Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01212-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01212-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01212-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
16 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-2022)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: José Miguel Aigneren Aburto
Temas: Reconocimiento diferencia pensional, subrogación de la entidad
empleadora, reintegro de dinero.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la Universidad de Antioquia, por conducto de
apoderado, formuló demanda, en modalidad de lesividad, en orden a que se anule
la Resolución 169 del 24 de abril de 2002, que ordenó pagar al señor José Miguel
Aigneren Aburto «el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993».
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
entidad accionante solicitó condenar al demandado a lo siguiente: i) devolver, de
manera indexada, las sumas que se le han pagado con respaldo en el acto
administrativo censurado, más los valores que se generen con posterioridad y hasta
que la sentencia se encuentre en firme; y ii) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:
i) Antes de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción
alguna, reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado,
teniendo como referentes normativos las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 y los Decretos
1743 de 1966 y 1848 de 1969.
ii) A la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, dicho establecimiento
de educación superior afilió a todos sus servidores al Instituto de Seguro Social, en
adelante ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Además, perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las pensiones.
iii) Conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2010,1 la entidad actora consideró que, a los
beneficiarios del régimen de transición, el ISS debía reconocerles la pensión con
base en todo lo devengado, incluyendo las primas de navidad, servicios y
vacaciones; sin embargo, el instituto no compartía dicho entendimiento.
1 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
iv) Por Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la Universidad de
Antioquia resolvió «subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la universidad, en el régimen
de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos
de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros
Sociales, bien motu proprio o por orden judicial, la asuma».
v) El señor José Miguel Aigneren Aburto prestó sus servicios en la Universidad de
Antioquia y, una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez,
el ISS le reconoció la prestación, por Resolución 00168 del 17 de enero de 2002,
sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.
vi) Mediante la Resolución 169 del 24 de abril de 2002, el ente universitario ordenó
«pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el
Seguro Social, al señor JOSÉ MIGUEL AIGNEREN ABURTO», en cuantía de $ 574.060.
Los pagos efectuados por ese concepto ascienden a $267.949.064.
vii) Por Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999. La Resolución Rectoral 35823 fue
demandada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y este la encontró ajustada
a derecho, en razón a que la Universidad actuó por mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4
de 1992; 18, 36, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 5
del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso
lo siguiente:
i) Conforme a las Sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017, proferidas por la
Corte Constitucional, las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
únicamente pueden liquidarse con en el promedio de los salarios que sirvieron de
base para los aportes en los último 10 años anteriores al reconocimiento de la
prestación. Este criterio fue ratificado por el Consejo de Estado, mediante sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018;2 por lo tanto, el acto acusado no se ajusta
a la interpretación actual de las normas en que debió fundarse.
ii) En el evento en que se considere que los destinatarios del régimen de transición
tienen derecho a que en su pensión se computen las primas de navidad, servicios
y vacaciones, debe concluirse que la Universidad de Antioquia carece de
competencia para hacer tal reconocimiento.
iii) Conforme a los artículos 131 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 2337 de
1996, el ente educativo sólo quedó a cargo de aquellas prestaciones causadas
antes del 31 de diciembre de 1996, o las de quienes a dicha fecha se encontraran
retirados, pero contaran con el tiempo de servicio necesario para acceder a la
pensión de vejez y solo les faltara cumplir con el requisito de la edad.
iv) El señor José Miguel Aigneren Aburto no se encontraba en ninguno de los
supuestos para que pudiera considerarse que la Universidad de Antioquia tenía
obligaciones pensionales con él, pues al 31 de diciembre de 1996 tenía 54 años de
edad (nació el 9 de septiembre de 1942) y desde el 1° de julio de 1995 fue afiliado
al régimen general.
1.2. Contestación de la demanda
2 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
La apoderada del señor José Miguel Aigneren Aburto se opuso a las pretensiones
de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:3
i) El reconocimiento pensional efectuado por la Universidad de Antioquia es
respetuoso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional4 y del Consejo de Estado,5 pues los beneficiarios del régimen de
transición tienen derecho a que su pensión de jubilación se liquide con base en
todos los factores devengados, incluyendo las primas de navidad, servicios y
vacaciones.
ii) La universidad suscribió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 en
ejercicio de sus facultades legales y teniendo en cuenta que era competente para
asumir el monto que el ISS se negaba a reconocer, con el ánimo de no desamparar
al pensionado y salvaguardar su derecho fundamental a la seguridad social.
iii) El accionado goza de un derecho adquirido para percibir su pensión completa,
por lo que no puede ser desconocido, máxime cuando el reconocimiento se hizo
con antelación a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.
