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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00317-02

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00317-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Fabio García Alzate contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. 21 Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023) Demandante: Fabio García Alzate Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00317-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP)
Temas: Reliquidación pensión de jubilación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el18 de febrero de 2022, por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Tercera de Decisión, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el señor Fabio García Alzate, mediante apoderado, formuló demanda
en orden a que se declare la nulidad del Oficio SP-AP- 453-20534 del 20 de noviembre
de 2012, expedido por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM), a
través del cual se negó la reliquidación de su pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
Condenar a la UGPP a reliquidar su pensión de jubilación teniendo en cuenta los

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

siguientes factores salariales percibidos en el último año de servicio: primas semestral,
anual, de navidad, de saturación, de vacaciones, de antigüedad quinquenal, auxilio de
almuerzo, vacaciones en dinero y sobrerremuneración o recargo laboral en diciembre
de 1994, entre otros; ii) ordenar a la entidad demandada pagar los valores producto de
la sentencia debidamente indexados de acuerdo a la variación del IPC desde el 19 de
noviembre de 2006 hasta la fecha que «se reliquide su pensión»; iii) ordenar a la UGPP
pagar los intereses moratorios causados, de conformidad con los artículos 193 y 195
del CPACA; y iv) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos1

Como supuestos fácticos relevantes, el apoderado del demandante señaló los
siguientes:

i) El 19 de noviembre de 1951, nació el señor Fabio García Alzate.

ii) Desde el 6 de agosto de 1971 hasta el 31 de marzo de 1995, el señor García Alzate
prestó sus servicios en TELECOM.

iii) El 19 de noviembre de 2006, el demandante cumplió la edad establecida en la Ley
33 de 1985 y cumplió el tiempo de servicio de aquella norma antes del 30 de diciembre
de 1992, es decir previo a la entrada vigencia del Decreto 2123 de 1992.

iv) Desde la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 y hasta inclusive el 31 de
diciembre de 1994, TELECOM efectuaba deducciones a todos sus trabajadores del 5 %
sobre todos los factores salariales hoy denominados legales y extralegales. Igualmente,
en el periodo comprendido entre el 1.° de abril de 1994 hasta la fecha de desvinculación
de los servidores en ocasión al plan de retiro ofrecido por aquella entidad en el año
1995, se hizo otro descuento adicional de aportes pensionales con destino o CAPRECOM,
sobre los factores salariales legales contemplados en el Decreto 1158 de 1994 y en
concordancia a lo establecido en la Ley 100 de 1993.

v) El 6 de julio de 2007, CAPRECOM expidió la Resolución 1347, mediante la cual le
reconoció una pensión de jubilación a partir del 9 de noviembre de 2006, en los términos

1
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

de la Ley 33 de 1985. Dicha prestación fue reliquidada por la Resolución 002185 del 1.°
de noviembre de 2012 y se estableció la concurrencia del FONCAP.

vi) El 30 de octubre de 2012, el actor solicitó la extensión de los efectos de la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 emitida por el Consejo de Estado y la
reliquidación de la prestación con el fin de que se incluyera la totalidad de los factores
salariales legales y extralegales devengados en el último año de servicio.

vii) El 20 de noviembre de 2012, «el Consorcio Remanentes de TELECOM y/o Patrimonio
Autónomo de Remanentes - Par de TELECOM» y CAPRECOM profirieron los Oficio PARDS
42789 y «SP-AP-453 y/o 20534», respectivamente, a través de los cuales negaron la
reliquidación pretendida. El último oficio fundamentó la decisión en que el tipo de
vinculación del pensionado generaba la calidad de trabajador oficial, por lo cual no era
procedente la aplicación extensiva del precedente solicitado.

viii) El 20 de noviembre de 2012, «el Consorcio Remanentes de TELECOM y/o Patrimonio
Autónomo de Remanentes - Par de TELECOM» profirió el Oficio PARDS 42789, a través
de la cual negó la reliquidación pretendida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 9 del Decreto
2201 de 1987; 7 y 8 del Decreto 2123 de 1992; 31 del Decreto 666 de 1993 y 20 del
Decreto 1615 de 2003; y la Ley 33 de 1985.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Los actos censurados fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que
debían fundarse, las cuales establecen la garantía de los derechos adquiridos y del
principio de igualdad, en razón a que el actor cumplió el tiempo de servicio exigido por
la Ley 33 de 1985 antes de la entrada en vigencia del antes del Decreto 2123 de 1992
y de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, tenía el derecho adquirido a la pensión de jubilación con fundamento en
lo establecido en la Ley 33 de 1985, pues solo estaba pendiente el cumplimiento de la
edad, la cual no dependía de la voluntad de la entidad pública ni de él.

