RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-02161-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02161-01

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02161-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el numeral tercero de la sentencia del 30 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso instaurado por la Universidad de Antioquia contra la señora Luz Inés Sierra García. En su lugar se dispone: Segundo. No condenar en costas ni agencias en derecho, a la señora Luz Inés Sierra García, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. Tercero. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia. Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. 27 Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02161-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Inés Sierra García

Temas: Reconocimiento diferencia pensional, subrogación de la entidad
empleadora, reintegro de dinero

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la Universidad de Antioquia, por conducto de
apoderada, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución 093 del 16 de
marzo de 2006, que dispuso pagar a la señora Luz Inés Sierra García «el valor que
resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993».

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
entidad accionante solicitó condenar a la demandada a lo siguiente: i) devolver, de
manera indexada, las sumas que se le han pagado con respaldo en el acto
administrativo censurado, más los valores que se generen con posterioridad y hasta
que la sentencia se encuentre en firme; y ii) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los
siguientes:

i) Antes de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia, sin efectuar deducción
alguna, reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado,
teniendo como referentes normativos las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 y los Decretos
1743 de 1966 y 1848 de 1969.

ii) A la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, dicho establecimiento
de educación superior afilió a todos sus servidores al ISS,1 hoy Colpensiones.2
Además, perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las pensiones.

iii) Conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2010,3 la entidad actora consideró que, a los
beneficiarios del régimen de transición, el ISS debía reconocerles la pensión con
base en todo lo devengado, incluyendo las primas de navidad, servicios y
vacaciones; sin embargo, el instituto no compartía dicho entendimiento.

1 Instituto de Seguros Sociales.
2 Administradora Colombiana de Pensiones.
3 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).

2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

iv) Por Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la Universidad de
Antioquia resolvió «subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la universidad, en el régimen
de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos
de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros
Sociales, bien motu proprio o por orden judicial, la asuma».

v) La accionada prestó sus servicios en la Universidad de Antioquia y, una vez
cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el ISS le reconoció la
prestación, por Resolución 19718 del 25 de octubre de 2005, sin tener en cuenta
en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.

vi) Mediante la Resolución 093 del 16 de marzo de 2006, el ente universitario
ordenó «pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación
que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce
el Seguro Social, a la señora LUZ INÉS SIERRA GARCÍA», en cuantía de $674.459. Los
pagos efectuados por ese concepto ascienden a $223.286.674.

vii) Por Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999. La Resolución Rectoral 35823 fue
demandada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y este la encontró ajustada
a derecho, en razón a que la Universidad actuó por mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4
de 1992; 18, 36, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 5
del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso
lo siguiente:

i) Conforme a las Sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017, proferidas por la
Corte Constitucional, las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
únicamente pueden liquidarse con base en el promedio de los salarios que sirvieron
de base para los aportes en los último 10 años anteriores al reconocimiento de la
prestación. Este criterio fue ratificado por el Consejo de Estado, mediante sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018;4 por lo tanto, el acto acusado no se ajusta
a la interpretación actual de las normas en que debió fundarse.

ii) En el evento en que se considere que los destinatarios del régimen de transición
tienen derecho a que en su pensión se computen las primas de navidad, servicios
y vacaciones, debe concluirse que la Universidad de Antioquia carece de
competencia para hacer tal reconocimiento.

iii) Conforme a los artículos 131 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 2337 de
1996, el ente educativo sólo quedó a cargo de aquellas prestaciones causadas
antes del 31 de diciembre de 1996, o las de quienes a dicha fecha se encontraran
retirados, pero contaran con el tiempo de servicio necesario para acceder a la
pensión de vejez y solo les faltara cumplir con el requisito de la edad.

iv) La señora Luz Inés Sierra García no se encontraba en ninguno de los supuestos
para que pudiera considerarse que la Universidad de Antioquia tenía obligaciones
pensionales con ella, pues al 31 de diciembre de 1996 tenía 46 años de edad y
desde el 1 de julio de 1995 fue afiliada al régimen general.

