en la estabilidad
financiera de la entidad pública encargada de asumir dichos aportes?

24. ¿Debe reconocerse algún valor por concepto de prima especial, no obstante
que desde el año 2003 los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional
no fijaron porcentaje alguno por dicho emolumento?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

25. La Ley 4ª de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados
y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

26. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia
atribuida por la Ley a 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, y previó a favor de las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993, la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial
a quienes optaran por esa escala salarial.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
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27. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4ª de 1992, en el sentido de determinar
que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la
liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones
correspondientes.

28. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4ª de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial a que se refiere el artículo
6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan,
tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación».

29. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno
nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial
equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los fiscales
delegados de todo orden, de los directores nacionales, regionales y seccionales, y
de los jefes de oficina, de división y de Unidad de Policía Judicial.

30. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de
la Nación, esta Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la
nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 8 de enero de 1999, por «su discordancia con
las disposiciones legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el
régimen salarial de los servidores públicos a que se contrae la Ley 4ª de 1992, más
exactamente por desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30%
del salario básico el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo
siguiente8:

En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno
nacional está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor
de los servidores que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que
opten por la escala de salarios establecida para la Fiscalía General de la
Nación con efectos a partir del 1º de enero de 1993 (…)

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-
00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de
2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de
la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al
decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en
que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el
mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1.992.
8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
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No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el
salario fijado en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios
sustraídos de la posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra
alteración alguna, más exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho
artículo se estableció el sueldo mensual de los empleos de esa entidad, entre
los que ellos se encuentran, sin que se advirtiera que parte alguna de tales
salarios tenía una condición jurídica diferente a la de remuneración por los
servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de prima de servicios.

Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que
otorgó al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de
prima especial de servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto
mediante el cual, se insiste, se fijó la escala salarial de los citados servidores
públicos, sin que se hiciera precisión en él acerca de que determinado
porcentaje de dicha remuneración ostentara la connotación de prima especial
de servicios.

31. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 septiembre de 2007,
«unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que fijaban
el régimen salarial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, en el
sentido de señalar que la declaración de nulidad de los artículos 7 del decreto 50 de
1998 y 8 del decreto 2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa
entidad, enlistados en las normas citadas, «que habían optado por el régimen de
salarios de la Fiscalía General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero
(1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a
que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial, y que no se les reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales
normas no habían establecido un “sobresueldo”»9.

32. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores enlistados en los decretos «no eran los
destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista en la Ley 4
de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico, extraño al
derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial
representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores
públicos. Es consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el artículo 7°
del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-

0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las
providencias del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005
(exp. No. 11001-03-25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los
servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de
las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» (sic).
9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente
condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la
Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento
jurídico»10.

33. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, fijó las
siguientes reglas frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de
1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial
del Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, en los
siguientes términos11:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

34. La sentencia citada que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico
sustentó las reglas en las siguientes razones:

La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30%;

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
01 (1831-01).
11 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).

10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30% del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo
las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue
previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad
resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

35. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21
de septiembre de 202212, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General
de la Nación, dictados en los años 2003 a 2017, al considerar que el 30% del salario
básico mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como
prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede
ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste».
Así se precisó:

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán
(sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la
ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una
parte del mismo, como se anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias
citadas, en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores

12 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,

52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004,
943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.
11

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

en el tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica
de manera sobreviniente.

36. En relación con la prescripción de la prima especial, la sentencia precisó que,
si bien el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 196813 restringe la aplicación de la
prescripción trienal a los derechos y obligaciones expresamente regulados en esa
norma, una interpretación sistemática permite extenderlo a la prima especial, en
atención a las siguientes razones:

(i) Se está ante la posibilidad de aplicar de manera analógica una norma ante un
vacío existente;
(ii) resulta más apropiado acudir a una disposición que regula las relaciones
laborales legales y reglamentarias en el Estado y no a una norma, como el
código procesal laboral que, aunque general, se concibió para el adelanto de
litigios en el que se debaten los extremos de una relación contractual, y
(iii) se señala que la relación laboral de un empleado público es estatutaria, porque
las normas legales y reglamentarias que contienen sus deberes y derechos
conforman una unidad, un sistema que permite que las condiciones en las que
se presta el servicio estén predefinidas, lo cual incluye los tiempos previstos para
exigir el reconocimiento de una condición subjetiva.

