Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2019-00553-02 (2756-2021)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Miguel Turizo Arango
Tema : Reconocimiento patronal de diferencia en mesada
pensional de empleado jubilado por el entonces Instituto
de Seguros Sociales, en los términos del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 21 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 33). La Universidad de Antioquia, por intermedio
de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra el señor Miguel Turizo Arango, para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 452 de 19 de julio
y 794 de 31 de octubre, ambas de 2001, por las que el aludido ente de educación
superior «[…] ordenó pagarle al [demandado], el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la ley 100 de 1993, a partir del 2 de abril de 2001, “hasta que el
Seguro Social lo reconozca bien motu propio o por orden judicial…”, […] por
cuanto desconoció el artículo 48 de la Constitución Política […], adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1º inciso 6º, la Ley 100 de
1993, la Ley 4ª de 1992, y el Decreto 1158 de 1994, en su artículo 1º» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene reintegrar «[…] las sumas pagadas mediante la[s] Resoluci[ones
acusadas] […], desde el 2 de abril de 2001, hasta el 30 de noviembre de 2018,
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Universidad de Antioquia contra Miguel Turizo Arango
[…] que corresponden a […] ($295.795.243), más los valores que se generen
con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme» (sic). Por
último, se le condene en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la parte accionante que el señor Miguel
Turizo Arango prestó sus servicios para ella, como empleado público, entre el
6 de abril de 1970 y el 2 de abril de 2001.
Que «Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, […] sin efectuar
deducción alguna, reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo
lo devengado […]», de conformidad con las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y
los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969; una vez dicha norma entró en vigor,
«[…] afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales [ISS], entre
ellos el [accionado], por quien realizó los aportes correspondientes […] por los
riesgos de invalidez, vejez y muerte. Así mismo, en virtud del Decreto 2337 de
1996, […] perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones».
Dice que «tenía la firme convicción» de que, en virtud del inciso 3º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, quien «[…] se encontrara en régimen de transición
y que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones le hicieran
falta menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, el
Seguro Social le debía reconocer la prestación económica con base en todo lo
devengado, incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones, lo cual
entendía como una excepción a la regla general contenida en el artículo 33 de
la misma ley, según la cual las pensiones se liquidaban sobre los mismos
factores que sirvieron de base para calcular las cotizaciones» (sic).
Que, a través de Resolución 3969 de 20 de abril de 2001, el desaparecido ISS
le reconoció al demandado pensión de jubilación «[…] a partir del 2 de [los
mismos mes y año], sin tener en cuenta en su liquidación, las primas de
navidad, servicios y vacaciones»; empero, ante su desconocimiento en torno a
la procedencia del cómputo en esa prestación de los citados emolumentos, con
antelación había expedido la Resolución «Rectoral» 12094 de 4 de mayo de
1999 (reglamentada con la 16628 de la misma anualidad), por medio de la cual
se subrogó «[…] en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto
de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad, en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos
de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme
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Universidad de Antioquia contra Miguel Turizo Arango
al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros
Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma» (sic).
Aduce que, con fundamento en los últimos actos administrativos, emitió la
Resolución 452 de 19 de julio de 2001, modificada con la 791 de 31 de octubre
siguiente, por cuyo conducto dispuso sufragar al accionado las sumas de
$722.117,oo y $103.625,oo, por conceptos de subrogación y retroactivo, en su
orden, causadas entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2001, y «A partir del 1 de
marzo de 2003 […] pagar […] mensualmente la suma de $895.125 […] que se
incrementará anualmente, según lo establecido en artículo 11 de la Ley 100 de
1993, hasta que el Seguro Social lo reconozco bien motu propio o por orden
judicial» (sic).
Que, a pesar de que deprecó del extinguido ISS y la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) incluir las primas de navidad,
servicios y vacaciones en el cálculo de las pensiones de sus exservidores, no
obtuvo respuesta favorable.