Propuso las excepciones de temeridad; justo título y buena fe por parte del
demandado; actuación de funcionario conforme a las exigencias de ley; firmeza,
ejecutoriedad y obligatoriedad de la Resolución Administrativa 169 del 24 de abril
de 2002; inexistencia de fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto
demandado; presunción de legalidad; incumplimiento del procedimiento señalado
por la demandante en el acto; prescripción; imposibilidad de condena en costas; y
la genérica e innominada.
3 Expediente digital, archivo 18ContestacionDemanda.pdf
4 Sentencias C-168 de 1995, T-334 de 1997, T-438 de 1997, C-058 de 1998 y T-357 de 1998.
5 Invocó, entre otras, las siguientes sentencias: i) del 13 de marzo de 2003, radicado
170012331000199 9062701(452601); y ii) del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-000-2006-
07509-01 (0112-09).
5
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 3 de marzo de 2022,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:6
i) De acuerdo con la Ley 100 de 1993, en armonía con los Decretos 1068 de 1995
y 2337 de 1996, las universidades públicas del orden territorial carecen de
competencia para reconocer las pensiones de sus servidores, ya que fueron
afiliados al sistema general de pensiones a partir del 30 de junio de 1995.
ii) Excepcionalmente, los entes universitarios conservaron la facultad de reconocer
las siguientes pensiones: a) las que tenían a su cargo antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993; b) las de quienes cumplieron los requisitos antes
del 31 de diciembre de 1996; y c) las de aquellos empleados que acreditaron el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996, siempre y cuando no se encontraren
afiliados a algunas de las administradoras del sistema general de pensiones.
iii) El acto demandado está viciado de nulidad, por cuanto la Universidad de
Antioquia asumió el pago de un excedente pensional sin tener competencia para
ello, por cuanto el accionado fue afiliado al ISS desde el 30 de junio de 1995 e
inclusive esta entidad reconoció el derecho principal. En consecuencia, dicha
administradora era la única autorizada para resolver si las primas de servicios,
navidad y vacaciones podían incluirse en el ingreso base de liquidación.
iv) Se condena en costas al demandado; sin embargo, no se ordenará el reintegro
de las sumas percibidas, ya que no se desvirtuó la presunción de buena fe que lo
ampara, es decir, se niega la pretensión de restablecimiento del derecho.
1.4. Los recursos de apelación
6 Expediente digital. Con ponencia de la magistrada Liliana P. Navarro Giraldo.
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.4.1. La apoderada del señor José Miguel Aigneren Aburto solicitó que se revoque
en su totalidad la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:7
i) Contrario a lo sostenido en la sentencia, si bien es cierto el acto administrativo
acusado fue producto de la liberalidad de la entidad demandante, también lo es que
se profirió con base en argumentos legales que permitían a la Universidad de
Antioquia, en calidad de empleadora y pagadora de pensiones, efectuar el pago de
esta prestación económica, esto es, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que para
el momento de la expedición de la Resolución Rectoral y de la resolución particular
que aquí se impugna estaba además soportada en la interpretación progresiva dada
por el Consejo de Estado por más de 25 años frente al IBL para las personas
pertenecientes al régimen de transición; interpretación que se constituye como
precedente obligatorio para las entidades administradoras de pensiones y para la
Rama Judicial en razón al articulado constitucional, que soporta un derecho
adquirido pensional recibido por el demandado por cerca de 20 años.
ii) Las Resoluciones Rectoral 12094 de 1999 y 169 del 24 de abril de 2002 con
el reconocimiento y pago de la subrogación no crearon un régimen pensional; por
el contrario, fueron expedidas con competencia y respetaron el marco legal que las
regía. En efecto, la Universidad de Antioquia buscó corregir la omisión en que
incurrió Colpensiones y que afectó de manera injustificada las pensiones de sus
servidores, pues desconoció que el ingreso base de liquidación debía conformarse
con inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones.
iii) No se discute que Colpensiones era la entidad llamada a reconocer la
pensión del accionado; sin embargo, era necesario que el ente universitario se
subrogara parcialmente en su pago con el fin de corregir el error en que había
incurrido dicho fondo de pensiones.
7 Ibidem, archivo 42RecursoApelacionSentenciaDdo.pdf
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Demandante: Universidad de Antioquia
iv) Tampoco fue objeto de pronunciamiento que el precedente vinculante para
el caso que nos ocupa, es el del Consejo de Estado, donde se expresa que es
obligatorio tener en cuenta todos los factores que constituyen salario para la
definición del IBL de los servidores públicos. Las sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo no debaten el reconocimiento de la subrogación,
resolviendo asuntos muy diferentes.
