Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00901-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00901-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00901-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 05001-23-33-000-2021-00901-011 (3767-2023)
Demandante : Gabriela Ángela Cataño Carmona
Demandado : Hospital General de Medellín
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Tema : Contrato realidad
Decisión : Sentencia de segunda sentencia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquía (Sala primera de decisión)2, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
La señora Gabriela Ángela Cataño Carmona, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para
solicitar la nulidad del Oficio No. HGM 012 00000000000000004086 del 4 de
diciembre de 2015, suscrito por el Gerente del Hospital de Medellín E.S.E., mediante
el cual manifestó que no se observa que la demandante haya prestado los servicios
a la entidad, en calidad de servidora pública, en razón que no procede la
reclamación de carácter económica.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare «la existencia de
la relación de una relación laboral desde el 13 de mayo de 2009 y hasta el 30 de
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Expediente Hibrido
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Sala conformada por los magistrados: Susana Nelly Acosta Prada, Jorge León Arango Franco y Jhon Jairo Álzate López.
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Folio 76 -97
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
junio de 2014, […] con el reconocimiento de todas las consecuencias jurídicas y
económicas que ella conlleva»; (i) efectuando la nivelación salarial y prestacional
del actor al código y grado que en forma equivalente existe en la planta de personal
del Hospital General de Medellín, especialmente de acuerdo con el salario y
prestaciones sociales devengadas por la auxiliar de enfermería Alexandra Arango
Jaramillo; (ii) el reconocimiento y pago de todos los derechos laborales causados
como: reajuste de salarios, pago de dominicales y festivos, horas extras,
prestaciones sociales legales y extralegales (primas de servicios, vida cara,
vacaciones, navidad, bonificación por recreación, vacaciones, cesantías e intereses
a las cesantías, entre otras), reajuste de aportes a seguridad social y devolución de
aportes realizados a cooperativas y corporaciones; iii) reconocimiento y pago de
costas y agencias en derecho y a la actualización de la condena.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Gabriela Ángela Cataño Carmona laboró al servicio del Hospital General
de Medellín desde el 13 de mayo de 2009 y hasta el 30 de junio de 2014, de la
siguiente manera:
-Cooperativa de Trabajo Asociado “COOPFENIX”, desde el 13 de mayo de 2009 y
hasta el 31 de julio de 2011.
• Corporación para la salud “CORFENIX”, desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 30
de septiembre de 2013.
• En virtud de la afiliación al Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud
“DARSER”, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2013.
• A través de contratos de prestación de servicios directamente con el Hospital
General de Medellín, desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014.
• Del 1 de julio de 2014, vinculado directamente al Hospital, en el cargo de auxiliar
área de la salud, con nombramiento en temporalidad.
Sostuvo que el objeto del contrato fue la prestación de servicios de salud de forma
personal, de acuerdo con las aptitudes, capacidades y requerimientos exigidos por
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
el Hospital, en el cargo de auxiliar de enfermería, empleo que pertenece a la planta
de cargos de la entidad.
En cuanto a las funciones del demandante eran idénticas a las de los demás
auxiliares de enfermería vinculados al Hospital; no obstante, existía una diferencia
salarial entre lo que devengaba con relación a lo percibido por aquellos, y
adicionalmente no se le cancelaron prestaciones sociales.
Adujó que a la terminación del contrato con “CORFENIX”, el día 30 de septiembre
de 2013 no solo no se le pagaron las prestaciones sociales, sino que además no se
le cancelaron los últimos 15 días de salario.
Manifestó que trabajó bajo el sistema de rotación de turnos (7 a.m. a 7 p.m. y 7 p.m.
a 7 a.m.), 24 horas del día por tratarse del servicio de salud, y a los que
obligatoriamente estaba sometido el demandante, lo que implicaba que de manera
habitual debía laborar durante dominicales, festivos, jornadas nocturnas, extra
nocturnas y diurnas, los cuales no fueron reconocidos conforme el artículo 39 del
Decreto 1042 de 1978. Igualmente, laboraba 48 horas a la semana, lo cual supera
las 44 horas del sector salud, previstas en la Ley 10 de 1990 y el Decreto 1042 de
1978, las cuales no fueron abonadas con los recargos de ley.
Durante la relación laboral, la demandante estuvo acompañada de personal
vinculado al Hospital General de Medellín, quien le impartía órdenes, le indicaba las
funciones o actividades que tenía que desempeñar, el número de pacientes que le
correspondía atender y la forma como los debía cuidar; funciones que cumplía en
las instalaciones y con los equipos, maquinaria y herramientas de la demandada.
Afirmó que las funciones o actividades que el demandante cumplía, hacen parte del
giro ordinario de la entidad y eran permanentes.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Los artículos 13, 23, 25 y 53 de la Constitución Política; los artículos 8 inciso 3, 16
y 17 del Decreto 4588 de 2006, y demás normas referidas al cooperativismo en
Colombia; el artículo 138 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; el Decreto 1042 de
1978.
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Sostuvo que el derecho al trabajo tiene una protección constitucional, por ser un
pilar fundamental del Estado, por lo que está mal visto que la entidad contrate con
corporaciones, cooperativas y sindicatos con el fin de evadir las obligaciones
laborales.