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Demandante: Fabio García Alzate

ii) En ese orden, tiene derecho a la reliquidación y pago de su pensión de jubilación en
el equivalente al 75 % del salario promedio percibido en el último año de servicio,
comprendido desde el 1.° de abril de 1994 hasta el 31 de marzo de 1995, teniendo en
cuenta todos los factores salariales devengados en ese período, a saber: primas
semestral, anual, de navidad, de saturación, de vacaciones y de antigüedad quinquenal,
auxilio de almuerzo, vacaciones en dinero y sobrerremuneración o recargo laboral en
diciembre de 1994, entre otros; en concordancia con la sentencia de unificación del 4
de agosto de 2010 emitida por el Consejo de Estado. Lo anterior debido a que la
autoridad pensional sólo consideró los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Asimismo, es preciso señalar que a los conceptos de sobrerremuneración o recargo
laboral en diciembre de 1994 y vacaciones en dinero se les aplicó deducción de aportes
a pensión del 5 %.

iii) La calidad de empleado público se conservó en cuanto a los deberes y derechos
que ello conlleva, a pesar del cambio de la naturaleza jurídica de TELECOM, que se
transformó a Empresa Industrial y Comercial del Estado.

1.2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
(UGPP), por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación:2

i) El acto administrativo demandado fue expedido de acuerdo con las normas aplicables
a la situación fáctica del actor. En efecto, de conformidad con las Sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, el ingreso base de
liquidación no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en
la Ley 100 de 1993 las que deben observarse para determinar el monto de la pensión
con independencia del régimen especial al que se pertenezca, en otras palabras, el
modo de promediar la base de liquidación no puede ser la establecida en la legislación

2 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Fabio García Alzate

anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de
edad, monto y semanas de cotización.

ii) Los factores base de liquidación son los previstos en forma taxativa en el Decreto
1158 de 1994.

iii) Los argumentos del actor carecen de veracidad pues se encuentran acreditadas las
excepciones de falta de agotamiento de la sede administrativa, inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, prescripción y la genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, mediante sentencia
proferida el 18 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, se pronunció en estos términos:3

i) De conformidad con las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de
2017, expedidas por la Corte Constitucional y con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018,4 por el Consejo de Estado, para la liquidación de la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición, el ingreso base de liquidación y los factores
salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y el desarrollo
normativo posterior, esto es, el Decreto 1158 de 1994. Por lo tanto, no es procedente
que se tomen factores salariales adicionales, así sobre ellos se hayan efectuado
aportes. Lo anterior, en razón a que las pensiones de vejez reconocidas al amparo del
régimen de transición, permiten la aplicación de la norma anterior sólo en lo
concerniente a los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y tasa
de reemplazo.

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia SU-023 de 5 de abril de 2018 en un
caso referente a la reliquidación de una pensión reconocida por CAPRECOM, mantuvo su
posición.

3 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Demandante: Fabio García Alzate

ii) Se solicitó en la demanda que la pensión de jubilación del actor fuera reliquidada con
la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio. Sin
embargo, en el trámite del proceso, a raíz del cambio de postura jurisprudencial por
parte del Consejo de Estado, pidió la parte actora analizar si había lugar a reliquidar la
prestación con la totalidad de factores sobre los que el actor cotizó durante los últimos
10 años anteriores al retiro.

iii) Al estudiar el acervo probatorio se pudo establecer que el demandante laboró en
TELECOM desde el 6 de agosto de 1971 hasta el 31 de marzo de 1995. Así mismo, se

demostró que mediante la Resolución 1347 del 6 de julio de 2007, la extinta Caja de
Previsión Social de las Comunicaciones (CAPRECOM) ordenó a su favor el pago de una
pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, en concordancia con el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y en relación con el monto de la pensión se aplicó la tasa de
reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado o cotizado entre el año 1985 y 1995,
de conformidad con el artículo 36 ibidem.