Arguye que la referida Resolución 12094 de 1999 fue derogada por la 35823 de
17 de octubre de 2012, que fue objeto de demanda por parte de la Asociación
de Profesores Jubilados de la Universidad de Antioquia, pero cuyas
pretensiones fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 17
de octubre de 2013.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos censurados los artículos 48 de la
Constitución Política, 10 de la Ley 4ª de 1992; 18, 36, 131 y 151 de la Ley 100
de 1993 y 1º del Decreto 1158 de 1994; el Acto legislativo 1 de 2005 y los
Decretos 1068 de 1995 y 2337 de 1996.
Afirma que, «[…] aunque la interpretación que en su momento le diera la
Universidad al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, diferenció los
conceptos “devengado” y “cotizado”; con la expedición del Acto Legislativo
01 de 2005, concordada con las [normas] antes enunciadas […] [y] las distintas
sentencias interpartes emitidas a la fecha, ha quedado cuestionada la
posibilidad de liquidar las pensiones con base en todo lo devengado» (sic).
Que, de acuerdo con lo anotado, «[…] el régimen de transición contemplado en
la Ley 100 de 1993 no incluye el Ingreso Base de Liquidación, razón por la cual
la liquidación de la pensión de la demandada, por más que esta resulte
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beneficiaria del citado régimen de transición, debía efectuarse conforme al
artículo 21 [ibidem] –o, excepcionalmente y de cumplirse con los supuestos allí
establecidos, el inciso tercero del artículo 36 [ib.]-, en virtud del cual tal
liquidación se efectúa teniendo como base el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en los último diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión; teniéndose entonces que el acto
cuya nulidad se demanda no se ajusta a la interpretación que actualmente rige
respecto las normas superiores en que debían fundarse» (sic).
Por otra parte, sostiene que la jurisdicción contencioso-administrativa «[…] ha
[…] dejado claro que la Universidad de Antioquia no está obligada a cubrir
esa parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó temporalmente y por
ende, está legitimada para demandar la nulidad de la[s] Resoluci[ones] […]
que orden[aron] pagarle temporalmente al señor MIGUEL TURIZO ARANGO,
el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, a partir del 2
de abril de 2001, “hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu propio o
por orden judicial…”» (sic).
1.5 Medida cautelar. La parte actora, en el escrito de demanda, solicitó
suspender de manera provisional los efectos jurídicos de los actos cuestionados;
medida cautelar decretada con auto de 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, confirmado por esta Corporación, a través de
proveído de 7 de julio de la presente anualidad, por cuanto en ellos se otorgan
derechos económicos que, por ser contrarios a normas de mayor jerarquía,
afectan el erario, toda vez que «[…] correspondía al entonces ISS definir o
atender lo relacionado con cualquier tipo de reclamación, vía administrativa o
judicial, respecto de la pensión de jubilación devengada por el demandado,
pues este era el organismo de previsión social al que se habían efectuado las
cotizaciones en nombre de aquel, por tanto, no era factible que la aludida
Universidad de Antioquia asumiera el pago de las diferencias en las mesadas
entre lo que estimaba se debía cancelar y lo que sufragaba el ISS […]» (ff. 48
a 52 vuelto c. medidas cautelares).
1.6 Contestación de la demanda (ff. 76 a 97). Por conducto de apoderada, el
accionado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se refirió
a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros parcialmente, algunos
no y los demás no le constan. Asimismo, propuso las excepciones denominadas
indebida integración del litisconsorcio, temeridad, justo título y buena fe,
actuación de funcionario conforme a las exigencias de ley; firmeza,
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ejecutoriedad y obligatoriedad de las Resoluciones atacadas, inexistencia de
fundamentos jurídicos que soporten la nulidad, presunción de legalidad,
incumplimiento del procedimiento señalado por la Universidad de Antioquia,
prescripción e imposibilidad de condena en costas.
Que lo pretendido por la accionante en el sub lite es trasladarle la
responsabilidad de «[…] procurar por vía administrativa o judicial que el
Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES asumiera la obligación
que […] decidió voluntariamente subrogar, y que [él] recibió de buena fe y
con base en el principio de confianza legítima, pues quien tendría toda la
legitimación en la causa por activa, sería la Universidad de Antioquia, ya que
alega estar sufriendo un perjuicio, que no prueba dentro de este proceso [...]»