De igual forma, fundamenta su concepto en cuanto a lo manifestado por el Consejo
de Estado, que presume respecto de las personas que desempeñan labores de
enfermería, lo hacen de forma subordinada, por tal razón, aquellas personas tienen
derecho a percibir todas las prestaciones correspondientes a los trabajadores
dependientes, y en caso de que el empleador niegue la existencia de tal vínculo, es
sobre éste que recae la obligación de probar la inexistencia de dicho vínculo.
2. Contestación de la demanda4.
La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que
de acuerdo al artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el acuerdo 01 de 1999, están
facultados para celebrar contratos de prestación de servicios con ese tipo de
organizaciones.
Señaló que la demandante no tuvo ningún tipo de vinculación laboral con la entidad,
no ocupo cargo de la planta de personal de forma legal o reglamentaria, por lo que no
puede predicar que es trabajadora del hospital.
Indicó que, el Hospital General de Medellín, suscribió con FEDSALUD y FENIX-
CORFENIX, contratos sindicales de prestación de servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y procedimientos tanto electivos como
urgentes en los procesos y subprocesos de enfermería, estableciendo una relación
de carácter privado y comercial, siendo terceros que actúan con total autonomía,
con sus propios recursos humanos y técnicos, por lo que fueron dichas entidades
las que desarrollaron el objeto contractual, sin que el Hospital tuviera alguna
injerencia en la selección y manejo de este recurso.
De igual manera, alude a la posibilidad que tienen las entidades públicas de contratar
bajo la modalidad de prestación de servicios, para concluir que no se configuran los
elementos esenciales para predicar que existe un contrato de trabajo entre las
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fl 110 - 123
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
cooperativas y el Hospital General de Medellín. Afirma que las Empresas Sociales
del Estado, gozan de un régimen jurídico especial, en virtud del cual pueden
contratar servicios con otras entidades, bien sea transitorios o nuevos
requerimientos de servicios o actividades.
Propone como excepciones: caducidad; inepta demanda; falta de causa para
demandar; inexistencia de la obligación; imposibilidad de existencia de relación
laboral entre el demandante y el Hospital General de Medellín; responsabilidad de
un tercero e inexistencia de relación contractual entre el Hospital General de
Medellín y la DARSER; prescripción y la genérica.
Cuestión previa
El proceso de la referencia había sido tramitado en primera instancia por un juzgado
administrativo quien había evacuado la primera instancia y lo remitió al Tribunal
Administrativo de Antioquia para surtir la segunda instancia, sin embargo al
momento de estudiar el asunto advirtió que por el factor cuantía debía estudiarlo en
primera instancia y por tal razón emitió el auto del 30 de abril de 20215, declarando
la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia emitida en primera instancia,
conservando validez lo precedente.
3. La sentencia de primera instancia6.
El Tribunal Administrativo del Antioquia (Sala primera de decisión), mediante
sentencia proferida el 26 de abril de 2023, accedió las pretensiones de la demanda
(sin condena en costas).
En cuanto a los elementos se demostró que prestó los servicios de manera personal
como auxiliar de enfermería al Hospital General de Medellín, a través de diferentes
Corporaciones y Cooperativas - Coopfénix, Corfenix y Darser, desde el 13 de mayo
de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2013, sin interrupciones, y a partir del 1 de
diciembre de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014, mediante contratos de prestación
de servicios suscritos directamente con la entidad. Respecto de la remuneración, se
comprobó que percibía una contraprestación en razón de la labor que adelantaba
dentro del Hospital General de Medellín.
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OneDrive archivo 56
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Expediente digital - SAMAI
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
En la subordinación, aunque las declarantes manifestaron que la dirección del
personal de enfermería que prestaba sus servicios a través de las cooperativas, se
ejecutaba directamente por dichas asociaciones a través del personal de
coordinación que disponían dentro del Hospital, se evidencia que la demandante en
el ejercicio de sus funciones estaba sujeta a las directrices y protocolos propios del
Hospital, pero sobre todo, como lo ha explicado el Consejo de Estado, su labor
depende ineludiblemente de las órdenes que imparta el médico tratante, siendo que
todas estas directrices y órdenes finalmente se canalizaban a través de las
coordinadoras de las asociaciones, precisamente para evitar la configuración de la
relación laboral.
Indicó que la vinculación con las diferentes cooperativas o corporaciones no
respondía a su deseo de pertenecer a ellas como afiliada, sino a la necesidad de
vincularse a éstas, para acceder a laborar en el Hospital General como auxiliar de
enfermería, por lo que de esta manera queda demostrado que solo sirvió para
encubrir las relaciones laborales que necesariamente surgirían frente a los
enfermeros contratados.
Por lo que consideró, que se deben reconocer y pagar las diferencias salariales
originadas en contra de la demandante, con respecto a la asignación salarial
prevista por la entidad para remunerar el mismo cargo que desempeñaba, así como
el pago de las prestaciones sociales devengadas igualmente por aquellos, las
mismas cuya liquidación para el cargo de auxiliar de enfermería; en cuanto a los
aportes a seguridad social de los periodos laborados con la tercerización, sí existe
diferencia se deberá cotizar al respectivo fondo la suma faltante en el porcentaje
que le corresponde.