1.2. Contestación de la demanda

4 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

El apoderado de la señora Luz Inés Sierra García se opuso a las pretensiones de la
demanda, con base en las siguientes razones de defensa:

i) El reconocimiento pensional efectuado por la Universidad de Antioquia es respetuoso
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y del
Consejo de Estado,6 pues los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a
que su pensión de jubilación se liquide con base en todos los factores devengados,
incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

ii) Conforme consta en las actas que precedieron a la expedición de la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, se encuentra acreditado que la universidad actuó en
ejercicio de sus facultades legales y la autonomía que la caracteriza, con el fin de
asumir la cuota parte pensional que no otorgaba el ISS. Por lo tanto, de manera
razonada y fundada en derecho se acudió a la figura de la subrogación para proteger
a los pensionados y salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social.

iii) La accionada goza de un derecho adquirido para percibir su pensión completa y
no puede ser desconocido, máxime cuando en este caso no se cuestiona la
legalidad de la Resolución Rectoral 12094 de 1999. Además, dicho acto se profirió
con antelación al Acto Legislativo 1 de 2005.

iv) Se proponen las siguientes excepciones: 1) legalidad del acto impugnado; 2)
buena fe; y 3) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 30 de enero de
2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

5 La demandada invocó las Sentencias T-438 de 1997 y T-357 de 1998.
6 La accionada invocó, entre otras, las siguientes sentencias: i) del 14 de noviembre de 2002, expediente 3534-00); ii) del

8 de marzo de 2012, radicado 15001-23-31-000-2008-00188-01; iii) del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-000-
2006-07509-01.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

i) De acuerdo con la Ley 100 de 1993, en armonía con los Decretos 1068 de 1995
y 2337 de 1996, las universidades públicas del orden territorial carecen de
competencia para reconocer las pensiones de sus servidores, ya que fueron
afiliados al sistema general de pensiones a partir del 30 de junio de 1995.

ii) La sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado y que
invoca la demandada, no constituye precedente vinculante, ya que las decisiones
judiciales no pueden desconocer la Constitución y la Ley, como «tampoco cambiar
sin suficiente argumentación la decantada jurisprudencia del mismo Supremo
Tribunal en cuanto a pensión ordinaria, ni desconocer la reiterada defensa del
principio de inescindibilidad».

ii) El acto demandado está viciado de nulidad, por cuanto la Universidad de
Antioquia asumió el pago de un excedente pensional sin tener competencia para
ello, pues la accionada fue afiliada al ISS desde el 24 de junio de 1993 e inclusive
los factores reconocidos carecían de soporte legal, ya que no estaban previstos en
el Decreto 1158 de 1994.

iv) Se condena en costas a la demandada; sin embargo, no se ordenará el reintegro
de las sumas percibidas, ya que no se desvirtuó la presunción de buena fe que la
ampara.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El apoderado de la demandada solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, por las siguientes razones:

i) La Resolución Rectoral 12094 de 1999 no creó un régimen pensional; por el
contrario, fue expedida con competencia y respetó el marco legal que la regía.

ii) La Universidad de Antioquia aplicó la figura del pago con subrogación para tutelar

6

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

la situación pensional de sus servidores, quienes como beneficiarios del régimen de
transición tenían derecho a que las pensiones se liquidaran con inclusión de todos
los factores salariales percibidos, pero esta regla fue desconocida por el ISS, hoy
Colpensiones. A su vez, el ente universitario conservaba la potestad de repetir
contra el referido fondo de pensiones, es decir, que no se afectó el patrimonio
público.

iii) Las pretensiones carecen de vocación de prosperidad, porque el acto acusado
se fundó en las Resoluciones 12094 y 16628 de 1999, pero estas no se demandaron
y aunque fueron derogadas ello no alteró la eficacia jurídica de la decisión
enjuiciada, pues la derogatoria no tuvo efectos retroactivos ni afectó las situaciones
jurídicas consolidadas

iv) Debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo, ya que ilegalidad
del acto administrativo impugnado sería imputable exclusivamente a la Universidad
de Antioquia y no a la accionada. Además, el Consejo de Estado ha explicado que
dicha condena no procede en asuntos análogos al presente.7