Posteriormente, mediante Resolución 002185 del 1.° de noviembre 2012, se reliquidó
la pensión y se estableció la concurrencia del Fondo de Reserva Pensional de
CAPRECOM (FONCAP) teniendo en cuenta que el beneficiario cotizó a ese fondo, a partir

de abril 1.° de 1994.

iv) En el sub lite, se comprobó que el demandante al momento de entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993, por el requisito de edad, le faltaban más de 10 años para adquirir su
derecho a la pensión porque «nació el 6 de agosto de 1971» (sic), lo que indica que era
ese interregno el que se debía tener en cuenta para liquidar la pensión, tal como se hizo
en el acto administrativo de reconocimiento, al calcular el IBL con el promedio de lo
percibido en los 10 últimos años de servicio.

En consecuencia, en virtud de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, al actor no le asiste derecho a la reliquidación de su pensión
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados, sino únicamente aquellos
señalados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hizo aportes al sistema
pensional, sin que se haya demostrado que alguno de estos factores sobre el que
realizó cotizaciones no fue tenido en cuenta en el IBL de la pensión.

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Demandante: Fabio García Alzate

v) Aunque en el proceso existe reporte de factores salariales de los años 1985 a 1995
en los cuales se establece que hay unos legales y otros extralegales, no hay prueba
que permita comprobar sobre qué factores extralegales se realizaron cotizaciones. Solo
en el documento RTS 1761- 12 suscrito por la coordinadora Administradora y Financiera
del PAR, se señala que sobre las primas semestral, navidad y anual se reportan
proporcionales para la liquidación de pensión del último año.

vi) Por lo expuesto, se niegan las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

El señor Fabio García Alzate, por conducto de apoderada, interpuso recurso de
apelación5 y lo sustentó así:

i) No es objeto de reproche el IBL utilizado para la liquidación de la pensión de jubilación
del actor, pues se «debe atender al postulado de los últimos diez años anteriores a [su]
retiro».

ii) El tribunal incurrió en indebida valoración probatoria de los certificados 0449-14 del
10 de abril de 2014, 0448-14 del 10 de abril de 2014, expedidos por el PAR DE TELECOM,
comoquiera que los factores allí contenidos sí tienen la calidad de ser salariales legales
y no extralegales; e igualmente, de aquellos documentos sí es verificable los
descuentos se hicieron a aportes a pensión.

En efecto, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, CAPRECOM, hoy UGPP,
emitió el Acuerdo 0089- A del 28 de noviembre de 19856 a través del cual se indicó el
deber del pago, que se observa en los descuentos en materia de liquidación de aportes,
sobre los factores devengados por los servidores públicos de TELECOM. Así, en su
articulado se enlistan los factores percibidos y sujetos a descuentos del personal
vinculado a dicha entidad, los cuales son: primas de movilidad, de vacaciones, de
navidad, gradual, semestral, anual, de saturación y de retiro, sobrerremuneración de
docencia y viáticos.
Por lo tanto, sí existía normatividad que regulara el descuento de los aportes para los

5 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
6 «Por medio del cual se indican los factores salariales que aportarán y servirán de base para la liquidación de

las pensiones, de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones».

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Demandante: Fabio García Alzate

factores salariales, tanto de CAPRECOM como de TELECOM, a partir de la vigencia de las
Leyes 33 de y 62 de 1985. Dicho de otro modo, de conformidad con las Leyes 33 y 62
de 1985 surgió la obligación de los aportes para la seguridad social sobre los factores
salariales devengados y la calidad de salario fue determinada por las normas emitidas
por CAPRECOM (Acuerdo 0089-A 1985); de manera que se desvirtúa lo dicho por el a
quo al afirmar que únicamente pueden considerarse en el IBL los factores enlistados en
el Decreto 1158 de 1994.

iii) Al confrontar el certificado de descuentos 449 del 10 de abril de 2014 con la
certificación de pagos 448-14 de la misma fecha, se comprueba que los factores
salariales percibidos en los 10 años anteriores a su retiro guardan relación con lo
dispuesto en el Acuerdo 0089-A de 1985 y en la Circular No. 030000-00045. Así, se
concluye que hay una correlación entre estos dos documentos, esto es, entre los
factores devengados y su respectivo aporte para el sistema de seguridad social en
pensiones; lo cual fue reafirmado por la probado en la RTS 1761-12 de 2012.