1.4.2. El apoderado de la Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia con el fin de que se acceda a la devolución de las sumas
reclamadas, con fundamento en que comoquiera que la entidad carecía de
competencia para realizar el reconocimiento económico que disfrutó el señor
Aigneren Aburto y este era consciente que dicho pago era temporal e implicaba la
realización de unas acciones ante el ISS -hoy Colpensiones- y no las ejerció, amén
que se opuso a la prosperidad de la demanda, existen razones de peso para
entender desvirtuada la presunción general de buena fe de este ciudadano,
tornando procedente la revocación de la sentencia en este punto en particular, esto
es, en la concesión de la pretensión de devolución de todo lo recibido por el
demandado en virtud de la Resolución 169 del 24 de abril de 2002.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Las partes se abstuvieron de intervenir en esta instancia.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Cuestiones previas
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Demandante: Universidad de Antioquia
2.1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 131 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 se integrará
nueva Sala con dos de los magistrados que hacen parte de la Subsección B, es
decir, con los doctores Juan Enrique Bedoya Escobar y César Palomino Cortés,
quienes conformarán la Sala de Subsección para resolver el asunto de la referencia,
teniendo en cuenta que se afectó el quorum decisorio, pues el doctor Jorge Iván
Duque, miembro de a Subsección A, fue separado del conocimiento del asunto, a
través de providencia del 27 de julio de 2023.
2.1.2. Ahora, revisando el asunto advierte la Sala que en el proceso de la referencia
se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación propuesto por la
apoderada del señor José Miguel Aigneren Aburto en contra del auto del 11 de
agosto de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la
suspensión provisional de los efectos de la Resolución 169 del 24 de abril de 2002,
proferida por la Universidad de Antioquia.
El expediente 05001-23-33-000-2021-01278-01 (0370-2022), radicado con el cual
se identifica la apelación del auto de suspensión provisional al interior de esta
Corporación, ingresó al despacho del ponente para resolver el pasado 2 de octubre
de 2023, esto es, de forma posterior a la fecha de paso al despacho para emitir
sentencia de segunda instancia.9
8 Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán
las siguientes reglas:
[…]
3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior,
deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido
es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para
que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo
encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con
el reglamento interno.
[…]
9 Que data del 31 de agosto de 2023.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Por consiguiente, atendiendo a las previsiones del artículo 323 del Código General
del Proceso que dispone que «en caso de apelación de la sentencia, el superior
decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes,
cuando fuere posible», toda vez que los argumentos esgrimidos por la parte
apelante tanto en el recurso interpuesto contra la declaratoria de suspensión
provisional, como el propuesto contra el fallo de primera instancia son coincidentes
y refieren principalmente a la competencia que le asiste a la Universidad de
Antioquia para expedir reconocimientos prestacionales como el demandado, la Sala
hará una sola exposición de motivos en el asunto en punto a definir la controversia.
2.2. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar i) si la Universidad de Antioquia carecía
de competencia para otorgar al señor José Miguel Aigneren Aburto la diferencia
entre la pensión de jubilación que le reconoció el ISS y el monto que resultaba de
incluir en el ingreso base de liquidación las primas de navidad, vacaciones y
servicios (semestral). En caso afirmativo, ii) si el accionado debe reintegrar las
sumas percibidas por ese concepto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados
públicos de las universidades estatales
El artículo 62 de la Constitución Política de 1886 consagró la competencia del
legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los
órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público,
en los siguientes términos:
Artículo 62.- La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las
calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y
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Demandante: Universidad de Antioquia
la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro
público.
Con ocasión de la reforma constitucional consignada en el Acto Legislativo 01 del
11 de diciembre de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional y el
régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el
Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9 del artículo
76 de la Carta así:
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así
como el régimen de sus prestaciones sociales.
A su vez, la Constitución Política de 1991 asignó al Congreso de la República la
potestad de expedir leyes marco tendientes a señalar las normas generales,
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los
trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f). Igualmente, el artículo 48 ibidem dispuso que la seguridad social, a
la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con
sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.
En desarrollo de lo anterior, el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 prescribió lo siguiente:
Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
[…]
A su turno, la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la
educación superior, en el artículo 77 dispuso que «[e]l régimen salarial y
prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá
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Demandante: Universidad de Antioquia
por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la
adicionan y complementan».
Ahora bien, con base en las facultades otorgadas por la ley 4 de 1992, se expidieron
los Decretos 1444 de 1992 y 55 de 1994, el primero de ellos contiene disposiciones
en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes vinculados a las
universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los vinculados a
universidades públicas del orden territorial.