(sic).
1.7 Providencia impugnada (ff. 146 a 155 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Antioquia, en sentencia de 21 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al advertir que el ente de
educación superior demandante, una vez entró en vigor el sistema general de
seguridad social en pensiones, afilió a sus empleados a este, «[…] y en virtud
del artículo 131 de la Ley 100 de 1993 […] constituyó un fondo para el pago
del pasivo pensional y a cargo de la Universidad, solo se encontraban aquellos
que al 31 de diciembre de 1996, reunieron los requisitos para gozar de la
pensión de vejez, por lo que el [accionado] no se encontraba bajo alguno de los
supuestos señalados en el artículo 4 del Decreto 2337 del 24 de diciembre de
1996, [como] para considerar que le asistía a [aquella] una obligación» (sic);
además, esta actuó de manera unilateral al subrogarse en un deber que no le
incumbía asumir, de manera que no se encuentra compelida «a mantener» los
actos acusados, lo que denota la «[…] falta de competencia para el
reconocimiento del pago de la pensión que no paga el [ISS], correspondiente a
las doceavas partes de la bonificación, primas de navidad, vacaciones y
servicios» (sic).
Agrega que, «Como la Universidad de Antioquia expidió el acto administrativo
demandado sin competencia para ello, no hay lugar a indicar esté radicada en
cabeza de la demandada un derecho adquirido, por cuanto el reconocimiento
no tiene fundamento jurídico, todo lo contrario, se reitera, no se encuentra
atribuida en una norma legal […] la facultad de realizar reconocimientos de
carácter pensional, como para el caso que nos ocupa, ni mucho menos
establecer el régimen de pensiones a través de actos administrativos, cualquier
disposición que se tome en contravía de dichas prescripciones del Sistema
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General de Pensiones, no puede crear situaciones particulares, amparables
bajo la figura de los derechos adquiridos» (sic).
Por otra parte, niega «[…] la devolución de las sumas de dinero que recibió el
[pensionado] mientras estuvieron vigentes los actos administrativos
demandados», puesto que, amén de que fueron giradas por mera liberalidad de
la Universidad accionante, «[…] no demostró que [aquel] hubiera actuado de
mala fe para obtener[las] […]».
1.8 El recurso de apelación (ff. 160 a 164 vuelto). Inconforme con el anterior
fallo, el accionado interpuso recurso de apelación, al estimar que (i) si bien las
decisiones acusadas son «[…] producto de la liberalidad de la entidad
demandante, […] se profiri[eron] con base en argumentos legales que [le]
permitían […], en calidad de empleadora y pagadora de pensiones, efectuar el
pago […], esto es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que para el momento
de la expedición de la Resolución General y de la Resolución particular […]
estaba soportada en la interpretación dada por el Consejo de Estado por más
de 25 años […], frente al Ingreso Base de Liquidación para las personas
pertenecientes al Régimen de Transición en aplicación de la Ley 33 de 1985
[…]» (sic); (ii) la aludida subrogación «[…] se constituye como un derecho
individual y concreto, que ya se ha radicado en su cabeza [y] ha ingresado […]
a su patrimonio por casi 20 años, y que ahora no puede ser desconocido por la
entidad pública pagadora […] aduciendo no ser la competente para ello; pues
[…] cumplió a cabalidad todos los supuestos previstos por la norma abstracta
[…]»; y (iii) la accionante debió demandar a Colpensiones y no a los jubilados,
so pretexto de corregir un yerro, lo cual quebranta no solo los principios de
confianza legítima y favorabilidad en materia laboral y los derechos
constitucionales fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna,
sino instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, cuya interpretación es consistente desde hace más de
dos (2) décadas.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 4 de junio de 2021 (f. 165) y
admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de abril de 2022 (f.
171), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; pero durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes y el Ministerio
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
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Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a
determinar si la Universidad de Antioquia carecía de competencia para
reconocer en favor del demandado la diferencia resultante entre lo sufragado
por el desaparecido ISS por concepto de pensión de jubilación y lo calculado
por aquella si este último hubiese tenido en cuenta en el ingreso base de
liquidación pensional la totalidad de los factores salariales devengados por su
servidor (aquí accionado).