iv) El actor tuvo la creencia de que las cotizaciones efectuadas estaban encausadas a
lograr una mesada pensional coherente con el salario que recibía cuando se encontraba
en servicio activo, por cuanto partió de la premisa de la legalidad con la que actuaron
tanto el ente empleador como el fondo de pensiones. Todo esto confluye a que
prevalezca el principio constitucional de la confianza legítima que protege las
expectativas genuinas de los administrados.

v) Si bien la postura contenida en la providencia del 4 de agosto de 2010 varió con
ocasión de la expedición de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, lo
cierto es que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral que abordan el tema de reliquidación de pensiones, el juez de conocimiento
adquiere competencia para efectuar un análisis global de la mesada pensional materia
de reliquidación, e igualmente tiene la facultad de revisar todos los asuntos que hacen
parte de ese aspecto general.

De manera que para preservar los derechos laborales y sus garantías mínimas, la
competencia del juez abarca para revisar todos los factores salariales sobre los cuales
se hicieron cotizaciones para pensión y en tal medida obtener una efectiva liquidación

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Demandante: Fabio García Alzate

de la mesada, dentro del lapso que comprende los diez años anteriores a su retiro con
la entidad empleadora, en atención al artículo 48 de la Constitución Política y al Acto
Legislativo 01 de 2005.

vi) El actor tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en
cuenta los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, tal y como lo
consagra el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad procesal, pese a que a través del
auto admisorio del recurso de apelación emitido el 3 de agosto de 2023,7 se les informó
que contaban con la posibilidad de hacerlo hasta la ejecutoria de aquella providencia.

1.6. El Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a
continuación:8

No está en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición
pensional previsto el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que tiene derecho a la pensión
de vejez, como le fue reconocida. El debate, en sede de la segunda instancia, es la
normativa aplicable para regular el derecho pensional, así como la liquidación de la
correspondiente mesada.

Ahora bien, en el sub lite, es aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, emitida por el Consejo de Estado, comoquiera que las reglas allí fijadas rigen a
todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial;
criterio que fue acogido acertadamente por el a quo.

2. Consideraciones

7 Índice 6 de la plataforma SAMAI.
8 Índice 11 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Fabio García Alzate

2.1. Cuestión previa

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto del 9 de septiembre de 2016,9
declaró de oficio la excepción de falta de jurisdicción, con fundamento en que en el
expediente se encontraba acreditado que el demandante ingresó a la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (TELECOM) en propiedad mediante Acta de Posesión 497/51 el
06 de agosto de 1971, ostentando la calidad de empleado público hasta la entrada en
vigencia del Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992 y posteriormente, se desempeñó
como trabajador oficial desde el año 1992 hasta la fecha de su retiro del servicio.

En consecuencia, sostuvo que los conflictos de carácter laboral entre las entidades
públicas y sus trabajadores oficiales se excluyen del conocimiento de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, cuya competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria
en la especialidad laboral, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Manizales, a través de auto interlocutorio 1177,10 entre otras cosas, propuso el conflicto
negativo de jurisdicción entre el Tribunal Administrativo de Caldas y el referido juzgado,
por lo que remitió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente.

A raíz de lo anterior, el 18 de agosto de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria emitió auto por medio del cual resolvió asignar el
conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Tribunal
Administrativo de Caldas. Para tal efecto, sostuvo lo siguiente:11

Siguiendo la línea argumentativa de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y de la jurisprudencia horizontal de esta Sala, el asunto se asignará a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en consideración a que del conocimiento de la jurisdicción
ordinaria laboral se excluyeron las situaciones derivadas del régimen de transición
dispuestas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como la pretensión de la demanda
no es otra que la nulidad del contenido del acto administrativo por medio del cual se negó la
reliquidación de la mentada pensión de jubilación. Es decir, el asunto fue excluido del
conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Laboral por tratarse del régimen de transición (art.
36 Ley 100 de 1993), y la pretensión del demandante se orienta a que se deje sin efecto el

9 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
10 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
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Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

citado acto administrativo, canalizada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, si el
señor Fabio García Alzate tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación
teniendo en cuenta la totalidad de factores devengados en los últimos 10 años de
servicio.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala aplicar las reglas
jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018,12 que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esta decisión, la Sala Plena precisó que
sus efectos se aplicarían «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».