Debe anotarse que el Gobierno nacional es el competente para establecer el
régimen prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas
entidades, tal y como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación con el siguiente razonamiento:
Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente como
administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que el
presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que por
expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y que la ley 30 de 1992 consagró en
el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores de las
universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992 y demás normas
complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República fijar
el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las
universidades oficiales.10
Como se advierte, ni la Constitución Política ni la ley otorgaron a las universidades
la posibilidad de fijar su propio régimen salarial y prestacional, ni siquiera en ejercicio
de su especial autonomía.11 En esa medida, sus servidores públicos están regidos
por las normas que regulan a los demás empleados del Estado, por lo que en todo
caso las universidades deben respetar las competencias asignadas por el numeral
19, literal e), del artículo 150 de la Carta política y la Ley 4 de 1992, según las cuales
10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1076 del 15 de abril de 1998, C.P.
Dr. Augusto Trejos Jaramillo.
11 En ese sentido se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado,
Subsecciones A y B: i) del 6 de marzo de 2008, radicado 70001-23-31-000-2000-00118-01 (5624-
03); ii) del 31 de mayo de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00329-01 (4655-15); iii) del 25 de
abril de 2019, radicado 08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16); y iv) del 2 de diciembre de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21).
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Demandante: Universidad de Antioquia
es facultad exclusiva del gobierno nacional la de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos bajo los objetivos y criterios determinados
por el legislador.
Tales disposiciones y su contenido son el marco que han de observar las
instituciones universitarias a la hora de implementar algún tipo de beneficio salarial
y prestacional para sus servidores públicos. Empero, en ningún caso, les es dable
crear otros diferentes.12
2.3.2. Régimen pensional de los empleados públicos de los entes
universitarios
El artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 estableció que «[t]odo empleado oficial que
preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o
discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el
artículo 1 de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación».
El artículo 75 ibidem determinó que la prestación estaría a cargo de la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado el empleado «al tiempo de cumplir el tiempo
de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio
oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté
afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios
y edad señalados para el goce de la pensión». Además, que «[s]i el empleado
oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de
retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la
última entidad o empresa oficial empleadora».
Conforme a lo expuesto, la obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación
de los funcionarios y empleados públicos estaba radicada en la entidad de previsión
12 Corte Constitucional, Sentencia C-053 de 1998.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
a la que estuviere afiliado el servidor; sin embargo, si tal afiliación no se verificó, la
carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.
Posteriormente, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100
de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y ordenó su aplicación
a todas las personas del territorio nacional y reguló la obligatoriedad de su afiliación
a quienes se encontraran vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos salvo las excepciones previstas en la Ley.
Luego, el presidente de la República expidió el Decreto 691 de 1994, «[p]or el cual
se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan
otras disposiciones», cuyos artículos 1 y 2 establecieron lo siguiente:
Artículo 1. Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:
a) Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas, y
[…]
Artículo 2. Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos.
[…].
El sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales,
municipales y distritales, y de sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más
tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo
gobernador o alcalde. La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para
determinados servidores públicos teniendo en cuenta, entre otros factores, la
capacidad económica del organismo o entidad territorial y las proyecciones
actuariales.
Por su parte, el Decreto 692 de 199413 definió que la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones «es la administradora que haya recibido o
le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».
13 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
14
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Demandante: Universidad de Antioquia
A su vez, el Decreto 1068 de 199514 fijó el límite temporal para que los servidores
públicos del orden departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen
pensional al cual querían afiliarse, esto es, prima media con prestación definida o
ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2 ibidem, precisó que en el
nivel territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes mencionados debía
hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.
Posteriormente, el artículo 2, parágrafo 1, del Decreto 2337 de 199615 dispuso que
«para los servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas
instituciones que reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a
uno de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse
efectuado a más tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para
la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades
territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995».
Conforme a las disposiciones anteriores, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos debían estar afiliados al Sistema General de Pensiones, pues
hacían parte de la categoría de afiliados obligatorios de que trata el artículo 15 de
la Ley 100 de 1993.16
Así las cosas, después de la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de carácter oficial
perdieron competencia para reconocer pensiones a sus servidores.
Además, por virtud de la adscripción obligatoria de los servidores públicos al
Sistema General de Pensiones, es la administradora de pensiones en la que se hizo
14 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y
la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público
del nivel territorial.
15 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de
1994.
16 Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos. […].
15
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la afiliación y recibió las cotizaciones la encargada de efectuar el reconocimiento
respectivo. Este criterio ha sido acogido en forma pacífica por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsecciones A y B.17
2.3.3. Devolución de prestaciones periódicas. Principio de la buena fe
De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
estas».