Ahora bien, respecto de las horas extras, dominicales y festivos es improcedente su
reconocimiento, por cuanto al considerarse que aquellas prestaciones están
definidas en favor de los empleados públicos y la declaratoria del contrato realidad,
no implica el reconocimiento de esta calidad. Igualmente, no hay lugar a ordenar la
devolución de los aportes efectuados por la demandante al sistema de seguridad
social en salud y riesgos profesionales. Lo mismo sucede con aquellos pagos que
el demandante haya efectuado al ICBF, SENA o cajas de compensación familiar;
en cuanto a la nivelación salarial dicha solicitud no fue incluida dentro de las
pretensiones de la demanda inicial, por lo que no es dable en esta instancia resolver
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
sobre una petición que no fue objeto del debate jurídico en el proceso de la
referencia. No se configuró prescripción, toda vez que la reclamación fue dentro de
los tres años.
4. El recurso de apelación7.
4.1. La entidad accionada presentó recurso de apelación, y hace consistir su
inconformidad en cuanto al elemento subordinación, ya que la remuneración y
prestación personal del servicio no existe reparo alguno. Explica que la prueba
testimonial demostró que el Hospital General de Medellín no tuvo injerencia en la
ejecución de los contratos suscritos con los terceros contratados para la prestación
del servicio en los procesos y subprocesos de enfermería a nivel profesional y nivel
auxiliar; el horario se cumplía a través de los cuadros de turnos, así como las
instrucciones para la ejecución de las actividades, las cuales se realizaban a través
de los coordinadores que pertenecían a las empresas o terceros contratados por el
Hospital General de Medellín. Resalta que no se puede basar la decisión en que los
insumos eran entregados por el Hospital bajo las órdenes médicas que se
impartieran, puesto que obedece a parámetros médicos y científicos, guías y
protocolos del Ministerio, que deben llevarse en todas las instituciones de salud que
buscan garantizar la vida e integridad del paciente, de lo que se desprende la
imposibilidad de apartarse de la conducta que medicamente sea requerida.
Añade, que no puede apartarse de la coordinación de actividades entre las partes,
situación que implica someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la actividad, lo que incluye ejecutar la actividad en un lugar específico y
con la utilización de insumos propios de la contratante, lo que no significa de manera
necesaria la configuración del elemento subordinación.
Por lo que, los argumentos del a quo no tienen fundamento al no existir pruebas que
demuestren que la demandante recibía órdenes de algún funcionario del Hospital
General de Medellín o que estuviera obligada a cumplir con un horario impuesto por
el hospital; además, no existe documento que evidencie órdenes e instrucciones por
parte de funcionarios de la entidad o superiores, llamados de atención,
memorandos, sanciones, felicitaciones.
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Expediente digital - archivo 66
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Ahora bien, el Consejo de Estado en sentencia del 17 de noviembre de 2022 8 ha
sostenido que la subordinación en la función desempeñada por las enfermeras, se
presume. No obstante, también ha señalado que esto no impide que en algunos
casos las enfermeras puedan actuar de manera independiente, situación que
deberá probar la entidad demandada a fin de desvirtuar la aludida presunción.
Respecto de las diferencias salariales concedidas, no está de acuerdo porque la
demandante no tiene la calidad de empleada pública lo que limita a reconocer
únicamente a título de restablecimiento del derecho en estos casos, al pago de
prestaciones sociales ordinarias que devenga un empleado público en similar
situación; asimismo el pago y reconocimiento de las prestaciones sociales con base
a la asignación salarial para el cargo de auxiliar de enfermería.
Por último, solicita se analice la excepción previa de inepta demanda “por falta de
los requisitos formales, en la medida que, si se revisa la petición elevada por la
señora GABRIELA ÁNGELA CATAÑO CARMONA a través de la cual agotó la vía
administrativa y que dio origen al acto administrativo demandado, en ella no se
solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con el Hospital
General de Medellín”; por lo que está de acuerdo con el salvamento de voto, en que
la sala debió inhibirse por cuanto: “en el presente caso se tiene que el demandante
nunca le solicitó a la entidad que se reconociera la existencia de una relación laboral,
lo cual se hace indispensable para el análisis del llamado “contrato realidad” y al no
haberlo solicitado, la entidad no tuvo oportunidad de examinar con anterioridad este
derecho”.
Así las cosas, solicita se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la
demanda.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 22 de marzo de 20249, el Consejero sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
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C.P. Cesar Palomino Cortés Radicado 63001-23-33-000-2015-00174-01 (5135-2016)
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Índice 005 SAMAI
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante.
2.2. Problema jurídico.
En los términos del recurso de apelación, presentado por la parte demandada,
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las súplicas de
la demanda, al considerar que se configuraron los elementos de la relación laboral
entre las partes. Para el efecto, se analizará (i) si se configura una verdadera
relación laboral entre las partes, habida cuenta que se probó la existencia del
elemento de la subordinación y dependencia.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.
En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
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«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral,
así:
“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación
de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y
la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de
prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de
manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad
de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes
a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como
la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato
de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender
el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato
de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo”.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 11, «[p]or el cual se modifican
las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:
“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones”.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos”.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
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coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 12.