3.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Colegiatura, se
destaca:
a) Solicitud de vinculación al sistema general de seguridad social en pensiones
administrado por el ISS, suscrito por el accionado el 30 de junio de 1995, en
condición de empleado público (docente) adscrito a la Universidad de
Antioquia (f. 129).
b) Resolución «RECTORAL» 12094 de 4 de mayo de 1999, mediante la cual la
demandante se «Subrog[ó] en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad, en
régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les
faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus
pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta
para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de [la Ley 100 de 1993],
hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden
judicial, asuma la misma» (artículo 1º); y, en consecuencia, dispuso reajustar
las respectivas mesadas concedidas por dicha entidad en los porcentajes que no
reconoce, «[…] es decir, sobre el derecho que tienen, con base en las primas
de navidad, vacaciones y semestral, que constituyen factor salarial» (artículo
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2º)2.
c) Resolución «ADMINISTRATIVA» 16628 de 25 de junio de 19993, por la que
la vicerrectoría administrativa de la citada Universidad reglamenta el acto
administrativo mencionado en precedencia, así:
ARTÍCULO PRIMERO: DESTINATARIOS. Los jubilados: empleados
públicos docentes y los empleados públicos no docentes de la Universidad
de Antioquia, que se encuentran en el régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y pagada
por el [ISS], sin tener en cuenta el promedio de lo devengado por el servidor,
conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993.
ARTÍCULO SEGUNDO. MONTO. Corresponde a la diferencia, que
resulte de aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante el último año
de servicios, incluida las dozavas de las primas de navidad[,] vacaciones,
servicios y bonificación cuando a esta diera lugar, y el valor de la pensión
que liquida el [ISS].
[…]
ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN. El pago se realizará por parte de la
Universidad a partir de la fecha en que el [ISS] haya reconocido o reconozca
la pensión, y hasta que, bien motu proprio, o por orden judicial, esa entidad
asuma su obligación.
[…] (sic para toda la cita).
d) Resolución 3969 de 20 de abril de 2001, por medio de la cual el extinguido
ISS le reconoce al demandado pensión de «vejez» desde el 2 de los mismos mes
y año, con base en «[…] 1558 semanas cotizadas, un IBL de $4.106.740 y un
porcentaje del 75%» (no precisa los factores y período tenidos en cuenta para
realizar el respectivo cálculo), de conformidad con lo establecido en el artículo
36 (inciso 3º) de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 19854.
e) Resoluciones 11370 de 30 de agosto y 17219 de 27 de diciembre, ambas de
2001, por cuyo conducto el referido Instituto confirma el anterior acto
administrativo, al advertir que «[…] la liquidación de la pensión por vejez por
transición fue uno de los aspectos que reguló expresamente la Ley 100 de 1993
en el inciso 3º de su artículo 36, que […] se define con el promedio de los
salarios cotizados durante el tiempo que le hiciere falta al asegurado para
2
Archivo 1 contenido en CD obrante en el folio 39.
3
Archivo 2 ibidem.
4
Páginas 20 a 22 del archivo «H.V. MIGUEL TURIZO ARANGO» idem.
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adquirir el derecho a la prestación, contado a partir de la fecha de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones […]», al paso que los factores están
descritos en el Decreto 1158 de 19945.
f) Resolución 452 de 19 de julio de 2001 (ff. 41 y 42), a través de la cual la
Universidad de Antioquia previó:
CONSIDERANDO
1. Que el Instituto de Seguros Sociales -Seccional Antioquia- mediante
Resolución 03969 del 20 de abril de 2001, concedió la pensión de
jubilación al señor MIGUEL TURIZO ARANGO, […] a partir del 2 de
abril de 2001 y por la suma mensual de $3'080.055.
2. Que el jubilado es beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al momento de entrar en vigencia el
Sistema General de Pensiones en la Universidad de Antioquia, esto es, el
30 de junio de 1995, le faltaba menos de diez años para adquirir su
derecho.