En relación con el contenido del principio de buena fe, «[l]a jurisprudencia
constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así la buena fe presupone la existencia de
relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».18
En esos términos, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que dicho principio se presume
en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la
idea de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria
que permita demostrar la trasgresión de dicho principio.19
17 Ver las siguientes sentencias: i) del 19 de enero de 2023, radicado 05001-23-33-000-2019-00278-
01 (2893-2020); ii) del 11 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02 (2756-
2021); iii) del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19); iv) del 21 de
abril de 2017, radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); v) del 27 de abril de 2017,
radicado 05001233300020150011002 (2366-2016)
18 Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2020, expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18), M.P.,
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
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Por su parte, el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA, establece que la
demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, siempre que se dirija contra
actos que reconozcan o nieguen, total o parcialmente, prestaciones periódicas;
«[s]in embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe».
En ese escenario, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que «no
habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de
buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el demandado incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con
el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho».20
En línea de lo anterior, esta Subsección señaló lo siguiente:21
Si bien la entidad actora ha alegado lo contrario, y ha pretendido que de la notificación
del auto admisorio de la demanda de esta litis se deduzca mala fe en el beneficiado,
ello no puede ser admitido, pues la adopción general e impersonal de un régimen
pensional y su aplicación genérica por parte de la entidad demandante, hacían que el
pensionado razonablemente lo entendiera como ajustado a la legalidad,
independientemente de que dicho régimen pensional haya sido luego controvertido
judicialmente.
La entidad demandante no acreditó que el pensionado hubiese incurrido en actos
dolosos o que implique mala fe en el trámite de reconocimiento y pago de su pensión,
como falsedades o engaños que por su contenido y alcance descalifiquen su actuar
y le impongan la carga de rembolsar parte de la pensión recibida.
Conforme a lo expuesto, esta sala ha advertido que el principio de la buena fe
incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, y, por ello, le
corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario o en este caso,
el demandado, actuó de mala fe. En ese entendido, no hay lugar a recuperar las
prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe
por la entidad estatal que el titular de la prestación incurrió en conductas
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P.,
César Palomino Cortés.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2008, radicado
68001-23-15-000-2001-03315-02.
17
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deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de
obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente: 22
i) El 14 de mayo de 1999, por Resolución Rectoral 12094, la Universidad de
Antioquia resolvió lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de
diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien
motu propio, o por orden judicial, asuma la misma.
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha
reconocido reconoce el Instituto de Seguros Sociales a los servidores referidos y a
los que a partir de la fecha les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha
entidad no cancela conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
es decir, sobre el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, vacaciones
y semestral, que constituyen factor salarial.
Esta decisión fue reglamentada por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999,
suscrita por el Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia.
ii) El 31 de julio de 2001, mediante la Resolución 488, el establecimiento
demandante reconoció un bono pensional a nombre del señor José Miguel Aigneren
Aburto, por la suma de $ 381.252.000, por el período laborado en ese
establecimiento entre el 20 de octubre de 1975 y el 30 de junio de 1995.
iii) El 17 de enero de 2002, por medio de la Resolución 00168, el ISS, hoy
22 Las pruebas aportadas al plenario se encuentran en el expediente digital enviado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
18
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Colpensiones, reconoció la pensión de jubilación al señor José Miguel Aigneren
Aburto, a partir del 12 de diciembre de 2001, en un monto de $ 2.356.559, en los
términos de la Ley 33 de 1985, en lo que concierne a los requisitos de edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo, teniendo en cuenta que el interesado era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. También se precisó que la Universidad de Antioquia emitió y sufragó el bono
pensional, de manera que el ISS se haría cargo de la prestación conforme al Decreto
1513 de 1998.
iv) El 24 de abril de 2002, mediante la Resolución 00169, la Universidad de
Antioquia ordenó pagar al demandado «el valor que resultara de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social […] hasta que el Seguro Social lo
reconozca, bien motu propio, o por orden judicial». Esta decisión se fundó en las
siguientes consideraciones:
1. Que el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Antioquia- mediante Resolución
005577 del 23 de mayo de 2001, concedió la pensión de jubilación al señor JOSÉ
MIGUEL AIGNEREN ABURTO, […], a partir del 12 de diciembre de 2001 y por la
suma mensual de $ 2.356.559.
2.Que el jubilado es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y al momento de entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones en la Universidad de Antioquia, esto es, el 30 de junio de 1995, le faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho.
3. Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece un Ingreso Base de Liquidación
especial para las personas que son beneficiarias del régimen de transición y que al
momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir
el derecho, de liquidar la pensión con base en el promedio de lo devengado durante
el tiempo que le hiciere falta para ello.
4. Que el Instituto de Seguros Sociales no ha aplicado debidamente el ingreso base
de liquidación expresada en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
5. Que por medio de la Resolución Rectorial 12094 de 1999, la Universidad resolvió
subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros
Sociales con los servidores de la Universidad en el régimen de transición, que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba mensos de 10 años para adquirir
su derecho, de liquidarle sus pensiones según el promedio de lo devengado en el
tiempo que le hiciere falta para ello.