1.4.2. La apoderada de la Universidad de Antioquia interpuso recurso de
apelación adhesiva contra la referida sentencia con el fin de que se acceda a la
devolución de las sumas reclamadas, con fundamento en los siguientes
argumentos:

i) La resolución anulada dispuso que el reconocimiento pensional era de carácter
temporal y quedaba sujeto a que el ISS lo asumiera por voluntad propia o que así
lo decidiera una sentencia judicial.

ii) La demandada tenía la responsabilidad de adelantar las actuaciones tendientes
a que el fondo de pensiones se hiciera cargo del pago total de la prestación; sin

7 La demandada invocó las siguientes sentencias: i) del 31 de enero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00058-02

(0341-2017); ii) del 14 de noviembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00062-01 (4308-16); iii) del 20 de
noviembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00067-01 (4279-16); iv) del 2 de diciembre de 2019, radicado 05001-
23-33-000-2014-00070-01 (0743-2018); v) del 19 de enero de 2023, radicado 05001-23-33-000- 2019-00278.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

embargo, la interesada incumplió con esta carga y recibió unas sumas que no le
correspondían, por ende, su conducta no se ajustó a los postulados de la buena fe.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La Universidad de Antioquia reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso y la demandada se abstuvo de intervenir en esta instancia.

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto y
solicitó confirmar la sentencia apelada, salvo la condena en costas, por las
siguientes razones:8

i) De manera pacífica la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha indicado
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para subrogarse en el pago
de las pensiones de sus exservidores; sin embargo, no resulta procedente el
reembolso de las sumas que la accionada percibió de buena fe.

ii) Debe revocarse la condena en costas dispuesta en primera instancia, en tanto se
debate un asunto relacionado con el interés público.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar i) si la Universidad de Antioquia carecía
de competencia para otorgar a la señora Luz Inés Sierra García la diferencia entre

8 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

la pensión de vejez que le reconoció el ISS y el monto que resultaba de incluir en el
ingreso base de liquidación las primas de navidad, vacaciones y semestral. En caso
afirmativo, ii) si la accionada debe reintegrar las sumas percibidas por ese concepto;
y iii) si debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados
públicos de las universidades estatales

El artículo 62 de la Constitución Política de 1886 consagró la competencia del
legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los
órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público,
en los siguientes términos:

Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las
calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y
la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro
público.

Con ocasión de la reforma constitucional consignada en el Acto Legislativo 01 del
11 de diciembre de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional y el
régimen prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el
Congreso de la República, tal como quedó establecido en el numeral 9 del artículo
76 de la Carta así:

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así
como el régimen de sus prestaciones sociales.

A su vez, la Constitución Política de 1991 asignó al Congreso de la República la
potestad de expedir leyes marco tendientes a señalar las normas generales,

9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los
trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f). Igualmente, el artículo 48 ibidem dispuso que la seguridad social, a
la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con
sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 prescribió lo siguiente:

Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
[…]

A su turno, la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la
educación superior, en el artículo 77 dispuso que «[e]l régimen salarial y
prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá
por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la
adicionan y complementan».

Ahora bien, con base en las facultades otorgadas por la ley 4 de 1992, se expidieron
los Decretos 1444 de 1992 y 55 de 1994, el primero de ellos contiene disposiciones
en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes vinculados a las
universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los vinculados a
universidades públicas del orden territorial.

Debe anotarse que el Gobierno nacional es el competente para establecer el
régimen prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas
entidades, tal y como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación con el siguiente razonamiento:

Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente como

10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que el
presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que por
expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y que la ley 30 de 1992 consagró en
el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores de las
universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992 y demás normas
complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República fijar
el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las
universidades oficiales.9

Como se advierte, ni la Constitución Política ni la ley otorgaron a las universidades
la posibilidad de fijar su propio régimen salarial y prestacional, ni siquiera en ejercicio
de su especial autonomía.10 En esa medida, sus servidores públicos están regidos
por las normas que regulan a los demás empleados del Estado, por lo que en todo
caso las universidades deben respetar las competencias asignadas por el numeral
19, literal e), del artículo 150 de la Carta política y la Ley 4 de 1992, según las cuales
es facultad exclusiva del gobierno nacional la de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos bajo los objetivos y criterios determinados
por el legislador.