Por su parte, la Sala Plena fijó las reglas y subreglas respecto al ingreso base de
liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de
transición.

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018,
expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, consejero ponente: César Palomino Cortés.

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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones,
la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que
las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Negritas fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió las
siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que
adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa
de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los
factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48,
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio
y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

12

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

El 19 de noviembre de 1951, nació el señor Fabio García Alzate.13

Desde el 6 de agosto de 1971 hasta el 30 de marzo de 1995, el demandante laboró, en
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM). En primera medida se
desempeñó como empleado público hasta la entrada en vigencia del Decreto 2123 de
1992 y posteriormente, fungió como trabajador oficial, ocupando como último cargo el
de contador IV – Gerencia departamental Caldas – División Financiera.14

El 6 de julio de 2007, la extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM)
expidió la Resolución 1347,15 mediante la cual le reconoció una pensión de jubilación,
en cuantía de $ 1.244.143.00, a partir del 16 de noviembre de 2006, en los términos de
las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993. Para tal efecto, se determinó que el señor Fabio
García Alzate contaba con 23 años, 7 meses y 24 días de servicio al Estado y con 55
años de edad, por lo que tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio comprendido entre el 30 de marzo de
1985 hasta el 30 de marzo de 1995.

Asimismo, el referido acto señaló que el Fondo de Reserva Pensional de CAPRECOM
(FONCAP), entraría a compartir la cuota parte pensional correspondiente en los factores
legales liquidados, a partir del 19 de noviembre de 2011, fecha en que el peticionario
cumplís 60 años de edad, por reunir el requisito legal de la edad que la obliga como

13 Conforme consta en la parte motiva de la Resolución 1347 del 6 de julio de 2007, expedida por CAPRECOM.

Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
14 Conforme consta en la certificación expedida el 10 de abril de 2014, por la coordinadora administrativa y

financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma
SAMAI.
15 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

entidad concurrente.

Por último, reajustó la prestación a la cuantía de $ 1.299.881 a partir del 1.° de enero
de 2007.

El 1.° de noviembre de 2012, CAPRECOM emitió la Resolución 002185,16 a través de la
cual reliquidó la pensión de jubilación previamente otorgada, efectiva desde el 16 de
noviembre de 2006, en cuantía de $ 1.463.282, en los siguientes términos:

Por su parte, se estableció que la prestación sería reajustada de la siguiente manera:

2007 $ 1.528.837.00
2008 $ 1.615.828.00
2009 $ 1.739.762.00
2010 $ 1.774.557.00
2011 $ 1.830.810.00
2012 $ 1.899.099.00

Por último, afirmó que las sumas estarán a cargo la siguiente forma:

16 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

14

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

El 20 de noviembre de 2012, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
(CAPRECOM) emitió el Oficio SP-AP- 453-20534,17 a través del cual se negó la
reliquidación de su pensión de jubilación. Para tal efecto, se señaló que el régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 respetaba las normas
pensionales anteriores en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo y monto; y
por otro lado, el IBL se regía por el inciso 3.° ibidem.

Por su parte, el referido acto sostuvo que al momento del retiro del servicio el
demandante no tenía un derecho adquirido para acceder a una pensión de carácter
legal, comoquiera que si bien contaba con el requisito del tiempo de servicio, le faltaba
el atinente a la edad; de manera que sólo tenía una mera expectativa. En consecuencia,
insistió en que la liquidación de la prestación se realizó conforme a las normas
aplicables a la situación fáctica del actor, en particular, el Decreto 1158 de 1994, en
cuanto a los factores salariales a incluir.