19
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6. Que la liquidación conforme a lo señalado anteriormente, tomando en cuenta lo
devengado por el empleado entre el 1° de julio de 1995 y la fecha de su retiro del
servicio, incluyendo las primas de navidad, prima de vacaciones y prima semestral,
que constituyen factor salarial, queda de la siguiente manera:
Concepto Valor
IBL de las primas 765.413
Valor del 75% 574.060
Valor subrogación 574.060
7. Que la liquidación que resulta de la aplicación del Ingreso base de liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es de $ 574.060
mensuales a partir del 12 de diciembre de 2001.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base
de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
no reconoce el Seguro Social al señor JOSÉ MIGUEL AIGNEREN ABURTO, […],
así:
A PARTIR DE SUBROGACIÓN RETROACTIVO
12 a 31 de diciembre de 2001 $ 574.060 $ 363.571
1 de enero de 2001 a 30 de abril de 2001 $ 617.976 $ 2.471.904
[…] El valor de la subrogación se incrementará anualmente, según lo establecido en
la Ley 100 de 1993, hasta que el Seguro Social lo reconozca, bien muto propio, o por
orden judicial.
Para un total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS $ 2.835.475, del cual se descuentan
los aportes por salud equivalente a la suma de TRECIENTOS CUARENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS $ 340.257, correspondientes al 12 %
para un desembolso neto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS $ 2.495.218.
El valor de la subrogación se incrementará anualmente, según lo establecido en la
Ley 100 de 1993, hasta que el Seguro Social lo reconozca, bien mutuo propio, o por
orden judicial. […] (Resaltado original del texto)
v) El 17 de octubre de 2012, por Resolución Rectoral 35823, el aludido ente
universitario derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999. Al
respecto, explicó que inicialmente consideró que sus empleados, beneficiarios del
régimen de transición, tenían derecho a que sus pensiones se liquidaran con
inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones; sin embargo, el ISS se
20
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ha rehusado a acompañar ese razonamiento y diferentes despachos judiciales han
expresado que el instituto y/o la universidad carecen de soporte legal para conceder
las pensiones de jubilación en esos términos.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se
formularon los recursos de apelación objeto de análisis para controvertir, por una
parte, la decisión de declarar la nulidad del acto administrativo enjuiciado y, por otra
parte, para solicitar que se acceda la pretensión de restablecimiento del derecho
encaminada a que se restituyan las sumas pagadas como consecuencia del citado
acto.
Así las cosas, para resolver la alzada se abordarán los siguientes tópicos.
2.5.1. Reconocimiento pensional a cargo de la Universidad de Antioquia
El señor José Miguel Aigneren Aburto solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, pues considera que la Universidad de Antioquia estaba facultada para
subrogarse en el excedente pensional que el ISS se rehusó a reconocer, pese a que
los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que sus pensiones se
liquiden con inclusión de todos los factores devengados y que en este caso implica
computar las primas de navidad, vacaciones y servicios (semestral).
Esta Subsección se aparta de la anterior argumentación, por las razones que se
expusieron en el acápite de marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.
Adicionalmente, es pertinente resaltar que, al tenor del artículo 2 del Decreto 1068
de 1995, el personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales
de educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social a más tardar el 30 de junio de 1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad
competente para reconocer y pagar las pensiones y demás prestaciones
21
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Demandante: Universidad de Antioquia
económicas contempladas en la Ley 100 de 1993, es la administradora de
pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos.
Siendo ello así, para el caso del accionado, no era la Universidad de Antioquia la
autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de su derecho
pensional y específicamente, lo relacionado con el mayor valor del ingreso base de
liquidación, por cuanto era obligación del ISS, como entidad previsional y
administradora de las cotizaciones realizadas por el demandado, asumir dicho
reconocimiento.
En efecto, como se señaló con antelación, la función de establecer el régimen
prestacional de los servidores públicos sólo está reservado al Congreso de la
República y al Gobierno nacional –este último bajo los lineamientos del legislador-
por lo que el ente universitario carecía de atribución para asumir una obligación de
carácter pensional, sin que mediara norma expedida por la autoridad competente
frente a la materia. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:23
La Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la Universidad de Antioquia
resulta a todas luces inconstitucional, al haberla expedido en desconocimiento de las
claras competencias que la Constitución atribuye al Congreso de la República y al
Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales de los servidores estatales del
orden territorial, como es el tema pensional de los docentes oficiales de tal ente
universitario de carácter público, razón por la cual al haber servido como fundamento
de la resolución aquí demandada, por encima de lo dispuesto en la Carta Política
resulta procedente su inaplicación.