Tales disposiciones y su contenido son el marco que han de observar las
instituciones universitarias a la hora de implementar algún tipo de beneficio salarial
y prestacional para sus servidores públicos. Empero, en ningún caso, les es dable
crear otros diferentes.11

2.2.2. Régimen pensional de los empleados públicos de los entes
universitarios

El artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 estableció que «[t]odo empleado oficial que
preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1076 del 15 de abril de 1998, C.P. Dr. Augusto Trejos

Jaramillo.
10 En ese sentido se pueden consultar las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Subsecciones A y B: i) del 6 de marzo

de 2008, radicado 70001-23-31-000-2000-00118-01 (5624-03); ii) del 31 de mayo de 2018, radicado 68001-23-33-000-
2014-00329-01 (4655-15); iii) del 25 de abril de 2019, radicado 08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16); y iv) del 2 de
diciembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21).
11 Corte Constitucional, Sentencia C-053 de 1998.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el
artículo 1 de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación».

El artículo 75 ibidem determinó que la prestación estaría a cargo de la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado el empleado «al tiempo de cumplir el tiempo
de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio
oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté
afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios
y edad señalados para el goce de la pensión». Además, que «[s]i el empleado
oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de
retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la
última entidad o empresa oficial empleadora».

Conforme a lo expuesto, la obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación
de los funcionarios y empleados públicos estaba radicada en la entidad de previsión
a la que estuviere afiliado el servidor; sin embargo, si tal afiliación no se verificó, la
carga prestacional correspondía a la última entidad pública empleadora.

Posteriormente, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100
de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y ordenó su aplicación
a todas las personas del territorio nacional y reguló la obligatoriedad de su afiliación
a quienes se encontraran vinculados mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos salvo las excepciones previstas en la Ley.

Luego, el presidente de la República expidió el Decreto 691 de 1994, «[p]or el cual
se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan
otras disposiciones», cuyos artículos 1 y 2 establecieron lo siguiente:

Artículo 1. Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:

a) Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas, y
[…]

12

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Artículo 2. Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos.
[…].

El sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales,
municipales y distritales, y de sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más
tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo
gobernador o alcalde. La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para
determinados servidores públicos teniendo en cuenta, entre otros factores, la
capacidad económica del organismo o entidad territorial y las proyecciones
actuariales.

Por su parte, el Decreto 692 de 199412 definió que la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones «es la administradora que haya recibido o
le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».

A su vez, el Decreto 1068 de 199513 fijó el límite temporal para que los servidores
públicos del orden departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen
pensional al cual querían afiliarse, esto es, prima media con prestación definida o
ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2 ibidem, precisó que en el
nivel territorial la afiliación a cualquiera de los dos regímenes mencionados debía
hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

Posteriormente, el artículo 2, parágrafo 1, del Decreto 2337 de 199614 dispuso que
«para los servidores públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas
instituciones que reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a
uno de losb dos regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse
efectuado a más tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para
la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades
territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995».

12 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
13 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental,

municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las
cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
14 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Conforme a las disposiciones anteriores, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos debían estar afiliados al Sistema General de Pensiones, pues
hacían parte de la categoría de afiliados obligatorios de que trata el artículo 15 de
la Ley 100 de 1993.15

Así las cosas, después de la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de carácter oficial
perdieron competencia para reconocer pensiones a sus servidores.

Además, por virtud de la adscripción obligatoria de los servidores públicos al
Sistema General de Pensiones, es la administradora de pensiones en la que se hizo
la afiliación y recibió las cotizaciones la encargada de efectuar el reconocimiento
respectivo. Este criterio ha sido acogido en forma pacífica por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsecciones A y B.16

2.2.3. Devolución de prestaciones periódicas. Principio de la buena fe

De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
estas».