De igual manera, la subsección B de esta sección segunda 13 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema
y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.
En segundo lugar, en lo que respecta a las cooperativas de trabajo asociado, la
Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se actualiza la legislación cooperativa», en su artículo
80, preceptúa que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan
el trabajo personal de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras
o la prestación de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro
pertenecientes al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar
y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del Decreto
4588 de 2006, «[p]or el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado», se debe precisar la actividad
socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza,
en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los
organismos nacionales e internacionales sobre la materia.
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En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa de
trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo que se
considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo; y, por la
otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a un usuario o
a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin que
atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con los contratantes, y en tal caso, sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que
se causen a favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201614, así:
“En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como instrumento
para escapar a la legislación laboral y así eludir las obligaciones para con los
trabajadores dependientes o subordinados. Por ello, el Legislador consagro la
prohibición que las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano
de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados como
trabajadores en misión con la finalidad que atiendan labores propias de un usuario o
tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes; y como
consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara
trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.
De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus directivos serán
solidariamente responsables por las obligaciones económicas generadas a favor del
trabajador asociado15. Sin perjuicio que queden incursas en causal de disolución y
liquidación y que les sea cancelada la personería jurídica” 16.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201717, reiteró:
“[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo
asociado infringe la prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no
pueden actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque bajo estas
hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo simulado por el contrato cooperativo” 18.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
15
«Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las cooperativas y pre
cooperativas de trabajo asociado».
16
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la
seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado, con
destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de
Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones».
17
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
18
«Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de 2015».
14
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este tipo
de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de trabajo
asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es decir,
cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender funciones
propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo,
cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal, (ii)
subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.
2.2.2. Hechos probados
• Certificado expedido por Coopfenix, da cuenta que la señora Gabriela Ángela
Cataño Carmona, prestó sus servicios a dicha cooperativa como auxiliar de
enfermería al servicio del Hospital General de Medellín, desde el 13 de mayo de
2009 hasta el 31 de julio de 2011 con un convenio de trabajo asociado a término
indefinido19.
• Certificado expedido por Corfenix, señala que la señora Gabriela Ángela Cataño
Carmona, prestó sus servicios para la misma, laborando como auxiliar de
enfermería en el Hospital General de Medellín desde el 1 de agosto de 2011 hasta
el 30 de septiembre de 2013 con un contrato por obra determinada20.
• Certificación expedida por el Hospital General de Medellín, que informa que la
señora Gabriela Ángela Cataño Carmona, prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería a través de contratos de prestación de servicios profesionales a partir
del 1 de diciembre de 2013 hasta el 30 de junio de 201421.
• Contrato sindical celebrado entre la demandante y DARSER, para la prestación de
servicios como auxiliar de enfermería, a partir del 1 de octubre de 201322.
• Cuadros de turnos23.
• Oficio N° HGM 012 00000000002016000331 del 21 de enero de 2016, donde se
informa que Gabriela Ángela Cataño Carmona se encuentra vinculada al Hospital
19
fls. 9 a 11
20
folio 12
21
fls. 13
22
fls. 14 a 17
23
fls. 18 a 35
15
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
General de Medellín en provisionalidad, en el cargo de auxiliar del área de salud
(enfermería)24.
• Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones por la señora Gabriela Ángela
Cataño Carmona25.
• Certificación expedida por DARSER, que da cuenta que Gabriela Ángela Cataño
Carmona estuvo afiliada a dicho sindicato desempeñándose como Profesional en
enfermería, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2013. Así
mismo se indica que participó del contrato suscrito entre FEDSALUD y el Hospital
General de Medellín26.
• Contratos celebrados entre el Hospital General de Medellín y Fedsalud, Corfenix,
Coopfenix (cuaderno pruebas27).
• Resolución N° 268 del 20 de junio de 2014, por medio de la cual se hacen unos
nombramientos en temporalidad, en las plazas de auxiliar área salud (enfermería),
creadas en la Planta Temporal y acta de posesión de Gabriela Ángela Cataño
Carmona28.
• Manual de competencias y funciones del auxiliar área salud 1 (auxiliar de
enfermería)29.
• Acumulado de pagos realizados por el Hospital General de Medellín a la
demandante a partir del año 2015 (cuaderno pruebas fls. 493 a 496).
Testimonios rendidos por las señoras Beatriz María Pereira Valderrama y Liliana
Bermúdez Carvajal, quienes dan cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar
en que prestaba sus servicios la demandante. (audiencia pruebas):
Beatriz María Pereira Valderrama: Es Profesional del área de proyección humana
del Hospital General de Medellín.
Laboró en la cooperativa Coopfénix y corporación corfénix, quienes le suministraban
personal al Hospital de Medellín, Hospital Ceja y Porto Boyacá.
No recuerda a la demandante.
24
folios 36 a 38
25
fls. 153 a 157
26
fls. 159
27
fls. 8 a 483
28
cuaderno pruebas fls. 486 a 489
29
cuaderno pruebas fls. 491 y 492
16
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Dijo que la corporación tiene asignado en el Hospital tres coordinadoras,
encargadas del proceso de asignar y elaborar los cuadros de turnos.