[…]
4. Que el Instituto de Seguros Sociales no ha aplicado debidamente el
ingreso base de liquidación expresado en el inciso 3° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
[…]
6. Que la liquidación conforme a lo señalado anteriormente, tomando en
cuenta lo devengado por el empleado entre el 1° de julio de 1995 y la fecha
de su retiro del servicio, incluyendo las primas de navidad, prima de
vacaciones y prima semestral, que constituyen factor salarial, queda de la
siguiente manera:
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Pagar el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor MIGUEL
TURIZO ARANGO, […] así
A PARTIR DE SUBROGACION RETROACTIVO
2 de abril de 2001 a 30 junio de 2001 $722.117 $2.142.280
[…]
El valor de la subrogación se incrementará anualmente, según lo
establecido en la Ley 100 de 1993, hasta que el Seguro Social lo
5
Páginas 23 a 31 ibidem.
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reconozca, bien mutuo propio, o por orden judicial.
[…] (sic para toda la cita).
g) Resolución 794 de 31 de octubre de 2001, en la que el aludido ente
universitario, en sede de reposición, reajusta el valor concedido por concepto
de subrogación, en la suma de $745.609,oo (ff. 43 y 44).
h) Resolución «RECTORAL» 35823 de 17 de octubre de 2012, por la que el ente
educativo atrás mencionado deroga la 12094 de 4 de mayo de 1999, al colegir
que aunque, ab initio, tenía «[…] certeza jurídica de los derechos de los
servidores de la Universidad, beneficiarios del régimen de transición, en
relación al deber de incluir en la liquidación de su pensión como factor salarial
[…]» las primas de servicios, navidad y vacaciones, el otrora ISS se rehusó a
ello, al paso que los pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-
administrativa han sido reiterados en cuanto a que esa entidad no debe conceder
las pensiones de jubilación de esa manera6.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el 30 de junio de
1995 el accionado se afilió al sistema general de seguridad social en pensiones
administrado por el entonces ISS, en condición de profesor de la Universidad
de Antioquia; (ii) la accionante, mediante Resoluciones «Rectoral» 12094 de 4
de mayo y «Administrativa» 16628, ambas de 1999, preceptuó que las
pensiones de jubilación concedidas a sus servidores por el extinguido ISS,
serían reajustadas para computar en el IBL las primas de servicios, navidad y
vacaciones, en caso de no ser tenidas en cuenta por aquella entidad; (iii) a través
de Resolución 3969 de 20 de abril de 2001, confirmada con las 11370 de 30 de
agosto y 17219 de 27 de diciembre del mismo año, el desaparecido ISS le
reconoció al accionado pensión de jubilación a partir del 2 de abril de 2001,
conforme a la Ley 33 de 1985, liquidada en los términos del inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo cotizado
durante el tiempo que le faltaba para adquirir el estatus pensional desde la
entrada en vigor de esta última normativa para el orden territorial (30 de junio
de 1995); (iv) con Resoluciones 452 de 19 de julio y 794 de 31 de octubre, las
dos de 2001, la citada entidad reajustó dicha prestación, de conformidad con lo
previsto en las Resoluciones 12094 y 16628 de 1999; y (v) por medio de
Resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, el ente universitario derogó la
Resolución 12094 de 1999 y, por ende, ordenó que las situaciones jurídicas
«[…] creadas a partir de [su] expedición […]», fueran resueltas de acuerdo con
6
Archivo 2 contenido en CD obrante en el folio 39.
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la normativa y jurisprudencia vigentes.
Para dilucidar el problema jurídico planteado en el asunto sub judice, cabe
recordar, en primer lugar, que el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969, «Por el
cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968», disponía que «Si el empleado
oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de
retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago [de la pensión] se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora».
No obstante, la Ley 100 de 1993, en su artículo 15 (numeral 1), impuso la
obligación de afiliar al sistema general de seguridad social en pensiones a
«Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos […]».