A su turno, «[l]a jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe
como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así la buena fe presupone

15 Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
[…].
16 Ver las siguientes sentencias: i) del 19 de enero de 2023, radicado 05001-23-33-000-2019-00278-01 (2893-2020); ii) del

11 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02 (2756-2021); iii) del 15 de julio de 2021, radicado 05001-
23-33-000-2014-01330-02 (5286-19); iv) del 21 de abril de 2017, radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); v)
del 27 de abril de 2017, radicado 05001233300020150011002 (2366-2016)

14

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la
‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».17

En esos términos, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que dicho principio se presume
en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la
idea de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria
que permita demostrar la trasgresión de dicho principio.18

Por su parte, el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA, establece que la
demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, siempre que se dirija contra
actos que reconozcan o nieguen, total o parcialmente, prestaciones periódicas;
«[s]in embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe».

En ese escenario, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que «no
habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de
buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el demandado incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con
el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho».19

En línea de lo anterior, esta Subsección señaló lo siguiente:20

Si bien la entidad actora ha alegado lo contrario, y ha pretendido que de la notificación
del auto admisorio de la demanda de esta litis se deduzca mala fe en el beneficiado,
ello no puede ser admitido, pues la adopción general e impersonal de un régimen
pensional y su aplicación genérica por parte de la entidad demandante, hacían que el
pensionado razonablemente lo entendiera como ajustado a la legalidad,

17 Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de

2020, expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto

de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino Cortés.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2008, radicado 68001-23-15-000-2001-

03315-02.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

independientemente de que dicho régimen pensional haya sido luego controvertido
judicialmente.

La entidad demandante no acreditó que el pensionado hubiese incurrido en actos
dolosos o que implique mala fe en el trámite de reconocimiento y pago de su pensión,
como falsedades o engaños que por su contenido y alcance descalifiquen su actuar
y le impongan la carga de rembolsar parte de la pensión recibida.

Conforme a lo expuesto, esta sala ha advertido que el principio de la buena fe
incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, y, por ello, le
corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario o en este caso,
el demandado, actuó de mala fe. En ese entendido, no hay lugar a recuperar las
prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe
por la entidad estatal que el titular de la prestación incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de
obtener un beneficio al cual no tenía derecho.

2.3. Hechos probados21

• El 14 de mayo de 1999, por Resolución Rectoral 12094, la Universidad de
Antioquia resolvió lo siguiente:22

ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de
diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien
motu propio, o por orden judicial, asuma la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha
reconocido reconoce el Instituto de Seguros Sociales a los servidores referidos y a
los que a partir de la fecha les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha
entidad no cancela conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
es decir, sobre el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, vacaciones
y semestral, que constituyen factor salarial.

21 Las pruebas aportadas al plenario se encuentran en el expediente digital enviado por el Tribunal Administrativo de

Antioquia, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
22 Esta decisión fue reglamentada por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, suscrita por el Vicerrectoría

Administrativa de la Universidad de Antioquia.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

• El 16 de noviembre de 2005, mediante la Resolución 557, el ente universitario
demandante reconoció un bono pensional a nombre de la señora Luz Inés Sierra
García, por la suma de $439.437.000, respecto del período laborado en ese
establecimiento, en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y en el ISS, durante
los siguientes lapsos: i) del 21 de febrero de 1973 al 19 de enero de 1975; ii) del 1
de agosto de 1975 al 30 de junio de 1995; y iii) del 1 de julio de 1977 al 3 de junio
de 1980. Igualmente, se determinó que la universidad asumiría el valor que le
correspondía y lo consignaría en una cuenta de ahorros del ISS.

• El 16 de marzo de 2006, por Resolución 093, la Universidad de Antioquia ordenó
pagar a la demandada «el valor que resultara de la aplicación del Ingreso Base de
Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
no reconoce el Seguro Social […] hasta que el Seguro Social lo reconozca, bien
motu propio o por orden judicial». Esta decisión se fundó en las siguientes
consideraciones:

[…]

2. Que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y al momento de entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones en la Universidad de Antioquia, esto es, al 30 de junio de 1995, le faltaba
menos de 10 años para adquirir su derecho.

3. Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece un Ingreso Base de Liquidación
especial para las personas que son beneficiarias del régimen de transición y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir
el derecho, de liquidar la pensión con base en el promedio de lo devengado durante
el tiempo que le hiciere falta para ello.

4. Que el Instituto de Seguros Sociales no ha aplicado debidamente el ingreso base
de liquidación expresado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

5. Que por medio de la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad resolvió
subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros
Sociales con los servidores de la Universidad en el régimen de transición, que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba mensos de 10 años para adquirir su derecho,
de liquidarle sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere
falta para ello.
[…]

7. Que la liquidación, conforme a lo señalado anteriormente y tomando en cuenta lo
devengado durante el tiempo que le hiciera falta para el cumplimiento de los

17

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

requisitos, esto es, entre el 17 de julio de 1995 y el 03 de abril de 2005, incluyendo
las primas de navidad, prima de vacaciones y prima semestral, que constituyen factor
salarial, queda de la siguiente manera:

Concepto Valor
IBL de las primas 899.279
Valor del 75% 674.459
Valor subrogación 674.459
[…]

• El 26 de octubre de 2005, mediante Resolución 19718, el ISS, hoy Colpensiones,
reconoció la pensión de jubilación a la señora Luz Inés Sierra García, a partir del 4
de abril de 2005, en un monto de $ 2.961.202, en los términos de los artículos 9 de
la Ley 797 de 2003, 21, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con la Ley 33
de 1985.

• El 17 de octubre de 2012, por Resolución Rectoral 35823, el aludido ente
universitario derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999. Al
respecto, explicó que inicialmente consideró que sus empleados, beneficiarios del
régimen de transición, tenían derecho a que sus pensiones se liquidaran con
inclusión de las primas de servicios, navidad y vacaciones; sin embargo, el ISS se
ha rehusado a acompañar ese razonamiento y diferentes despachos judiciales han
expresado que el instituto y/o la universidad carecen de soporte legal para conceder
las pensiones de jubilación en esos términos.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Reconocimiento pensional a cargo de la Universidad de Antioquia

La señora Luz Inés Sierra García solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
pues considera que la Universidad de Antioquia estaba facultada para subrogarse
en el excedente pensional que el ISS se rehusó a reconocer, pese a que los
beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que sus pensiones se
liquiden con inclusión de todos los factores devengados y que en este caso implica
computar las primas de navidad, vacaciones y semestral.

18

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Esta Subsección se aparta de la anterior argumentación, por las razones que se
expusieron en el acápite de marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.

Es pertinente resaltar que, al tenor del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, el
personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social
a más tardar el 30 de junio de 1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad
competente para reconocer y pagar las pensiones y demás prestaciones
económicas contempladas en la Ley 100 de 1993, es la administradora de
pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores púbicos.

Siendo ello así, para el caso de la accionada, no era la Universidad de Antioquia la
autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de su derecho
pensional y específicamente, lo relacionado con el mayor valor del ingreso base de
liquidación, por cuanto era obligación del ISS, como entidad previsional y
administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, asumir dicho
reconocimiento.

En efecto, como se señaló con antelación, la función de establecer el régimen
prestacional de los servidores públicos sólo está reservado al Congreso de la
República y al Gobierno nacional –este último bajo los lineamientos del legislador-
por lo que el ente universitario carecía de atribución para asumir una obligación de
carácter pensional, sin que mediara norma expedida por la autoridad competente
frente a la materia. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:23

La Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la Universidad de Antioquia
resulta a todas luces inconstitucional, al haberla expedido en desconocimiento de las
claras competencias que la Constitución atribuye al Congreso de la República y al
Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales de los servidores estatales del
orden territorial, como es el tema pensional de los docentes oficiales de tal ente
universitario de carácter público, razón por la cual al haber servido como fundamento

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de octubre de 2018, radicado
05001233300020140006302 (1074-2015)

19

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

de la resolución aquí demandada, por encima de lo dispuesto en la Carta Política
resulta procedente su inaplicación.