Igualmente, la corporación asignaba las labores.
Las auxiliares de enfermería y sus funciones son propias del quehacer, son las
mismas que realizaban los de planta. Las funciones las daban las coordinadoras de
coorfenix.
Para el tema de la incapacidad o permiso, se recurría a la oficina de corfebix y a los
coordinadores propios de corfenix.
En cuanto si podían prestar los servicios en otra entidad, después de turno en sus
días programados creía que sí.
No recuerda cuanto devengaba.
Todos los equipos eran propios del hospital, en caso de pérdida coordinaban con la
corporación quien respondía por los daños.
En cuanto a las órdenes de trabajo, las daba la gente de la cooperativa y la
corporación.
Dijo que tenían autonomía en su horario, cualquier movimiento del recurso humano
se debía cubrir y avisar a la corporación para el reemplazo.
La formación de ellos es como auxiliar, ellos informaban hacer el cambio por otra
persona.
Como auxiliar lo puede hacer en cualquier turno. No podía dejar desprotegido el
servicio.
Jornada de trabajo, no la recuerda.
Liliana Bermúdez Carvajal enfermera especialista del Hospital General de
Medellín, fue coordinadora de enfermería en el Hospital y en ese cargo la asignaron
como interventora de los contratos que se tenían con terceros, en especial los que
proveía el personal de enfermería. Dicha labor informa que la desempeñó entre los
años 2005 hasta el 2012. Manifestó que el objeto del contrato era la prestación del
servicio en el proceso de enfermería, tanto de enfermeras profesionales como de
auxiliares, correspondiéndole velar por el cumplimiento de las necesidades del
hospital, en cuando a la suficiencia de personal. Relata que la cooperativa tenía
unas coordinadoras que ubicaba en el hospital para que se encargaran de la parte
técnica, del quehacer de este personal y además velaban porque el personal
asignado fuera suficiente y correspondiera a la cantidad contratada.
Sostiene que la necesidad de acudir a este tipo de vinculaciones, correspondía a la
ampliación de los servicios por parte del hospital, por lo que el personal de planta
resultaba insuficiente.
Afirma que dicho personal tenía una coordinadora, que se encargaba de elaborar
los cuadros de turno por cada servicio y definía el número de horas de cada auxiliar,
lo único que exigía el hospital era que el servicio de enfermería estuviese cubierto.
Asegura que las funciones del personal de enfermería son las mismas en cualquier
institución de salud o lugar que requiera la prestación de servicios de salud y señala
que desde la formación educativa están definidas.
Aduce que el personal de las cooperativas estaba asignado a subprocesos
diferentes de los que se asignaban al personal de enfermería vinculado al Hospital,
porque aquel personal tenía sus propios jefes de enfermería. Afirma que el personal
del hospital no daba órdenes o directrices de ningún tipo al personal de estas
cooperativas, pues todo lo relativo a aquellos estaba a cargo de sus coordinadoras.
Indica que el equipo con que el personal de enfermería de las cooperativas prestaba
sus servicios, era de propiedad del Hospital, ya que las instituciones de salud debían
suministrar y garantizar que dicho equipamento es el adecuado, además que debe
encargarse del mantenimiento, razón por la que los equipos eran suministrados por
el hospital a título de comodato.
17
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Actuación administrativa
• Petición elevada por la demandante el 5 de octubre de 2015, solicitando el
reconocimiento de la relación laboral30.
• Oficio N° HGM 00000000000000004086 del 4 de diciembre de 2015 a través de
la cual se resuelve la petición de la demandante para el reconocimiento de la
relación laboral y nivelación salarial.31
2.2.3. Caso concreto
Es del caso decir, que en el sub-lite se encuentran acreditados dos de los elementos
que configuran una relación laboral, esto es, la prestación del servicio y la
remuneración o pago, de acuerdo a lo descrito en precedencia. En ese sentido, lo
que resta vislumbrar es si existe la subordinación o simplemente una coordinación,
lo cual daría al traste con la apelación formulada por la accionada contra el fallo
emitido por el Tribunal de Antioquia.
La señora Gabriela Ángela Cataño Carmona prestó sus servicios de manera
personal al Hospital de Medellín como auxiliar de enfermería a través de
cooperativas de trabajo asociado Servicios Integrales – CoopFénix; corporación
para la Salud Fénix – Cerfénix; Federación Gremial de Trabajadores de la Salud
-Fedsalud, en las cuales los objetos contractuales se encaminaban a la prestación
de servicios para atender de manera personal las actividades, intervenciones y
procedimientos tanto electivos como urgentes en los procesos y subprocesos de
enfermería nivel profesional y nivel auxiliar, profesional en nivel vascular,
profesional en angiografía auxiliar. Y DARSER en el cual se desempeñó como
profesional en enfermería, según su cláusula tercera: “DAR- SER ofrece y presta
servicios de enfermero profesional, en sus instalaciones o en las que se acuerde
con terceros contratantes según lo estipulado en el contrato sindical y el
respectivo reglamento” y en la sexta sobre el plazo de pago: “DAR - SER
entregará al Afiliado participe las compensaciones por el trabajo efectuado en
pagos mensuales vencidos, previa cancelación de la facturación por parte de las
entidades contratantes”.