Por su parte, el presidente de la República expidió el Decreto 691 de 1994, «[…]
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas
en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, en concordancia con
la Ley 100 de 1993», por medio del cual estableció:
Artículo 1º. Incorporación de servidores públicos. Incorpórase al
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los
siguientes servidores públicos:
a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades
descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la
organización electoral y la Contraloría General de la República;
[…]
Artículo 2º. Vigencia del Sistema General de Pensiones para los
servidores públicos. El Sistema General de Pensiones contenido en
la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos
del orden nacional incorporados mediante el artículo 1º de este
Decreto, el 1º de abril de 1994.
El Sistema general de Pensiones para los servidores públicos
departamentales, municipales y distritales u de sus entidades
descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995,
en la fecha en que así lo determine el respectivo Gobernador o
Alcalde. La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual
11
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para determinados servidores públicos teniendo en cuenta, entre
otros factores, la capacidad económica del organismo o entidad
territorial y las proyecciones actuariales [se subraya].
En lo atinente a los efectos de la inscripción en el sistema de seguridad social
en pensiones, el Gobierno nacional, al reglamentarlo, advirtió que aquella «[…]
surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en el cual se
efectuó el diligenciamiento del respectivo formulario»; y frente a la
competencia frente al pago de pensiones, estipuló que «Será responsable […]
la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las
cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al
pago de la pensión o prestación correspondiente» (artículo 14 del Decreto 692
de 19947).
Ahora bien, la afiliación al mencionado sistema de seguridad social en los
niveles departamental, municipal y distrital, fue regulado por el artículo 2°
(parágrafo 2°) del Decreto 1068 de 23 de junio de 1995, en el sentido de
disponer que «Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 [el solidario de prima media con
prestación definida, asumido por el desaparecido ISS, hoy Colpensiones8; y de
ahorro individual con solidaridad, a cargo de las sociedades administradoras de
fondos de pensiones] a más tardar el 30 de junio de 1995».
Respecto de los servidores públicos de las universidades oficiales y de las
instituciones estatales de educación superior de naturaleza territorial, en
armonía con el precitado Decreto 1068 de 1995, el ejecutivo dictó el Decreto
2337 de 24 de diciembre de 1996, en el que determinó, entre otros asuntos, que
«De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos,
trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995» (artículo 2°, parágrafo
1°).
7
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
8
«Artículo 52 de la Ley 100 de 1993».
12
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Por consiguiente, si bien es cierto que existía la posibilidad de que las entidades
públicas que no tuvieran afiliados a sus empleados en algún fondo de previsión
social, concederían la pensión a que hubiere lugar cuando ellos se retiraran del
servicio (artículo 75, numeral 29, del Decreto 1848 de 196910), también lo es
que la Ley 100 de 199311 (artículo 15, numeral 112) abolió tal atribución, por lo
que prescribió la obligación de inscribir a los servidores públicos al sistema de
seguridad social en pensiones, que para los del orden territorial debía efectuarse
a más tardar el 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigor de dicha Ley para
ese personal), incluidos los que laboraran para las universidades estatales e
instituciones oficiales de educación superior (Decretos 1068 de 199513
[parágrafo 2º14 del artículo 2] y 2337 de 199615 [parágrafo 1º16 del artículo 2]),
por lo que el reconocimiento de la correspondiente prestación sería asumido por
la entidad de previsión social a la cual fueron afiliados y recibió las respectivas
cotizaciones (artículo 14 del Decreto 692 de 1994).
En el presente caso, en cumplimiento de la anterior normativa, en concordancia
con la Ley 100 de 1993, el accionado fue afiliado al sistema de seguridad social
en pensiones, en particular al régimen de prima media con prestación definida
con el entonces ISS, dada su condición de empleado público de un ente
universitario de carácter departamental, quien a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 (30 de junio de 1995) aún no colmaba los requisitos para hacerse
9
«[...]
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
[...]».
10
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
11
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
12
«Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra
modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus
características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del
Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
[…]».
13
«Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial».
14
«Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y pagadas por las entidades empleadoras,
deberán afiliarse a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio
de 1995».
15
«Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994».
16
«De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos, trabajadores oficiales y personal
docente de aquellas instituciones que reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de
los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más tardar el 30 de junio de
1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las
entidades territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995».
13
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acreedor a la pensión de jubilación, de acuerdo con la Ley 33 de 198517, régimen
que le era aplicable en virtud del de transición contemplado en el artículo 36 de
la citada Ley 10018.