37. En ese sentido, la Sala de Conjueces reiteró que la prescripción, de
naturaleza extintiva, cumple una función de protección del orden público y la
seguridad jurídica, por lo que resulta contrario a estos principios permitir el ejercicio
indefinido de pretensiones derivadas de derechos laborales.

38. En consecuencia, concluyó que «no puede afirmarse que los derechos
laborales sean imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de derechos ciertos e
irrenunciables, no por ello pueden desconocerse la ponderación que el mismo
ordenamiento jurídico realiza con el principio de seguridad jurídica como quiera que
la indeterminación temporal en el ejercicio de los derechos generaría la existencia
de situaciones indefinidas, otorgándole un carácter absoluto al derecho de acceso
a la administración de justicia».

39. La Sala de Conjueces también advirtió la confusión que suele existir entre la
posibilidad de reclamar en cualquier momento un derecho laboral por tratarse de
una prestación periódica y la prescripción de las consecuencias económicas
derivadas del mismo. Sobre el particular, aclaró que, si bien el numeral 1, literal c
del artículo 164 del CPACA establece que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho procede en cualquier tiempo contra «actos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas», esta condición no puede extenderse
a las consecuencias económicas derivadas de tales prestaciones. Indicó que la

13 Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres

años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

norma se sustenta en relaciones de tracto sucesivo, propias del vínculo laboral, lo
que permite exigir derechos legales y reglamentarios mientras subsista la relación.
Sin embargo, enfatizó que ello no implica que «la discusión del derecho a que la
prima especial se liquide correctamente implique que los montos derivados de tal
reconocimiento puedan ser reclamados sin límite temporal alguno».

40. En ese orden, concluyó que, si bien el reconocimiento del derecho a la prima
especial puede solicitarse en cualquier tiempo, los efectos económicos de dicho
derecho sí están sujetos al término de prescripción trienal. Así lo expresó:

Por contera, respecto de la prima especial, aun cuando se genera dentro de la
relación laboral, cabe señalar una diferenciación que se desprende de lo hasta ahora
desarrollado: el reconocimiento del derecho puede pedirse en cualquier tiempo, cosa
distinta es el efecto económico de este derecho, es decir, el valor mensual del mismo,
que si está sometido al término de prescripción trienal. Si se observa, no puede
argumentarse que por estar vigente la relación laboral con la Fiscalía y ser ésta de
tracto sucesivo, debe entenderse que se trata de derechos crediticios que no
encuentran límite temporal en su posibilidad de reclamación.

3.4. Hechos probados

41. De la constancia de servicios que obra en el plenario, emitida por la Fiscalía
General de la Nación, se determinó que la señora María Adela Acevedo Suárez
ejerció como fiscal delegada ante los jueces de circuito desde el 1 de enero de
201714 y que a la fecha de expedición de dicha certificación15 su estado era activo.

42. La demandante presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada
el 3 de febrero de 202116, por medio de la cual pidió el reconocimiento y pago de la
prima especial como un incremento adicional al salario básico mensual equivalente
al 30% sobre su remuneración salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y a partir del 1 de enero de 2018 hasta la fecha de su desvinculación de la
entidad accionada. Así como la reliquidación de todas sus prestaciones sociales
sobre el 100% del salario básico.

43.Por Oficio núm. 20210380004421 del 26 de febrero de 202117, expedido por la
Subdirección Regional de Apoyo Zona Noroccidental de la Fiscalía General de la
Nación, se negó a la demandante lo pretendido.

44. En la constancia de salarios de devengados y deducidos del 22 de febrero de
202118 expedida por la Fiscalía General de la Nación, se relaciona lo que pagó por
sueldos y gastos de representación a la demandante en los cargos de fiscal
delegada ante los jueces de circuito, por las vigencias de 2018 al 2021. En este
documento se observa lo siguiente:

14 Samai, visualizar expediente, pdf 005 AnexosPruebas, folio 10.
15 El 1º. de marzo de 2021.
16Samai, visualizar expediente, pdf 005 AnexosPruebas, folios 1 al 4.
17
Samai, visualizar expediente, pdf 005 AnexosPruebas, folio 5.
18 Samai, visualizar expediente, pdf 005 AnexosPruebas, folios 11 al 18.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Cargo: Fiscal Delegada ante los Jueces de Circuito

Año Sueldo Gasto de Prima Total pagado Decreto
representación especial nacional
2018 $5.783.103 $1.927.701 0 $7.710.804 343
$7.710.804
2019 $6.043.343 $2.014.448 0 $8.057.791 996
$8.057.791
2020 $6.352.762 $2.117.588 0 $8.470.350 300
$8.470.350
2021 $6.352.762 -19 0 - 987
$8.691.427

3.5. Caso concreto

45. El juez de primera instancia declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, al considerar que no existía fundamento jurídico para negar el
reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, como una adición al salario, desde el 3 de febrero de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2020 de conformidad con lo previsto en el Decreto 272 de 2021.
Ordenó a la Fiscalía General de la Nación realizar los descuentos de ley por aportes
al Sistema General de Seguridad Social, en las proporciones correspondientes.