30 folios 6 a 8
31 fl. 5
18
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Respecto a la contraprestación económica, obran en los contratos suscritos por
las cooperativas y el Hospital, el valor a cancelar por los servicios de forma general
y de los cuales se observa la compensación en los convenios de ejecución y
contratos sindicales; así como también los certificados de disponibilidad
presupuestal del hospital, la retribución o salario como contraprestación por el
servicio prestado el cual fue pactado en el contrato a término indefinido y el valor
pactado en un contrato por obra labor determinada.
En cuanto a la subordinación, en este caso resulta acreditada luego que la labor
de auxiliar de enfermería la lleva ínsita comoquiera que no puede entenderse que
su ejecución se realice de forma autónoma pues sus servicios y el horario en que lo
realiza es definido por la entidad contratante.
Es así, que de las pruebas destacadas tenemos que la accionante debía prestar sus
en las instalaciones del Hospital General de Medellín, de lunes a viernes, sábados,
domingos y festivos las 24 horas.
Ahora, de las pruebas testimoniales se indica que, si bien no recuerdan a la
accionante, describen de forma general como se ejecutaban las labores entre la
demandada y las distintas cooperativas para el suministro de personal. Por ejemplo,
que los turnos eran programados por la coordinadora de las tercerizadas y que el
personal del hospital no impartía ninguna directriz al personal de las cooperativas.
Sin embargo, contrario a lo expresado por los deponentes resulta contradictorio que
este sea el fundamento para desvirtuar que la demandada utilizó el camino de
vincular a través de cooperativas la labor de una auxiliar de enfermería, la cual
cumple una labor subordinada pues está sometida a las constantes pautas que les
entregan los médicos.
Por tal razón, más allá que existieran representantes o enlaces de las cooperativas
dentro del Hospital con funciones de orientación a los auxiliares de enfermería
adscritos a ellas, tal figura de autoridad no descarta la dependencia que surge a
partir de las órdenes que dan los médicos dentro de la prestación del servicio de
salud tales como toma de exámenes, suministro de medicamentos, curaciones, etc.
19
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Sumado a que las labores de auxiliar de enfermería se hacen en las mismas
instalaciones y tienen que hacerse en un determinado horario en vista que muchas
veces está en vilo la vida e integridad de los pacientes.
De ahí que la Corte Constitucional haya dicho32 sobre las auxiliares de enfermería:
“…que cuando se trata de un presunto contrato realidad oculto en la sucesiva
suscripción de contratos de prestación de servicios para el ejercicio de las funciones
de auxiliar de enfermería en una entidad prestadora de salud, el elemento de la
subordinación se presume de la naturaleza misma de las funciones y de la
necesidad, por regla general, de que aquellas se ejerzan bajo el control y mando
sobre sus actividades . Por lo tanto, es la entidad contratante la que debe, en estos
casos, demostrar la ausencia de una relación de dependencia entre las partes.”
Asimismo, esta Corporación, en sentencia del 21 de abril de 201633, sostuvo que la
subordinación en la función desempeñada por las enfermeras se presume, en tanto
no es posible hablar de autonomía cuando de ellas se trata. No obstante, señaló
que esto no impide que en algunos casos las enfermeras puedan actuar de manera
independiente, situación que deberá probar la entidad demandada con el fin de
desvirtuar la aludida presunción.
Por lo expuesto, es dable deducir que la labor de las enfermeras por regla general
se enmarca en una verdadera relación laboral; por consiguiente, en el este asunto
la aludida presunción se encuentra demostrada a partir de los elementos probatorios
destacados en precedencia.
En este orden, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia tanto en los
contratos celebrados a través de cooperativas como los de prestación del servicio,
como también la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine,
esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración
y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala
que la entidad demandada utilizó equívocamente la figura contractual, bien sea
acudiendo a la figura de las cooperativas o del contrato de prestación de servicios,
para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura
en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios constitucionales
32
T-366 de 2023
33
Expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-14), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
20
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
consagrados en los artículos 13 y 53, pues la demandante atendió funciones
inherentes al cargo de auxiliar de enfermería de manera subordinada, en iguales
condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior
de la institución.
En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
que este requisito también se encuentra desvirtuado, pues en la presente
controversia las tareas desempeñadas por la demandante como auxiliar de
enfermería están referidas a las que en forma sucesiva e ininterrumpida debía
adelantar en el Hospital de Medellín como propias u ordinarias, por cuanto en ningún
momento se demostró que ella desarrollara labores distintas a las asignadas al
personal de enfermería de planta. Además, en este caso se pasó de los contratos
de las cooperativas a los de prestación de servicios.
Así mismo, se acreditó en el plenario que la vinculación de la demandante se llevó
a cabo sin solución de continuidad, por espacio de más de 5 años a través empresas
tercerizadas con la misma persona e igual objeto contractual y contratos de
prestación de servicios, sin autonomía e independencia.
Lo anterior permite colegir que en el sub lite, se insiste, se probaron los tres
elementos configurativos de un contrato realidad, quedando demostrado que la
Hospital de Medellín evadió las obligaciones laborales respecto de la demandante,
toda vez que ejerció atribuciones propias de un empleador a través de órdenes
dirigidas al desempeño de funciones ínsitas de la institución, que, además, no
fueron temporales o excepcionales.