Así las cosas, comoquiera que el extinguido ISS incorporó al accionado al
sistema de seguridad social en pensiones y recibió los aportes, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, se itera, aquel era
el competente para liquidar y reconocer la pensión de jubilación, por lo que
cualquier tipo de error o anomalía en su otorgamiento solo podía ser reclamado
de ese Instituto, por vía administrativa o judicial, motivo por el que no devino
acertado que la Universidad de Antioquia asumiera el pago de las diferencias
en las mesadas sufragadas al demandado entre lo que estimaba debía girarse, en
el evento de incluirse la totalidad de los factores salariales devengados por este
durante el último año de servicios en el ingreso base de liquidación pensional,
y lo que le pagaba el ISS por tal concepto.
Cabe anotar que pese a que los actos administrativos cuya nulidad se reclama
tuvieron, además, como fundamento la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo
de 1999, lo cierto es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad
resulta dable inaplicarla para el caso concreto, conforme al artículo 4° superior
(«En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales»), habida cuenta de
que la función de establecer el régimen prestacional de los servidores públicos
está reservada al Congreso de la República y al Gobierno nacional, pero este
bajo los lineamientos de aquel, por lo que el ente universitario carecía de
autorización legal para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente
habilitada frente a la materia, que así lo permitiera.
Acerca de este tema, recuérdese que, en principio, la Constitución Nacional de
1886, en su texto original, sometió a reserva legal la fijación de los empleos y
sus «respectivas dotaciones» (ordinal 7º del artículo 76); empero, el Acto
17
«Artículo 1°- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a
la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio».
18
«La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35)
o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley» (inciso 2°).
14
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legislativo 3 de 1910 extendió dicha facultad a las asambleas, al permitirles
regular «[…] el número de empleados departamentales, sus atribuciones y
sueldos» (artículo 54), función que se mantuvo en el Acto legislativo 1 de 1945
(artículo 83).
Por su parte, la Ley 6ª de 1945 otorgó la potestad al Gobierno nacional para
«[…] señalar […] por medio de decreto las prestaciones que hayan de pagar a
los empleados y obreros […]» de los departamentos y municipios (así como de
las intendencias y comisarías que para entonces hacían parte de la división
política del país), es decir, que las entidades y entes territoriales no tenían
competencia para fijar prestaciones sociales.
A través de los artículos 11 y 5719 del Acto legislativo 1 de 11 de diciembre de
196820, el constituyente dejó en cabeza del Congreso de la República la
responsabilidad de «Determinar la estructura de la administración nacional
mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y
Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de
sus prestaciones sociales».
Por consiguiente, desde la expedición del Acto legislativo 1 de 1968, el régimen
prestacional de los empleados públicos es del resorte del legislador.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de 24 de mayo de 201221,
dijo:
Con lo que se tiene que a partir del año 1968, el régimen prestacional
de los empleados públicos del nivel seccional y local, al igual que del
nacional, era exclusivamente del resorte legal, sin que fuera posible
su reconocimiento por medio de actos jurídicos de contenido
diferente, tales como los acuerdos u ordenanzas.
Finalmente, la Carta Política de 1991, en el numeral 19 (letras e y f) del artículo
150, le asigna al Congreso de la República la tarea de dictar las normas
generales, por supuesto a través de leyes, a las cuales debe sujetarse el Gobierno
nacional, entre otras materias, en punto a fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, así como la regulación del régimen de prestaciones
19
Que modificaron los artículos 6 (numeral 9) y 197 (numeral 5) de la Constitución Nacional de 1886, en su orden.
20
Publicado en el Diario oficial 32.673 de 17 de diciembre de 1968.
21
Subsección A, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente: 15001-23-31-000-2008-00551-01 (359-11).
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sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
En ejercicio de las referidas facultades, se expidió la Ley 4ª de 1992, por medio
de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, así
como de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, que en su
artículo 12 previó:
El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las
normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales
arrogarse esta facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos
servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden
nacional.