De igual manera, esta Subsección en la sentencia del 15 de julio de 2021, afirmó lo
siguienteg:24
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de octubre de 2018,
radicado 05001233300020140006302 (1074-2015)
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
En similares términos se ha pronunciado esta Subsección a través de las sentencias del 14 de
noviembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00060-01(4352-16); 20 de noviembre de 2019,
radicado 05001-23-33-000-2014-00067-01(4270-16); y 13 de agosto de 2020, radicación 05001-23-
33-000-2014-01572-02(1179-16).
22
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De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional
en favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho
que le asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión
de factores salariales devengados por el docente no computados por la
administradora de pensiones, facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales
por tratarse del ente de previsión al que se realizaban las respectivas cotizaciones a
pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3
de abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal
de expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la
encargada de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue
declarado por el a quo.
En ese orden de ideas, se concluye que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para subrogarse en el pago de una parte del monto de una prestación
que estaba a cargo del ISS.
Además, si bien es cierto que el acto enjuiciado se fundó en la Resolución Rectoral
12094 de 1999, también lo es que aquella se expidió en contravía de la Constitución
Política y la Ley 4 de 1992, pues se arrogó una obligación de carácter pensional sin
que mediara una habilitación legal en tal sentido, por lo que esta no puede reputarse
como una fuente normativa válida para mantener el beneficio asignado al
demandado.25
Por el contrario, en este caso el ISS, hoy Colpensiones, afilió al accionado al sistema
de seguridad social integral y recibió los respectivos aportes, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, por ende, dicho instituto era
el competente para liquidar y reconocer la pensión de jubilación.
Entonces, cualquier tipo de controversia frente a la cuantía u otro elemento de la
prestación, debía ser cuestionado ante el ISS, ya fuera en sede administrativa o
25 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 22 de octubre de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00063-02 (1074-2015); ii) del 26 de junio de 2020, radicado 05001-23-33-
000-2014-01354-02 (2463-2016); y iii) del 11 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-000-2019-
00553-02 (2756-2021).
23
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judicial y, por lo tanto, la Universidad de Antioquia no estaba encargada de asumir
el pago de eventuales diferencias pensionales.
Así las cosas, la subrogación efectuada por la entidad demandante desconoció la
distribución de competencias para el reconocimiento de las prestaciones del sistema
de seguridad social en pensiones, así como el diseño establecido para su
financiamiento, pues no solo cumplió con el deber de emitir el bono pensional, sino
que con cargo a su presupuesto asumió el pago de sumas adicionales a las que le
correspondían.
Por otra parte, el accionado sostuvo que la providencia apelada no tuvo en cuenta
el precedente vinculante del Consejo de Estado, donde se expresa que es
obligatorio tener en cuenta todos los factores que constituyen salario para la
definición del IBL de los servidores públicos, pues, en su sentir, tales
pronunciamientos le permitían mantener la liquidación pensional con inclusión de
las primas de navidad, vacaciones y semestral.
Sin embargo, contrario a lo afirmado por el apelante, la actual jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia contenida en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018,26 fijó como subregla que «los factores salariales que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de
la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones», en concordancia con los enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993. Dentro de dichos
factores no se encuentran las primas mencionadas por el señor José Miguel
Aigneren Aburto.27
26 En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta Subsección: i)
2 de diciembre de 2021, radicado: 13001-23-33-000-2017-00512-01 (0654-2021); ii) 29 de julio de
2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-03960-01 (2665-2017); iii) 3 de junio de 2021, radicado:
25000-23-42-000-2018-00608-01 (5779-2019); iv) 3 de diciembre de 2020, radicado: 25000-23-42-
000-2013-01828-01 (4967-2017); v) 12 de noviembre de 2020, radicado: 05001-23-33-000-2016-
02032-01 (1616-2018); vi) 29 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-04980-01 (6273-
18); vii) 8 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-00529-01 (0836-2018).
27 En un caso similar al presente se arribó a idéntica conclusión. Ver sentencia del 19 de enero de
2023, radicado 05001-23-33-000-2019-00278-01 (2893-2020).
24
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Demandante: Universidad de Antioquia
Dicho precedente, tal como fue advertido por la Sala Plena del Consejo de Estado
en la mencionada providencia, debe aplicarse a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como judicial, luego no advierte esta Sala un
motivo jurídico suficiente para inaplicarlo como lo propone el apoderado del actor.
2.5.2. Devolución de sumas pagadas al demandado
Es preciso indicar que la consecuencia de la nulidad del acto particular, por regla
general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que se entienda que la
decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca
existió.