46. Por su parte, la entidad demandada manifestó su desacuerdo con la decisión
adoptada por el Tribunal, al considerar que la orden impartida por el juez resulta
excesiva, en la medida en que —según afirmó— desde el año 2003 ha reconocido
y pagado las prestaciones sociales con base en el 100 % del salario, toda vez que
a la demandante no se le ha efectuado descuento alguno por concepto de prima
especial. En el mismo sentido, controvirtió la orden de reajustar y pagar el ingreso
base de cotización para efectos de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por estimar que dicha obligación carece de sustento, dado el tratamiento
salarial que, en su criterio, ya se venía aplicando.

47. Ahora bien, al descender al caso concreto tenemos que el fallador de primera
instancia dispuso:

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar a la señora María Adela Acevedo Suarez
la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 3 de febrero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2020, o en la fecha en la cual se inició a pagar de forma
efectiva la prima especial conforme el Decreto 272 de 2021, sin que en ningún caso
la totalidad de sus ingresos superen el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, atendiendo el cargo correspondiente. Igualmente se ordena realizar los
descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en
las proporciones correspondientes, respecto de las diferencias ordenadas y no
cotizadas, conforme lo expuesto.

19 No registra valor exacto de lo percibido por este concepto.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de
la demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en la parte motiva.

48. Al respecto, es pertinente precisar que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, creó
la prima especial e incluyó a los servidores de la Fiscalía General de la Nación como
beneficiarios de esta. Posteriormente, con la expedición del Decreto 53 de 1993, se
establecieron normas sobre el régimen salarial y prestacional para sus funcionarios,
igualmente, se dispuso en su artículo 6 que dicha prima no tendría carácter salarial.

49. Más adelante, con la expedición de la Ley 332 de 1996, artículo 1º., se
extendió la prima especial para los fiscales y con la Ley 476 de 1998, se aclaró que
los mismos tienen derecho a recibir la prima especial y que esta tiene carácter
salarial para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación.

50. A su turno, en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, se estableció que los empleados públicos de la
Fiscalía que optaron por el régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993, o
que ingresaron a la entidad con posterioridad, tienen derecho desde 1998 a que sus
prestaciones sociales sean reliquidadas sobre el 100% de su salario o asignación
básica. Esto implica la inclusión correspondiente a la prima especial, que
anteriormente se había excluido.

51. Por consiguiente, es claro que la prima especial para los funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación constituye factor salarial en materia de aportes a
pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 476 de 1998 y por ello se debe
tener en cuenta el ingreso base de liquidación del 100% del salario más el 30%
adicional que corresponde a la referida prima, por tanto, si la controversia se
circunscribe a estos porcentajes, no le asiste razón a la entidad demandada, por
cuanto lo ordenado en la primera instancia es lo establecido por la ley.

52. Consecuente con lo expuesto, advierte la Sala que no es de recibo, lo
argumentado por la entidad recurrente en el sentido que de darse la orden de pago
para los aportes pensionales le podría generar un impacto en la sostenibilidad
financiera. Si bien la administración debe observar criterios de planeación y
equilibrio fiscal, tales consideraciones no pueden constituir fundamento para
desconocer derechos prestacionales debidamente causados. En este sentido la
Corte Constitucional20 ha reiterado que «la situación económica y presupuestal
que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el incumplimiento
de las obligaciones laborales».

53. Así, es claro que la falta de apropiación presupuestal o la eventual afectación
en la sostenibilidad financiera no pueden invocarse como excusa para desconocer
derechos laborales reconocidos mediante sentencia judicial. Por consiguiente, la
observancia de las decisiones judiciales no es opcional, sino un deber legal y

20 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

constitucional que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas. En
este sentido, la respuesta al primer problema jurídico planteado es negativa.