De igual manera, esta Subsección en la sentencia del 15 de julio de 2021, afirmó:24

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional
en favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho
que le asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión
de factores salariales devengados por el docente no computados por la
administradora de pensiones, facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales
por tratarse del ente de previsión al que se realizaban las respectivas cotizaciones a
pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3
de abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal
de expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la
encargada de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue
declarado por el a quo.

De acuerdo con los citados lineamientos interpretativos, se concluye que la
Universidad de Antioquia carecía de competencia para subrogarse en el pago de
una parte del monto de una prestación que estaba a cargo del ISS.

Además, si bien es cierto que el acto enjuiciado se fundó en la Resolución Rectoral
12094 de 1999, también lo es que aquella se expidió en contravía de la Constitución
Política y la Ley 4 de 1992, pues se arrogó una obligación de carácter pensional sin
que mediara una habilitación legal en tal sentido, por lo que esta no puede reputarse
como una fuente normativa válida para mantener el beneficio asignado a la
demandada.25

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-

01330-02 (5286-19).
En similares términos se ha pronunciado esta Subsección a través de las sentencias del 14 de noviembre de 2019, radicado
05001-23-33-000-2014-00060-01(4352-16); 20 de noviembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00067-01(4270-
16); y 13 de agosto de 2020, radicación 05001-23-33-000-2014-01572-02(1179-16).
25 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 22 de octubre de 2018, radicado 05001-23-33-000-

2014-00063-02 (1074-2015); ii) del 26 de junio de 2020, radicado 05001-23-33-000-2014-01354-02 (2463-2016); y iii) del
11 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-000-2019-00553-02 (2756-2021).

20

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Por el contrario, en este caso el ISS, hoy Colpensiones, afilió a la accionada al
sistema de seguridad social integral y recibió los respectivos aportes, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, por ende,
dicho instituto era el competente para liquidar y reconocer la pensión de jubilación.

Entonces, cualquier tipo controversia frente a la cuantía u otro elemento de la
prestación, debía ser cuestionado ante el ISS, ya fuera en sede administrativa o
judicial y, por lo tanto, la Universidad de Antioquia no estaba encargada de asumir
el pago de eventuales diferencias pensionales.

Así las cosas, la subrogación efectuada por en la entidad demandante desconoció
la distribución de competencias para el reconocimiento de las prestaciones del
sistema de seguridad social en pensiones, así como el diseño establecido para su
financiamiento, pues no sólo cumplió con el deber de emitir el bono pensional, sino
que con cargo a su presupuesto asumió el pago de sumas adicionales a las que le
correspondían.

De otra parte, la accionada sostuvo que tenía derecho a que su pensión se liquidara
con todos los factores percibidos, por cuanto era beneficiaria del régimen de
transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 201826
fijó como subregla que «los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones», en concordancia con los enlistados en el Decreto 1158
de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993. Dentro de dichos factores no se

26 Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias

proferidas por esta Subsección: i) 2 de diciembre de 2021, radicado: 13001-23-33-000-2017-00512-01 (0654-2021); ii) 29
de julio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-03960-01 (2665-2017); iii) 3 de junio de 2021, radicado: 25000-23-42-
000-2018-00608-01 (5779-2019); iv) 3 de diciembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01828-01 (4967-2017); v)
12 de noviembre de 2020, radicado: 05001-23-33-000-2016-02032-01 (1616-2018); vi) 29 de octubre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-04980-01 (6273-18); vii) 8 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-00529-01 (0836-
2018).

21

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

encuentran las primas de navidad, vacaciones y servicios o semestral que la
Universidad de Antioquia le reconoció a la señora Luz Inés Sierra García.27

2.4.2. Devolución de sumas pagadas a la demandada

Es preciso indicar que la consecuencia de la nulidad del acto particular, por regla
general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que se entienda que la
decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca
existió.

Pues bien, cuando se aborda el análisis de casos en los que se discuten
prestaciones periódicas y, principalmente, cuando la pretensión de restablecimiento
es el reembolso o la devolución de sumas de dinero pagadas y no debidas, la ley
se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible y ha señalado que
no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe,28 en consideración a que este principio se presume en todas las relaciones
jurídico administrativas que adelanten los particulares ante las autoridades públicas.