El Hospital demandado contrató a las cooperativas de trabajo asociado y
corporaciones con el fin de que realizaran una actividad que corresponde efectuarla
a esa entidad estatal; y, según las certificaciones y declaraciones recaudadas, la
actora trabajó bajo órdenes y supervisión en el desarrollo de la labor de auxiliar de
enfermería, propia del objeto de la institución de salud.
Sobre la configuración del denominado contrato realidad, resulta oportuno anotar
que, en el caso de la cooperativa de trabajo asociado, la vinculación de la actora fue
por convenio asociativo de trabajo, cuyo objeto era desempeñarse como auxiliar de
enfermería, conforme lo requirieran las necesidades del servicio en el hospital
accionado.
21
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
Por consiguiente, resulta reprochable cuando las entidades públicas contratan a un
tercero para que a su vez vincule a personas naturales que prestan sus servicios en
tales instituciones con el disfraz de relaciones contractuales o comerciales, cuando
lo cierto es que en la práctica se configuran los elementos de la relación laboral.
Para llegar a esta conclusión, debe probarse tanto el vínculo de la persona natural
con el denominado tercero como el de este con la entidad pública, con lo cual se
estructura la relación triangular que resulta ser cuestionable por esta jurisdicción,
además del desconocimiento de las exigencias y reglas legales que prevén las
normas en la materia.
Frente a este aspecto, la Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201534, el
objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá precisar la actividad
socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza,
en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los
organismos nacionales e internacionales, sobre la materia». Sin perjuicio de ello,
las normas que regulan la materia y la jurisprudencia han sido enfáticas en las
prohibiciones de (i) enviar a un asociado a que preste servicios a una persona
natural o jurídica en labores propias de esta, por lo que se considerará trabajador
dependiente de la que se beneficie con su trabajo; y (ii) fungir como empresas de
intermediación laboral o disponer del trabajo de sus asociados para suministrar
mano de obra temporal, enviarlos como trabajadores en misión o permitir que se
generen relaciones de subordinación y dependencia con los contratantes.
Así las cosas, se tienen como incumplidas las previsiones que regulan la operación
y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado y la posibilidad de que sus
trabajadores en misión desarrollen labores de manera permanente bajo la continua
subordinación y dependencia de la que sería la empresa usuaria.
En tal sentido, se configuró una relación encubierta entre la accionante y el Hospital
demandado, por los lapsos en que fue vinculada bien sea por cooperativas o
contratos de prestación de servicios, al evidenciarse continuidad en la prestación
34
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
22
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
del servicio, sin autonomía ni independencia, por los períodos establecidos al inicio
de este acápite, esto es, del 13 de mayo de 2009 al 31 de julio de 2011; 1 de agosto
de 2011 al 30 de septiembre de 2013; y del 1 de octubre de 2013 al 30 de junio de
2014.
En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201635, esta Sección estimó:
[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado
y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir
de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica
el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad [se resalta].
Ahora bien, en la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202136 de la sección
segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala consideró adecuado
establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de
la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que se
reputa laboral.
En el caso concreto, la señora Gabriela Angela Cataño Carmona prestó sus
servicios profesionales como enfermera auxiliar al servicio del Hospital General de
Medellín, de manera ininterrumpida, en virtud de los contratos suscritos entre las
Cooperativas, Corporaciones y sindicatos con el Hospital y la demandante y este
último, por los periodos del 13 de junio de 2009 al 30 de junio de 2014, de la
35
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
36
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23
Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
siguiente manera: a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFENIX,
desde el 13 de junio de 2009 hasta el 31 de julio de 2011; por medio de la
Corporación para la Salud - CORFENIX del 1 de agosto 2011 al 30 de septiembre
de 2013 y con el sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud - DARSER desde
el 1 de octubre de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014.
En el sub judice, la demandante formuló ente la entidad reclamación administrativa
el 5 de octubre de 2015, donde resulta evidente que lo hizo dentro de la oportunidad
legal por lo que no operó el fenómeno jurídico procesal de la prescripción extintiva
de derechos, por cuanto no existieron interrupciones mayores a 30 días hábiles,
según la aludida regla jurisprudencial prevista en la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 202137.
2.2.4. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.
Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho la accionante es
consecuencia de la nulidad de los actos acusados, como se determinó en la
referida sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de la sección segunda
de esta Corporación, la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre
la base de quien debe asumirlas.
Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya
ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona
designada regularmente, a través del acto administrativo de nombramiento y la
correspondiente acta de posesión.
Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos a la accionante durante el período del 13 de mayo de 2009
al 30 de junio de 2014, procede a título de restablecimiento del derecho y, en tal
sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25 de agosto
de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta sección y la
jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en cuenta las prestaciones
sociales de orden legal percibidas por los servidores públicos de planta de la entidad
37
Ibidem, según la cual «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente,
como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del plenario».
24
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
de igual categoría vinculado laboralmente a dicha planta y que cumplan las mismas
funciones que desempeñaba la demandante, liquidadas sobre el salario de estos.