54. Ahora bien, en punto a resolver el segundo problema jurídico, resulta
procedente remitirnos a los certificados laborales que hacen parte del plenario en
los que se observan que la demandante ejerció como fiscal delegada ante los jueces
del circuito, y percibió los siguientes emolumentos, así:

Año Sueldo Gasto de Prima Total pagado Decreto
representación especial nacional
2018 $5.783.103 $1.927.701 0 $7.710.804 343
$7.710.804
2019 $6.043.343 $2.014.448 0 $8.057.791 996
$8.057.791
2020 $6.352.762 $2.117.588 0 $8.470.350 300
$8.470.350
2021 $6.352.762 -21 0 - 987
$8.691.427

55. Del anterior análisis se concluye que a la demandante no se le desagregó su
remuneración en los conceptos de salario y prima especial. Durante las anualidades
examinadas únicamente se registraron los rubros: el sueldo y los gastos de
representación, cuya suma coincidía con el valor fijado por el Gobierno nacional
para los cargos de fiscal desempeñados. Por tanto, a partir de las constancias de
devengados y deducidos que reposan en el expediente, no es posible concluir que
la entidad accionada hubiese liquidado las prestaciones de la actora con base en el
70% de la asignación básica, ni tampoco que hubiera incluido de forma indebida la
prima especial dentro del 100% del salario, cuando dicha prima debía reconocerse
como un 30% adicional a ese ingreso.

56. Así las cosas, está demostrado que la demandante es beneficiaria de la prima
especial, por tanto, resuelta pertinente afirmar que al no haberse adicionado a la
remuneración mensual el equivalente al 30% por concepto de prima especial, esta
no fue pagada por la demandada. Así las cosas, no son de recibo los argumentos
de la entidad demandada quien afirma en su apelación que, a partir del 2003, en
adelante, no ha aplicado el 30% de prima especial, porque los decretos que rigen la
Fiscalía General de la Nación no establecieron porcentaje por este concepto; y que
por esta razón la demandante no es destinataria de esta prima especial.

57. En este sentido, se encuentra plenamente acreditado que la demandante, en
su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito, ejerció dicho cargo sin
percibir el pago de la prima especial, circunstancia que se corrobora con los
certificados obrantes en el expediente. En consecuencia, la respuesta al segundo
problema jurídico es afirmativa, en tanto la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la prima especial como una adición de su asignación básica
mensual.

21 No registra valor exacto de lo percibido por este concepto.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
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Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

58. Por último, la Sala modificará la sentencia apelada para ordenar a la entidad
demandada realizar el pago de los aportes o cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como ingreso base de
liquidación el 100 % del salario básico mensual, más el 30 % correspondiente a la
prima especial22, desde la fecha de la vinculación al cargo que le otorga ese
beneficio, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable23 e imprescriptible24,
comoquiera que en la parte resolutiva de la sentencia apelada no se ordenó de
forma precisa.

3.6. Conclusión

59. La Sala concluye que habrá lugar a confirmar parcialmente la sentencia de
primera instancia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria. En consecuencia, y conforme a la parte considerativa,
se modificará la misma en lo concerniente a los aportes al Sistema de Seguridad en
Social en Pensiones, correspondientes al reconocimiento y pago de la prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 de la
demandante, desde y con ocasión de las vinculaciones que dieron lugar al
reconocimiento de la mencionada prestación y hasta la entrada en vigor del Decreto
272 de 2021.

4. Costas

60. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario25 de la Subsección

22 En igual sentido se reconoció, entre otros, dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2017-00344 -01

(6074-2018) mediante sentencia del 5 de septiembre de 2023 y radicado 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-
2014) a través de sentencia del 4 de julio del 2024.
23 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
17

Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

61. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 21 de agosto de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, de conformidad con lo
consignado en la presente providencia.

Segundo. Modificar la sentencia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, así:

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar a la señora María Adela Acevedo
Suarez la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 3 de
febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la Fiscalía
General de la Nación deberá realizar el pago por aportes a pensión a favor
de la demandante sobre el 30% que se reconoce a título de prima especial,
desde el 3 de febrero de 2018 y hasta la entrada en vigor del Decreto 272 de
2021.

Igualmente, lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será
procedente siempre y cuando las sumas resultantes no se hayan cancelado
por la entidad demandada previamente. Por lo que corresponde a esta
última, hacer la verificación correspondiente.

En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el
tope salarial fijado por el Gobierno nacional.

Tercero. Disponer que en lo demás la sentencia recurrida permanece
inmodificable.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00643-02 (3381-2025)
Demandante: María Adela Acevedo Suárez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace

19

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