De conformidad con la certificación de pagos 0448-14 expedida por la coordinadora de
la Unidad Administrativa y Financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes
TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN (PAR), el señor Fabio García Alzate percibió los

siguientes emolumentos entre los años 1985 y 1995: sueldo, primas anual, semestral,
de navidad, de saturación (salvo en el año 1995) y de vacaciones (salvo en los años
1985, 1987 y 1995); auxilio de almuerzo (1990 a 1995); prima de antigüedad (1991);
«ext nocturno» y «ext diurno» (sic) (1994); y «bon recr diciem» (sic) (salvo en 1995).18

Por su parte, la referida certificación efectuó las siguientes anotaciones:

De acuerdo con la certificación de descuentos 0049-14 expedida por la coordinadora
de la Unidad administrativa y financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes

17
Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
18 Conforme consta en la certificación de pago 0449-14 expedida el 10 de abril de 2014, por la coordinadora

administrativa y financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Expediente digital visible a índice 2
de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN (PAR), se relaciona la siguiente información:

Asimismo, la coordinadora de la Unidad administrativa y financiera del Patrimonio
Autónomo de Remanentes TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN (PAR), expidió RTS
0268-12, mediante la cual relacionó los valores devengados por el actor desde los años
1985 hasta 1995.19

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el presente asunto no está en discusión el régimen jurídico pensional aplicable al
demandante, en cuanto a la edad, tiempo de servicio y monto, comoquiera que las
partes no lo reprochan, por el contrario, en sede administrativa, a través de los actos
administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional, se determinó que la
prestación se liquidó en los términos de la Ley 33 de 1985, en concordancia con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Tampoco el recurrente reprocha el IBL que se tuvo

19 Conforme consta en la RTS 268-12 expedida el 3 de marzo de 2012, por la coordinadora administrativa y

financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma
SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

en cuenta para liquidar su prestación, pues expresamente señala que se «debe atender
al postulado de los últimos diez años anteriores a [su] retiro».

Ahora, a través del recurso de apelación el señor García Alzate solicita se revoque la
sentencia de primera instancia porque, en su concepto, tiene derecho a la inclusión de
todos los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio, ya que el
a quo aplicó erradamente el Decreto 1158 de 1994.

Pues bien, en el expediente está acreditado que por medio de la Resolución 1347
002185 de 2007, la extinta CAPRECOM reconoció una pensión de jubilación en los
términos de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993. Posteriormente, a través de la
Resolución 002185 de 2012, se reliquidó la prestación para lo cual señaló que las
sumas estarían a cargo de CAPRECOM y TELECOM.

Luego, a través del acto administrativo demandado, se negó la solicitud de reliquidación
de la pensión elevada por el actor. Uno de los motivos estuvo orientado en sostener
que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por un
lado, respetaba las normas pensionales anteriores en lo relacionado con los requisitos
de edad, tiempo y monto; y por otro lado, el IBL se regía por el inciso 3.° ibidem. Sin
embargo, refirió que al momento del retiro del servicio el demandante no tenía un
derecho adquirido para acceder a una pensión de carácter legal, comoquiera que si
bien contaba con el requisito del tiempo de servicio, le faltaba el atinente a la edad; de
manera que sólo tenía una mera expectativa. En consecuencia, insistió en que la
liquidación de la prestación se realizó conforme a las normas aplicables a la situación
fáctica del actor, en particular, el Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores
salariales a incluir.

Bajo ese panorama, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión
de primera instancia, el criterio del Consejo de Estado en relación con el ingreso base
de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, era el contenido en la sentencia del 28 de agosto de 201820, referida
en precedencia, según la cual el IBL no fue objeto de la transición prevista en el inciso
3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que aquellas personas beneficiarias

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01.

17

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

de aquel, deben pensionarse con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
de la norma anterior, y los factores que lo integran son aquellos que hayan servido como
base para efectuar los aportes, contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

En ese orden, se advierte si bien el demandante esta cobijado por el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985,
también es cierto que consolidó el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993
y no antes, porque conforme el material probatorio aportado al plenario, se observa que
a. para la fecha de su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicio y
más de 40 años de edad; y b. consolidó su derecho en vigencia de la Ley 100 de
1993, esto es, el 23 de mayo de 2005 cuando cumplió 55 años de edad, ya que el
tiempo de servicio lo alcanzó con anterioridad.

En criterio de la Sala, la decisión objeto de reproche observó en debida forma las reglas
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, notificada el 12 de septiembre
del mismo año y, se insiste, que ya se encontraba ejecutoriada para la fecha en la que
se emitió la providencia objeto de apelación.