Por lo anterior, en orden de hacer viable el reintegro de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la Universidad de Antioquia debió centrar su
esfuerzo procesal en demostrar no sólo la ilegalidad de la reliquidación pensional,
sino también en acreditar que la obtención de tal derecho por parte de la demandada
se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe que, se reitera, son
presumibles.29 Sin embargo, esta carga no fue debidamente asumida por la entidad
demandante, pues al proceso no se aportaron elementos de juicio que permitan
concluir que la señora Luz Inés Sierra García utilizó maniobras fraudulentas para
obtener el beneficio contenido en el acto demandado.

27 En un caso similar al presente se arribó a idéntica conclusión. Ver sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 05001-

23-33-000-2019-00278-01 (2893-2020).
28 Literal c) del numeral 1.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 9 de mayo de 2022, radicado 66001 23 33 000 2018

00137 01 (3122-2020) y del 6 de octubre de 2022, radicado 25000 23 42 000 2018 00884 01 (3057-2021).

22

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

De otra parte, si bien la Universidad de Antioquia considera probada la mala fe de
la demandada con el argumento de que esta debía ejercer las acciones
correspondientes ante el ISS a fin de instar la reliquidación de la pensión de jubilación
por parte del referido ente de previsión, lo cierto es que dicha situación no es
demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.

Por lo tanto, resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas en su favor
por virtud del acto censurado.

2.4.3. Costas de primera instancia

La accionada solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera instancia,
pues considera que la nulidad de la resolución enjuiciada es imputable
exclusivamente a la Universidad de Antioquia y que el Consejo de Estado en casos
similares al presente ha declarado la improcedencia de dicha condena.

Para desatar el anterior motivo de inconformidad, es pertinente anotar que esta
Subsección en anteriores oportunidades ha explicado que no debe imponerse
condena en costas cuando las entidades públicas acuden al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad. 30

Además, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 188
del CPACA señala que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el
juicio, puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos

30 Ver las siguientes sentencias: i) del 26 de noviembre de 2020, radicado 05001-23-33-000-2014-01355-01 (0801-2016);

ii) del 2 de diciembre de 2019, radicado 05001-23-33-000-2014-00070-01 (0743-2018).

23

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

factores como la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el
proceso sobre los gastos en el curso de la actuación.31

Una segunda interpretación se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016.32
La posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir
que para ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos
objetivos de su causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En
dicha oportunidad la Sala concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía
hacerse, en los términos utilizados en la providencia en cita, una valoración objetivo
• valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme

31 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-2014. Actor:

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
32Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente: William

Hernández Gómez.

24

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen
de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes. 33

No obstante, con la promulgación de la Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo
47 adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», la Sala
debió ajustar el anterior criterio.

De esta manera, debe entenderse que con la referida modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero
del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que «de conformidad con el artículo
40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011».

Así las cosas, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (30
de enero de 2023), ya habían comenzado a regir las previsiones de la mentada
norma, cuya publicación data del 25 de enero de 2021, luego al resolverse sobre la
imposición de costas resultaba procedente que el a quo efectuara un estudio
respecto de la carencia de fundamentación jurídica y de la conducta de las partes
en el proceso.

Bajo ese entendimiento, en el presente caso de la revisión de la contestación de la
demanda no se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal

33 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16). Actor: José
Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Tema: reliquidación pensión
jubilación.

25

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada manifestó
razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo, deberá revocarse la condena en costas fijada
en la sentencia de primera instancia, incluyendo las agencias en derecho que fueron
tasadas en la parte motiva de esa decisión.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,34
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

26

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandada, salvo en lo que
respecta a la condena en costas, la cual será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el numeral tercero de la sentencia del 30 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso instaurado
por la Universidad de Antioquia contra la señora Luz Inés Sierra García. En su lugar
se dispone:

Segundo. No condenar en costas ni agencias en derecho, a la señora Luz Inés
Sierra García, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta
providencia.

Tercero. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

27

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con impedimento Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

28

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.