Es decir, que la atribución de establecer el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos está reservada para el Congreso de la República y el
Gobierno nacional, pero este último bajo los lineamientos de aquel22.
Por consiguiente, se insiste, la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999
de la Universidad de Antioquia resulta a toda luces inconstitucional, al haber
sido expedida sin prestar mientes en las claras competencias que el
constituyente delegó en el Congreso de la República y al Gobierno nacional en
materia de prestaciones sociales de los servidores estatales del orden territorial,
como es el tema pensional de los docentes oficiales de tal ente universitario de
carácter público departamental, razón por la cual al haber servido como
fundamento de las Resoluciones aquí demandadas, por encima de lo dispuesto
en la Carta Política, resulta procedente su inaplicación para el caso concreto, de
acuerdo con la excepción de inconstitucionalidad, respecto de la cual la Corte
Constitucional, en sentencia T-681 de 2016, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio,
advirtió:
5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo
4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen
22
Acerca de este tema, ver sentencia de 12 de mayo de 2022, expediente 73001-23-33-000-2016-00769-01 (5323-
2018), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas
contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.
Esta Corporación ha sido enfática en que se trata de una facultad-
deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma y en su
lugar hacer efectiva la Constitución, consolidándose como una suerte
de control de constitucionalidad difuso. Sobre este aspecto, la
jurisprudencia constitucional ha definido que “es una facultad o
||posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores
jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una
acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las
autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable
a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia,
esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto
y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en
riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que,
de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro
de la Constitución Política”23.
En este sentido consiste en una eficaz herramienta jurídica-política
de protección al principio de supremacía constitucional,
garantizando (en el caso concreto) su jerarquía y materialidad dentro
del sistema de fuentes del derecho.
5.2. Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa24 o a
solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes
circunstancias:
(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha
producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez
que “de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto
y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción
de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha
decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial,
incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz
de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado25;
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido
otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por
parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo
23
Sentencia SU-132 de 2013.
24
Sentencia T-808 de 2007.
25
Sentencia T-103 de 2010.
17
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de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad
o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso26; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso
particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no
estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental27. En otras
palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una
norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no
pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones
constitucionales”28.
En este orden de ideas, le asiste razón jurídica al a quo al haber decretado la
nulidad de los actos acusados en la controversia que ahora nos ocupa, puesto
que el ente demandante carecía de competencia para su expedición, tal como se
dejó explicado, máxime cuando tuvo como fundamento una Resolución
manifiestamente inconstitucional29.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 21 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
26
En sentencia T-669 de 1996 se desarrolló esta hipótesis, fijando que “en tales eventos, el funcionario judicial está
obligado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP art. 4º) o,
en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente que la disposición que, dada la
situación del caso concreto, pretende aplicar tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a la
norma declarada inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional. Si el funcionario aplica la
norma y no justifica su distanciamiento frente al pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el mismo
tema, estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial decide aplicar caprichosamente de
preferencia las disposiciones legales a las normas constitucionales, en contravía de expresos pronunciamientos
sobre el punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y guardián de la Carta (CP arts. 4º, 241 y 243).”
27
Sentencia T-103 de 2010.
28
Sentencia T-331 de 2014. En este mismo sentido, ver sentencia C-803 de 2006.
29
Conclusión análoga a la acogida por esta sala de decisión en sentencias de (i) 22 de octubre de 2018, expediente
05001-23-33-000-2014-00063-02 (1074-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, demandante: Universidad de
Antioquia, demandado: Gustavo Silvio Quintero Barrera; (ii) 26 de junio de 2020, radicación 05001-23-33-000-
2014-01354-02 (2463-2016), C. P. César Palomino Cortés; y autos de (iii) 20 de noviembre de 2020, expediente
05001-23-33-000-2019-00277-01 (6266-2019), C. P. César Palomino Cortés; y (iv) 1º de julio de 2022, expediente
05001-23-33-000-2019-00558-01 (2174-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18
Expediente 05001-23-33-000-2019-00553-02 (2756-2021)
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Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por la Universidad de Antioquia contra el
señor Miguel Turizo Arango, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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