Se recuerda que la providencia unificadora es aplicable al caso sub judice porque esta
corporación en aquella oportunidad señaló que todos los casos pendientes de solución
en vía administrativa y judicial a través de acciones ordinarias, eran susceptibles de ser
destinatarios de sus efectos; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Así las cosas, en relación con la segunda subregla fijada en la providencia de
unificación en comento «los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones», en concordancia con los enlistados en el Decreto 1158 de
1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993.21

21 En casos similares al presente se arribó a idéntica conclusión. Ver las siguientes sentencias: i) del 19 de

enero de 2023, radicado 05001-23-33-000-2019-00278-01 (2893-2020); ii) del 18 de octubre de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-02161-01 (2980-2023). La regla de la taxatividad de los factores que fijó la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 también fue explicada en la sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado
11001-03-25-000-2022-00176-00 (0306-2022).

18

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

Dentro de dichos factores no se encuentran las primas anual, de navidad, de
vacaciones, de saturación y servicios o semestral, auxilio de alimentación, vacaciones
en dinero, recargo de trabajo por diciembre, mencionados por el señor Fabio García
Alzate. En cuanto a la prima de antigüedad percibida en 1991, en la certificación 0448-
14 expedida por la coordinadora de la Unidad Administrativa y Financiera del Patrimonio
Autónomo de Remanentes TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN (PAR), se señaló
que era un factor extralegal.22

Se recuerda que en el sub lite la entidad demandada indicó en el Oficio SP-AP- 453-
20534 del 20 de noviembre de 2012, que la prestación reconocida al actor fue
debidamente liquidada comoquiera que se dio aplicación al Decreto 1158 de 1994, en
cuanto a los factores salariales.

Por otro lado, el recurrente manifiesta que al confrontar el certificado de descuentos
0449 del 10 de abril de 2014 con la certificación de pagos 0448-14 de la misma fecha,
se comprueba que los factores salariales percibidos en los 10 años anteriores a su retiro
guardan relación con lo dispuesto en el Acuerdo 0089-A de 1985 y en la Circular No.
030000-00045. Así, se concluye, en su concepto, que hay una correlación entre estos
dos documentos, esto es, entre los factores devengados y su respectivo aporte para el
sistema de seguridad social en pensiones; lo cual fue reafirmado por la probado en la
RTS 1761-12 de 2012.

La Sala a través de auto del 22 de abril de 2024,23 requirió al a quo con el fin de que se
desglosara el documento denominando RTS 1761-12 de 2012, mencionado como
prueba en la sentencia de primera instancia proferida el 18 de febrero de 2022, a folio
6, en los siguientes términos:

Aunque en el proceso existe reporte de factores salariales de los años 1985 a 1995 en los
cuales se establece que hay unos legales y otros extralegales, no hay prueba que permita
comprobar sobre qué factores extralegales, especialmente, -ya que los legales se
fundamentan en el Decreto 1158 de 1994-, se realizaron cotizaciones, y que por ello hay
lugar a una reliquidación de la pensión. Solo en el documento RTS 1761- 12 suscrito por la
coordinadora Administradora y Financiera del PAR, se señala que, sobre las primas
semestral, navidad y anual se reportan proporcionales para la liquidación de pensión del

22 Conforme consta en la certificación de pago 0449-14 expedida el 10 de abril de 2014, por la coordinadora

administrativa y financiera del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Expediente digital visible a índice 2
de la plataforma SAMAI.
23 Índice 16 de la plataforma SAMAI.

19

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

último año.

El 17 de mayo de 2024, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas dio
contestación al referido requerimiento en el sentido de precisar que «una vez verificado
el expediente en físico, la RTS 1761-12 no se encuentra en el mismo».24

En todo caso si obrare aquel documento en el expediente, esta Subsección observa
que la consecuencia sería la misma a la que se arribó líneas atrás, esto es, en atención
a la segunda subregla de la taxatividad de los factores que fijó la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018.

Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,25 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado

24 Índice 22 de la plataforma SAMAI.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

20

Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo reprochado.

En consecuencia, se impone confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la
demanda. Sin condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por el señor Fabio García Alzate contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

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Radicación: 17001-23-33-000-2015-00317-02 (1298-2023)
Demandante: Fabio García Alzate

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen
y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
SBZ

22

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