No se hará ninguna modificación sobre el particular luego que el Tribunal lo ordenó
a la luz del criterio sostenido por la Subsección.
En cuanto al reajuste salarial, la diferencia entre lo pagado a título de honorarios y
el salario devengado, fue otorgado por el a-quo, contrario a lo afirmado por el
recurrente esta Sala es de la posición de concederlo, comoquiera que el
reconocimiento de una relación laboral encubierta apareja también el de la
diferencia entre lo que devenga un empleado de la entidad y los honorarios pagados
a los contratistas.
Se ha discurrido que pese a ejecutar las mismas funciones de los empleados de
planta, los contratistas solo reciben los honorarios, por lo que resulta una
consecuencia propia de la declaración de contrato realidad la de equipararlos.
De modo que la decisión adoptada por el Tribunal es acertada y no hay lugar a
revocarla.
En cuanto al recurso de apelación, como quedó demostrado se probaron los
elementos propios de la relación laboral, en especial el de la subordinación, que
como se sabe se presume en el caso de las auxiliares de enfermería comoquiera
que sus labores están supeditadas a las órdenes de los médicos.
En cuanto a la inepta demanda, en un caso similar la Subsección se pronunció
manifestando lo siguiente38:
“[…] De la revisión íntegra de la solicitud elevada ante la administración es dable
concluir, que la intención de la demandante era la declaratoria y reconocimiento
de la existencia de una relación laboral con el Hospital General de Medellín, en
virtud de la cual esperaba que dicha Institución le reconociera los derechos
económicos derivados de la misma, a los que consideró tenía derecho, dada la
materialización de los elementos que configuraban un verdadero contrato de
trabajo.
Y es que el hecho de que no se haya incluido de manera textual en la solicitud,
la petición de reconocimiento de la existencia de la relación laboral, no puede
llevar al juez a concluir, como erradamente lo hizo el Tribunal, que existe una
inepta demanda, cuando en las peticiones, los fundamentos fácticos y los
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Radicado 05001-23-33-000-2016-01454-01 CP: César Palomino Cortés
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Numero interno: 3767-2023
Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
argumentos de derecho incluidos en la solicitud radicada ante la Administración,
la peticionaria ha afirmado de manera reiterativa haber trabajado con la entidad
de salud, prestando sus servicios de manera personal e ininterrumpida,
cumpliendo las órdenes e instrucciones del personal médico, en los horarios
definidos por el hospital y haciendo uso de los equipos, maquinarias y demás
elementos necesarios, todos de propiedad del Hospital General de Medellín.
La lectura de la petición presentada en sede Administrativa permite concluir, que
la peticionaria buscaba el reconocimiento de un derecho económico, a partir de
una relación laboral respecto de la cual solicitó la observancia de principios
constitucionales, como el de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas, contenido en el artículo 53 de la C.P., y al cual hizo mención
expresa en la solicitud. Tan claro fue el objeto de la petición que la E. S. E.,
Hospital General de Medellín emitió respuesta mediante Oficio Radicado No.
HGM 012 00000000000000004026 de 2 de diciembre de 2015, en la que se
evidencia que a lo primero que acudió para determinar la viabilidad de la
petición, fue a identificar si existía una relación de trabajo:
“(…). Revisada nuestra base de datos a junio 30 de 2014, no se observa que la señora
Karina, haya prestado sus servicios al Hospital General de Medellín, en calidad de
servidora pública, razón por la cual no procede ninguna de las reclamaciones de
carácter económico que peticionan.
Así las cosas, no le asiste razón al Tribunal al afirmar que la parte actora no
solicitó el reconocimiento de la relación laboral en sede Administrativa y que por
ello el Hospital no tuvo la oportunidad de examinar previo al juicio ese derecho,
justificando con ello la expedición de una sentencia inhibitoria, pues quedó
demostrado que la solicitud en su integridad, sí buscaba dicha declaratoria y fue
la omisión al mandato contenido en el artículo 4 del C.P.A.C.A., y al
cumplimiento de su deber de interpretación de la demanda, el que llevó a una
conclusión desacertada y lesiva del derecho fundamental de la demandante de
acceder a la administración de justicia para la salvaguarda de sus derechos”.
Tomando como referencia el precedente citado, se advierte que la petición de la que surgió
el acto que aquí se enjuicia tiene la entidad suficiente para estructurar el reproche propio
de una relación laboral luego que reclama el pago de unos emolumentos económicos que
no le fueron sufragados precisamente por la forma en que estaba vinculada.
En otras palabras, se entiende que cuando encabeza el requerimiento como: “Petición
reconocimiento y pago de derechos laborales”, pretende desvirtuar la relación contractual
por una de orden laboral y así exigir los emolumentos económicos propios de aquella.
Razones suficientes para desestimar el argumento expuesto por la demandada en el
recurso de apelación.
Tomando en cuenta lo anterior, la Sala confirma la sentencia apelada.
Sobre la condena en costas
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Demandante: Gabriela Angela Cataño Carmona
Demandado: Hospital de Medellín
No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso.
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala primera de decisión, que accedió a las
súplicas de la demanda promovida por la señora Gabriela Ángela Cataño Carmona
en contra el Hospital General de Medellín, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La
anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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