Pues bien, cuando se aborda el análisis de casos en los que se discuten
prestaciones periódicas y, principalmente, cuando la pretensión de restablecimiento
es el reembolso o la devolución de sumas de dinero pagadas y no debidas, la ley
se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible y ha señalado que
no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe,28 en consideración a que este principio se presume en todas las relaciones
jurídico-administrativas que adelanten los particulares ante las autoridades públicas.
Por lo anterior, en orden de hacer viable el reintegro de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la Universidad de Antioquia debió centrar su
esfuerzo procesal en demostrar no sólo la ilegalidad de la reliquidación pensional,
sino también en acreditar que la obtención de tal derecho por parte del demandado
se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe que, se reitera, son
presumibles.29 Sin embargo, esta carga no fue debidamente asumida por la entidad
demandante, pues al proceso no se aportaron elementos de juicio que permitan
28 Literal c) del numeral 1.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
29 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias de fechas 9 de mayo de 2022, radicado 66001 23 33 000 2018 00137 01 (3122-2020)
y 6 de octubre de 2022, radicado 25000 23 42 000 2018 00884 01 (3057-2021).
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
concluir que el señor José Miguel Aigneren Aburto utilizó maniobras fraudulentas
para obtener el beneficio contenido en los actos demandados.
De otra parte, si bien la Universidad de Antioquia considera probada la mala fe del
demandado con el argumento de que este debía ejercer las acciones
correspondientes ante el ISS a fin de instar la reliquidación de la pensión de jubilación
por parte del referido ente de previsión, lo cierto es que dicha situación no es
demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe. Por lo
tanto, resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas en su favor por
virtud del acto censurado.
En suma, el anterior análisis conlleva confirmar la sentencia apelada que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Aunado a ello, resta precisar que la Sala comparte los argumentos esgrimidos en la
providencia del 11 de agosto de 2021 que resolvió la solicitud de suspensión
provisional del acto acusado, pues, además de lo mencionado en el numeral 2.5.1.
de este proveído, el acto administrativo acusado adjudicó un derecho económico de
carácter pensional que genera una afectación injustificada al patrimonio público,
razón por la cual también se encontró acreditado, sumariamente, el perjuicio al que
alude el artículo 231 del CPACA, luego, valga decir, la decisión se encuentra ajustada
a derecho.
Así las cosas, como en esta instancia se confirmará el referido auto, la decisión
sobre la suspensión de dicho acto tomada en la providencia del 11 de agosto de
2021 se torna definitiva, a raíz de la anulación.
Finalmente, teniendo en cuenta que el artículo 328 del Código General del Proceso
dispone que en caso de que ambas partes hubieran apelado la sentencia de primera
instancia el superior podrá resolver sin limitaciones, y que, además, el demandado
en el recurso de apelación solicitó que se revoque en su integridad la providencia,
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Demandante: Universidad de Antioquia
lo que comprende la condena en costas impuesta en su contra, la Sala se
pronunciará al respecto.
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, la palabra «disponer» a la que hace
referencia la norma ibidem, no presupone la causación de costas per se contra la
parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se
acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. 30
En ese orden, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, previa
imposición de la condena en costas, el juez de lo contencioso administrativo debe
elaborar un juicio de ponderación subjetiva frente a la conducta procesal asumida
por las partes, con el fin de aplicar de manera razonable la norma.31
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias o
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, y al verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el presente caso no se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia
hubiera realizado el referido análisis o ponderación, o que la parte vencida actuase
con temeridad o mala fe. En ese orden, se revocará la decisión de condenar en
costas al señor José Miguel Aigneren Aburto.
2.6. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8
de septiembre de 2023, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación 25000-23-42-000-2018-02252-02 (4195-
2021).
31 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,32
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que las decisiones estudiadas se ajustan a las
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01212-02 (3814-22)
Demandante: Universidad de Antioquia
directrices interpretativas que regían la situación particular del demandando, por lo
que deviene la confirmación de la providencia del a quo, salvo en lo concerniente a
la condena en costas impuesta en su contra, la cual será revocada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 3 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que condenó en costas al
señor José Miguel Aigneren Aburto, y en su lugar se dispone:
CUARTO. Sin condena en costas.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la Universidad de
Antioquia contra el señor José Miguel Aigneren Aburto.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Confirmar el auto del 11 de agosto de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio del cual se decretó la suspensión provisional
de la Resolución Administrativa 169 del 24 de abril de 2002, expedida por la
Universidad de Antioquia.
Teniendo en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 323 del Código
General del Proceso se resolvió en esta etapa el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del 11 de agosto de 2021, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia decretó la suspensión provisional de los efectos de la
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Demandante: Universidad de Antioquia
Resolución 169 del 24 de abril de 2002, se dispone incorporar una copia de esta
decisión al expediente 05001-23-33-000-2021-01278-01 (0370-2022).
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
30
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